La Guardia Civil también requiere papeles al Ayuntamiento de Barcelona en la macrooperación contra el amaño de contratos

La Guardia Civil acaba de requerir al Ayuntamiento de Barcelona documentos relacionados con la trama de amaño de contratos públicos destapada en una macrooperación que, de momento, ya se ha saldado con 11 detenidos, entre ellos el exjefe de campaña de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.

Fuentes de la investigación han confirmado a infoLibre que los agentes que desde esta mañana registran ayuntamientos y entidades públicas locales en Cataluña, Madrid y Guadalajara ya están entregando el requerimiento de información al consistorio barcelonés. Los agentes buscan contratos de la etapa de Xavier Trias (CDC) como alcalde, es decir, "anteriores" al mandato de la actual regidora, Ada Colau.

La Guardia Civil ha iniciado este martes una operación en varios ayuntamientos de España en el marco de una investigación de amaño de contratos públicos, informa Europa Press, y ha detenido a 11 personas.

Los agentes están registrando ayuntamientos como los de Tortosa, Ametlla de Mar, Vandellòs y Ascó (Tarragona). También se están registrando los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Chinchón y Miraflores (Comunidad de Madrid), un consistorio de otra comunidad y varias empresas de consultoría con sede en Cataluña, en la llamada operación Termycaoperación Termyca.

La investigación es por delitos de malversación, blanqueo de dinero, organización criminal y prevaricación, informaron a Europa Press fuentes del caso.

La operación está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción –en Madrid y Cataluña–, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que se practiquen estas diligencias.

Los detenidos, según apunta El Mundo, son Josep Manel Bassols –jefe de la campaña en la que Puigdemont salió elegido como alcalde de Girona y arrestado por el caso del 3%–, así como Andreu Martí, Jaume Beltrán, Blas Acosta, Xavier Xifrá, Oriol Mestre, Manuel Delgado, Ramón Solé, Antonio Martos, Carles Bock y Lucía Mora.

Las fuentes consultadas por El Mundo explican que la investigación se centra en un supuesto mal uso de las Entidades Públicas Empresariales Locales (EPEL), instrumentos cuyo fin es mejorar la gestión de los fondos públicos. El entramado al que se cerca estaría presuntamente elaborando informes inexistentes o contratando servicios irreales para desviar el dinero. El Mundo señala a dos empresas responsables concretas: EFIAL y CGI. Lo que empezó en Cataluña se extendió a otras comunidades, aseguran las fuentes. 

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Requerimiento a Girona

Además, la Guardia Civil envió un requerimiento de información al Ayuntamiento de Girona, aunque no han entrado a registrar la sede del Consistorio, que gobernaba Carles Puigdemont desde 2011 hasta que fue investido presidente de la Generalitat en 2016.

La operación Termyca es una pieza separada del caso iniciado en 2014 en el Ayuntamiento de Torredembarra a raíz de la denuncia de un concejal de ERC, que originó el registro de la sede de CDC y la fundación CatDem.