Que la actuación del juez Juan Carlos Peinado roza la ilegalidad si todavía no ha entrado de lleno en ella, es algo que sabemos, en gran parte, gracias a José Manuel San Baldomero. Es el fiscal del caso Begoña Gómez, escrito tras escrito, recurso tras recurso –especialmente los dos últimos, contra el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez y la retirada de su pasaporte– quien ha retratado una instrucción judicial plagada de irregularidades. Una confabulación, una investigación ad hominem con diligencias extravagantes e inútiles. Como tomar declaración al presidente del Gobierno y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. San Baldomero ha llegado a atribuir al juez la búsqueda, con su actitud, de un objetivo extraprocesal, el de "la pena de banquillo" y eso sabiendo que su instrucción carece de indicios mínimos contra los tres acusados (Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés). Peinado ha podido sostener su causa durante dos años actuando a impulsos de cuatro organizaciones ultraderechistas (Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento por la Regeneración Política) y un grupo ultracatólico (Hazte Oír).

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, impulsó en el Tribunal Supremo el 'caso Mascarillas' hasta sentar en el banquillo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el que fuera su asesor de cabecera, Koldo García, y el confidente, empresario y presunto corruptor Víctor de Aldama. La Sala de lo Penal terminó condenado al exmiembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ex número tres del partido nada menos que a 24 años de cárcel. A Koldo García se le impusieron 19 mientras que Aldama fue premiado por su colaboración y sentenciado a cuatro años y medio de reclusión que, sin embargo, no han comportado su ingreso en prisión. Los tres habrían participado en la adjudicación irregular de elementos de protección durante la pandemia, la gestión de una licencia de hidrocarburos y la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa a cambio de comisiones de 10.000 euros mensuales para Ábalos, el arrendamiento de viviendas para su disfrute personal y la contratación ilegal en empresas públicas de dos mujeres ligadas a él. Los delitos cometidos coinciden con la terna clásica de la corrupción política: cohecho, malversación y tráfico de influencias, a los que se sumó organización criminal.

Dos encuestas publicadas por El País y La Vanguardia han mostrado que el descontento ciudadano por la politización de la justicia que año tras año detecta la UE en España se centra sobre todo en los votantes de izquierda (ocho de cada diez la perciben), pero también en los de derecha (cuatro de cada diez), la ideología mayoritaria en la judicatura española. El titular del diario de Prisa era especialmente significativo: "Más de 65% considera que el lawfare existe en España". En este ambiente de desconfianza muy generalizada en la independencia e imparcialidad de los jueces, el apoyo del Ministerio Público a los procesos por corrupción se ha convertido en un parámetro central para su credibilidad. Frente a las sospechas y división social sobre la actuación judicial irregular que levantan casos como el de la esposa de Sánchez, su hermano o la condena del exfiscal general Álvaro García Ortiz (en la que Fiscalía tampoco acusó), el consenso sobre la legalidad y ortodoxia de la actuación judicial en el caso Mascarillas, el de Leire Díez o el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero –en los que el Ministerio Público va de la mano del juez o tribunal– es mucho mayor.

El PP aplaude la labor de Luzón contra Ábalos, pero considera a San Baldomero, de la fiscalía de delitos económicos de Madrid, poco menos que un peón del Gobierno para salvar a Sánchez. Difunde ese argumentario tan pernicioso para la ya maltrecha credibilidad de los tribunales pese a que sabe que tanto uno como otro pertenecen a una organización jerárquica que tiene como máxima responsable a la fiscal general Teresa Peramato, nombrada como sus antecesores por el Gobierno para ese puesto del que, sin embargo, no la puede destituir. Los miembros del Ministerio Público están sujetos a las instrucciones de sus superiores (y en última instancia a las de Peramato), pero pueden cuestionarlas en caso de que consideren que son contrarias a las leyes o las estimen improcedentes. Ni en los casos relacionados con políticos en los que la Fiscalía impulsa y acusa actualmente, ni en los que reclama el archivo o la absolución se ha producido estas discrepancias, que obligan a analizar la pertinencia de la orden concreta en la junta de fiscales que corresponda, la Junta de Fiscales de Sala en caso de que proceda de la fiscal general.

Así pues, tanto las causas en las causas en las que Fiscalía impulsa o acusa, como en las que no, la actuación de sus respectivos miembros cuenta con el supuesto aval de la fiscal general del Estado, que podría dar órdenes en caso de no estar de acuerdo. Y, en teoría, también con el de los fiscales concretos de cada caso, que en ningún caso han cuestionado a sus superiores por considerar que hubieran podido dar instrucciones ilegales o indebidas. Solo en una de ellas, el caso Mascarillas, trascendió una mínima discrepancia entre Peramato y Luzón, pero no respecto a las penas a imponer a Ábalos o Koldo, sino por la atenuante a pedir a la Sala para Víctor de Aldama por su colaboración. Luzón acató el criterio de su superiora en su escrito final sobre las penas a imponer, en el que pedía que de le aplicara la atenuante "simple" de colaboración, pero en su alegato final, de viva voz, defendió que era posible aplicarle la "muy cualificada". El artículo 25 del Estatuto de la Fiscalía establece que un fiscal debe atenerse a las órdenes "en sus dictámenes" pero puede "desenvolver libremente sus intervenciones orales". El Supremo se decantó por la "muy cualificada", lo que permitió a Aldama eludir la cárcel.

Estas discrepancias sí se han dado a lo largo de esta legislatura en otros asuntos y siempre tienen mucha repercusión pública. En la aplicación de la ley de amnistía, por ejemplo, cuando los cuatro fiscales del procés cuestionaron su aplicación a los líderes independentistas catalanes condenados y procesados, en contra de las instrucciones del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz. La Junta de Fiscales de Sala terminó dando la razón al máximo responsable del Ministerio Público que defendió, sin éxito, la aplicación del perdón. Durante el mandato de Mariano Rajoy fue, precisamente en una causa de Anticorrupción que afectaba al PP, el caso Lezo, en la que la práctica totalidad de sus miembros cuestionaron las órdenes del su entonces jefe, Manuel Moix, de oponerse a unos registros. En las grabaciones del caso, el expresidente madrileño Ignacio González aparecía celebrando el nombramiento de Moix como muy favorable a sus intereses en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana. Al final, Moix cedió ante sus subordinados.

