Salario mínimo, banca pública, renta básica... ¿cuánto ha girado a la izquierda el discurso económico del PSOE?

En menos de dos años, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tenido tres asesores económicos: Manuel de la Rocha, Jordi Sevilla y Manuel Escudero. El primero era el responsable económico de su anterior dirección federal, el segundo le acompañó durante las negociaciones para formar Gobierno en 2016 y cerró el pacto con Ciudadanos, y el tercero ha sido uno de los responsables de coordinar el documento con el que el líder socialista se presentó a las primarias para recuperar las riendas del partido.

Ahora, muchas de esas propuestas se han incorporado a las resoluciones del 39º Congreso Federal, donde el sanchismo se hizo con el control y el número uno compuso una dirección de fieles. Escudero, sin ir más lejos, pilota el área de Política Económica y Empleo de la ejecutiva socialista –en la que también se ha integrado el ex número dos de UGT Toni Ferrer–, y sus planteamientos representan, en muchos casos, un giro a la izquierda con respecto al anterior programa del PSOE y, muy especialmente, con respecto al acuerdo con Cs. De hecho, en la reunión que mantuvieron la semana pasada Sánchez y Rivera no abordaron cuestiones económicas, porque a ojos del partido naranja los socialistas se han "podemizado" y porque ya no hay un espacio compartido.

El propio Escudero abogó, en un encuentro con la prensa a mediados de mayo –cuando Sánchez aún no había ganado las primarias–, por enviar "señales inequívocas al mercado" de que "los salarios bajos se han acabado", crear una banca pública, tasar las transacciones financieras, derogar la reforma laboral del PP... Un planteamiento, resumió, que "marca cierta distancia con la actuación de la socialdemocracia en los últimos veinte años".

infoLibre analiza en qué medida han cambiado las propuestas económicas del PSOE en estos dos años:

Reforma laboral

Que al PSOE nunca le ha gustado la reforma laboral del PP parece claro, pero que ha cambiado su discurso con respecto a ella en múltiples ocasiones no lo es menos: derogación, derogación por partes, sustitución por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, demolición de sus elementos centrales... son sólo algunas de las fórmulas que los socialistas han empleado en los últimos años para explicar qué pretendían hacer con respecto a la norma aprobada por el Gobierno conservador.

En la resolución del 39º Congreso Federal se establece con claridad que "la prioridad a corto plazo no puede ser otra que derogarla", porque "ha aumentado la precariedad, los bajos salarios, las desigualdades y el riesgo de pobreza". El nuevo PSOE de Sánchez, por tanto, recupera el planteamiento del PSOE que se presentó a las elecciones generales de 2016, en cuyo programa electoral podía leerse literalmente: "Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP".

En febrero de 2016, en cambio, Sánchez pactó con Rivera un acuerdo de Gobierno que no hablaba expresamente de derogar la reforma. Esa fue, de hecho, una de las principales críticas que Podemos le hizo a aquel texto, aunque los socialistas argumentaron que en el espíritu del pacto con Cs sí estaba acabar con la legislación laboral del PP. Aquel pacto, además de por el propio secretario general, fue negociado por un equipo donde estaba Jordi Sevilla, un hombre más cercano a los postulados del partido naranja que Rocha o Escudero.

Salario mínimo

El salario mínimo también ha dado quebraderos de cabeza a la dirección del PSOE: en su programa hablaba de subir el SMI para que en dos legislaturas llegara el 60% del salario medio neto, lo que supondría elevarlo hasta unos 1.000 euros. Después, el equipo negociador socialista pactó con Cs una exigua subida de "al menos el 1%" para 2016, lo que lo habría dejado en 655 euros. Ya sin Sánchez, la gestora del PSOE decidió apoyar el techo de gasto para 2017 a cambio de que el Gobierno lo incrementara un 8% para este año, hasta los 707 euros. Y ahora, el PSOE de Sánchez habla de llevar el SMI a los 1.000 euros pero no en ocho años, sino para 2020.

