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El fiscal general se apoya en la sentencia del 'procés' para desmontar las tesis de los fiscales díscolos

Caso Cooperación

El TS envía a la cárcel a Rafael Blasco por desviar fondos destinados a ayudas de cooperación

Arranca el juicio contra Blasco por la primera pieza del 'caso Cooperación'

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El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado de ocho a seis años y seis meses de prisión al exconseller de la Generalitat de Valencia Rafael Blasco por desviar fondos destinados a proyectos de cooperación en Nicaragua en el marco del caso Cooperación.

La sentencia confirma los principales delitos que impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, quien le condenó en mayo de 2014 a ocho años de cárcel, junto a otras ocho personas más, por el fraude en subvenciones, y reduce ligeramente la pena al rechazar el carácter de delito continuado de algunas de las conductas sancionadas.

Tras esta resolución, tanto las acusaciones como las defensas formularon un recurso ante el TS –por quebrantamiento de forma, infracción de ley y precepto constitucional–, y se celebró una vista en esta instancia para que las partes pudieran fundamentar y exponer sus escritos.

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El alto tribunal condena a Blasco por los delitos de malversación de caudales públicos, en concurso con prevaricación administrativa y por un delito continuado de falsedad documental. Del mismo modo, al intermediario de las operaciones, Augusto César Tauroni, se le condena a 6 años de cárcel, la misma pena para la exsecretaria general de la conselleria, Agustina Sanjuan.  Asimismo, el exsubsecretario de la Consejería Alejandro Cátala, también resulta condenado a cuatro años y seis meses. 

En esta pieza del caso se investigaron las irregularidades en la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional que la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidat Valenciana concedió en el año 2008 a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales ( CYES) para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales a través del acceso de agua potable y de fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos.

El Supremo declara así aprobado que del dinero que la Generalitat Valenciana invirtió en estos dos proyectos ( 1'6 millones de euros) apenas llegó a su destino, únicamente un 3%, exactamente 47.953 euros. El 97 % restante los condenados lo aprovecharon para adquirir y reformar inmuebles en Valencia.

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