JORNADA LABORAL
El Gobierno presiona ya al PP para que apruebe la rebaja de la jornada tras su volantazo en pensiones

“Un día histórico”. Es la frase más repetida por el Gobierno durante estas horas. El Consejo de Ministros vio en primera vuelta este martes la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, una de las grandes promesas de la coalición progresista. Arranca el camino, pero todavía queda una carrera de obstáculos para que sea una realidad para más de doce millones y medio de trabajadores.
Las tensiones en el Gobierno se han rebajado entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. Con “mucho amor, síntesis y política”, como dice la vicepresidenta segunda. Y ahora Sumar tiene que hacer piña con el PSOE para armar una mayoría suficiente que saque adelante esta propuesta, en la que se juega su principal baza política la también ministra de Trabajo y Economía Social.
La medida tiene que pasar ahora por los órganos consultivos y de nuevo por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. Pero la futura negociación con los grupos ya está en marcha. La vicepresidenta segunda se va a implicar en primera persona para convencer a los socios, especialmente con Junts. La ministra de Trabajo ha hecho un trabajo de acercamiento a los de Carles Puigdemont, y tiene hilo directo con el propio expresident de la Generalitat.
Pero, además, el Gobierno pone el foco en el Partido Popular, con los ecos todavía de lo que ha pasado con el reciente decreto del escudo social (rechazado en un primer momento por los posconvergentes y los populares y que será aprobado finalmente con el voto a favor de estos dos grupos en la Cámara Baja). Y es que en el Ejecutivo piensan que Génova 13 puede acabar dando su voto a favor de esta medida a pesar de las presiones internas que ya empieza a ejercer la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ecos del decreto del escudo social
“A nosotros políticamente nos favorecería que el PP votara en contra. Pero queremos a un Partido Popular que haga lo que tiene que hacer, como ya lo intentamos con la reforma laboral”, sostienen en el Ejecutivo pensando en el futuro trámite parlamentario, sobre el que no quieren poner un horizonte temporal concreto. Y reflexionan las fuentes del Gobierno que el Partido Popular, como ha pasado con el decreto ómnibus, puede acabar respaldando la medida: “Es muy duro votar en contra de la reducción de la jornada”.
Asimismo, en el Gobierno piensan que, a pesar de las grandes hipérboles, Feijóo es consciente de que cuanto más se acerque a Vox más difícil va a tener llegar al Ejecutivo, algo que también piensan algunos barones populares, como Juanma Moreno, que presionaron a Génova 13 para terminar apoyando el decreto ómnibus con medidas como la subida de las pensiones, el incremento del ingreso mínimo y las ayudas para el transporte y los perjudicados por la dana en Valencia y el volcán de La Palma.
La medida aprobada por el Consejo de Ministros emerge sin el beneplácito de la CEOE. El líder de la patronal, Antonio Garamendi, llegó a decir este martes que era fruto del “monólogo social” y defendió que la reducción de jornada tiene que enmarcarse en el ámbito de los convenios colectivos, a la vez de insistir en que tendrá un coste de 23.500 millones de euros para las empresas y generará problemas de organización del trabajo. "Lo que va a pasar es que no se va a contratar más gente, pues se reducirán horarios y se subirán precios", advirtió el líder de la patronal, que va a trasladar todos estos argumentos en reuniones con los grupos parlamentarios de cara a la negociación en las Cortes.
A pesar de la presión que va a ejercer Garamendi sobre los grupos de la derecha, en el Gobierno creen que no será determinante a la hora de la votación final porque los partidos terminarán ejerciendo un voto en función de lo “político”. “Garamendi, con un acuerdo tripartito, pidió el voto para la reforma laboral. Llegó a la puerta de los partidos y, por ejemplo, el PP le dijo entonces ‘ciao”, indican fuentes del Ejecutivo. Asimismo, entienden que, a pesar de ser una oposición “destructiva”, Feijóo es consciente de que si no intenta ganarse a los trabajadores, no llegará nunca al Palacio de La Moncloa.
En el Gobierno están plenamente convencidos de que esta medida ya ha ganado el debate social y es una reivindicación por parte de millones de empleados para mejorar su calidad de vida, además de defender en el Ejecutivo que servirá para ganar productividad pese a los augurios de los más agoreros. Ponen ejemplos de otras grandes medidas como la propia reforma laboral, la subida del salario mínimo y la aplicación de los ERTE. En el Ejecutivo insisten en que también están a favor millones de empleados que votan a los populares, por lo que será muy difícil de explicar para Núñez Feijóo un voto contrario.
El PP, en cambio, no ha recibido con buenas palabras el acuerdo del Consejo de Ministros. El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró que el pacto es “verdaderamente pobre” porque se ha quedado fuera la patronal y ha lamentado que el diálogo social se haya reducido a la “nada”. “Lo único que tiene el Gobierno son las manos vacías, no es capaz de construir consensos, sino que vive renqueante, dando pasos hacia delante, pero sin construir consensos sobre absolutamente nada”, criticó.
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Desde Junts, ya señaló su vicepresidente y portavoz, Jose Rius, que están “abiertos a hablar” y que su prioridad será que este decreto se ajuste “a la realidad del tejido productivo económico catalán”. “No nos funcionan las presiones ni las pancartas. Nosotros no vamos a Madrid a hacer amigos ni a apuntalar a nadie, sino a defender los intereses de Cataluña”, remarcó. En el Gobierno, a la vez, recuerdan la importancia de la reducción de la jornada para esta comunidad, ya que allí residen el grueso de los beneficiados. Cataluña, Andalucía y Madrid representan seis de los doce millones y medio de empleados a los que se aplicará la iniciativa.
Según los cálculos realizados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, más de la mitad de la beneficiarios de la reducción de la jornada (un 55%) se concentran en cuatro sectores: comercio (2,43 millones de empleados), industria manufacturera (2,07 millones), hostelería (1,4 millones) y construcción (un millón). Luego se sitúan las actividades administrativas y servicios auxiliares (852.600), las actividades científicas y técnicas (729.600), las actividades sanitarias (692.400) y los transportes (672.900). El promedio de la reducción será del 2,1%, lo que equivale a 48 minutos por semana.
En el Gobierno, frente a las críticas de sectores y de la oposición, ponen sobre la mesa que desde el año 1983 la productividad real por hora trabajada aumentó en España un 53% mientras que los salarios reales solo lo hicieron un 22% (la jornada laboral máxima se ha mantenido inalterada desde entonces). Asimismo, que el crecimiento de los márgenes en los sectores de agricultura, comercio y hostelería está muy por encima de la media. De 2009 a 2023, los márgenes sobre ventas crecen un 89%, un 39% en Comercio y un 117,3% en estos tres sectores, respectivamente.