Montero deja claro que la semana laboral de cuatro días no es una prioridad y pide no "desconcentrarse"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido este miércoles de que la semana laboral de cuatro días, una medida reivindicada por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no es una prioridad para el Ejecutivo ni para el área económica del Gobierno.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero respondía así al ser preguntada por las declaraciones de Iglesias apuntando que esta medida está en estudio en el Ministerio de Trabajo y por las palabras de hoy del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegurando que con el nivel de productividad actual, la semana laboral de cuatro días no debe ser una prioridad para España.

Montero ha aclarado que esta materia ni se ha abordado en el Consejo de Ministros ni en el área económica del Gobierno y ha insistido en que esto no es una prioridad "en medio de una pandemia". "No debemos desconcentrarnos de lo que ahora nos ocupa prioritariamente", ha subrayado, informa Europa Press. Así, ha recalcado que la prioridad del Gobierno es volver a las tasas de crecimiento económico anteriores a la pandemia; establecer un marco de estabilidad para atraer inversiones e impulsar la recepción de los fondos europeos para aplicarlos en proyectos transformadores para España.

"En definitiva, éstas son las tareas prioritarias del área económica y aquí es donde tenemos que poner nuestras energías", ha apuntado la ministra y portavoz del Gobierno, que ha añadido que con estas palabras deja claro cuál es su postura personal sobre la implantación en España de la semana de cuatro días. Este debate se abrió hace unos días cuando el vicepresidente Iglesias aseguró que éste era un tema que le constaba que estaba en estudio en el Ministerio de Trabajo.

La ministra del ramo, Yolanda Díaz, señaló posteriormente que éste es un debate que debe formar parte de la reordenación de los tiempos de trabajo. "Hemos de plantear lo que tiene que ver no sólo con la reducción de la jornada, sino también las horas extras o la distribución irregular de la misma", precisó hace unos días la ministra, quien recordó que estas medidas están incluidas en el programa de Gobierno de coalición y que aún no se han llevado al diálogo social.

Este mismo miércoles, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que no cree que España "sea un país que, con los niveles de competitividad y productividad que tiene, tenga que dar prioridad" a la semana de cuatro días laborables. Preguntado por si está previsto que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá a 1.000 euros en 2021, Escrivá ha dicho que no le consta; y sobre si las pensiones se verán afectadas por la bajada del IPC, el ministro lo ha negado y ha subrayado que "el objetivo es mantener el poder adquisitivo". "Con la aprobación del Pacto de Toledo, estableceremos un mecanismo reglado de cómo se actualizan las pensiones manteniendo el poder adquisitivo", ha zanjado el ministro.

Llegada de migrantes

Sobre la llegada de migrantes a Canarias, el ministro ha asegurado que el muelle de Arguineguín "no estaba preparado" para recibir a tantas personas y ha apuntado que la situación actual con la pandemia hace que sea mucho más complicado su retorno, porque los países de origen están cerrando fronteras, en una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha explicado que en enero había 100 plazas de acogida en Canarias y que ahora están trabajando en ampliarlas, pero "lleva tiempo", tras lo que ha afirmado que no le consta que se estén produciendo vulneraciones de derechos fundamentales y de asistencia legal, aunque la situación es infinitamente mejorable, en sus palabras.

Escrivá ha considerado "un juicio de valor excesivo" las palabras del titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria que supervisa el CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, que calificó de penoso el modo y la manera en que se actuó con más de 200 inmigrantes que dejaron en libertad en el muelle de Arguineguín.

"La mayoría son retornables"

"Las personas que no son vulnerables y que no piden asilo deben ser retornadas, tiene que ser así", ha defendido el ministro, que ha insistido en que la mayoría de personas que están llegando a Canarias son retornables, y ha justificado que se les mantenga en las islas con la expectativa, según él, de que vayan volviendo a sus países.

Escrivá ha destacado que España acoge a personas que piden protección internacional o que el Gobierno juzga que son vulnerables: "Una vez hacemos una evaluación, vemos cuál es el mejor sitio, en cualquier parte de España", y ha subrayado que el caso de estas personas se gestiona bien.

"El problema es que está llegando una gran cantidad de personas sin vulnerabilidades y de países con los que tenemos acuerdo de retorno", ha apuntado Escrivá, que ha dicho que alojar en hoteles a estas 7.000 personas está suponiendo un coste elevado, aunque ha añadido que no tiene la cifra exacta.

Ha apostado por trabajar en cooperación con los países de origen, y ha asegurado que desde el Gobierno están haciendo "muchísimas cosas", ya que sino este fenómeno podría ser potencialmente mucho mayor, ha dicho textualmente.

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El ministro ha destacado que cinco comunidades autónomas —País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana— han ofrecido plazas de acogida para los migrantes y ha agradecido que el Ayuntamiento de Barcelona también haya ofrecido 50 plazas: "En las próximas semanas haremos uso de ellas", ha concretado.

Escrivá ha apostado por ordenar los flujos migratorios, porque "hay áreas en el mercado de trabajo con insuficiencias", y se ha comprometido a sacar una nueva ley de extranjería en esta legislatura.

"El principio de solidaridad en ámbito migratorio europeo tiene un recorrido de mejora muy considerable", ha criticado el ministro, que ha añadido que es un fenómeno que requiere una responsabilidad que no tiene los niveles que le gustarían, ya que hay países muy reacios a interpretar los acuerdos de solidaridad.