La quinta remodelación del Consell en dos años y medio evidencia la fragilidad del PP con sus socios

Juanfran Pérez Llorca presentó este miércoles a su nuevo Consell, el quinto en dos años y medio de legislatura. El presidente valenciano optó por una línea continuista con su antecesor, Carlos Mazón, al mantener a todos los consellers salvo a la responsable de Hacienda, Ruth Merino. Sin embargo, sí lanzó más de un mensaje en clave interna al disminuir la influencia de la vicepresidenta Susana Camarero, la cara visible de Mazón durante la dana, que deja la portavocía del Consell y la cartera de Servicios Sociales. Para sustituirla al frente de la portavocía optó por el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. Un perfil duro, muy de partido, que contrasta con las llamadas al diálogo que invoca con reiteración Pérez Llorca desde que fue investido presidente el pasado jueves.

Pérez Llorca también desmontó la estructura de la sala de máquinas de su antecesor en el Palau. Además de destituir a las dos personas de máxima confianza del exjefe del Consell, José Manuel Cuenca y Santiago Lumbreras, como secretarios autonómicos, nombró a cargos de la época de Francisco Camps y Alberto Fabra para formar parte de su gabinete: Henar Molinero, que será la secretaria autonómica de Presidencia, y Jacobo Navarro, como nuevo secretario autonómico de Análisis y Políticas Públicas.

Nombres a los que se suma el de Vicente Ordaz como secretario autonómico de Comunicación. Hace un año, Ordaz fue elegido como presidente del consejo de administración de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, donde ha recibido múltiples quejas por parte de la plantilla por decisiones como emitir una corrida de toros del año 1997 en lugar de un especial informativo sobre la multitudinaria manifestación contra Mazón un año después de la dana, o por la apuesta por la castellanización de los contenidos.

Más allá de los nombres concretos, la nueva remodelación muestra la debilidad de un Ejecutivo en minoría tras las anteriores crisis. La primera se produjo en 2024 tras el golpe de mando del líder de Vox, Santiago Abascal, que decidió romper con todos los gobiernos autonómicos del PP; la siguiente llegó tras la dana de octubre, con el cese de la exconsellera Salomé Pradas y Nuria Montes; la siguiente se produjo con el nombramiento de Francisco Gan Pampols como vicepresidente para la reconstrucción y la penúltima tuvo lugar solo hace unas semanas, cuando Pampols abandonó el cargo y Mazón nombró a Vicente Martínez Mus como sustituto.

Ni con Ciudadanos ni con Vox

El Partido Popular siempre presume de la "estabilidad" que aporta en sus gobiernos autonómicos, pero lo cierto es que se ha demostrado que sus alianzas son endebles. El anterior ciclo electoral no consiguió gobernar cuatro años con Ciudadanos en las diferentes autonomías —a excepción de Andalucía—. Todos los gobiernos compartidos resultaron ser extremadamente frágiles porque, además, se utilizaron por el PP como fichas a nivel nacional con el objetivo de intentar forzar un nuevo ciclo electoral y engullir a los de Albert Rivera, intentando mayorías absolutas o quedando en brazos de la ultraderecha, como finalmente ocurrió.

Una estrategia que el PP no ha podido replicar con Vox. A diferencia de los naranjas, fueron ellos los que decidieron romper todos los puentes con la formación de Alberto Núñez Feijóo después de que el PP aceptara la reubicación —ya acordada previamente— de 347 menores migrantes a la Península. Cinco comunidades se quedaron gobernando en minoría y, de todas ellas, únicamente la Comunitat Valenciana y Murcia han logrado sacar adelante unos nuevos presupuestos tras la ruptura. El resto se han visto obligadas a prorrogarlos, como es el caso de Castilla y León, Aragón y Baleares, o a forzar un adelanto electoral, como ocurrió en Extremadura.

La debilidad del andamiaje de estos gobiernos del PP con la ultraderecha, más allá de las obvias coincidencias programáticas, tardó menos de lo previsto en hacerse visible. Aunque Vox atribuyó toda la responsabilidad de la ruptura al líder del PP, los enfrentamientos entre los dirigentes autonómicos de ambas formaciones en lugares como Castilla y León, Extremadura o Aragón fueron frecuentes, así como las discrepancias en algunas materias. Con la salida en bloque de la ultraderecha el PP se quedó en una situación de debilidad, especialmente en los territorios en los que la izquierda suma más votos que los conservadores.

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En 2022, el Partido Popular ya adelantó la convocatoria de elecciones en Castilla y León con el objetivo de gobernar con una cómoda mayoría absoluta y lograr un empujón definitivo a las aspiraciones de Pablo Casado, el anterior líder del PP, de alcanzar La Moncloa. Ninguna de ellas se acabó cumpliendo pese a que la victoria de Mañueco se daba por segura, como sucede ahora con Extremadura. Quien acabó defenestrado fue, precisamente, Pablo Casado, que solo unos días después se vio forzado a dimitir tras declarar la guerra a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Una guerra que acabó ganando ella.

En el caso de Castilla y León, el PP consiguió dos procuradores más, pero a costa de hundir a Ciudadanos y consolidar la carrera ascendente de Vox, que exigió a Alfonso Fernández Mañueco entrar en el gobierno a cambio de sus votos. El barón del PP tuvo que aceptar a Juan García-Gallardo como su vicepresidente y cerró un acuerdo con Vox que incluía no solo la Mesa de la cámara autonómica, también el Gobierno de la Junta, ante el riesgo de perder el control de las Cortes. Ahora deberá enfrentarse a las urnas, como tarde, el 15 de marzo del próximo año. Y en el PP ya profetizan que Mañueco no se librará de la influencia de los ultras.

La posibilidad de ir a elecciones anticipadas también está encima de la mesa de Jorge Azcón y Marga Prohens, presidentes de Aragón y Baleares respectivamente, cuya relación con Vox tampoco es precisamente buena. El problema que tiene también es que la jugada de ir a las urnas no le lleve a la mayoría absoluta y acabe, como suelen decir en el PP, "haciendo un Mañueco". Los conservadores saben que depender de otro partido trae problemas. Pero en Génova ya han asumido que eso será lo que le ocurra a Feijóo si las derechas suman en las próximas elecciones generales. Y temen que esa inestabilidad les pase factura.