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Elecciones en Cataluña

¿El Hard Rock vale tanto como unas elecciones? Los comunes creen que sí y esperan traducirlo en votos

Yolanda Díaz, junto a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la líder en el Parlament de En Comú Podem, Jéssica Albiach, y la coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López, en Sabadell.

"Si rectifica, sale aquí y dice claramente que detiene el Hard Rock, retiramos la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Cataluña. Todavía es posible y depende de usted, president". Con esas palabras la presidenta de En Comú Podem y candidata de la formación a las próximas elecciones, Jéssica Albiach, le lanzaba un órdago a Pere Aragonès que, finalmente, cumplió. La Generalitat no se movió de su posición y los ocho diputados de la formación de Ada Colau mantuvieron su rechazo a las cuentas públicas catalanas, lo que forzó al president de la Generalitat a convocar elecciones anticipadas el pasado miércoles. ¿Pero vale tanto el Hard Rock como para provocar unas elecciones? Fuentes de los comunes aseguran que sí y se muestran convencidas de que una parte de la ciudadanía catalana valorará su decisión. "Así demostramos que lo de la 'bandera verde' no es postureo. Hemos llegado hasta el final", sintetizan.

La intrahistoria del Hard Rock se remonta a hace más de una década, cuando el gigante del juego Las Vegas Sands buscaba un lugar para poner en marcha Eurovegas y la Generalitat, entonces presidida por Artur Mas, defendió el proyecto como una de sus medidas estrella, que preveía poner en marcha en unos terrenos entre Vila-seca y Salou, propiedad de CaixaBank, al lado del parque temático Port Aventura. Aunque finalmente Las Vegas Sands se decantó por la Comunidad de Madrid —aunque el proyecto finalmente tampoco se llevó a cabo pese a todas las ventajas fiscales que les puso la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre—, y a finales de 2012 la empresa Veremonte tomó el relevo y presentó una idea bajo el nombre de BCN World.

BCN World se vendió como un macrocasino con seis parques temáticos, en cada uno de los cuales habría un centro comercial; un centro de convenciones, un casino, un teatro y un hotel. En total, una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, 12.000 habitaciones, la promesa de crear 20.000 puestos de trabajo y una inversión prevista de 4.700 millones. Para facilitar su puesta en marcha, en 2014 el Parlament, con el apoyo de Convergència —entonces al frente del Govern— y el PSC aprobó una ley para rebajar la fiscalidad de los casinos del 55% al 10% que se mantiene a día de hoy. Veremonte, sin embargo, se salió del proyecto y finamente optó la norteamericana Hard Rock, a quien se le adjudicó la licencia en julio de 2017. Esto provocó el cambio de nombre del complejo, que pasó denominarse Hard Rock Entertainment World.

La propuesta de Hard Rock no fue tan ambiciosa como la de BCN World, bajando la inversión prevista a unos 700 millones de euros y la promesa de creación de puestos de trabajo a la mitad. Contempla un casino con 1.200 máquinas tragaperras y 100 mesas de juego, dos hoteles —uno de ellos de 75 metros de altura—, una piscina de 6.000 metros cuadrados, una zona comercial con hasta 75 tiendas y un recinto con capacidad para 15.000 personas para conciertos y espectáculos. Si se lleva a cabo, será uno de los casinos más grandes de toda Europa. El propio president de la Generalitat ha admitido en más de una ocasión que el proyecto no le "entusiasma", pero menos lo hace la indemnización millonaria que podría pedir Hard Rock si se firma el acta de defunción del proyecto.

Las trabas (judiciales y técnicas) que ha tenido el proyecto

Actualmente todavía no se ha dado luz al plan director urbanístico (PDU) debido, entre otras cuestiones, a la legislación nacional por los usos del suelo y a las normas comunitarias, también en materia medioambiental. En el año 2020, el Tribunal Superior de Justicia catalán anuló parcialmente el plan urbanístico del complejo, lo que obligó a la Generalitat a tratar de reencajar de nuevo los usos del suelo sin afectar el proyecto de edificación. El TSJC resolvió a favor del recurso contencioso-administrativo presentado por la plataforma Aturem Hard Rock y la entidad ecologista Gepec al concluir que había "riesgo de accidentes graves" por la cercanía del polígono petroquímico de Tarragona.

Desde esta plataforma ponen el foco en la cuestión medioambiental y denuncian que las edificaciones afectarán a zonas que forman parte de la europea Red Natura 2000, un conjunto de espacios naturales bien conservados, que debe permitir garantizar la preservación de numerosas especies animales y vegetales donde se encuentra el 27% de la superficie terrestre de España. Está compuesta de cientos de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y de Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA) como son, en este caso, la Sequia Major y el Prat d'Albinyana.

El proyecto debe contar con los informes favorables de ambos departamentos de la Generalitat y todavía tiene dos pendientes: el de Empresa, que es lo que determina si podría comportar algún riesgo tener miles de personas tan cerca de un polígono químico, y el de Medio Ambiente. En octubre de 2022 el departamento de Acción Climática dictaminó que el proyecto no cumplía con los requisitos ambientales y, además, denunciaba que no se había previsto la llegada en transporte público, mientras que el de Empresa avisaba de que algunas de las parcelas seguían afectadas por el riesgo químico.

Si finalmente el proyecto consigue tener el visto bueno de ambos departamentos, se antoja complicado que se pueda rechazar su aprobación, como pretenden los comunes, sin que eso implique una indemnización millonaria. Si, por su parte, Hard Rock no cumpliera con sus compromisos y plazos, también tendría que pagar una compensación a la Generalitat, por lo que no sería impensable un escenario final de acuerdo muto de cierre entre ambas partes sin perjuicio económico.

Los comunes quieren erigirse como la formación 'verde'

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Con su negativa a apoyar las cuentas públicas, los comunes buscan erigirse como la formación verde, ya que saben que la competición en el campo de la izquierda estará disputada entre el PSC y Esquerra Republicana. Argumentan que la sequía que asola Cataluña es un buen motivo para acabar con el proyecto o, al menos, generar una moratoria que lo retrase, mientras que el PSC reclamaba que se mantuviera la tramitación administrativa del PDU. Además, también ponen el foco en el "fomento de la ludopatía" que se realizaría desde las instituciones públicas al dar el visto bueno a ese proyecto.

El pasado año este casino también estuvo en el centro de las negociaciones de los Presupuestos, un dilema que se acabó saldando de forma salomónica: la ley no contempló ninguna partida específica para el proyecto, pero ERC y PSC pactaron en paralelo que avanzaría. Los comunes asumen el coste de su negativa a las cuentas y algunas voces señalan que durante la campaña electoral sus dos principales competidores en el espectro progresista lo utilizarán para culparles de la falta de estabilidad, pero las fuentes consultadas en el espacio consideran que incluso puede "venirles bien" si "saben explotar" el motivo.

Las materias en las que quieren incidir, al margen del ecologismo, son la vivienda, las renovables y el modelo productivo. Desde el espacio no esconden que su objetivo es "ser decisivos" para conformar el nuevo Govern en Cataluña y dan por hecho que la convocatoria servirá, además, para impulsar la candidatura de las europeas de Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz que previsiblemente se volcará en la campaña catalana, y asestar "el golpe definitivo" a Podem, el hasta ahora aliado de los de Colau en Cataluña, cuya relación con los comunes se encuentra prácticamente rota.

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