La misma Fiscalía que ahora acorrala al Gobierno y al PSOE con el 'caso Mascarillas', Leire Díez o Zapatero es la que, bajo los dos Ejecutivos de Mariano Rajoy impulsó y acusó en las múltiples piezas del caso Gürtel –que terminó por provocar la caída del propio presidente del PP–, y otras causas que siguen afectando a ese partido, como el espionaje a Luis Bárcenas que se juzga ahora en Kitchen o la Operación Púnica. La apariencia de imparcialidad que da el Ministerio Público a los casos que impulsa tiene que ver con la misión que le impone la Constitución de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley". Pero también "velar por la independencia de los tribunales", algo mucho más difícil de apreciar cuando quien acusa en solitario es un partido político, cualquiera de las asociaciones ultras o el pseudosindicato de siempre. Es a través de estas acusaciones populares que la política entra en los tribunales exponiendo ideológicamente a los jueces y magistrados, que deben posicionarse –sin un actor a priori imparcial como es el fiscal– a favor o en contra de sus intereses de esos grupos que no representan a casi nadie.

La tarea del fiscal en un proceso no siempre es acusar. Su trabajo esencial consiste, según el estatuto que regula su funcionamiento, en "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos". También "velar por la independencia de los tribunales". Esta es la función que está ejerciendo José Manuel San Baldomero, el fiscal del caso Begoña Gómez. Sus dos últimos recursos –contra el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno y la retirada de su pasaporte por supuesto riesgo de fuga–, desde la imparcialidad que se supone a la institución que representa, se han convertido en las enmiendas más importante a los excesos y excentricidades del juez Juan Carlos Peinado y su estrambótico proceso contra la pareja de Pedro Sánchez. El escrito contra las medidas cautelares adoptadas contra Gómez recoge una más: la comparación que hace Peinado de este caso con el de una banda de narcos.

Lo que las acusaciones populares de Vox y los también ultraconservadores, ultrarreligiosos y conspiranóicos Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento para la Regeneración Política de España, así como el pseudosindicato ultra Manos Limpias reclamaban era lo que finalmente se adoptó, la retirada del pasaporte de Begoña Gómez (también de su asistente Cristina Álvarez), y la comparecencia en el juzgado de ambas dos veces al mes. La razón principal que dio Peinado para acordarlo fue que los policías que garantizan la seguridad de Gómez y su esposo Pedro Sánchez o sus superiores, podrían auxiliarla a huir, lo que para el fiscal San Baldomero, "extiende una sombra de sospecha infundada de las instituciones tanto a nivel de mandos como a nivel de funcionario de base". Para el representante del Ministerio Público no es fácil "imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor".

Pero para justificar ese imposible riesgo de fuga en una persona que vive rodeada de agentes tanto en su residencia, como en sus desplazamientos, Peinado recurrió, además, a una sola resolución de la sección 16 de la Audiencia de Madrid de 2024 que no tiene nada que ver con el caso de la esposa de Sánchez. Se trataba de una banda de narcos que se dedicaba al tráfico de cocaína desde Colombia, en el que el peligro de que los investigados pudieran escaparse era mucho más elevado, y quien había mandado a prisión incondicional a sus miembros era el propio Peinado. "Se ha podido conocer la existencia de una organización dedicada al tráfico e importación de cocaína hasta España en grandes cantidades, figurando como mercancía transportada bajo la membresía de café tostado", decía la resolución de la Audiencia. A diferencia del caso de Begoña Gómez, en el de los narcos era el fiscal quien reclamaba su encarcelamiento. En el de la esposa de Sánchez nadie ha reclamado una medida similar.

Por eso, el fiscal considera que "citar una sola resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que avala una medida cautelar de prisión provisional en un delito contra la salud pública es no decir nada". "No se indican las circunstancias personales concretas de los afectados que le guiarían a efectuar ese paralelismo", prosigue. "La comparación con un delito contra la salud pública cometido en el marco de una organización criminal y de tráfico de grandes cantidades a que se refiere esa resolución no es sino el exponente del escaso rigor y mesura con que se ha adoptado la decisión", añade.

Otro de los excesos que ve el fiscal en el auto que impide a Gómez salir de España, es el hecho de que Peinado sostenga que, en caso de que esta y su asistente fueran juzgadas y condenadas, esas condenas no podrían ser suspendidas al ser en todo caso superiores a dos años de prisión. El recurso del Ministerio Público reprocha al instructor su desconocimiento del Código Penal, que permite suspender el ingreso en prisión cuando cada una de las penas que se imponen no superen los dos años y todas en su conjunto no lleguen a los cinco. "Es otro ejemplo del rigor extremo con el que se contempla la situación de las investigadas, ahora acusadas, al punto de obviar instituciones penales más beneficiosas", sostiene San Baldomero, que, en sus últimos escritos ha demostrado haberse convertido en un auténtico experto en la mentalidad del instructor.

El recurso también acusa al instructor de actuar a toda velocidad "sin la prudencia más elemental aconsejada". Y pone algunos ejemplos de cómo ha llegado a su valoración "acelerada" de los delitos que imputa a Gómez y su asesora: "Sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas y sin esperar el resultado de la resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial". El escrito enumera las circunstancias que los jueces suelen valorar a la hora de imponer estas cautelas y que el polémico juez ni siquiera ha estudiado. Como la ausencia de antecedentes, el arraigo, la actividad laboral en España, los vínculos familiares y personales y la ausencia de nexos mínimos con terceros países que presupongan facilitada para desplazarse a ellos e instalarse o la posesión de bienes, dinero o activos en el extranjero.

