Privatización de la sanidad

La privatización de 6 hospitales, controlada por un magistrado casado con una consejera de Cospedal

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Un mes después de que el Gobierno de Madrid montara en cólera por la decisión de un juez –el segundo– de suspender el proceso privatizador sanitario, recordase que otros dos autos habían avalado el plan del PP y recalcase que “urge aclarar la situación”, el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de ordenar que todos los recursos sobre esa materia queden bajo su control.

El presidente de esa Sala es Gerardo Martínez Tristán, casado con Marta García de la Calzada, consejera de Fomento en el Gobierno manchego de María Dolores de Cospedal y que hasta 2009 fue alto cargo del Ejecutivo madrileño. Martínez Tristán es uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso tendrá que elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Con 108 avales, Martínez Tristán compite como “no asociado”.

En una resolución dictada el pasado día 11 pero conocida ayer martes a última hora, Martínez Tristán ordena que todos los recursos contencioso-administrativo planteados contra la externalización de seis hospitales sean analizados por una sala que formará con los magistrados que dependen de él mismo: es decir, los que componen el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM.

"Extiéndase este llamamiento -dice la orden de Tristán- a todos los recursos existentes en la Sala con el mismo objeto, cualquiera que sea su trámite procesal". La resolución añade cómo funcionará el nuevo sistema específico para los recursos sobre la sanidad madrileña: "A partir de la fecha de este acuerdo, en todos los procedimientos, para el despacho ordinario la Sala se compondrán del presidente de la Sala [Martínez Tristán], el presidente de la Sección correspondiente y el ponente que ya viniera establecido en la sección de origen".

Fuentes de AFEM, la asociación de facultativos que abandera las protestas contra la privatización sanitaria, sostienen que el paso dado por el magistrado es “por completo inusual”. La ley prevé la acumulación de actuaciones cuando todas ellas vayan contra la misma decisión administrativa. Pero las fuentes consultadas sostienen que, en todo caso, la acumulación no tendría por qué haberse producido de este modo. 

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