Feijóo copia el marco de Vox y presenta a España como un paraíso de la inseguridad frente a los datos reales

El de la seguridad es uno de los campos de batalla de la extrema derecha desde hace décadas. Partidos como Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia ya introdujeron ese marco en el país vecino en la década de los 80, estableciendo un vínculo directo entre inseguridad e inmigración de origen árabe. Otras extremas derechas siguieron la estela —no solo europeas, también americanas— y lo han utilizado como elemento de confrontación hasta la actualidad. Desde el presidente norteamericano, George Bush, y su declarada "guerra contra el Terror" hasta Donald Trump, desplegando a la Guardia Nacional en ciudades demócratas, pasando por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha utilizado la seguridad del país como pretexto para saltarse los derechos humanos. 

En el caso español, Vox también ha tratado de explotar este concepto, presentando a España como un país "inseguro" y vinculando esa supuesta inseguridad con la llegada de migrantes, pese a que los datos del Ministerio del Interior lo desmienten. La tasa de criminalidad se encuentra actualmente en 40,6 delitos por mil habitantes, la más baja de la serie histórica, según los datos del primer trimestre de 2025 del Ministerio de Interior. Sin embargo, no hay día en que las principales cuentas de la ultraderecha no suban contenido a redes sociales de peleas, robos o cualquier situación violenta para tratar de fabricar una situación del país que no es tal, asociándolo con los migrantes.

Y ahora es el Partido Popular el que sigue la estela de Vox. El pasado miércoles su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, presentó una serie de medidas en Toledo para combatir la supuesta inseguridad en su discurso en el congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Aseguró que en caso de llegar a La Moncloa pondrá en marcha una "estrategia integral más ambiciosa" para frenar una delincuencia que "campa a sus anchas" gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que su formación gobierna en once comunidades autónomas y las competencias en materia de seguridad están compartidas entre varias administraciones, incluyendo las locales.

Así, el líder de los conservadores compraba el marco de la extrema derecha al relacionar inseguridad con delincuencia, robos y agresiones sexuales, y al poner como solución reforzar los cuerpos policiales o la protección civil. Una inseguridad que, sin embargo, no aplica a conceptos como la falta de vivienda, el mercado laboral o el salario mínimo interprofesional, aunque su impacto sobre la seguridad de la población es tan o más potente que el uso del Código Penal. Según explicaba a infoLibre el profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad Pompeu Fabra Jordi Mir, "la gente tiende a pensar que hay más violencia y delincuencia de la que realmente existe", lo que a su juicio "claramente tiene que ver con la realidad que se construye y no con la que es".

Feijóo frente a los datos oficiales

Eso es precisamente lo que hizo Feijóo el pasado miércoles. "Más de la mitad de los españoles cree que la seguridad está empeorando", dijo el líder de la oposición, amparándose en las encuestas pero no en los datos oficiales. Lo cierto es que la tasa de criminalidad —el número de crímenes por cada 1.000 habitantes— se ha mantenido prácticamente inalterable desde que hay registros, es más, lo que sí ha aumentado los últimos años son los delitos informáticos frente a la criminalidad convencional, que ha sufrido un descenso. Tampoco hay un vínculo directo entre la inmigración y la delincuencia, como insiste la derecha.

Eso puede verse en casos concretos como la tasa de homicidios dolosos y asesinatos consumados, que se redujo un 15% entre 2010 y 2024, pero también en casos menos graves como las okupaciones, cuyo número no se corresponde con la burbuja política y mediática creada por la derecha, ya que los datos muestran que solo una ínfima parte de las viviendas están ilegalmente ocupadas. "Hay mucha más gente que no puede acceder a una vivienda digna que personas a quienes se les ha ocupado una", subraya Mir.

El líder del PP presentó un decálogo con diez medidas entre las que incluyó "perseguir la captación de jóvenes con el objetivo de delinquir", reforzar las medidas "contra el crimen organizado" o mejorar la lucha contra la "ciberdelincuencia". También ahondó en la línea punitivista y antiinmigración que caracteriza a la derecha al hablar de endurecer las penas cuando se acumulen delitos leves, aumentar los supuestos prisión provisional y defender las expulsiones inmediatas en caso de que los delincuentes sean extranjeros.

La número dos de Marlaska confronta a las derechas

El conservador también puso el foco en las agresiones que sufren las mujeres, que sí han experimentado una subida desde que hay registros y que el ministerio del Interior achaca a la mayor disposición de las víctimas a denunciar estos hechos ante la policía que hace más de una década. Así, Feijóo planteó derogar el "fracaso" de la Ley del solo sí es sí —aunque, en privado, en Génova no concretan si toda la ley o sólo algunos aspectos— y endurecer las penas para "disuadir" a los agresores porque las actuales "no son suficientes": "Hace falta penas más duras que disuadan a los agresores. Uno de cada cuatro delincuentes sexuales son reincidentes, lo que demuestra que las actuales penas no son suficientes", sostuvo el conservador.

El PP volvió a entrar en marco de Vox al presentar a los agresores sexuales como "multirreincidentes" que no se corresponde con la realidad. Un estudio de Instituciones Penitenciarias con datos entre 2009 y 2019 sobre la reincidencia de los presos, determinó que aquellos condenados por este tipo de delitos no tienden a reincidir cayendo en el mismo hecho delictivo. Mientras que la tasa más alta de reiteración en el mismo delito se da en los casos de robo y hurto (76,29%), contra la salud pública (42,48%) y en el ámbito de la violencia de género (41,6%), los delincuentes sexuales que reinciden cometiendo el mismo delito se instalan en el 22,2%.

Preguntada por este aumento, la secretaría de Estado de Seguridad, Aina Calvo, respondía así en la comisión del Congreso de Interior que se celebró el jueves. "El incremento de denuncias creo que señala que muchas mujeres han dicho que hasta aquí, y da igual quién sea el agresor, si pertenece a un partido político, pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es médico o no tiene formación”, fue su respuesta, al hilo de la pregunta del diputado del PP a colación el caso del exasesor socialista Francisco Salazar.

En esa misma comparecencia, Calvo ironizó ante el infierno presentado por los portavoces de la derecha respecto a la delincuencia generalizada, a la que vincularon con la inmigración. "España se hunde, España es un pozo de indecencia, de crimen organizado, de delincuencia descontrolada, de terrorismo que campa a sus anchas... En fin, todo mal", le espetó al portavoz de Vox, para después destacar la "diversidad de origen" en hospitales, hoteles, el campo, la industria y también la Guardia Civil, donde dijo hubo "28 nacionalidades" de origen en la última promoción. "Para ustedes serían poco más que predelincuentes", señaló.

La número dos de Fernando Grande-Marlaska también criticó las contradicciones de la derecha al presentar a España como un país invivible pero también como el destino perfecto para el turismo. "Cuando se sientan con la patronal turística, ¿ustedes les trasladan que tenemos un país con una criminalidad disparada?", le preguntó al diputado del PP, Alberto Sánchez Ojeda. "Un país que recibe a 90 millones de visitantes no parece que vengan a una bienvenida terrorífica", añadió, tras tachar de "alarmista" su alegato.

Una ley de multirreincidencia avalada por Junts, PSOE y PP

Pero el PP no es el único instalado en la misma retórica que Vox sobre la reincidencia. Junts Per Cataluña presentó el 12 de abril una proposición de ley en materia de multirreincidencia sobre hurto y estafa que fue rechazada por el Congreso, en referencia a la comisión de un mismo delito en repetidas ocasiones, la mayoría de las ocasiones pequeños robos o hurtos.

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Lo que los catalanes proponen es modificar el Código Penal para endurecer las condenas por reincidencia en hurtos leves y acelerar los procesos contra delincuentes reincidentes y que comentan delitos de manera continuada. Una ley que el PSOE ha aceptado acelerar y que contará con el previsible voto a favor de la formación de Sánchez, de Feijóo y de Carles Puigdemont. La incógnita es qué hará Vox, que en 2022 ya presentó una iniciativa similar en la Cámara y entonces fue rechazada.

En la exposición de motivos de la ley, Junts hacía alusión a las quejas de alcaldes de su formación que denuncian una supuesta "alarma social "por la "oleada de delitos" por parte de un "reducidísimo grupo de personas" que el "sistema no era capaz de evitar", aunque trataba de desvincularlo de la inmigración. La Cámara Baja rechazó en ese momento la iniciativa, el PP la volvió a presentar el 26 del mismo mes, logrando, esta vez, que el Congreso la tomara en consideración el 18 de junio de este año.

El tema sobre el que trata no es casual, con la amenaza de Aliança Catalana ciñéndose sobre los independentistas catalanes —que según el último CEO se dispararía hasta los 19-20 diputados frente a un Junts que perdería quince escaños— y fue, precisamente, uno de los compromisos de Sánchez en una entrevista reciente para tratar de reconducir la relación con la formación de Puigdemont tras el anuncio de ruptura. De esa forma tanto el Gobierno como el PSOE entra de lleno en un asunto impulsado en el Congreso la extrema derecha y que ha usado habitualmente para vincular inmigración con delincuencia.