Sánchez, a Belarra: "El enemigo de la paz no es España son gente como Netanyahu y Putin"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el mensaje de arrepentimiento de Elon Musk tras la confrontación pública entre ambos, informó este miércoles la Casa Blanca, que también confirmó que no se han tomado medidas para cancelar contratos gubernamentales con las empresas del magnate.

"El presidente reconoce y agradece la declaración de Elon esta mañana. Seguimos centrados en los asuntos del pueblo estadounidense", declaró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt se refirió al mensaje que Musk publicó de madrugada en su red social, X, en el que expresó su pesar por algunos comentarios emitidos la semana pasada, en el marco de un intenso intercambio de declaraciones con Trump.

Un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a año y medio de cárcel al rapero Francisco Manuel González, Frankie Gee, por amenazar e injuriar a un periodista con expresiones homófobas, en una sentencia que le prohíbe durante cuatro años tener cuentas en Facebook, Instagram y YouTube, las tres redes sociales que utilizó en su acoso al informador.

En una sentencia a la que ha tenido a acceso EFE, la juez de lo Penal número 4 de la capital grancanaria declara probado que el rapero emprendió durante año y medio (desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2023) toda una campaña de insultos, ataques y amenazas contra Francisco Fajardo, periodista de tribunales de 'Canarias 7'.

Y todo ello, como respuesta a que Fajardo había publicado en el periódico una noticia cierta, como era que la Fiscalía lo había denunciado por un delito de odio y pedía prisión para él por haber difundido, presuntamente, mensajes xenófobos contra los inmigrantes, acusación de la que luego Frankie Gee fue juzgado y absuelto.

El rapero reaccionó difundiendo todo tipo de injurias en Facebook, Instagram y Youtube contra Fajardo, con mensajes en los que utilizaba de forma recurrente insultos y expresiones homófobas (como 'mariconazo', 'bujarrón', 'pajarón' o 'vete a que te den por el culo'), un detalle que la magistrada Pilar Verástegui tiene en cuenta en su fallo para aplicarle la agravante de odio.

La Comisión Europea, el Reino Unido y España han llegado este miércoles a un acuerdo sobre el estatus de Gibraltar tras el bréxit, el último punto que faltaba por consensuarse más de cinco años después de la salida británica del bloque comunitario.

"El acuerdo en relación a Gibraltar ya es una realidad. Un acuerdo histórico", ha anunciado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en sus redes sociales.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ganó este miércoles un voto de confianza parlamentario por 243 votos a favor y 210 en contra, gracias al respaldo de los partidos de su coalición de Gobierno de centro liberal.

Tusk había convocado la votación después de que el conservador Karol Nawrocki ganase las elecciones presidenciales del 1 de junio, derrotando al candidato apoyado por el Gobierno.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a entender que estaría dispuesto a reconciliarse con el magnate Elon Musk tras la agria ruptura pública entre ambos la semana pasada, aunque dijo que el acercamiento con el multimillonario no está entre sus prioridades inmediatas.

Preguntado sobre la posibilidad de una conversación con Musk en el podcast de la columnista Miranda Devine, Trump respondió: “supongo que podría, pero, ya sabes, tenemos que enderezar el país, y mi única función ahora es que este país vuelva a un nivel superior al que ha tenido nunca”.

La entrevista fue grabada el pasado lunes, pero fue publicada este miércoles, mismo día en que Musk ha dicho lamentar "algunas" de sus acusaciones sobre el presidente.

"Las críticas "fueron demasiado lejos", ha escrito el dueño de Tesla y SpaceX en su red social, X.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que, como parte del pacto comercial con China, aún pendiente de aprobación, impondrán aranceles del 55% sobre Pekín, que a su vez mantendrá un 10% de gravámenes a Estados Unidos. 

Un total de 57 personas murieron y otras 363 resultaron heridas este miércoles en la Franja de Gaza cuando iban a buscar comida humanitaria, informó el Ministerio de Sanidad gazatí.

"Esto eleva a 224 el número total de víctimas de violencia que llegaron a hospitales desde las zonas designadas para la distribución de ayuda, y a más de 1.858 los heridos", explica el Ministerio en una nota sobre los fallecidos.

