A las cinco de la tarde del domingo, dos jóvenes magrebíes que parecen menores de edad se refugian del calor en un elegante banco a la sombra en la plaza de África, el corazón del centro histórico de Ceuta, junto al Parador, la Catedral y el Santuario de Santa María de África. Los chavales charlan animadamente, no molestan a nadie, no gritan, no se pelean, solo hablan. Sin embargo, cuatro militares se acercan a ellos. Tras una pequeña conversación con los soldados, estos les obligan a levantarse y abandonar el lugar sin razón aparente. Los chicos obedecen y siguen su conversación sentados en el capó de un coche de la cercana calle Jáudenes. Los militares continúan por el Paseo Sánchez Prados, donde otros migrantes se sientan en los poyetes de piedra y las jardineras. A estos no les llaman la atención.

Plaza de África, Gran Vía, plaza de la Constitución... En la subida por el paseo de Revellín también caminan algunos irregulares. Los hay que se acercan a las tiendas de móviles o que se hacen fotos en ese gran eje comercial de la ciudad. Otros compran bebidas o tabaco en los bazares de la zona y los hay también que piden dinero a los transeúntes. Sobre todo a los que identifican como musulmanes y con los que les es más fácil comunicarse en árabe. Sin embargo, ni en el centro histórico y comercial, ni en las zonas residenciales próximas, ni en las playas que bañan el principal núcleo de la ciudad, situadas al sur de la península que forma, quedan ya asentamientos de migrantes. La gran presencia policial, de la Guardia Civil y de los militares que la patrullan ha ido desplazando a toda esta gente a las zonas más periféricas. A los barrios más pobres en los que la mayoría de la población es musulmana.

"Con esta situación nos hemos dado cuenta de que, pese a que su superficie es solo 20 kilómetros cuadrados, Ceuta tiene centro y periferia", explica con sarcasmo Abdellah Mustafa, líder vecinal de la barriada de Sidi Embarek. "Y la periferia somos nosotros", añade el activista, cuya asociación ha acogido junto a la mezquita del mismo nombre a 300 mujeres y niñas. El barrio se encuentra a las afueras del núcleo urbano, a unos cuatro kilómetros del centro y lindando ya con la amplia zona de campo no urbanizada al noroeste de la ciudad. En las calles de los alrededores del templo duermen decenas de personas en plena calle, casi todos hombres. El barrio, además, se encuentra muy cerca del asentamiento de Loma Margarita, donde el Estado ha alojado a los subsaharianos demandantes de asilo, y es lugar de paso para cientos de personas entre el campamento de chabolas de la playa de El Trampolín y el enorme aparcamiento de Loma Colmenar, donde los militares levantaron hace más de una semana tiendas para alojar a más de mil personas y otras tantas esperan a las puertas.

Se cuentan por centenares frente a los portales y en los callejones de los llamados "pisos de colores" que bajan por la cuesta de la calle Cadí Iyad desde lo alto de esa loma. Se trata de varios bloques de viviendas habitadas por familias de trabajadores muy humildes, en su mayoría musulmanes. Cuando se produjo la llegada masiva, los vecinos se organizaron para que la gente no se plantara en las entradas a sus casas, pero no pudieron evitar que acamparan en sus aceras y en las callejuelas que separan las edificaciones. Hoy todavía quedan centenares de personas, quizá un millar. Algunas han construido chozas junto a la valla del campamento montado por los militares. Sin embargo, la mayoría permanece al raso en la acera de enfrente. Allí pasan el tiempo hablando, fumando o trasteando con el móvil. Algunos incluso han montado tenderetes en los que venden cigarros, bollos de pan, bebidas energéticas...

"Estamos hartos, ya no podemos más", explica Sufián Mustafa, un albañil de 28 años casado y con tres hijas, una de ellas recién nacida. "Con el calor que hace tenemos que estar con las ventanas cerradas por el olor. No es solo que todos hagan sus necesidades por aquí, es que los colchones, la ropa sucia, la multitud... Todo apesta". Mustafa pasa la mañana junto a sus vecinos Yassin y Alami a la sombra en su portal. Cuentan que los problemas se incrementan por las noches. Que hay drogas y peleas constantes y que las mujeres y las personas mayores tienen miedo de salir por si cualquier desesperado les roba. Pero los tres miembros de esta comunidad no solo se quejan de las autoridades que no les dan soluciones. También de otros vecinos que han visto la aglomeración como una oportunidad y alquilan habitaciones en sus casas. "Hay algunos que han montado auténticos pisos patera y cobran a cada uno entre 30 o 50 euros por noche; es una vergüenza".

Muchas de las personas que se han instalado aquí van y vuelven cada día a la playa de El Trampolín, donde la Cruz Roja reparte bolsas de comida. El motivo que los mantiene en la zona es la esperanza de entrar en el campamento, cuando se termine la ampliación. Por el momento se ha levantado una enorme carpa y la estructura de otra ya está construida a su lado. En el suelo hay decenas de literas listas para montarse y colocarse en su interior cuando todo esté dispuesto. "El problema es que toda esta gente se cree que en cuanto se termine van a estar dentro", dice uno de los trabajadores del campamento. "Puede que tengamos problemas, porque muchos piensan que están haciendo cola, pero seguro que no se darán las plazas por orden de llegada, sino de acuerdo a criterios de necesidad de cada persona", añade.

Al otro lado de este enorme aparcamiento diseñado para que los vehículos esperen a cruzar la frontera durante la operación Paso del Estrecho, soldados del Regimiento de Infantería Canarias 50, que han sido desplazados aquí desde su base en Gran Canaria, impiden que la gente se aproxime al campamento campo a través. Los vecinos aseguran que, durante los primeros días, antes de que llegaran los militares, muchos irregulares desesperados trataban de utilizar esa treta para intentar colarse dentro. Loma Colmenar, como Sidi Embarek y otras barriadas lejanas y musulmanas son las que realmente lidian más duramente con la indigencia masiva que recorre la ciudad. Y los más solidarios con los recién llegados.

Otro de los distritos más afectados por el desplazamiento progresivo de los migrantes es el barrio de El Príncipe, también pobre y de mayoría musulmana. Muchas de las callejuelas de este núcleo que sube el monte desde el puesto fronterizo con Marruecos están llenas de colchones en los que duermen desperdigados cientos de personas. Los vecinos se han organizado para alojar en un campamento improvisado a las mujeres y las niñas más vulnerables, que gracias a ellos tienen acceso a baños, duchas y, en general, condiciones de vida más higiénicas y protección. Pero sus habitantes tienen miedo. En un negocio de la parte alta, junto a la iglesia, una mujer de unos 40 años se pregunta cómo va a hacer cuando su hija empiece el instituto. "El curso pasado se iba sola en autobús, pero ahora tengo miedo. ¿Cómo voy a acompañarla si yo empiezo a trabajar a las siete cada mañana?", dice.

Es en este barrio donde se encuentra el polígono de El Tarajal, a las puertas de cuyas naves, muchas cerradas desde hace años, un millar de personas, entre las que es posible ver a familias enteras, ha levantado un campamento de chabolas a base de palés, electrodomésticos, plásticos, alfombras y muebles viejos que han recogiendo por la basura. Los escasísimos comerciantes que quedan en el lugar –también modestos y pertenecientes a la comunidad musulmana– se quejan de que, si antes ya venía poca gente, ahora no lo hace casi nadie.

Estamos a escasos cuatro kilómetros de la elegante y cuidada plaza de África y de los modernos cafés, bares de tapas y restaurantes con encanto del centro. Pero, desde este núcleo de infraviviendas y suciedad pegado a la línea fronteriza, esos lugares parecen de otro mundo.

Pasadas las diez de la mañana, Médicos del Mundo inicia su consulta diaria en el polígono ceutí de El Tarajal. Este conjunto de naves pegadas a la valla fronteriza languidece desde 2019, cuando Marruecos cerró las puertas al contrabando de fardos –"comercio informal o atípico", era el eufemismo de entonces– desde la ciudad autónoma a territorio alauí. Desde entonces, los empresarios del lado español de la frontera y los comerciantes marroquíes han visto marchitarse su forma de vida durante décadas. Hoy, solo una decena de establecimientos permanecen abiertos, como una zapatería, tiendas de ropa, bazares o colmados. Los comerciantes que aún quedan creen que ha sido la ausencia de actividad y visitantes lo que ha conducido allí a un millar de personas de las que llegaron a Ceuta a nado o a través del espigón de la frontera los pasados 30 y 31 de julio. Desde entonces familias enteras y jóvenes, entre ellos muchos menores, han montado sus chozas en este recinto.

Tres médicos de la ONG –Carmen, Marcos y Celia– atienden uno por uno a los migrantes que hacen cola junto a la ambulancia que han traído desde Málaga. Las patologías tienen que ver con la falta de higiene. Pequeñas heridas infectadas, infecciones dermatológicas, respiratorias, de los dientes... A Bilal, un joven marroquí de 17 años, una infección le ha provocado que su rodilla derecha se hinche como una pelota. Hasta el punto que los cooperantes, en algún momento, temieron que el problema pudiera derivar en una sepsis, una infección generalizada que a menudo conduce a la muerte. Pero Clara, una enfermera perteneciente a la orden religiosa de las Hijas de la Caridad (con un perfecto dominio del árabe tras haber desarrollado previamente su labor en Libia), aprieta con todas sus fuerzas la inflamación para drenarla ante las lágrimas y las muestras de dolor del joven. Tras ello, otra sanitaria de la misma orden, Mari Carmen, le venda la pierna del tobillo al muslo y se lo lleva en un taxi a la comisaría de policía para que lo filien y así intentar que lo ingresen en un centro en el que su infección no vaya a más.

Que la cantidad de personas que viven en este poblado improvisado, formado por chozas construidas con palés, neumáticos, neveras, sofas viejos, mantas o plásticos, ronda el millar de personas no es algo que se sepa porque las autoridades las hayan filiado o censado. A la cifra, como en toda Ceuta, se llega por el número de comidas repartidas. Cada uno de los que malviven en El Tarajal tiene garantizada una comida al día que proporciona la ONG Luna Blanca. Entre ese asentamiento, los construidos para mujeres por las asociaciones de vecinos de los barrios de Sidi Embarek y El Príncipe y la explanada de Loma Colmenar, un antiguo aparcamiento en el que los militares han levantado tiendas para acoger a irregulares, Luna Blanca reparte cada día 3.000 comidas, según su presidente Mustafa Abdelkader. Mari Carmen, la hija de la caridad que auxilia a Médicos del Mundo, también trabaja con Cruz Roja en el reparto diario de alimentos en la playa del El Trampolín. "Allí entregamos entre 4.000 y 5.000 bolsas con agua, zumo, leche, algo de proteína, que puede ser fiambre o atún, pan, una fruta y algo dulce", explica.

Las cifras que manejan las ONG contrastan con el dato dado en el Congreso este viernes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aseguró que, en Ceuta, tras la salida de la mayor parte de los 72.000 migrantes que entraron en julio, solo quedan 5.000. Porque la suma de las raciones que entregan Cruz Roja y Luna Blanca, el dato que los cooperantes consideran más fiable, alcanza a 8.000 personas viviendo de la caridad, sin contar los ya internados en centros. Existe un baile de cifras entre los datos facilitados por las administraciones y lo que perciben las asociaciones benéficas. El Gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas ofreció al Ejecutivo central espacio para alojar a 11.300 personas, un número que casa más o menos con el que aprecian los cooperantes sobre el terreno, si a él se suman los menores ya acogidos y las personas que pueden procurarse los alimentos por sí mismas.

En cualquier caso, todas las estimaciones de quienes trabajan a pie de calle, basadas en los alimentos distribuidos, supera el dato que Grande-Marlaska facilitó en el Parlamento. En la Cámara, los grupos también preguntaron al ministro por las comidas repartidas y él las cifró en 4.000. "Son los datos que a mí se me pasan y se me pasan por la ministra de Migraciones [Elma Saiz]. Son esos datos y no son otros" sostuvo el responsable de Interior.

Vuelta al Polígono de El Tarajal. Los cientos de porteadores que hasta 2019 entraban cada día aquí para adquirir mercancías y llevárselas a pie hasta Marruecos montaña arriba hace tiempo que desaparecieron. Quedan pocos comerciantes. Como Ibrahim, dueño de un bazar que ya ofrece todo el material de papelería para el inicio del curso y que asegura que, desde la entrada masiva de migrantes, a su solitaria tienda rodeada de chozas solo se acercan los valientes. Que sus clientes de siempre tienen miedo.

En las calles atestadas de barracas, junto a las paredes de las naves, el personal sanitario de Médicos del Mundo trabaja a destajo. No solo ofrecen atención médica y de enfermería, también psicológica. "Nos hemos encontrado con gente que deja de comer, con ataques de ansiedad y de pánico e incluso con trastornos por estrés postraumático que sufren hasta los niños", explica Patricia Ruiz, portavoz de la organización. "Hay que tener en cuenta que toda esta gente atravesó la frontera en un episodio masivo junto al centenar de personas que murieron", continúa. "Y muchos lo presenciaron".

Más allá de la salud mental, los problemas sanitarios que atienden sobrepasan, en ocasiones, lo que es desinfectar una herida, dar unos puntos de sutura o suministrar los medicamentos necesarios para cada patología que aparece. En los casos más graves, los médicos derivan a los migrantes al Hospital Universitario de Ceuta. Allí reciben un tratamiento de urgencias tras el cual, en la mayoría de los casos, vuelven al campamento. En medio de este poblado chabolista ver los documentos de la sanidad pública con sus latiguillos habituales provoca cierto sonrojo. "En caso de necesitar nueva atención deberá acudir a su médico de familia", dice el informe que muestra uno de ellos. Cuando los cooperantes aprecian que la vulnerabilidad médica de una persona obliga a que sea trasladada a un lugar más salubre, tiran de su agenda de contactos con la policía o los funcionarios de sanidad y servicios sociales de la ciudad. Así lo hicieron hace unos días, cuando consiguieron que un niño de 12 años que estaba a cargo de una mujer a punto de dar a luz fuera ingresado en un centro de menores. Lo lograron pidiendo favores.

Alrededor de este consultorio médico gestionado por médicos, psicólogos, enfermeros y las hijas de la caridad, en este polígono de infraviviendas en el que se alojan familias enteras, una cuadrilla de limpiadores vestidos íntegramente de azul suda el calor de finales de agosto barriendo la calle y recogiendo la ropa que algunos jóvenes han dejado fuera de sus chozas. Son los miembros de una subcontrata de Gobierno ceutí que pasa toda la jornada adecentando el terreno. "Estamos agotados, trabajamos todo el día y hacemos lo que podemos, pero tampoco tenemos los medios necesarios para limpiar en profundidad todo esto", explica Nabil Mohamed, uno de los barrenderos, que reclama equipos de protección y productos de limpieza mucho más eficaces que el material con el que cuentan. Poco antes de la hora de comer, la consulta médica de Médicos del Mundo y Cruz Roja en el polígono de El Tarajal se da por concluida. Las ambulancias volverán mañana, como han hecho cada día desde que empezó esta crisis migratoria que este domingo cumple un mes.

