Crisis del coronavirus

Sánchez suma a Cs a la prórroga del estado de alarma y deja al PP fuera de juego en la estrategia de Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Senado.

La ausencia de una mayoría estable en el Congreso de los Diputados ha hecho de Pedro Sánchez, ya durante la legislatura en la que se convirtió en presidente tras la moción de censura de 2018, un político acostumbrado a moverse al límite del abismo. Obligado a actuar sin red de seguridad y siempre a corto plazo, el tercer presidente socialista de la restauración democrática española trata de tejer sus alianzas abriendo y achicando espacios con otras fuerzas políticas. Y no siempre le sale bien, como ocurrió en febrero de 2019, cuando los independentistas catalanes —PDeCAT y Esquerra— prefirieron tumbar el proyecto de ley de presupuestos generales para aquel año y poner fin a la legislatura a riesgo de que, en el río revuelto de la política española, el ganador fuera el PP.

El covid-19 ha acabado por poner a Sánchez ante un nuevo abismo, paradójicamente justo con el momento en el que su Gobierno tiene más controlado la evolución de la pandemia y España se encamina hacia la desescalada. momentoEl Gobierno de coalición se ha visto obligado desde el fin de semana a buscar la manera de tapar las vías de agua que se habían abierto en la compleja mayoría que hizo posible la investidura a cuenta de la gestión centralizada de la pandemia. Poco a poco, semana a semana, el malestar de los partidos nacionalistas e independentistas, que en conjunto suman 33 diputados en el Congreso, fue creciendo en la misma proporción en la que el Gobierno se fue negando a compartir sus decisiones con los gobiernos autonómicos. El resultado: la nueva petición de prórroga del estado de alarma iba a llegar este miércoles al Congreso sin garantías de poder salir adelante.

El enfado de los partidos de base territorial ha llegado al punto de desplazar los trece escaños de Esquerra al ‘no’, donde ya están Vox (52), Junts (8) y la CUP (2). Y a punto ha estado de llevar a la abstención a los seis parlamentarios del PNV, donde se sumarían al único diputado del BNG y, probablemente, con los cinco de EH Bildu.

Altos cargos del Gobierno, con especial protagonismo de las vicepresidentas Carmen Calvo, Teresa Ribera y Nadia Calviño, además de la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, desplegaron este lunes y martes una ofensiva para tratar de convencer a ERC de que volviese a la abstención y al PNV de que vote a favor, lo que finalmente han conseguido.conseguido

Si los republicanos no dan marcha atrás, la compleja aritmética del Congreso ha obligado al Gobierno a cerrar el voto favorable de Ciudadanos y el PNV. Con Cs el acuerdo firmado el martes a última hora manifiesta la conveniencia de prolongar el actual estado de alarma para lograr vencer a la pandemia del coronavirus, así como a mantener las medidas de protección a los españoles en los ámbitos sanitario, económico y social más allá de la vigencia del estado alarma. Un acuerdo que brinda a la formación naranja la oportunidad que lleva tiempo buscando de mostrarse ante la opinión publica como una fuerza política decisiva, pese a la merma electoral que sufrió en las últimas elecciones.

En virtud del acuerdo el gobierno mantendrá contactos semanales con Ciudadanos para informar sobre la crisis sanitaria, así como dialogar y, en su caso, consensuar medidas para la implementación del plan para la transición hacia una nueva normalidad, también conocido como plan de desescalada.

El acuerdo alinea al Gobierno y a Ciudadanos en la necesidad de “prorrogar el Estado de Alarma para afrontar esta pandemia” y reconoce el estado de alarma como “un mecanismo constitucional que debe prolongarse sólo por el tiempo estrictamente necesario. Por tanto, con ese ánimo, se analizarán las medidas necesarias para seguir protegiendo a los españoles en el ámbito sanitario, económico y social cuando concluya su aplicación”. Gobierno y Ciudadanos se comprometen “a mantener el diálogo para la adaptación de los ERTE y las ayudas a pymes y autónomos para que puedan adecuarse éstas y el resto de las medidas de protección social a las necesidades que se produzcan más allá del estado de alarma”.

