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Montoro se niega a investigar la filtración de datos fiscales de Monedero

Montoro retoma después de dos años el plan para publicar una lista de defraudores

El Ministerio de Hacienda "no abrirá una investigación" para determinar si desde la Agencia Tributaria se dieron a conocer datos fiscales de Juan Carlos Monedero. Así de clara se muestra una portavoz del departamento dirigido por Cristóbal Montoro, a preguntas de infoLibre, respecto a las acusaciones del número tres de Podemos, que el pasado viernes anunció que había presentado sendas denuncias ante la Fiscalía y la Agencia Española de Protección de Datos por la filtración de información relativa al pago de sus impuestos.

"Es cuando menos preocupante la utilización del Estado para los fines más rastreros", aseguró Monedero el pasado viernes en la rueda de prensa que convocó para aclarar las informaciones que han aparecido en las últimas semanas sobre sus trabajos para varios gobiernos latinoamericanos. Se refería a la "caza de brujas" que, a su juicio, está sufriendo desde entonces, una supuesta persecución que ha conllevado la publicación de informaciones basadas en algunos de sus datos fiscales y movimientos bancarios.

En sus demandas, Monedero aseguraba que Montoro –el "responsable en última instancia" de la Agencia Tributaria y de las posibles filtraciones que hubiesen salido de ella– habría vulnerado su derecho a la intimidad y podría haber cometido un delito de "vulneración de secretos" al haberse difundido datos relativos a la investigación que está llevando a cabo contra él Hacienda, así como sobre los 200.000 euros que pagó en una declaración complementaria. Pero desde el Ministerio de Hacienda niegan la mayor –"ningún dato ha salido de la Agencia Tributaria", aseguran– y, por ello, no van a iniciar una investigación interna para aclarar si han existido filtraciones de los datos fiscales de Monedero.

"Damos por hecho que los datos de Juan Carlos Monedero no han salido de la Agencia Tributaria", zanja la portavoz de Hacienda a este respecto. No obstante, para Hacienda sería muy sencillo averigüar si ha existido alguna filtración relativa a los datos fiscales del dirigente de Podemos, ya que todas las consultas que se realizan a las fichas de los contribuyentes o las empresas quedan registrados en un mecanismo conocido como "huella digital", que normalmente está a disposición de un servicio de auditoría interna que verifica los posibles accesos indebidos.

Se registra quién y cuándo se accede a los datos

Este registro almacena la información del ordenador desde el que se ha accedido a cada perfil, así como la hora y el día exactos de la consulta y los datos por los que el funcionario se interesa. Los inspectores y técnicos de Hacienda tienen permisos para entrar en todos los perfiles que se encuentran en su plan de comprobación, pero no pueden acceder a esta huella digital: el acceso al registro de consultas está restringido a los jefes de seguridad y de recursos humanos, tanto de los servicios centrales de la Agencia Tributaria como de sus diferentes delegaciones territoriales.

De forma periódica, diferentes funcionarios son cuestionados aleatoriamente por los motivos por los que accedieron a los datos de un contribuyente; si sus explicaciones no son satisfactorias, se inicia una investigación reservada para determinar si ha habido una inspección indebida. En el caso de Monedero, tan sólo deberían figurar unas pocas consultas a su perfil en el momento en el que se le abrió la investigación a la que está siendo sometido: la de dos responsables de determinar el inicio de la misma y la del funcionario o funcionarios que la estén llevando a cabo.

En cualquier caso, aunque no se abra la investigación interna, es posible que sí se indague finalmente sobre las posibles filtraciones por parte de algún funcionario o dirigente de Hacienda. Monedero pide en su denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos que se investigue el origen de los datos que publicaron varios medios de comunicación, y exige que se "dicte resolución por la que se sancionen" estas filtraciones. Y se apoya en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que le garantiza el derecho a una indemnización –artículo 19– y establece unas actuaciones concretas para investigar posibles vulneraciones de la intimidad por parte de las Administraciones –artículo 46–.

Posible vulneración de la Ley General Tributaria

En concreto, la denuncia del dirigente de Podemos cita dos ejemplos de que su información fiscal ha trascendido a la opinión pública: una información de El Mundo, que el día 9 de febrero explicaba que "Monedero, que está siendo investigado por la Agencia Tributaria por un presunto delito fiscal, recibió 425.150 euros a finales de 2013 en su cuenta personal por un supuesto trabajo de consultoría política", y otra de eldiario.es, cuyo director, Ignacio Escolar, publicó en su blog que "si Juan Carlos Monedero ha presentado una declaración complementaria y ha pagado 200.000 euros al fisco, implícitamente está admitiendo que antes hizo algo mal".

El número tres de Podemos sostiene que, de demostrarse que estas filtraciones provienen de la Agencia Tributaria, Hacienda podría haber vulnerado la Ley General Tributaria. "Se han publicado datos fiscales de este ciudadano, cuando el artículo 95 de la Ley General Tributaria señala el carácter reservado de los datos fiscales", señala Monedero, basándose en el punto 3 de este epígrafe, que reza que "cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes [respectivos a la información tributaria] estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos".

De igual forma, en su denuncia ante la Fiscalía, el dirigente de Podemos afirma que la revelación de información relativa al pago de sus impuestos está castigada por el artículo 417 del Código Penal, que establece que "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".

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