Apenas 24 horas después de que 70.000 migrantes cruzaran a nado y a través del espigón fronterizo de El Tarajal a Ceuta, el 1 de agosto, los habitantes de la ciudad autónoma salieron a la calle para manifestarse en contra del eurodiputado ultraderechista Alvise Pérez y de los neonazis de Núcleo Nacional, que trataron de capitalizar políticamente la tragedia humanitaria. Cientos de ceutíes se concentraron entonces en la plaza de los Reyes con la intención de evitar que esos grupos racistas y xenófobos pudieran quebrar la convivencia. Alvise tuvo que irse en un furgón policial. Lo mismo le ocurrió al agitador ultra Vito Quiles al día siguiente. Tuvo que salir huyendo de la céntrica plaza ante la crispación que su presencia generaba entre los vecinos.

Casi un mes después, sin embargo, el discurso ultra xenófobo y violento ha ganado terreno. Prueba de ello han sido las marchas de exaltados hacia la playa del Trampolín, donde cientos de marroquíes malviven en chamizos construidos por ellos mismos. El martes se produjeron los primeros incidentes entre asistentes a la protesta y agentes de la policía, pero el miércoles la concentración derivó en una caza al migrante y terminó por convertirse en una batalla campal en la que los antidisturbios tuvieron que emplearse a fondo con disparos de bolas de goma, porras y escudos para evitar que llegaran al arenal y agredieran a los jóvenes del asentamiento improvisado. El incidente xenófobo más grave se produjo la tarde del jueves, cuando los agitadores quemaron varias chozas de migrantes en la playa de Benítez.

Todo es fruto de un mantra que corre por amplios sectores de la población: "Si el Gobierno no hace su trabajo y los echa, lo haremos nosotros". Los exaltados que, día tras día, buscan el conflicto con los extranjeros con esa excusa, o los que tratan de acabar con el reparto de comidas de organizaciones como la Cruz Roja (algo que consiguieron el jueves) o atacan a periodistas, denigran además cualquier discurso moderado, que consideran "anticeutí" o "antipatriota". La gran mayoría de los habitantes de la ciudad, tanto los de derechas como los de izquierdas, coinciden en culpar al Gobierno central y a Pedro Sánchez de lo que consideran una gestión desastrosa de la crisis, con miles de personas (5.000, dijo este viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en el Congreso) aún vagando por las calles 28 días después de su llegada a nado. Pero los que se oponen a la violencia y quieren que se asista a los migrantes empiezan a cuidarse de dónde y a quién comunican esas ideas. Se ha impuesto una especie de omertà, por miedo a ser tachados de colaboradores de los que los ultras llaman "invasores".

La incitación a los actos violentos se produce a través de Instagram, Tik Tok o X, así como en grupos multitudinarios de WhatsApp. Fuentes de la Policía Nacional, que mantiene monitorizadas las redes, descartan, sin embargo que se trate de acciones organizadas o manipulaciones de partidos o grupúsculos de extrema derecha de la ciudad o de la Península. La dinámica, según transmiten los agentes a infoLibre, siempre es la misma. Una determinada publicación provoca cientos de reacciones exaltadas y entre todos terminan por convocarse para los ataques. Es de esa manera que los agentes tratan de anticiparse a los grupos de radicales para evitar males mayores.

Sin embargo, no es solo esa la violencia que se ejerce. También hay otra de menor intensidad que amenaza la convivencia. Este jueves, por ejemplo, corrió por las aplicaciones de mensajería un texto titulado "lista de establecimientos a los que proponemos hacer boicot en Ceuta". En ella, cada miembro iba añadiendo los negocios "que venden o cargan los móviles a inmigrantes". Aparecían grandes establecimientos, como Carrefour o Decathlon y franquicias como las panaderías Granier o 100 Montaditos. Pero también, junto a ellos, cafeterías populares, pequeñas tiendas y colmados de comestibles, bazares chinos, restaurantes e incluso chiringuitos que pueden sufrir el estigma de los vecinos solo por prestar ayuda o vender productos a migrantes.

La crispación contra los migrantes afecta especialmente a la comunidad musulmana, que supera en Ceuta las 35.000 personas. Las asociaciones de vecinos de barriadas como la del Príncipe Alfonso o Sidi Embarek, donde la inmensa mayoría de los residentes son musulmanes, también han sido objeto de ataques en redes por levantar campamentos para dar cobijo a centenares de mujeres, adolescentes y niñas, a las que procuran baños, duchas, carpas y chamizos, colchones y tres comidas al día. Sus presidentes, Ahmed Enfeddar y Abdellah Mustafa, aseguran que decenas de vecinos se han quejado de haber recibido insultos o malos tratos verbales pese a pertenecer a familias ceutíes de nacionalidad española. Algunas han denunciado los hechos a la Policía Nacional. "Somos ceutíes, pero estamos bajo sospecha", explica en voz baja el encargado de un bar en la Gran Vía. "La gente ya no distingue entre nosotros y los inmigrantes", añade.

"Está calando el mensaje de Vox", explica Ahmed Enfeddar, el presidente de los vecinos del barrio del Príncipe en el campamento para mujeres que su asociación montó cuando se produjo el paso masivo. "Muchos ceutíes se están convirtiendo en marionetas de esa gente", prosigue. "Lo de las manifestaciones violentas, qué te voy a decir, me parece asqueroso. Y lo mismo que se refieran a toda esta gente como 'cucarachas". "Todos esos patriotas se están enfrentando a los más débiles y hay que hacer algo, porque por ahora somos los vecinos los que nos estamos ocupando de mucha de esta gente", concluye. Abdellah Mustafa, de la asociación de Sidi Embarek, publicó el jueves un vídeo en Facebook ampliamente recogido en los medios locales en el que advertía de que "los neonazis utilizan las manifestaciones para romper Ceuta". "Hemos hecho una gran labor humanitaria, hay que mantenerse firmes hasta que los gobernantes respondan, hay que exigir respuestas inmediatas, pero atacando a la gente no se soluciona esto", sostenía. "Se está haciendo un daño muy grande a Ceuta".

"Lo que estamos haciendo es ayudar a la gente de esta ciudad", explica Mustafa en la carpa en la que se ha montado el campamento para mujeres que cruzaron ilegalmente. "Ayudando a estas personas evitamos robos, evitamos pederastia, violaciones, prostitución, acceso a las drogas, marginalidad...", prosigue. "Atacar a la Cruz Roja o al resto de organizaciones que les atienden solo puede empeorar la situación". Pero al mismo tiempo, el líder vecinal, un cocinero de 26 años, cree que su trabajo y el de las ONG que cada día desarrollan su labor con más dificultad debería hacerlo el Estado. "Para que pueda solucionarse esta crisis cuanto antes, lo más importante es que el Gobierno central y el de Ceuta realojen a toda esta gente en condiciones dignas y se ocupen de su higiene y su subsistencia", prosigue. "También que manden legiones de funcionarios de extranjería para determinar quienes tienen que volver a Marruecos, que con toda seguridad serán la mayoría". También carga contra Juan Jesús Vivas (PP), al que acusa de haber puesto a la ciudad autónoma al servicio de una campaña contra Pedro Sánchez permitiendo que se eternicen los problemas.

Vivas, que hasta el momento había permanecido impasible frente a los brotes de violencia, ha leído este viernes una declaración institucional aprobada por la Asamblea de Ceuta en la que se consideraban "legítimas y plenamente justificadas" las manifestaciones ciudadanas que reclaman la vuelta ala normalidad en la ciudad autónoma, pero al mismo tiempo rechaza "con total rotundidad" cualquier forma de violencia, advirtiendo que los actos vandálicos no representan a los ceutíes. "Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano", dice el texto, apoyado por PP, Vox, PSOE, MDyC y Ceuta Ya. Está por ver si el llamamiento a la calma de los principales responsables políticos devuelve las aguas a su cauce o los vándalos ultras y xenófobos vuelven a la caza del migrante.

Apoyados sobre el costado derecho y mirando al este. Hacia La Meca, como obliga el rito funerario musulmán. Hacia La Meca y también hacia la bahía mediterránea en la que se encuentra el espigón de la frontera de El Tarajal, donde perdieron la vida, casi todos ahogados, los pasados 30 y 31 de julio, al intentar cruzar a nado la frontera con España. Desde entonces, sus cuerpos han permanecido conservados en una morgue improvisada en el Hospital Militar de Ceuta. La ciudad ha enterrado este jueves los últimos 11 cuerpos de los 90 que las autoridades españolas recuperaron del mar esos días. Entre ellos, los únicos nueve que han podido ser identificados. El sepelio, en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, se ha convertido en un acto masivo al que han acudido algunos familiares que han llegado desde Marruecos. También se han unido, en silencio, decenas de jóvenes que sí lograron pasar.

Las inhumaciones tienen lugar en las tumbas de la nueva terraza construida en una de las colinas de este recinto funerario. "Habíamos empezado las obras de ampliación en esta zona pero la llegada masiva nos obligó a licitar un contrato de emergencia para poder habilitar el espacio para estos enterramientos", explica Nabila Benzina, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, del PP. Su departamento, responsable de la sanidad mortuoria en la ciudad, puso a disposición de la emergencia un depósito para 200 cadáveres en el Hospital Militar, perteneciente a Defensa pero cedido al Gobierno autonómico. Al final, los muertos recuperados del mar fueron 90, todos hombres salvo una mujer; todos mayores de edad. A las anteriores ceremonias, organizadas desde la semana pasada a medida que el juez firmaba las licencias de enterramiento, solo acudieron los sepultureros y los empleados de la funeraria, que se encargaban, incluso, del rezo. También la consejera, que ha estado presente en cada una de ellas.

En este enterramiento, sin embargo, se han presentado decenas de personas. Hoy se entierra a Younes, un albañil de 26 años muy conocido en Castillejos (Fnideq, en árabe marroquí), a solo seis kilómetros de la frontera. También a Abdeslam, a Nurdin, a Abdelmumin, Ibrahim, Mohamed... Y a Salma, la unica mujer, de Tetuán, cuya madre, a pesar de haber iniciado el proceso para encontrarla, no la ha logrado entrar a Ceuta. Rabat tampoco ha permitido que España le entregue el cuerpo de su hija para cumplir el duelo. Ni este, ni ningún otro. Aunque se conozcan sus nombres. Pero algunos de los familiares de los fallecidos sí han estado este jueves en Sidi Embarek para despedir a sus seres queridos. "No entiendo cómo Marruecos no ha permitido que le entierren allí", se queja entre lágirmas Layla, tocada con un hiyab violeta, que pide que se oculte su nombre real. Layla es prima de Younes. Cruzó con él, pero ella sí logró entrar a Ceuta, donde reside en casa de unos parientes. "Su madre no va a poder visitar su tumba", protesta.

Pasadas las siete y veinte de la tarde, un coche funerario con cuatro de los fallecidos llega al lugar del entierro marcha atrás. Said Mohamed, el responsable del cementerio, saca los cuerpos amortajados y en bolsas blancas junto a otros sepultureros y todos los colocan sobre camillas de color naranja que dejan en el suelo. Un imán dirige entonces un breve responso tras el cual, cada muerto es conducido a su tumba. Mientras los colocan en las sepulturas, alrededor, un grupo de hombres recita, casi cantando, versículos del Corán al tiempo que el resto de jóvenes marroquíes que han querido estar presentes miran la escena a unos metros de distancia. Las mujeres, apartadas del resto, lloran en un balcón situado más arriba desde el que contemplan toda la escena. Casi todos los enterrados hoy proceden de localidades marroquíes muy próximas a Ceuta. De Castillejos, de El Ricón, de Alcazarquivir, de Larache, de Tetuán...

"Esta situación no es nueva en Ceuta", explica Said Mohamed, el responsable del recinto funerario. "Periódicamente hemos tenido que enterrar cuerpos de personas sin identificar, pero nunca nos han llegado tantas de golpe", añade. El jefe de sepultureros, que en algún momento del acto llega a emocionarse, explica que, tras realizar las autopsias, el médico forense recogió muestras de ADN de cada uno de los cuerpos, así como sus huellas dactilares. Esos vestigios se conservan con referencia a un expediente judicial en el que, además, consta el número de sepultura de cada cadáver en el cementerio. De esa manera, si algún familiar entra en contacto con el juzgado para interesarse por uno de los fallecidos y las pruebas genéticas casan, se pueden localizar los cuerpos de manera inmediata.

Todos los fallecidos recuperados son musulmanes. De que sean enterrados conforme a su religión, se encargan Maruan, Driss, Ismail, Ilias, Yalal, Younes y Adil, todos ellos parientes y trabajadores de la funeraria Al-Kader Cuatro Culturas. Son ellos los que se han ocupado de que los cuerpos sean preparados conforme a los preceptos del islam. Tras la autopsia, antes de la congelación, cada uno ha sido lavado, perfumado y amortajado de acuerdo al rito funerario islámico. Después, como establece la ley, han permanecido en la morgue improvisada del Hospital Militar mientras se intentaba su identificación, hasta que el juez ha dado el permiso para las inhumaciones. Al tratarse en la mayoría de los casos de personas desconocidas, será la ciudad autónoma la que corra con los gastos. Salvo en el caso de aquellos cuya identidad se ha logrado descifrar. Para esas nueve personas, son las familias las que paguen el entierro. "Si no pudieran también nos encargaríamos", explica Maruan. "Nuestra tradición nos obliga a honrar y respetar a los muertos".

Junto al montón de tierra de la tumba en la que yace la primera víctima mortal de la llegada masiva solo hay una pequeña lápida blanca con el número 5.408. Desde entonces se han sumado 81 números más, además de los nueve de los difuntos cuyas familias han podido ser localizadas. El prisma de la crisis de Ceuta tiene múltiples caras. De un lado la queja política generalizada por la sensación de ausencia del Estado. También la social, que se percibe en las enormes carencias vitales de los migrantes que se han quedado y en una conflictividad cada día más visible, con episodios violentos y xenófobos alentados por algunos vecinos exaltados. Pero si cualquiera echa un ojo a las cifras de muertos, se dará cuenta de que lo que pasó en esta ciudad hace ya casi un mes fue una de las mayores tragedias migratorias de la historia reciente de España.

Pasadas las ocho y media de la tarde del miércoles, la manifestación de protesta contra el Gobierno convocada por redes y grupos de WhatsApp por la situación en que la llegada masiva masiva de migrantes procedentes de Marruecos de finales de julio ha sumido a Ceuta comienza a perder el sentido. La segunda marcha espontánea, que ha congregado a centenares de personas, ha llegado a la Plaza de los Reyes, sede de la Delegación del Gobierno, pero la protesta, tras los insistentes gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta", los coros de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y las peticiones de dimisión del delegado del Ejecutivo en la ciudad, empiezan a apagarse. Salvo para un grupo de exaltados que, en ese momento, inicia el primer brote colectivo de carácter xenófobo que se ha vivido en la ciudad autónoma desde el pasado 31 de julio.

Tras chocar con un pequeño contingente de agentes que les impedían el descenso hacia el Paseo de la Marina por la calle Camoens, los cabecillas de esta marcha bajan por la calle Millán Astray al grito de "Sí, sí, sí, nos vamos al Trampolín", en referencia a la playa en la que se encuentra el principal campamento improvisado en el que se refugian cientos de migrantes alojados en chamizos construidos por ellos mismos. Momentos antes, se ha producido el primer incidente violento de la protesta, cuando los antidisturbios han tenido que sacar casi en volandas de la marcha a un equipo de TVE que hacía su trabajo. Tras llegar a la plaza de la Constitución, el coro de manifestantes enfila hacia el oeste increpando y agrediendo a cualquier joven de aspecto magrebí que no sepa hablar español.

El primer incidente se produce en céntrica plaza de África. Un hombre de pelo y barba pelirroja con una camiseta de color morado detiene a un adolescente en bermudas, y chanclas tirándole de la camiseta. "¿Eres español? A ver, enséñame tu DNI". Cuando ve que el chico no entiende nada de lo que le están diciendo le propina una patada en la espalda con todas sus fuerzas. El adolescente, musita algo en árabe y huye del lugar a toda prisa. Aterrorizado. La agresión pasa inadvertida para los policías que controlan, todavía con cierta laxitud, la protesta. Pero muchos manifestantes comienzan a retirarse tras contemplar la escena. El agresor se justifica: "Perdonadme, es que no aguanto más después de veintitantos días y no he podido controlarme".

Estamos en la N-354, la carretera que une Ceuta con la pedanía de Benzú por el noroeste de la ciudad artravesando toda la costa norte. Tras pasar las murallas reales, el baluarte situado en la parte más estrecha de la población, varias furgonetas antidisturbios comienzan a tomar posiciones al frente de la manifestación. Decenas de agentes encauzan la marcha –que ya ha pasado de varios miles de personas a unos cientos– mientras los vehículos policiales la encabezan cortando el tráfico a su paso. Durante el trayecto se producen varios intentos de ataque contra jóvenes migrantes que permanecen en los parques o salen de los supermercados. Los chicos corren a toda velocidad en dirección al Trampolín cuando comienzan a ser perseguidos o increpados. Despavoridos. Los agentes les animan a hacerlo advirtiéndoles del peligro que corren. A mitad de recorrido, un grupo de regulares –los soldados ceutíes tocados con el característico fez rojo– aplaude a los exaltados desde la acera.

El grupo ya ha llegado ya a la playa Benítez, la anterior a la del Trampolín, la que los extranjeros han elegido para instalarse. Mientras los agentes contienen a los violentos en el paseo marítimo, decenas de chavales corren muertos de miedo por el arenal con sus bolsas de comida. "¡Vete a tu país, guarro! ¡Vete a tu país, perro!", le grita un encapuchado a un adolescente con aspecto de tener unos 15 años. Otros les llaman "violadores" o les tiran latas, botellas o lo que tengan a mano mientras huyen a la carrera. "¡Invasores, hijos de puta!", grita el grupo, cada vez más desatado.

Cuando solo quedan unos centenares de metros del Trampolín, donde se encuentra la primera zona de chamizos construidos con telas y cartones por los migrantes para guarecerse, los antidisturbios deciden emplearse a fondo para acabar con la amenaza que supone esta marcha y cargan con disparos de pelotas de goma y con sus escudos y sus porras. Se desata el nerviosismo. Los agentes también apuntan hacia los chicos que ocupan las chabolas de la zona para provocar que escapen a toda prisa y se pongan a salvo de sus potenciales agresores. "Hacia este lado no, hacia ellos", reacciona uno de los integrantes de la protesta. "Tenéis cojones de disparar a un español pero a un inmigrante, no", les lanza una mujer. "Que los malos son ellos", añade.

El momento de mayor tensión se produce cuando varios exaltados consiguen saltarse el cordón policial, acceden a la playa y destruyen dos de los chambaos improvisados por los migrantes con sombrillas de playa. Intentan, incluso, destrozar una ducha de playa para que no la puedan usar. Desde el paseo, el resto les aplaude y les jalea envalentonado. "Pegadle fuego a todo", les reclaman unos. Otros les recomiendan a gritos que tengan precaución: "¡Mucho cuidado, a ver si os vais a pillar la sarna!". Al fondo, junto a la tapia de la desaladora que separa la playa Benítez de la del Trampolín, los cientos de los chavales que han huido hasta allí contemplan la escena.

Pasadas las diez de la noche, esta caza al marroquí, de la que ya solo forman parte varias decenas de alborotadores, está a punto de terminar. Los antidisturbios empiezan a empujar a los pocos manifestantes que quedan de vuelta hacia el centro de Ceuta. Uno, con un pasamontañas y una camiseta del equipo local, intenta seguir hacia el campamento de migrantes. Un policía mucho más alto que él lo frena en seco y le dice: "Mira chaval, puedo comprender tu rabia, pero deja de hacer el tonto, que si te dejo hacer lo que quieres te vas a joder la vida". Poco a poco, los pocos que quedan retroceden y la agresividad se diluye. Termina una protesta violenta que, sin el trabajo policial, con toda probabilidad, habría acabado en desgracia.

El martes 25 de agosto fue un antes y un después para Nieves Contreras, presidenta de la Asociación de Vecinos de la barriada de La Libertad, anteriormente conocida como Varela-Valiño. Pero no por el nombramiento del ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres, como mando único con poder de coordinación sobre 11 ministerios para dar solución a la crisis generada por la entrada masiva de migrantes de los pasados 30 y 31 de julio. Lo que ha cambiado las cosas es que, casi un mes después del acontecimiento que conmocionó su ciudad, sus habitantes estallaron y organizaron, sin el permiso preceptivo de la Delegación del Gobierno, una manifestación espontánea que, en algunos momentos, tuvo que ser reprimida por la policía. “La gente está sobrepasada y hay riesgo de que pase algo”, dice.

Uno de los motivos de esta pequeña rebelión –que los ceutíes planean repetir mientras las cosas no cambien– fue, precisamente, el real decreto que declaró “situación de interés para la seguridad nacional” la crisis de Ceuta y que el ministro Torres trajo a la ciudad autónoma bajo el brazo. En él se establecían una serie de terrenos tanto pertenecientes al Estado como al Gobierno ceutí que podrían ponerse a disposición para alojar a los extranjeros que permanecen en la ciudad desde hace 25 días. Centenares de ellos han acampado con tiendas rudimentarias de cañas y telas viejas en la playa del Trampolín, camino de la frontera de Benzú, que limita con la localidad marroquí de Belyounech (Beliones, en español). Ayer, muchos de ellos se afanaban en repararlas o levantar nuevos habitáculos por los destrozos del viento de poniente.

El nuevo mando único, el ministro Torres, mantuvo el martes una reunión a la que asistió también el presidente ceutí Juan Jesús Vivas y la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad. El presidente trasladó su visión y la de los vecinos de que muchos de los emplazamientos que recogía el decreto como posibles lugares de acogida contaban con la oposición de gran parte de la población que se ha tenido que acostumbrar por la fuerza a convivir con una gran masa de indigentes que necesita ayuda urgente.

Algunas de las disposiciones de ese decreto son las que hicieron estallar la indignación que derivó en la manifestación espontánea en la que se produjeron incidentes violentos. Como las del acuartelamiento Coronel Fiscer, perteneciente al Ministerio de Defensa. Los vecinos se quejan de que la instalación se encuentra junto a un colegio de educación infantil y primaria. Lo mismo que el Hospital Militar, cedido por el Estado a la ciudad, o la nave de la fábrica de harinas, también propiedad de Defensa, situada muy cerca de otros tres centros educativos, así como de una zona comercial muy concurrida. La crisis se ha producido en plenas vacaciones de verano, pero el curso empezará en dos semanas y las familias temen por la seguridad de sus hijos.

Otros emplazamientos recogidos en el decreto también generaron una enorme oposición, como los polideportivos dependientes del Gobierno de Vivas. Ceuta, como explican los vecinos, es un espacio muy pequeño donde el deporte es una válvula de escape que practica mucha gente. La población no quiere que esas infraestructuras se cierren al ejercicio físico para convertirlas en centros de acogida, aunque sean temporales. Este miércoles a mediodía, con calor y un día soleado, las playas del sur de la ciudad estaban perfectamente preparadas para recibir a los bañistas con la arena limpia y peinada y los socorristas en sus puestos, pero apenas había familias que hubieran acudido a darse un chapuzón. Grupos de migrantes, muchos de ellos chicos jóvenes, aprovechaban los chamizos y palapas para pasar el tiempo protegiéndose del sol.

Consciente de la indignación ciudadana que había producido la inclusión de esas instalaciones como posibles lugares de acogida, el ministro Torres se apresuró a última hora del martes, después su primera reunión con Vivas tras su designación como mando único, a aclarar que los lugares donde se construyan los campamentos temporales se decidirán por consenso entre el Gobierno central y el ceutí, y que las infraestructuras contenidas en la norma eran, en realidad, "una propuesta de máximos modificable y flexible". Los polideportivos, explicó su departamento, solo se utilizarían en caso de situación extrema. Vivas, sin embargo, ha anunciado este miércoles que su Ejecutivo recurrirá el reglamento para que se eliminen esas instalaciones. "Se agradece que el ministro se comprometa verbalmente, pero tenemos que hacer constar de una manera expresa su exclusión", aseguraron fuentes del Gobierno de la ciudad.

La idea es que, mientras dure la crisis, esas instalaciones de acogida se desplieguen en las afueras de la ciudad, explica el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Francisco García. En la Hípica, por ejemplo, junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ya se han iniciado los trabajos, aunque alguien ha colocado una pancarta en la entrada para quejarse. El Gobierno local ofrece dos terrenos en el paraje de Calamocarro, en la costa norte, cerca del paso cerrado de Benzú, a una hora a pie del centro. También se ve con buenos ojos el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y no hay inconveniente en que se siga usando el embolsamiento de Loma Colmenar, un enorme aparcamiento junto al hospital cercano a la frontera del Tarajal. Así, el Gobierno de Ceuta ha remitido este miércoles al ministro Torres una propuesta inicial de espacios que permitiría habilitar unas 11.300 plazas para acoger a adultos y menores migrantes.

La mayoría de los ceutíes es consciente de la tragedia humanitaria y cree que los miles de migrantes que aún quedan necesitan ayuda, pero no quiere que la ciudad entera se convierta en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que les impida volver a su vida. Piden una solución porque temen que las pésimas condiciones en las que vive la mayor parte de esta población irregular y el hartazgo de muchos locales puedan conducir a una mayor conflictividad. Las convocatorias de nuevas manifestaciones siguen corriendo por las redes sociales y las aplicaciones de mensajería y, según los colectivos vecinales, todo ello moviliza a los más exaltados y da pábulo a una conflictividad que a toda costa quieren evitar.

El Partido Popular acude, en materia de Justicia –aunque no solo–, a la brocha gorda y a la hipérbole en su estrategia contra el Gobierno, al que acusa, sin mucho éxito, de vulnerar la Constitución. Lo hizo con la amnistía y perdió. También lo señala por atacar la separación de poderes o la independencia judicial cuando cuestiona procesos con actuaciones judiciales más que dudosas, como la condena al ex fiscal general o el caso Begoña Gómez. Esta supuesta pureza en la defensa de la norma fundamental cede, sin embargo, cuando entran en juego sus intereses partidistas. Y uno de ellos es volver a dominar el Tribunal Constitucional (TC) con una mayoría afín. Al igual que hizo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), provocando una crisis constitucional sin precedentes, hace ya ocho meses que bloquea la renovación en el Senado de cuatro magistrados del órgano de garantías.

Lo escribió en su cuenta de X el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. "Hace ocho meses que el PP incumple la Constitución", señaló Félix Bolaños en su publicación del pasado 17 de agosto. "Ocho meses sin renovar los cuatro magistrados del TC que tocan al Senado con excusas baratas. Con el CGPJ estuvieron más de cinco años incumpliendo la obligación de renovación", prosiguió. Y terminó haciendo referencia a una de las últimas polémica político-constitucionales huecas del partido de Feijóo, que exigió la comparecencia inmediata de cuatro ministros para explicar la crisis de Ceuta cuando el Ejecutivo ya había avanzado que daría las explicaciones pertinentes. "El PP en el Senado: numeritos, muchos; cumplir la Constitución Española, nada", concluyó.

Así pues, para el PP, que el Gobierno se niegue a comparecer en la Cámara que controla, el Senado, en el momento exacto en que sus senadores quieren, es una vulneración constitucional de la obligación del Ejecutivo de someterse al control del Parlamento, por la que su presidente, Pedro Rollán, está meditando adoptar "acciones legales". Acciones legales que ya ha ejercido –planteando un conflicto de atribuciones en el TC– por la incapacidad de Pedro Sánchez de reunir apoyos suficientes para sacar adelante unos Presupuestos. Sin embargo, como decía Bolaños en su tuit, Rollán y los suyos llevan ocho meses vulnerando el mandato que les impone el artículo 159.3 de la Constitución: "Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres". Toca ahora al Senado. Pero se niega a hacerlo.

Y todo indica en que persistirá en su negativa al menos un año más. Así lo vino a anunciar, sin decirlo expresamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cuando le preguntaron por ello en un desayuno informativo. Dijo que su partido no había "podido" iniciar los trámites para la renovación porque había “incertidumbre” por los procesos electorales y, por tanto, tocaba “esperar”. Pero Muñoz también dejó meridianamente claro que la actual mayoría del Constitucional no le gusta, pese a que el PP de Pablo Casado participó en su renovación en octubre de 2021 y eligió a magistrados como Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

Justificó el bloqueo –y el incumplimiento por su formación del mandato constitucional de renovar– como si su partido estuviera estuviera prestando un servicio a España: “Ojalá volviéramos a tener un Tribunal Constitucional en el que no todos sepamos de antemano cómo van a acabar las votaciones, en el que las decisiones no terminen siempre con un 7-5 y con magistrados de reconocido prestigio que piensen antes en los intereses de España que en los intereses de quien les ha puesto". El Tribunal Constitucional tiene, por su propia configuración, una clara dimensión política: sus miembros son designados a propuesta de los tres poderes del Estado: el Legislativo (Congreso y Senado), el Ejecutivo y el Judicial.

