El PSOE estudiará todas las vías para renovar los órganos caducados, incluyendo rebajar las mayorías para el CGPJ

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la concesión directa de dos subvenciones dirigidas a financiar la exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista. Las actuaciones se llevarán a cabo en Ciudad Real y Colmenar Viejo (Madrid) y ascienden, en total a 256.000 euros.

En el caso de Ciudad Real, la subvención será de 150.000 euros, va destinada a la diputación provincial y estará destinada a financiar las actuaciones que se lleven a cabo en las fosas del cementerio municipal. Estas fosas constituyen uno de los lugares donde se concentran un mayor número de cuerpos pendientes de exhumación con represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Según el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en este lugar habría más de 1.200 cuerpos enterrados. La ayuda irá destinada a sufragar gastos vinculados a labores de prospección, apertura de fosa, análisis forense, pruebas genéticas, búsqueda de familiares, filmación de testimonios, digitalización de materiales y acciones de reparación y restitución a los familiares.

La otra subvención asciende a 156.000 euros e irá destinada a continuar el proceso de búsqueda, exhumación e identificación iniciado el pasado mes de agosto en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabeza la única candidatura de BComú para las elecciones municipales de 2023 tras haber decidido optar a la reelección como alcaldesa de la capital catalana, ha informado la formación en un comunicado este martes.

El Comité Electoral solo ha recibido la candidatura de Colau, que ya se ha publicado de manera definitiva y, ahora, según marca el reglamento de primarias de BComú, la organización impulsará una serie de encuentros entre la cabeza de lista y los activistas de la formación.

En estas reuniones, que tendrán lugar entre el 9 y el 10 de febrero, la actual alcaldesa explicará los proyectos que quiere plantear y "escuchará y recogerá las propuestas de criterios y perfiles de candidatos que podrían formar parte de su equipo".

El Gobierno ha aprobado hoy inversiones para el Ministerio de Defensa por un total de 207 millones de euros para un total de 6 proyectos entre los que se encuentran el mantenimiento de aeronaves, el sistema sónar de cazaminas, terminales satélite para plataformas terrestres y navales y servicios de soporte a la infraestructura de información para la Defensa.

Así, el Ejecutivo destinará 60.478.731,54 de euros para celebrar el Acuerdo Marco para la obtención de 48 terminales satélite SECOMSAT sobre plataformas terrestres y navales.

El objetivo de estos terminales satélite es garantizar el intercambio de información en tiempo real entre los centros de decisión (Puestos de Mando) desde el nivel político-estratégico y operacional, hasta el nivel táctico.

Según el Ejecutivo, las necesidades y requerimientos operativos de los nuevos terminales satélite serán derivados del planeamiento operativo del Mando de Operaciones (MOPS), de los Ejércitos y de la Armada y permitirán dotar a los Centros de Transmisiones (CT's) de las unidades, de elementos de comunicaciones necesarios para facilitar la acción efectiva de mando y control.

El PP ha registrado este martes en el Congreso una propuesta de ley para reformar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley solo sí es sí, y evitar las rebajas de penas a violadores que se están registrando desde su entrada en vigor, el pasado 7 de octubre.

Para ello, el PP no ha "alterado la redacción vigente" de la norma, sino que incluye nuevos puntos al texto que, según explican, buscan "mejorar la tipificación" de los delitos sexuales -aunque no separa de nuevo los delitos de abuso y violación- y "elevar las penas" de los artículos del Código Penal referente a estos delitos para evitar esa rebaja de penas.

El texto registrado, recogido por Europa Press, propone modificar el artículo 178 del Código Penal que recoge penas de uno a cuatro años para los delitos de agresión sexual y añadir un cuarto punto en el que se especifica que "si la agresión se cometiera empleando violencia o intimidación se impondrá, en todo caso, la pena de uno a cinco años de prisión".

De igual modo, en el 179, que recoge penas de cuatro a doce años de prisión "cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías", los 'populares' quieren añadir un segundo punto que aclare que si esta agresión "se cometiera empleando la violencia o intimidación" las penas a imponer serían entre los seis y los doce años.

El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del sólo sí es sí asciende al menos a 106, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Un total de 16 personas han sido excarceladas. Las últimas 15 rebajas han trascendido este martes y se han producido en la Comunidad Valenciana, Cantabria y Extremadura.

La lista ha pasado de 91 a 106 en un día después de que la Audiencia de Alicante comunicara este martes que ha rebajado 13 condenas de delitos sexuales en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, que entró en vigor el pasado 7 de octubre. Una de estas revisiones ha conllevado la puesta en libertad de uno de los condenados.

