El bluf del 'caso Maracena': el juez archiva ahora la investigación al PSOE que enfangó la campaña del 28M

Un secuestrador con trastorno bipolar asegura una vez detenido que el número 3 del PSOE andaluz, Noel López, le había hecho llegar una bolsita de cocaína para que se “envalentonara” y raptase a una edil díscola. Añade que todo aquello lo hizo de común acuerdo con la entonces alcaldesa socialista de Maracena (Granada) –Berta Linares, su pareja en aquel momento– y con otro miembro del equipo de gobierno local y, como dato crucial, el secuestrador sostiene que todos se habían reunido un mes antes en una taberna para preparar el plan. Lo expuesto hasta ahora resume los pilares del auto con que, basándose exclusivamente en la versión del más que presunto autor del secuestro –nunca lo ha negado–, el juez Josep Solá Fayet provocó un auténtico terremoto político y mediático contra el PSOE el 25 de mayo de 2023, es decir, a tres días de las elecciones municipales.

El juez dictó su resolución sin haber tomado declaración al dueño de la taberna y los camareros –que luego negaron taxativamente que tal reunión se hubiese celebrado– y sin esperar el informe forense oficial. Fechado un día después de los comicios, ese informe descartó que el secuestrador hubiese consumido cocaína. Transcurrido medio año, el juez no ve ya caso contra el PSOE. Aunque contra su decisión cabe recurso, todo indica que el bluf de la cocaína y el encuentro de conspiradores en la taberna se ha desinflado.

En un auto difundido este miércoles por Europa Press, el titular del juzgado de instrucción 5 de Granada sigue un camino radicalmente opuesto al de mayo de 2023: cierra la investigación a los socialistas y mantiene como único involucrado al secuestrador, Pedro Gómez Rosa. Protagonista ya de titulares cuando en 2020 denegó permiso para buscar los restos de Lorca y cuando, hace apenas un año, ordenó identificar a 103 periodistas por sus comentarios en un chat sobre el caso de Juana Rivas , el juez Solà sostiene ahora la “inexistencia absoluta de ningún elemento que refrende siquiera de forma indirecta, mínima o tangencial” la existencia de aquella reunión.

A la cocaína, cebo mediático del apaleamiento que desencadenó el caso en los últimos días de la campaña para las elecciones locales y también autonómicas en buena parte de las comunidades aunque no en Andalucía, el juez le dedica una sola mención a lo largo de un auto de 25 páginas. Pero, aunque de manera farragosa, la incluye entre los “puntos” desmentidos por el “extenso y completo” informe policial aportado a la causa el pasado 11 de octubre.

El crédito de una "sospecha"

El secuestro en cuestión era el de una edil que había pertenecido al PSOE de Maracena (Granada), Vanessa Romero, y a la que el secuestrador metió a punta de pistola de fogueo en el maletero de un coche donde la concejala alojaba papeles sobre un supuesto escándalo urbanístico que había sacado del ayuntamiento no la víspera, sino dos años antes. El raptor la dejó sola para ir a una ferretería a comprar tanto un cuchillo como cinta americana negra y la víctima escapó del maletero.  

El secuestrador Pedro Gómez obtuvo inmediato crédito en medios de comunicación conservadores. Los titulares que daban por cierta su versión se multiplicaron. Cinco días después de aquel primer auto judicial inculpatorio, Noel López, a quien el juez señalaba como "inductor" del secuestro, abandonó el cargo de secretario de organización del PSOE andaluz, un partido ya malherido por los ERE, un caso que el PP de Juanma Moreno Bonilla, en el poder desde 2019 gracias a Cs y Vox y con mayoría absoluta desde 2022, aún le sigue recordando.

En junio de 2023, el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), ante el que estaba aforado por su condición de diputado autonómico, archivó la causa especial contra López y devolvió el caso al juez Solà para que practicar diligencias “imprescindibles”. El tribunal andaluz hizo un recordatorio al instructor: “No basta cualquier sospecha o conjetura. No son suficientes las posibilidades, más o menos cercanas o las alusiones no constatadas”.

"Daño irreparable"

Tras conocerse el auto dictado ahora por Solà, Noel López ha lamentado el “daño irreparable”. De nuevo secretario de organización del PSOE andaluz, López se ha sentido “indefenso y perseguido” por “una derecha cada vez más radicalizada”.

Asimismo, la exalcaldesa y el miembro de su equipo también investigado por Solà, Antonio García Leiva, han expresado el “daño terrible” infligido. La exalcaldesa socialista de Maracena (Granada), Berta Linares, y el concejal Antonio García Leiva han anunciado este miércoles su pretensión de querellarse por "injurias" contra Vanesa Romero, la exedil del PSOE que fue secuestrada en febrero del año pasado en este municipio, tras el "daño terrible" que este caso les ha provocado, tanto a nivel político como en lo personal.

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Los dos políticos insisten en que han sido tratados de forma "injusta" y el daño es "irreparable". Berta Linares ha afeado al juez que el secreto de sumario se levantara apenas tres días antes de las elecciones municipales "de forma totalmente innecesaria" alterando el resultado de estos comicios y sin darles posibilidad de "defenderse". Lo ocurrido –dijo García Leiva en rueda de prensa– es fruto de un "perturbado" pero, siendo una víctima, Vanesa Romero ha aprovechado para cometer una "vendetta política" y "ha mentido a la justicia". El político se refería así al archivo del caso conocido ahora y a la decisión previa de la Audiencia de Granada de dejar sin efecto la investigación paralela acordada por el juzgado de instrucción sobre la posible existencia de un caso contra la legalidad urbanística en el Ayuntamiento de Maracena.

La Audiencia provincial mantiene que las irregularidades denunciadas por Vanesa Romero no quedan corroboradas en los documentos intervenidos a raíz de su secuestro y que, por tanto, las conclusiones policiales que existen al respecto se basan en "meras sospechas" aportadas por su testimonio.

En la misma línea que los tres socialistas de Maracena se pronunció el secretario general del PSOE andaluz. Juan Espadas se ha mostrado convencido de que la investigación judicial "sin duda alteró y quebró la confianza del electorado" ante las municipales del pasado 28 de mayo. En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, Espadas ha remarcado que el caso ha tenido “las consecuencias que sabemos en el Ayuntamiento de Maracena y en la Diputación de Granada”. Tanto el Ayuntamiento de Maracena como la Diputación de Granada están ahora gobernados por el PP.