Si el objetivo del bloqueo durante más de cinco años de la renovación de CGPJ fue no ceder el control de la cúpula judicial a través de los nombramientos a una mayoría de vocales progresista, el bloqueo del Constitucional busca hacerse con la única institución que podría actuar como contrapeso si el PP llegara al Gobierno. En condiciones normales, la mayoría progresista en el órgano de garantías tendría que durar, al menos, hasta 2031, ya que alcanzar los tres quintos de los votos para nombrar a los nuevos magistrados exige negociar a los dos principales partidos, que se suelen repartir dos designaciones para cada uno. La "incertidumbre" de la que hablaba Muñoz para justificar el bloqueo es, en realidad, una expectativa: la de conseguir, por sí mismo o con Vox, los tres quintos de senadores necesarios y así no tener que ceder puestos al PSOE. Eso permitiría nombrar a los cuatro jueces y supondría un revolcón inmediato al juego de mayorías en el Constitucional.

Todas las esperanzas del PP están puestas en las autonómicas de la próxima primavera y las generales, que como muy tarde llegarán en julio del año que viene. Los populares esperan un fuerte batacazo de Sánchez y sus socios que les permita ampliar su mayoría en la Cámara Alta –con o sin Vox– en 11 senadores y llegar así a los tres quintos. Tras sus éxitos en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, un gran resultado en las autonómicas de mayo (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla) podría contribuir a ese objetivo gracias a los senadores de designación autonómica. En la renovación del tercio del Constitucional que corresponde al Senado, son las asambleas regionales las que, en primer lugar, deben proponer candidatos a magistrado.

El control del Constitucional por magistrados afines al PP sería el broche al ciclo de mayor acumulación de poder de la derecha y la ultraderecha en España en democracia. Si se cumplen sus objetivos, además de ambas cámaras, el Gobierno y la mayoría de los Ejecutivos autonómicos, la derecha seguirá controlando el Poder Judicial (donde no ha perdido su influencia tras la renovación de 2024 gracias al nombramiento de Isabel Perelló como presidenta). Volcar el juego actual de mayorías en el órgano de garantías, en el que los magistrados progresistas siguen siendo más, acabaría con el último reducto de poder de la izquierda rompiendo dramáticamente el equilibrio de poder hacia PP y Vox. Y para lograrlo, no basta con nombrar a dos o tres magistrados, algo que no tumbaría la mayoría actual. Necesitan designar a los cuatro.

El proyecto de reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional anunciada por el Gobierno fue aprobado el 24 de febrero, pero dos años después de la promesa de la limitación de los anuncios, la nueva regulación –que afectará únicamente a la publicidad procedente de la Administración del Estado pero no de los gobiernos autonómicos o municipales–, no termina de arrancar. Un informe de la Federación de Periodistas Europeos (EFJ, en sus siglas en inglés, que une a asociaciones y sindicatos de los Veintisiete) para la Comisión Europea reprocha además al Ejecutivo que, aunque la reforma esté en marcha, los ministerios y organismos que dependen de él desoyen las peticiones de los periodistas para que publiquen los criterios por los que distribuyen sus campañas dando solo "respuestas genéricas".

La reforma, que se encuentra en un estado todavía embrionario, viene impuesta desde Europa. Su objetivo es adaptar la legislación española al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). El texto aprobado establece un límite máximo en la asignación de esos fondos equivalente al 35% de la cifra de negocio de los medios que los reciban. La finalidad es limitar la excesiva influencia de las administraciones en las redacciones y la proliferación de pseudomedios vendidos a ellas, que en muchos casos, tienen en estas campañas como única fuente de ingresos.

El último Informe del Estado de Derecho de la UE, publicado el pasado julio, y que recoge, entre otras, parte de las aportaciones de la EFJ, explicaba cómo desde la profesión y otros sectores, ante la lentitud de la reforma prometida, se sigue usando la publicidad institucional "para ejercer influencia política (...) especialmente en períodos electorales". Las administraciones siguen dando "un trato discriminatorio" a determinados medios y sigue existiendo "una falta de información pertinente sobre los beneficiarios de dicha financiación y los importes de esta". Según la Comisión, hoy por hoy, existe una "ausencia de criterios justos para la asignación de fondos públicos".

La federación europea –cuyos socios españoles son la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y los sindicatos UGT, CCOO y ELA– explica que, mientras se tramita la nueva ley que modificará la actual, vigente desde 2005, "algunos medios se han quejado y han reclamado al Gobierno que explique los criterios que usa para distribuir su publicidad". Sin embargo, pese a la obligación procedente de la normativa comunitaria (aún no traspuesta), "los ministerios implicados solo han dado respuestas genéricas". La información se ha reclamado por transparencia e incluso ha originado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que todavía no se ha pronunciado.

El texto aprobado por el Gobierno, además de establecer que esta publicidad no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige la inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público, tal y como publicó infoLibre en mayo. Lo que no hace, y ahí está el problema y la principal queja de asociaciones y sindicatos, es regular el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. El Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, riega de millones a sus medios afines.

La edición de 2025 del Informe del Estado de derecho contenía una recomendación a España para que reformara la Ley de Secretos Oficiales. En la de este año, la Comisión considera un "significativo avance" el hecho de que el Gobierno aprobara el proyecto de ley de Información Clasificada, para reformar la todavía vigente regulación franquista. En su informe al Ejecutivo comunitario, la federación europea asegura, sin embargo, que la iniciativa gubernamental ha sido muy criticada por la amplitud de los plazos para desclasificar determinados documentos.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), aprobado en 2024, obligó también a designar un regulador para los medios de comunicación. El Ejecutivo otorgó esa función a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su proyecto de ley de Servicios Digitales prevé la creación en su seno de una dirección de medios de comunicación dotada con 32 nuevos puestos. Los periodistas europeos desconfían, sin embargo, de ese organismo. "Las personas que ocupen su presidencia y sus directivos pueden ser prestigiosos e independientes, pero siempre estarán bajo sospecha al ser nombrados por el Gobierno", sostiene la EFJ, que además se queja de que la nueva dirección no haya sido todavía creada ni dotada de medios para ejercer su función.

La expansión de la competencia de las secciones de Violencia sobre la Mujer de los tribunales de instancia, no solo a la violencia doméstica, sino a cualquier tipo de agresión o delito por razones de género es uno de los principales retos de estos órganos. Así lo afirma la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) a la que preocupa especialmente los casos de trata de mujeres, por la gran complejidad que suponen. La asociación progresista y feminista insiste en la paradoja del sistema judicial español en el que seis de cada diez miembros de la magistratura son juezas que, sin embargo, están infrarrepresentadas en la cúpula –Tribunal Supremo, presidencias de Audiencias Provinciales y presidencias de sala de tribunales superiores– donde apenas superan el 30%. En las cinco salas del Alto Tribunal, las mujeres ni siquiera alcanzan el 20% de los puestos. La ley de paridad, vigente desde agosto de 2024, impone que el reparto de cargos se sitúe en la horquilla del 40-60% para cada sexo.

Todas estas apreciaciones se encuentran recogidas en el informe enviado por el colectivo a la Comisión Europea para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho, publicado por el Ejecutivo comunitario el pasado julio. La AMJE destaca la "drástica expansión del catálogo de crímenes" que los órganos judiciales especializados en violencia machista tienen que afrontar desde la entrada en vigor de la ley de eficiencia, el 1 de enero de 2025. Esa expansión se debió a la necesidad de adaptar la legislación española sobre la materia al Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) del Consejo de Europa, firmado por España en 2011.

Uno de los nuevos delitos que recaen con la nueva ley en las secciones de Violencia sobre la Mujer de los nuevos tribunales de instancia es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual cuando la víctima es una mujer. "Existe un problema en estos casos de prostitución y trata porque, en la mayoría de las ocasiones se trata de casos complejos", explica el informe de AMJE enviado al Ejecutivo comunitario. Esas causas, además del tráfico de personas y la prostitución forzada, suelen incluir delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, infracciones penales que van mucho más allá de la tradicional especialización en violencias ejercidas por la pareja o expareja de la víctima.

En estos tribunales, la competencia, además, viene determinada por el domicilio de la víctima, pero, tal y como advierte la asociación de juezas, "en los casos de trata y explotación sexual, es especialmente difícil porque implica organizaciones criminales que operan desde distintos lugares", sostiene el informe a Bruselas de AMJE. "Las víctimas, en muchos casos, ni siquiera tienen un domicilio", añade.

La asociación calcula que las nuevas competencias de estos órganos especializados supondrán un incremento de casos de entre el 12,9% y el 20%, al tener que hacerse cargo, no solo de la trata, sino también de todos los casos de violencia sexual y acoso, los delitos contra la intimidad y el honor, como el sexting (revelación de secretos) o las injurias relacionadas con el género o la violencia vicaria. "Cambiar la ley no es suficiente", advierte AMJE. "Es necesario formar a los jueces y el resto de personal de los juzgados en la ley del solo sí es sí y las nuevas dinámicas de agresión sexual, que requieren conocimientos tecnológicos complejos para los que no siempre hay personal especializado".

El colectivo feminista también se refiere a la situación general de la mujer en el cuerpo judicial. Y no habla únicamente de la segregación vertical, que perjudica a las mujeres, mayoritarias en la judicatura, y les dificulta acceder a los tribunales y puestos de la cúpula. También existe una "segregación horizontal", que coloca a las juezas y magistradas en determinados ámbitos: secciones de Violencia sobre la Mujer (donde ocupan el 76,9% de las plazas), secciones de primera instancia e instrucción (70,5%), secciones de menores (67,4%) y secciones de lo Penal (67,4%).

"Su presencia decae sistemáticamente en las audiencias provinciales, tribunales superiores y órganos centrales [es decir, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional]", recuerda AMJE, que asegura que la regulación del Consejo para la provisión de los puestos discrecionales en los principales tribunales "no garantiza una igualdad de género real y efectiva". Desde el órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, aseguran que uno de los problemas con el que se encuentran los vocales –más allá de las distintas posiciones que los dos sectores sostienen sobre la paridad de las designaciones que los progresistas siempre tratan de cumplir– es la ausencia de candidatas a algunas de esas posiciones clave.

Las principales asociaciones judiciales conservadoras, a las que están asociados más del 50% de los jueces y juezas españoles, han vuelto a criticar ante la Unión Europea todas y cada una de las reformas judiciales planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, contra las que hicieron una huelga ilegal en julio de 2025. Los tres colectivos –la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Francisco de Vitoria (FdV), segunda en número de asociados, y Foro Judicial Independiente (FJI, que sostiene, en contra del sentir generalizado de la carrera, que no es de derechas)– han vuelto a pintar ante la Comisión Europea un panorama desolador en el que el Ejecutivo atenta sistemáticamente contra la separación de poderes y la independencia judicial, y busca a la desesperada colocar a jueces afines.

Pero en sus contribuciones enviadas a Bruselas para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho de la UE, publicado el pasado julio, destaca, por su hipérbole, la de la FdV. La asociación más numerosa detrás de la APM ha vuelto a comparar la España de Pedro Sánchez con la Polonia de los populistas ultras del PiS que, hasta la llegada del nuevo primer ministro polaco Donald Tusk, fueron un auténtico quebradero de cabeza para la comisión por su deriva antiliberal. Además, el colectivo vuelve a pedir a Europa que intervenga en defensa de la democracia, como hizo en su momento con Varsovia y con la Hungría del iliberal Víktor Orban.

En plena ola de descrédito de la magistratura y con dos encuestas recientes –publicadas por El País y La Vanguardia– que mostraban una percepción muy amplia (sobre todo entre los votantes de izquierda) de falta de imparcialidad de una judicatura muy mayoritariamente escorada a la derecha, las reclamaciones de la Francisco de Vitoria (de centroderecha o moderada) a la Comisión son un dato relevante. En primer lugar porque se trata del segundo colectivo en número de asociados (952), que representan casi el 20% de los 5.431 jueces y juezas españoles. Uno de cada cinco jueces o magistrados pertenece a esta asociación que, sin embargo, carece de representantes en el Consejo General del Poder Judicial.

En Europa, según fuentes de la Comisión consultadas por infoLibre, no entienden estas reclamaciones y comparaciones exageradas con socios en los que el Estado de derecho sí estuvo en franco peligro, como Hungría o Polonia. No es la primera vez que un colectivo judicial conservador español, alineándose con el PP, pide la intervención de Bruselas, con la consiguiente perplejidad del organismo que dirige Ursula von der Leyen. APM, FdV y Foro reclamaron la apertura de un procedimiento sancionador (que hubiera supuesto un recorte de fondos europeos) con la reforma que impidió nombrar cargos a un CGPJ prorrogado en 2021 y más tarde con la ley de amnistía.

El informe enviado por la FdV a la Comisión recuerda que, desde que se creó el informe que supervisa la calidad democrática de los Veintisiete en hace ya siete años, la asociación ha venido advirtiendo "de serios problemas para el Estado de derecho en España que nos parecen similares a los de Polonia", dice el escrito. "Este año se ha consumado la toma de control por el Ejecutivo del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado", añade el colectivo conservador. "Es precisa una intervención urgente para proteger el Estado de derecho en España", concluye. Pese a la insistencia de FdV y el resto de asociaciones de derechas, la Comisión nunca ha adoptado ningún procedimiento de este tipo contra España por falta de calidad democrática. Su órgano judicial, el Tribunal de Justicia (TJUE), no ha apreciado ningún riesgo sistémico para nuestra democracia. Tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que no pertenece a la UE sino al Consejo de Europa.

Como en el caso de las opiniones de las otras asociaciones judiciales conservadoras, la de FdV critica lo que en su opinión, son "ataques permanentes a la función judicial desde el poder Ejecutivo y el Parlamento" que, a su juicio, "erosiona la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y deslegitima su independencia al asimilar a los jueces con la opción política de la derecha o la ultraderecha". Sin embargo, hay datos objetivos que confirman el sesgo conservador de la magistratura, como las elecciones a las salas de gobierno de los principales tribunales que, en su última edición, dieron a la derecha judicial 104 de las 118 plazas en liza. O las sucesivas renovaciones de la Comisión de Ética del CGPJ, la única del órgano de gobierno de los jueces que eligen directamente todos los miembros del cuerpo y en la que sistemáticamente entran candidatos de derecha.

FdV, como el resto de colectivos conservadores, interpreta como intentos de control de los jueces y fiscales las reformas impulsadas por el Gobierno de Sánchez, como la que busca la democratización del sistema de acceso a ambas carreras para hacerlas accesibles a aspirantes de sectores desfavorecidos, la que pretende blindar la independencia de los fiscales o el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que dará al Ministerio Público la investigación de los delitos, históricamente en España en manos de los jueces de instrucción. Sin embargo, la edición de 2026 del Informe del Estado de Derecho de la UE, desoye tanto los avisos de riesgo sistémico para la democracia como las críticas a los proyectos del Ejecutivo.

