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Consejo de Ministros

El Gobierno se apoya en el aval de Bruselas a la limitación de funciones del CGPJ para exigir al PP que lo desbloquee

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Yolanda González | Ana Moreno

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo desiste de avanzar en la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para, modificando el sistema de mayorías, esquivar el bloqueo al que el Partido Popular tiene sometido el proceso de renovación. 

"Vamos a proponer a los grupos que lo presentaron que lo retiren", sostuvo el titular de Justicia en alusión a los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos. La formación morada muestra, de momento, su rechazo inicial a la retirada mientras no haya una alternativa mejor.

Se trata, según el ministerio, "de un gesto, sobre todo simbólico, que debe ayudar a que el consenso en torno a este nuevo modelo de Justicia sea más amplio".

Esta decisión, que viene a confirmar que el Gobierno ya la daba por descartada desde hace meses, se comunica un día después de un encuentro telemático entre el titular de Justicia y la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová

Tras la cita, Jorouvá informó de que "la reciente reforma que limita los poderes del CGPJ cuando tiene miembros en función de custodia parece estar en principio en consonancia con el Estado de Derecho y los controles y equilibrios en España". Y que "dicha reforma hace aún más apremiante la necesidad de elegir a los nuevos miembros del CGPJ, para que pueda desempeñar plenamente su función institucional esencial", añadió.

Este mismo martes, Jourová se felicitaba en su cuenta de Twitter del anuncio de retirada de la otra reforma, la de las mayorías, por parte del titular de Justicia.

En su conversación del lunes, la dirigente de la Comisión Europea avisaba de que cualquier reforma de este tipo debía ir siempre acompañada "de amplias consultas, incluso con la Comisión de Venecia". "Espero que dichas consultas se realicen siempre para cualquier reforma futura", mantuvo.

La reforma que ahora la Moncloa insta a los grupos a que sea retirada fue registrada en el Congreso de los Diputados por Partido Socialista y Unidas Podemos y congelada por Pedro Sánchez el pasado 22 de octubre en el debate sobre la moción de censura planteada por Vox como gesto para que Pablo Casado se sentase a negociar.

Para Campo, "lo verdaderamente importante es que quien está bloqueando" la sustitución de los vocales del CGPJ, en referencia al PP, "dé un paso atrás y se ponga a renovar los órganos constitucionales". Este lunes, advirtió, los conservadores tienen "un argumento menos para oponerse". "El PP se queda sin excusas", añadió al tiempo que dijo entender que las negociaciones no vayan a ser inmediatas por el contexto preelectoral en la Comunidad de Madrid. En este sentido, fijó como fecha posible para un nuevo intento a partir del 5 de mayo. Los comicios son el martes 4 de mayo.

En todo caso, recordó que el Gobierno y el PP tienen "mucho camino avanzado" y espera que "ojalá sea esta tarde" cuando el principal partido de la oposición se avenga a "reactivar las negociaciones", que se han frustrado ya en tres ocasiones desde que el órgano de gobierno de los jueces terminó su mandato en diciembre de 2018.

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La iniciativa

El texto presentado por Unidas Podemos y los socialistas refleja que "cada una de las Cámaras [Congreso y Senado] elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial". Y prosigue: "Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta".

Con este requisito de mayoría absoluta, los votos de los diputados del Partido Popular ya no serían necesarios porque Sánchez tendría alternativas como la del denominado bloque de la investidura o sus socios para los Presupuestos Generales del Estado.

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