Juzgados desbordados y una avalancha de recursos a la vista: la radiografía del CGPJ de la crisis de Ceuta

"La crisis migratoria ocurrida los días 30 y 31 de julio de 2026 en Ceuta ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del servicio público de justicia". Así de contundente se mostraba hace una semana el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación a la entrada masiva de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma. El informe, fechado el 12 de agosto y al que ha tenido acceso infoLibre, hace una radiografía de la compleja situación que atraviesan –y que previsiblemente se prolongará a lo largo del tiempo– los órganos judiciales ceutíes. Y ha servido de base al órgano de gobierno de los jueces para solicitar un refuerzo de personal que debe ser acordado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que hace un par de semanas ya adoptó algunas medidas en esa dirección.

El Servicio de Inspección resalta que si bien la crisis migratoria no ha tenido una "repercusión directa relevante" en la Sección Civil, sí que ha afectado "de manera extraordinaria" a la Sección de Instrucción y, particularmente, al "funcionamiento" del Juzgado de Guardia, que se ha visto "desbordado" por el "elevado volumen de procedimientos penales" incoados y tramitados. Si bien los dos primeros días apenas hubo detenidos como consecuencia del "colapso" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el primero de agosto el juzgado en funciones de guardia –la Plaza nº3 del Tribunal de Instancia de Ceuta– recibió 20, con asuntos de "especial complejidad", lo que "prolongó la jornada laboral hasta las tres de la madrugada". Desde entonces, la media de detenciones diarias se situó en una decena.

Un "incremento extraordinario de la actividad" que también experimentó la Plaza nº4 del Tribunal de Instancia de Ceuta durante la guardia del miércoles 5 al martes 11 de agosto. En esos días se recibieron 72 atestados con detenidos o citados: 16 el miércoles, 4 el jueves, 6 el viernes, 7 el sábado, 11 el domingo, 15 el lunes y 13 el martes. A la hora de facilitar la información, la magistrada titular del juzgado, con competencia en materia de violencia sobre la mujer, también destacó la incoación de 9 diligencias previas por agresiones sexuales durante esa semana, "unas por atestado otras por informe médico". Un "incremento notable" si se tiene en cuenta que en lo que iba de año se habían incoado 16 diligencias de ese tipo, unas 2,25 mensuales.

"El personal viene realizando jornadas de trabajo tanto de mañana como de tarde, asumiendo una carga de trabajo muy superior a la ordinaria", destaca el informe. "Están desbordados", insisten a este diario fuentes judiciales conocedoras de la situación en la ciudad autónoma. Una situación que amenaza con prolongarse "durante un periodo de tiempo amplio" en unos órganos judiciales que ya presentaban "carencias". Entre otras cosas, por la complejidad de algunos asuntos. Una parte significativa de las diligencias incoadas por fallecimiento permanecen aún hoy pendientes de la identificación de las víctimas. Solo a seis de los 82 muertos se les ha puesto ya nombre, según el director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta.

"Hasta que las tareas identificativas puedan llevarse a cabo, los procedimientos permanecerán abiertos, siendo necesario continuar practicando diligencias, mantener las comunicaciones con los distintos organismos intervinientes y dictar las resoluciones procesales que procedan", resalta el informe. La tramitación de este tipo de procedimientos presenta "una especial complejidad técnica y requiere la dedicación de un importante número de recursos humanos" al implicar "comunicaciones y traslados a los servicios sanitarios", "adopción de resoluciones relativas a la inhumación" o contacto continuo con la consejería competente y el Registro Civil de Ceuta para la inscripción del fallecimiento y el posterior entierro.

Numerosas personas detenidas, además, "se encontraban requeridas" por juzgados ubicados en distintos puntos del territorio nacional. Y esa ha sido otra de las "principales dificultades operativas" con las que se han topado los jueces de la ciudad autónoma a lo largo de estas últimas semanas. "[Eso] Obliga a incoar y tramitar diversos procedimientos respecto de una misma persona para dar cumplimiento a las requisitorias vigentes, generando una carga añadida de actuaciones procesales, comunicaciones, consultas y resoluciones que ralentizan significativamente la tramitación", se recoge en el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

Futura "avalancha" en lo contencioso-administrativo

A medida que pasen las semanas, las fuentes judiciales consultadas dan por hecho un incremento notable de la carga de trabajo también en el área contencioso-administrativa por la previsible "avalancha" de recursos contra las resoluciones de expulsión que se puedan ir dictando. Algo en lo que también pone el acento la Inspección en relación con los más de dos millares de niños y niñas que llegaron solos a la ciudad autónoma y cuyo procedimiento de devolución debe ser mucho más escrupuloso. "La necesidad de tramitar la repatriación de los menores [...] conllevará, por lo que al área civil se refiere, la incoación de numerosos expedientes de jurisdicción voluntaria para el nombramiento de un defensor judicial a cada menor en los distintos procedimientos judiciales –recursos contencioso-administrativos– que se pudieran interponer contra las resoluciones de la delegación del Gobierno sobre repatriación".

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Con esta radiografía sobre la mesa, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces considera necesario que se refuerce con un juez el turno de guardia y con otro magistrado para tramitar los delitos sexuales. Además, ha acordado "diferir el cese" del juez pendiente de destino que se encontraba dando apoyo en la Plaza nº4 del Tribunal de Instancia, la que tiene competencia en materia de violencia contra la mujer. Además, ha acordado poner en conocimiento del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de acordar refuerzos –un letrado de la Administración de Justicia, un gestor, dos tramitadores y una persona del Cuerpo de Auxilio Judicial– para dar apoyo en la tramitación de procedimientos.

Por otro lado, la Permanente también ha trasladado a la cartera dirigida por Félix Bolaños la necesidad de incorporar un par de intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia. Los tasadores son fundamentales, explican las fuentes judiciales consultadas por este diario, en casos de hurtos, robos o daños. En su informe de situación, recogido en el documento del Servicio de Inspección del Poder Judicial, la titular de la Plaza nº4 del Tribunal de Instancia de Ceuta resaltaba el "importante número de detenidos por resistencia y atentado y por delitos contra el patrimonio, especialmente robos con violencia".

Desde el Ministerio de Justicia sostienen que ya trasladaron en su día su compromiso por aprobar todos los refuerzos que sean necesarios. Y señalan que hace solo un par de semanas adoptaron varias medidas para aumentar la capacidad de la Administración de Justicia en la ciudad autónoma. Así, se incrementó la capacidad operativa del Instituto de Medicina Legal en más de un 271% y se autorizaron apoyos en la Fiscalía del Área de Ceuta o en su Tribunal de Instancia, con el refuerzo de dos plazas de tramitación procesal durante dos meses y de una de médico forense durante seis. Además, se autorizó la incorporación de cinco letrados más al turno de oficio.