Los abusos de la banca

La Fiscalía busca al culpable de una inversión por la que Bancaja perdió 14 millones

El presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, a su entrada a la Audiencia Nacional

"¿Con quién negoció?¿Cuáles eran sus nombres?¿Cómo se pactó el negocio?¿Quién determinó el precio?". Estas fueron las principales preguntas realizadas por parte de la fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional Carmen Launa al presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, en relación a la compra en 2009 del 80% de las acciones de la promoción urbanística Costa Belllver (Castellón) por parte de Bancaja y Aguas de Valencia (Agval), que supusieron para los Calabuig unos ingresos superiores a los 96 millones de euros en pleno inicio de la crisis inmobiliaria.

Según un informe independiente de KPMG al que ha tenido acceso infoLibre, Aguas de Valencia, controlada por Eugenio Calabuig pese a no ser el socio mayoritario, pagó en mayo de 2009 más de 90 millones de euros con dos créditos proporcionados por el Banco de Valencia a una empresa controlada por su propia familia. Según el documento, Aguas de Valencia abonó un "sobrecoste" de 66 millones de euros en estas operacionesAguas de Valencia. El 50% de estas acciones fueron posteriormente vendidas a Bancaja. La contabilidad de Bancaja, entidad financiera que se integró en Bankia provocando después un agujero superior a los 22.000 millones de euros, pone de manifuiesto que solo en un año las acciones de la urbanización de Castellón se depreciaron un 21%, lo que implicaba unas pérdidas de 14 millones de euros.

"Incisivo" interrogatorio

Según fuentes del caso, el "incisivo" interrogatorio a Calabuig de la fiscal, que junto a la también representante del Ministerio Público Concepción Sabadell se encarga de la investigación del caso Banco de Valencia en la Audiencia Nacional, trata de determinar la identidad de los dirigentes de Bancaja. Según el sumario, dirigentes de la caja valenciana acordaron en 2009, en plena crisis, la entrada de la entidad financiera en un negocio inmobiliario en Castellón, en el que su valor se depreció un 21% en solo un año. En concreto 14 millones de euros.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción junto con la del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre Aguas de Valencia se inició tras presentar el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, una querella contra la familia Calabuig y el ex directivo de Bancaja y del Banco de Valencia Domingo Parra, entre otros. La Fiscalía les considera los presuntos responsables de una operación que ha provocado pérdidas millonarias, tanto a Bancaja como a Banco de Valencia.

Diferencia de precios

Según el informe de KPMG, Bancaja compró las acciones de Costa Bellver a 84.087 euros por cada acción, un precio sensiblemente superior a la operación cerrada un mes antes por un integrante de la familia Calabuig, que abonó por cada acción solo 28.529 euros. Un precio que era menos de mitad de lo que pagaría después Bancaja.

Ante las preguntas de la Fiscalía, Calabuig contestó "generalidades", según explicaron a infoLibre fuentes del caso. Así, según esta versión Calabuig explicó que la venta de las acciones a Bancaja la negoció "con los de siempre". Y también dijo que, de forma habitual, él llegaba a un acuerdo general con el consejo de administración de la caja, por lo que solía entrar en los detalles financieros de las operaciones. En cuanto al precio de las acciones pagado por Bancaja, Calabuig relató que se habían utilizado los servicios de un tasador que trabajaba para el Banco de España. Preguntado por la fiscal por la diferencia de los precios pagados, que superaban el 50%, el presidente de Aguas de Valencia dijo: "Mi trabajo es vender lo más caro posible y comprar lo más barato posible". Además, Calabuig se defendió de las acusaciones de la Fiscalía asegurando que no se podía hablar de fraude porque las urbanizaciones se habían construido: "Las casas están ahí".

Crédito para comprar terrenos

Asimismo, Calabuig reconoció que destinó a la compra de terrenos en la costa de Oropesa (Castellón) un préstamo concedido por el Banco de ValenciaBanco de Valencia para mantener el control sobre la compañía de suministro de agua, según han informado fuentes jurídicas.