"Desde un punto de vista positivo, las investigadas [Gómez y su asesora] tienen indudable arraigo en territorio nacional; son españolas, sus familias son españolas (...); ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España", recuerda San Baldomero. "Desde un punto de vista negativo, carecen de nexos con el extranjero; desconocemos a dónde se supone que huirán porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad. Y carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga", prosigue el recurso, que recuerda: "No será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado, que descartaron las sospechas infundadas". La instrucción de Peinado, pese a sus esfuerzos, no ha logrado acreditar que Gómez se hubiera llevado un solo euro que no le correspondiera.

La gravedad de los excesos de Peinado también se deduce de la acusación que le lanza el juez de difundir bulos o insistir en su propagación. "Resulta llamativa la expresión de 'la retirada de cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático", sostiene el recurso que añade: "Desconnocemos a qué puede referirse con esa expresión (...) salvo que vuelva a aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza".

Las comparecencias cada 15 días en el juzgado, según la Fiscalía, carecen de sentido, salvo que lo que pretenda el juez con ellas sea "una suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública", algo de todo punto ilegal. "Resulta llamativo el número de veces que han sido llamadas a comparecer ante órganos judiciales y los términos en los que en ocasiones han sido requeridas para hacerlo: imputación de delitos sucesivos, comparecencias duplicadas o repetición de las mismas", dice San Baldomero, que pone un ejemplo reciente. Peinado obligó a Gómez a acudir a su juzgado bajo amenaza de ser detenida para asistir a la vista en que las acusaciones pidieron las medidas cautelares contra ella. Pero el instructor no las decidió acto seguido, sino seis días más tarde. Cuando por fin decidió, la obligó a un nuevo paseíllo para comunicarle su acuerdo.

José María de Pablo, el abogado que defiende a Cristina Álvarez, resumió la absoluta incongruencia del instructor en su perfil de X el pasado 20 de junio: "Había un riesgo de fuga tan elevado, que se ha tomado seis días para adoptar medidas cautelares". Su post en la red social ha sido leído por 82.000 personas y 450 lo han retuiteado. Ahora todas las miradas están puestas en la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que empezará a estudiar las impugnaciones presentadas a partir del próximo lunes.

España suspende año tras año en el índice que mide la confianza que sus ciudadanos tienen en los tribunales. La última entrega del Cuadro de indicadores de la justicia de la UE, publicada el pasado junio, deja de nuevo a nuestro país en el puesto 22 de los Veintisiete en cuanto a la independencia que la sociedad percibe en sus jueces. Ese dato, repetido año a año desde 2013, ha servido a las asociaciones judiciales conservadoras y mayoritarias en la judicatura para confirmar el mantra pesimista de la derecha política y judicial: que el Gobierno de Sánchez ataca gravemente la independencia de los tribunales. Pero las últimas encuestas publicadas muestran que son sobre todos los votantes de izquierda los que aprecian esa falta de imparcialidad de una judicatura muy mayoritariamente escorada a la derecha, una ideología política a la que la sociedad considera que favorece.

En las valoraciones sobre la independencia de los sistemas judiciales hay dos elementos tradicionalmente analizados por los organismos que supervisan nuestro sistema democrático. De un lado la independencia estructural u objetiva, es decir, si la arquitectura de nuestro Estado de derecho cuenta con todas las normas, leyes y procedimientos necesarios para garantizar esa independencia y la separación de poderes, algo que, salvo por algunas reformas puntuales, este país cumple. España nunca ha sido cuestionada por la calidad de su Estado de derecho en Europa y ni el Tribunal de Justicia de la UE ni el de Estrasburgo (TEDH) han condenado al Estado por déficits relacionados con la independencia o la separación de poderes. Año tras año, nuestro país aparece como una democracia plena en el Índice de calidad democrática de The Economist, a la altura de las mayores economías de la UE, Escandinavia, Canadá o Australia.

Si embargo, como tiene establecido el TEDH, los jueces y tribunales, y por extensión los sistemas judiciales, no solo tienen que ser imparciales y contar con todos esos mecanismos. También tienen que parecerlo. Es decir, para que todo funcione bien, los ciudadanos deben confiar en la independencia de sus jueces. Tiene que existir apariencia de imparcialidad. Pero desde que la Comisión Europea comenzó a analizar ese indicador concreto en 2013, España ha empeorado de manera clara. Mientras que en ese primer año aparecía a mitad de tabla –en el puesto 16 de entre los Veintisiete– por debajo de Alemania o Francia, pero mejor situada que Portugal o Italia, en los siguientes se instaló en el furgón de cola oscilando entre los puestos 19 y 26. Así pues, son los propios potenciales justiciables los que, año tras año, desconfían ampliamente de la independencia de sus jueces. Y culpan a la influencia política de ello.

El último en detectar esta desconfianza ciudadana en la imparcialidad ha sido el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El avance de resultados de su IV Estudio sobre la calidad democrática confirma la tendencia que Europa viene reportando desde 2014. Más de un 78% de los encuestados se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo con que la justicia sea igual para ricos y para pobres. Esa discrepancia se eleva todavía más, hasta el 88%, cuando se les pregunta si la justicia trata igual a un político que a un ciudadano corriente. El 77% cree que la justicia no siempre es imparcial en los procesos judiciales que afectan a partidos políticos. Otro de los datos reveladores para el CIS es que el 87,5% de los españoles considera insuficientes los actuales mecanismos con que el Estado cuenta para combatir la corrupción.

Dos encuestas publicadas también este lunes, la del instituto Ipsos para La Vanguardia y la de 40dB. para El País y la Cadena SER, muestran que esta sospecha mayoritaria de parcialidad de los jueces no está equitativamente distribuida. Son los ciudadanos de izquierdas los que la perciben con más intensidad. Mientras que entre los votantes de izquierda es mayoritaria la idea de que los jueces toman decisiones por sus ideas políticas, entre los del PP son más los que piensan que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales, según la encuesta del diario de Prisa. Un 65% de los participantes en el estudio, es decir, casi dos de cada tres, considera que existe lawfare en España. Ante la pregunta de si los jueces favorecen a alguna ideología concreta, un tercio (34%) cree que a la derecha y un 16% a la izquierda. Solo el 23% considera que son imparciales.

