España se encuentra entre los primeros de una lista 62 países –37 Estados miembros y 25 socios– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en integridad de su sistema judicial. La organización internacional con sede en París ha analizado los indicadores de anticorrupción de la judicatura y la Fiscalía española, y coloca a ambos cuerpos por encima de la media de los Estados analizados. El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, publicado el pasado 24 de marzo considera, en contra de la apreciación de gran parte de la derecha política y judicial y de las asociaciones corporativas, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "un órgano independiente", según las normas del organismo que, junto a la Comisión Europea y el Consejo de Europa, evalúa periódicamente la calidad de la democracia.

Las conclusiones que alcanza el documento sobre la integridad de la judicatura, la Fiscalía y sus órganos de gobierno coloca a España por delante de otras grandes economías europeas como Italia, Francia o Bélgica. Mientras que en los indicadores relativos al funcionamiento de la judicatura la coloca en décima posición, en los del Ministerio Público aparece en el décimosegundo puesto. En el apartado reservado a los jueces se cumple el 88% de los criterios sobre normativas de integridad judicial, criterios que, en la práctica, se implementan al 64%. La media de los países analizados en este campo se sitúa en el 66% y el 45%, respectivamente.

La OCDE valora la regulación constitucional de los miembros del Poder Judicial que, según la norma fundamental son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". También que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) garantice esa inamovilidad y establezca "las causas objetivas de su cese". Esa misma norma legal "establece que la selección y promoción de los jueces debe basarse en procedimientos objetivos y basados en el mérito, incluyendo exámenes", prosigue el documento.

El análisis sobre integridad y anticorrupción también se refiere al CGPJ, "el órgano encargado de decidir sobre el nombramiento y promoción de los jueces". El Consejo, continúa el informe, "es un órgano independiente según las normas de la OCDE". La afirmación contrasta con la visión de la derecha judicial y política, que considera que la institución está politizada e instrumentalizada por los partidos que proponen a sus miembros. Las organizaciones judiciales conservadoras –todas salvo Juezas Jueces para la Democracia– al igual que las formaciones políticas de derechas, proponen como solución que los 12 vocales procedentes de la carrera de los 20 que integran el órgano sean elegidos directamente por la carrera sin intervención del Parlamento. Sin embargo, lo que avala la OCDE es el sistema parlamentario de renovación actualmente vigente, el preferido por el Gobierno y la asociación judicial de izquierdas.

Otro de los aspectos que subraya el documento es la existencia de un código de principios de ética judicial, que el Consejo aprobó en 2016, así como el hecho de que la ley regule "una lista de incompatibilidades que deben observar los jueces y las situaciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses". Sin embargo, la OCDE afea que la normativa solo obligue a presentar declaraciones de intereses a "los miembros de los máximos órganos del Poder Judicial". "Mientras las declaraciones de todos los miembros del CGPJ están disponibles en línea, las declaraciones de intereses de los magistrados del Tribunal Supremo no son públicas", advierte.

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general, los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

Por último, el documento valora la existencia de un canal interno de denuncias de irregularidades, "que permite a las personas denunciar conductas indebidas". Los denunciantes están protegidos por la Ley de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, aprobada en febrero de 2023. "El sitio web del canal de denuncias contiene información sobre los derechos de los denunciantes, los procedimientos para denunciar conductas indebidas y los datos de contacto para presentar las denuncias", subraya el documento.

La valoración de la integridad de la Fiscalía es algo menor, pero también muy alta. El Ministerio Público español cumple con el 76% de los criterios normativos anticorrupción, que se cumplen en la práctica al 74%, según la OCDE. Dichos porcentajes también se colocan por encima de la media de los 62 países analizados (66% y 52%, respectivamente) lo que sitúa a España por encima de varias de sus principales socios europeos también en este campo. Como en el caso de los jueces, en el de los fiscales se valora que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la LOPJ establezcan "las garantías de integridad del sistema fiscal", entre ellas "los motivos objetivos para el cese de los fiscales" y los "procedimientos objetivos y basados en el mérito para su selección y promoción".

El informe valora que esas mismas normas definan "las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales y las circunstancias que podrían dar lugar a la recusación de los fiscales". Sin embargo, como en el caso de los jueces, reprocha que los miembros de la Fiscalía no estén obligados a presentar declaraciones de intereses.

Es un cambio revolucionario. Y como todo cambio de este tipo, conlleva disfunciones y problemas de adaptación. Sobre todo en la Justicia, un campo en el que juegan múltiples Administraciones. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por otro, el Gobierno, que además de sus iniciativas normativas aporta, a través del Ministerio de Presidencia y Justicia, los medios personales y materiales a los órganos judiciales de cinco comunidades y las ciudades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Por último, el resto de comunidades autónomas (12) que sí tienen asumidas las competencias de justicia y que deben dotar de material y personal a los tribunales en cada uno de sus territorios.

Sin embargo, la reorganización de los órganos judiciales unipersonales –en funcionamiento desde 1834, hace 192 años– y su reagrupación en tribunales de instancia puesta en marcha por el Gobierno con la ley de eficiencia ha comenzado a dar sus frutos un año largo después de su aprobación. Los casos pendientes, cuya reducción era uno de los objetivos de la norma, aunque de forma muy ligera, han comenzado a reducirse, según fuentes del ministerio, rompiendo con la tendencia al alza que cada año, desde 2016, reflejaban las estadísticas (con la excepción del período de la pandemia). Mientras que en 2024 la pendencia creció un 13,7%, en 2025, primer año con la ley de eficiencia en vigor, se redujo un 0,67% en los territorios competencia del ministerio. El descenso es mayor en el orden civil, donde los casos por resolver bajaron un 4,5%.

La mejora es más acentuada en esta última jurisdicción —la que se ocupa los pleitos económicos, de familia o empresariales— y afecta a las secciones de lo civil y lo mercantil de los nuevos tribunales de instancia. Este avance se debe también a la obligación de recurrir a lo que el Ejecutivo denomina "medios adecuados de solución de controversias" (MASC) antes de acudir a los tribunales. El deber de intentar un acuerdo a través de figuras como la mediación, la conciliación o la negociación ha supuesto una reducción de los asuntos ingresados en estos órganos del 20,4% en las comunidades que administra el ministerio. El dato global de litigiosidad –en el que se incluye también las causas penales, sociales y contencioso-administrativas– presenta, desde abril de 2025, una reducción del 9,9%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4%, según los datos del CGPJ.

Otro de los datos positivos constatados por el Gobierno y que confirma el órgano de gobierno de los jueces es que, pese al supuesto caos denunciado por las asociaciones judiciales más conservadoras, la reforma no ha provocado demoras o suspensiones de juicios. En los últimos tres meses –el período en que los tribunales de instancia ya se han desplegado por todo el territorio– las vistas celebradas han crecido un 3% y los señalamientos de nuevos juicios (la fijación de su fecha de celebración), el doble, alrededor del 6%, según fuentes de Presidencia y Justicia.

Esos datos de reducción de ese atasco secular que han aparecido con la entrada en vigor de la ley de eficiencia, pueden ser solo el principio. Porque la nueva organización permite al Ejecutivo incrementar las plazas judiciales sin tener que crear nuevos juzgados, como hasta ahora. Con el sistema anterior, aumentar la planta judicial en una unidad costaba unos 500.000 euros porque, además del juez, había que crear el juzgado completo con toda su oficina judicial, su letrado de la administración de justicia y sus funcionarios. Con el nuevo modelo, basta generar una plaza más de juez –o de letrado o asignar nuevos funcionarios– de manera independiente. Ahora crear una plaza más en un tribunal de instancia cuesta mucho menos: unos 100.000 euros.

Esa flexibilidad es la que ha permitido al departamento que dirige Félix Bolaños anunciar la mayor creación de unidades judiciales de la democracia, con 500 nuevas plazas para este mismo año. También se dispondrán otras 200 plazas para fiscales, lo que supondrá un incremento del 8,5% y del 7,1% en la plantilla de cada cuerpo. El Gobierno y el CGPJ ya han acordado una macroconvocatoria de empleo público de 700 plazas –500 para jueces y 200 para fiscales– para cubrir las vacantes de nueva creación. Los nuevos tribunales de instancia, según fuentes del ministerio, permiten detectar en qué cuerpo concreto están las carencias (jueces, letrados, funcionarios) para, en cada caso, actuar quirúrgicamente sin tener que crear un órgano completo, con el consiguiente ahorro de dinero público.

El Gobierno, sin embargo, sí admite algunos de los desajustes que algunos de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico comunicaron hace semanas al CGPJ. Pero los engloba en los problemas que suelen dar cambios tan drásticos en las dinámicas de trabajo como los que impone la ley. Por ejemplo, la adaptación de los funcionarios (más de 20.000 en todo el país) a sus nuevos puestos y funciones. También la interinidad de muchos de ellos, que el ministerio pretende reducir a una tasa inferior del 8% antes del verano. Respecto a las incidencias informáticas, cada comunidad con competencias tiene sus herramientas y es responsable de su puesta en marcha. Fuentes de Justicia aseguran que en las que presta el ministerio a las cinco comunidades de su territorio no se han detectado problemas graves. Justicia ha firmado convenios con otras autonomías con competencias propias para cederles gratis las aplicaciones tecnológicas que necesiten.

La reforma ha sido muy criticada por las asociaciones judiciales de derechas, las mayoritarias en la judicatura. En un artículo escrito apenas tres meses después de la entrada en vigor de la ley, la presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) María Jesús del Barco, puso en duda que la norma pudiera incrementar la eficiencia del sistema judicial. “Si el legislador entiende que el sistema judicial español puede ser eficiente sin poner un euro sobre la mesa, habremos cambiado la cartelería y habremos alejado al juez del procedimiento, pero seguiremos sin tener un sistema judicial eficiente”, afirmaba Del Barco en la revista del Consejo General de la Abogacía.

La falta de inversión, sin embargo, no es más que una patraña, según fuentes de Presidencia y Justicia. El ministerio ha dedicado esta legislatura 1.121 millones de euros para el despliegue de la ley. Más de 91 se dedican anualmente a los costes de los nuevos puestos que se crean con la norma –como los presidentes de los tribunales o los responsables de los nuevos servicios y áreas de cada oficina judicial, entre otros– y que fueron acordados con los sindicatos más representativos de funcionarios de justicia, las asociaciones de letrados de la administración de justicia y las de jueces y fiscales. Todas estos nuevos mandos intermedios comportan una mejora salarial.

Ese dinero también ha servido para la creación de las 500 nuevas plazas judiciales y las 200 para fiscales. 850 millones –de los que 350 proceden de fondos europeos– han ido a las comunidades autónomas competentes para la digitalización de sus sistemas procesales y, en las que las competencias pertenecen al Estado, el dinero correspondiente se ha dedicado a crear lo que en el ministerio denominan “hubs de interoperabilidad”, es decir, nodos para que los distintos sistemas procesales del Estado y las comunidades puedan entenderse entre ellos. Otros 80 millones de euros han ido a los inmuebles de los órganos judiciales para transformar el espacio físico de los antiguos juzgados en los nuevos tribunales de instancia, algo en lo que, según fuentes del Ejecutivo, ya se venía trabajando desde 2010.

Pese a las quejas y las acusaciones de improvisación al Gobierno desde la derecha judicial y política, lo cierto es que los tribunales de instancia han sido defendidos por Gobiernos del PSOE y del PP. Desde que se planteó su creación por primera vez con el Pacto de Estado de la Justicia de 2001 –durante la presidencia de José María Aznar– se presentaron sucesivos proyectos por los exministros Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón o Juan Carlos Campo, hasta el actual de Félix Bolaños, el que finalmente fue aprobado por las Cortes. El consenso sobre la necesidad de estos nuevos órganos también surge de las asociaciones de derecha e izquierda que en 2017 los reclamaron en un comunicado conjunto.   

Que Carlos Hugo Preciado, vocal díscolo de la cuota progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por Sumar, se convierta en magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es algo, por ahora, incierto. Pero su candidatura a la Corte de Estrasburgo –la más alta instancia en derechos humanos en el ordenamiento jurídico español, por encima incluso del Tribunal Constitucional– en caso de prosperar, pondría en peligro el precario equilibrio entre progresistas y conservadores para entregar el poder interno del órgano de gobierno de los jueces a los consejeros propuestos por el PP. Su hipotética salida la cubriría el magistrado almeriense David Villagrá Álvarez, delegado en esa provincia de la mayoritaria y derechista Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Para convertirse en magistrado, Preciado debe primero superar con éxito varios filtros. El primero, el de la comisión de selección española, integrada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la vocal conservadora del CGPJ Gema Espinosa, y la catedrática de Derecho Internacional Público Paz Andrés. Ese órgano seleccionará la terna de candidatos que, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, se enviará al Consejo de Europa. El segundo filtro se produce en la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional que debe seleccionar al magistrado español para los próximos nueve años por mayoría absoluta.

En el incierto caso de que el vocal propuesto por Sumar superara todo ese proceso, la consecuencia para el CGPJ sería la alteración de su juego de mayorías, que pasaría de un empate a diez vocales entre conservadores y progresistas a una mayoría de derechas de once miembros frente a los nueve propuestos por la izquierda y la presidenta, Isabel Perelló, con etiqueta progresista pero casi siempre alineada con los conservadores. Así lo establece el acuerdo del Pleno del Senado del 24 de julio de 2024 que, además de elegir a Preciado como uno de los seis vocales judiciales correspondientes a esa Cámara, seleccionó como primer suplente a David Villagrá Álvarez, actual presidente del Tribunal de Instancia de Almería, de la conservadora APM. La lista la completan como segundo suplente el progresista Ignacio Martín Verona, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la también conservadora Isabel Serrano Frías (APM).

La última renovación del Consejo vino acompañada de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) relativa, precisamente, a la elección de los suplentes. En lugar de establecer, como hasta entonces, una lista de tres nombres en el orden elegido por el Congreso o el Senado para cada uno de los seis vocales judiciales y cuatro seleccionados entre juristas de reconocido prestigio que tocan a cada Cámara, se estableció que cada uno de los consejeros titulares tuviera su propio sustituto para el caso de que dejara el cargo anticipadamente. Esta nueva regulación, sin embargo, no es de aplicación al actual CGPJ, cuya renovación se hizo con el sistema anterior.

La salida de Preciado es solo una hipótesis de futuro, pero en el sector progresista hay otro vocal judicial que sí tendrá que ser sustituido dentro de dos años. Se trata del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Arozamena que, en agosto de 2028, alcanzará la edad de jubilación (72 años) y, al formar parte de la cuota de consejeros procedentes de la carrera, tendrá que dejar el Consejo. A diferencia de lo que ocurriría con Preciado, en este caso, la sustituta será, al igual que el vocal saliente, de sensibilidad progresista. Arozamena fue elegido por acuerdo del Pleno del Congreso el 23 de julio de 2024. En ese mismo acuerdo, como primera suplente aparece Adoración Jiménez Hidalgo, titular de la plaza 3 de lo Social del Tribunal de Instancia de Terrassa (Barcelona), miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y de JJpD.

Tres magistrados –todos ellos hombres– de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alcanzarán la edad de jubilación en lo que queda del año. Sus vacantes se sumarán a la ya convocada por el Consejo General del Poder Judicial para juristas de reconocido prestigio en la que conservadores y progresistas, hasta el momento, no han logrado ponerse de acuerdo. A esas cuatro plazas se sumará una más prevista para esa Sala en el decreto que prepara el Gobierno para la disposición de 500 nuevas unidades judiciales este mismo año. En total son cinco plazas libres de las que, al menos cuatro, deberán ser ocupadas por mujeres en cumplimiento de la ley de paridad que obliga a respetar la representación equitativa del 60%-40% entre miembros de ambos sexos.

La Sala de lo Penal es, actualmente, una de las más marcadas por la ausencia de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Supremo. Las magistradas del tribunal que se ocupa de los políticos y demás aforados y que tiene la última palabra sobre todas las causas criminales que se instruyen y juzgan en España son solo tres: las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, y la conservadora Carmen Lamela. De sus 12 compañeros, tres –Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo– se jubilarán en los próximos junio y septiembre al alcanzar la edad máxima de jubilación, 72 años. La comisión de igualdad del Consejo aprobó a finales de 2024 que, tras la entrada en vigor de la ley de paridad, esta debía cumplirse entre los componentes de cada una de las cinco salas del Alto Tribunal.

Al permanecer aún estos tres últimos en sus puestos, el Consejo solo ha convocado –lo hizo el pasado 23 de julio– la plaza que dejó vacante Miguel Colmenero, retirado en 2024, correspondiente a juristas de reconocido prestigio. La comisión de calificación del órgano de gobierno de los jueces, la que se encarga de preseleccionar a los candidatos para que decida el Pleno, ya ha entrevistado a los 14 aspirantes de los que ha elegido a 12 catedráticos y profesores universitarios, entre los que los 20 vocales y la presidenta del CGPJ tendrán que extraer al nuevo magistrado por una mayoría de tres quintos (13 votos). La falta de acuerdo ha llevado a conservadores y progresistas a posponer el nombramiento a septiembre, cuando haya cuatro vacantes gracias a las jubilaciones y el margen para negociar entre ambos sectores sea más amplio.

Sea como sea, si el Consejo decide seguir el criterio paritario establecido por su propia comisión de igualdad, las cuatro plazas deberán ser ocupadas por mujeres, lo que en principio descartaría a todos los candidatos hombres de la única convocatoria que ya está en trámite. Los consejeros del Poder Judicial y su presidenta tendrían que elegir para el puesto a una de las cinco catedráticas que se han postulado: Silvina Bacigalupo (Universidad Autónoma de Madrid), María del Mar Carrasco y Carmen Juanetey (ambas de la Universidad de Alicante), Alicia Gil (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y María Paz Lloria (Universitat de València). La plaza está reservada para abogados, fiscales, académicos y en general juristas de prestigio con más de 15 años de experiencia en Derecho Penal.

Fuentes del CGPJ aseguran, sin embargo, que el sector de vocales a propuesta del PP solo ha apoyado hasta el momento a aspirantes de sexo masculino en el proceso. La misma situación se dio ante el nombramiento de las dos presidencias clave del Supremo el pasado verano. El Consejo se bloqueó en la designación ante el empeño de los conservadores de promocionar a dos hombres para dirigir la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, plazas que, según la ley de paridad, debieron corresponder a magistradas. El nombramiento de los dos candidatos apoyados por la derecha –Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas– solo se produjo cuando las dos candidatas preseleccionadas –Ana Ferrer y Pilar Teso– decidieron retirar sus candidaturas para romper el bloqueo.

Las convocatorias de las otras tres plazas que se liberarán este año –las de Palomo, Hurtado y Berdugo– todavía no se han aprobado. A ellas se sumará, previsiblemente, la prevista en el proyecto de real decreto que prepara el departamento de Félix Bolaños para crear 500 nuevas unidades judiciales, una de las cuales irá a la Sala Segunda del Alto Tribunal. De esas cuatro nuevas vacantes, tres deberían ser cubiertas con mujeres. Con la nueva plaza que prepara el Gobierno, la plantilla de la Sala será de 17 personas. El mínimo legal del 40% para cualquiera de los dos sexos se establece, por tanto, en siete miembros. Quedan, por tanto, cuatro juezas por designar que se sumen a las tres actuales. Para ello es necesario –eso sí– que se presenten candidatas a los puestos.

Tras la aprobación por la comisión de igualdad del Consejo del criterio para aplicar la ley de paridad a los nombramientos discrecionales –que se cumpla entre las presidencias de las distintas salas de cada tribunal y en el seno de cada una de ellas– la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, encargó un informe al respecto a los servicios técnicos de la institución, que afirmaron que la paridad debía respetarse en la totalidad de nombramientos hechos durante los cinco años de mandato de los vocales. El sector progresista rechaza esta interpretación y varios de sus miembros advierten de que, de no respetarse la ley, las designaciones podrían ser posteriormente anuladas por la Sala de lo Contencioso del Supremo, la que resuelve los recursos contra las decisiones del CGPJ.

Las más de 120 plazas vacantes que dejó el bloqueo por el PP de la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial ya están cubiertas. El Gobierno se ha comprometido a crear 500 nuevas unidades judiciales (a las que se sumarán otras 500 el año próximo), el mayor incremento jamás registrado, y se ha puesto de acuerdo con el Consejo para convocar las oposiciones y los concursos de méritos necesarios para seleccionar al nuevo personal –jueces de carrera y juristas de reconocido prestigio– que las ocupen. Una vez puestas en marcha esas dos empresas, el órgano de gobierno de los jueces pretende abordar la que se intuye como más delicada: regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura debe cumplir y medirla con criterios objetivos.

El único instrumento del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza, como ocurrió recientemente con el presidente del Tribunal de Instancia de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro González Mariscal de Gante. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Sin embargo, la medición del número de asuntos que soporta cada juez es equívoca, según fuentes del Consejo. En primer lugar porque el procedimiento de entrada de nuevos asuntos (demandas, denuncias, querellas, recursos...) incumple sistemáticamente las normas de registro, provocando que, en ocasiones se apliquen tres o cuatro números a un mismo procedimiento, según esas mismas fuentes, que aseguran que muchos órganos no recurren a las herramientas de las que disponen (de acumulación de procesos, por ejemplo) para aliviar la litigiosidad masiva. Pero, además, en algunas jurisdicciones como la civil o la social, gran número de casos acaban en desistimiento o en conciliaciones previas al proceso. La prueba es que de los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, procedentes de cada órgano judicial, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones. La "sobrecarga de trabajo", sin embargo, es una queja recurrente de la carrera. En los últimos años, al menos dos jueces han logrado que el Consejo les indemnice con varias decenas de miles de euros (más de 200.000 en uno de los casos) tras alegar patologías psiquiátricas derivadas del exceso de papel.

El primer paso hacia la regulación de las cargas de trabajo conforme a criterios objetivos se dio en el Pleno del Consejo del pasado 25 de marzo. Los 10 vocales del sector conservador, la presidenta Isabel Perelló y ocho de los 10 consejeros progresistas (otros dos se opusieron) sacaron adelante una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permite al órgano de gobierno de los jueces establecer "indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta" relacionados con factores como "carga de trabajo, presión organizativa, tiempos de respuesta, complejidad [de los asuntos] y demás elementos relevantes". El objetivo es que esos umbrales mínimos de trabajo, inicialmente previstos para asegurar la salud de los jueces, sirvan también como orientación para otras finalidades como refuerzos, responsabilidad disciplinaria e incluso la retribución por objetivos. El plan ya ha sido comunicado a las asociaciones judiciales.

Está por ver cómo aceptará la carrera ese nuevo sistema de medición del desempeño. Porque la función judicial da una extraordinaria libertad a sus miembros para decidir el trabajo que asumen, la cantidad de juicios y demás señalamientos que celebran e incluso el tiempo que pasan presencialmente en su órgano de destino. Muchos lo compatibilizan con actividades formativas (autorizadas o no) que les proporcionan algunos ingresos extra. En el Consejo dan por seguro que el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial con estos cambios, cuando esté definitivamente aprobado, se recurrirá. Así que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.

En cualquier caso, fuentes del Consejo aseguran que, tanto conservadores como la mayoría de los progresistas y la presidenta, consideran que estas medidas, junto con el gran incremento de plantilla –500 unidades judiciales, el mayor en democracia– que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, ayudará a aliviar el sobreesfuerzo que, según los últimos datos, afecta a 1.369 juzgados y tribunales (de los 4.223 que hay en España) y que se da de manera especialmente intensa en 452, la mayoría situados en las grandes capitales. También el secular atasco judicial. Según las estadísticas del CGPJ, uno de cada tres órganos recibe más trabajo del que debería, pero solo en uno de cada 10 la situación es especialmente grave.

"Tenemos un grave déficit de jueces y así lo ha advertido de forma reiterada el Consejo General del Poder Judicial", dijo la presidenta de ese órgano, Isabel Perelló, el pasado 3 de febrero durante la entrega de despachos a la última promoción de nuevos integrantes de la carrera. "La media de jueces por habitante está muy por debajo de la europea", añadió. Después saltó a las consecuencias de esa carencia: "Este déficit provoca un sobreesfuerzo y una sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales", dijo. "También retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos". El Gobierno ha asumido la queja y acaba de anunciar 500 nuevas plazas judiciales y planea crear otras 500 más en 2027, además de aprobar una macroconvocatoria de oposiciones y concursos de méritos para asumir a los nuevos jueces y magistrados que las cubran.

El discurso de Perelló, sostenido por gran parte de los jueces y magistrados españoles y que les permite –tanto al CGPJ como a muchos jueces y magistrados– eximirse de cualquier responsabilidad en el atasco secular de la justicia para centrarlo en el Gobierno –que debe contratar más jueces y funcionarios, y dotar a los órganos de varias autonomías– o en los ejecutivos autonómicos con las competencias de Justicia transferidas –que deben proporcionar los medios a los de sus territorios– no se compadece con los datos que arrojan las estadísticas del propio órgano de gobierno de los jueces. Solo tres de cada 10 juzgados (ahora integrados en tribunales de instancia) y secciones de tribunales sufren una sobrecarga "no razonable" de trabajo. O al contrario, siete de cada diez órganos judiciales reciben cada año un número de asuntos que se considera asumible.

El Consejo tiene establecido el número de asuntos que cada juzgado o sección debe asumir. Hay órganos judiciales que, por baja demanda, no lo cubren, y otros que lo superan al tener una mayor litigiosidad. El servicio de Inspección del Consejo, que se encarga de supervisar el funcionamiento de todos ellos, considera que, cuando se supera en un 50% esa cifra de entrada, el juzgado o sección correspondiente sufre una sobrecarga no razonable de trabajo. Los últimos datos correspondientes al anuario La justicia dato a dato, correspondiente a 2024, indica que el 32,44% de los órganos judiciales se encuentran en esa situación. De este último porcentaje, el 10,71% se encuentran en un estado especialmente grave, al duplicar el número de causas que les debería corresponder según las estimaciones del Consejo.

Según los datos estadísticos de 2024, los últimos disponibles, ese año había en España 3.910 juzgados unipersonales (ahora integrados en tribunales de instancia) y 313 secciones de tribunales colegiados (audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). De todos esos órganos –4.223 en total– 1.369, es decir, aproximadamente un tercio, soportan más trabajo del que deberían, mientras que los que se encuentran en una situación especialmente penosa por la excesiva carga de asuntos serían 452, apenas uno de cada 10. Es decir que la "sobrecarga" y el "sobreesfuerzo" del que se queja Perelló en sus discursos no son generalizados, pese a que esa sensación la comparta gran parte de la carrera.

Sí es cierto que los 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes que tiene España, la colocan en la parte más baja de la tabla facilitada por la Comisión para la Eficiencia Judicial y el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, dos organismos pertenecientes al Consejo de Europa. El dato español se sitúa, sin embargo, por encima del de otros países de nuestro entorno, como Francia, Suecia, Noruega, Malta o Dinamarca, y a muy poca distancia del de Italia, Bélgica o Países Bajos. Muy por encima de la cifra española se encuentra la de Grecia (37,3 jueces por cada 100.000 habitantes) o Croacia (42,4 jueces).

Sin embargo, los datos indican que la ratio de jueces por habitante no es crucial para la calidad de este servicio público. Grecia o Croacia triplican en número de jueces a España en relación a su población, pero el atasco judicial en esos países es mucho peor. En ambos, el tiempo medio de resolución de los casos civiles y penales supera ampliamente al de España pese a contar con una plantilla proporcionalmente mucho mayor. Una demanda civil en España tarda unos 359 días en resolverse, mientras que en Grecia se sustancian en más del doble de tiempo. Los tiempos de resolución de España también son mejores que los de esos dos países en las causas criminales. Así que, el número de jueces o magistrados por cada 100.000 habitantes de cada país no determina por sí mismo la eficacia del sistema judicial.

Si la comparación se hace con los otros seis países más ricos de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Bélgica), todos ellos, salvo Francia, con más jueces por habitante que España, los tiempos medios de los procesos en nuestro país son similares a los de Italia y Francia.

Otra de las variables que a menudo se utilizan desde la judicatura para echar la culpa a otros del mal funcionamiento de los órganos judiciales es la falta de medios. La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) percibe un caos y desorganización generalizados en la implantación de los nuevos tribunales de instancia que sustituyen en cada partido judicial a los tradicionales juzgados unipersonales. Ese caos, afirma esa asociación junto a otras, se debería, en gran parte, a que la ley que los ha implantado (la ley de eficiencia) no vino con los fondos necesarios para hacerlos funcionar.

Sin embargo, al contrario que en el índice de jueces por habitante, en el de inversión en Justicia por habitante, España se encuentra entre los primeros del Consejo de Europa, con 96,8€ por persona (en el puesto 16 de los 48 Estados miembros). En esta tabla concreta, sí se encuentra una relación directa entre la inversión por contribuyente y la duración media de los procesos, que se reducen cuanto más dinero se gaste cada país. En febrero de este año, en España había 5.809 jueces y magistrados en activo y otros 423 en excedencia o servicios especiales, según los datos del CGPJ.

España está a la cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el acceso que proporciona a los ciudadanos a la información pública: en transparencia. También en el control de los conflictos de intereses de los políticos y altos cargos. Sin embargo, al igual que recogió el último Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, nuestro país suspende por la ausencia de regulación del lobby, la influencia en la política de los grupos de interés. El Estado Español también queda a la cola de los países analizados en el control de la financiación de los partidos.

La organización internacional con sede en París ha hecho público su informe sobre Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026. En su apartado sobre España, el informe hace referencia al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Gobierno el pasado julio tras conocerse la implicación del ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos y la de su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, ambos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, en la trama de comisiones ilegales ligadas a obra pública que se investiga en el caso Koldo.

La OCDE valora ese plan y el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública en el que se ha traducido (aprobado el 17 de febrero por el Consejo de Ministros), como "la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental". La iniciativa, que está todavía en elaboración y no ha sido remitida al Parlamento, pero el informe valora que contemple la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública independiente, que en caso de ser aprobada, "integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".

El hecho de que la nueva norma todavía no esté aprobada coloca a España en la parte media baja de la tabla de países analizados en lo que respecta a su "marco estratégico" contra la corrupción. El Estado cumple sobre el papel el 53% de los criterios de la OCDE sobre la solidez de este marco, pero en la práctica solo se cubren el 17%. El dato es malo, porque 16 de los 62 países analizados carecen de cualquier tipo de plan estratégico. Entre los que sí lo tienen, España se encuentra el 14 por la cola.

El plan anunciado por Sánchez el pasado verano "identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país", dice el documento, que subraya que, algunos indicadores en los que España sale peor parada, como el del control de la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, el Estado "no tiene un plan de acción en vigor", dice, a lo que añade: "Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación".

De todos los aspectos recogidos en el plan anticorrupción de Sánchez que analiza la OCDE, aquel en el que España sale mejor parada es, el "acceso a la información pública", es decir, la transparencia, en la que se encuentra en el puesto seis de los 62 países y por delante de Francia, Alemania, Países Bajos o Italia. La normativa española cumple con el 89% de los criterios de la organización, de los que, en la práctica, se cumple el 81%. La media de los Estados analizados queda por debajo, en el 72% y el 62% respectivamente.

El informe subraya que la Ley de Transparencia "establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas" con las únicas restricciones que recoge esa norma. También resalta la documentación pública que a la que se puede acceder en línea, como "los programas de las reuniones del Gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el Gobierno central y sus resultados". También "la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses", aunque no "las de los jueces del Tribunal Supremo".

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

El segundo de los aspectos en el que España obtiene una muy buena calificación es la regulación de los conflictos de interés. "España cumple el 89 % de los criterios (...) y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente", recoge el documento. "Todos los miembros del Gobierno y del Parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados (...) en los últimos cuatro años".

Además, prosigue el informe, "todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses". El texto solo recoge una pega: los jefes de gabinete, que se considera que ocupan "puestos de alto riesgo", no están sometidos a esa obligación. Otro de los ámbitos en el que nuestro país se encuentra por encima de la media es la integridad de su sistema judicial, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía.

En junio de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió la moción de censura en la que resultó investido Pedro Sánchez. El motivo fue la sentencia del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP, que terminó condenado como "partícipe a título lucrativo". Pero el partido de Sánchez, el PSOE, también se enfrenta ahora a un importante caso de corrupción, el caso Koldo, que afecta a los que fueron dos de sus principales dirigentes y colaboradores del jefe del Ejecutivo, Ábalos y Cerdán.

La OCDE concluye ahora que la regulación del sistema de financiación de partidos políticos es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema anticorrupción en España. Sobre el papel, según el informe, España cumple el 70% de los criterios de la organización (76% es la media) gracias a la Ley de Financiación de Partidos. El texto valora su sistema de sanciones y la prohibición de las contribuciones a las formaciones de empresas públicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros.

"Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político", sostiene. Campos como la regulación de las televisiones y medios públicos o la publicidad institucional con la que algunas administraciones riegan a sus medios afines parecen entrar en este capítulo.

Pero el problema, más que la normativa, es la práctica, en la que España solo supera el 43% de los criterios frente al 58% de media en la OCDE. El organismo supervisor es el Tribunal de Cuentas, y cuenta con todos los medios para desarrollar su labor. "Sin embargo, no todos los partidos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos (...) en 2023, y otros no las presentaron en 2024", refleja el documento. "Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos no están a disposición del público".

Por último, otro de los apartados en los que España suspende reiteradamente en todos los organismos internacionales que evalúan sus indicadores democráticos, es el lobby, el control de la influencia en los políticos y altos cargos de los grupos de interés. El informe recoge que se está elaborando una regulación –el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria– pero el cumplimiento actual de los criterios de control de la OCDE para estas organizaciones en España sigue siendo terreno por explorar.

La normativa –la ley de Altos Cargos– solo recoge períodos de incompatibilidad para los cargos públicos una vez que dejan esos puestos de responsabilidad, pero "no existe regulación alguna sobre el cabildeo (lobby), ni un registro de grupos de interés", advierte el informe. Esa disposición y la orden que obliga a cualquier empresa a inscribirse en el Registro Mercantil para poder identificar a suss propietarios solo cumplen el 40% de los criterios formales de la OCDE

Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

Doce años después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara a España por permitir la expulsión de demandantes de asilo antes de que un juez se pronunciara sobre su solicitud, el Gobierno sigue sin regular esa garantía de no devolución en su legislación. Así se lo ha recordado al Ejecutivo español el Comité de Ministros del Consejo de Europa (el organismo internacional evaluador al que pertenece el tribunal de Estrasburgo) al constatar que "la ausencia en el ordenamiento jurídico de un plazo con efecto suspensivo automático para solicitar la revisión judicial de las decisiones que deniegan las solicitudes de protección internacional [solicitudes de asilo]" menoscaba "la eficacia de los recursos" que puedan ejercitar los demandantes ante los tribunales para evitar expulsiones arbitrarias.

El análisis de la aplicación de la sentencia de Estrasburgo se recoge en el informe anual del Comité de Ministros sobre la ejecución de sentencias, publicado este miércoles. El apartado dedicado a España señala que ese organismo analizó el pasado diciembre los efectos que la resolución de 2014 había tenido en nuestro país y constató que sus requerimientos no se habían cumplido en su totalidad. La sentencia del máximo intérprete de los derechos humanos consideró entonces que el Estado vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva (derecho a un recurso efectivo, recogido en el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) de los solicitantes de asilo, en relación con el derecho a la vida (artículo 2 del Convenio) y la prohibición de torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 3).

La sentencia afecta a las demandas de asilo en puestos fronterizos. Se trata del procedimiento a seguir, cuando el demandante reclama la protección en aeropuertos, puertos, Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla (ambos cerrados a no residentes desde la pandemia). "Pese a la sentencia de Estrasburgo, 12 años después, con mucha frecuencia se siguen produciendo casos similares", explica Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONG que ganó el caso en el TEDH. "El solicitante llega al aeropuerto y cuando Interior le deniega el asilo es devuelto a su país sin que la Audiencia Nacional haya revisado el caso", continúa. "A veces, el proceso sigue adelante y le dan la razón, pero ya es tarde porque nos resulta imposible localizarlo", añade.

