Elecciones 20-D

¿Cuántos emigrantes españoles no votarán este domingo?

Emigrantes españoles en Estrasburgo protestan contra las dificultades para votar.

Las "trabas" al voto exterior –de las que se han hecho eco los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)– han constituido uno de los temas de debate de esta campaña. El colectivo de emigrantes lleva meses denunciando que la multiplicación de trámites a la que les obliga la reforma electoral de 2011 está generando una auténtica "masacre" con el voto exterior que se va evidenciar de nuevo con una bajísima participación el próximo domingo. Sin embargo, hay un dato que todavía se desconoce: cuántas personas tienen derecho a voto desde el extranjero y a las que, por tanto, afectan estos obstáculos para ejercer su derecho al sufragio. 

1.875.272 personas están inscritas en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) y, por tanto, tienen derecho a votar este 20-D por su condición de españoles residentes de forma permanente (al menos, desde hace más de un año) en el extranjero. De ellos, sólo 149.849 han manifestado su voluntad de votar, es decir, ha cumplimentado los trámites que establece desde 2011 la ley electoral, que obliga a este colectivo a rogar el voto antes de cada elección. Son apenas un 8% del total. 

Pero, ¿son estos 1.875.272 electores todos los españoles mayores de 18 años que viven en el extranjero y que, por tanto, tienen derecho a voto? La respuesta es clara: no. El CERA lo crea el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos remitidos por los consulados a partir de otro registro, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero o PERE. Lo que ocurre es que el PERE no registra exhaustivamente a todos los españoles que residen en el extranjero, pues la inscripción es voluntaria y tampoco presenta grandes incentivos, tal y como se recoge en el informe La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis, realizado por el Instituto de la Juventud (Injuve). Según el PERE a 1 de enero de 2015 había 2.183.043 emigrantes españoles registrados. Esta cifra es superior a la del CERA porque incluye a toda la población, incluida la que tiene menos de 18 años y no tiene derecho al voto. 

Entre las ventajas está la asistencia del consulado ante una eventual situación de urgencia, aunque el principal aliciente es la posibilidad de participar en las elecciones convocadas en España. No obstante, desde la reforma electoral de 2011, este colectivo ya no puede votar en las municipales, lo que puede verse como un desincentivo, especialmente para aquellos españoles que llevan poco tiempo fuera y tienen todavía fuerte vinculación con España o esperan regresar a medio o corto plazo. 

Los costes de inscribirse –tal y como recoge el informe de la Fundación Alternativas La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no– sí son altos. El primero, el mero desplazamiento a la ciudad donde se encuentre el consulado, que puede estar a cientos de kilómetros de donde vive el emigrante. También influye el hecho de que la inscripción como residente en el extranjero conlleva la baja en el padrón en España. Esto puede provocar, por ejemplo, que una persona no pueda seguir inscrita como posible beneficiario de una vivienda de protección oficial. 

La principal rémora, no obstante, tiene que ver con el acceso a la sanidad. El decreto que en 2012 expulsó a los inmigrantes sin papeles del acceso a la atención sanitaria normalizada también restringió el derecho de los españoles a conservar la tarjeta sanitaria si permanecían más de 90 días en el extranjero y habían agotado su prestación de paro. Esta medida provocó un gran rechazo entre la emigración, tanto que el Gobierno accedió el pasado verano a revertirla en parte reconociendo el derecho a la cobertura sanitaria a los emigrantes que estén trabajando en países con los que España no tiene acuerdos y que antes quedaban fueran del sistema público. 

Una muestra sesgada

Los citados informes del Injuve y de la Fundación Alternativas han corroborado que la realidad que reflejan registros como el CERA o el PERE constituyen una muestra pequeña y algo sesgada de la emigración española. Y así se puede comprobar también cruzando datos de estos registros con los de los países de destino. Ambos documentos tomaron el ejemplo de Reino Unido porque actualmente es el principal destino de la emigración española en Europa y ofrece gran cantidad de datos estadísticos. 

