El informe de la crisis de Ceuta, su autoría y lo que Interior dice que no dice

El martes por la noche, cuando El Español adelantó el contenido de un informe policial remitido a la Audiencia Nacional, muchos se enteraron de que la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 y 31 de julio no fue espontánea, según afirmaba este medio, sino un proceso dirigido por las Fuerzas de Seguridad marroquíes. Al mismo tiempo que los lectores se enteró también el ministro del Interior, Fernando Grande-Maraska, que de madrugada, pocas horas después de la publicación del artículo, escribió una carta a Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía. En ella pedía que se le informase "a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado" y, "de ser cierto", desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información. 

Pardo respondió el miércoles con una nota que Interior trasladó a los medios. El ministerio se refería al documento como "un supuesto informe policial que atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la responsabilidad" del episodio. En ese mensaje, además, se informaba de que la magistrada de la Audiencia Nacional había levantado ese mismo miércoles la restricción que impedía a los investigadores informar a sus superiores y que, una vez consultado, el director general de la Policía había comunicado al ministro del Interior que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta" 

En menos de 48 horas, la cúpula del Ministerio del Interior ha pasado de dudar de la existencia de ese informe a asegurar que ya lo había leído y que su contenido no decía lo que se había publicado.

Sin embargo, el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, hace referencia en reiteradas ocasiones al papel del reino marroquí en los episodios de Ceuta, tanto por inacción como por acción directa. El informe afirma que "la finalidad migratoria opera solo como una cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta". El dato en el que se apoya es que solo permaneció en España, según sus cálculos, un 10% de quienes entraron; el 90% volvió a Marruecos en cuestión de horas —algo que, dice el informe, "refuerza la percepción de que la intencionalidad migratoria no es el principal elemento rector de esta entrada masiva"—.

El CENIF descarta explícitamente a las mafias de tráfico de personas como autoras, y lo hace con un argumento económico: la tarifa habitual por cruzar a alguien desde Marruecos se sitúa entre 6.000 y 20.000 euros por persona, según la ruta; dejar pasar gratis a decenas de miles "no parece que vaya en la línea de la búsqueda principal de beneficio ya que nada apunta a que una actuación así pueda ser rentabilizada en términos económicos". "No consta ni una sola referencia de estas organizaciones animando a la movilización o haciendo referencia a la entrada masiva", afirma.

Descartadas las mafias, el informe describe sobre el terreno dos tipos de lo que llama literalmente "sujetos activos". Por un lado, "efectivos uniformados de Fuerzas de Seguridad de Marruecos que dan indicaciones a los inmigrantes para acceder a España y que gestionan el flujo de personas hacia algunas zonas predeterminadas para el acceso". Por otro, un grupo de personas no uniformadas —varones de entre 30 y 50 años, "complexión fuerte o atlética", pelo corto "arreglado", vestidos de forma distinta a la masa de migrantes y, en varios casos, con "gorras con logotipos policiales"— de las que el informe dice que "en algunos casos imparten instrucciones al personal uniformado desplegado sobre el entorno". 

El informe sostiene además que esa estructura no fue casual, sino táctica, con dos objetivos sucesivos: "El primero, busca obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso. El segundo, (logrado el primer objetivo) trata de eliminar la capacidad de respuesta por parte de las capacidades de España que tratasen de contener o revertir la situación." Y encaja cada oleada en ese plan: la primera, de varones jóvenes, para saturar los accesos; la segunda, con familias, mujeres y niños de corta edad, porque "no sólo pretende ahondar en la saturación de las capacidades de control fronterizo, sino que busca eliminar la capacidad de respuesta física de las fuerzas de seguridad". 

El informe da todavía un paso más en el terreno político. En el apartado que dedica al "Ejercicio de Influencia", sitúa "las manifestaciones de diferentes responsables políticos del reino alauí" dentro de "el manejo de un relato de difusión institucional coordinada por parte de los responsables de la planificación del proceso" —una "injerencia de perfil geopolítico proyectada no sobre Marruecos, sino sobre España y la comunidad internacional"—. Y cierra sus conclusiones señalando que, tras los hechos, se difundieron mensajes que "incluso a nivel oficial, justifican por parte de Marruecos una reivindicación territorial que cuestiona la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla".