"El Estado demandado debe garantizar mantener a los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas y hasta tanto la decisión interna definitiva en cuanto a sus solicitudes de protección internacional sea pronunciada", ordenaba el fallo de 2014, en cuya argumentación se recordaba que los recursos contencioso-administrativos que se pueden presentar contra las resoluciones que deniegan el asilo carecen de "efecto suspensivo automático susceptible de suspender la ejecución de las órdenes de expulsión pronunciadas en su contra". La sentencia resolvió así el caso de 30 saharauis que llegaron a Fuerteventura huyendo de la represión marroquí tras las protestas del campamento de Gdem Izik a las afueras de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental en 2010.

Cuando están a punto de cumplirse doce años de la publicación del fallo, el Comité de Ministros ha valorado "los esfuerzos de las autoridades [españolas] para aplicar esta sentencia". El Consejo de Europa valora que el Tribunal Supremo haya ratificado "como regla general" el derecho de los demandantes de asilo a no ser devueltos mientras esté pendiente su recurso, aunque esa doctrina no se pone en práctica por los tribunales inferiores, en los que advierte de "aplicaciones divergentes", sobre todo en "procedimientos fronterizos de asilo", es decir, los que se plantean nada más llegar el solicitante. Por eso recomienda al Gobierno que considere "la posibilidad de incluir este derecho en la legislación pertinente".

Pero, además, el comité reclama que la normativa sobre asilo y refugio recoja expresamente un plazo para que el demandante pueda recurrir a los juzgados de lo contencioso –siendo el competente la Audiencia Nacional– un eventual rechazo a su solicitud y que los jueces puedan paralizar cautelarmente su retorno forzoso mientras se analiza su caso. Y ese plazo debe tener "efecto suspensivo automático" para que el demandante de asilo no sea expulsado antes de que pueda presentar su recurso. La inexistencia de ese plazo suspensivo en la ley "menoscaba la eficacia de estos recursos", mantiene la resolución del organismo internacional.

Sin esa regulación, en la práctica, los demandantes están a merced de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia quiera concederles una medida cautelarísima y paralice la devolución, una petición que en muchos casos se deniega, explica la abogada de CEAR. Esta organización, junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), han denunciado esta situación durante años ante el Consejo de Europa reportando estadísticas de expulsiones sin decisión judicial previa. Hasta que el pasado diciembre, el Comité de Ministros de ese organismo, les dio la razón frente al Gobierno.

España es uno de los países de la Unión Europea que más solicitantes de asilo recibe cada año, solo por detrás de Francia. En 2025 se presentaron 144.396, según los datos de CEAR. Pero también se encuentra entre los que emiten menos resoluciones favorables (el 11,2% el año pasado, 17.941). El porcentaje de asilos concedidos en España contrasta con la media europea que, en 2024, se situó en el 46%, según los datos de esa misma organización. La mayoría de solicitudes no son fronterizas, sino que las presentan personas que ya residen en España. En este último caso, esperan a la resolución de sus peticiones en territorio español sin el temor a una expulsión inminente que si tienen los que demandan la protección en frontera.

Favorecer al Real Madrid con la construcción de túneles y aparcamientos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un feudo histórico del PP en pleno distrito de Chamartín. Aprobar una tasa de basuras impuesta por la normativa europea, pero sin adaptar la correspondiente cuota al número de ocupantes de cada vivienda o sin explicar la incidencia de los residuos procedentes del comercio, la hostelería o el turismo en cada uno de los distritos de la capital. Se trata de dos de las apuestas en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha chocado más directamente con parte de sus ciudadanos y potenciales votantes.

El enfrentamiento con una asociación vecinal –la Asociación Perjudicados por el Bernabéu– por la conversión del estadio del Real Madrid en un enorme centro comercial y de espectáculos con la construcción de dos enormes aparcamientos bajo la Castellana y en Padre Damián pasó de los despachos municipales a la discusión de los grupos políticos en el Pleno y de ahí a los juzgados. La implantación de la tasa de basuras, por su parte, provocó más de 130.000 reclamaciones tributarias de contribuyentes, según adelantó El País el pasado febrero. Ambos contenciosos han acabado con dos importantes varapalos judiciales contra el equipo de Almeida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el principal motivo en ambos casos es el mismo: la falta de transparencia en la gestión de sus iniciativas.

El último se produjo el pasado lunes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal regional madrileño estimó el recurso administrativo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Asesores Fiscales y Más Madrid, y anuló la nueva tasa municipal. La sentencia explicó que la creación de la tasa era imperativa por obligación del derecho europeo y su traslación a la ley estatal de residuos, pero consideró ilegal el procedimiento por el que se aprobó la ordenanza en la que se recogía. La resolución, que en esencia reprocha al Ayuntamiento la falta de publicidad de los informes que justificaron la configuración de la tasa, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vulneración se produjo en el trámite de información pública del proyecto, en el que se omitió una parte esencial del informe técnico-económico que servía para la determinación de la cuantía de la tasa para cada contribuyente. Entre lo no publicado se encontraba aquello que precisamente criticó la oposición municipal: el estudio de generación de residuos por las distintas actividades económicas –turismo, hostelería, comercio...– unos datos que, según el tribunal "resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo". Sin esa información no se podía conocer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria, lo que impidió a los ciudadanos y asociaciones afectadas presentar alegaciones fundadas y cuestionar el tributo.

La anulación de la tasa de residuos se produce solo cuatro meses después de que esa misma Sala tumbara los dos aparcamientos y el túnel cuya construcción adjudicó el equipo municipal de Almeida a una sociedad creada al efecto por el Real Madrid. El problema en este caso también estuvo relacionado con la transparencia y la información suministrada a los ciudadanos. Según el tribunal, el Ayuntamiento no dio publicidad al estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, "máxime cuando se trataba de una concesión tan mediática y polémica".

La sentencia también consideró incompatibles los dos parkings con el planeamiento urbanístico y de movilidad del Bernabéu y su entorno, aprobado en 2017, tal y como determinaron los propios órganos técnicos de Urbanismo. Por último, la resolución reprochó la previsión en esas obras de la construcción de un túnel de 650 metros para dar acceso al aparcamiento del estadio, al considerar que solo respondía a los intereses del club de fútbol que preside Florentino Pérez y no a los generales de la ciudadanía.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá este martes si abre expediente al instructor de la causa contra Begoña Gómez, el titular de la plaza 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado. El magistrado acumula varias quejas, entre ellas la del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por supuestas faltas de respeto del juez durante el interrogatorio que le practicó en La Moncloa, a lo que hay que añadir el posterior revolcón que dio el Supremo a Peinado tras intentar que a Bolaños lo juzgara el Alto Tribunal. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde –el que investiga las quejas e instruye los expedientes– solicita a los vocales que todas las denuncias sean archivadas.

Las últimas diligencias informativas –primer paso de las actuaciones disciplinarias del Consejo– contra Peinado se abrieron el pasado 12 de marzo después de que Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno imputada junto a ella por Peinado, denunciara que el instructor habría supuestamente filtrado a okdiario.com una de las resoluciones del procedimiento antes de que fuera notificado a las diferentes partes. Álvarez intentó sin éxito previamente en el juzgado que fuera ese mismo órgano el que investigara la procedencia del soplo.

Otra de las investigaciones abiertas se inició tras una queja de Bolaños, que fue interrogado en su despacho de La Moncloa como testigo por la contratación de Álvarez como asistente de Gómez en una tensa declaración en la que el juez llegó a reprochar al ministro que sonriera y le acusó de contestar con evasivas. Tras esa diligencia, Peinado pidió al Supremo que investigara al titular de Presidencia y Justicia por un supuesto delito de malversación. La Sala Segunda del Alto Tribunal respondió con un severo auto en el que reprochaba al instructor “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud” de la participación de Bolaños en esos hechos.

La tercera queja disciplinaria no tiene nada que ver con el caso Begoña Gómez, sino con una causa contra el Ayuntamiento de Madrid que el juez se olvidó de prorrogar. Peinado investigaba una denuncia presentada por Podemos por presunta malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por la contratación a dedo de la empresa editora de okdiario.com para un acto sobre movilidad denominado Madrid, capital de la movilidad sostenible.

El contrato, que se otorgó directamente a la editora de ese medio sin ningún competidor, ascendió a 72.600 euros. Un mes antes, la misma empresa municipal había adjudicado un evento muy similar al organizado por el diario que dirige Eduardo Inda por 18.500 euros, la cuarta parte de lo abonado a okdiario.com. El medio ultraconservador subcontrató la organización del acto a otra empresa especializada por 22.500 euros. Al no haber prorrogado la instrucción, el magistrado tuvo que archivar el caso. PSOE y Más Madrid lo denunciaron en el Consejo.

Junto a esas tres denuncias se estudiarán otras presentadas por ciudadanos particulares con pocas posibilidades de prosperar. Sea cual sea la decisión que adopte la comisión permanente del Consejo, fuentes de la institución aseguraron el pasado agosto a infoLibre que Peinado goza de una suerte de impunidad disciplinaria derivada de la proximidad de su jubilación, que se producirá de forma automática el próximo septiembre, cuando cumplirá 72 años. Es esas condiciones es imposible de que antes de esa fecha pueda instruirse un expediente contra él dado que la duración media de estas investigaciones ronda el año.  

Hace ya 10 días que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, permanece en su puesto en funciones. Su mandato de nueve años como magistrado del órgano de garantías venció el pasado 10 de marzo, al igual que el de la progresista María Luisa Balaguer y el conservador Ricardo Enríquez, todos ellos elegidos el 10 de marzo de 2017. El Senado, la Cámara a la que corresponde su sustitución, tendrá que renovar también en el cargo al conservador José María Macías, designado en 2024 en sustitución de Alfredo Montoya, que dejó el cargo por motivos de salud dos años antes. El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ya ha iniciado el proceso, pero cuatro autonomías –Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía– han pedido una prórroga para elegir a sus candidatos, lo que retrasará los nombramientos, al menos hasta el otoño.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obliga a que los magistrados elegidos por el Senado sean seleccionados "entre las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas". Rollán se dirigió el pasado diciembre a los Parlamentos autonómicos para pedirles que presentaran sus aspirantes a magistrados del órgano de garantías. Pero los recientes procesos electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y los comicios andaluces, pendientes de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, los convoque, provocarán una demora de meses que, con toda probabilidad, dará tiempo al tribunal, con su configuración actual y con Conde-Pumpido como presidente prorrogado, a resolver los recursos de amparo del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de condenados y procesados por el procés a los que el Supremo no aplicó la ley de amnistía.

Las cuatro Cámaras autonómicas han reclamado una prórroga. Pese a que en Extremadura, Aragón y Castilla y León los comicios ya se han celebrado, en ninguno de los tres territorios ha echado aún a andar la legislatura a la espera de que PP y Vox ultimen los órganos directivos de sus respectivos Parlamentos y los gobiernos. Independientemente de que lo logren en las próximas semanas o no, todavía falta que los andaluces acudan a las urnas, algo que está en manos del presidente Moreno. Si no convoca antes, la fecha límite en la que el Parlamento andaluz quedaría disuelto sería el 19 de junio. Así que, con toda probabilidad, la elección de los candidatos andaluces a magistrado del Tribunal Constitucional no estará lista hasta después de las vacaciones de verano.

Es a partir de ese momento, con todos los nombres sobre la mesa, cuando Gobierno y PP tendrían que iniciar una negociación para repartirse los nombramientos. Tradicionalmente, cuando es una de las cámaras la que tiene que designar, socialistas y populares se repartían las propuestas. Sin embargo, los alicientes del PP para sentarse ahora a la mesa son pocos. A finales de año se iniciará un nuevo ciclo electoral hacia las autonómicas y municipales de la primavera siguiente y las generales estarán cada vez más presentes. Tras convertir a Vox en su socio preferencial, es difícil que se arriesgue a que los ultras le afeen acuerdos con Pedro Sánchez a escasos meses de nuevos comicios a Congreso y Senado en los que, según todos los sondeos, Alberto Núñez Feijóo tendría que contar con Santiago Abascal si quisiera convertirse en nuevo presidente.

Otro de los elementos que empujan al PP a no pactar es la posibilidad de no tener que hacerlo, es decir, la de nombrar por sí mismo o con Vox a los cuatro magistrados y dar así la vuelta al juego de mayorías actual en el que los progresistas tienen, desde enero de 2023, una mayoría de siete a cinco sobre los conservadores. Con la composición actual del Senado, los populares controlan 145 escaños. Si suman el de su tradicional socio navarro UPN y los tres de Vox, alcanzan los 149 senadores quedándose a solo 11 de los tres quintos (160 votos) que se necesitan para la renovación. La tentación de lograrlos en las próximas generales es fuerte. Sería la primera vez desde la fundación del órgano de garantías, en 1980, que el PSOE no tendría capacidad de propuesta.

En caso de que, tras las elecciones generales de 2027 –siempre que Sánchez consiga acabar la legislatura–, el PP no lograra los tres quintos de senadores con Vox, el partido de Feijóo se vería obligado, esta vez sí, a sentarse con los socialistas, que si lograran incluir a dos de sus candidatos prorrogarían la mayoría de magistrados progresistas en el Constitucional al menos hasta 2031. Con una mayoría del PP y Vox en ambas Cámaras, un Gobierno sostenido por esos partidos y el tradicional derechismo del Poder Judicial, el órgano de garantías se convertiría entonces en el último reducto de los principales órganos constitucionales del país en el que la izquierda seguiría siendo mayoritaria.

Para los jueces y fiscales que convocaron una huelga ilegal el pasado julio para protestar contra el proyecto de ley que democratiza el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, el centro público para opositores que crea la reforma en el seno del Ministerio de Presidencia y Justicia supone "un coladero" con el que el Gobierno socialista intentará introducir a jueces y fiscales afines en un estamento muy conservador. La falta de apoyo parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha paralizado la tramitación de la norma en el Congreso, pero el departamento de Félix Bolaños ya ha transformado su Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en una institución de capacitación con 46 preparadores en nómina –todos jueces y fiscales de carrera y en ejercicio– que auxiliarán este mismo año a 100 aspirantes a lograr su plaza en cualquiera de esos cuerpos.

Se trata de un centenar de beneficiarios de las becas Seré del ministerio para facilitar el acceso de los candidatos de economías más modestas. Esas ayudas tienen, en el caso de jueces y fiscales, dos modalidades. La primera es la entrega de una cantidad –hasta 12.000 euros anuales– para seguir el sistema de preparación tradicional, con un juez o fiscal que actúe como preparador privado o matriculándose en una academia particular. En el segundo, parte de esa prestación económica se entrega "en especie" mediante la formación recibida en el CEJ por preparadores reclutados por esta institución que actúan bajo su propio plan de estudios. Sea cual sea la modalidad elegida, tanto las pruebas de acceso como el tribunal de la oposición serán los mismos para todos los candidatos, así que la posibilidad que airea la derecha judicial de seleccionar aspirantes por su ideología no tiene base.

Para ello, la dirección del Centro de Estudios Jurídicos, que tradicionalmente se encargaba de la formación inicial de fiscales –no de jueces, que van a la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, letrados de la administración de justicia (anteriormente conocidos como secretarios judiciales) y abogados del Estado, inició el pasado julio un "proceso de selección de docentes para la preparación de las oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal". Para optar a una de esas plazas se necesita ser juez o fiscal en activo. Los candidatos son elegidos en función de criterios objetivos como los años de experiencia anterior como preparadores; su participación en cursos, jornadas, ponencias o seminarios en centros oficiales de formación en derecho y su antigüedad en la carrera judicial o fiscal.

Cada docente seleccionado de ese modo prepara a un máximo de cuatro aspirantes becados, a los que podrá asistir de forma presencial, telemática o híbrida. El servicio se presta al CEJ y es este organismo ministerial –y no los opositores, como hasta ahora– el que les abona sus retribuciones. Por cada uno de los becarios postulantes a juez o fiscal, los docentes, que compatibilizan esta actividad con el ejercicio jurisdiccional, cobran 300 euros al mes y, en caso de auxiliar en sus estudios a más de uno tendrán que pedir al CGPJ o la Fiscalía General la compatibilidad para realizar labores de preparación por más de 75 horas anuales. Entre los docentes seleccionados, nueve tienen su destino en Madrid, once en diversas provincias andaluzas, dos en Castilla y León, cinco en Galicia, dos en Euskadi, dos en la Comunitat Valenciana, dos en Cataluña, otros dos en Canarias, uno en Asturias, dos en Cantabria, dos en Extremadura, uno en Illes Balears y otro en Murcia.

Cuando la preparación sea presencial o híbrida, se realizará "en los espacios que se asignen por el CEJ en cada punto geográfico". Constará de dos sesiones semanales de al menos 30 minutos. Docentes y alumnos podrán utilizar la plataforma de formación del CEJ, así como acceder a la biblioteca virtual y a sus bases de datos jurídicas. El centro también puede impartir un taller de técnicas de comunicación oral y otro sobre gestión del estrés. Los preparadores se encargarán de planificar el contenido de las sesiones, guiar la preparación de los exámenes, realizar un seguimiento de cada uno de los becarios a los que asisten, informar al CEJ de la evolución de cada alumno trimestralmente y participar en las sesiones "formativas y de coordinación" que determine el centro. La disposición del proceso de selección de preparadores plantea, incluso, la posibilidad futura de "exámenes sobre lenguas extranjeras", que no corresponderían a estos profesores.

Estas nuevas funciones, ya creadas por el Ministerio a través de diversas órdenes ministeriales, adquirirán rango legal en caso de que la reforma del sistema de acceso salga adelante en las Cortes. El Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento del las Carreras Judicial y Fiscal busca con estas nuevas atribuciones del CEJ para gestionar las becas y preparar oposiciones garantizar "la eliminación de cualquier barrera socioeconómica que afecte a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y limite el acceso a estos cuerpos" a personas "que no cuenten con medios suficientes para ello". La preparación de estos exámenes de acceso dura de media unos cinco años de dedicación exclusiva, lo que impide de hecho obtener ingresos y dificulta el proceso a las franjas menos favorecidas. El centro aspira a complementar la oferta privada y aportará a la preparación "altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia".

"Ya están aquí los nuevos tribunales de instancia. El crimen se ha perpetrado", resume un artículo del último número de la revista de la asociación judicial conservadora-moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de miembros. Esos nuevos órganos generan "serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología", denunció la mayoritaria y de derechas Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ante la Comisión Europea en febrero. "Hemos pedido la dimisión de Félix Bolaños (...) por haber implementado una forma de organizar los juzgados que creemos que va a perjudicar el modo de trabajo y el servicio que prestamos", sostuvo en una entrevista el expresidente de Foro Judicial Independiente (la asociación que asegura que no es conservadora en contra de la percepción del resto de la carrera), Fernando Portillo, en noviembre.

Nadie dijo que fuera a ser fácil la implantación de los nuevos tribunales de instancia, creados por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en enero de 2025. La única de las grandes reformas judiciales puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha visto la luz, supone dar la vuelta como un calcetín a la estructura que el sistema judicial español tiene desde el siglo XIX. Transformar 3.800 juzgados unipersonales que funcionaban como reinos de taifas con su propia oficina judicial cada uno de ellos en 431 tribunales divididos en diferentes secciones según órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y especialidades –instrucción, familia, violencia sobre la mujer...– con una oficina judicial común formada por los mismos funcionarios que antes se repartían en la de cada juzgado. Un cambio radical que cambiará las dinámicas de trabajo y que tardará años en completarse hasta que los inmuebles, los sistemas informáticos y la nueva organización esté completamente engrasada.

Además, la reforma no solo implica al Ministerio de Justicia –el autor de la iniciativa y el que tiene que dotar de medios a las comunidades que administra–, también al CGPJ, que debe poner en marcha los reglamentos de funcionamiento y a las comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Catalunya, Cantabria, Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi, La Rioja y Navarra), que deben proporcionar el personal y los medios a los órganos judiciales de sus respectivos territorios.

Se trata de un galimatías competencial que permite, además, maniobras y zancadillas políticas según el partido o la sensibilidad dominante que gobierne en cada una de las instituciones implicadas. Solo cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma, los consejeros de Justicia de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja (todas ellas gobernadas por el PP) escenificaron un plantón a Bolaños (PSOE) en la primera reunión de coordinación, en abril de 2025.

Pero los tribunales de instancia no es algo que Bolaños o sus predecesores socialistas se hayan inventado. Todas las asociaciones judiciales, sin excepción, se los reclamaron al Gobierno (del PP) en 2013. En un comunicado conjunto de hace 13 años, las tres asociaciones conservadoras (Foro Judicial Independiente sostiene que no lo es) y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia –que, pese a apreciar disfunciones puntuales, es la única que valora los nuevos órganos– reclamaron en bloque esos tribunales y otras medidas contenidas en la ley de eficiencia que ahora tanto critican.

En ese comunicado no solo hablaban de los "tribunales de instancia colegiados", sino también de algo que ahora algunos les sonaría revolucionario, como "romper el vínculo entre juez y juzgado" y reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la oficina judicial para crear una única en estos nuevos órganos. También abogaban por métodos alternativos de resolución de conflictos recogidos en la norma –lo que el actual Ejecutivo denomina MASC– como la mediación, para reducir el número de asuntos en manos de los jueces.

La ley que finalmente se ha podido aprobar es, además, el cuarto proyecto que se tramita. Tanto el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, como los de Mariano Rajoy (en 2014) trataron de sacar adelante leyes similares a la de eficiencia. La última iniciativa fallida fue elaborada por el segundo Ejecutivo de Sánchez (2022), pero fue directamente al cajón al convocarse las elecciones de 2023 sin que hubiera sido aprobada. Tanto los anteproyectos del exministro socialista Francisco Caamaño, como el de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fueron valorados positivamente por los informes del Consejo General del Poder Judicial.

Y lo mismo ocurrió con el que dio lugar a la ley actualmente vigente. "Se racionaliza el modelo judicial al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción, se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales (...), se promueve la homogeneidad de criterios y prácticas con el consiguiente beneficio para la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley, se favorece una sinergia positiva con el modelo de oficina judicial y se gana en flexibilidad organizativa", recogía el informe preceptivo aprobado por el anterior Consejo de mayoría conservadora, que, pese a esa buena valoración general, advirtió de algunos aspectos de la norma que, a su juicio, debían ser reconsiderados.

Trece años después, sin embargo, las tres asociaciones conservadoras (Foro insiste en que no lo es) están en pie de guerra contra la nueva organización que ellas mismas, (junto a JJpD), reclamaron, y que fue defendida reiteradamente por el CGPJ. Representantes de todas ellas, los presidentes de la mayoría de los tribunales superiores de justicia y también algunos vocales del Consejo dibujan una situación de caos en la que apuntan al Gobierno pero en la que muchas de las quejas, como las relativas al personal de las oficinas judiciales o los medios informáticos, no solo tienen que ver con el Ministerio, sino también con las comunidades implicadas. Y con el propio órgano de gobierno de los jueces, que 15 meses después de la entrada en vigor de la ley, no ha reformado aún los reglamentos que desarrollan la norma, entre ellos el de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Esa visión catastrofista, sin embargo, no se corresponde con los datos objetivos que manejan el Consejo y el Gobierno. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces del pasado jueves tomó conocimiento de un informe con las disfunciones recogidas entre los distintos tribunales que, sin embargo no han provocado "suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales". El departamento que dirige Bolaños reconoce algunos problemas concretos fruto del "cambio sustancial en el modo de organizar el trabajo", pero mediante varios indicadores –el número total de notificaciones o registros como el de penados, el de órdenes de protección, el de medidas cautelares, el de delincuentes sexuales o el de menores– ha comprobado que la actividad judicial es similar a la de los meses anteriores a la implantación de los nuevos tribunales.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma de Mallorca estaba en seguimiento por la Inspección judicial por sus reiterados retrasos desde 2019. Dos años después se nombró un juez sustituto para que asumiera la mitad del trabajo. Ese sustituto demostró un rendimiento muy superior al de su titular, el portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decano de la capital balear, Alejandro González Mariscal de Gante que, pese al desastroso estado de su órgano judicial, encontraba tiempo para viajar al Parlamento Europeo y, de la mano del PP, acusar al Gobierno de socavar el Estado de derecho en España y atacar la independencia judicial. Mientras, en Palma, resolvía solo los procesos más simples para simular una carga de trabajo ficticia mientras los complejos se acumulaban. 96 estaban inconclusos, de los cuales, 10 están pendientes de sentencia desde 2018 y 2019.

