Privatización de la sanidad

Los médicos acusan a Capio de derivar a hospitales de gestión pública a los enfermos de VIH

Juan José Güemes, Manuel Lamela y Esperanza Aguirre, en un acto oficial en febrero de 2008.

La querella presentada hace un mes por la Asociación de Facultativos de Madrid (AFEM) por las presuntas ilegalidades en el proceso de privatización sanitaria acometido por el Gobierno autonómico contiene una grave acusación que había pasado inadvertida. Según la denuncia, a la que ayer tuvo acceso infoLibre, el hospital que la empresa Capio gestiona en el municipio de Valdemoro, el Infanta Elena, “deriva irregularmente” a los pacientes de VIH de su área a otros centros sanitarios netamente públicos.

Fuentes cercanas a los querellantes aseguran que el hospital receptor de esos pacientes es el Carlos III, de gestión netamente pública. El juez ya ha reclamado a Capio "relación circunstanciada de pacientes asignados a sus respectivas áreas [al Rey Juan Carlos de Móstoles y al Infanta Elena de Valdemoro] que  fueron atendidos en otros centros durante los años 2010,2011 y 2012". Es decir, el magistrado Marcelino Sexmero quiere saber qué pacientes concretos fueron remitidos a otros hospitales y por qué.

“En el hospital de Valdemoro –acusan los médicos- no existen gastos farmacéuticos de pacientes de VIH, se derivan a centros públicos aun siendo de su área sanitaria, lo que constituye un fraude claro”. Una fuente de Capio dijo anoche que la empresa reservará sus argumentos para el juez que instruye el caso y rehusó, por tanto, confirmar o desmentir la veracidad del dato. No obstante, la portavoz asegura que Capio “está cumpliendo las obligaciones del contrato”.

La compañía, cuyos propietarios últimos son cuatro sociedades radicadas en las Islas Caimán, gestiona cuatro hospitales integrados en la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), no ha optado esta vez al concurso para la privatización de otros seis hospitales, cuya adjudicación aprobará previsiblemente hoy el Gobierno de Ignacio González.

La querella, de 111 páginas y tras cuya aceptación el juez ha citado como imputados –o querellados- a los exconsejeros de Sanidad Juan José Güemes y Manuel Lamela, inserta su denuncia sobre el desvío de pacientes con VIH para ilustrar el modelo de negocio de las empresas privadas que gestionan hospitales públicos en Madrid.

“Estos hospitales de gestión privada –expone el texto- tienden a rechazar los pacientes crónicos con necesidades complejas en vez de atenderles de forma integrada (…). Es el caso de los enfermos de VIH, cuyos gastos farmacéuticos son muy elevados y se derivan irregularmente a otros centros públicos que soportan el gasto que debía asumir el adjudicatario, como está ocurriendo en el Hospital de Valdemoro, gestionado por Capio”.

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