El 27 de mayo una fundación vinculada a Estados Unidos comenzó a repartir ayuda en Gaza según un nuevo esquema israelí para suplantar a la ONU y desde entonces prácticamente todos los días se están registrando muertos mientras esperan cerca de los nuevos puntos de reparto de comida. 

La Inspección de Trabajo ha remitido esta semana 112.620 cartas informativas a empresas de sectores más afectados por el calor, una categoría en la que este año entran mercadillos o gasolineras como parte de la campaña para proteger a los trabajadores en estos meses y que pone especial foco en hostelería y comercio.

Según ha detallado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de Economía Social, Yolanda Díaz, este año se han sumado al envío de estas misivas, que ya se remitían a agricultura o construcción, a entidades de comercio al por menor y gasolineras y personas trabajadoras en mercadillos.

Se trata de una de las patas de un plan que busca proteger a las personas trabajadoras frente a los riesgos derivados de la exposición a elevadas temperaturas.

"Lo que queremos es prevenir y no tener que reparar", ha asegurado la vicepresidenta, que ha comparecido acompañada de la directora general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), Cristina Fernández, y la directora del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Aitana Garí.

Los organizadores de la denominada Marcha Mundial a Gaza, una movilización internacional de varias organizaciones que busca romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria para el enclave palestino "confían" en que Egipto les permitirá llegar a Rafah, pese a admitir este miércoles que no han recibido ninguna respuesta oficial hasta el momento.

En una rueda de prensa virtual, los representantes de la Marcha Melanie Johanna Schweize, Saif Abukeshek y Hicham El-Ghaoui, afirmaron que entre este miércoles y el jueves unas 4.000 personas de 54 países aterrizarán en El Cairo para sumarse al acto. De hecho, miembros de la delegación británica confirmaron haber llegado ya al país.

Posteriormente, planean salir el día 13 en un convoy desde El Cairo hasta la ciudad de Al Arish, en el Sinaí, para luego caminar tres días hasta Rafah, donde acamparán otras 72 horas en la frontera, desde la cual regresarán de nuevo a la capital egipcia.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su respeto hacia los jueces y fiscales que este miércoles han secundado el paro de 10 minutos en protesta por las reformas judiciales del Gobierno, pero ha defendido la necesidad sacar adelante estas leyes, que son "las que necesita la Justicia del siglo XXI".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Bolaños ha señalado que en el sector de la Justicia "es habitual mirar con recelo los cambios y las reformas que se producen", y ha citado en este sentido la ley del Poder Judicial de 1985, la lLey de enjuiciamiento civil del año 2000 o la ley de violencia de género 2004.

"Todas fueron recibidas con recelo, con reticencias, con rechazo y con opiniones contrarias y hoy son grandes consensos de la democracia en nuestro país", ha recordado el ministro, que se ha mostrado convencido de que esta reforma que hoy genera debate "en unos años será un gran consenso".

Así, ha pedido un debate "sereno y riguroso" sobre el contenido de la ley que reforma el acceso a la carrera judicial y fiscal y que se eviten "frases grandilocuentes que no se corresponden con lo que dice la reforma".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que el proyecto de ley de la reducción de jornada se va a debatir en el Congreso de los Diputados antes de que finalice el periodo de sesiones. 

"Va a haber el debate antes del periodo de sesiones (...) este debate se va a dar", ha asegurado Díaz en respuesta a los medios tras presentar las actuaciones relacionadas con la campaña estival de su departamento. 

La vicepresidenta ha iniciado esta semana una nueva ronda de encuentros con los grupos políticos para abordar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, dentro de la que prevé reunirse el próximo lunes con algunos grupos del mixto como Podemos, BNG y Coalición Canaria; y con Junts el próximo martes. La ronda, en la que no entra Vox, también prevé reuniones con el PP tras citarse ayer con ERC, PNV y Bildu. 

Díaz ha reiterado que llevan meses de trabajando con todos los grupos y ha destacado que en Junts ha encontrado "la defensa legitima de las pymes".

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha instado a que los cambios en la reforma de la Ley del Poder Judicial se vean acompañados de más personal y presupuesto, toda vez que ya hay un contexto de déficit de la planta judicial.