Pese a esa situación, los cuatro vocales del sector conservador de la comisión disciplinaria –dos de los cuáles, José María Páez y José Carlos Orga, pertenecen también a la APM– lo liberaron de la suspensión de funciones por un mes que solicitaba el Promotor de la Acción Disciplinaria por una falta muy grave de desatención y decidieron dejarlo en una infracción leve e imponerle una multa de 500 euros. Los tres consejeros progresistas –José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas y Lucía Avilés– sin embargo, consideran en su voto particular discrepante que la suspensión debía ser superior a la que reclamaba el instructor –tres meses– debido a que la conducta de González Mariscal de Gante era voluntaria y porque fue advertido por el Consejo en varias ocasiones sin que prestara a su órgano judicial mayor dedicación. Entre 2021 y 2024, la pendencia de sus casos aumentó un 40,3%.

El voto particular de los progresistas describe una inactividad y una escasez de rendimiento alarmante. En él, recuerdan que el año pasado, el Supremo avaló una sanción de seis meses de suspensión a otro magistrado con 52 sentencias pendientes, frente a las 96 de González Mariscal de Gante. "En algunos casos estamos hablando de una pendencia cercana a los tres años", dice el escrito del los vocales a propuesta del PSOE y Sumar. "La tardanza en resolver por más de dos años, que incluso en alguna anualidad no alcanza el mínimo exigible, evidencia la responsabilidad disciplinaria cuya depuración se propone", sostienen. No es que el portavoz de la APM tardara en redactar la sentencia, es que, en los procedimientos de mayor complejidad, ni siguiera dictaba la conclusión del caso, dejándolo en el cajón por meses e incluso años. La Inspección del Consejo, que monitoriza su juzgado desde hace siete años, le avisó de que no podía hacerlo así. Pero dio igual.

La actitud pasiva del expedientado se produjo también cuando se asignó para su juzgado un juez sustituto que asumió la mitad del trabajo. Desde ese momento, los asuntos a abordar por González Mariscal de Gante se situaban por debajo del indicador de entrada de nuevas causas, pero la resolución de asuntos pendientes no avanzaba. "Resulta difícil explicar a los ciudadanos afectados por las dilaciones [...] que un magistrado titular que asume el 50% de la carga de trabajo de su juzgado y, por tanto, no alcanza el mínimo de entrada [de asuntos] previsto, demore sus pronunciamientos más de dos años", sostienen los consejeros en su voto.

"Nada justifica que los procedimientos ordinarios", los más complejos, "de manera habitual, sistemática y reiterativa resulten postergados ya no meses, sino años", aseguran los consejeros progresistas, "mientras que al mismo tiempo se da salida a numerosos procedimientos abreviados con determinado objeto, de indudable menor dificultad (por regla general)". De esa manera obtenía unas cifras de rendimiento "que aparentan cierta laborosidad, pero que silencia las muy graves dilaciones que sufren aquellas causas que no son sentenciadas por la sola voluntad del titular". Es decir, que el portavoz de la APM obtenía sus datos de rendimiento "de forma irregular" recurriendo a "una conducta intencionada de tergiversación".

Por esa razón, los vocales consideran que "determinar la dedicación real del magistrado resulta complicado, pues su conducta [...] ha alterado los mecanismos de medición". "En cualquier caso, a efectos meramente dialécticos, llama la atención cómo su rendimiento se sitúa muy por debajo del juez sustituto con el que comparte funciones jurisdiccionales en el mismo órgano, vistos los porcentajes de rendimientos de uno y otro, así como de la comparativa de resoluciones dictadas por cada uno de ellos". Es decir, que su compañero, que no pertenece a la carrera judicial y trabaja en condiciones mucho más precarias y provisionales, saca adelante muchos más asuntos que él, el titular.

La mayoría conservadora, coincide básicamente en el análisis de los hechos de los progresistas, avalados también por la Inspección del Consejo y propio Promotor de la Acción Disciplinaria. Sin embargo rebajan la conducta del portavoz de la APM de muy grave a leve porque, según dicen, no aprecian que los procesos complejos que postergaba "tuvieran mayor trascendencia para el funcionamiento de la Administración de Justicia", que los más simples en los que concentraba su actividad. Además, aseguran que se desconoce "la incidencia en la demora de los asuntos que ya estuviera tramitando" o si los resueltos por el juez sustituto, más que los del portavoz de la APM, eran de similar complejidad técnica a los que llevaba el expedientado.

La creación de 500 nuevas plazas judiciales por el Gobierno fue un anuncio histórico. Porque respondía a una demanda generalizada en la judicatura de derechas y de izquierdas. Pese a ello, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Isabel Perelló, recibió de uñas la propuesta del departamento que dirige Félix Bolaños, con el que mantiene una tormentosa relación. Esa medida, según sostuvo Perelló el 3 de febrero, "no aborda ni resuelve el problema de fondo", que situó en "el grave déficit de jueces", como si para dar entrada a nuevos efectivos que superen esa carencia no fuera preciso darles previamente el puesto a ocupar. Casi mes y medio después, el Consejo ha enmendado la posición inicial de su presidenta y ha aprobado un informe que, como no podía ser de otra manera, valora muy positivamente la medida del Ejecutivo, que el propio órgano reclamó.

El informe, preceptivo para la aprobación final del decreto con la creación de las nuevas plazas, salió adelante en el Pleno del pasado jueves. Ese incremento que Perelló consideraba insuficiente en febrero, se estima en el estudio del Consejo "imprescindible". "La totalidad de las 500 plazas judiciales cuya creación está prevista en el proyecto de real decreto merecen informe favorable, al estimarse (...) que la creación de todas y cada una de estas plazas tiene carácter imprescindible en orden a lograr los objetivos de mejora perseguidos", dice su texto. "La creación de nuevas unidades judiciales", continúa, "con el déficit actualmente existente, redunda en una mejor prestación del servicio, reduciendo la pendencia y acortando los plazos de resolución y contribuye a garantizar a la ciudadanía la efectiva protección judicial de sus derechos".

Pese a las pegas planteadas por la presidenta nada más hacerse pública la medida, el documento subraya –como hizo Bolaños al anunciarla– que las nuevas plazas obedecen "a una necesidad que el Pleno del CGPJ, en su acuerdo de 9 de julio de 2025 ya evidenció". La enmienda a la totalidad expuesta por Perelló aquel 3 de febrero generó sorpresa en el Ejecutivo, que solo estaba planteando lo que el órgano del gobierno de los jueces le había pedido. Tras el acto, Bolaños recurrió a la ironía: “Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda, y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, dijo el ministro.

La primera autocorrección de Perelló a su inicial oposición a la histórica medida se produjo solo dos semanas después de su sorprendente discurso. El 18 de febrero, el CGPJ acordó con el Ministerio la convocatoria para este año de 375 plazas para juez entre opositores y otras 125 para magistrado escogidos por concurso entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de experiencia profesional (el "cuarto turno"), para dar cobertura a las 500 nuevas plazas.

Las nuevas vacantes se cubrirán por concurso de traslado, pero claro, dejarán su correspondiente hueco en la base de la pirámide judicial. Con estas nuevas convocatorias de ingreso, el Gobierno consigue que se cumpla el cálculo legal de que una de cada cuatro nuevas plazas se cubra con juristas. Esa previsión ha sido sistemáticamente postergada por el órgano de gobierno de los jueces (el único que puede convocar "el cuarto turno"), hasta el punto de que en la plantilla total, los seleccionados por esa vía no llegan al 10%.

El documento informa a favor de todos y cada uno de los nuevos puestos, aunque plantea otros nuevos. En el Supremo, por ejemplo, reitera la necesidad de dos nuevas plazas en la Sala de lo Social –la que se encarga de los asuntos laborales y de la Seguridad Social–. También en la Audiencia Nacional, en la que "se valoran e informan positivamente" las cuatro nuevas plazas a crear en la Sala de lo Penal y los dos nuevos puestos para la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia (los antiguos juzgados centrales de instrucción), pero se reclaman tres plazas más para su Sala de lo Contencioso-Administrativo "por la elevada carga de trabajo, pendencia y complejidad de las materias que llegan a su conocimiento".

Y lo mismo con otros tribunales inferiores. Pero el Consejo no quiere que se sustituyan por las propuestas, sino que se sumen. Es decir, "que las previstas en el proyecto de real decreto se mantengan y se incluyan las que se han sugerido". El ministerio tiene previsto un nuevo decreto en 2027 a través del que se crearán otras 500 unidades judiciales más, según informaron a infoLibre fuentes de Justicia. Serán 1.000 las nuevas plazas en solo dos años, lo que pondrá a España a nivel de la media europea en la ratio de jueces por habitante.

La desautorización de la posición planteada por Perelló el pasado 3 de febrero –durante la entrega de despachos de la nueva promoción de la Escuela Judicial– es aún más patente si a la opinión del Consejo se suma la del resto de órganos judiciales consultados. Para la elaboración del informe, el órgano de gobierno de los jueces pidió la opinión de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico. "La valoración general en todos estos informes es muy positiva en cuanto que la creación de plazas era una acuciante necesidad que (...) venían reclamando reiteradamente".

Era pues, una reclamación de toda la judicatura que, inexplicablemente, la presidenta del Consejo no quiso o no supo ver cuando el Ejecutivo la comunicó.

La presidenta de la Comisión Europea ha justificado este lunes los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán. No es la primera vez que Ursula von der Leyen respalda una embestida militar contraria al derecho internacional. En 2023, tras los ataques de Hamás en Israel que dieron origen al supuesto genocidio perpetrado por ese Estado contra los gazatíes que investiga la Corte Internacional de Justicia –el tribunal de la ONU– la mandataria europea trasladó unilateralmente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el respaldo de la UE a cualquier respuesta israelí a esos atentados, en una actuación muy criticada entonces. Este lunes, la presidenta del Ejecutivo europeo ha animado a Europa a dejar de ser "guardiana del viejo orden mundial". "Siempre defendimos y defenderemos el sistema basado en normas [...] pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses".

Con esas polémicas declaraciones, muy criticadas, la presidenta viene a plantear que la UE se debe dotar de nuevos mecanismos que le permitan actuar en un mundo multipolar en el que las grandes potencias parecen haber abandonado los principios y objetivos de Naciones Unidas. Un nuevo sistema global en el que EEUU ataca unilateralmente Venezuela o Irán en guerras de agresión como la que también mantiene desde hace cuatro años Rusia con su invasión de Ucrania. O Israel causando en Gaza, un territorio administrado por Tel Aviv, una masacre de más de 70.000 palestinos, entre ellos decenas de miles de niños y mujeres, con desplazamientos forzosos de decenas de miles de personas y hambrunas, sin el mínimo respeto por el derecho internacional humanitario.

Conseguir lo que plantea Von der Leyen –poder escaparse del corsé del derecho internacional en la relación con socios como Washington– no es una tarea fácil. Porque la totalidad del complejo normativo europeo está informado por el sistema y los valores de Naciones Unidas. Y a un nivel cuasiconstitucional. Su tratado constitutivo, el Tratado de la Unión Europea (TUE), se refiere hasta en seis ocasiones a Naciones Unidas y su Carta, los principios y objetivos de la organización global surgida tras la Segunda Guerra Mundial, y los adopta como propios. Introducir cierto margen a la unilateralidad de la Unión Europea, como parece sugerir la presidenta de la Comisión, implicaría una reforma en profundidad del armazón jurídico comunitario en la que los Veintisiete tendrían que ponerse de acuerdo.

La primera alusión al viejo "orden de normas" al que se refiere Von der Leyen y que contienen los tratados se encuentra en el artículo 3 del TUE. En su apartado cinco se establece que el respeto a la Carta de Naciones Unidas y al desarrollo del Derecho Internacional serán dos de los principios que impulsaran las relaciones de la Unión "con el resto del mundo". Ese mismo artículo recoge algunos de los valores que consagra esa Carta, como la paz, la seguridad, el respeto mutuo entre los pueblos y la protección de los derechos humanos –"especialmente los del niño"-. Con ese instrumento de la ONU en la mano, guerras de agresión como la de Irán o la de Ucrania son de todo punto ilegales y contrarias al derecho internacional, y hay consenso entre los juristas expertos en la materia.