Según La Vanguardia, la percepción de que "hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia" la suscribe el 58% de los consultados, frente a un 22% que está más bien en desacuerdo con esa afirmación. Al igual que en el sondeo de El País, esa sensación es mucho mayor entre los votantes de la izquierda –el 78% de los que votan al PSOE y el 85% de los que lo hacen a Sumar–. Sin embargo, entre los votantes del PP hay un empate técnico entre los que perciben politización de la justicia y los que no (41% y 40%, respectivamente), según Ipsos.

Pese a estos datos que se confirman cada año, las asociaciones más a la derecha de la carrera judicial –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– las más mayoritarias en su conjunto, se han opuesto de la mano del PP y Vox a cada reforma que ha tratado de sacar adelante el Gobierno por considerar que todas ellas buscan únicamente desequilibrar la balanza a favor de la izquierda. Hace ahora un año hicieron una huelga ilegal contra esas iniciativas, pero años antes, llegaron a solicitar en Europa que la Comisión sancionara a España comparándola con la Hungría de Orbán o la Polonia del PiS. En Bruselas, donde son plenamente conscientes de las prácticas de estos colectivos, no se creyeron ni una palabra.

Ni el proyecto que trata de abrir las oposiciones a juez a los aspirantes con menos ingresos, o el que intentó blindar la independencia del Ministerio Fiscal; ni el que pretendía dar la instrucción de los delitos a esa acusación pública y limitar la acción popular y que deje de ser un coladero para politización de la justicia saldrán adelante en lo que queda de legislatura. Un poder, el Judicial, que nadie ha votado, se niega a que se reparen las deficiencias que amplios sectores sociales, a derecha o izquierda, perciben en el funcionamiento de sus miembros. Puede que tengamos los mecanismos que garantizan una justicia independiente, pero algo falla si el ciudadano que acude y paga con sus impuestos ese servicio público no lo percibe.

El caso tiene un cóctel de ingredientes perfecto para PP y Vox. Una compañía aérea presuntamente ligada al Gobierno de Nicolás Maduro en cuyo rescate habría sido crucial José Luis Rodríguez Zapatero, ese expresidente socialista que, desde la óptica de la derecha y la ultraderecha se habría vendido al chavismo. La imputación de Zapatero en el caso que investiga el rescate de Plus Ultra no ha hecho más que confirmar ese mantra difundido durante años. Pero el sumario que instruye el juez José Luis Calama refleja una realidad muy diferente. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, no solo buscó influencia en el Gobierno de Sánchez para sacar adelante los intereses más turbios de la aerolínea. En su círculo más íntimo, eminentemente conservador, se encontraban dos importantes figuras de ese sesgo. De un lado, uno de los jueces más señalados por su cercanía a la derecha, Manuel García-Castellón. De otro, el principal empresario de la comunicación del entorno de Vox, Julio Ariza, expropietario de Intereconomía y uno de los pesos pesados de El Toro TV. De los chats intervenidos en la causa, a los que ha podido acceder infoLibre, se deduce que ambos habrían recurrido a su poder para ayudar a la compañía.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama mantiene imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por, supuestamente, interceder a favor de Plus Ultra con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para engrasar el rescate de 53 millones de euros que finalmente le fue concedido a la aerolínea en marzo de 2021. El instructor se basa en las conversaciones de Sola y algunos de los directivos y el empresario amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, la firma para la que el expresidente asegura que solo hacía trabajos de consultoría. También en un contrato de Martínez Martínez con la aerolínea en el que éste se aseguraría un 1% del importe del rescate en caso de que se consiguiera. El tercer indicio que maneja el juez es el flujo de fondos detectado por Hacienda desde Plus Ultra (entre otras empresas) a Análisis Relevante y de ahí a Zapatero y a la empresa de sus hijas, WhaTheFav. El exlíder del PSOE, según el relato judicial, actuaría como una suerte de conseguidor al más alto nivel en España y Venezuela para Plus Ultra. Algo de lo que, hasta el momento, el instructor no ha conseguido una prueba directa de ello.

Las chats de mensajería de Rodolfo Reyes intervenidos en 2021 por el Homeland Security Investigations (HSI) –el cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos– y facilitados a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía cuatro años después, en marzo de 2026, y el resto de conversaciones volcadas por orden de los dos jueces españoles que han intervenido –Calama y la jueza 15 de Madrid, Esperanza Collazos– reflejan que las gestiones para lograr acceso directo a las máximas instancias del poder económico y político también se hicieron a través de personajes más vinculados con la derecha y la ultraderecha, que les sirvieron, presuntamente, para facilitar gestiones en los bancos, para frenar la ofensiva judicial de la derecha y la ultraderecha contra la compañía en los tribunales y para poner en marcha una campaña de lavado de imagen tras meses de asedio político y mediático por el rescate y el proceso judicial que cuestiona, todavía hoy, su legalidad.

Es en esas conversaciones en las que aparece, por ejemplo, Manuel García-Castellón, exjuez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional muy cuestionado por los partidos de izquierda, no solo por abrir una causa a Podemos por supuesta financiación ilegal basada en informes prefabricados y que quedó en nada. También por su gestión en la investigación abierta contra el comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo de cuyas grabaciones, todas ellas incautadas por la Policía, todavía se desconoce la totalidad de su contenido. O por excluir del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas a la ex secretaria general y exministra del PP María Dolores de Cospedal, que en uno de esos audios aparece pidiendo a Villarejo que acabe con la documentación del extesorero que probaría los sobresueldos de cargos del PP y la implicación directa del partido. Gracias a García-Castellón, entre otros, la acusación solo se ha dirigido al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado, Francisco Martínez y el polémico comisario jubilado. Cospedal solo compareció como testigo en el juicio.

