Dos versiones sobre un informe policial agravan la crisis del Gobierno por Ceuta

La crisis de Ceuta ha entrado en una nueva fase apenas 24 horas antes de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso. La información conocida la noche de este martes sobre un informe de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional que atribuye a agentes marroquíes un papel activo en la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio no sólo obliga al Ejecutivo a revisar algunas de las explicaciones ofrecidas hasta ahora. También vuelve a colocar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una posición delicada y pone en cuestión los argumentos de Pedro Sánchez sobre la exculpación marroquí.

El principal problema para el Gobierno está ahora en la información que manejaban las fuerzas de seguridad y en el momento en que esa información llegó a sus responsables políticos. Sánchez aseguró el pasado lunes ante los micrófonos de la Cadena SER que no existían datos procedentes de la Policía, la Guardia Civil o los servicios de inteligencia que apuntaran a una participación de las autoridades marroquíes. Pero a última hora de este martes el diario El Español se hacía eco de un informe remitido por la Policía a la jueza María Tardón según el cual gendarmes del país alauí habrían dirigido a grupos de migrantes hacia puntos de entrada y que agentes de paisano supervisaron esos movimientos.

Elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dicho informe apunta a una finalidad que iría más allá de un movimiento migratorio casual. “[La entrada] no responde a un fenómeno espontáneo de inmigración irregular, sino que es la consecuencia/finalidad de un proceso planificado que se inicia con anterioridad y se diseña anticipadamente”, apunta el documento, al que ha tenido acceso infoLibre. "A lo largo de los días 30 y 31 de julio la respuesta policial en Marruecos a la movilización y entrada masiva de inmigrantes a Ceuta ha sido cuando menos de total permisividad, no registrándose ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo", señala. Los investigadores consideran que se debería haber producido un "control mucho más contundente al menos el día 31/07", pero que se apreció "una reacción progresiva más lenta de lo que una situación así requería".

Además, también inciden en que “los que regresan voluntariamente a Marruecos casi de forma inmediata” —un 90% de los que entraron entre los días 30 y 31— “no presentan un perfil compatible con la inmigración irregular” porque su intención no es la de “quedarse en territorio ceutí ni tratar de conseguir un traslado a la Península” y que, por ese motivo, “actúan con relativa calma” libre de "cualquier tipo de consecuencia". Una “percepción”, deducen los investigadores, “probablemente reforzada por la actitud de tolerancia ‘casi activa’ de las fuerzas de seguridad de Marruecos”. Poco antes de conocerse el contenido íntegro del documento, el Ministerio del Interior negaba que el informe responsabilizara a las Fuerzas de Seguridad marroquíes de haber planificado o ejecutado los incidentes registrados en Ceuta.

Marlaska y la información 

Tras la publicación de El Español, el ministro Grande-Marlaska envió en la madrugada de este miércoles una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para pedirle explicaciones sobre el informe y, en particular, para conocer desde cuándo disponían sus subordinados de esa información.

El requerimiento fue atendido horas después, según informó el propio ministerio del Interior a través de una nota en la que se afirma que, tras recabar información de las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director de la Policía ha concluido que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido”. 

Según la explicación facilitada por la Dirección General de la Policía a través de la nota de Interior, los mandos no han tenido acceso hasta este mismo miércoles al citado informe porque la jueza de la Audiencia Nacional que dirige la investigación penal había ordenado expresamente que no se informara a los superiores sobre su elaboración ni sobre su contenido. El diario El Independiente asegura que la Policía recibió la indicación de que "sólo se podía informar a su señoría”.

La Dirección General de la Policía también resta relevancia al aviso remitido el 29 de julio por el CENIF a los puestos fronterizos. Según la versión trasladada al ministro, se trataba de una alerta de riesgo habitual que no hacía referencia a la posibilidad de que se produjera una entrada masiva al día siguiente. La explicación pretende, por tanto, descartar que existiera una advertencia policial previa y concreta sobre la entrada masiva.