Así, el informe europeo, publicado en julio, considera la propuesta de nueva ley de enjuiciamiento y la reforma del Ministerio Fiscal un avance del sistema judicial español. "Ha habido un significativo progreso en la recomendación de fortalecer el estatuto del fiscal general con un proyecto de ley sometido a discusión en el Parlamento", afirmaba su edición de 2026, que valoraba especialmente "que el fiscal general permanezca en el cargo durante un mandato no renovable de cinco años que ya no coincida con el del Gobierno”, una de las recomendaciones de años anteriores, y "que la responsabilidad de dirigir las investigaciones penales pase de los jueces a los fiscales", algo que, según el documento, hará que las causas penales sean "más efectivas". Otro de los aspectos subrayados por la Comisión es la propuesta de reforma de la acusación popular que contiene la reforma, también criticada por los colectivos de derechas, y que, según el Ejecutivo europeo, "busca prevenir los abusos que se perciben".

El documento elaborado y publicado por el Ejecutivo europeo, no toma en cuenta las quejas de los colectivos conservadores en cuanto al sistema judicial. No ve ningún intento de nombrar jueces afines al Gobierno en la reforma del acceso a la judicatura y la Fiscalía sino que entiende que “busca reformar el acceso a esas carreras y estabilizar la situación de jueces y fiscales sustitutos”. De todas las reformas, solo una, la ley de eficiencia, ha entrado en vigor. La norma que acabó con los juzgados unipersonales para convertirlos en tribunales de instancia solo ha generado caos en el sistema judicial, según los colectivos conservadores. Sin embargo, para el Ejecutivo europeo, esa modificación "ha mostrado ya resultados positivos".

Que el juicio que acabó con la condena e inhabilitación del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, supuso un retroceso en la transparencia con la que los medios cubren los procesos de mayor trascendencia es un hecho indiscutible. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sacado pecho ante la Comisión Europea del restrictivo dispositivo para la cobertura periodística del proceso más importante de 2025, del que el tribunal impidió emitir la señal en directo o por internet. Lo sostiene en su contribución al Informe sobre el Estado de Derecho de la UE de 2026, publicado el pasado julio. En su aportación, el órgano que dirige Isabel Perelló se queja, además, de las críticas que recibió la sentencia, ampliamente cuestionada en medios judiciales y académicos, con dos votos particulares que denunciaron la violación de garantías constitucionales básicas del condenado.

En su escrito enviado a Bruselas, el Alto Tribunal subraya cómo la causa penal contra el anterior responsable del Ministerio Público, "provocó una atención pública significativa". "El juicio tuvo lugar ante el Supremo el pasado noviembre y recibió una gran cobertura mediática", explica en su contribución. "Las sesiones de la vista, que se produjeron sin incidentes notables, fueron íntegramente emitidas por un canal interno a más de 200 periodistas acreditados de medios nacionales e internacionales localizados en las dependencias del Tribunal", sostiene el Supremo ante la Comisión. Su posición contrasta con la que expuso ante el Ejecutivo comunitario la Fiscalía General del Estado, en la que se quejó de las restricciones a los medios como una de las irregularidades del proceso contra García Ortiz.

Diez días antes del inicio del juicio, la oficina de comunicación del Supremo envió un correo a los periodistas que quisieran acreditarse para seguir la vista con las condiciones en las que tendrían acceso a las imágenes y cómo podrían utilizarlas. El email señalaba que, según había dispuesto el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, la señal institucional del juicio podría captarse en los espacios habilitados del tribunal a través de distribuidores de audio analógicos y vídeo. Después advertía de que la señal solo podría usarse "para la elaboración de piezas informativas, de modo que solo podrán difundirse aquellos extractos que consideren precisos para las mismas". Y añadía: "No está permitida la restransmisión íntegra o parcial de la señal ni en directo ni en diferido". "El incumplimiento de estas normas podrá suponer la retirada de la acreditación al medio".

La nueva política de comunicación impuesta por Arrieta fue generalmente interpretada como un retroceso en la transparencia con la que, no solo el Supremo, sino la Audiencia Nacional y otras audiencias provinciales venían actuando. España ha visto en directo y a través de internet cómo la hermana del rey Felipe VI, Cristina de Borbón, se sentó en el banquillo en Palma junto a su exesposo, Iñaki Urdangarín. También asistió en tiempo real a la declaración como testigo de un expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la mayor causa de corrupción que ha afectado al PP, el caso Gürtel, cuando aún estaba en el ejercicio de su cargo. En el Supremo, la misma sala que impidió la difusión íntegra del juicio a García Ortiz, la reclamó y autorizó (incluso por internet) en la vista en que condenó a los dirigentes del proceso independentista catalán. La Audiencia Nacional sigue retransmitiendo a través de YouTube sus juicios más mediáticos. Así lo ha hecho en las últimas semanas con el caso Kitchen o el que afecta al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia.

La decisión de Arrieta, que fuentes del Supremo justificaron como un favor a García Ortiz para garantizar su derecho a la intimidad, fue muy contestada entre los periodistas, porque, además de hurtar al ciudadano la posibilidad de asistir sin intermediarios a las sesiones de la vista para poder hacerse su propia idea de lo enjuiciado, provocó una enorme desigualdad entre los diferentes medios. Hacer las "piezas informativas" de las que hablaba el Supremo en el correo enviado a los redactores exigía contar con medios tecnológicos propios para poder digitalizar la señal facilitada por el tribunal y emitir las informaciones elaboradas con ellas. La mayoría de periódicos digitales tuvo que conformarse con escuchar las sesiones en las dependencias judiciales y transmitir sus noticias por escrito y sin poder ilustrarlas con imágenes de la vista. Medios como infoLibre o 'Público' enviaron sus quejas por escrito a la oficina de comunicación.

Pese a los recortes a la publicidad ordenados por el Alto Tribunal ante el juicio del año, el anuncio del fallo condenatorio y la muy posterior publicación de su justificación en la sentencia causaron una enorme polémica que partió en dos a la judicatura y la Fiscalía. Los dos votos particulares –de las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo– mostraron una fractura sin precedentes en la Sala de lo Penal que reflejó dos visiones alternativas de la realidad: de un lado, la condena mayoritaria de la parte conservadora de la Sala y, de otro, las acusaciones de las dos disidentes de que esa condena se había producido vulnerando el derecho de defensa y la presunción de inocencia de García Ortiz y con una valoración errónea de las pruebas. Otro magistrado conservador, Andrés Palomo, redactó durante la instrucción otro voto particular que se oponía al procesamiento del acusado.

La única asociación judicial progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, a la que pertenecen Polo y Ferrer, y que es la tercera en número de asociados dentro de la carrera, emitió un comunicado en contra del criterio mantenido en la sentencia por el Supremo en el que afirmaba que lo más adecuado hubiera sido la absolución del fiscal general. También fue muy beligerante la Unión Progresista de Fiscales, el segundo colectivo profesional del Ministerio Público, del que fue máximo responsable García Ortiz antes de convertirse en fiscal general. La sentencia, además, fue recurrida al Tribunal Constitucional en amparo no solo por el propio condenado, sino también por la teniente fiscal del Tribunal Supremo (número dos del cuerpo) con el apoyo implícito de la sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato. Las críticas a la resolución por la vulneración de derechos fundamentales también vinieron de exmagistrados del Alto Tribunal como Perfecto Andrés o José Antonio Martín Pallín. Y de voces muy respetadas de diversas facultades de Derecho.

Pese a esta enorme controversia que generó el juicio y la condena, el Tribunal Supremo ha utilizado también su contribución al último Informe del Estado de Derecho de la UE, el de este año, para protestar por las críticas recibidas. Entre ellas, sin citarlo por su nombre, la del ministro para la Transformación Digital, Óscar López que, al valorar la sentencia ante los medios, aseguró que "muchos guiones de Hollywood" tenían "menos creatividad", que la resolución. Los magistrados acusan también las declaraciones del eurodiputado y dirigente de Sumar Jaume Asens, que calificó la resolución de "auto de fe puramente inquisitorial" (en referencia a los procesos medievales contra supuestos herejes) por considerar, como otros jueces, fiscales y profesores, que la condena se dictó sin pruebas. El propio defensor de García Ortiz, abogado del Estado, utilizó el término "inquisitorial" para referirse a la instrucción de la causa durante el juicio, pero el informe del Supremo no se refiere a los servicios jurídicos del Estado.

El Alto Tribunal también se detiene en las acusaciones de lawfare, "que retratan al acusado como la víctima de un procedimiento motivado políticamente". "Algunos representantes políticos han utilizado expresiones como 'golpe de Estado judicial' [lo hizo Sumar] y han reiterado que la condena forma parte de una operación 'organizada y coordinada' para desestabilizar al Ejecutivo a través de mecanismos judiciales, o 'el uso de la justicia para objetivos políticos'", sostiene el tribunal en su informe a Bruselas. "Muchas de estas declaraciones se hicieron incluso antes de que el texto de la sentencia se hubiera hecho público", añade sin especificar que el fallo condenatorio se hizo público 19 días antes de la notificación de la condena, dando lugar a todo tipo de especulaciones. "El Tribunal Supremo no ha dado respuesta a ninguna de estas manifestaciones", sostiene el documento enviado a la Comisión.

La enorme división que generó la condena en medios judiciales y fiscales también se desprende de la visión que envió a la Comisión, también para el Informe sobre el Estado de Derecho, la fiscala general, Teresa Peramato, con una visión radicalmente opuesta a la del Supremo. En su escrito denunció "irregularidades" en la instrucción y criticó el contenido de la sentencia. Todo ello, según Peramato, "incrementó la percepción de falta de independencia del Tribunal Supremo".

La instrucción y el juicio que acabó con la condena por revelación de datos reservados e inabilitación del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mostró "irregularidades" que han generado entre la población "la percepción de una influencia real de la política en el sistema judicial español" y un incremento en la idea de "falta de independencia del Tribunal Supremo". Así lo refleja la contribución de la Fiscalía General del Estado, que dirige Teresa Peramato, para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, que la Comisión Europea publicó el pasado julio. El documento enviado a Bruselas por la jefa del Ministerio Público recuerda "la controversia y las críticas en ámbitos judiciales y legales" que ha recibido la sentencia contra su predecesor. Peramato recuerda a la Comisión que la Fiscalía ha recurrido en amparo la condena ante el Tribunal Constitucional "por la violación de los derechos fundamentales del acusado".

El informe, que evalúa la calidad democrática en cada uno de los Estados miembros de la UE, se elabora en la Comisión con las contribuciones de instituciones y organizaciones nacionales y europeas, que envían los aspectos que más destacan sobre los estándares democráticos de los Veintisiete. El de la Fiscalía General del Estado recoge una actualización sobre el desarrollo y la conclusión del proceso a García Ortiz, ya recogido en la edición anterior. Entre las "irregularidades" que denuncia se encuentra el recorte a la transparencia y publicidad que la Sala de lo Penal del Supremo impuso al que fue el juicio del año. Frente a otros procesos menos mediáticos, su presidente, Andrés Martínez Arrieta, prohibió a los medios la difusión en directo de la señal de la vista e impidió su reproducción via streaming, como se hizo con el juicio a Carles Puigdemont y el resto de dirigentes del proceso independentista catalán o con los casos más importantes que se siguen en la Audiencia Nacional (Gürtel, Kitchen...).

La institución que dirige Peramato subraya que la la condena a García Ortiz "ha sido muy controvertida y criticada en ámbitos judiciales y legales por varias razones". En primer lugar "porque no fue unánime" y los votos particulares que emitieron dos de las magistradas del tribunal –Ana Ferrer y Susana Polo– "se basaron en una grave violación del derecho de defensa del anterior fiscal general" al mantener que las pruebas de cargo contra él fueron "insuficientes", así como que "no todas las pruebas presentadas fueron tenidas en cuenta". La actual fiscal general se refiere, en concreto, a las declaraciones exculpatorias "de varios periodistas", de la Cadena SER, eldiario.es, La Sexta y El País que negaron que García Ortiz fuera su fuente. "El tribunal llegó a mostrar su desacuerdo con esos testimonios y a sentirse amenazado por ellos". Cuando el periodista del eldiario.es José Precedo negó el pasado 5 de noviembre en el juicio que García Ortiz fuera su fuente, el presidente del órgano, Andrés Martínez Arrieta, le respondió: "Una cosa es que no diga la fuente y otra es que nos amenace".

La jefa del Ministerio Público considera, además, que el anuncio del fallo condenatorio 19 días antes de notificar la sentencia condenatoria estuvo "fuera de toda lógica". "La condena se publicó el 20 de noviembre, antes de conocerse el contenido de la sentencia, que no se notificó hasta el 9 de diciembre", subraya la contribución de Peramato a la Comisión. "Los hechos en los que se basaba la condena no pudieron conocerse durante varias semanas", añade el escrito.

Pero además, durante el corto período de deliberación de los magistrados desde el final del juicio hasta que dieron a conocer su fallo (solo cinco días), "varios magistrados rompieron el secreto de las deliberaciones para mostrar en público su posición contra el fiscal general avanzando su condena", prosigue. En ese breve espacio de tiempo, el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, dijo en un curso del Colegio de la Abogacía de Madrid (que actuaba como acusación popular en el proceso) que tenía que irse para "poner la sentencia del fiscal general". Por entonces no se conocía todavía el fallo condenatorio, que se produjo tras renunciar Susana Polo a la redacción de la sentencia y anunciar un voto particular, quedando Arrieta como ponente de la resolución. Así pues, con sus palabras durante la formación, estaba anticipando la condena.

El documento de la fiscala general recuerda también que la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial ha asegurado en varios informes que la participación en actividades formativas financiadas por las partes de un proceso puede provocar "la falta de imparcialidad de los jueces". Además de Arrieta, en el curso en el Colegio de Abogados de Madrid participaron otros dos miembros del tribunal, Juan Manuel Berdugo y Antonio del Moral, actuando este último como coordinador. Todos ellos formaron parte de la mayoría que apoyó la condena de García Ortiz. El colegio profesional que organizó el curso y pagó por su participación a los magistrados pedía en ese momento cuatro años de prisión e inhabilitación para el anterior fiscal general. "Uno de los magistrados que firmó la sentencia fue, mientras se condujo el proceso, director de tesis de dos de los abogados de la acusación", refleja el informe de Peramato en referencia a Del Moral, mentor académico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y de uno de los letrados de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la que pidió la pena más elevada.

Por último, la contribución de Peramato al Informe sobre el Estado de Derecho de la UE incluye también críticas a la coherencia de la sentencia. "La sentencia fue publicada el 9 de diciembre y condena al fiscal general tanto por la nota de prensa (sobre la que el Supremo había dicho anteriormente que no era delito) como por un correo electrónico filtrado a los medios", expresa. "La resolución ha sido recurrida por la Fiscalía y la defensa por nulidad y violación de los derechos fundamentales del acusado", concluye el documento.

