Prensa

Cuando el periodista se convierte en el objetivo

El colectivo de periodistas durante una concentración frente al Tribunal Supremo en diciembre de 2018.

El periodismo de investigación y tribunales se ha convertido en los últimos años en una profesión de riesgo. Este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordó la citación como investigados de una docena de informadores de ocho medios de comunicación por revelar partes del sumario sobre los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) imputados por terrorismo y encarcelados por orden de la Audiencia Nacional cuando las actuaciones se encontraban todavía bajo secreto. El movimiento judicial ha obligado a la Fiscalía General del Estado a moverse. Y las asociaciones y sindicatos de periodistas no han tardado en cargar contra lo que consideran un “ataque a la libertad de información”. Críticas que en los últimos años se han convertido en habituales a raíz de casos como Football Leaks, Operación Tándem, Máster de Cifuentes o Cursach, que ha terminado derivando en el procesamiento del que fuera juez instructor por requisar los móviles y controlar las comunicaciones de periodistas para localizar el origen de una filtración.

La investigación contra la docena de informadores tiene su origen en la decisión de las defensas de los CDR de pedir la apertura de una pieza separada en la causa para indagar sobre la “filtración masiva” de varias partes del sumario secreto para aclarar si procedía “de la Guardia Civil o de la Fiscalía”. En la denuncia, los abogados criticaban que medios de comunicación hubieran publicado de forma “exhaustiva” autos del procedimiento mientras las partes afectadas no tenían “el más mínimo conocimiento de los hechos” más allá de la imputación provisional de sus defendidos. Y solicitaban al magistrado que se eliminasen los contenidos publicados al considerar que afectaban a la “intimidad y seguridad” de los defendidos. Informaciones en las que, entre otras cosas, se señalaba que los investigados se reunieron con la hermana del expresident catalán Carles Puigdemont para “establecer comunicaciones seguras” entre el exlíder de la Generalitat y su sucesor en el cargo, Quim Torra.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional entendió entonces que los hechos podían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos. Sin embargo, consideró que el órgano competente para investigarlos no era la Audiencia Nacional, por lo que solicitó que se remitiera el caso a los juzgados ordinarios de Madrid. Ahora, el de Instrucción número 41 de la capital ha decidido citar como investigados a la docena de periodistas que tuvieron acceso a esa información y la publicaron considerando que tenía interés público. Un movimiento polémico que ha obligado a la Fiscalía General del Estado a pronunciarse. “Estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resolución”, ha asegurado este miércoles a los medios en la Ciudad de la Justicia de Barcelona la fiscal general del Estado, María José Segarra, quien ha insistido en que el Ministerio Público analizará “esa incoación y las decisiones que se han adoptado” desde la perspectiva de “la defensa del derecho a la libertad de transmitir información y opinión veraz”.

La citación de los periodistas como investigados vuelve a poner sobre la mesa el eterno conflicto entre la libertad de información y el secreto sumarial. Sobre las habituales filtraciones se pronunció en 2012 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, quien en pleno maremoto político derivado de la Gürtel anunció que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se había puesto en marcha en su departamento incluiría “un sistema severo de sanción administrativa” para evitar los soplos y limitaría a un mes la posibilidad de mantener el secreto de sumario. Tres años después fue su sucesor, Rafael Catalá, el que sugirió que “un buen debate sería trasladar” el castigo “al medio” e imponer “la obligación de la no publicación de la información”. Algo similar deslizó un par de años más tarde el entonces fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. “A lo mejor si nos planteamos esa posibilidad [castigar a los medios] habría menos filtraciones y eso perjudicaría menos al Estado de Derecho”, apuntó el representante del Ministerio Público.

La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha sido duramente criticada desde varias asociaciones y sindicatos de periodistas, que han señalado que la imputación constituye “un ataque a la libertad de información que garantiza la Constitución” que además “contradice la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Todas ellas han recordado que “la ley sanciona a los que filtran y no a los que reciben la filtración”. “Los que tienen que guardar silencio son los funcionarios”, ha apuntado la Asociación de la Prensa de Madrid en un comunicado. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, por su parte, ha recalcado que los informadores “no cooperan en la revelación de secretos, como señala el magistrado, sino que ejercen su derecho constitucional a difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables y de interés general”. Además, todos estos colectivos han recordado, por si lo que se pretende es descubrir el origen de la filtración, que los periodistas están amparados por el derecho al secreto profesional.

