La legislatura cruza su ecuador con la mitad del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos todavía pendiente

La modificación de la reforma laboral que el PP de Mariano Rajoy aprobó unilateralmente en 2021, sin diálogo social, está a punto de engrosar la lista de compromisos alcanzados por el Gobierno de Pedro Sánchez que figuran en el pacto de coalición que PSOE y Unidas Podemos acordaron hace dos años. Igual que la reforma de la ley mordaza, que aparentemente los socios de gobierno acaban de desbloquear.

La legislatura cruza su ecuador este miércoles, 10 de noviembre. Ese día de hace 24 meses Sánchez se convenció, después de dos elecciones generales consecutivas, de que no tenía otra salida para desbloquear la situación política del país que llegar a un acuerdo con Unidas Podemos y negociar una investidura con la endeble, pero suficiente, mayoría progresista que los electores acababan de elegir para representarles en el Congreso de los Diputados.

El pacto de gobierno que socialistas y morados negociaron durante el mes diciembre de aquel año es un documento de 50 páginas y once apartados que, desde que fue firmado por Sánchez y Pablo Iglesias, se ha convertido en la piedra angular del Ejecutivo de coalición. Cuando las promesas eran claras y explícitas, no sujetas a interpretación, pero también, hasta ahora, cuando dejaban mucha letra pequeña en el aire a expensas del tira y afloja entre la parte socialista del Gobierno y los ministros de la formación morada.

El sistema de fiscalización independiente de la acción del Ejecutivo que puso en marcha Sánchez para medir cada seis meses el grado de cumplimiento de sus compromisos calculó el pasado julio que de las 428 promesas incluidas en el llamado Acuerdo de Coalición Progresista ya se había cumplido el 33,4%. Y que para diciembre, dentro de siete semanas, ese porcentaje alcanzaría el 41,6%.

Algunos, como el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) van camino de cumplirse, pero no será hasta el final de la legislatura cuando el Gobierno podrá decir que el SMI, el suelo de los contratos legales en España, ha alcanzado el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

Otros se han cumplido y están en pleno despliegue, como la derogación de la ley Wertley Wert y su sustitución por una nueva norma para regir la educación en España. O la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que los fondos europeos han acabado convirtiendo en uno de los ejes rectores de la política del Gobierno.

La ley reguladora del derecho a la eutanasia, a pesar de la oposición de la derecha y pendiente de lo que sobre ella pueda decir el Tribunal Constitucional, ya está en vigor y ha comenzado a aplicarse. El ingreso mínimo vital, no sin numerosas dificultades de gestión, ya es una realidad en toda España. También la Ley para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a todas las formas de violencia, también conocida como la ley Rhodes.

Con más dificultades, y un retraso de casi un año sobre las previsiones iniciales, el Gobierno también ha puesto letra a su compromiso en favor del derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, incluyendo medidas para intentar atajar los alquileres abusivos en las zonas de mayor demanda.

En el acuerdo quedan todavía muchas medidas que todavía no han entrado en el calendario del Ejecutivo. Algunas muy relevantes desde el punto de vista de la regeneración política, como la aprobación de un Plan Nacional contra la Corrupción o una Ley Integral contra la Corrupción para, entre otras cosas, proteger a los denunciantes. Los lobbies siguen sin estar regulados, tampoco hay a la vista planes para cumplir la promesa de regular de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos y seguimos sin una actualización digna de tal nombre de la vigente Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

En materia de justicia se han hecho los retoques prometidos para impedir que las investigaciones contra la corrupción se queden en nada por culpa de las demoras de tramitación y para reconocer, de nuevo, la justicia universal.

Entre las promesas más simbólicas, la de aprobar una nueva Ley de Memoria Democrática pende de un hilo. El Gobierno aprobó el correspondiente proyecto de ley, pero las reservas de Esquerra, por considerarla insuficiente, amenazan con dejarla en un cajón.

El compromiso de actualizar el sistema electoral paraeliminar el voto rogado en las elecciones autonómicas, generales, europeas y municipales; establecer listas cremallera en todos los procesos para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones; mejorar “la proporcionalidad del sistema” y abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años sigue sin avanzar, aunque aún hay tiempo para sacar adelante al menos la primera medida.

Prostitución

Erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, favorecer la dignidad de las mujeres, garantizar alternativas y terminar con las redes y las mafias que se lucran con la esclavitud es otra de las promesas del pacto de coalición PSOE y Unidas Podemos que, si se da crédito al discurso del presidente del Gobierno en el 40º Congreso de su partido, está previsto cumplir en los próximos dos años.

Son sólo algunos ejemplos del casi medio millar de compromisos que se derivan del acuerdo de gobierno. Algunos completados, muchos en desarrollo y otros que parece que no encuentran su lugar en la agenda del ejecutivo. Algunos sencillos a la hora de ser llevados a la práctica, como determinadas modificaciones puntuales de artículos muy concretos de leyes aprobadas durante el último mandato del PP. Otros que asombran por lo ambicioso de su enunciado, como el que prometió “revertir la despoblación” en la “llamada España vaciada“.

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Entre los asuntos centrales de la legislatura destaca el conflicto catalán. Todavía sin resolver, pero pendiente de lo que dé de sí la Mesa de Cataluña que, como instrumento, parece por sí solo dar cumplimiento a la promesa de impulsar “la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes” para “superar la situación actual”.

También la negociación de la financiación autonómica, que Hacienda prometió afrontar este mes de noviembre con una propuesta concreta. Es un asunto sobre el que el pacto de Gobierno promete desarrollar “reglas y principios” para fijar un nuevo modelo capaz de resolver “las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual” garantizando “la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas” y asegurando “la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades para proveer los servicios y las prestaciones sociales que son de su competencia”.

Con todo, siendo muy relevantes los asuntos pendientes de desarrollo previsto en el pacto de Gobierno, hay uno que destaca por encima de los demás: una reforma fiscal que incremente la progresividad del sistema. El asunto está todavía pendiente de lo que diga el grupo de expertos formado por el Ministerio de Hacienda, pero la promesa es muy concreta: incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general del IRPF “para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros”.