En un discurso durante la inauguración de las XXXIII Jornadas de los Jueces Decanos de España, en Alicante, Perelló ha señalado que la reforma implica una reducción de más de 3.800 juzgados unipersonales y cambios en 436 tribunales de instancia, así como la ampliación de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer o las importantes funciones que se atribuyen a la presidencia de los tribunales de instancia, que asumen los decanos.

Ha alertado de que "la estructura organizativa de estos nuevos tribunales de instancia puede causar preocupación si no hay medios materiales" ante lo cual ha reiterado que "los cambios que genera esta ley deben ir acompañados de incremento de personal y de presupuesto".

"El déficit de la planta (judicial) es una realidad sostenida y supone un gran problema", ha recalcado antes de indicar que el servicio de Inspección del CGPJ ya veía "imprescindible" hace un año la creación de 421 unidades judiciales, sin que en 2024 se creara ninguna.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha vuelto a rechazar conceder un permiso al empresario y presunto conseguidor de una trama de comisiones, Víctor de Aldama, para viajar a Lisboa el próximo 16 de junio para asistir a una reunión por un proyecto inmobiliario.

Es al menos la tercera vez que el presunto comisionista, sobre el que pesan una serie de medidas cautelares, solicita al magistrado viajar a Portugal: la primera, de la que desistió, fue hace meses para acudir a un retiro espiritual, y la segunda, la semana pasada, también por "razones profesionales".

De la primera desistió el mismo, mientras que la segunda y esta última han sido rechazadas por el juez que investiga el denominado caso Koldo, en el que Aldama está imputado junto al exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

Para los tres el juez acordó la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias cada 15 días ante el juzgado, en la causa en la que investiga una presunta trama de comisiones en contratos de mascarillas en pandemia, aunque se extiende también a otras posibles adjudicaciones irregulares.

En su último auto, conocido este miércoles, el juez Puente explica que el empresario no ha aportado ninguna justificación de la existencia y necesidad de la reunión alegada, que según Aldama, se enmarcaría en un proyecto inmobiliario.

La Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley del Gobierno que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas por "falta de recursos e invasión de competencias".

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno, Carolina España, ha informado de que "Andalucía no puede hacerse cargo de los menores a capricho del Gobierno y sin los medios económicos necesarios" y ha añadido que no es una decisión política ya que este martes decidió lo mismo la comunidad de Castilla-La Mancha .

"No podemos permitir que este gobierno cargue contra unas comunidades y libere a otras del reparto de los menores como a Cataluña", ha afirmado.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha mostrado este miércoles su apoyo al incremento de gasto en defensa planteado por el Ejecutivo, pero ha pedido "saber de qué partida presupuestaria sale".

Durante su participación en un evento para celebrar los 40 años de la adhesión de Portugal y España en la Unión Europea, que ha contado en Toledo con el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, y el exmandatario portugués Aníbal Cavaco Silva, González, ha razonado que Europa "no puede estar en manos de un mercachifle geopolítico", en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El expresidente socialista ha considerado "ridículo" decir que no hay que aumentar el gasto militar pero ha incidido en que "por pura responsabilidad", el Gobierno debería aclarar de qué partida saldrá ese incremento. "La Unión Europea se tiene que hacer cargo de sí misma", ha razonado.

Además, ha señalado que "se entienden mal las propuestas que llevan siempre implícitamente un análisis crítico de cómo hacerlo". "Si no, qué somos ¿meritorios del puto amo?", ha indicado.

El Gobierno cree que aunque el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tenga que pasar por el banquillo tras ser procesado por un delito de revelación de secretos, no será finalmente condenado porque no hay nada en lo que pueda sustentarse esa acusación.

Fuentes del Ejecutivo han reiterado este miércoles el respaldo del Gabinete de Pedro Sánchez a García Ortiz y han insistido, tal y como hizo la víspera la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en que hay decisiones de los jueces que son difíciles de entender.