Además de la rebaja registrada en Alicante, consta también una Extremadura. La Audiencia de Mérida ha modificado a la baja la pena de prisión de un hombre condenado por un delito de violación en grado de tentativa a 4 años y 3 meses. Así, le ha dejado la pena en 2 años, 10 meses y 4 días, y ha ordenado su excarcelación.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado este martes que confía en que el Gobierno alcance un acuerdo con los agentes sociales sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2023 para que forme parte del pacto de rentas.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Calviño ha señalado que el informe de expertos proporciona "un rango y un abanico" sobre la subida del SMI y tras defender la necesidad de elevarlo para llegar al 60% del salario medio, ha confiando en poder llegar a un acuerdo con los agentes sociales que proporcione "estabilidad y confianza" a las empresas, a los inversores y al conjunto de la ciudadanía.

"La decisión que se adopte será uno de los elementos que formen parte del pacto de rentas", ha asegurado la vicepresidenta primera, quien ha recordado que el Gobierno ha elevado el SMI de manera considerable durante esta legislatura.

El Gobierno rechaza haber cometido errores en la tramitación de la reforma para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, después de la decisión de éste de paralizarla, y ha culpado al PP de tener que legislar por haber creado "patologías" y un "germen antidemocrático" con su bloqueo del Consejo General del Poder Jucidial (CGPJ) durante los últimos cuatro años.

Así se han pronunciado las ministras de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la de Justicia, Pilar Llop, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La primera en ser preguntada si el Ejecutivo había cometido errores en la tramitación de la reforma para elegir a los magistrados del TC, habida cuenta del resultado, ha sido la Portavoz del Gobierno.

"El error es bloquear el CGPJ, eso es lo que es un error que está llevando a nuestro país a esta situación", ha espetado Isabel Rodríguez, quien ha insistido en la necesidad de recuperar la normalidad institucional apelando a que el PP no rompa las normas y cumpla con la Constitución. "A partir de ahí, hablamos", ha exclamado para responder a la pregunta de si se puede afirmar que todos los puentes están rotos con Feijóo y si descartan llamarle.

Los vocales del ala progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han incluido a su candidato —el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés— en el orden del día del Pleno extraordinario que se celebrará este martes a las 17.00 horas para elegir a los dos magistrados que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces para el Tribunal Constitucional, según informan fuentes del CGPJ a Europa Press.

Hasta ahora, en el orden del día solo constaban como candidatos los magistrados del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y Pablo Lucas, los dos propuestos por el bloque conservador. El nombre de Bandrés —que el sector progresista había desvelado el pasado 3 de noviembre— se ha sumado este mismo martes, toda vez que hay plazo hasta las 17.00 horas para que los vocales presenten más aspirantes.

Unidas Podemos busca articular un frente común parlamentario para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y también del Consejo General del Poder Judicial, donde ve más receptivo al PSOE al que no presionará al respecto y respetará sus tiempos para intentar el consenso.

Y a este respecto ha ofrecido a los grupos una propuesta para rebajar las mayorías parlamentarias para relevar a vocales del Poder Judicial, habilitando la opción de hacerlo con mayoría absoluta en lugar de tres quintos de la cámara con el requisito añadido de congregar la mitad de los grupos (ahora serían cinco), si bien el socio minoritario está abierto a cualquier planteamiento porque quiere concertación.

Además, la formación ha asegurado que queda "zanjada" a instancias del PSOE cualquier tipo de actitud de desobediencia a la suspensión de la tramitación parlamentaria de la reforma paralizada por el alto tribunal, pese a las opiniones particulares como la suya que abogaba por desoír si el fallo no se ajusta al ordenamiento de la Carta Magna.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido este martes en el Congreso de los Diputados que se "respeten" las instituciones y ha avisado de que "debilitarlas o desconsiderarlas" es una "afrenta directa a la ciudadanía".

"Las instituciones competentes y justas son la mayor garantía de la convivencia democrática y el compromiso, la ejemplaridad y el trabajo de quienes estamos en ellas son la clave del respeto a la dignidad de los ciudadanos. Y hemos de respetarlas, para empezar quienes formamos parte de ellas. Debilitarlas o desconsiderarlas es una afrenta directa a la ciudadanía", ha subrayado Gabilondo.