La operación militar Romeo-Sierra, ordenada por el Gobierno de José María Aznar y ejecutada por miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina en la madrugada del 17 de julio de 2002, desalojó del islote de Perejil, junto a Ceuta, a un retén de efectivos de la Marina marroquí que habían acampado en ese ínfimo promontorio español seis días antes. Ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y la de Exteriores, Ana Palacio, comparecieron a petición propia en una sesión conjunta de sus respectivas comisiones parlamentarias para explicar el operativo militar. El que era el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ofreció al Ejecutivo su "apoyo, comprensión y solidaridad" y aseguró que su partido sería "plenamente responsable" en la gestión de esa crisis sistémica con el país vecino.

24 años después del que, probablemente, ha sido el principal encontronazo entre Madrid y Rabat –junto con la invasión del Sáhara Occidental por la Marcha Verde– entre 70.000 y 80.000 jóvenes, la mayoría marroquíes, entraron hasta el pasado 31 de julio en Ceuta (83.567 habitantes, según el INE) a nado y a través del espigón fronterizo ante la pasividad de las autoridades del país vecino. Ese mismo día, Pedro Sánchez hizo una declaración solemne en la ciudad autónoma en la que definió lo ocurrido como otra "violación de la integridad territorial española". "Lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración como deplorable el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta", añadió sin nombrar a Marruecos pero en claro mensaje a su Gobierno.

Como en el caso del islote Perejil, los ministros más implicados en la gestión del incidente, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidieron comparecer ante sus respectivas comisiones en el Congreso para dar explicaciones a finales de mes. 13 días después, pese al retorno del grueso de los extranjeros a Marruecos, la crisis está aun lejos de solucionarse con una amenaza latente de entrada masiva para este fin de semana y cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles y playas. La preocupación y el malestar de la población local se pudo comprobar este miércoles durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ciudad, con decenas de ciudadanos y ciudadanas pidiendo al Ejecutivo que ponga los medios necesarios para que incidentes como este no se vuelvan a repetir.

Pese a ello, y a diferencia del PSOE en 2002, la respuesta del PP ha sido muy diferente. En lugar de ponerse detrás del Gobierno y ofrecerle su apoyo como en su día hizo Zapatero, su reacción ha sido utilizar la Cámara en la que cuenta con mayoría absoluta, el Senado, para azotarlo con una polémica vacía. Su presidente, Pedro Rollán, llegó a amenazar al Ejecutivo con acciones legales en caso de que esos mismos ministros, además del de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se negaran a comparecer ante los senadores. Desde el Gobierno ya han respondido que los cuatro citados acudirán a la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas exactas que quiere el PP. Ayer, sin embargo, sus senadores quisieron escenificar la ausencia anunciada de Grande-Marlaska ante la comisión de Interior haciéndose una foto junto a su silla vacía.

La falta de unidad política frente a los embates de Marruecos propiciada por el PP (no solo ahora, también en el anterior incidente diplomático de 2021 en el que Rabat permitió el paso de 10.000 personas en protesta por la hospitalización en Logroño del dirigente saharaui Brahim Ghali) se produce pese a que voces muy cualificadas señalan al país vecino como instigador del incidente. Desde El Confidencial, el excorresponsal de El País en el Magreb Ignacio Cembrero afirmó este miércoles, citando a dos exagentes con mando en los servicios secretos marroquíes, que la entrada masiva fue una respuesta del aparato de los servicios de espionaje y seguridad de ese país en respuesta a la investigación internacional del consorcio Forbidden Stories Pegasus Project, que denunció el recurso masivo al spyware israelí por los agentes marroquíes. También lo usaron contra Sánchez, Grande-Marlaska, Robles y la anterior titular de Exteriores, Arancha González Laya, destituida tras la crisis del dirigente polisario Ghali.

El uso de las tormentosas relaciones con Marruecos por el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se produce, además, con el reforzamiento por parte de reino alauí de sus relaciones con Washington y, más concretamente, con la Administración Trump que, en su anterior mandato, apoyó la reclamación marroquí del Sáhara Occidental, ocupado desde 1975, y en este ha abierto un consulado general en su segunda ciudad en importancia, Dajla. Ese apoyo entraba en el paquete de la firma de los Acuerdos de Abraham, que supusieron el reconocimiento y la normalización de relaciones diplomáticas de Rabat con Israel. Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se han convertido en los principales adversarios internacionales del Gobierno de Pedro Sánchez. El primero amenaza periódicamente con una guerra arancelaria o con la salida de EE UU de las bases de Rota y Morón a cuenta de las cifras de inversión española en armamento; Netanyahu, por la oposición española al genocidio en Gaza, la personación de Madrid en la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia y el reconocimiento del Estado palestino.

A diferencia del PSOE, que cuando está en la oposición siempre ofrece su apoyo al Gobierno ante cada crisis sistémica (como hizo, por ejemplo, en la aplicación del 155 de la Constitución durante el proceso independentista catalán), el PP se negó a cerrar filas con el Ejecutivo de Sánchez en asuntos como la lucha contra el covid y se ha puesto de perfil ante las bravuconadas del presidente de EE UU, el principal socio de España en materia estratégica de Defensa que, sin embargo, se muestra cada día más cercano a Rabat. La pregunta es cuál sería la posición del PP en caso de que Trump diera un giro inesperado como el del Sáhara Occidental en apoyo de la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla, algo que ya ha hecho con otro Estado europeo, Dinamarca, en relación a Groenlandia. Ante los incidentes de Ceuta, Feijóo ha preferido cargar directamente sobre Sánchez. "Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos", dijo este lunes en OkDiario alentando la conspiración de que el Gobierno español no hizo nada pese a saber lo que iba a ocurrir.

El sentido de Estado y la colaboración de la izquierda ante situaciones difíciles también se da en otros países. Cuando Trump atacó a la que fuera su principal aliada en Europa, la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por defender el discurso pacifista del papa León XIV, la líder de la oposición, Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, expresó en la Cámara de Diputados italiana la "más firme condena" de su formación a los insultos del presidente de EE UU a Meloni. "Italia es un país libre y soberano y repudia la guerra", dijo entre los aplausos de sus correligionarios pero también de sus adversarios. "Ningún jefe de Estado extranjero puede permitirse atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país y a nuestro Gobierno; somos adversarios en esta cámara, pero somos todos ciudadanos italianos".

La polémica sobre la petición de la comparecencia inmediata de tres ministros aprobada por el Senado haciendo valer la mayoría absoluta del PP y la amenaza de su presidente, Pedro Rollán, de tomar medidas contra el Gobierno en caso de que rechacen acudir a la Cámara ha quedado reducida a un cruce de declaraciones de políticos de distinto signo sin apenas trascendencia constitucional. El Ejecutivo de Sánchez ha desinflado el globo al confirmar que tiene la intención de comparecer en la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas que exige Rollán y su partido, sino cuando lo permitan sus agendas. La única herramienta jurídica del Senado, la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, quedaría así vacía de contenido. El PP, sin embargo, no se empleó con la misma contundencia en 2016 cuando Mariano Rajoy y los miembros de su Gobierno se negaron a acudir a ninguna de las Cámaras durante más de 10 meses.

Los tres ministros –el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska– junto con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a iniciativa propia comparecer en el Congreso entre los próximos 25 y 28 de agosto. Cuando acudan podrán informar a los diputados sin límite de tiempo y después los portavoces de cada uno de los grupos en cada una de esas comisiones podrán plantear sus cuestiones en su turno de palabra. También han asegurado, ante la polémica suscitada por Rollán, que cumplirán con su obligación de ir al Senado, aunque no con la premura que les exige el PP. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por ese partido el pasado noviembre, los ministros cuentan con solo 40 minutos para dar sus explicaciones.

El Ejecutivo cumple así con la obligación prevista en el artículo 101 de la Constitución que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los ministros y del presidente en ejercicio de su función de control. También con el artículo 66.2 del Reglamento del Senado que en la nueva redacción propuesta por el PP introdujo un mandato expreso de acudir a los miembros del Gobiernos para dar dar explicaciones. "Los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación", dice el nuevo precepto. La incomparecencia ante una comisión de investigación supone la comisión de un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal, pero la ley no prevé ninguna consecuencia por no acudir a una comisión ordinaria en una fecha concreta.

Fuentes del Ejecutivo explican que lo normal en los casos de los ministros y el presidente es que los gabinetes de estos o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se pongan de acuerdo con los letrados de las Cortes o los presidentes de cada comisión para pactar una fecha. Esas mismas fuentes subrayan la dificultad que, en muchos casos, supone preparar una comparecencia y dar las preceptivas explicaciones debido a las cargadas agendas del presidente o de los ministros. "Se trata de una cuestión de cortesía parlamentaria y de lealtad entre instituciones", aseguran esas mismas fuentes. Marlaska anunció ayer que este miércoles debe coordinar el dispositivo para el eclipse. Robles, por su parte, está en Ceuta para supervisar el despliegue militar que busca prevenir una nueva entrada masiva de migrantes.

En esas condiciones, la única arma que le queda al Senado es presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como el que ya remitió a ese órgano el pasado diciembre contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos. El anuncio del Ejecutivo de que sí dará explicaciones en la Cámara de representación territorial sobre la crisis de Ceuta dejaría previsiblemente sin contenido ese recurso ya que los magistrados del órgano de garantías, debido a los plazos que establece ese mecanismo, solo lo estudiarían cuando las comparecencias ya se hayan producido y la obligación constitucional de los ministros de someterse al control de los senadores se haya cumplido.

El incumplimento de ese deber –no solo ante el Senado, sino también ante el Congreso– sí se produjo en 2016, cuando el entonces presidente, Mariano Rajoy, y los miembros de su Gobierno se negaron a comparecer ante el Parlamento durante más de 10 meses alegando que estaban en funciones. En esa ocasión fue el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, el que llevó al Constitucional al Gobierno con los votos en contra del PP, que no consideró un problema los continuos plantones del presidente y sus ministros a ambas Cámaras.

La respuesta del Constitucional no llegó hasta noviembre de 2018, cuando Rajoy ya había caído por la moción de censura que hizo presidente a Sánchez. Sus magistrados dieron la razón al Congreso y aseguraron que las sucesivas negativas del ya expresidente y sus ministros a comparecer afectaban al "equilibrio de poderes" y que el Gobierno estaba obligado a someterse al control parlamentario "en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad", aunque se encuentre en funciones. La diferencia con las comparecencias por la crisis de Ceuta es evidente: el Gobierno socialista sí cumplirá con su obligación constitucional de acudir tanto al Congreso como al Senado, pero no en el momento exacto que le imponga el principal partido de la oposición.

La Comisión Europea considera que la reforma del Reglamento del Congreso que permitió prohibir el acceso a la Cámara a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo camuflados como periodistas supone un avance bien valorado por todas las partes afectadas. Así lo recoge el capítulo dedicado a España del Informe sobre el Estado de derecho de 2026. La Mesa del Congreso suspendió el pasado 13 de mayo indefinidamente las acreditaciones de Quiles, candidato de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise Pérez, y Ndongo, exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid, por su acumulación de expedientes provocados por grabar a diputados en zonas no autorizadas, reventar ruedas de prensa y hostigar a parlamentarios y periodistas.

El apartado dedicado a los medios del informe anual de la Comisión que analiza la calidad democrática de cada uno de los 27 socios europeos bendice la reforma del Reglamento. "En 2025, se modificaron las normas internas de procedimiento del Parlamento para introducir un marco formal de reglas de acreditación y estándares de comportamiento que definen el acceso de los periodistas y las condiciones de trabajo dentro del Parlamento", afirma el documento. Después añade que la modificación supuso "un avance que fue generalmente bien recibido por las partes interesadas". La reforma ha sido reivindicada durante meses por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), además de otros colectivos.

La modificación de la norma con rango de ley que regula el funcionamiento de la Cámara baja se aprobó el 22 de julio de 2025 con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra del PP y Vox. El nuevo texto encomendó a la Mesa la regulación "del procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir". También atribuyó a ese órgano parlamentario la fijación "de los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".

Entre esos requisitos, aprobados por la Mesa dos meses después, se recogía expresamente la prohibición de "dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso", uno de los métodos de acoso más comunes de los agitadores ultras. También quedó vetada "la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación de manera engañosa", limitando esa actividad informativa a los reporteros gráficos y operadores del televisión.

La reforma del Reglamento ahora avalada por Bruselas recoge como infracciones muy graves algunos de los comportamientos reiterados de Quiles y Ndongo, como "la falta de respeto a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso". "Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", añadía. También "la grabación de imágenes o sonidos mediante el uso de dispositivos ocultos" en los despachos y en las oficinas de los grupos o fuera de los espacios habilitados para ello "que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas", así como la difusión de estas grabaciones "en medios y redes sociales".

Los expedientes más avanzados sobre Vito Quiles, que permitieron a la Mesa la suspensión indefinida de su acreditación en mayo, se abrieron por dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La APP denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional y, después, otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. El excandidato de SALF acumula otras seis quejas por denuncias del PSOE y Podemos, además de varias causas judiciales, como la presunta agresión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El expediente que motivó la suspensión de Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, también creado por la reforma del Reglamento para atajar estos comportamientos, ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia ante los medios de comunicación y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. El agitador camerunés protagonizó un incidente con la diputada de Sumar Aina Vidal, a la que insultó –le llamó "idiota"– en una rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso.

Que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, pida mano dura contra la inmigración y la ligue a la delincuencia grave, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales, entra dentro de su ideario reaccionario que, en gran parte, comparte en España con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal. Que lo haga su homóloga socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, tampoco es una novedad –lo hace sin complejos desde que los ultras dieran su campanazo electoral en el pequeño país escandinavo en 2015–, pero es una muestra más de cómo algunos partidos de centroizquierda europeos, como los socialistas de Eslovenia o Rumanía, han ido abandonado sus banderas tradicionales para abrazar algunas de la extrema derecha racista como única vía para mantener su influencia.

El comunicado difundido en sus redes sociales por ambas jefas de Gobierno –las dos únicas de la UE, como subrayan en su texto– rechazan lo que llaman "inmigración descontrolada", en clara referencia al exitoso proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez (teórico socio de Frederiksen) y en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta, un fenómeno, si no impulsado, sí tolerado por Marruecos sobre una ciudad cuya soberanía reclama y que el presidente español calificó de "violación de la integridad territorial". La misma integridad territorial que la premier danesa defiende a capa y espada en Groenlandia frente a Donald Trump con el apoyo de todos los socios de la UE y Sánchez a la cabeza.

