Así han pasado los cursos de formación de ser tan graves como el ‘caso ERE’ al archivo judicial

Lo que una vez fue el caso de los 3.000 millones de euros va camino de la irrelevancia penal, al menos en lo tocante a responsables políticos. La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, dictó este martes un auto que archiva la conocida como pieza política del fraude de los cursos de formación, por la que estaban imputados 24 ex altos cargos del Gobierno andaluz (PSOE), entre ellos el ex consejero Antonio Fernández, antiguos dirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y ex delegados de Empleo en todas las provincias.

Núñez cierra el caso –que aún tiene investigaciones, menores en comparación, abiertas en otros juzgados andaluces– con un auto que se opone frontalmente a las tesis de la Guardia Civil, asumidas total o parcialmente por el PP andaluz y por la juez Mercedes Alaya, según las cuales la formación en Andalucía sirvió para urdir una gran red de corrupción política destinada a tejer una red clientelar. La Fiscalía Anticorrupción había abierto el camino a este archivo. El PP, que desconfía abiertamente de la instrucción de Núñez, ya ha anunciado que recurrirá este carpetazo.

El PP siempre ha comparado en importancia el caso de los cursos de formación con el de los ERE, situando al primero por encima del segundo en términos cuantitativos y vinculándolos ambos para componer una gran y única trama de corrupción sistémica. Ambos casos han sido objeto de comisiones de investigación parlamentarias: la de los ERE concluyó sin conclusiones por falta de acuerdo entre los grupos; la de la formación está actualmente a la espera de un dictamen. Ambos casos han ocupado la actualidad política andaluza durante años. En cambio, mientras dos ex presidentes –Manuel Chaves y José Antonio Griñán– se sentarán en el banquillo de los acusados en un juicio por prevaricación y malversación en el caso de los ERE, el de la formación se está quedando penalmente muy rebajado.

¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha pasado lo que para la Guardia Civil era una red clientelar para la compra de voluntades y el amiguismo socialista a costa del erario público a quedarse en lo que para la juez Núñez es un asunto meramente administrativo? InfoLibre analiza las claves.

1. La red clientelar

El fraude salió a la luz en febrero de 2014, con un informe de la Cámara de Cuentas que fiscalizaba las subvenciones de la Junta para formación para el empleo de 2009 y 2010 sobre la base de una muestra de 78 expedientes por importe de casi 280 millones. La Cámara señalaba que el 80% de las ayudas se hicieron "sin concurrencia competitiva" y alertaba de "posibles responsabilidades administrativas y contables".

Pero lo que verdaderamente puso el caso a hervir es un atestado de enero de 2015 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, analizando el funcionamiento de las subvenciones para la formación, acusaba a los ex altos cargos de la Junta de prevaricación continuada. Las detenciones se produjeron en operaciones espectaculares, en ocasiones con una treintena de ex altos cargos de una tacada.

Un atestado posterior de la UCO, Diligencia de informe sobre la actividad desarrollada por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, armó un relato de los hechos que a la postre fue compartido por el PP andaluz –acusación particular en el caso– y por la juez instructora Mercedes Alaya: las irregularidades detectadas tanto en la concesión como en la justificación y liquidación de las subvenciones obedecían a una acción concertada y coordinada desde el SAE que comprendía la comunidad autónoma de Andalucía en su conjunto, implicando a la Administración desde la Dirección General de Empleo hasta todas las delegaciones provinciales.

Se trataba, según la UCO, de "un mecanismo de reparto de fondos públicos del que se beneficiaban" alumnos, sindicatos, patronales, empresas... "Este reparto de fondos favorecería el mantenimiento de un clima de satisfacción en estos actores que podría verse seriamente perjudicado si la Administración hubiera exigido el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la norma", señala el informe.