Con todo, no es la primera vez que Marlaska afronta una controversia ligada a la información que recibe de los cuerpos policiales bajo su responsabilidad. Durante esta legislatura aseguró también que desconocía la denuncia contra el entonces director adjunto operativo de la Policía (DAO), José Ángel González, por una presunta agresión sexual hasta que trascendió públicamente. También las reuniones de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con Leire Díez provocaron versiones sucesivas sobre qué sabía el ministro y cuándo había sido informado de las maniobras de la exmilitante socialista.

El malestar alcanza al PSOE y a los socios

La crisis tampoco está limitada únicamente al ámbito gubernamental. Los diputados socialistas en la Asamblea de Ceuta, Melchor León y Sebastián Guerrero, han criticado públicamente la actuación del Ejecutivo respecto a la crisis migratoria y humanitaria, reclamando una respuesta más contundente y cuestionando la gestión de Interior. Es más, León — vicepresidente del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas (PP)— ha pedido directamente la dimisión de Grande-Marlaska, ha calificado lo ocurrido como una “invasión” y ha afirmado que Rabat no puede seguir siendo considerado un “socio fiable”, por lo que considera pertinentes sanciones económicas para el país vecino.

Aunque Sánchez recordó el lunes que viajó a Ceuta el 31 de julio, en plena crisis, acompañado por Marlaska, el malestar de los socialistas ceutíes se concentra sobre todo en la gestión posterior, la coordinación entre administraciones y la respuesta ofrecida durante las semanas siguientes. “La sensación es de abandono absoluto y el PSOE va a tener muy difícil remontar esto, tanto en Ceuta como en el resto del Estado”, apuntan a infoLibre voces de la formación a nivel territorial.

Sumar también se ha distanciado de la posición de Moncloa y considera que Marruecos tuvo algún grado de responsabilidad, al menos por acción u omisión. En el socio minoritario reprochan al presidente una gestión con escasa coordinación dentro de la coalición y con sus aliados parlamentarios. “Sánchez ha obviado a los socios y tiene a su partido roto con la gestión”, resume el aliado minoritario del Ejecutivo. Algunas fuentes de la coalición izquierdista que no tienen asiento en el Consejo de Ministros hablan de Ceuta como un punto de inflexión en la legislatura.

Señalan, además, que Ceuta desplaza la discusión política hacia un terreno complicado para buena parte de esa mayoría: inmigración, seguridad fronteriza y unidad territorial. “Nos lleva a un marco sobre la unidad de España y el racismo que nos perjudica de manera clara”, prosiguen estas voces.

La exculpación de Marruecos no convence a (casi) nadie

La comparecencia del líder socialista este jueves en el Parlamento estará condicionada por el informe del CENIF y por la necesidad de ordenar las distintas versiones conocidas desde finales de julio. Pero no solo. Una de las dificultades que afronta el presidente del Gobierno es la desconfianza hacia la rapidez y contundencia con la que exculpó a Marruecos, que no solo cuestionan PP y Vox, sino también sus socios.

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Algunos de ellos aluden a la intervención de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la Cadena SER este martes. En ella situó la entrada masiva en Ceuta dentro del concepto de “guerra híbrida” y la conectó con otras formas de desestabilización que se están produciendo en Europa. González Laya sostuvo que episodios como Ceuta, los ataques con drones o los sabotajes forman parte de una nueva forma de conflicto cuyo objetivo es generar miedo, división y desgaste en las democracias. “Y creo que lo están consiguiendo”, dijo.

La antecesora de José Manuel Albares fue destituida en julio de 2021 después de que España permitiera la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico. Una decisión que provocó la llegada de miles de personas a Ceuta y una ruptura de hecho de la interlocución diplomática. La propia González Laya reconoció entonces que la acogida de Ghali había sido el detonante de la reacción marroquí.

La decisión de cesar a la exministra fue interpretada como una política de acercamiento de España con Marruecos que ha perseguido precisamente reforzar la cooperación fronteriza y evitar nuevas crisis entre ambos países. Pero si finalmente se confirma la participación marroquí en la entrada del pasado julio, el Gobierno tendrá que explicar hasta qué punto esos hechos modifican su evaluación de la relación con Rabat y también qué relación tuvo esa política con el giro sobre el Sáhara, muy contestado por algunos de sus aliados.