Así se ha pronunciado Gabilondo este martes en su discurso con motivo del 40 aniversario de la institución del Defensor del Pueblo, que se ha conmemorado en la Cámara Baja, un día después de conocerse la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de paralizar la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este miércoles que su partido presentará una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "conspiración para delinquir" y ha avisado de que el "golpe contra el Estado de derecho y la Constitución" aún "no se ha detenido".

En una comparecencia en el Congreso, Abascal ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la reforma legislativa que facilitaría su propia reforma; pero ha avisado de que el "plan" de Sánchez sigue en marcha, en referencia a la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación.

Así, ha hecho hincapié en que el fallo del Constitucional supone únicamente "un retraso" en el proceso liderado por Sánchez para "atacar la Constitución" y la decisión del Gobierno de "pactar con criminales la impunidad de sus delitos".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes que al Gobierno "le da igual" que los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) tengan el mandato caducado porque Pedro Sánchez busca que los jueces "no se interpongan" y que el TC "le dé la razón" ante las reformas legislativas promovidas por el PSOE.

El presidente ha acatado la decisión del lunes del TC de paralizar la votación en el Senado de la reforma para renovar el propio tribunal, pero ha anunciado que su Ejecutivo adoptará "cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del CGPJ y del TC" y para que la voluntad popular sea respetada.

Arrimadas ha pedido no perder el foco y ha recordado que, a pesar de que el Senado haya extraído las enmiendas para renovar el TC, el Pleno de la Cámara Alta aprobará la reforma en la que estaban integradas, que suprime el delito de sedición y reforma el de la malversación.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al Gobierno de cometer una "cacicada" pretendiendo aprobar la reforma para la renovación del Constitucional paralizada por el propio tribunal de garantías. En este sentido, ha insistido en que hará "todo lo posible" para evitarlo. "Sánchez y los suyos presentan como ataque al Parlamento lo que es una defensa del Parlamento", ha defendido desde la sede de los conservadores, en la calle Génova. Previamente a la acusación, el líder de la formación pidió al Ejecutivo que parase la "inusitada escalada verbal".

"Basta ya de hablar de golpes de Estado, de intrigas contra la democracia, de llamar fachas con toga a jueces, magistrados y tribunales, de decir que quien no está perfectamente alineado con Sánchez es un conspirador o un fascista. Basta ya de impugnar el sistema que ha traido a nuestro pais los 40 años de mayores libertades y estabilidad politica, social y prosperidad economica de nuestra historia", ha defendido.

A continuación, ha acusado al presidente del Gobierno de querer "controlar las instituciones". Así, ha criticado la "okupación del CIS y de la Fiscalía". "Bastan solo las últimas semanas para que cualquier ciudadano entienda que el lugar al que nos lleva Sánchez no es normal ni deseable", ha destacado, defendiendo la decisión del TC. A su juicio, el tribunal ha impedido que Sánchez "hurtase" el debate parlamentario. Por eso ha pedido al líder del Ejecutivo que no reforme el sistema de elección del TC "sin los informes correspondientes", que no reforme ni la malversación ni la sedición y que "renuncie a controlar a los jueces".

La Comisión Europea ha dicho este martes que sigue "muy atentamente" la situación en España en donde la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye la supresión del delito de sedición y cambios en el sistema de elección al Tribunal Constitucional ha sido suspendida por el pleno del propio Constitucional, si bien los servicios comunitarios han evitado pronunciarse porque se trata aún de una propuesta de ley.

"Seguimos la situación muy atentamente, estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario en materia de Justicia, Christian Wigand, quien ha apuntado que Bruselas "no comenta" ni pronunciamientos del Constitucional ni propuestas de ley que se encuentran aún en tramitación.

"Por supuesto —ha añadido el portavoz— esperamos que las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales".

El Tribunal Constitucional (TC) paralizó anoche la tramitación parlamentaria en el Senado de la reforma que busca renovar el propio TC, tras un intenso pero cordial debate entre sus once magistrados que duró más de 9 horas, contestando así a la más urgente de todas las cuestiones que tenía encima de la mesa, si bien dejó algunos flecos que deberán resolverse en el curso del procedimiento, entre ellas la petición de Unidas Podemos (UP) y PSOE de apartar a dos magistrados.

