El entorno de Sánchez apuesta por convocar elecciones cuanto antes para rentabilizar la polarización con la derecha

La sensación de que la legislatura está agotada ha acabado por instalarse esta semana en la mayor parte de los dirigentes del PSOE, entre varios destacados miembros del Gobierno y en la práctica totalidad del entorno más próximo al presidente Pedro Sánchez, según fuentes consultadas por infoLibre. La constatación de que el diálogo con los independentistas no conduce a ningún sitio, a la vista de que el Govern y los partidos que le dan soporte —PDeCAT y Esquerra— no dan su brazo a torcer e insisten en condicionar los Presupuestos a que el Gobierno acepte negociar un referéndum de autodeterminación, así como la ofensiva desatada por los partidos de la derecha, PP, Cs y Vox, unidos en una alianza sin precedentes construida en torno a la idea de que la unidad de España está en peligro, ha servido para extender la idea de que no sólo es imposible prolongar la legislatura sino que la extrema polarización política que vive el país se puede convertir en una ventaja para los socialistas.

Pero nadie sabe qué piensa hacer Pedro Sánchez. Él es el único que tiene la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones, como recordó este viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, y hasta ahora había hecho caso omiso a los cantos de sirena de la derecha, que desde el principio de su mandato ha venido exigiendo la convocatoria de elecciones generales, y también al criterio de sus socios de Unidos Podemos, partidarios de convocar elecciones inmediatamente si fracasaba el proyecto de Presupuestos.

Durante los últimos meses el presidente se ha mantenido firme en la creencia de que la mejor opción para su partido, si se viese obligado a seguir gobernando con la prórroga de los Presupuestos de Mariano Rajoy, era convocar elecciones generales en otoño.

La idea era ganar tiempo para intentar sacar adelante algunas medidas sociales a través de reales decretos así como cumplir la promesa todavía pendiente de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y aprovechar la oportunidad de acudir al superdomingo electoral de 26 de mayo como Gobierno, algo que muchos socialistas siempre han considerado un plus capaz de impulsar un buen resultado cuando se trata de votar en municipales y autonómicas. Ganar el 26 de mayo, razonaban entonces los socialistas, abriría las puertas a una victoria clara del PSOE en las generales después del verano.

Claro que todos estos cálculos son anteriores a la pérdida de Andalucía y la irrupción de Vox. Y al callejón sin salida al que ha llegado el diálogo territorial con los independentistas.

Ahora las cosas han cambiado, en opinión del entorno presidencial. La polarización política, con PP y Cs compitiendo abiertamente con Vox por el ideario más ultramontano de la derecha —los líderes de los tres partidos compartirán protagonismo este domingo en una manifestación en Madrid— y la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos agota de hecho la legislatura y abre la puerta a un escenario electoral en el que muchos piensan que el PSOE puede tomar ventaja.

Los motivos son varios. Todas las encuestas sitúan al PSOE como la primera fuerza en intención de voto y con un fuerte potencial de crecimiento a costa de dos factores: los problemas internos de Unidos Podemos y una posible movilización del electorado de izquierdas en respuesta a las propuestas más radicales de la derecha, en especial en materia de derechos civiles, violencia contra las mujeres y memoria histórica.

Que los ciudadanos decidan

Los socialistas quieren además convertir las propuestas incluidas en los Presupuestos, y que ahora van a decaer gracias al voto del PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes, en la base de su oferta electoral. Y convertir así las elecciones en una especie de plebiscito en el que los ciudadanos decidan qué prefieren: la propuesta radical de la derecha para Cataluña y las políticas liberales y a favor del mantenimiento de los recortes y la austeridad en el terreno económico de Casado, Rivera y Abascal o la apuesta por el diálogo territorial y la agenda social socialista, incluida una nueva fiscalidad para las grandes empresas con la que financiar la recuperación de la sanidad, la educación y la dependencia.

Quienes prefieren convocar elecciones cuanto antes creen además que la ruptura con los independentistas neutraliza el mensaje que la derecha ha querido construir mostrando a un PSOE sometido a la voluntad del PDeCAT y de Esquerra y les permite mostrarse como la única formación capaz de ofrecer soluciones para el conjunto de España más allá de la receta extrema de las derechas: una intervención indefinida de la autonomía catalana y una involución del Estado autonómico en todo el país.

Si Sánchez cambia de opinión y opta por convocar ya elecciones, tiene que decidirse entre dos opciones. La primera sería disolver las Cortes el 3 de abril y hacer coincidir las generales con el superdomingo electoral del 26 de mayo.

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La fecha, no obstante, también tiene inconvenientes. Ese día se renuevan los ayuntamientos de toda España, los parlamentos autonómicos de trece comunidades, la representación española en el Parlamento Europeo y los cabildos y los consejos insulares de Canarias y Baleares. Entre dos y cuatro urnas por cada mesa electoral, dependiendo de cada territorio, a las que habría que sumar dos más: una para el Congreso y otra para el Senado. Un escenario tan complejo que muchos creen que sólo puede conducir a la confusión. Eso sin contar que es la opción que más disgusta a los alcaldes y presidentes autonómicos socialistas, convencidos de que una campaña en clave nacional que gire inevitablemente en torno a Cataluña sólo puede perjudicarles.

La segunda opción sería no esperar a marzo. Disolver en las próximas semanas para separar las generales de las locales y autonómicas, como prefieren los principales barones y alcaldes socialistas. La ley exige que las elecciones generales se convoquen 54 días antes de su celebración, de manera que Sánchez debería darse prisa, porque el calendario está lleno de domingos complicados. Si la prioridad es conseguir la máxima movilización, el presidente debería descartar tres fechas: el domingo de Ramos (14 de abril), aunque tiene a su favor el efecto simbólico de que es el aniversario de la proclamación de la II República; el de resurrección (21 de abril), último día de la Semana Santa, y el 5 de mayo, que coincide con un macropuente en la Comunidad de Madrid. Celebrar las elecciones generales el 7 de abril obligaría a Sánchez a disolver las Cortes el próximo miércoles, el mismo día que se votan los Presupuestos, así que, por eliminación, si el presidente opta por convocar antes del 26 de mayo, la fecha más probable es el 28 de abril.

Sería menos de un mes antes de las elecciones del 26 de mayo y obligaría a celebrar la convocatoria municipal, autonómica y europea con un Congreso en pleno proceso de constitución y con un Gobierno en funciones, un escenario sin precedentes en España, lo que no hace sino engordar los argumentos a favor de hacerlas coincidir con el superdomingo. De hecho no falta quien, en contra de la opinión dominante, apela al espíritu de la campaña de las primarias que Sánchez ganó en 2017 para asegurar que votando en mismo día Sanchez tendrá mejor resultado que sus barones, especialmnete los más críticos.