El préstamo de la entidad, de más de 50 millones de euros, fue concedido a Agval -empresa participada por la entidad y la familia Calabuig- en previsión del posible lanzamiento de una OPA por parte de Aguas de Barcelona sobre las acciones de la compañía valenciana. El dinero debía permanecer en un depósito para ser destinado a una OPA de exclusión que permitiera a los valencianos sortear los intentos de compra de la empresa catalana, en caso de ser necesario.

Aplazadas las declaracionesEl juez Pedraz, que investiga en esta causa la gestión de los administradores del Banco de Valencia, ha aplazado el resto de declaraciones

previstas esta semana. Fijará nueva fecha para llevar a cabo los interrogatorios de Celia, Pedro, Mercedes y Enrique Calabuig, hermanos del presidente de Aguas de Valencia, del exconsejero delegado del banco Domingo Parra y de su esposa María José Aznar Mayans ante los problemas de agenda alegados por los abogados de los imputados, informa Europa Press.

Pedraz investiga a un total 41 personas físicas y 18 jurídicas en seis querellas distintas admitidas a trámite por irregularidades en el bancoinvestiga a un total 41 personas físicas. Entre los investigados se encuentran, además de Calabuig y Parra, el expresidente de la entidad y de Bancaja José Luis Olivas y los exvicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar.

Querella contra el auditor

El magistrado imputa a los antiguos responsables de la entidad valenciana delitos societarios, falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal, abusiva y fraudulenta. Las querellas se dirigen también contra el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer y los antiguos miembros del Consejo de Administración del Banco de Valencia Agnes Noguera, Manuel Olmos, Pedro Muñoz Pérez, Silvestre Segarra, José Segura, Juan Antonio Girona, José Luis Quesada, Dolores Boluda, Irene Girona y Federico Michavila.

También están siendo investigados en este procedimiento la auditora Deloitte, las sociedades Bancaja, el operador de banca-seguros vinculado al grupo, Bancaja Hábitat, Bancaja Participaciones, Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Libertas 7, Macomar Inver, Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social, Grupo Bancaja Centro de Estudios, Gesvalmina y Minaval.

Créditos sospechosos

El magistrado investiga, además, la concesión por parte de la entidad de créditos sospechosos. El 24 de mayo pasado el juez imputó a los empresarios Tito-José Pajares San Román y José Antonio San Román por la posible comisión de un delito de apropiación indebida. Ocho días antes imputó al expresidente del Valencia C.F. Juan Bautista Soler Luján; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; Alfonso Monferrer, Salvador Vila, Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polanco, Teresa Villalba, Bartolomé Cursach, Joaquín Rivero y Rafael Ruiz-Jarabo.

Como partícipe a título lucrativo en una de las querellas figura el padre del expresidente del citado club Juan Bautista Soler Crespo. A todos ellos se atribuyen indiciariamente los delitos de falsedad, estafa, administración desleal y apropiación indebida. Pedraz investiga varias operaciones con las empresas Nou Literal, Valenciana de Viviendas, Progreso Valenciano, Cualmi, Valenciana 89, Faverch Desarrollos, Salvador Vila S.L., Urbanas de Levante y Valenciana de Inversiones Participadas.

Palma de Mallorca

Otro de los procedimientos se centra en operaciones de financiación concedidas a las entidades Construcciones Valencia Constitución, Arlette Dome y Sapa, en las que se emplearon "pagarés denunciados como falsos", según consta en la querella del FROB. Otra de las querellas admitidas a trámite por el magistrado se centra en la concesión de créditos a las empresas Urbanizadora Experiencia Inmobiliaria, Valenciana de Inversiones Participadas, Intrademallorca, Calviá Parc y Tito's. La última admitida a trámite se basa en el capital concedido a las empresas de los dos nuevos imputados, entre ellas varias discotecas como la Tito's raticada en Palma de Mallorca.

El Banco de Valencia, que fue adjudicado a CaixaBank por un euro en noviembre de 2012, tuvo que ser intervenido en octubre de 2011 por la situación financiera en la que se encontraba. En total, según el Banco de España, la Caixa ha recibido 4.500 millones de euros del Estado para sanear Banco de Valencia.

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