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Educación

La reforma educativa del PP dispara la matrícula de religión católica en los centros públicos

Presentación en la sede de la Conferencia Episcopal de la campaña "Me apunto a Religión".

El cambio de estatus que la reforma impulsada por el exministro José Ignacio Wert dio a la asignatura de religión católica está teniendo un efecto claro en el aumento de las matriculaciones de esta materia en los centros públicos. Así lo confirman los datos difundidos este lunes por la Conferencia Episcopal Española (CEE), que muestran un aumento del 12% en la demanda de la asignatura confesional en los colegios e institutos de titularidad estatal. 

Con la Lomce, la nota de religión volvió a contar para hacer la media y para obtener becas. Con esta decisión, el sistema educativo español regresó al modelo que estuvo vigente hasta la aprobación en los años noventa de la Logse. El Gobierno del PP también accedió a hacer realidad otra de las reclamaciones de los obispos: la desaparición de la materia de Educación para la Ciudadanía y la obligación para todos los alumnos de estudiar o la asignatura confesional de religión o su alternativa con el objetivo, también, de evitar que siguieran desertando un número creciente de alumnos. De hecho, la alternativa "fuerte" ha sido una reclamación tradicional de la jerarquía católica.  

Plataformas y sindicatos alertaron de que se iba a producir un repunte en las matriculaciones en un contexto de claro retroceso de su demanda. Los datos del Ministerio de Educación –la última actualización es del curso 2014-2015, justo cuando entró en vigor la ley– muestran que hasta entonces la matrícula de esta asignatura descendía porcentualmente de forma imparable en los centros públicos y, especialmente, conforme los alumnos se iban haciendo mayores. Llegó a bajar 15 puntos en una década. 

Esa es la tendencia que ha empezado a invertirse ahora tal y como demuestran las estadísticas que este lunes hizo públicas la Conferencia Episcopal con datos facilitados por las diferentes diócesis. De hecho, es significativo que la demanda comienza a aumentar más entre los alumnos de cursos más altos a partir del curso 2015/2016. La Lomce entró en vigor en septiembre de 2015 en los cursos impares de secundaria y bachillerato.

Pues bien, en el curso 2014/2015 se apuntaron a clase de religión en los centros de titularidad pública el 62,70% de los alumnos de primaria, el 36,80% de los de secundaria y el 23,70% de los de bachillerato. Dos años después, en el curso 2016/2017, ese porcentaje se situó en el 62,6%, el 39,88% y el 38,57%, respectivamente. En ese período, por tanto, hubo un aumento de 3,08 puntos en secundaria y de 14,87 en bachillerato, y un descenso de apenas 0,10 puntos en primaria. 

En números absolutos los alumnos matriculados en la materia confesional pasaron de 387.067 a 537.876 en la ESO, es decir, 150.809 más; y de 67.807 a 129.639 en bachillerato, lo que supone un aumento de 61.832. Por contra, en primaria, el número de alumnos que cursan religión se redujo en 26.007 al pasar de 1.099.172 a 1.073.165. En todo caso, en conjunto, en los centros públicos hay actualmente 186.634 alumnos más matriculados en religión que antes de la puesta en marcha de la Lomce: un 12% más. 

Estas cifras contrastan con las del decenio anterior. Y es que, de media, apenas el 39% de los alumnos de centros públicos escogieron en el curso 2014/2015 estudiar religión. En el curso 2004/2005 eran el 54,9%. Es decir, la caída fue de 15 puntos. 

A pesar de este repunte, la (CEE) lanzó este lunes una campaña "de carácter especial" a través de internet y las redes sociales para intentar animar a cursar la asignatura de religión en colegios e institutos. Los obispos consideran que la materia confesional es imprescindible para "entender las claves que han formado la historia, la política, el arte, las costumbres, la cultura, las leyes…" y llaman a los padres a hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban formación religiosa y moral católica.

Precisamente con Mariano Rajoy como ministro de Educación, en 1998, el Gobierno metió en nómina de las comunidades autónomas a decenas de miles de profesores de catolicismo que impartían esta materia en centros públicos. Estos profesionales son seleccionados por las diferentes diócesis, es decir, no tienen que pasar una oposición como el resto de docentes que trabajan para la Administración. Europa Laica estima en 610 millones de euros al año el gasto que supone para el Estado el abono de sus salarios. 

Reducción del horario  

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Por otro lado, tanto los obispos como los profesores de religión llevan dos años recurriendo a la Justicia para evitar que pueda tener efecto uno de los pocos resquicios que dejó la Lomce en contra de sus intereses. Y es que esa norma colocó la materia de religión en el bloque de las llamadas asignaturas específicas, cuyos horarios son fijados por las comunidades autónomas y no por el Ministerio de Educación, como sí se hace con las troncales, donde se situaba hasta entonces. Eso provocó que algunas autonomías, en el ejercicio de sus competencias, llevaran al mínimo su horario. De hecho, los obispos aseguran que hay casos en los que se han llegado a reducir a la mitad.

Además, en el caso del bachillerato la materia de religión se incluyó en un grupo de doce del que los alumnos tienen que elegir tres y su oferta se establece "en función de la regulación y de la programación que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes". De hecho, la primera institución en recortar el horario de religión fue el propio Ministerio de Educación en Ceuta y Melilla, los únicos territorios que son de su competencia.

Pero la pretensión de algunos de estos ejecutivos autonómicos de reducir el horario de la materia confesional se está encontrando con el freno de los tribunales, que ya han fallado en contra de las normativas aprobadas en esta línea en Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura. En todos estos casos los jueces estimaron los recursos presentados por los obispos y por los profesores que imparten la materia, que alegan sentirse perjudicados por estas reducciones.

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