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Investigación

Doble crimen en el Valle del Javari: el último viaje del periodista que quiso salvar el Amazonas

Participantes en una vigilia ante la Embajada de Brasil en Londres reclaman información sobre el periodista Dom Phillips y el funcionario y guía Bruno Araujo Pereira, en junio de 2022.

Eduardo Goulart (OCCRP), Cécile Andrzejewsky (Forbidden Stories), Mariana Abreu (Forbidden Stories), Sônia Bridi (TV Globo), Eduardo Nunomura (Amazônia Real), Rodrigo Pedroso (Ojo Público), Tom Phillips (The Guardian)

Encaramado a una pila de tablones de madera a orillas del río Itaquai, en el valle amazónico de Javari, Dom Phillips escucha con atención. A su lado, un pescador ilegal de la zona habla animadamente, señalando con un gesto algo que está fuera del encuadre de la fotografía.

La imagen es una de las últimas tomadas a Phillips, periodista medioambiental que se encontraba en el valle investigando para un libro sobre cómo salvar la selva amazónica. Dos días después de tomarla, él y Bruno Pereira, experto en los pueblos indígenas de Brasil, fueron asesinados a tiros mientras navegaban por el río.

Cinco hombres han sido acusados de los asesinatos en dos casos distintos. Según las acusaciones, pertenecían presuntamente a la misma banda de pesca ilegal que el hombre fotografiado con Phillips, conocido como Caboclo (los reporteros que han elaborado este artículo no pudieron ponerse en contacto con él para que hiciera comentarios).

La foto, tomada desde uno de los teléfonos de Pereira, quedó casi enterrada para siempre en el corazón del Amazonas brasileño. Sus compañeros de una patrulla de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari (Univaja) encontraron el teléfono cuatro meses después de su muerte cuando rastreaban la zona en busca de pistas con un detector de metales. El aparato, que estaba enterrado bajo un montón de barro y palos, estaba tan dañado que tardaron meses en extraer los datos.

"El teléfono pasó meses en el agua antes de que bajara el nivel del río", explica Sônia Bridi, una periodista que se encontraba allí en ese momento realizando un documental sobre los asesinatos para la plataforma brasileña de streaming Globoplay.

El terminal fue entregado a la policía, que utilizó las fotografías y los metadatos extraídos del terminal para reconstruir los últimos momentos de la vida de Phillips y Pereira.

Las fotografías también se confiaron al Proyecto Bruno y Dom, una investigación colaborativa dirigida por la organización francesa sin ánimo de lucro Forbidden Stories. Más de 50 reporteros han continuado las investigaciones de Pereira y Phillips sobre la destrucción de la Amazonia, desde el acaparamiento de tierras y los vínculos de la ganadería con la deforestación, hasta la minería y la pesca ilegales.

El año pasado la policía detuvo a tres pescadores acusados de matar a los dos hombres, aunque su juicio aún no ha comenzado. Su abogado negó que hubieran cometido asesinato, afirmando que Pereira había abierto fuego primero.

El fin de semana se supo que otros dos hombres habían sido acusados en el segundo caso, entre ellos el presunto cerebro de los asesinatos, Ruben Dario da Silva Villar. También conocido como Colômbia, está acusado de ser el cabecilla de la banda de pescadores ilegales que mató a Phillips y Pereira. Su abogado no respondió a las peticiones de comentarios.

Alessandra Sampaio, viuda de Phillips, afirmó que pedir cuentas a los asesinos enviaría el contundente mensaje de que los grupos de delincuencia organizada que destruyen la Amazonia no pueden actuar impunemente. "Quiero justicia, pero no para mí, sino para proteger el Valle del Javari y la Amazonia", afirmó.

Un encuentro mortal

Fue en el Valle del Javari –una región tan grande como Austria en la frontera occidental de Brasil que alberga la mayor concentración de indígenas del país– donde Phillips y Pereira se conocieron en 2018.

