La derecha quiere usar la guerra para imponer su programa: rebajas fiscales y recortes en el gasto público
El Gobierno ya conoce cuáles son las propuestas de la derecha que tiene que aceptar si quiere que los partidos que la componen apoyen su estrategia contra la crisis social y económica provocada por la invasión de Ucrania: la aplicación de un amplio programa de reducción de impuestos y de recorte del gasto público. El programa que llevan defendiendo toda la legislatura.
Aunque, más allá de lo que el Ejecutivo pueda hacer, y dando por descontado que habrá reducciones fiscales que afectarán al recibo de la luz, a los precios de los carburantes y al gas, PP, Vox y Ciudadanos se están centrando en denunciar que el presidente Pedro Sánchez ha renunciado a actuar antes del 29 de marzo. Ponen como ejemplo a países como Francia, Portugal, Polonia o Irlanda, que según los tres partidos ya están aprobando medidas con impacto “directo e inmediato” en sus respectivas economías. Y denuncian que, mientras tanto, los españoles seguirán sufriendo las consecuencias del alza de los precios.
Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso y líder provisional del partido hasta que Alberto Núñez Feijóo se haga oficialmente con las riendas de la formación, explicó después de reunirse con las tres vicepresidentas (Economía, Trabajo y Transición Ecológica) y con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, las medidas que su formación considera más urgentes: bajar el IVA del combustible del 21 al 4%, un “recorte” del impuesto especial de hidrocarburos —dos medidas de carácter “temporal” hasta que se puedan implementar otras que reduzcan el precio de los carburantes—, una reducción de los impuestos que se pagan a través del IRPF “para ayudar a contener la inflación” y que “las familias puedan seguir consumiendo” y una revisión de los Presupuestos generales para recortar el gasto público.
En este último apartado, el PP da por bueno el cálculo hecho por el Instituto de Estudios Económicos, un think tank de la patronal CEOE, según el cual “hay un margen de 60.000 millones de euros” para reducir gastos. Aunque ni Gamarra ni los autores del cálculo han precisado qué partidas concretas se verían afectadas por semejante recorte.
Para hacer frente a la crisis derivada de la guerra, el PP también quiere que el Gobierno paralice cualquier iniciativa dirigida al aumento de los impuestos —se refieren al acuerdo PSOE-Unidas Podemos de comienzos de la legislatura para actualizar el modelo fiscal español— y que no se suban las cotizaciones de los trabajadores hasta que España no recupere el PIB previo a la pandemia.
Gamarra no quiso anticipar si el PP apoyaría la concesión de ayudas directas a los sectores económicos y sociales más afectados porque, aseguró, el Gobierno no le trasladó ninguna propuesta en ese sentido.
La decisión de Sánchez de no tomar medidas hasta después del Consejo Europeo de finales de mes dio este miércoles a Núñez Feijóo la munición que necesitaba para continuar alimentando su discurso contra el Gobierno. En uno de los actos de precampaña que está protagonizando desde hace varios días, esta vez en Santiago, calificó de “preocupante” la inacción del Ejecutivo porque mientras tanto la situación está teniendo “consecuencias demoledoras en el ámbito del transporte, se está comprometiendo la retirada de residuos en las ciudades”, está habiendo consecuencias en los suministros de las empresas y “toneladas de pescado se quedan en las lonjas sin llegar a consumidores”.
El Gobierno actúa, según él, como “si este problema no existiera. ¿A qué esperan? ¿Por qué no tomamos decisiones ya? No es el momento de aplazar decisiones”, acusó.
Vox prefiere la calle
Entretanto, Vox ni siquiera quiso reunirse con el Gobierno para trasladarle sus propuestas. Según la formación de Santiago Abascal, se trataba sólo de una “foto” y de una negociación a puerta cerrada que desecharon hace tiempo llevar a cabo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
No obstante, fuentes de este partido confirmaron su disposición a apoyar el aumento de gasto en el Ministerio de Defensa anunciado por el presidente, aunque temen que el Gobierno acabe convirtiendo el decreto de medidas extraordinarias en un “cajón de sastre” que incluya otra iniciativas con las que no estén de acuerdo.
Los ultras todavía no han concretado su propuesta para hacer frente a la crisis económica y social derivada de la guerra de Putin, si bien en sus intervenciones públicas se refieren siempre a la adopción de medidas que favorezcan la“soberanía energética y alimentaria” de España, un recorte del gasto en los ministerios (suprimiendo algunos como el de Igualdad), la retirada de subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y una eliminación o reducción generalizada de impuestos en servicios básicos.
En cualquier caso, la estrategia de Vox da en estos momentos prioridad a las movilizaciones en la calle, como las que ha convocado en colaboración con su sindicato afín Solidaridad para el próximo sábado frente a los ayuntamientos de todas las ciudades españolas.
Ciudadanos comparte, en líneas generales, las propuestas de PP y Vox, si bien añade otra condición: que Pedro Sánchez rompa con Unidas Podemos y cese a sus ministros. Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, exigió también que el Gobierno no espere al día 29 para bajar impuestos y tome medidas ya para paliar los efectos de la inflación.
El Gobierno garantiza que bajará la luz, el gas y la gasolina el 29 de marzo, con o sin consenso en Europa
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Cs reclama al Gobierno el mantenimiento durante todo el año del IVA de la luz en el 4% y aplicarlo también a los combustibles sin esperar a las decisiones que pueda tomar el Consejo Europeo en relación con el método de fijación de precios de la energía.
Bal puso en duda que sea posible alcanzar acuerdos en materia fiscal con Unidas Podemos dentro del Gobierno. Para apoyar el decreto que prepara el Ejecutivo, y sobre el cual asegura que sigue sin saber nada concreto, Cs exigirá que no se hagan “trampas” ofreciendo bajadas de impuestos a los carburantes y la electricidad si después se impulsan subidas tributarias a través de otros mecanismos, como el IRPF.
El documento que los naranjas entregaron al Gobierno durante la reunión que mantuvieron este miércoles incluye ajustar las tarifas del IRPF a la inflación, la creación una mesa de la energía, un plan de aprovechamientos hídricos, la revisión de los permisos para las energías renovables y un aumento el sistema de interconexión energética con Europa. También poner fin a la moratoria nuclear, aumentar la vida útil de las centrales atómicas e invertir en su modernización.