Tras el acceso al informe por parte de varios medios de comunicación, Interior ha proporcionado una nueva versión de su postura en la que afirma de nuevo que "no se ha emitido informe alguno atribuyendo la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona, ya que, hasta la fecha, se desconoce la autoría intelectual de dicho asalto". A pesar de la presencia, documentada en el informe y previamente negada por Interior, de personal de seguridad marroquí dirigiendo las operaciones durante la entrada masiva, el director adjunto operativo reitera a través de este comunicado que el informe "no permite establecer la implicación de ningún gobierno, servicio, agencia o persona".

Es cierto que el documento, en el apartado dedicado a determinar la autoría última, reconoce que, a día de su entrega, "no se ha podido individualizar a quien/es forman parte de este nivel de responsabilidad", es decir, no señala a una persona o gobierno concreto como responsable final. Lo que sí hace es describir a agentes uniformados de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos guiando el cruce, a personas no uniformadas dando instrucciones a esos mismos agentes, y una estructura en dos fases diseñada, en sus propias palabras, para neutralizar la respuesta española.

Contexto: de dónde viene el informe y quién lo firma

La investigación de la Audiencia Nacional nació el 31 de julio, cuando la magistrada María Tardón abrió diligencias previas a raíz de una denuncia del partido Iustitia Europa, conocido por su personación como acusación particular en causas mediáticas. Antes de resolver si la Audiencia Nacional era competente, Tardón pidió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un informe sobre si la entrada masiva respondía a una acción concertada por alguna organización o grupo criminal. 

Esa petición es el origen del informe del CENIF, que le fue entregado a la jueza el día 31 de agosto. A lo largo de ese mes, a tenor de lo conocido este miércoles, ni la dirección general de la Policía ni el ministerio del Interior tuvieron conocimiento de dicho documento, dado que la jueza pidió específicamente al CENIF que no informara sobre el mismo a sus superiores. Esto explicaría la petición de información por parte de Marlaska a Pardo y la posterior respuesta de este.

¿Por qué el CENIF y no el CNI, el servicio de inteligencia del Estado? Según explica a infoLibre Carlos Prieto, secretario general del sindicato policial SUP, esta unidad policial tiene la competencia sobre flujos migratorios irregulares y, al recibir un requerimiento judicial como el de Tardón, pasa a actuar como policía judicial y por eso puede acatar la orden de no informar a un superior. El CNI, por el contrario, depende de Defensa, informa a Presidencia del Gobierno y maneja otro tipo de información. 

La orden ministerial 859/2023 encarga expresamente al CENIF "la elaboración de los informes especializados solicitados por órganos nacionales e internacionales" en la materia. Sin embargo, el propio Ministerio del Interior, tras conocerse públicamente el informe, ha afirmado en un comunicado que "es inusual [para el CENIF] el desarrollo de actividades bajo mandato de la autoridad fiscal o judicial". De forma también inusual, el texto de Interior siembra más dudas sobre su propia unidad, añadiendo que no tiene agentes desplegados en Marruecos, y que su informe se basa en el seguimiento de fuentes abiertas, como redes sociales y aplicaciones de mensajería.

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El jefe del CENIF, David Agorreta, dirige la unidad desde poco después de su creación en 2013, cuando lo nombró el entonces director adjunto operativo Eugenio Pino, hoy acusado en el juicio del caso Kitchen, con una petición fiscal de 15 años de cárcel, y uno de los principales señalados como miembro de la conocida como ‘policía patriótica’ bajo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Cuando Grande-Marlaska nombró a Francisco Pardo director general de la Policía en 2018, este decidió mantener a Agorreta en el cargo. 

La trayectoria de otra de las protagonistas de esta historia, la magistrada María Tardón, pasa por el Partido Popular, formación que gobernaba el Ayuntamiento de Madrid cuando fue concejala de Seguridad entre 1999 y 2003, antes de volver a la carrera judicial y especializarse en violencia de género. Forma parte de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de corte conservador.