Juez procesado en Baleares

No es la primera vez que los tribunales ponen la lupa sobre los informadores. De hecho, pocas horas después de que se conociera la investigación relacionada con el caso de los CDR, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar como imputados por un delito de desobediencia tanto al director como al subdirector de El Confidencial en el marco de una de las piezas separadas del caso Villarejo. La decisión se ha adoptado después de que el medio decidiese seguir publicando los audios del comisario jubilado relacionados con sus trabajos para Iberdrola. El pasado martes, García-Castellón libró un oficio para que el diario digital entregase toda la documentación que tuviera sobre las relaciones de la energética con Villarejo y se abstuviera de publicar nada más. Sin embargo, decidió seguir informando al considerar que el oficio “carecía de un relato fáctico y jurídico que justificara su fundamento”.

Las imputaciones de estos catorce periodistas llegan casi un año después de que saltara la alarma por otra decisión judicial, esta vez en Mallorca, que ponía el foco en los informadores. Era diciembre de 2018 y el entonces instructor del conocido como caso Cursach, en el que se investiga una trama de corrupción que salpica a policías locales, políticos y funcionarios, decidió ordenar la incautación de material profesional y personal –ordenadores y móviles– a dos redactores de Diario de Mallorca y la delegación balear de Europa Press con el objetivo de descubrir el origen de la filtración de un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. El juez Miguel Florit actuó respaldado por el Ministerio Público, cuyos portavoces confirmaron entonces la apertura de “una pieza secreta por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos”, aunque aclararon que en ella no se estaba investigando a ningún informador. La decisión fue calificada por varios centenares de informadores como “insólita” e “injustificada”.

Ahora es Florit el que se encuentra bajo la lupa de la justicia por la querella que Diario de Mallorca y Europa Press interpusieron contra él. El pasado mes de junio, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) Felisa Vidal dictó auto de procesamiento contra el juez al apreciar que los hechos estudiados podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista y de interceptación legal de las comunicaciones –también ordenó obtener el listado de llamadas y geoposicionamientos de los informadores–. La magistrada identificó cuatro autos de Florit “susceptibles de ser tildados de prevaricadores” al considerar que el juez no motivó suficientemente las resoluciones que afectaban a los derechos de los periodistas. Así, por ejemplo, en relación con la resolución con la que se obtuvieron las llamadas de los redactores, Vidal señala que “contiene una justificación lacónica”. El pasado mes de septiembre se acordó la apertura de juicio oral.

De Football Leaks al caso Máster

La publicación de informaciones sobre las actividades en paraísos fiscales de futbolistas, representantes y clubes también terminó salpicando a los periodistas. Nada más estallar Football Leaks, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, emitió un auto en el que ordenaba “la paralización y/o prohibición de publicación” de la información “a la que haya podido tener acceso” el European Investigative Collaborations, del que entonces formaba parte El Mundo y en el que en la actualidad participa infoLibre, tras asumir las tesis del bufete Senn Ferrero. Cuatro meses después, el magistrado decidió imputar al presidente de Unidad Editorial, al entonces director de El Mundo y a tres periodistas del periódico por revelación de secretos y desobediencia, un delito que se derivaba de no haber atendido la orden de Zamarriego. Finalmente, se dio carpetazo al asunto después de que las partes llegaran “a un acuerdo extrajudicial en lo relativo a la divulgación de la información hackeada que se investiga en la presente pieza separada”.

Sí que continúan como investigados los periodistas de eldiario.es que destaparon el caso Máster. Ambos están acusados por la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes de un delito agravado de revelación de secretos por las noticias publicadas sobre las presuntas irregularidades existentes alrededor del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la exdirigente conservadora en la Universidad Rey Juan Carlos. El caso ya ha pasado por las manos de tres instructores diferentes. De hecho, la decisión de Cifuentes de querellarse contra los informadores llevó a la plataforma del Consejo de Europa para la protección del periodismo a alertar sobre la amenaza que esto suponía para la libertad de prensa. Las asociaciones de prensa también salieron en apoyo de los periodistas señalando que ambos “ejercieron escrupulosamente” su derecho a la libertad de información mediante “informaciones veraces, diligentemente contrastadas” que ponían de manifiesto “un hecho de indudable interés general”.

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