La Zarzuela oculta si la infanta pagó alguna cuota del préstamo antes del inicio del 'caso Nóos'

La Casa del Rey no desvelará si la minoración en 150.000 euros de la deuda de 1,2 millones contraída por la infanta Cristina de Borbón con su padre por el préstamo que el monarca le hizo en 2004 implica que la esposa de Iñaki Urdangarin solo ha satisfecho las tres últimas cuotas anuales de 50.000 euros y no las cinco estipuladas en el contrato.

Esa minoración, fechada en 2012, aparece expresamente mencionada en el mismo informe de Hacienda que hizo trascender la existencia del préstamo. Que el destinatario del dinero pague al acreedor las cuotas establecidas es para Hacienda uno de los signos de que, en efecto, se trata de un préstamo y no de una donación camuflada. Si la primera devolución no se hubiera producido en 2008 -que era lo preceptuado- ni en 2009 sino en 2010, justo cuando el juez comenzó a investigar los negocios de su marido y la pareja ya se sabía bajo la lupa, quienes albergan dudas sobre la operación verían reforzadas sus sospechas.

Resulta por tanto imposible verificar con los datos actuales si hizo algún pago antes de que el juez José Castro comenzase a investigar los manejos económicos de Instituto Nóos. Eso ocurrió el 22 de julio de 2010, cuando el magistrado abrió una pieza separada sobre los convenios que reportaron seis millones de euros públicos en Valencia y Baleares a la pretendida ONG dirigida por Urdangarin y su socio de esa época, Diego Torres. El dinero, como ya ha certificado Hacienda en distintas ocasiones, acabó en manos de empresas privadas de Urdangarin y Torres. Una de ellas es Aizoon SL, cuya titularidad comparten al 50% Urdangarin y su esposa.

Ayer, y después de que fuentes conocedoras del caso Urdangarin informaran de que no han encontrado en el sumario movimientos bancarios que pudiesen corresponderse con el pago total o parcial de cada cuota de 50.000 euros, infoLibre formuló a la Casa Real dos preguntas: ¿hizo la infanta algún pago para la devolución del préstamo antes de que, el 22 de julio de 2010, el juez José Castro abriese la pieza separada del caso Nóos? ¿Se efectuaron los pagos en metálico? La respuesta de un portavoz autorizado de la institución fue escueta: la Zarzuela no dará más información sobre el asunto.

El préstamo, por 1,2 millones y sin intereses, se firmó ante notario la víspera de la Nochebuena de 2004. Con un plazo de devolución de 23 años, el contrato establece tres años de carencia. Es decir, la infanta debía iniciar la devolución el 23 de diciembre de 2008 mediante cuotas anuales de 50.000 euros durante los dos primeros lustros y de 70.000 el siguiente decenio.

Todas las cantidades, especifica el documento, “se abonarán en el domicilio del acreedor”. O sea, en la Zarzuela. Sobre el medio de pago –cheque o en efectivo- nada dice el contrato. La Casa del Rey envió el pasado martes, a una serie de medios seleccionados entre los que no incluyó a este periódico, copia de la escritura del supuesto préstamo.

Aunque las fuentes consultadas en el caso creen muy posible que, tal como sugieren los últimos documentos aportados al juez por Diego Torres, el préstamo sea en realidad una donación encubierta, las mismas fuentes creen que, aun así, resultaría difícil perseguir la operación por la vía penal.

El primer motivo y el más obvio enlaza con la inviolabilidad –en la práctica, inimputabilidad- que la Constitución otorga al rey. El segundo se relaciona con los plazos de prescripción: el Real Decreto 1629/1992, por el que quedó aprobado el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece que “prescribirá a los cinco años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y la acción para imponer sanciones tributarias”.

No obstante, persiste la duda sobre si la Fiscalía Anticorrupción o alguna de las dos acusaciones populares personadas en el caso –Manos Limpias y los socialistas valencianos- adoptarán alguna iniciativa sobre este nuevo flanco recién abierto para la infanta.