Pereira trabajaba para el Gobierno coordinando las relaciones con tribus amazónicas aisladas, incluidas aquellas que sólo recientemente habían entrado en contacto con el mundo exterior, y conocía la zona íntimamente. Los dos se mantuvieron en contacto después del viaje, y Pereira aceptó guiar a Phillips cuando regresó al Valle del Javari el año pasado.

Ambos llevaban varios días viajando cuando salieron en una lancha patrullera con los compañeros de Univaja de Pereira a primera hora del 4 de junio de 2022. Según la acusación contra tres de sus presuntos asesinos, el barco estaba haciendo su camino por el río Itaquai cuando se encontraron con el pescador ilegal Amarildo Costa de Oliveira, también conocido como Pelado.

Univaja, la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari, había enviado anteriormente dos cartas de denuncia a las autoridades sobre Pelado, en las que lo describía como figura principal de un grupo de pescadores que invadían el territorio indígena por la noche y lo relacionaba con múltiples ataques con armas de fuego. Sin embargo, Pelado nunca fue acusado y no está claro si fue investigado.

"Pelado quería ser el jefe, quería gobernar esa zona", declaró a The Guardian su tío, Raimundo Bento da Costa.

Pelado había amenazado a Pereira y a sus colegas cuando le habían encontrado pescando en aguas protegidas anteriormente, según la acusación. Cuando el equipo de patrulla de Univaja intentó acercarse a Pelado y a dos hombres con los que estaba aquel día, estos respondieron levantando sus armas en señal de advertencia.

El encuentro no llegó a ser violento. Pero cuando, a la mañana siguiente, Pelado se dio cuenta de que Pereira y Phillips hacían fotos de su embarcación, los fiscales dicen que fue la gota que colmó el vaso.

Según la acusación, Pelado llamó a otro pescador, llamado Jefferson da Silva Lima, y salió en persecución de Phillips y Pereira. Los pescadores no tardaron en alcanzar a la pareja y abrieron fuego, matándolos a ambos, según la acusación.

A continuación, Pelado y Lima arrojaron presuntamente los cadáveres de Phillips y Pereira al agua, antes de regresar más tarde para quemarlos y descuartizarlos. Otro pescador local, Oseney da Costa de Oliveira, también ha sido acusado de ayudarlos.

Eliesio Marubo, abogado de Univaja, dijo que Pereira fue asesinado porque no miraba hacia otro lado cuando se trataba de proteger la selva tropical. "Bruno era visto como un obstáculo para los traficantes y sus protecciones medioambientales como una barrera", afirmó.

Los tres pescadores están detenidos a la espera de juicio por los asesinatos. Al parecer, dos de ellos, Pelado y Lima, confesaron los asesinatos y condujeron a los investigadores hasta los restos de Phillips y Pereira. Pero sus abogados dijeron a los periodistas que las confesiones se obtuvieron "bajo tortura", y desde entonces se han retractado.

Uno de los abogados, Goreth Campos Rubim, negó la versión policial de los hechos y dijo a los periodistas que fue Pereira quien abrió fuego y que Pelado disparó en defensa propia. Pelado ha dicho lo mismo durante las vistas judiciales.

El fin de semana Colômbia fue acusado de ordenar los asesinatos de Phillips y Pereira y de ocultar sus cadáveres. Uno de sus presuntos secuaces también fue acusado de ayudarlo, según informes de prensa.

Colômbia ha negado toda implicación en el asesinato en declaraciones a los medios. Su abogado declinó hacer comentarios para este artículo.

En las pruebas presentadas tras la acusación original, el fiscal alegó que Colômbia era el líder del grupo de delincuencia organizada al que pertenecía Pelado. Citando declaraciones de testigos, el fiscal afirmó que Colômbia financiaba gran parte de la pesca ilegal en la zona, incluida la provisión de las embarcaciones presuntamente utilizadas en los asesinatos de Pereira y Phillips.