Mientras estuvo en activo en la Audiencia Nacional (dejó de estarlo en septiembre de 2024 al jubilarse), Plus Ultra habría recurrido a este juez para que les prestara su ayuda en algunas gestiones financieras y procesales. Como explicó el propio García-Castellón a infoLibre el pasado 4 de junio, el exmagistrado es "íntimo amigo" del presidente de la compañía, Martínez Sola, "desde hace 30 años". Esa es la razón por la que, al dejar la Audiencia Nacional, el exjuez fijó en la sede social de Plus Ultra en Alcobendas (Madrid) su dirección al darse de alta como abogado porque, según afirmó, "no quería poner su domicilio". Desde allí dio una entrevista al programa Buenos días Madrid de Telemadrid el 13 de noviembre de 2025 para hablar del juicio que se seguía en el Supremo contra el fiscal general del Estado y criticar las supuestas presiones del Gobierno de Sánchez a los jueces por utilizar términos como "prevaricación" o "lawfare". La relación entre ambos es tan estrecha que, cuando Martínez Sola fue detenido el 11 de diciembre de 2025 pidió que le comunicaran el arresto y el lugar donde lo condujeran a su amigo magistrado. En los chats del caso se refiere siempre a él como "Manolo".

Según se deduce de las conversaciones entre los directivos de Plus Ultra, García-Castellón habría realizado dos gestiones en favor de la aerolínea presidida por su amigo mientras todavía estaba en activo en su juzgado de la Audiencia Nacional. La primera fue, presuntamente, poner en contacto a la cúpula de la compañía con la entonces consejera delegada de Bankinter. "Hablé con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter por nuestro problema. Conoce a Dolores Dancausa, consejera delegada [ahora presidenta no ejecutiva]. Llamó. Me acaba de confirmar que me va a llamar Rocío P., de legal de Bankinter, para reunirse con nosotros. Asistiremos Santiago, Roberto y yo", escribió el 26 de mayo de 2022 en aquel grupo el presidente de Plus Ultra. A la entidad financiera no le constan esos contactos.

Seis meses después, Martínez Sola escribió a Rodolfo Reyes, el entonces máximo accionista de Plus Ultra, ahora huido de la justicia. "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle 'Gracias por tus gestiones en Bankinter', solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". "Coño Julio que bueno" (sic), responde el empresario venezolano una hora más tarde. "Tienes su móvil?", insiste Martínez Sola unos segundos después. "Manolo privé", zanja Reyes Rojas. Solo unos meses antes, el 7 de abril, el presidente de la aerolínea había remitido al máximo accionista de la misma un contacto con ese nombre: "Manolo Privé". Era el nombre con el que García-Castellón aparecía en la agenda del presidente de Plus Ultra. Bankinter asegura que sus operativas responden exclusivamente a criterios técnicos dentro de estrictos protocolos de control.

La segunda supuesta gestión de García-Castellón que se deduce de las conversaciones fue ante Vox. "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", dijo Martínez Sola en uno de los chats de directivos de Plus Ultra. Vox asegura que ese encuentro con su presidente nacional no se produjo, pero según se deduce de las conversaciones entre la cúpula corporativa de Plus Ultra, la reunión con García-Castellón dio resultados. A primera hora de la mañana del día siguiente a la cena (que se celebró supuestamente el 24 de marzo de 2022, Martínez Sola volvió a escribir en el chat: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox". Lo que la compañía quería de la formación ultra era que, una vez que se produjera el archivo de la causa, Vox no lo recurriera. Ese objetivo se logró. García-Castellón no ha querido hacer ningún comentario sobre ambas supuestas gestiones, prohibidas para un magistrado en activo.

Martínez Sola tenía otro as en la manga para frenar la ofensiva de la formación de Abascal en los juzgados. Otra de sus amistades "íntimas" como la califica en sus mensajes, era el empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario de Intereconomía y hoy una de las caras más visibles de El Toro TV. Uno de sus hijos, Gabriel Ariza, es, además, uno de los asesores de cabecera de Santiago Abascal y, por lo tanto, con pleno acceso a él. Seis meses antes de que se produjera el archivo de la causa, decretado por la juez Esperanza Collazos el 5 de enero de 2023, Martínez Sola dijo al secretario del consejo de Plus Ultra, Santiago Fernández Lena: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Siete días después del archivo, el 12 de enero de 2023, el presidente insiste: "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre".

Tal como Martínez Sola sostiene en los chats que le había dicho Ariza, Vox no recurrió el archivo del caso. Su actuación procesal terminó semanas antes del archivo, cuando pidió la nulidad del error formal de la instructora –se le había pasado el plazo de 12 meses para llamar como imputada a Plus Ultra– que condujo inexorablemente el caso al sobreseimiento provisional. El Gobierno, la Fiscalía y la aerolínea sí recurrieron el carpetazo de la jueza, pero para pedir que fuera definitivo, algo que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó. En su auto, el tribunal madrileño afirmaba que ni la formación ultra, ni el PP, que acusaban en el caso, habían impugnado el recurso de las defensas.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022, según informó Público. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea con relacionada con Plus Ultra. Martínez Sola, García-Castellón –"Manolo"– y Julio Ariza aparecen en varios mensajes cenando juntos o de visita en casa del presidente de la compañía. Según se deduce de lo que el presidente y el resto de directivos dicen en los mensajes intervenidos, eran amigos de los buenos. De los que lo dan todo por echarte una mano.

La cúpula de Plus Ultra recurrió al empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario del Grupo Intereconomía y peso pesado en El Toro TV, la cadena con la línea editorial más próxima a Vox, en plena investigación judicial contra la aerolínea, en la que la formación ultra era acusación popular. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se apoyó en su "íntimo amigo" –con el que, según se desprende del sumario, estaba en permanente contacto– en la recta final de la instrucción, cuando la compañía buscaba que el partido de Santiago Abascal no impugnara el archivo de la causa. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció Martínez Sola en el chat de directivos, al que ha accedido infoLibre, el 12 de enero de 2023, siete días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. "Para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza", apuntó unos días más tarde Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración.