Núñez se opone frontalmente a esta idea en dos niveles: afirma que es dudoso que la norma se incumpliera; y afirma que, aunque se hubiera incumplido, no hay indicios de delito, porque no toda irregularidad, ni ilegalidad, incluso ni fraude, supone implica prevaricación. Y por supuesto rechaza la red clientelar. "Para que el beneficiario fuera seleccionado arbitrariamente [...] de entre aquellos que consideraba afines al partido, el funcionario (interino o de carrera), que era el que sentado en su mesa con el ordenador introducía los datos [...] debería tener instrucciones específicas para ello y, por ende, participaría de la trama organizada", señala Núñez.

Este procedimiento en red se repetiría de forma clónica en todas las provincias, donde también sería imprescindible la complicidad de los funcionarios de servicios centrales y de las delegaciones provinciales, según relata Núñez para menoscabar la credibilidad del relato. "La teoría parece poco probable, por no decir inverosímil", dice la juez, que subraya que la UCO no recoge en su informe "la existencia de instrucción alguna en este sentido, ya sea verbal o escrita".

A Núñez no le parece estadísticamente relevante que de entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas aparezcan 39 empresas "que tienen alguna vinculación con el partido socialista" por vía directa, de amistad o familiar, según los datos del PP andaluz, que la jueza no discute. A juicio de Núñez, ese examen "carece de los requisitos básicos para ser tenido en consideración desde un punto de vista estadístico".

2. La falta de documentación

Uno de los puntos fuertes de la acusación es la falta de documentación en los expedientes de subvención detectada por los propios interventores en sus informes. La juez Núñez le resta importancia, al considerar que el hecho de que un interventor haga constar en un informe la ausencia de una documentación a lo largo del proceso no quiere decir que ésta no pueda incorporarse a lo largo de las distintas fases de fiscalización. Un expediente incompleto en un momento dado de la tramitación no implica un fraude, viene a señalar Núñez.

Tampoco ve indicios de delito en el resto de lagunas administrativas detectadas por la UCO. Por ejemplo, y siempre según la UCO: se emitían las certificaciones sin comprobar la justificación, limitándose a verificar la presentación de la memoria justificativa y la auditoría externa; se concedía el pago de nuevas subvenciones sin haber realizado la comprobación de la justificación de subvenciones anteriores otorgadas al mismo beneficiario; se otorgaban subvenciones sin justificación; no se iniciaban expedientes de reintegro sobre subvenciones no justificadas...

Núñez ubica estas cuestiones en el terreno de lo discutible jurídicamente y pone el ejemplo de que los propios interventores, en sus declaraciones durante la instrucción, han mostrado "discrepancias" en la interpretación de las normas aplicables. Por ejemplo, en relación con la concesión de nuevas subvenciones sin haber justificado las anteriores, Núñez afirma: "Es evidente que si existiera este deber, el no exigir la documentación podría considerarse una irregularidad a examinar, pero no queda clara la existencia de dicha obligación". Unos interventores dicen que sí; otros que no.

3. Las exceptuaciones

En la estela del informe de la UCO, la instrucción de Alaya puso el foco en las "exoneraciones" o "exceptuaciones", dos términos usados indistintamente para definir un procedimiento previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía que permitía a la Junta proponer el pago de nuevas subvenciones aun sin haber justificado las anteriores. Según la juez Alaya –que mantiene una relación de rivalidad con Núñez–, éste era el procedimiento que usaba la cúpula de Empleo –como consejero estuvo Antonio Fernández, entre otros– para liberar sin criterios objetivos a las empresas de la obligación de justificar las subvenciones. Así era como, según Alaya, se iban urdiendo las connivencias y favores lesivos para el erario público.

La existencia de numerosas exceptuaciones, que deberían tener carácter excepcional, es considerada por la UCO como una grave irregularidad administrativa concebida para urdir una red clientelar, tesis a la que se opone Núñez. ¿Por qué? La juez señala que el Gobierno andaluz aplica una normativa que en ningún caso exime a las entidades beneficiarias de justificar las subvenciones. Simplemente, añade, permite que a una empresa que no ha justificado una subvención se le conceda una nueva, aunque no que se le pague. En cuanto a la supuesta elaboración de la lista de empresas exoneradas con criterios políticos, Núñez señala que ésta se realizó en realidad conforme a una orden de naturaleza técnica.