Es el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas el que prohíbe a sus miembros "recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas", es decir, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Las dos únicas excepciones a esa obligación son hacerlo con el respaldo del Consejo de Seguridad, o en uso del derecho de "legítima defensa individual o colectiva" de cada Estado. En este último caso, las represalias adoptadas deben ponerse inmediatamente en conocimiento de ese órgano de la ONU.

La Carta vuelve a aparecer en el Título V del tratado de la UE, el que regula la acción exterior de la Unión y la política exterior y de seguridad común. El respeto a los principios que refleja ese texto de Naciones Unidas también se contiene en el artículo 21.1, al igual que otros que coinciden en parte con los de la ONU, como la promoción de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la dignidad humana y los principios de igualdad y solidaridad. Ese mismo artículo vuelve a referirse a ella al expresar entre las finalidades de su política exterior "mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los propósitos y principios" de esa carta.

El tratado fundador de las Naciones Unidas también limita las operaciones militares en las que puede actuar la UE en su conjunto. "La Unión podrá recurrir a dichos medios [civiles y militares] en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de Naciones Unidas", establece el artículo 42.1 del TUE. Así pues, una hipotética acción militar europea en el exterior de su territorio solo podría ampararse en el Derecho Internacional y perseguir sus fines pacíficos y de garantía de ese "sistema de normas", en el que ha dejado de confiar Von der Leyen.

El sistema jurídico de la organización internacional global también aparece en el artículo del tratado europeo que establece la cláusula de ayuda mutua en caso de agresión exterior a un miembro de la Unión. "Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas". Este último artículo, el que permite la legítima defensa como un "derecho inmanente" de cada Estado, es el que amparó el envío por el Gobierno de una fragata española a Chipre tras los ataques con drones iraníes en una de las bases británicas situadas en su territorio.

El TUE contiene una sexta referencia al sistema de Naciones Unidas, pero no para regular su acción exterior o de defensa, sino como una obligación interna de sus miembros en la organización mundial. Se encuentra en el artículo 34.2 y obliga a cualquier miembro europeo del Consejo de Seguridad de la ONU –a Francia, como único miembro permanente, pero también a cualquier otro que forme parte de forma rotatoria– a "concertarse entre sí" e informar "al resto de los Estados miembros y al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad". Los miembros europeos de ese organismo de Naciones Unidas deben defender en ese foro "las posiciones e intereses de la Unión".

El post en X del juez de lo Mercantil de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, decía que el presidente del Gobierno anunciaría ese día su nombramiento como ministro de justicia. Pero que solo aceptaba el puesto porque implicaba la dimisión del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que se refería como "borrador oficial de mensajes", y el relevo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, "que pasará a dirigir una cátedra de inconstitucionalidad y amnistía" junto a "Barbigoña", en referencia a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, "en Santo Domingo". Estas manifestaciones, publicadas en su perfil social y reproducidas por numerosos medios de comunicación precisamente por su condición de juez y el daño a su apariencia de imparcialidad y a la imagen del sistema judicial en su conjunto que produjeron, eran, en realidad, "una inocentada", según los cuatro magistrados conservadores de la comisión disciplinaria del Poder Judicial que provocaron el archivo de su expediente.

La resolución ha sido redactada por el vocal a propuesta del PP José María Páez que, el pasado noviembre participó junto al juez expedientado en un debate organizado por Okdiario.es contra el Gobierno. Su escrito resalta ahora que Ruiz de Lara escribió ese tuit el 28 de diciembre de 2024, es decir, el Día de los Inocentes. Y resalta que dos de los medios que denunciaron la actuación del juez, así lo reseñaban en sus informaciones. El documento también valora como un elemento en favor del archivo el hecho de que, horas después de publicarlo, cuando ya era notoria la tormenta que había generado, lo borrara.

La intención de ocultar su acción y las posibles consecuencias que podría acarrearle se deduce también de que, como dice expresamente la resolución, dos días después de publicar el tuit, y tras borrarlo, terminara eliminando el perfil de X en el que lo había insertado. "Borrador oficial de mensajes", llamaba a García Ortiz en su publicación cancelada que, pese a ello, alcanzó una enorme difusión pública precisamente porque su autor era un juez. También porque no era la primera vez que lo hacía. Meses antes llamó a Sánchez "psicópata sin límites éticos" y "narcisista patológico". Tampoco hubo en esa ocasión sanción disciplinaria. Por eso, ahora, el Consejo valora que "carece de antecedentes disciplinarios".

Otro de los tuits de Ruiz de Lara analizados –y exculpados– por el Consejo, llamaba "golpista", "antisistema" y "autócrata" a presidente del Gobierno, al que acusaba de ejecutar "un ataque a la esencia de la democracia" por criticar algunas resoluciones judiciales. Es decir, que en dos publicaciones, un juez en ejercicio cuya notoriedad pública es evidente por su continua aparición en medios, atacó de una tacada a los máximos responsables de tres órganos constitucionales como son el Gobierno, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. Los cuatro vocales conservadores de la comisión disciplinaria consideran, sin embargo, que esos ataques solo se hicieron en ejercicio de la libertad de expresión y sin invocar su condición de juez porque en su perfil de X –el que borró para que no se viera lo que había escrito– se presentaba como "idealista imperturbable", "autor de novelas" y "crítico gastronómico".

La falta disciplinaria que el expediente abierto a Ruiz de Lara le atribuía era la de "falta grave de consideración" respecto de los ciudadanos e instituciones, una infracción grave castigada con hasta 6.000 euros de multa. Sin embargo, la comisión considera que el único límite que la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que contiene el estatuto de los jueces y su régimen disciplinario, establece a la libertad de expresión de los jueces es, "el no poder dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos", justo la conducta de Ruiz de Lara. Según la resolución sacada adelante solo con el apoyo de los vocales a propuesta del PP, de la "mera observación" de esas publicaciones, no puede "colegirse ninguna condición profesional", del juez de lo Mercantil de Madrid. El documento asegura además que la cuenta de X solo tiene 320 seguidores y que la repercusión social de sus palabras no es culpa del magistrado, sino de los medios que publicaron sus tuits y de las personas que los denunciaron al CGPJ.

"Lo que parece innegable es que el reproche tiene que ligarse a la presencia, al prevalimiento, a la instrumentalización o al deterioro de la condición profesional" del juez, según la comisión disciplinaria, "pues lo contrario supondría negar a quien tiene esta profesión una dimisión personal o extender el derecho disciplinario, claramente ligado al ejercicio profesional, a territorios exorbitantes", sostiene la resolución. Los tuits, prosigue, "se emiten de forma absolutamente ajena a la condición de juez". "Los miembros de la carrera judicial no dejan de ser ciudadanos con todos su derechos", añade el escrito. "No existe previsión limitativa del derecho a la libertad de expresión que pudiese afectar al interesado, en su condición de mero ciudadano", prosigue.

La única concesión a la incorrección de la actuación del juez se recoge en este pasaje: "El comentario hecho por el señor Ruiz de Lara en la red X puede ser considerado desacertado, fuera de lugar, o posiblemente éticamente reprochable (...), pero no por ello digno de ser disciplinariamente sancionado". También recoge argumentos contrafácticos, como "que tuvo muy poco impacto social, en una cuenta de acceso restringido y con apenas 320 seguidores", pese a su enorme repercusión en medios. También valora a su favor conductas tendentes a ocultar su presunta infracción, como borrar el tuit al día siguiente de su publicación.

Frente al parecer mayoritario, los vocales progresistas –José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas y Lucía Avilés– formulan un voto particular discrepante en el que recuerdan que el magistrado ha tratado de borrar el rastro de su conducta e incluso, durante la investigación disciplinaria, negó ser el autor de los posts publicados pese a la evidencia. Los consejeros discrepantes recuerdan, además, que Ruiz de Lara participa activamente en programas de televisión de gran audiencia en los que se le presenta como magistrado y que, en fechas anteriores al tuit, acudió a alguno de ellos para opinar sobre el caso Begoña Gómez. "La actividad pública del expedientado le ha conformado como un opinador cualificado en estas materias, hasta el punto de acceder a participar y opinar sobre la instrucción penal de la persona aludida en el mensaje objeto del expediente", afirman.

El voto particular sostiene que la opinión no se expresó en su perfil de X a título particular desvinculado de su posición de juez. "No parece posible un desdoblamiento de personalidad entre la persona que opina en su condición de magistrado sobre la instrucción de una causa y el particular que publicita un mensaje con un pretendido ánimo jocoso", sostiene la opinión discrepante. El escrito firmado por los tres vocales progresistas refleja lo evidente, que el post tuvo mucha repercusión social. "Los hechos investigados se producen en una red social, una de las de mayor presencia global", explica. "El mensaje en cuestión terminó siendo reproducido en medios de comunicación convencionales (en concreto, en varios diarios)".

El voto señala, además, que la participación de los jueces en redes sociales "no puede amparar, en ningún caso, desconsideraciones de ningún tipo no solo a profesionales, sino también a ciudadanos o ciudadanas, especialmente cuando se trata de personas sujetas a procedimientos judiciales", como en el caso de Begoña Gómez. "Si fuera así, si [los jueces] pudieran intervenir sin límite en el debate político cuando actúan como ciudadanos o ciudadanas, se les estaría permitiendo hacer como ciudadanos o ciudadanas lo que la Constitución y su estatuto jurídico les prohíbe hacer como jueces o juezas, lo que constituiría un fraude de ley", prosigue.

El escrito disidente hace, además un análisis del mensaje concreto que implica mezclar el término Barbie, con el nombre de la esposa de Sánchez. Y concluye que la intención era "fijar un estereotipo", "un prototipo" del que se deduce que una mujer "no puede ser seria, competente o inteligente, lo cual reproduce prejuicios sexistas del todo incompatibles con el deber de la judicatura de proyectar una imagen pública de neutralidad y respeto a la ciudadanía". "Cuando un juez utiliza expresiones sexistas en el espacio público, el problema no radica en la mera manifestación de una opinión, sino en que el contenido de esa expresión resulta incompatible con los deberes institucionales que derivan de su función".

Respecto a la alegación del propio Ruiz de Lara de que sus comentarios –cuya autoría inicialmente negó– eran, sin embargo, "una inocentada", los vocales discrepantes dicen que el hecho de que el post se publicara el 28 de diciembre "amplía la tolerancia social para publicitar hechos o noticias inciertas o improbables, pero no permite compartir expresiones que denigran o cosifican a una persona con notoriedad pública, sometida a una investigación penal".

El "no a la guerra" resucitado por Pedro Sánchez en su declaración institucional de este miércoles se invocó por el presidente del Gobierno con una finalidad: impedir "la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos". Más allá del compromiso con esa legalidad transfronteriza en otros asuntos –como por ejemplo el del Sáhara Occidental– expertos en derecho internacional consultados por infoLibre sostienen que el presidente actúa correctamente desde un punto de vista jurídico en el conflicto de Irán. "La posición de España es clara y consistente", sostuvo Sánchez. "Es la misma que hemos mantenido en Ucrania", donde España sí apoya económicamente a uno de los contendientes, el Ejecutivo de Kiev, y "también en Gaza", añadió. El uso de las bases de Rota y Morón para los bombardeos –que el Ejecutivo no ha permitido provocando la indignación del presidente de EEUU– está sujeto al cumplimiento de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Que la nueva guerra del Golfo iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu es ilegal constituye un consenso entre los académicos consultados. "Se trata de una agresión, un ataque armado al margen de la legalidad internacional y de la Carta de Naciones Unidas", explica la catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III Ana Manero. La profesora e investigadora recuerda que el uso de la guerra está expresamente prohibido por el artículo 2.4 de esa carta, que establece que "los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas", es decir, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Esa prohibición de recurrir a la violencia tiene, sin embargo, dos excepciones, como recuerda Manero. La primera, la legítima defensa individual o colectiva, que actúa como "un derecho inmanente" de los Estados recogido en el artículo 51 de la carta. Las represalias adoptadas en virtud de ese derecho a responder a una agresión deben ser puestas de manera inmediata en conocimiento del Consejo de Seguridad. La segunda excepción a la prohibición general del uso de la fuerza es, precisamente, la autorización de ese órgano integrado por 15 miembros, de los cuales China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos son permanentes con capacidad de veto. El ataque ordenado por Washington y Tel Aviv no cumple ninguna de esas dos condiciones.

"Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el uso de la fuerza que no solo afecta a Irán, sino también a los ataques de Israel en Líbano", explica la catedrática madrileña. "En la anterior guerra del Golfo", la de 2003, en la que el objetivo era Irak, "Estados Unidos no logró el apoyo del Consejo de Seguridad, pero intentó conseguirlo con la comparecencia de Colin Powell sobre las supuestas armas de destrucción masiva con las que contaba el régimen de Sadam Husein", recuerda. En aquella ocasión, Naciones Unidas llegó a mandar a una delegación de inspectores a Bagdad para tratar de comprobar la veracidad de esas acusaciones. Al final, EEUU y sus aliados, entre ellos el Gobierno de José María Aznar, decidieron actuar unilateralmente.

En una comparecencia pública el pasado lunes, el secretario de Guerra del Gobierno de Trump, Peter Hegseth, enmarcó los bombardeos en Irán en la política del presidente de poner "los Estados Unidos y los estadounidenses primero". "Les estamos golpeando quirúrgicamente, abrumadoramente y sin pedir disculpas", añadió Hegseth. Para el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Jaume I de Castellón Mariano Aznar, esas palabras demuestran que Estados Unidos "se sitúa fuera de la norma". El profesor de la universidad castellonense cree que con sus operaciones militares contra Teherán, Washington e Israel demuestran que "les da igual la legalidad". Es algo que, sostiene, también se ha visto en la guerra de Gaza y en la invasión rusa de Ucrania. Nada impide que China pueda recurrir a los mismos argumentos para hacerse con Taiwán.

Sánchez ha sostenido en su declaración institucional de este miércoles que la posición española frente al nuevo conflicto es coherente. "La misma que hemos mantenido en Ucrania y también en Gaza". En el caso de la invasión de ese país por las tropas de Putin, de la que el 24 de febrero se cumplieron cuatro años, España sí defiende económica y militarmente a uno de los contendientes, el Gobierno de Kiev. Ese apoyo, según Ana Manero, sí está justificado desde el derecho internacional. "Ucrania es un país agredido también de manera ilegal por Rusia. Al sufrir esa agresión, pidió ayuda justificadamente a sus aliados porque actuaba en legítima defensa", explica.

El Gobierno español tampoco se movió un centímetro del marco de Naciones Unidas frente a las decenas de miles de civiles muertos provocados por los bombardeos sistemáticos de Israel en Gaza. España, como la organización internacional, condenó los atentados de Hamás que dieron origen al conflicto, pero también la violencia indiscriminada contra la población civil desatada desde entonces por el Ejecutivo de Netanyahu. El Ejecutivo, además, ha reconocido el Estado palestino y defiende, además, la misma solución que la ONU para acabar con un conflicto de décadas: la de los dos Estados. Por último, España se ha personado junto a Sudáfrica en la causa por genocidio que se sigue contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de Naciones Unidas que resuelve los enfrentamientos y reclamaciones entre sus miembros.

Los "propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas" y el "deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los gobiernos", así como el respeto al "imperio de la ley", son también los objetivos mutuos que recoge el preámbulo del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados de Unidos de América, firmado el 1 de diciembre de 1988 y publicado en el BOE en mayo del año siguiente. Ese tratado internacional es el que regula el uso conjunto de las bases militares españolas concediendo a Washington en su artículo 2 "el uso de instalaciones de apoyo" así como "autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo" pero solo para "objetivos dentro del ámbito bilateral y multilateral de este Convenio", es decir el marco de Naciones Unidas –que no ha autorizado la operación– o el de la OTAN, que no participa como tal en los ataques.

Si España considera que las operaciones militares estadounidenses que se pretendan llevar a cabo valiéndose de su territorio o sus instalaciones militares (y las bases de Rota y Morón lo son a todos los efectos) son contrarias a la Carta de la ONU, el Convenio entre ambos países da derecho de veto a España, ya que deben ser previamente autorizadas por el Gobierno. "Cualquier uso que vaya más allá de estos objetivos [los contenidos en el preámbulo del tratado] exigirá la autorización previa del Gobierno español", establece el inciso final del artículo. "En realidad, todos los tratados están sometidos jerárquicamente a la Carta de Naciones Unidas, así que cualquier previsión contraria a esta sería nula de pleno derecho", explica Mariano Aznar.

"Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. No tenemos por qué hacerlo. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos hacerlo", dijo este martes Donald Trump tras amenazar con cortar el comercio estadounidense con España –incluso habló de un embargo– por la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para la campaña contra Irán. Las afirmaciones del presidente de EE UU son falsas, según los expertos consultados. "Dice que pueden hacer lo que quieran, pero no es así", sostiene Aznar. "Y no solo en las bases españolas sino en las de cualquier otro país". "Otra cosa es que algunos Gobiernos miren para otro lado", prosigue Aznar.

Pese a sostener, al igual que Manero, que la agresión contra Irán es del todo ilegal, el profesor e investigador castellonense duda que permitir el uso de las bases para abastecer de combustible a los aviones militares de EEUU –una posibilidad no autorizada por el Gobierno– pudiera tener algún tipo de consecuencia jurídica para España o alguna respuesta diplomática en el conflicto con Irán, aunque en caso de haberse permitido, sí hubiera supuesto "mostrar algún tipo de complicidad" con los bombardeos iniciados el sábado. Una respuesta de Teherán en represalia a España "parecería excesivamente exagerada" ya que, según Mariano Aznar, "no se habría tratado de un comportamiento activo" en la campaña militar.

Fue una operación polémica. La concesión de un rescate a la aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra el 9 de marzo de 2021 por el Consejo de Ministros de 53 millones de euros con dos préstamos –de 19 y 34 millones– fue muy discutida por la oposición. En primer lugar por la procedencia del capital social de la compañía, en parte venezolano, pero también por el cuestionamiento de la necesidad real de ese apoyo estatal derivado de la crisis de la covid y por el reducido tamaño de la empresa. La compañía aérea ya arrastraba problemas económicos en 2019, antes de que se desatara a nivel mundial la pandemia del coronavirus, lo que en teoría la inhabilitaba para recibir los fondos. El Gobierno, por boca del exministro de Transportes José Luis Ábalos (ahora en prisión por el caso Koldo), justificó la ayuda como estratégica por la escasez de vuelos con América Latina.

El caso llegó a los tribunales pocos meses después, en junio de 2021, de manos de Vox. La formación ultra se querelló en el Supremo contra el consejo gestor de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) que concedió la ayuda y contra el presidente del Gobierno y las ministras de Industria –por entonces Reyes Maroto– y Hacienda, María Jesús Montero. El tribunal rechazó de plano el caso y lo archivó por estar basado en recortes de periódicos, pero afirmó que los hechos que contenía –que la querella calificaba como prevaricación y malversación– y que se reducían básicamente a la concesión de la ayuda, eran "relevantes en el sentido penal del término" y aseguraba que podrían ser investigados por tribunales inferiores, aunque descartaba el más mínimo indicio contra los querellados y acusaba a la formación ultra de usar a los jueces para hacer política.

Tres años después, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. El objeto principal de investigación, según esa fiscalía especial, no era en sí la concesión del rescate, sino la actividad una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales instalada en Francia, Suiza y España y formada por ciudadanos peruanos y venezolanos que habían adquirido la nacionalidad española, un socio de los Países Bajos y un abogado español. Plus Ultra aparecía como una de las vías a través de las cuáles ese entramado internacional lavaba sus fondos ilícitos. El origen de estos últimos procedía "de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía", procedentes del programa de estatal de alimentos de ese país (los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela.

El mecanismo de blanqueo denunciado por Anticorrupción fueron los pagos realizados por Plus Ultra, gracias a la inyección de 53 millones concedida por el Gobierno, a tres sociedades pertenecientes a la organización criminal. La aerolínea hispanovenezolana figuraba como receptora de unos préstamos de esas sociedades implicadas en las ventas de oro. Plus Ultra habría utilizado la ayuda del Ejecutivo de Sánchez para devolver el dinero de esos supuestos préstamos. La denuncia de Anticorrupción se generó tras la recepción de las fiscalías francesa y suiza de sendas solicitudes de cooperación internacional para registrar domicilios en Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Tenerife y Mallorca.

Los denunciados, por sí mismos o a través de sociedades, recibían dinero procedente del extranjero "con el objeto de adquirir bienes inmuebles". Además, esas personas eran las que estaban detrás de la suscripción de los préstamos que Plus Ultra devolvió tras recibir los fondos del rescate. Anticorrupción recogía en su escrito una "venta de oro por importe de 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes Unidos" por parte de la misma sociedad que concedió los préstamos a la compañía aérea. La venta de relojes de lujo era otra de las herramientas para lavar dineros de procedencia ilícita.

Pese a la gravedad de los hechos el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional rechazó la competencia para investigarlos. Su decisión fue respaldada, además, por la Sala de lo Penal de ese mismo tribunal, cuya sección tercera invitó a Anticorrupción a llevar el caso al Juzgado de Instrucción. El caso fue finalmente al Juzgado de Instrucción 15, que dirige la juez Esperanza Collazo. Bajo su dirección, la policía arrestó al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al consejero delegado, Roberto Roselli, y se registró la sede de la compañía, además de sus domicilios, el pasado diciembre. Fue en las pesquisas desarrolladas desde entonces por esta instructora, que aún permanecen secretas, en las que apareció Análisis Relevante, la consultora para la que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, elaboró informes de consultoría. Un amigo suyo, Julio Martínez Martínez, era su administrador único. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ahora sí, ha asumido este martes la causa tras la inhibición de su compañera.

El exlíder del Ejecutivo explicó este lunes en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado que efectivamente, como consultor, realizó informes para Análisis Relevante y cobró por ellos. En el trato con la sociedad de Martínez estaba que también recibieran fondos sus hijas, a través de su compañía, que realizó trabajos de comunicación y marketing. En los seis años que trabajó para la sociedad de su amigo ganó 463.000 euros, cantidad que fue declarada a Hacienda en cada uno de los ejercicios. Sobre los detalles de su relación con Análisis Relevante, explicó que los informes los hacía él junto a Sergio Sánchez, ex asesor de comunicación del CNI también ligado a la consultora y actual directivo de Movistar+. Después los mandaban a What the fav, la empresa de las hijas de Zapatero. El exdirigente socialista negó por activa y por pasiva haber recibido un solo euro de Plus Ultra en todos estos años. También rechazó las acusaciones de haber mediado con el Gobierno de Sánchez para que se aprobara el rescate de la aerolínea, incluso que hubiera hablado con el actual presidente sobre ello en esas fechas.

Sin embargo, ni el PP ni Vox fueron capaces este lunes de sustraerse al cóctel de Venezuela, Maduro, corrupción, Aldama, Ábalos, Plus Ultra, Air Europa... La portavoz de los ultras, Paloma Gómez Enríquez, ametralló al expresidente a preguntas, mezclándolo todo, sin dejarlo contestar y propagando bulos e informaciones sin comprobar e incluso acusándolo de delitos sin la más mínima evidencia y con un tono insultante. La senadora dio por sentada una relación estrecha de Zapatero con Aldama, el conseguidor del caso Koldo, una persona con la que, en las intervenciones inmediatamente anteriores, el exlíder del Ejecutivo había asegurado que había coincidido una vez en un avión durante una hora y media. También le interrogó sobre el encuentro del exministro Ábalos con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, en el que Zapatero no tuvo ninguna responsabilidad, y dio por sentado que cobraba de Maduro, algo que él rechazó. Le acusó, sin ni siquiera escucharle, de estar en el centro de la trama intentando que solo se oyeran sus preguntas, no las respuestas. El presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez Lamata, pese a alguna llamada de atención, no interrumpió el lamentable espectáculo.