UP primero y PSOE después reclamaron en sendos escritos apartar al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez, alegando que tienen un "interés directo" en el asunto por ser los dos magistrados que serían reemplazados por los dos candidatos propuestos por el Gobierno —el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez— en el caso de que la reforma saliera adelante.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, cuando llegó el momento de abordar las recusaciones formuladas, González-Trevijano y Narváez se negaron a apartarse voluntariamente, lo que dio lugar a un debate donde finalmente se impuso la mayoría conservadora —6 magistrados frente a 5— decidiéndose que no era el momento procesal oportuno para analizar si debían quedar al margen del tribunal.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reaccionado a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la reforma judicial para modificar el sistema de elección de magistrados de este tribunal: "Lo advertimos: la represión comienza contra los independentistas y continúa contra el resto de demócratas".

"La derecha y la extrema derecha española usan, de nuevo, los poderes del Estado para atentar contra la voluntad del pueblo. En defensa de la democracia, siempre estaremos ahí", ha dicho en un tuit este martes recogido por Europa Press.

El Pleno del TC acordó este lunes, por 6 votos frente a 5, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP.

La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado este martes la proposición de ley que deroga el delito de sedición y retoca el de malversación pero ateniéndose al acuerdo del Tribunal Constitucional (TC) que este lunes suspendió las enmiendas que buscaban reformar el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Comisión, paso necesario para que el Pleno de la Cámara Alta debata la iniciativa este jueves 22 de diciembre, se reunía tras la celebración de una Mesa extraordinaria que acordaba, con los votos a favor de PSOE y PNV frente al rechazo del PP, personarse en el recurso de amparo del PP por el que el Pleno del TC decidió paralizar la reforma.

En esta ocasión, tras tumbar en votación hasta cinco vetos contra la tramitación de la proposición de ley, finalmente ha salido adelante con 16 votos a favor —PSOE, ERC y PNV, entre otros—, 11 en contra —PP— y 2 abstenciones.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la decisión que adoptó ayer el Tribunal Constitucional de paralizar la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados es "una patada hacia adelante" y cree que busca enfrentar "al Parlamento con la Justicia".

Así lo ha señalado la dirigente madrileña, en declaraciones a los periodistas, durante una visita al establecimientos del espacio de compras Las Rozas Village. Sánchez ha indicado que acatará la decisión y su Ejecutivo adoptará "cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del CGPJ y del TC" y para que sea respetada la voluntad popular.

"A tenor de lo que vimos la pasada madrugada y después de las declaraciones que acaba de realizar el presidente del Gobierno, nosotros pensábamos que cesaría inmediatamente al ministro de Presidencia o incluso dimitiría el propio presidente, pero no", ha señalado la presidenta.

También ha criticado que vuelva a decir "que en España hay que elegir entre la democracia y los jueces, algo que es gravísimo y que se ha visto en otros países cuyos ciudadanos han abandonado sus territorios para venir aquí y encontrarse de nuevo con la misma".

La mayoría que conforman el PSOE y el PNV en la Mesa del Senado ha rechazado la petición realizada por PP, Vox y Ciudadanos para frenar la tramitación en la Cámara Alta del resto de la proposición de ley que reforma el Código Penal que no ha sido paralizado por el Tribunal Constitucional.

Así lo ha comunicado la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa que ha valorado los escritos remitidos por PP, Vox y Ciudadanos para intentar frenar toda la proposición de ley, más allá de las enmiendas sobre la renovación del Constitucional que paralizó el propio tribunal.

Estas tres formaciones habían mandado a la Mesa del Senado varios escritos en los que reclamaban que se paralizara toda la proposición de ley que deroga el delito de sedición y toca el de malversación, más allá del pronunciamiento del Pleno del Tribunal Constitucional.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que todos los magistrados que conforman el Tribunal Constitucional están "legitimados" para adoptar la decisión que tomó anoche el tribunal de garantías y avisado que es "muy peligroso" cuestionar la legitimidad de los dos que tienen el mandato caducado, en alusión a Pedro González Trevijano y Antonio Narváez.

"Deben acatarse las resoluciones, incluso cuando no te dan la razón porque ésa es la democracia", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

La también portavoz del Grupo Popular ha explicado que su partido recurrió primero en amparo a la Mesa de la Cámara pero al denegárselo, acudió al Tribunal Constitucional "siguiendo los cauces que marca el ordenamiento jurídico y la Constitución". Se trata, ha añadido, de que todos los españoles tengan garantizados sus derechos y libertades, sin que sea una "cuestión personal" sino de "calidad democrática".

"El TC nos concedió ayer ese amparo en lo que ha sido una vulneración de nuestros derechos fundamentales. Lo que esperamos es que se acate, sin lugar a dudas esa resolución judicial por parte de todos y que nadie ponga en duda la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y al tribunal de garantías", ha demandado.