Casa del Rey
El Gobierno sigue sin informar del coste de las estancias de Corinna
La aseveración de que la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein "no ha recibido encargo alguno por parte del Gobierno" –pese a que ella misma habló de "colaboración" y de "trabajos gratis" de carácter "delicado" y confidencial" para la Moncloa– forma parte de la letanía que acompaña a las parcas declaraciones públicas del actual Ejecutivo del PP y del anterior del PSOE. Los desmentidos han sido tajantes y repetidos. Pero lo que todavía queda por despejar es si la amiga "entrañable" del rey pasó algunas temporadas en España y, sobre todo, qué costes de manutención y protección generó para las arcas del Estado. El Gabinete de Mariano Rajoy se ha negado a aclarar ese asunto en las últimas semanas, y se reafirma en su opacidad de nuevo en respuestas por escrito al diputado Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), también secretario federal de Comunicación de Izquierda Unida.
El parlamentario inquirió al Gobierno sobre el caso Corinna en dos tandas de cuestiones, los pasados 14 de enero y 1 de marzo. Y el Ejecutivo registró sus respuestas de vuelta el 3 de abril, a las que ha tenido acceso infoLibre.
En primer término, la Moncloa desmiente, y por partida doble, que la princesa alemana hiciera "trabajos" para España: "La persona a la que hace referencia la pregunta [no hay una alusión explícita a Corinna] no ha recibido encargo alguno por parte de este Gobierno". Y también niega tajante que la amiga del rey haya "estado nunca en posesión de un pasaporte diplomático español". La misma rotundidad emplea para negar que la Administración Pública haya contratado con Apollonia Associates, la consultora internacional que la germana fundó, y Boss&Co, una compañía británica de fabricación de armas a la que está ligada.
Pero ahí acaban los desmentidos categóricos. El resto de respuestas son envueltas en una nebulosa tal que para Sixto son "confirmaciones encubiertas". Así, el diputado preguntaba en enero si "esta señora" había hecho uso de "recursos del Estado, como por ejemplo vivienda, parque móvil o servicios de secretaría", y con cargo a qué presupuesto. "Respecto al uso de medios del Estado como vehículos u otros medios, estos se asignan a las autoridades y altos cargos establecidos en la normativa reguladora correspondiente en función de sus responsabilidades oficiales", escribe el Ejecutivo de forma vaga.
La utilización de La Angorrilla
En marzo Corinna ya había sido entrevistada por varios medios –entre ellos, El Mundo–, justo después de que los correos aportados por el exsocio de Iñaki Urdangardin en el Instituto Nóos, Diego Torres, la implicaran. Y también cuando se informaba de que la princesa había vivido cuatro años en España en la finca La Angorrilla, en el recinto de El Pardo, con acceso restringido al público y con entrada desde la Zarzuela. La casa habría podido ser reformada durante su estancia con dinero de Patrimonio Nacional. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguró incluso que Zu Sayn-Wittgenstein gozó de escolta oficial pagada con fondos públicos, y procedente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Sixto preguntó entonces si la princesa alemana utilizó "alguno de los alojamientos situados dentro del recinto de El Pardo" y por qué, si se usaron instalaciones de la Quinta de El Pardo o bien otras infraestructuras sitas en el monte de El Pardo para "reuniones" o eventos de asesoramiento en los que participara Zu Sayn-Wittgenstein, si se sufragaron a esta "gastos de estancia, manutención o viajes" con dinero público y a cuánto ascendieron, y si se tuvo que montar un operativo "especial de seguridad" para su protección.
Sobre estos asuntos, el Ejecutivo directamente ni se pronuncia. Recuerda que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional –organismo público que depende del Ministerio de la Presidencia– puede informar sólo de aquellos monumentos y jardines que, aparte de poder ser utilizados por la Corona, también permiten el acceso del público. O sea, que Patrimonio puede dar datos del Palacio Real, del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, del palacio de Aranjuez o de Santa María de las Huelgas, por citar algunos ejemplos... pero no de aquellos bienes que son utilizados "exclusivamente" por la familia real. De ahí que no se sepa cuánto gasta en luz o agua la Zarzuela o cuánto suponen los funcionarios que trabajan directamente para el rey. Ese fue el argumento esgrimido, de hecho, por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 8 de marzo.
