La fragmentación de las izquierdas, un factor clave para no adelantar elecciones

El Gobierno de coalición vive sus horas más bajas. El terremoto político provocado por el demoledor informe de la UCO que pone a Santos Cerdán en el epicentro de una trama para cobrar comisiones por adjudicaciones de obras públicas ha llevado la legislatura al borde del precipicio. El caso Cerdán pone contra las cuerdas al PSOE, que ha tenido que exigir la dimisión del que era su secretario de Organización, hombre clave en el partido y en las alianzas con los socios. Por el momento, el presidente, Pedro Sánchez, ha descartado una convocatoria electoral anticipada –como exige la oposición–, mantiene su intención de ser el candidato del PSOE en 2027 y pretende remodelar la dirección socialista con caras nuevas el próximo mes.

Pero muchas miradas se centran ahora en sus socios de Gobierno, claves tanto para mantener la legislatura dentro de los plazos previstos como para entender si un adelanto electoral tendría visos de resultar en una revalidación del Ejecutivo de coalición. Sumar exigió el cese de Cerdán, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, solicitó tras la comparecencia de Sánchez "un reseteo" de la legislatura, un nuevo marco de relaciones "de igual a igual" con el PSOE y un giro de 180 grados en las políticas hacia lo social. "No basta con el perdón", clamó.

Los partidos progresistas tienen un doble problema en estos momentos para ir a elecciones: la situación del PSOE y la fragmentación del espacio a su izquierda. Todos los sondeos apuntan a que el PP y Vox lograrían sumar mayoría absoluta en unos comicios hoy en España y reflejan que la derrota está asegurada para los progresistas si el espacio a la izquierda del socialismo va por separado a las urnas.

Sin acuerdos a la vista

La legislatura encara su segunda parte a partir de julio y el reloj electoral ya inicia la cuenta atrás. Aunque no se adelanten las generales, el ciclo electoral ya tiene potentes citas autonómicas el año que viene: Castilla y León (la primera batalla programada, lo que le da un importante peso simbólico) y Andalucía (la comunidad más poblada de España y en la que competirán Juanma Moreno y María Jesús Montero, dos popes de sus partidos). Y las izquierdas no han llegado ni siquiera a acuerdos en esas autonomías para labrar un camino conjunto que les permita luchar por la tercera posición contra Vox.

Los socialistas se encuentran en su momento mas bajo anímicamente desde que llegara Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa en 2018, pero siempre ponen encima de la mesa que las encuestas no vaticinan un descalabro y que se pueden mover en torno al porcentaje que lograron el 23 de julio. En La Moncloa y en Ferraz continuamente hablan de la preocupación letal por una separación de papeletas entre Sumar y Podemos. Ahí, entienden, sería casi imposible mantener el Gobierno.

Sumar, el espacio creado por Yolanda Díaz para superar la estructura de Podemos en los comicios del 23 de julio, no ha logrado ser esa gran familia de unidad progresista como se presentó. La propia vicepresidenta se ha quedado en un segundo plano orgánicamente en Movimiento Sumar, dando paso a dos coordinadores, Lara Hernández y Carlos Marín. No obstante, la también ministra de Trabajo no ha descartado tratar de repetir en la plancha electoral. En estos días se juega su gran aval político de la legislatura: sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Todos los partidos que formaron parte de Sumar en la papeleta el pasado 23 de julio han dado por superado ese instrumento. En los últimos días ha habido otra crisis interna dentro del grupo parlamentario por el encaje de Compromís, que no vio atendida su petición de solicitar la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación en el Congreso sobre la dana. Finalmente, el partido valenciano se quedará en el grupo, pero ha reclamado una nueva organización en la que pueda tener, por ejemplo, libertad de voto.

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La relación entre Sumar y Podemos también está absolutamente rota. Los de Yolanda Díaz han apelado a la unidad, pero no hay conexión con los morados. El partido de Ione Belarra está marcando un perfil muy crítico con el Gobierno de coalición y ha renovado su estructura en su reciente asamblea para presentarse como el partido de la paz y verdadero garante de los derechos progresistas. Dicen que no se trata de temas personales, sino que hay enormes diferencias ideológicas y en la manera de encarar los temas clave como el genocidio en Israel y la crisis de la vivienda.

Desde Podemos evitan hablar ahora de candidaturas para 2027 y han lanzado ya como ‘número uno’ a la exministra de Igualdad Irene Montero. En el partido morado ven un Gobierno noqueado y creen que Sánchez puede pulsar el botón electoral en cualquier momento. Tras la comparecencia del presidente, los morados tacharon de “muy insuficientes” sus explicaciones y exigieron más información y medidas para depurar responsabilidades y reparar el daño causado. Desde que se hizo público el informe de la UCO, sus integrantes tacharon el asunto de "caso PSOE".

Dentro de ese espacio, Izquierda Unida trata de ser el vehículo para lograr un gran frente común que evite la llegada de las derechas. No obstante, en el laboratorio andaluz no ha cuajado todavía ese intento de una gran papeleta que está intentando el líder en el sur, Toni Valero. Izquierda Unida está exigiendo más medidas a los socialistas durante estas horas y poniendo el foco también en los “corruptores”, aunque su aspiración es que el Ejecutivo aguante hasta 2027. La labor del coordinador nacional, Antonio Maíllo, será clave para la papeleta de unidad, en un espacio donde hay voces que reclaman la llegada de representantes de la sociedad civil con el peso suficiente que permita superar las diferencias entre los distintos actores y elaborar una papeleta para frenar la irrupción de la ultraderecha.