Ariza, padre de uno de los principales asesores del líder de Vox, Santiago Abascal, no fue el único personaje conocido al que recurrió la cúpula de la compañía aérea rescatada para que la ayudaran en sus gestiones con el partido político. Tal y como ha publicado este diario, el juez Manuel García-Castellón también se habría postulado para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir de ese encuentro entre el entonces juez en activo de la Audiencia Nacional y el líder ultra era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no recurriera a la Audiencia Provincial para intentar reabrirla.

Las denuncias y querellas de Vox, el PP y Manos Limpias contra la compañía aérea, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y tres altos cargos del Gobierno por el rescate quedaron tocadas de muerte el 17 de noviembre de 2022, cuando la Audiencia de Madrid concluyó que la jueza del caso, Esperanza Collazos, había llamado a declarar como imputada a Plus Ultra cuando ya se habían cumplido los plazos de instrucción. A partir de ese momento, la causa quedó abocada al archivo. El 5 de enero de 2023, la instructora acordó el sobreseimiento provisional de la misma.

Antes de que Collazos archivara, y antes incluso de que la Audiencia de Madrid concluyera que el plazo para practicar nuevas diligencias por la jueza se había acabado, Martínez Sola –que entonces era vicepresidente en la compañía– envió en junio de 2022 un mensaje al secretario del consejo de administración, Santiago Fernández Lena, que decía lo siguiente: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Martínez Sola vuelve a enviar un mensaje similar el 12 de enero de 2023, cuando Collazos ya había decretado el archivo y la causa solo dependía de que las acusaciones populares o las defensas recurrieran. "Me acaba de llamar Ariza", escribió el máximo directivo de la compañía aérea. "Vox no recurre...", añadió.

La formación de ultraderecha no recurrió, según consta en el sumario, el archivo de Collazos. Pero antes de que se produjera el sobreseimiento de la instructora inicial del caso, el partido de Abascal sí intentó la nulidad del auto de la Audiencia de Madrid que lo provocó (el que dictaminó que la juez había actuado fuera de plazo). Fernández Lena contó el 13 de diciembre de 2022, nada más recibir el escrito de la formación ultra: "Escrito de Vox pidiendo la nulidad del auto de la Audiencia Provincial. Nos lo han notificado esta tarde... no se van a quedar quietos...". "De un primer vistazo no tiene mucho recorrido... pero nos mantiene enfangados", añadió. Acto seguido entró en la conversación el CEO, Roberto Roselli, para añadir: "Pues a ver si Arriza (sic) habla con estos hdp".

Un portavoz de Vox insiste, sin embargo, en que la formación sí recurrió el archivo decretado por Esperanza Collazos, informa Marta Monforte. Este periódico ha pedido a la formación que lo demuestre con el escrito y se ha ofrecido a publicarlo en caso de que se lo facilitaran, pero no lo han hecho. El archivo sí fue recurrido por la Abogacía del Estado (en defensa de la ministra y la SEPI), recurso al que se adhirieron la Fiscalía y Plus Ultra. Esas tres partes reclamaron que el sobreseimiento no fuera provisional, sino definitivo, algo que no impugnaron ni Vox ni el PP. La Audiencia de Madrid rechazó la petición de la defensa de los miembros del Gobierno denunciados.

El 10 de enero de 2023, tras el carpetazo de la instructora, la abogada de Vox, Marta Castro, remitió un escrito al Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid avisando de que aún estaba por resolver dicho incidente de nulidad. Una semana después, lo retiró. Ese día, el 17 de enero, a media tarde, Fernández Lena escribe de nuevo en el chat de directivos: "Hola. Nos acaban de notificar este escrito. Comunican al juzgado que se tenga por no presentado el escrito que te mandé ayer. Pero para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza". Lo cierto es que para cuando el abogado escribió ese mensaje, la Audiencia de Madrid ya había rechazado, unos días antes –el 11 de enero–, el incidente de nulidad de la ultraderecha.

En Vox niegan que Ariza intercediera o condicionara a Abascal para que el partido no recurriera el archivo. Preguntados por infoLibre sobre si el empresario “comentó esta cuestión con Abascal u otro miembro de la dirección” del partido, fuentes de su equipo lo niegan de manera tajante. "Absolutamente no. Insisto. Estamos personados", sostienen. Según el sumario, tras darse por concluido el caso, Vox solicitó el 7 de junio de 2023 que le devolvieran la fianza que había prestado como acusación. Diecisiete meses después, en diciembre de 2025, tras tener conocimiento de las detenciones de la cúpula de Plus Ultra y de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la formación ultra pidió de nuevo su personación.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales, según informó Público, viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea.

Unos meses después del archivo de la investigación judicial, el 16 de octubre de 2023, Martínez Sola y Roberto Roselli concertaron una entrevista con Ariza en su programa Dando caña de El Toro TV. Después de la gran beligerancia planteada por Vox en los tribunales, Ariza no paró de lanzar elogios a los directivos durante la emisión, avalando en todo momento la legalidad del rescate de 53 millones que el Gobierno había concedido a la compañía.

Ariza dijo en antena antes de plantear ninguna pregunta que la "tormenta política" sobre la aerolínea les había cogido "sin paraguas a ustedes y a nosotros". "Resulta que lo de Plus Ultra era un crédito, están ustedes devolviéndolo tan ricamente, tal como estaba previsto, están controlados por la SEPI al minuto y, además, tenían ustedes 300 trabajadores en ese momento y ahora tienen más de 500", afirmó el directivo de la cadena. Las preguntas, todas fáciles y laudatorias, se acompañaron de imágenes corporativas de la aerolínea. "Me resulta curioso que a ustedes les dan un crédito, pero ese crédito multiplicado por cinco o seis veces se lo dan a algunos competidores suyos y no planteó ningún problema", llegó a decir Ariza, en referencia al rescate de Air Europa. De este tenor fueron las cuestiones planteadas en la televisión de referencia de Vox.

En plena investigación judicial, la cúpula de Plus Ultra consideró la posibilidad de invertir en publicidad en el imperio mediático de los Ariza. "Hoy estaré con Julio Ariza y Manolo [el nombre con el que suelen hacer referencia a García-Castellón]. Estoy pensando si hacer publicidad en Inter economía tv (sic). Al ser un medio ultraderecha no sé si es conveniente", escribió Martínez Sola a Fernández Lena en 2022. "Te la aceptaría?", preguntó el abogado. "Sin ninguna duda", contestó el entonces vicepresidente de la compañía.