En espera de la decisión del TSJ valenciano

El destino de la infanta Cristina, cuya imputación en el caso Nóos anuló la Audiencia de Palma con un auto que, paradójicamente, animaba al juez Castro a investigarla por delito fiscal y/o blanqueo depende hoy más que nunca de los tiempos judiciales.

Quienes conocen la evolución del caso dan por hecho que si el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) acepta la petición del fiscal Pedro Horrach, cita como imputados al expresidente Francisco Camps y/o a la alcaldesa Rita Barberá y asume toda la investigación del caso Nóos en lugar de solo lo concerniente a los dos militantes del PP, ambos aforados, el rumbo del caso puede dar un viraje. Para empezar, los jueces del alto tribunal valenciano tendrían que aprenderse un sumario que ya supera los 50.000 folios. Y para continuar, difícilmente el TSJ valenciano culminaría la avanzada instrucción del caso manteniendo la premisa del juez Castro, que, a tenor lo que opinan amigos y enemigos, podría resumirse así: adelante la investigación, caiga quien caiga.

De momento, y en tanto el tribunal valenciano se pronuncia, el juez Castro sigue a la espera de que Hacienda y la Policía le envíen sendos informes sobre la hija del rey antes de decidir si observa o no en la actuación de la infanta indicios de blanqueo o delito fiscal. El primer informe, cuya llegada al juzgado número 3 de Palma se presume inminente, desvelará los pagos y cobros anuales superiores a 3.000 euros que la hija menor del rey hizo a un mismo proveedor o recibió de un mismo cliente a lo largo de cada ejercicio.

El segundo detallará todos los pagos –y su procedencia– relativos a la reforma de la mansión de Pedralbes adquirida por los duques de Palma en octubre de 2004 por 5,8 millones y para cuya compra concedió el rey el préstamo de 1,2 millones. Paralelamente, La Caixa, a cuyo actual presidente, Isidre Fainé, describió Urdangarin en 2007 como alguien que había asumido el papel de “segundo padre”, otorgó al matrimonio una póliza de crédito de cinco millones. En febrero de este año, el yerno del rey aseguró en su declaración judicial que llevaba dos trimestres sin pagar la cuota pactada con la entidad financiera. La Caixa, añadió a renglón seguido, no le había requerido el pago.

Una vez el juez reciba los dos informes enunciados, dará traslado a todas las partes personadas en el caso y, cumplido ese trámite, dilucidará –salvo que el TSJ valenciano actúe con enorme celeridad– si hay o no indicios para citar como imputada a Cristina de Borbón, ahora alejada del foco del escándalo gracias a su traslado a Suiza. Allí seguirá trabajando para La Caixa y colaborará –de forma remunerada- con la fundación Aga Khan, que toma su nombre del multimillonario jefe espiritual del ismaelismo, una rama del islam.

Llamazares pide investigar la "donación simulada y en diferido"

Ayer miércoles, el portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, instó a la Agencia Tributaria a "tomar cartas en el asunto" de lo que, haciendo un juego de palabras con el supuesto despido a plazos de Luis Bárcenas, definió como la "donación simulada y en diferido" que el rey realizó a los duques de Palma para comprar el palacete de Pedralbes.

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En declaraciones a la agencia Europa Press, Llamazares señaló que, a su juicio, se trató de una donación irregular y que será el juez José Castro el que tendrá que determinar qué papel jugó dentro de la causa que instruye.

"No es un crédito, sino una donación en diferido; se trata de un artificio fiscal y Hacienda debería tomar cartas en el asunto", ha apostillado el parlamentario de IU, quien considera que la Casa del Rey está "cada vez más concernida" en esta causa.

En este punto, ha destacado que están saliendo a luz "unos flujos económicos muy llamativos" y ha añadido que esa donación "simulada y en diferido" del rey contrasta con el hecho de que a su vez la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin prestaran poco después 400.000 euros a su socio en Nóos, Diego Torres, para comprar otra vivienda. "Además había créditos encadenados", ha apuntado.