"Las exoneraciones", a juicio de Núñez, "no se realizaban para beneficiar a empresas concretas o determinadas, sino para impedir el bloqueo en la tramitación de subvenciones", sometidas a un complejo itinerario burocrático.

4. Lo administrativo y lo penal

Todo esto no quiere decir que no haya habido cursos subvencionados que no se han realizado, ni que no se haya menoscabado dinero público. A lo largo de distintas investigaciones se ha puesto de relieve que había beneficiarios de ayudas que no utilizaban los fondos para la formación, simulando la celebración de los cursos, en ocasiones con profesores y alumnos falsos. Lo que Núñez defiende es que esto no implica una responsabilidad, y mucho menos penal, de los propios cargos de la Administración autonómica.

"La existencia de fraude", señala la juez con carácter genérico, "no es sinónimo de prevaricación y mucho de menos de malversación". Y añade: "Tampoco lo es la existencia de menoscabo de fondos públicos que existe en toda sanción prescrita. Numerosas multas o sanciones prescriben en diferentes administraciones sin que los funcionarios o autoridades de dichas administraciones sean investigados por delitos de prevaricación o malversación".

Es un paralelismo controvertido. Núñez no considera culpables a los altos cargos de la Junta de que una empresa que recibe una subvención y no imparte el curso luego debidamente no devuelva el dinero, de la misma manera que no consideraría culpable a las autoridades de Tráfico por los conductores que no pagan sus multas.

Núñez insiste en la diferencia entre el ámbito penal y el administrativo. "No toda resolución ilegal, incluso nula de pleno derecho, constituye prevaricación. Para ello es necesario que la resolución sea arbitraria". Y la jueza en su auto no ve atisbo de arbitrariedad, sino criterios objetivos, por supuesto cuestionables, pero no discrecionales. "Para que la decisión de no exigir la documentación [a las empresas] pudiera integrar el tipo del delito de prevaricación debería conculcar la norma de forma grosera, sin explicación lógica alguna y ser dictada por la autoridad o funcionario con el conocimiento de dicha grosera ilegalidad", señala Núñez. A su entender, es imposible que esta grosería consciente se produzca cuando, preguntados los interventores sobre la legalidad de dejar de pedir dicha documentación, no se ponen de acuerdo.

Núñez defiende el sistema de control de la Junta de Andalucía, aunque reconoce que con el mismo "era posible el fraude". "Evidentemente", añade, "como en todos los sistemas de control". "No existe el sistema de control perfecto que impida el fraude, de ser así no existiría fraude alguno y, por desgracia, existe en todas las administraciones públicas. Sin embargo, no se puede anudar al fraude el delito de prevaricación o malversación", concluye.

Andalucía subvenciona con medio millón de euros a una empresa de formación de la red creada por el exconsejero Ojeda y su hija

Ver más

5. Aquellos 3.000 millones

El caso de la formación ha sido el caso de los 3.000 millones. Aquella cifra mareante afloró en un informe de la Guardia Civil de 2015, que a su vez hacía referencia a una estimación de la Intervención de la Junta sobre la cantidad total de las subvenciones no justificadas vencido el plazo para hacerlo entre 2005 y 2013. Esta cifra fue asimilada por medios y partidos políticos como el montante del fraude. Núñez no entra a discutir estos datos, pero de su relato se deriva que no considera que los 3.000 millones sean lo defraudado, ni el menoscabo cometido, porque es el resultado de todas las subvenciones no perfectamente justificadas.

La cuantificación exacta del fraude está pendiente. La Junta de Andalucía reclama 90 millones de euros por deficiencias en la justificación de ayudas desde 2002, más otros 51 millones en proceso de reintegro, según datos de la Consejería de Empleo de mayo. InfoLibre preguntó este martes por el dato actualizado, sin éxito. El caso de la formación tiene otras cuatro patas que está siendo investigadas judicialmente a raíz de la investigación de la UCO: el entramado empresarial del ex consejero Ángel Ojeda; los consorcios de formación; los cursos de Delphi; y el funcionamiento de la Fundación Faffe.