Para trabajar en el Reino Unido, así como para recibir ayudas sociales –desempleo, pago del alquiler, exención del pago de ciertos impuestos, sostenimiento de hijos...– es preciso estar registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Social Británico. Pues bien, esta entidad cifró en 54.203 las inscripciones de españoles entre marzo de 2014 y marzo de 2015, frente a los 12.731 que se habrían marchado a vivir durante 2014 a ese país según el PERE, el registro en el que se basa el censo CERA. 

Esta comparación permite apreciar claramente como aun teniendo en cuenta que la Seguridad Social británica sólo registra a trabajadores y personas que se benefician de ayudas sociales y, por tanto, deja fuera a estudiantes y menores, el número de emigrantes españoles que se registra cada año en la Seguridad Social británica es sensiblemente superior al de españoles que se han inscrito en el consulado y que registra el PERE. 

Para votar el 20-D, los emigrantes no registrados en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) tenían dos alternativas. O viajar a España y ejercer su derecho al sufragio directamente en urna. O intentar acceder a otro registro consular, el del ERTA (españoles residentes temporales en el extranjero) para votar por correo desde su actual lugar de residencia. De este último registro el INE, al menos por el momento, no ha ofrecido datos ni de cuántas personas lo integran ni cuántas de ellas han rogado el voto para poder participar en las elecciones del próximo domingo. 

Además, la Marea Granate, el colectivo de jóvenes expatriados que en los últimos años está poniendo cara a la nueva emigración, viene denunciando que consulados y embajadas llevan a cabo una "muy discutible y en ocasiones inconsistente" interpretación de la reglamentación aplicable. La consecuencia de esto, aseguran, es que se está dificultando la inscripción como residentes temporales a personas que llevan menos de un año viviendo en su país de destino. Y hacerlo como permanente, denuncian, lleva aparejado los citados desincentivos. 

La conclusión es que saber de forma exacta cuántos españoles residen en el extranjero y, por tanto, se ven afectados por las "trabas" al voto exterior no es posible. En el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) sólo se incluyen las personas que se han dado de alta en los consulados. Pero no hay datos oficiales publicados sobre el número de españoles que están residiendo en el exterior de forma temporal ni, lógicamente, de los que no se han registrado. Estos últimos, claro está, podrán ejercer su voto este 20-D sólo si regresan a España. 

¿A quién perjudica estas trabas?

No existen sondeos que anticipen cuál puede ser el sentido del voto de los emigrantes españoles este 20-D. No obstante, los resultados de comicios anteriores sí pueden dar una idea de a qué partidos han apoyado de forma mayoritaria. 

El escrutinio de las autonómicas del pasado mayo evidenció que los llamados residentes ausentes respaldan, en general, a la izquierda y, en particular, a un partido emergente como es Podemos. De hecho, la formación de Pablo Iglesias fue la más votada entre la emigración en ocho de las 13 autonomías en las que hubo elecciones autonómicas. En cinco de ellas, prácticamente uno de cada tres electores que ejercieron su derecho al voto apostaron por Podemos: Aragón (32,3%), Canarias (29,3%), Castilla-La Mancha (29,9%), Madrid (29,1%) y Murcia (29,5%). También fue primera fuerza en Asturias (23,1%), Cantabria (23,6%) y Baleares (21,8%).

Las únicas dos autonomías en las que el PP ganó las elecciones entre los emigrantes fueron Castilla y León y La Rioja. Además, Compromís ganó en la Comunitat Valenciana, el PSOE en Extremadura y UPN en Navarra. No obstante, la participación en estas elecciones fue bajísma, apenas llegó al 3%. En las generales de 2011 el PSOE fue el partido que ganó en 37 de las 52 circunscripciones, mientras que el PP lo hizo en 14 y Amaiur en una, en Gipuzkoa.

La interpretación del resultado de las últimas autonómicas evidencia que la instauración del voto rogado ha desincentivado el voto de la emigración de más edad y más ligada al bipartidismo y que las fuerzas emergentes podrían ser las grandes beneficiadas de un aumento de la participación del voto exterior que, con los datos disponibles, no se va a producir. 

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