Aclaran que no están lanzando con ello una acusación de prevaricación, pero sí que no puede entenderse que autos como el del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado digan, por ejemplo, sin ninguna prueba, que García Ortiz ha recibido instrucciones de Presidencia del Gobierno. Si hay una acusación de este tipo, consideran que el juez debería explicar en su auto en qué lo fundamenta y no hacerlo de forma gratuita.

Más de cien jueces y fiscales del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, incluido su presidente, se han sumado al paro de diez minutos para mostrar su oposición a la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, convocado por varias asociaciones judiciales y fiscales.

El paro, que se ha celebrado este mediodía, ha sido convocado por cinco asociaciones de jueces y fiscales: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

En la entrada principal del Supremo, en la Plaza Villa de París, se han congregado magistrados del alto tribunal como Antonio del Moral, José Luis Requero, Wenceslao Olea y Juan Moya, además de miembros del Gabinete Técnico, algunos con toga en mano, y del fiscal de Sala, José Javier Huete. De la Audiencia Nacional, se ha sumado su presidente Juan Manuel Fernández, además de un buen número de fiscales de Antidroga y de Anticorrupción, entre ellos, el fiscal jefe Alejandro Luzón, y cuatro de los seis jueces centrales de instrucción.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho este miércoles que con el borrador que contempla multas de hasta 100.000 euros por las protestas no autorizadas en la universidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue la estela contra la universidad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La presidenta de la Comunidad de Madrid planea sancionar con hasta 100.000 euros los escraches y las manifestaciones no autorizadas en la universidad, según el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del pasado 29 de mayo al que ha tenido acceso EFE.

"Está claro que la guerra de la señora Ayuso contra la Universidad, contra el pensamiento crítico y contra la libertad de expresión, dentro de los lugares donde no le hacen la ola o no son vasallos suyos. Es una guerra que le lleva haciendo la Universidad desde hace mucho tiempo", ha señalado la ministra en declaraciones a los periodistas en el Congreso. "Lo que lo que sabemos es que hay un borrador que dice que hay multas de 100.000 euros por poner pancartas y protestas hasta un millón de euros. Ese es el borrador que hay", ha agregado García.

Jueces y fiscales han realizado este miércoles un paro simbólico de 10 minutos para denunciar que la independencia judicial "está bajo amenaza" con las reformas legales emprendidas por el Gobierno, en un ambiente de "continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía".

Así lo afirman en un manifiesto las cinco asociaciones convocantes de este paro: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Piden la retirada del proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y del anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal porque -argumentan- suponen una "amenaza" a la independencia judicial.

Denuncian, asimismo, que estas reformas tienen lugar en un ambiente de "continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía", con declaraciones políticas que "deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan", que tratan al Ministerio Fiscal como "un apéndice el Gobierno" y que, por todo ello, "minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia".

Unas reformas que van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder "con minúscula", un poder "más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder". Denuncian que el proyecto de ley de reforma del Poder Judicial va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para su formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.

Critican además que se tramite "injustificadamente" por la vía de urgencia y que "meta la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces", al tiempo que pretenda crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, "con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".

Se muestran preocupados por el proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos "sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad" y que supone un "grave perjuicio" para las promociones más jóvenes.

En cuanto a la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, advierten que con ella quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, que "seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo". Esto, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

Así, reclaman la retirada de ambos proyectos y, de no ser así, no descartan medidas "más intensas", como la huelga. "La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma", subraya el manifiesto, que subraya que ambas exigencias "son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país".

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado este miércoles que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal y que no tiene miedo porque no tiene nada de lo que defenderse. El dirigente socialista se ha pronunciado así en los pasillos del Congreso a preguntas de los periodistas tras los registros efectuados este martes por la UCO en el marco de la investigación judicial del conocido como caso Koldo.

Estas operaciones están relacionadas con el informe que el juez había solicitado a la UCO y en el que pedía investigar llamadas telefónicas entre el exministro Jose Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Pedía también una especial referencia a mensajes intercambiados con Ábalos, el ministro Ángel Víctor Torres o sus subordinados, con Santos Cerdán o con cualquier otra persona aforada.

"No tengo ningún miedo, no tengo nada de lo que defenderme, no sé lo que puede haber", ha dicho a los periodistas, antes de afirmar tajante que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal.