Las víctimas intentan llevar al banquillo por segunda vez en 24 horas a los autores del 'Protocolo de la Vergüenza'

"Decían que estaba bien mientras se estaba muriendo y le negaron el traslado al hospital porque vivía en una residencia. Eso es discriminación y por eso estamos aquí, tantos años después". Con esta mezcla de agotamiento y determinación Bárbara explica a infoLibre por qué decidió llevar ante la justicia la muerte de su padre —una de las 7291 personas fallecidas en las residencias madrileñas durante la primera ola del covid—. Su querella es la que ha obligado a que este miércoles los tres ex altos cargos vinculados a los 'Protocolos de la Vergüenza' —desvelados por este periódico— estén citados a declarar como investigados en el Juzgado de Collado Villalba. Su causa es una de las ocho que han logrado romper años de bloqueos, archivos y dilaciones.

Sin embargo, lo ocurrido este martes en Plaza de Castilla —un anticipo de lo que podría repetirse este miércoles— la ha dejado con sentimientos encontrados. El Juzgado de Instrucción 23 había citado a los tres ex altos cargos implicados en los 'Protocolos de la Vergüenza' como investigados por otra querella distinta, pero solo compareció Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los principales responsables del diseño de esos protocolos. El juzgado afirmó no haber podido localizar ni al ex director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, ni al ex gerente del SUMMA 112, Pablo Busca, pese a varios intentos de citación. Una situación que la acusación considera "injustificable".

En la sala, Peromingo reconoció ante la jueza que los protocolos existieron y eran discriminatorios, un hecho que las familias llevan años intentando que se admita en sede judicial. "Te enfada y te desanima, porque es siempre lo mismo", admite Bárbara. "Pero que Peromingo haya dicho que los protocolos existieron y que eran discriminatorios es un paso. Pequeño, pero un paso".

Esta no es la primera vez que Bárbara acude a la Justicia. En 2020 presentó una denuncia centrada en la responsabilidad política durante la pandemia con la que logró que Carlos Mur declarara como testigo en 2023. Aquella vía terminó de nuevo cerrada, pero la familia no perdió la esperanza. Ahora, ya integrada en la macrodenuncia coordinada por las asociaciones, que investiga un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, ha conseguido que los tres exdirectivos estén citados este miércoles como investigados. "Ojalá acudan los tres, si no será otro golpe", reconoce. "Pero por lo menos ya no pueden fingir que nunca hubo protocolos. Hoy se ha dicho ante una jueza, por fin".

"Nos dijeron que no podían llevarlo al hospital"

El padre de Bárbara llevaba dos años viviendo en la residencia Sanitas de Torrelodones, en Madrid. Pese a su deterioro cognitivo avanzado, estaba estable y bien atendido, pero todo cambió con la pandemia. Las visitas se cancelaron de un día para otro y la comunicación quedó reducida a una aplicación interna que apenas ofrecía información. "De repente ya no podíamos verlo, ni hablar con él ni saber nada. Dependíamos de mensajes sueltos en una aplicación y preguntábamos, pero era desesperante porque nunca sabíamos nada", relata.

A partir de ese momento, comenzaron a observar cambios de habitación sin explicación, comunicaciones confusas, medicación administrada sin previo aviso y, sobre todo, la sensación de que nadie supervisaba realmente el estado del residente. "Supimos por casualidad que le habían puesto un antibiótico. Preguntamos por qué y nos dijeron que tenía infección de orina, pero sin detalles y sin una sola llamada médica", recuerda Bárbara. "Era como si la información estuviera restringida. Como si no quisiéramos saber más de la cuenta".

La falta de atención médica era evidente incluso a distancia. El hombre estuvo días sin ser visto por un facultativo pese a tener fiebre, heridas y signos claros de empeoramiento. "Había jornadas enteras en las que no entraba un médico en su habitación y, cuando llamábamos, no cogían el teléfono o nos decían que ya nos informarían. Vivíamos en la incertidumbre absoluta", denuncia.

Mientras a otros residentes sí se les realizaban pruebas diagnósticas de covid mediante la sanidad privada —según pudo saber la familia—, a él nunca le practicaron un test, pese a las insistentes peticiones. La residencia respondía que estaba "estable", aunque sufría fiebre persistente, una infección sin resolver en el sacro, heridas sin tratar y una saturación de oxígeno cada vez más baja. "Decían que estaba como siempre, pero estaba enfermo y nadie lo valoraba", recuerda.

El momento más doloroso llegó cuando, tras diez días de empeoramiento, un médico llamó por fin a la familia. Les comunicó que habían consultado con los geriatras del Hospital Puerta de Hierro, pero que el traslado estaba descartado. "Nos dijeron claramente que no podían llevarlo al hospital, que esa opción no existía para él, y ahí se te cae el alma", relata Bárbara.

A partir de entonces solo quedaba esperar. Su estado era crítico, pero aun así no recibió valoración hospitalaria al no contemplarse el traslado. La familia vivió esas horas finales como un desamparo absoluto. "El día que nos llamaron para despedirnos fue devastador. Me dijeron que estaba saturando muy poco oxigeno, con fiebre muy alta, y que le iban a poner morfina. Cuando llegamos, ya no se enteraba de nada y fue horrible", recuerda.

"No queremos otro intento fallido"

Como tantas otras familias, Bárbara interpuso en 2020 una primera denuncia dirigida contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero Enrique Ruiz Escudero y diez directores de residencias madrileñas. Formaba parte de una oleada de denuncias que señalaban la gestión política de la pandemia. "La cerraron, la abrieron, la volvieron a cerrar, por lo que fue un ir y venir constante", recuerda. "Siempre parecía que faltaba algo, que había que esperar, que no tocaba investigar".

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Ese procedimiento solo logró un avance parcial ya que en 2023, y gracias a la insistencia de la familia, Carlos Mur declaró como testigo. No obstante, la causa terminó archivada de nuevo. "Fue muy frustrante. Sentías que cada paso se daba para ganar tiempo, que querían que nos cansáramos y abandonáramos", relata.

La diferencia llegó con las nuevas querellas basadas en el delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, un enfoque jurídico impulsado por las asociaciones de familiares y que ahora guía la investigación. Esta vía ha permitido sortear los archivos masivos y abrir diligencias que señalan directamente a quienes firmaron y aplicaron los Protocolos de la Vergüenza. "Sin esta vía, nada de esto existiría", reconoce Bárbara. "Es la primera vez que vemos una investigación penal centrada en lo esencial debido a que a nuestro padre no se le trasladó porque vivía en una residencia. Eso no es un fallo médico, es una orden".

Bárbara afronta la jornada de este miércoles con serenidad, pero también con una advertencia: "Hemos visto demasiados retrasos y no queremos otro intento fallido. Que vayan, que declaren y que expliquen por qué se tomaron esas decisiones. Sin eso, no habrá justicia, pero no vamos a rendirnos".