El pasado 21 de mayo, después de conocerse la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, Julio Ariza volvió a intervenir en su programa Dando caña para asegurar que se había limitado a "recibir publicidad" de la compañía. "Nosotros no sabíamos nada de esto, ¿o es que los profetas del reino lo sabían todo? ¿O es que Plus Ultra era el único rescate que se podía poner en cuestión?", se preguntó, como si no hubiera pasado los últimos años muy cerca de sus más altos dirigentes. "Nosotros dimos publicidad de Plus Ultra. Y El Mundo, y la Cope, y El País... Puedo hacer la lista entera y les puedo dar las cantidades", dijo en tono amenazante.

"Dejen de tocarnos las bolas porque en esta casa somos muy prudentes y muy discretos", añadió. "Lo que entonces se sabía de todo esto era casi cero; lo que nos contaban. Cuando vinieron aquí los gestores de Plus Ultra nos contaron unas cosas y nosotros las creímos", prosiguió. "El problema es que, como hay una campaña contra Vox y a nosotros nos pilla en medio porque suponen que somos un instrumento de Vox para la publicidad de Vox y para hablar bien de Vox, pues dicen, vamos a utilizar ahora Plus Ultra para atizarles a estos de nuevo. Pues vais a ir mal por ahí, os va a salir el tiro por la culata porque vamos a dar todos los datos".

Para la edición de esta información este diario envió una serie de preguntas a Julio Ariza con el objetivo de que explicara si efectivamente intercedió ante Vox en favor de Plus Ultra, si se reunió con alguien del partido para ello, si desde la formación le garantizaron que no recurrirían el archivo como quería la cúpula de la aerolínea, si facilitó un contacto entre directivos de la compañía y otro de una entidad financiera y si recibió alguna contraprestación por todo ello. A última hora de la tarde de este miércoles, el empresario rechazó en conversación telefónica hacer ningún tipo de comentario. InfoLibre también se ha puesto en contacto con Plus Ultra, que igualmente ha declinado dar su versión sobre estos hechos.

Manuel García-Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, concedió hace solo siete meses una entrevista a Telemadrid desde la sede que Plus Ultra tiene a las afueras de la capital. La conexión, según ha podido comprobar infoLibre, se produjo para el programa Buenos Días Madrid. Durante la misma, el exmagistrado, fuera de la carrera desde su jubilación forzosa por edad en septiembre de 2024, se pronunció sobre el juicio contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ese mismo día quedaba visto para sentencia. Fuentes de Plus Ultra circunscriben el hecho a "una cortesía de ámbito privado".

El 13 de noviembre de 2025, Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, avisó a primera hora a la cúpula de la compañía de que la televisión pública madrileña acudiría a la sede para entrevistar a García-Castellón, a quien siempre se refiere como "Manolo" y a quien le une una amistad de tres décadas. "A las 10 15 [sic] vienen de Telemadrid con cámaras, a filmar a Manolo en una entrevista. Le tenemos que dejar una sala", escribe a las 8:31 horas Martínez Sola en Cuarteto, un chat incorporado al sumario del caso Plus Ultra y a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico. Además de Martínez Sola, en el grupo participaban el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; el secretario del Consejo, Santiago Fernández Lena; y quien fuera director general de Negocios, Alejandro Delgado.

García-Castellón entró en directo en el magacín matinal Buenos Días Madrid cuando el reloj del programa marcaba las 10:33 horas. La entrevista duró algo más de diez minutos. En ella, el exmagistrado se pronunció sobre el juicio al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, que unas horas antes había comparecido como acusado en el Tribunal Supremo. "No es la mejor imagen que se puede dar de la Fiscalía y no me gusta absolutamente nada, porque es inédito", resaltó. También se le preguntó por las supuestas "presiones" del Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales. "Echo de menos mucho un sistema anglosajón, donde el respeto a los que interpretan la ley es máximo. Nadie se permite una descalificación con palabras como prevaricación o lawfare", lanzó García-Castellón.

Este diario ha podido comprobar que el lugar en el que se realizó aquel dúplex –así se denomina en el mundillo televisivo a la conexión en directo desde fuera de plató– con el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional es la sede de Plus Ultra, que en estos momentos se encuentra en el ojo del huracán por la ayuda de 53 millones de euros que le concedió el Ejecutivo de coalición en 2021, tras los meses más duros de la pandemia de coronavirus. Unas oficinas ubicadas en la tercera planta de un complejo ubicado al norte de la capital que alberga en estos momentos otras tres empresas: la consultora KPMG, Sergesi –del Grupo Mutua Madrileña– y la firma de ropa infantil Gocco.

No es la primera vez que el nombre del exmagistrado aparece vinculado a ese mismo edificio. Cuando García-Castellón se dio de alta como abogado tras jubilarse como magistrado, hizo constar en su ficha oficial del Colegio de Madrid ese mismo complejo de oficinas como "dirección profesional". (El exjuez ya no aparece en el censo de letrados, aunque infoLibre pudo comprobar que a fecha de 4 de junio aún figuraba en él). A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció su amigo Martínez Sola. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

Los mensajes extraídos del móvil del presidente de la aerolínea en el marco del caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dan buena cuenta de la estrecha relación. A finales de 2022, tal y como reveló la pasada semana este diario, Martínez Sola pidió al máximo accionista de la compañía, Rodolfo Reyes Rojas, que agradeciera a García-Castellón unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido al presidente de la aerolínea durante los registros de la causa.

infoLibre se ha puesto en contacto con el exmagistrado y la compañía para conocer por qué motivo el primero atendió a la televisión pública madrileña desde la sede de Plus Ultra y para saber si, más allá de la amistad con Martínez Sola, existe algún tipo de relación laboral o mercantil entre García-Castellón y la empresa. A cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta del exmagistrado. La aerolínea, por su parte, se ha limitado a decir lo siguiente: "La compañía no valora circunstancias de carácter estrictamente personal que no guardan relación con su actividad. Se trata de un asunto ajeno a Plus Ultra que se circunscribe a una cortesía de ámbito privado".