Italia, por su parte, ha sido el socio comunitario que más migrantes ha recibido en los últimos años a través de la ruta del Mediterráneo hacia Lampedusa y Sicilia desde Libia y Túnez, obteniendo debido a ello la solidaridad de la Unión. Ante los sucesos en la ciudad autónoma, sin embargo, ha optado por establecer controles fronterizos a los españoles que lleguen a su país anulando de facto el Tratado de Schengen entre ambos Estados. En reciprocidad con la actitud del Gobierno de Meloni, el de Sánchez también ha decidido reestablecer esos chequeos con los turistas y residentes italianos que viajen a nuestro país.

Frederiksen, como Meloni, liga la inmigración irregular –ambas prefieren el término "ilegal"– al aumento de la delincuencia. En concreto, se refieren a los "delitos violentos", el "tráfico de drogas" o la "violencia sexual", algo que, al menos en el caso de España, todas las cifras oficiales de criminalidad desmienten. También suscriben otros mantras ultras, como la "creciente presión sobre los servicios públicos" y la "erosión de la confianza en la ciudadanía". Las dos jefas de Gobierno aseguran que actúan "con determinación" para ofrecer respuestas a los ciudadanos, que han pagado "un precio demasiado alto debido a la inmigración descontrolada". "Especialmente", prosigue la nota conjunta, "a los más vulnerables" (se entiende que personas vulnerables con pasaporte italiano o danés).

Las medidas que proponen al efecto Frederiksen y Meloni coinciden, en esencia, con las que en España defiende Vox. La primera, es simple, "aumentar las expulsiones". Pero también reclaman abrir "centros de repatriación en terceros países", como ya ha hecho el Gobierno de Meloni en Albania. Dinamarca e Italia, junto a Países Bajos o Austria, encabezan el grupo de 19 países que el pasado junio reclamaron a la comisión la creación de estos centros, que califican de "solución innovadora". Algunos de esos Estados han aportado ya países que consideran "seguros" para crearlos, como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. España y Francia se oponen al considerar que no caben en los principios fundamentales de la UE. Sánchez los calificó de "espejismo" y de "desperdicio de recursos económicos", así como de falta de respeto hacia los países de origen de los migrantes.

Pero lo más llamativo de todo lo que suscribe la líder supuestamente izquierdista danesa es el tufo racista y antimusulmán que el texto conjunto rezuma. "Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", dice el comunicado. "Esperamos que quienes llegan a nuestros países y eligen Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", añade. Es decir, cristianos católicos o evangélicos de países de América Latina u ortodoxos de Ucrania, sí; musulmanes procedentes del Magreb, Oriente Próximo y países subsaharianos, absténganse. Justo lo que en España difunde a diario Vox, que centra el grueso de su mensaje conspiranoico sobre la migración en las personas procedentes de países islámicos.

Tal y como explica el investigador Franco delle Donne, autor del podcast Epidemia Ultra, el abandono de los valores tradicionales de la socialdemocracia y el giro de Frederiksen a lo que él llama la "ultraderecha nativista" que señala a los inmigrantes como competidores de los daneses en el acceso a los recursos públicos, se produjo a partir de 2015, cuando el ultraconservador Partido Popular Danés se convirtió, con su discurso excluyente y antimusulmán, en la segunda formación del Parlamento danés. Un año después, los Socialdemócratas ya votaron a favor, desde la oposición, a la llamada ley de las joyas, que permitía al Estado confiscar bienes a los solicitantes de asilo para pagar así su permanencia en el país.

"Mediante la normalización del pensamiento nativista, los Socialdemócratas daneses han conseguido que restaurar el derecho de asilo y las políticas de integración sea cada vez más difícil, incluso si existiera voluntad de hacerlo", explicaron en 2024 en un artículo los investigadores alemanes Jakob Schwörer y Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert. "Esa estrategia también ha fallado para neutralizar a la derecha radical. Al contrario, la extrema derecha se ha multiplicado y ha alcanzado un mayor éxito en general". Las consecuencias para los migrantes son "devastadoras", según los autores: "Creciente precariedad e inseguridad, imposibilidad de hacer planes de futuro e incluso intentos de suicidio". "La integración se ha convertido en algo casi imposible" debido a que la legislación "ha eliminado la perspectiva a largo plazo de formar parte de la sociedad danesa".

La amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Tampoco contraviene su directiva sobre terrorismo. Y fue aprobada con la finalidad de superar un contexto de enorme conflictividad institucional y política en España. Con esos tres contundentes argumentos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha acabado este jueves con dos años de maniobras insólitas de una parte de la justicia penal española (incluida su cúpula, el Tribunal Supremo) en contra de una ley orgánica aprobada según el procedimiento previsto en la Constitución y cuyo encaje en la norma fundamental fue avalado en junio de 2025 por el Tribunal Constitucional (TC). La resolución allana la vuelta del expresidente catalán Carles Puigdemont, pero no será inmediata. Tendrá que esperar a que el órgano de garantías decida sobre su recurso de amparo y el del resto de dirigentes catalanes a los que el Supremo se negó a aplicar una norma diseñada para ellos.

"Los primeros que deberían tomar nota son los magistrados del Supremo, que son los que tienen paralizada la aplicación de la amnistía a siete dirigentes políticos, desde hace dos años. Nuestra función principal no es la aplicación de la ley al caso concreto, que le corresponde a la jurisdicción ordinaria, sino evaluar su constitucionalidad. Y sobre eso ya hemos dictado 19 sentencias, en un año, entre recursos y cuestiones de inconstitucionalidad", explican a infoLibre fuentes del sector progresista del Constitucional. "También deberían tomar nota los autores de los votos particulares en nuestras veinte sentencias", es decir, los miembros de la minoría conservadora. "Fueron unos votos muy agresivos, alegando insistentemente una vulneración del derecho europeo inexistente, como ahora ha quedado demostrado", añaden esas mismas fuertes, que recuerdan "las desmesuradas críticas internas y externas" a las que ha estado sometido el tribunal desde que declaró la constitucionalidad del grueso de la ley en junio de 2025.

La primera revuelta contra la norma que permitió el pacto que dio origen a la legislatura no se produjo en los tribunales, sino en la fiscalía. Los fiscales del procés, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, se negaron a reclamar al Supremo que se amnistiara el delito de malversación por el que Puidemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig fueron procesados y por el que fueron condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. ¿El motivo? Que los miembros del Gobierno de la Generalitat habrían actuado con "propósito de enriquecimiento", al desviar fondos para la celebración de referéndum independentista, por lo que sería un delito de corrupción no amnistiable según la propia ley. Los cuatro fiscales terminaron apartados después de que la Junta de Fiscales de Sala diera la razón al entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un margen muy estrecho. El jefe de la Fiscalía sostenía que ese ánimo de lucro no existió, y que así se sostuvo en la sentencia por la que fueron condenados.

La tesis avanzada por los fiscales del procés, y que fue corregida por el fiscal general, se impuso, sin embargo, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. También fue la que adoptó el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, que se negó a levantar la orden de busca y captura contra Puigdemont y los otros dos dirigentes huidos, Comín y Puig. Pese a que toda España pudo comprobar lo que pretendía el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los grupos que lo apoyaron al aprobar esa norma, pese al texto de la exposición de motivos de la propia ley y a la literalidad de su articulado, el Alto Tribunal, en una sincronización argumentativa sin precedentes de los cuatro fiscales díscolos con el instructor Llarena, se negó a aplicarla creando una ficción: que el dinero malversado que había servido para financiar el procés había enriquecido a los dirigentes catalanes procesados y condenados. El autor de la resolución fue el conservador Manuel Marchena.

El Alto Tribunal también llevó la amnistía al Constitucional al considerarla "arbitraria" y "discriminatoria". La cuestión de inconstitucionalidad, redactada por el magistrado Leopoldo Puente, incluyó términos muy gruesos. De un lado, calificaba de "golpistas" a los líderes soberanistas condenados y procesados. "La norma cuestionada repugna al derecho constitucional, a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone", escribió Puente. "Los miembros de esta sala no albergamos duda alguna acerca de la inconstitucionalidad de la norma", añadió. El Constitucional corrigió esa "absoluta convicción" del Alto Tribunal y volvió a avalar el encaje de la ley en la Constitución, como había hecho al resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.

El activismo judicial contra la amnistía también fue alentado desde las tres asociaciones conservadoras de la judicatura –la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente–, las más representadas en su conjunto, que señalaron la iniciativa gubernamental del perdón como un ataque a la separación de poderes, iniciando un ciclo de conflictividad frontal con el Ejecutivo. La ultraconservadora Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, de la que forman parte magistrados como Eloy Velasco (Audiencia Nacional), el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara (expedientado por sus exabruptos contra el Gobierno y otras instituciones) o Jesús Villegas, famoso por sus intervenciones mediáticas mostrando siempre su oposición al Ejecutivo, envió a través del correo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) formularios a todos los juzgados y tribunales penales para la formulación de cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC o de cuestiones prejudiciales ante el TJUE.

La resolución de Luxemburgo, como las previas del Constitucional, supone un correctivo importante a todas estas tesis tan extendidas en la judicatura española. Pero el aval del TJUE no permitirá el retorno inmediato a España del expresident huido. Previamente, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos de amparo de todos los dirigentes condenados y procesados que, casi con total seguridad, estimará en su totalidad. Esas resoluciones, que previsiblemente anularán la negativa del Supremo a aplicar la ley apreciando la vulneración por el Alto Tribunal de una garantía tan básica como el derecho fundamental a la legalidad penal, no llegarán hasta el próximo octubre, según fuentes del tribunal de garantías.

El plan establecido por este último es abordar, en primer lugar, los recursos de los dirigentes condenados –Junqueras, Romeva, Bassa y Turull– para generar una doctrina que sea aplicable a los procesados huidos –Puigdemont, Comín y Puig–. En teoría, solo con esas resoluciones del Constitucional, en el caso más que probable de que sean estimatorias, el Alto Tribunal estaría obligado a desdecirse y aplicar la amnistía también a los segundos. El artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a todos los juzgados y tribunales a aplicar las leyes "según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional". "Es el Supremo el que, siguiendo ese precepto, debería deshacer este entuerto", aseguran desde el órgano de garantías.

Solo en caso de que no lo haga –algo que las fuentes consultadas consideran muy probable debido a la actitud beligerante contra la ley de la mayoría de sus magistrados– y se muestre inactivo con los procesados, el Constitucional deberá resolver también los recursos de los tres huidos lo que, esta vez sí, obligaría a la Sala de lo Penal a levantar todas las medidas y órdenes de busca y captura decretadas contra ellos y a archivar de una vez por todas su investigación.

Faltan menos de diez días para que se cumplan tres años de las elecciones generales de 2023. Pero la ley de amnistía, la condición que pusieron Junts y ERC al PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez sigue sin desplegar todos sus efectos. Hace un año largo que el Tribunal Constitucional avaló su encaje en la norma fundamental pero el Tribunal Supremo se negó a aplicarla a los líderes independentistas procesados y condenados, entre ellos al expresidente Carles Puigdemont, con un argumento contrario a la literalidad de la ley, su propio espíritu y la voluntad del Parlamento.

Todos esos dirigentes plantearon recursos de amparo contra una decisión por la que el Alto Tribunal se partió y que fue muy cuestionada por toda la academia, pero el Constitucional ha aplazado su decisión hasta que llegue el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los 15 miembros de la Gran Sala harán pública este jueves su decisión sobre si la disposición que trató de devolver la normalidad a Cataluña es o no contraria a los tratados europeos.

El caso resuelve las dos primeras cuestiones prejudiciales presentadas contra la ley por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. La primera considera que la extinción de la responsabilidad contable que estableció la ley de amnistía para los gastos destinados por 35 dirigentes catalanes –entre ellos Puigdemont y Artur Mas– al proceso independentista y su promoción internacional sería contraria a los intereses financieros de la UE, uno de los motivos que la propia norma recoge para denegar la amnistía.

La cuestión de la Audiencia Nacional se presentó en una causa contra miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), que organizaron disturbios y protestas callejeras tras el resultado del referéndum del 1-O. La Audiencia los acusa de delitos terroristas, también excluidos del ámbito de aplicación de la amnistía por la propia ley. Sin embargo, la norma define el terrorismo de acuerdo con la directiva europea de lucha contra este fenómeno. Para quedar excluidos de la amnistía, esos supuestos actos terroristas deben haber afectado al derecho a la vida o a la prohibición de la tortura.

El encaje de la norma española en el derecho comunitario recibió un fuerte espaldarazo el pasado 13 de noviembre, cuando el abogado general de la UE, Dean Spielmann, concluyó que la amnistía no vulneraba la norma comunitaria sobre terrorismo, ya que, en su opinión, "meramente conlleva una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza". También rechazó que su aplicación a la responsabilidad contable que dirime el Tribunal de Cuentas sea contraria a los intereses financieros de la UE, al considerar que no existe un vínculo directo, "actual o potencial", entre los actos preparatorios del referéndum de los dirigentes independentistas y "los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión". La norma, según el abogado general, se aprobó "en un contexto real de reconciliación política y social". El TJUE no está vinculado por estas conclusiones, pero, en la mayoría de los casos, sus criterios suelen coincidir.

En caso de que la Gran Sala siga el criterio del abogado general, la consecuencia inmediata será la continuación de esos dos procesos en el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, que permanecen suspendidos desde la interposición de las cuestiones. En ese supuesto, lo más probable es que ambos tribunales tengan que terminar aplicando la amnistía y aceptando el criterio impuesto por el TJUE, de obligado cumplimiento en cualquier Estado miembro.

El alcance del fallo también puede resolver las otras dos cuestiones prejudiciales presentadas: la primera, por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y la segunda, por un juzgado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Tras el aval del Constitucional a la norma de hace un año, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, en caso de bendecir su encaje comunitario, se interpretará como un espaldarazo al más alto nivel a la apuesta política que impulsó la actual legislatura.

Las cuestiones prejudiciales en Europa son una excepción a la regla: los jueces han aplicado la amnistía a más de 300 personas con total normalidad.

Tras la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a los dirigentes que procesó y condenó, y su insistencia en mantener una orden de busca y captura contra Puigdemont, todos ellos presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero el órgano de garantías ha decidido esperar a la decisión del TJUE para pronunciarse sobre esos casos concretos.

Tras el proceso legislativo que dio forma a la ley, en el que la finalidad de la norma y de sus promotores era clara –entre otros objetivos, amnistiar a los líderes independentistas–, el Alto Tribunal decidió no aplicarla, obviando la literalidad de sus preceptos, la intención del Parlamento y la finalidad expresada en la propia exposición de motivos. Lo hizo con el argumento de que los fondos malversados para financiar el procés produjeron un enriquecimiento de los acusados que previamente no había apreciado.