El antiguo superintendente de la policía de Amazonas dijo que había "fuertes indicios" de que Colômbia había planeado los asesinatos.

En un informe de marzo de 2022, tres meses antes de que Phillips y Pereira fueran asesinados, Univaja describió a Colômbia como el mayor comprador de pescado de la zona y el "patrocinador de las invasiones en territorio indígena".

Un hervidero de disputas pesqueras

El Valle del Javari se ha vuelto cada vez más peligroso en los últimos años, a medida que se han agravado las disputas territoriales entre las comunidades indígenas y los pescadores.

Raimundo Pinheiro, pescador de 51 años de Atalaia do Norte, ha pasado toda su vida pescando en los ríos del oeste de Brasil. Recuerda una época en la que los pescadores locales trabajaban en armonía con las comunidades indígenas. Eso cambió después de 2001, cuando se demarcaron los territorios indígenas y se confinó a los pescadores a una pequeña zona. Hoy Pinheiro dice que apenas puede pescar lo suficiente para pagar el equipo, la gasolina y los demás gastos de cada viaje. "La situación es cada vez más difícil. La zona de pesca [autorizada] ya es pequeña, y quieren reducirla aún más", dijo. "¿Cómo vamos a vivir?".

En lo que va del año hasta noviembre de 2019, se registró una cifra sin precedentes de ocho ataques con armas de fuego en el puesto de control para ingresar a tierras indígenas. La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, una agencia gubernamental conocida como Funai, dijo que cazadores y pescadores ilegales llevaron a cabo los ataques.

La pesca está prohibida en el valle porque es tierra indígena, protegida por la Constitución brasileña. Algunas especies que se encuentran en la zona, como el pirarucú –el pez más grande de Sudamérica, que puede alcanzar los 200 kilos y los tres metros de longitud–, también están protegidas por la ley federal.

"La tierra demarcada pertenece exclusivamente a los indígenas. Si se extrae una piedra en esta zona, se está cometiendo un delito constitucional", explica a Forbidden Stories Armando Soares, excolega de Pereira.

Pero la sobreexplotación en las zonas donde la pesca está permitida significa que los rendimientos han disminuido drásticamente. Algunos cruzan ahora la zona porosa donde confluyen Brasil, Colombia y Perú para buscar pescado o vender sus capturas: el pirarucú fresco de Brasil se vende en Colombia, mientras que el salado suele ir a Perú.

Juan, un pescador del lado peruano del río Javari, afirma que a veces pasa hasta 15 días seguidos pescando ilegalmente en aguas de Brasil. “Si tuviera una opción legal, la tomaría”, dice. “Pero yo no fui a la escuela. He trabajado desde que era un niño. Tengo tres hijos".

La agencia de investigación ambiental de Brasil, Ibama, dijo a los periodistas que llevó a cabo 101 incautaciones de pirarucú entre agosto de 2003 y septiembre pasado, alrededor del 80% en el Estado de Amazonas. La policía militar del Estado dijo que incautó casi 114 toneladas de pirarucú entre 2019 y septiembre de 2022.

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Los expertos dicen que gran parte de la industria de la pesca ilegal en el Valle de Javari ahora está a cargo de bandas del crimen organizado. Una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil, encargada de investigar los asesinatos de Phillips y Pereira, dijo que estos grupos utilizan la pesca como tapadera para otros delitos.

“No hay duda de que los asesinatos de Bruno y Dom son parte de un contexto criminal mucho más amplio. Claramente hay grupos que no sólo financian la pesca ilegal sino que también la usan para lavar dinero y traficar drogas”, escribió la comisión en un informe de noviembre de 2022.

Alexandre Saraiva, ex jefe de policía de alto rango en el Amazonas, dijo que los investigadores a menudo encuentran cocaína escondida en cargamentos de pescado capturado ilegalmente. “Las organizaciones criminales no tienen prejuicios cuando se trata de ganar dinero”, dijo a OCCRP.

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