Al mismo tiempo, el Gobierno logró cerrar este miércoles un pacto con los nacionalistas vascos a partir de su intención de tomar a partir de ahora las decisiones de la desescalada por consenso. El PNV pedía un compromiso firme de que Sanidad aceptará la estrategia de desescalada que decida el Gobierno vasco.

No obstante, y aunque públicamente los dirigentes del PP se han mostrado repetidamente en contra de la prórroga, fuentes del Gobierno aseguran estar convencidos de que para el PP acabarará siendo inasumible votar ‘no’ a la prolongación durante otros quince días —hasta la medianoche del 23 al 24 de mayo—de la declaración de estado de alarma.

Pero por si acaso, y en previsión de que su líder, Pablo Casado, se incline por una línea dura y opte por votar contra el ejecutivo aunque eso suponga desbaratar la estrategia contra el covid-19 que ha permitido poner bajo control la pandemia y trazar una ruta hacia la normalización de las actividades sociales y económicas en el horizonte de finales de junio, Sánchez y sus ministros se están esforzando por reconstruir e incluso ampliar la mayoría que les permitió ganar la investidura el pasado mes de enero.

Cerrados los apoyo de Cs y el PNV y si Bildu se abstiene, dará igual lo que haga Casado. Porque aunque el líder conservador decidiese unir sus votos a los de Vox, Junts, ERC y la CUP, no serían suficientes para echar por tierra la prórroga del estado de alarma.

No depender del PP

Este es precisamente el escenario que busca Sánchez: construir una mayoría que no le haga dependiente del PP, ni siquiera de su abstención. Y que Casado, al mismo tiempo, se retrate como un “irresponsable” capaz de poner en peligro lo que Moncloa define desde hace días como la herramienta “indispensable” para acabar con el virus, un instrumento que además no sólo está demostrando su utilidad para reducir los contagios sino que consideran clave para dar soporte legal a las medidas extraordinarias económicas y sociales aprobadas con el objetivo de aliviar las consecuencias del confinamiento.

Sánchez lleva tiempo ensayando la manera de mejorar sus relaciones con Ciudadanos aprovechando el cambio de liderazgo en el partido, en el que Inés Arrimadas ha puesto fin a la intransigencia de Albert Rivera, y el tono constructivo con el que la formación naranja ha intentado llegar a acuerdos con el Gobierno tras el estallido de la pandemia, una actitud que contrasta claramente con la de Pablo Casado, cada vez más indistinguible de la de Vox.

El presidente siempre ha tenido cuidado de que ese vínculo no dañara las relaciones con ERC y PNV, pero esta vez son los nacionalistas e independentistas los que se han distanciado del Gobierno, obligándole a estrechar lazos con Ciudadanos para garantizar que su estrategia de lucha contra el covid-19 no se derrumba como un castillo de naipes.

No obstante, atraer a Ciudadanos ya era un objetivo del Gobierno dentro de la compleja partida de ajedrez que, también con piezas de la patronal y de los sindicatos, Sánchez puso hace semanas en marcha para forzar al PP a participar en los pactos de reconstrucción económica y social.

En Moncloa ya observan estos movimientos como un ensayo general de los que serán necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Si bien todas las fuentes consultadas por infoLibre coinciden en que construir una mayoría que dé respaldo a las cuentas del año que viene, las primeras de Sánchez pero también las que deben iniciar la reconstrucción económica y social, no será fácil.

Antes habrá que pasar otros dos exámenes. Para completar la desescalada, el Gobierno necesitará que el Congreso autorice al menos otras dos prórrogas del estado de alarma. Dos votaciones complicadas que pondrán a prueba si la cogobernanza de la desescalada prometida por el Gobierno es real o era una simple triquiñuela para ganarse el respaldo de PNV y Esquerra.

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