EL FUTURO DE LA LEGISLATURA

El Gobierno no se plantea los "cambios profundos" que reclama Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El Gobierno reconoce el derecho de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a opinar sobre la necesidad de una remodelación profunda del Ejecutivo, pero no comparte su idea y recuerda que los cambios en el gabinete son una prerrogativa exclusiva del presidente Pedro Sánchez.

Fuentes del Gobierno consultadas por EFE destacan además que ningún ministro está implicado en los casos de presunta corrupción o acoso que están saliendo a la luz.

En una entrevista en La Sexta, Díaz, representante de Sumar en el Gobierno de coalición, ha abogado por un "cambio absolutamente profundo en el equipo" y ha considerado que el Gobierno tiene que ser "reformulado de manera radical" ante el goteo de casos.

Las fuentes consultadas restan importancia a estas palabras e insisten en que Sánchez está contento con el actual gabinete.

"Tranquilidad absoluta", recalcan ante la rueda de prensa que tiene previsto protagonizar el lunes el jefe del Ejecutivo en la Moncloa para hacer balance el año y repasar los objetivos cumplidos.

Yolanda Díaz pide un "cambio profundo" en el equipo de Gobierno

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Desde Sumar, no obstante, se insiste en que la sucesión de casos que se están conociendo en los últimos días exigen del PSOE una respuesta "con contundencia y urgencia".

Una vez que conozcan esas respuesta, los partidos de ese espacio harán una valoración, pero en cualquier caso consideran que una de las medidas necesarias es "un nuevo Ejecutivo que aborde el impulso de medidas sociales", de modo que los ciudadanos perciban que el "Gobierno de coalición progresista merece la pena".

En rueda de prensa en la sede del PSOE, la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, ha ratificado esta mañana la decisión de los socialistas de acabar la legislatura porque el Gobierno, ha dicho, "gobierna y funciona bien" y está respondiendo con contundencia a los casos de presunta corrupción y acoso sexual por los que el PP y Vox exigen un adelanto electoral.

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