Jornada laboral

En las resoluciones del congreso del PSOE celebrado el pasado junio también se habla, por primera vez, de reducir la jornada laboral de 40 a 35 horas semanales: "Nuestra propuesta es avanzar, como un primer paso, a la jornada de 35 horas antes de 2020", se puede leer en ese documento. En el programa electoral de 2016 no aparecía nada similar: se hablaba de limitar las horas extraordinarias y de garantizar la conciliación, pero en ningún caso de una rebaja generalizada del tiempo de trabajo. Tampoco, por supuesto, en el pacto con Ciudadanos, donde las menciones a la conciliación eran incluso más genéricas.

Renta básica

El PSOE también se ha abierto en esta nueva etapa al estudio de una renta básica, partiendo de su propuesta de ingreso mínimo vital, que figuraba ya en su programa electoral. ¿En qué consistiría esa prestación? En una nueva prestación de entre 426 y 708 euros dirigida a hogares sin ingresos o en situación de necesidad –con rentas inferiores a 7.100 euros anuales– y, al mismo tiempo, en el incremento de la cobertura y la cuantía de las prestaciones por hijo para familias que ingresaran hasta 17.000 euros al año. Los socialistas calcularon que podría beneficiarse a 730.000 hogares. La medida se incluyó en el pacto con Cs.

Ahora, los socialistas consideran que el ingreso mínimo vital debe ser únicamente el punto de partida y que es "inevitable valorar la pertinencia de fórmulas viables relacionadas con una renta básica universal", que podrían pasar por un sistema de transferencias fiscales, también conocidas como impuesto negativo sobre la renta. En la práctica, el Estado fijaría cada año un objetivo de renta mínima anual y los ciudadanos que no llegasen a ese listón tendrían "derecho a percibir de la Hacienda Pública una transferencia" equivalente a la diferencia entre ambas cifras, según refleja la resolución del congreso socialista.

Banca pública

El texto resultante del último cónclave del PSOE también va un paso más allá al referirse explícitamente a la necesidad de crear "un sector de Banca Pública para garantizar el crédito para inversiones a largo plazo, y otro de Banca Cooperativa y Social". Hasta ahora, los socialistas habían apostado por redefinir organismos ya existentes –fundamentalmente el ICO– para lograr que funcionasen como un banco público de inversiones. En el acuerdo con Cs se modificó esa fórmula y se apostó por "crear fondos de inversión público-privados" dirigidos a "sectores de alta tecnología" en "etapas iniciales".

Transacciones financieras

Igualmente se ha concretado la apuesta por poner en marcha un impuesto a las transacciones financieras. En el programa electoral, esa intención se resumía en una apuesta imprecisa por la "puesta en marcha definitiva" de un gravamen de estas características. En el acuerdo entre Sánchez y Rivera, el líder socialista aceptó aparcar esa reivindicación, que desapareció por completo del texto. Ahora, en cambio, se ha recuperado y precisado: el PSOE quiere introducir un impuesto que, como mínimo, grave con un 0,1% la compraventa de acciones y bonos y con un 0,01% las operaciones con productos derivados.

Pensiones

La banca gana 6.964 millones de euros en el último semestre, casi un 20% más que el año pasado

Ver más

En materia de pensiones, los socialistas han recuperado en los textos de su congreso federal la promesa de derogar la reforma de las pensiones del PP, que ya incluyeron en su programa electoral y que, sin embargo, abandonaron en el pacto con Cs. Además, y aunque en los tres textos se habla de preservar el poder adquisitivo de esas prestaciones, es ahora la primera ocasión en la que, específicamente, hablan de "volver a vincular la subida de las pensiones al IPC" como "media prioritaria".

IRPF

Igualmente se ha ahondado en la idea de reforma fiscal y, en concreto, se han precisado qué cambios habría que introducir en el IRPF: el PSOE quiere ahora "recuperar el tramo del impuesto a rentas altas" que el Gobierno del PP eliminó en 2015 para "redistribuir la carga tributaria" y lograr que el gravamen sea "más progresivo". En su programa electoral, en cambio, planteaba dejar en manos de una subcomisión de expertos el rediseño del impuesto de la renta, y en el acuerdo con Ciudadanos sólo se hablaba de "reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita".