Piden reconocer como víctima de violencia machista a la mujer trans asesinada en Marbella
La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha presentado tres escritos ante instancias judiciales y del Gobierno para exigir que el asesinato de Franyel, mujer trans 35 años asesinada por su pareja el pasado domingo en San Pedro Alcántara, núcleo de población de Marbella (Málaga), sea reconocida como víctima de violencia machista.
El asunto será investigado por una plaza de la sección de instrucción y no de violencia sobre la mujer, dado que la víctima no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal indispensable en este ámbito, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
ATA ha dirigido sus escritos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella- Plaza número 2, que investiga los hechos; a la Fiscalía Provincial de Málaga, Sección de Violencia sobre la Mujer; y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, según ha informado ATA este viernes en un comunicado.
Ante el órgano judicial y la Fiscalía, ha trasladado los argumentos jurídicos para que se valore la competencia del órgano especializado en violencia sobre la mujer, "evitando que la falta de adecuación de la documentación registral de Franyel prevalezca sobre su identidad como mujer y sobre la realidad de la relación sentimental que mantenía con el investigado".
La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, ha argumentado que la finalidad de las leyes contra la violencia de género es proteger a las mujeres frente a la violencia machista, y ésta "no puede quedar anulada por una circunstancia meramente documental".
"Franyel era una mujer y fue asesinada por quien era su pareja. Interpretar una norma destinada a proteger a las mujeres de una forma que la deje fuera por lo que figura en un documento sería contrario a su propio espíritu y finalidad", ha declarado.
Además, ha advertido de la "especial situación" de las mujeres trans migrantes, cuya documentación de origen puede no corresponderse con su identidad de género, y considera que "esta circunstancia administrativa no puede convertirse en una puerta de exclusión del sistema de protección frente a la violencia machista".
La organización también ha trasladado el caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a la que solicita que impulse las actuaciones necesarias para garantizar un tratamiento institucional del asesinato con perspectiva de género y pleno respeto a la identidad de Franyel.
"Lo que se decida marcará también qué respuesta encuentran otras mujeres trans, especialmente migrantes, ante la violencia machista", ha insistido.
El presunto homicida, un hombre de 59 años fue arrestado por la Policía este lunes tras confesar el crimen a la llegada de los agentes a la vivienda, y el juez ordenó el miércoles su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Será investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio.
Feministas contra la ley trans respaldan que no sea violencia de género
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que reúne a grupos feministas contrarios a la ley trans, ha respaldado la decisión del tribunal de no investigar como violencia de género el asesinato.
Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres "la cuestión no es la gravedad del crimen, que debe ser investigado y castigado con toda la contundencia del Código Penal, sino su correcta calificación jurídica".
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Argumenta que la ley integral contra la violencia de género de 2004 no se aplica en función de identidades o percepciones subjetivas, sino que recoge las circunstancias que deben concurrir.
"No concurre el presupuesto legal de un hombre que ejerce violencia sobre una mujer que es o ha sido su pareja, ni puede calificarse esa relación como expresión de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres", señala.
"Existía una relación de pareja pero entre dos personas del mismo sexo biológico y, en este caso, también del mismo sexo registral", añade este grupo de entidades feministas, que incide en que debe encuadrarse como violencia doméstica.
