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El País Vasco obliga a contratar con media hora de antelación los VTC tras la llegada de Uber

Coches VTC de empresas como Cabify y Uber.

infoLibre

Los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que dan servicio en el País Vasco deberán contratarse con una antelación mínima de treinta minutos a partir de este sábado, 21 de diciembre. Así lo establece el Decreto que el Gobierno de la región ha aprobado este martes, apenas dos meses después de que el pasado 31 de octubre Uber comenzara a operar en Bilbao.

El País Vasco se suma así a otras comunidades que han aprobado ya medidas restrictivas para este tipo de vehículos, como Cataluña y la Comunidad Valenciana. En el caso de Euskadi, el Consejo de Gobierno de este martes ha aprobado el Decreto que regula las condiciones de prestación de servicios de VTC, que obliga a contratar estos coches con una antelación mínima de 30 minutos desde la fecha de entrada en vigor de la norma, esto es, el sábado 21 de diciembre, según informa Europa Press.

El objeto del Decreto es regular las condiciones de explotación y control de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, en relación a las condiciones de precontratación, solicitud de servicios y captación de clientes, aplicables a los servicios que se presten íntegramente en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El decreto recoge la obligación de que los servicios realizados deben ser contratados previamente a su realización y concreta las condiciones de la contratación previa. Desde que se efectúa la solicitud de arrendamiento y se produce el inicio de la prestación efectiva del servicio, la normativa establece que deberá transcurrir, con carácter obligatorio, un mínimo de 30 minutos.

Además, los VTC no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas para buscar clientes, ni propiciar la captación de viajeros quedando parados en doble fila o en espacios urbanos sin servicio cuando no hayan ni contratado ni solicitado previamente el servicio con la referida antelación de 30 minutos.

Asimismo, los vehículos autorizados como VTC no podrán ser geolocalizados ni en ninguna aplicación que pueda facilitar a potenciales usuarios del servicio su ubicación exacta y una transacción directa que no pase por la solicitud previa a la empresa, siendo ésta la que conozca en todo momento la situación de su flota.

Inspección y control

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, detalló que el Decreto es fruto de la norma nacional aprobada a finales del pasado año. Asimismo, ha subrayado que tras cumplimentar todos los trámites necesarios, la norma cuenta con el "visto bueno" de las diferentes administraciones vascas (ayuntamientos y diputaciones), así como de la mesa sectorial de los taxis y la patronal VTC de Euskadi.

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Según ha explicado, a partir de este sábado el Gobierno Vasco se coordinará con ayuntamientos y diputaciones en las tareas de inspección y control del cumplimiento de la nueva norma, para "garantizar que el sector de las VTC cumpla con los requisitos fijados en la normativa". "La vigilancia se realizará entre las tres administraciones de forma absolutamente coordinada", ha indicado.

Por otro lado, Tapia ha subrayado que el decreto aprobado es fruto de una colaboración de la Mesa del Taxi y VTC. "Frente a los enfrentamientos y conflictos en otras comunidades autónomas, en Euskadi ambos modelos de negocio han trabajado de forma conjunta en la elaboración de una norma de aplicación en Euskadi, que regule de la manera más eficaz y ordenada la actividad del sector en el marco normativo vigente y que atienda a todas las realidades existentes", ha señalado.

Preguntada por el informe de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) que considera "discriminatoria" y "restrictiva" la obligatoriedad de que estos servicios tengan que contratarse con antelación, Tapia ha explicado que este informe "es preceptivo pero no vinculante", y ha destacado que las medidas contempladas en el decreto están recogidas en la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en Real decreto de 2018.

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