La resolución contó con un severo voto de la magistrada progresista Ana Ferrer. "Los jueces no podemos hacer interpretaciones que impidan la vigencia de una norma", advirtió Ferrer en una dura opinión discrepante.

Si la la ley recibe el aval del TJUE, lo que se espera es un nuevo revés del Constitucional al Supremo, el tercero después de la anulación de la inhabilitación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez y la sentencia de los ERE de Andalucía.

Si el tribunal de garantías estima los recursos de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes soberanistas, sus magistrados tendrán que volver a recordar en varias sentencias que la más alta instancia penal del sistema judicial español –la Sala Segunda del Supremo– habrá vulnerado derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva y garantías básicas del proceso penal, como el principio de legalidad penal o la retroactividad de disposiciones penales más favorables.

Un aval de la justicia europea a una amnistía como la aprobada por el Gobierno del PSOE y sus socios no tendrá, por tanto, efectos directos en la situación de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes independentistas, pero hará muy difícil que, desde la judicatura, se produzcan nuevas maniobras destinadas a dilatar su aplicación o a desobedecerla.

Que la actuación del juez Juan Carlos Peinado roza la ilegalidad si todavía no ha entrado de lleno en ella, es algo que sabemos, en gran parte, gracias a José Manuel San Baldomero. Es el fiscal del caso Begoña Gómez, escrito tras escrito, recurso tras recurso –especialmente los dos últimos, contra el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez y la retirada de su pasaporte– quien ha retratado una instrucción judicial plagada de irregularidades. Una confabulación, una investigación ad hominem con diligencias extravagantes e inútiles. Como tomar declaración al presidente del Gobierno y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. San Baldomero ha llegado a atribuir al juez la búsqueda, con su actitud, de un objetivo extraprocesal, el de "la pena de banquillo" y eso sabiendo que su instrucción carece de indicios mínimos contra los tres acusados (Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés). Peinado ha podido sostener su causa durante dos años actuando a impulsos de cuatro organizaciones ultraderechistas (Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento por la Regeneración Política) y un grupo ultracatólico (Hazte Oír).

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, impulsó en el Tribunal Supremo el 'caso Mascarillas' hasta sentar en el banquillo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el que fuera su asesor de cabecera, Koldo García, y el confidente, empresario y presunto corruptor Víctor de Aldama. La Sala de lo Penal terminó condenado al exmiembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ex número tres del partido nada menos que a 24 años de cárcel. A Koldo García se le impusieron 19 mientras que Aldama fue premiado por su colaboración y sentenciado a cuatro años y medio de reclusión que, sin embargo, no han comportado su ingreso en prisión. Los tres habrían participado en la adjudicación irregular de elementos de protección durante la pandemia, la gestión de una licencia de hidrocarburos y la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa a cambio de comisiones de 10.000 euros mensuales para Ábalos, el arrendamiento de viviendas para su disfrute personal y la contratación ilegal en empresas públicas de dos mujeres ligadas a él. Los delitos cometidos coinciden con la terna clásica de la corrupción política: cohecho, malversación y tráfico de influencias, a los que se sumó organización criminal.

Dos encuestas publicadas por El País y La Vanguardia han mostrado que el descontento ciudadano por la politización de la justicia que año tras año detecta la UE en España se centra sobre todo en los votantes de izquierda (ocho de cada diez la perciben), pero también en los de derecha (cuatro de cada diez), la ideología mayoritaria en la judicatura española. El titular del diario de Prisa era especialmente significativo: "Más de 65% considera que el lawfare existe en España". En este ambiente de desconfianza muy generalizada en la independencia e imparcialidad de los jueces, el apoyo del Ministerio Público a los procesos por corrupción se ha convertido en un parámetro central para su credibilidad. Frente a las sospechas y división social sobre la actuación judicial irregular que levantan casos como el de la esposa de Sánchez, su hermano o la condena del exfiscal general Álvaro García Ortiz (en la que Fiscalía tampoco acusó), el consenso sobre la legalidad y ortodoxia de la actuación judicial en el caso Mascarillas, el de Leire Díez o el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero –en los que el Ministerio Público va de la mano del juez o tribunal– es mucho mayor.

El PP aplaude la labor de Luzón contra Ábalos, pero considera a San Baldomero, de la fiscalía de delitos económicos de Madrid, poco menos que un peón del Gobierno para salvar a Sánchez. Difunde ese argumentario tan pernicioso para la ya maltrecha credibilidad de los tribunales pese a que sabe que tanto uno como otro pertenecen a una organización jerárquica que tiene como máxima responsable a la fiscal general Teresa Peramato, nombrada como sus antecesores por el Gobierno para ese puesto del que, sin embargo, no la puede destituir. Los miembros del Ministerio Público están sujetos a las instrucciones de sus superiores (y en última instancia a las de Peramato), pero pueden cuestionarlas en caso de que consideren que son contrarias a las leyes o las estimen improcedentes. Ni en los casos relacionados con políticos en los que la Fiscalía impulsa y acusa actualmente, ni en los que reclama el archivo o la absolución se ha producido estas discrepancias, que obligan a analizar la pertinencia de la orden concreta en la junta de fiscales que corresponda, la Junta de Fiscales de Sala en caso de que proceda de la fiscal general.

Así pues, tanto las causas en las causas en las que Fiscalía impulsa o acusa, como en las que no, la actuación de sus respectivos miembros cuenta con el supuesto aval de la fiscal general del Estado, que podría dar órdenes en caso de no estar de acuerdo. Y, en teoría, también con el de los fiscales concretos de cada caso, que en ningún caso han cuestionado a sus superiores por considerar que hubieran podido dar instrucciones ilegales o indebidas. Solo en una de ellas, el caso Mascarillas, trascendió una mínima discrepancia entre Peramato y Luzón, pero no respecto a las penas a imponer a Ábalos o Koldo, sino por la atenuante a pedir a la Sala para Víctor de Aldama por su colaboración. Luzón acató el criterio de su superiora en su escrito final sobre las penas a imponer, en el que pedía que de le aplicara la atenuante "simple" de colaboración, pero en su alegato final, de viva voz, defendió que era posible aplicarle la "muy cualificada". El artículo 25 del Estatuto de la Fiscalía establece que un fiscal debe atenerse a las órdenes "en sus dictámenes" pero puede "desenvolver libremente sus intervenciones orales". El Supremo se decantó por la "muy cualificada", lo que permitió a Aldama eludir la cárcel.

Estas discrepancias sí se han dado a lo largo de esta legislatura en otros asuntos y siempre tienen mucha repercusión pública. En la aplicación de la ley de amnistía, por ejemplo, cuando los cuatro fiscales del procés cuestionaron su aplicación a los líderes independentistas catalanes condenados y procesados, en contra de las instrucciones del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz. La Junta de Fiscales de Sala terminó dando la razón al máximo responsable del Ministerio Público que defendió, sin éxito, la aplicación del perdón. Durante el mandato de Mariano Rajoy fue, precisamente en una causa de Anticorrupción que afectaba al PP, el caso Lezo, en la que la práctica totalidad de sus miembros cuestionaron las órdenes del su entonces jefe, Manuel Moix, de oponerse a unos registros. En las grabaciones del caso, el expresidente madrileño Ignacio González aparecía celebrando el nombramiento de Moix como muy favorable a sus intereses en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana. Al final, Moix cedió ante sus subordinados.

La misma Fiscalía que ahora acorrala al Gobierno y al PSOE con el 'caso Mascarillas', Leire Díez o Zapatero es la que, bajo los dos Ejecutivos de Mariano Rajoy impulsó y acusó en las múltiples piezas del caso Gürtel –que terminó por provocar la caída del propio presidente del PP–, y otras causas que siguen afectando a ese partido, como el espionaje a Luis Bárcenas que se juzga ahora en Kitchen o la Operación Púnica. La apariencia de imparcialidad que da el Ministerio Público a los casos que impulsa tiene que ver con la misión que le impone la Constitución de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley". Pero también "velar por la independencia de los tribunales", algo mucho más difícil de apreciar cuando quien acusa en solitario es un partido político, cualquiera de las asociaciones ultras o el pseudosindicato de siempre. Es a través de estas acusaciones populares que la política entra en los tribunales exponiendo ideológicamente a los jueces y magistrados, que deben posicionarse –sin un actor a priori imparcial como es el fiscal– a favor o en contra de sus intereses de esos grupos que no representan a casi nadie.

La tarea del fiscal en un proceso no siempre es acusar. Su trabajo esencial consiste, según el estatuto que regula su funcionamiento, en "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos". También "velar por la independencia de los tribunales". Esta es la función que está ejerciendo José Manuel San Baldomero, el fiscal del caso Begoña Gómez. Sus dos últimos recursos –contra el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno y la retirada de su pasaporte por supuesto riesgo de fuga–, desde la imparcialidad que se supone a la institución que representa, se han convertido en las enmiendas más importante a los excesos y excentricidades del juez Juan Carlos Peinado y su estrambótico proceso contra la pareja de Pedro Sánchez. El escrito contra las medidas cautelares adoptadas contra Gómez recoge una más: la comparación que hace Peinado de este caso con el de una banda de narcos.

Lo que las acusaciones populares de Vox y los también ultraconservadores, ultrarreligiosos y conspiranóicos Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento para la Regeneración Política de España, así como el pseudosindicato ultra Manos Limpias reclamaban era lo que finalmente se adoptó, la retirada del pasaporte de Begoña Gómez (también de su asistente Cristina Álvarez), y la comparecencia en el juzgado de ambas dos veces al mes. La razón principal que dio Peinado para acordarlo fue que los policías que garantizan la seguridad de Gómez y su esposo Pedro Sánchez o sus superiores, podrían auxiliarla a huir, lo que para el fiscal San Baldomero, "extiende una sombra de sospecha infundada de las instituciones tanto a nivel de mandos como a nivel de funcionario de base". Para el representante del Ministerio Público no es fácil "imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor".

Pero para justificar ese imposible riesgo de fuga en una persona que vive rodeada de agentes tanto en su residencia, como en sus desplazamientos, Peinado recurrió, además, a una sola resolución de la sección 16 de la Audiencia de Madrid de 2024 que no tiene nada que ver con el caso de la esposa de Sánchez. Se trataba de una banda de narcos que se dedicaba al tráfico de cocaína desde Colombia, en el que el peligro de que los investigados pudieran escaparse era mucho más elevado, y quien había mandado a prisión incondicional a sus miembros era el propio Peinado. "Se ha podido conocer la existencia de una organización dedicada al tráfico e importación de cocaína hasta España en grandes cantidades, figurando como mercancía transportada bajo la membresía de café tostado", decía la resolución de la Audiencia. A diferencia del caso de Begoña Gómez, en el de los narcos era el fiscal quien reclamaba su encarcelamiento. En el de la esposa de Sánchez nadie ha reclamado una medida similar.

Por eso, el fiscal considera que "citar una sola resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que avala una medida cautelar de prisión provisional en un delito contra la salud pública es no decir nada". "No se indican las circunstancias personales concretas de los afectados que le guiarían a efectuar ese paralelismo", prosigue. "La comparación con un delito contra la salud pública cometido en el marco de una organización criminal y de tráfico de grandes cantidades a que se refiere esa resolución no es sino el exponente del escaso rigor y mesura con que se ha adoptado la decisión", añade.

Otro de los excesos que ve el fiscal en el auto que impide a Gómez salir de España, es el hecho de que Peinado sostenga que, en caso de que esta y su asistente fueran juzgadas y condenadas, esas condenas no podrían ser suspendidas al ser en todo caso superiores a dos años de prisión. El recurso del Ministerio Público reprocha al instructor su desconocimiento del Código Penal, que permite suspender el ingreso en prisión cuando cada una de las penas que se imponen no superen los dos años y todas en su conjunto no lleguen a los cinco. "Es otro ejemplo del rigor extremo con el que se contempla la situación de las investigadas, ahora acusadas, al punto de obviar instituciones penales más beneficiosas", sostiene San Baldomero, que, en sus últimos escritos ha demostrado haberse convertido en un auténtico experto en la mentalidad del instructor.

El recurso también acusa al instructor de actuar a toda velocidad "sin la prudencia más elemental aconsejada". Y pone algunos ejemplos de cómo ha llegado a su valoración "acelerada" de los delitos que imputa a Gómez y su asesora: "Sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas y sin esperar el resultado de la resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial". El escrito enumera las circunstancias que los jueces suelen valorar a la hora de imponer estas cautelas y que el polémico juez ni siquiera ha estudiado. Como la ausencia de antecedentes, el arraigo, la actividad laboral en España, los vínculos familiares y personales y la ausencia de nexos mínimos con terceros países que presupongan facilitada para desplazarse a ellos e instalarse o la posesión de bienes, dinero o activos en el extranjero.

"Desde un punto de vista positivo, las investigadas [Gómez y su asesora] tienen indudable arraigo en territorio nacional; son españolas, sus familias son españolas (...); ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España", recuerda San Baldomero. "Desde un punto de vista negativo, carecen de nexos con el extranjero; desconocemos a dónde se supone que huirán porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad. Y carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga", prosigue el recurso, que recuerda: "No será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado, que descartaron las sospechas infundadas". La instrucción de Peinado, pese a sus esfuerzos, no ha logrado acreditar que Gómez se hubiera llevado un solo euro que no le correspondiera.

La gravedad de los excesos de Peinado también se deduce de la acusación que le lanza el juez de difundir bulos o insistir en su propagación. "Resulta llamativa la expresión de 'la retirada de cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático", sostiene el recurso que añade: "Desconnocemos a qué puede referirse con esa expresión (...) salvo que vuelva a aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza".

Las comparecencias cada 15 días en el juzgado, según la Fiscalía, carecen de sentido, salvo que lo que pretenda el juez con ellas sea "una suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública", algo de todo punto ilegal. "Resulta llamativo el número de veces que han sido llamadas a comparecer ante órganos judiciales y los términos en los que en ocasiones han sido requeridas para hacerlo: imputación de delitos sucesivos, comparecencias duplicadas o repetición de las mismas", dice San Baldomero, que pone un ejemplo reciente. Peinado obligó a Gómez a acudir a su juzgado bajo amenaza de ser detenida para asistir a la vista en que las acusaciones pidieron las medidas cautelares contra ella. Pero el instructor no las decidió acto seguido, sino seis días más tarde. Cuando por fin decidió, la obligó a un nuevo paseíllo para comunicarle su acuerdo.

José María de Pablo, el abogado que defiende a Cristina Álvarez, resumió la absoluta incongruencia del instructor en su perfil de X el pasado 20 de junio: "Había un riesgo de fuga tan elevado, que se ha tomado seis días para adoptar medidas cautelares". Su post en la red social ha sido leído por 82.000 personas y 450 lo han retuiteado. Ahora todas las miradas están puestas en la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que empezará a estudiar las impugnaciones presentadas a partir del próximo lunes.