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La Constitución cumple 44 años con otra legislatura perdida para su reforma y en pleno bloqueo institucional

La guerra política de los jueces

Si la Corte Suprema de Estados Unidos ha dado un “golpe de Estado judicial”, preparémonos para lo que puede suceder en España. Ha sido la escritora, ecologista y activista canadiense Naomi Klein quien ha calificado de golpista la decisión del Tribunal Supremo que arrasa con la despenalización del aborto, el control de armas y las emisiones de gases de efecto invernadero. Tras perder las elecciones, los seguidores de Donald Trump dejaron abiertos numerosos frentes judiciales para hacer la vida imposible a sus adversarios políticos. Es profundamente injusto que un grupo de jueces tendenciosos y retrógrados, nombrados a propósito para desbaratar avances democráticos, se cargue de un plumazo el enorme trabajo realizado para lograr la defensa de libertades básicas que favorecen a la mayoría.

Aquí estamos a la espera de que el Constitucional resuelva cuatro recursos (presentados por el PP y Vox) muy delicados: contra la ley del aborto, la ley de eutanasia, la prohibición de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) efectúe nombramientos mientras esté en funciones y la reforma educativa de la ley Celáa. Un Tribunal dividido entre seis conservadores y cinco progresistas (nombrados respectivamente por la derecha y por la izquierda) y pendiente de renovación desde el 12 de junio. ¿Alguien puede imaginar que, en esta ocasión, cualquiera de los doce vote en contra de los intereses de quienes les nombraron? Podrían hacerlo, pero, como reza el proverbio bíblico, sería más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja. Así que han decidido dejar el marrón aplazado hasta que se produzcan los nuevos nombramientos. ¿Cuándo llegará el momento? No es la primera vez que la Comisión Europea le recuerda a España que debe renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloqueado desde 2018. Los tres años de retraso que la oposición lleva entorpeciendo el mandato constitucional han provocado la parálisis en todas las instituciones vinculadas al poder judicial. El PSOE culpa al PP de boicotear la negociación y de vetar por sistema determinados nombres. Y viceversa. Un lío que se resume en una frase: se trata de nombrar a jueces que inclinen la balanza a su favor; utilizar las instituciones de una manera perversa para favorecer sus posiciones políticas y no el interés de los ciudadanos. Quiero recordar, a modo de ejemplo, que el reciente cambio de criterio del Supremo respecto a los indultos del procés, fue posible porque se alteró la composición de la sala con la aparición de un nuevo miembro conservador y, según todos los indicios, antigubernamental.

Me animo a escribir sobre tan arduo y delicado asunto después de leer La guerra de los jueces: el proceso judicial como arma política, donde José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, viene a decir, con profundo conocimiento de causa, cosas tales como que se ha borrado la frontera entre la vida política y la judicial, y que existe una guerra política declarada mediante el Derecho. Ya sabemos que hay muchos intereses en judicializar la política, pero los jueces deberían ser más escrupulosos y rechazar todas las querellas que les lleguen sin fundamentar indicios sólidos de prueba y con la evidente intención de sembrar la duda para desprestigiar al enemigo político. Poco importa que termine en absolución o condena, porque, tras el ruido mediático, el mal está hecho.   

La denuncia del magistrado emérito es tan contundente como la de la activista Naomi Klein. Ambos manifiestan serias dudas de que exista igualdad ante la ley e independencia judicial, los cimientos sobre los que se construye Estado de derecho. La independencia es imprescindible para garantizar que ningún juez acepte presiones, trate de una forma igualitaria a todos los ciudadanos y solo se someta al imperio de la ley. Los políticos, por su parte, se resisten a facilitar los contrapesos que fiscalizan los excesos de sus actuaciones, así que ponen todo tipo de trabas a que exista un poder judicial independiente. Por eso, a pesar de lo escandaloso de su actuación, marginan a juristas de reconocido prestigio, para promover a quienes defienden sus intereses. Prefieren un juez leal, por no decir servil, a cualquiera que acredite su independencia.

Sobre la jerga jurídica

Dicho lo anterior, amparada en autores de reconocida solvencia, aprovecho la ocasión para añadir algunos reproches más que nos afectan a todos. No creo que la independencia judicial consista en que los jueces hagan lo que les dé la gana. Nos llegan resoluciones que somos incapaces de entender y para interpretar la jerga jurídica tenemos que acudir a los expertos. Luego se quejan de los malentendidos que su lenguaje genera en los medios de comunicación y nos acusan de frivolidad a la hora de opinar sobre sus dictámenes, pero su obligación es ponerse en la piel de los ciudadanos y expresarse de una manera clara, sencilla, breve y ordenada; lo menos ambigua posible. Quienes no estén dispuestos a prescindir de arcaísmos y latinismos deberían tener la cortesía de traducirlo para que los legos pudieran disfrutar de su riqueza expresiva. El lenguaje claro es compatible con el rigor jurídico; de hecho, hay sentencias que da gusto leer como auténticas piezas literarias.

Hay expresiones que generan indefensión y los jueces suelen ser muy proclives a meter miedo, a tratar con malos modos a todos los que forman parte de la sala y a echar broncas a cualquiera que cometa el mínimo error. Aún se mantienen expresiones, a mi modo de ver, tan humillantes como “suplica”, “ruega”, “tenga a bien resolver”, “gracia que espera obtener de su ilustrísima, cuya vida guarde Dios muchos años”. En algunos países han dejado de utilizarse términos protocolarios tan desfasados como señoría, ilustrísimo o excelentísimo, cuyo único objetivo es mantener el respeto a través del temor y perpetuar la distancia jerárquica. No solo es cuestión de forma, se trata de romper ese muro infranqueable que separa a la justicia de sus destinatarios. 

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Nativel Preciado es periodista, analista política y autora de más de veinte ensayos y novelas, galardonadas con algunos de los principales premios literarios.

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