Réplicas "muy indicativas"
En su respuesta a Sixto, el Gobierno se refiere sólo, por tanto, a la Quinta de El Pardo, inmueble que sí autoriza las visitas. Y lo cita para decir que "no se ha alquilado" a Corinna. Pero nada confirma ni desmiente sobre La Angorrilla, que pertenece a Patrimonio Nacional pero que es de uso privativo del monarca. Ni tampoco dice nada de la seguridad o de si Zu Sayn-Wittgenstein pasó temporadas en España a cargo del erario público.
Que el Ejecutivo de Rajoy dé "la callada por respuesta" es, para Sixto, "muy indicativo". "No diciendo nada, confirma que Corinna ha residido en viviendas de Patrimonio Nacional y que ha tenido escolta oficial, confirma que ha trabajado como testaferro del rey, como su correveidile, como representante oficial del monarca a cargo del Estado. Cuando no dice ni sí ni no, y cuando no niega lo publicado, es que es así. En realidad, no nos descubre nada nuevo, simplemente confirma lo difundido por los medios respecto a las temporadas que pasó en España", apuntaba ayer domingo el diputado a este diario.
El Gobierno, según analiza Sixto, "no dice todo lo que sabe, pero sabe más de lo de dice, ha negado todo lo que podía negar [que hubiera realizado "colaboración" alguna con la Moncloa y que dispusiera de pasaporte diplomático español"], y lo que no ha podido negar, no lo niega, lo que es una confirmación encubierta". La razón de este comportamiento es que el Ejecutivo "no quiere perjudicar más a la Corona". Aunque de poco sirve, señala, ya que "el rey está desnudo, y eso lo ve ya todo el mundo". Y no sólo por la imputación de Cristina de Borbón por el caso Nóos, sino por la sucesión de escándalos que han tocado de lleno la credibilidad de la Corona, como la herencia suiza del jefe del Estado, cuya información la Zarzuela "está recabando" pero que no ha desmentido en ningún momento.
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Izquierda Plural, no obstante, no se conforma con estas respuestas. Ya que el Gobierno se remite a Patrimonio Nacional, el grupo pedirá la comparecencia en el Congreso del presidente del Consejo de Administración del organismo, José Rodríguez-Spiteri Palazuelo. "Nos parece lógico que la familia real use este tipo de residencias. Pero si la testaferro del rey ha hecho disfrute de palacios y viviendas de Patrimonio, tenemos derecho a saberlo", concluye Sixto. IU-ICV-CHA también tiene otras preguntas a la espera de respuesta sobre los negocios y la labor de mediación de Zu Sayn-Wittgenstein, y hasta la solicitud de que acuda a la Cámara baja la vicepresidenta del Ejecutivo.
Está por ver también si la Ley de Transparencia, todavía en tramitación parlamentaria, sirve para arrojar más luz. El viernes pasado, trascendió que la Casa del Rey y el Gobierno llevaban negociando dos meses la inclusión de la Jefatura del Estado en la norma, pero ni uno ni otro detallaron el alcance de la misma. Todavía se desconoce, por tanto, cuánto más se dejará ver de la primera institución del Estado, cuyo prestigio e imagen ha caído en picado en los últimos años. Pero las expectativas son poco optimistas. "El pueblo quiere claridad, que todos los cargos públicos digamos con pelos y señales qué tenemos antes de asumir el puesto y después, y se va acabar aquello de reyes en la oscuridad. Los Borbones, no hay que olvidarlo, ya han salido dos veces de España", advierte Sixto. Y en ambas ocasiones lo que sobrevino, de forma más o menos inmediata, fue la República.