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Moncloa se abre a rediseñar el impuesto a las energéticas y Sumar exige que sea permanente

Yolanda Díaz, Teresa Ribera y María Jesús Montero durante una sesión en el Congreso de los Diputados.

El contexto ha cambiado, el precio de la energía no es tan desorbitado como hace un año y el mecanismo ibérico está funcionando. Con este análisis sobre la mesa, en el Palacio de La Moncloa y en los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica se abre la vía a un posible “rediseño” del impuesto a las energéticas, con un Sumar que no ha entrado de lleno al choque con el PSOE pero que ya alerta de que hará de muralla para que se convierta en un gravamen permanente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este jueves la posibilidad apuntada por su vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante la COP de Dubai de que se puede modificar este impuesto, aprobado en pleno ciclo de beneficios récord de las energéticas mientras la inflación golpeaba duramente la factura de los hogares españoles y que tiene vigencia hasta 2024.

El jefe del Ejecutivo quiso rechazar que esto se deba a las amenazas recientes de Repsol de llevarse fuera de España las inversiones si continuaba la política fiscal. Hizo esta reflexión para justificar esta fase de “rediseño”: "¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Afortunadamente, gracias también a la política energética europea y en España de las energías renovables estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto pero se está reduciendo, y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable".

"Evaluar su funcionamiento, tomar una decisión"

Desde el Ministerio de Hacienda deslizan lo que están haciendo ahora mismo: “La idea es evaluar su funcionamiento y, en función de ello y de la situación, tomar una decisión”. Una elección sobre la que también quiere pronunciarse de manera directa Sumar como socio de la coalición. El diputado Iñigo Errejón expresó en X: “Mantener los impuestos extraordinarios a la banca y a las grandes empresas energéticas, que han tenido beneficios récord en los años más duros para los españoles, es una política fundamental, que debemos hacer permanente”.

Sumar ha hecho de la reforma fiscal una de sus grandes banderas. Y desde el entorno de la vicepresidenta segunda recuerdan que este impuesto está incluido en el acuerdo de gobierno firmado por los socialistas y ellos el pasado mes de octubre. “Entendemos que vamos a cumplir”, subrayan las fuentes consultadas.

En el texto rubricado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se incluía literalmente: “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar.”

En la ley de diciembre de 2022 que estableció los gravámenes temporales a las energéticas y las entidades financieras figuraba lo siguiente: “En el último trimestre de 2024 el Gobierno realizará un estudio de los resultados del gravamen, y evaluará su mantenimiento con carácter permanente. Para ello se considerará la situación de los sectores afectados, la evolución de los precios de los productos energéticos y el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades. Con carácter previo, en el último trimestre de 2023, el Gobierno elaborará un informe provisional correspondiente al primer ejercicio de aplicación del gravamen”.

Una recaudación superior a 1.600 millones de euros

Según explicó a finales de octubre la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, con estos dos impuestos el Estado había recaudado durante este año 2.900 millones de euros. El correspondiente a los beneficios de las energéticas logró en el segundo pago (el de septiembre) 827 millones de euros, mientras que el del primero en febrero fue de 817,4 millones de euros. Por lo que, de momento, ha supuesto 1.644,4 millones de euros.

En concreto, el tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del impuesto los ingresos derivados de las actividades reguladas.

El PSOE está recibiendo especial presión por parte de los nacionalistas vascos para tocar este gravemente. El presidente del EBB, la dirección del PNV, Andoni Ortuzar, calificó de “mercancía averiada” el actual diseño: “El PNV se va a implicar para que las cosas que se hagan sean razonables para todas las partes”. Y es que también este partido tiene hilo directo con Repsol, cuyo consejero delegado, Josu Jon Imaz, fue presidente del PNV entre 2004 y 2008.

La reflexión de la Comisión Europea

En este nuevo contexto se suma el informe hecho público por la Comisión Europea en el que se reflexiona sobre que ya no se dan las circunstancias, por la bajada de los precios de la electricidad, que hicieron extender los impuestos por los beneficios caídos del cielo de las energéticas.

La Comisión Europea indicó que el repunte de los precios de la energía en 2022, tras el impacto por la guerra de Ucrania tras la invasión rusa, presentó un entorno empresarial "único y favorable "para las empresas de combustibles fósiles, "a pesar de la incertidumbre reinante".

Sin embargo, estima la Comisión, con la disminución gradual de los precios de la energía a lo largo de 2023 -que se mantienen por encima de los niveles históricos- el entorno para la generación de beneficios extraordinarios "se ha moderado" en comparación con las condiciones extraordinarias del año 2022, ya que las empresas "tienen que adaptarse a un entorno económico más incierto y crecientes costes de capital".

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