El exjuez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se ofreció, cuando todavía se encontraba en activo, a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, con Vox. Así lo afirmó el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en un chat de directivos de la compañía, al que ha tenido acceso infoLibre, el 19 de marzo de 2022. La intercesión del magistrado con el partido ultra se iba a producir durante una cena privada entre García-Castellón y el líder del partido, Santiago Abascal que, según Sola, estaba fijada para el 24 de ese mismo mes. A la mañana siguiente del día en que estaba previsto el encuentro, Martínez Sola volvió a entrar en la conversación para decir: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox".

La noticia al resto de directivos de la compañía presentes en la conversación –el consejero delegado, Roberto Roselli; el responsable financiero, Alejandro Delgado, y el secretario de consejo, Santiago Fernández Lena– sobre la posibilidad de acceder a la cúpula de Vox (que entonces actuaba como acusación popular en la denuncia presentada contra Plus Ultra en un juzgado madrileño) la dio el presidente Martínez Sola el 19 de marzo. A diferencia de en otros pasajes, el máximo responsable de la aerolínea no se refiere a su amigo magistrado como "Manolo", sino con su nombre completo: "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", añade el presidente.

Martínez Sola avisa a sus compañeros en ese mismo mensaje de que lo va a poner en conocimiento de la parte venezolana de la compañía. "Se lo comento también a Rodolfo", se sobreentiende que a Rodolfo Reyes Rojas, entonces máximo accionista de la compañía y ahora en busca y captura internacional, "y a Raif por la parte de allí", en referencia a Raif El Arigie, otro de los accionistas venezolanos de referencia. Después, da instrucciones al resto. "Que cada uno de nosotros aporte ideas y Santiago [Fernández Lena, el secretario del consejo] escriba", dice en el mismo mensaje. "Que no salga el tema de nosotros", prosigue, reclamando discreción. "Creo un chat para este tema", concluye.

En ese momento, la jueza de instrucción 15 del Tribunal de Plaza de Castilla, Esperanza Collazos, tenía abiertas unas diligencias por el polémico rescate de la compañía aérea en las que Vox, el PP y Manos Limpias eran acusación popular. En ellas se encontraban como denunciados, además de Plus Ultra, Bartolomé Lora Toro, exvicepresidente de la SEPI, el organismo de Hacienda que aprobó la ayuda financiera a la aerolínea; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ex secretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva y el ex secretario general de Industria Raúl Blanco.

Tras el brainstorming puesto en marcha por Martínez Sola en el chat de la cúpula de Plus Ultra, el primero en aportar ideas es Alejandro Delgado, el responsable financiero, que subraya la importancia de los contactos políticos. "En mi opinión, una de las cosas más importantes es poder sentarnos con él y con ahora Feijo (sic)", señala Delgado. Después, Fernández Lena, que como secretario del consejo se encarga sobre todo de temas legales, apunta: "Son políticos. No se mojan ni debajo del agua. Que Manuel [García-Castellón] le haga ver [a Santiago Abascal] que hay una fábula montada alrededor que es importante", sostiene. Luego añade: "Hay dos planos, el político y el judicial. Creo que en este caso nos importa ahora mismo el judicial. Y concluye: "La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran".

En esas semanas, en su actividad al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García-Castellón había recibido un fuerte revés de la Sala de lo Penal de este tribunal. Tras haber reabierto el juez la causa por la supuesta financiación irregular de Podemos a raíz del testimonio del exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, El Pollo, los magistrados le dijeron que sus diligencias constituían una "investigación prospectiva". Para investigar la declaración de El Pollo Carvajal, el instructor había reabierto una antigua causa archivada de plano sobre el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año largo después, la formación de Iglesias se querelló contra García-Castellón por ello.

Del resto de las conversaciones se deduce que la cena del juez de la Audiencia Nacional con el líder del partido ultra efectivamente se habría producido. Al día siguiente del encuentro, Martínez Sola volvió a escribir por el chat grupal de directivos a primera hora de la mañana (a las 7.46): "Después os cuento. Muy bien el tema de Vox", redactó el presidente de Plus Ultra. El único que respondió en la conversación fue el financiero Alejandro Delgado, con dos emoticonos de confirmación de dos pulgares en alto.

Preguntados por infoLibre sobre si esa cena tuvo lugar y si en ella el juez le pidió que no recurriera un eventual archivo de la causa, como finalmente ocurrió, fuentes cercanas al líder de Vox niegan que ese encuentro se produjera, informa Marta Monforte. "Ni cena, ni reunión. Ese día estaba en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se alargó hasta la noche", trasladan desde su equipo, que también remarca que García-Castellón "no se ha reunido con nadie de Vox" y añade que, si se hubiera producido, "no tendrían problema" en decirlo. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También niegan categóricamente que la implicación del juez provocara que Vox acabara por no recurrir el archivo.

La jueza Esperanza Collazos archivó provisionalmente el caso Plus Ultra el 5 de enero de 2023 después de que la Audiencia de Madrid le hubiera impedido tomar declaración a la aerolínea, a través de su representante, como persona jurídica imputada, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia cuando la instructora lo acordó. Ese archivo solo fue recurrido por la Abogacía del Estado (en representación de la ministra y los altos cargos denunciados), la Fiscalía y Plus Ultra para reclamar que el sobreseimiento no fuera provisional, sino libre, lo que hubiera impedido posteriormente reabrir el caso. La Audiencia Provincial lo rechazó.

Inmediatamente después de conocer el archivo del caso, la abogada de Vox, Marta Castro, hizo ademán de recurrirlo al anunciar que su formación había pedido la nulidad de actuaciones respecto del auto de la Audiencia que impidió a la instructora imputar a Plus Ultra. Ese escrito, enviado al juzgado el 10 de enero de 2023, fue retirado una semana después: "Por medio del presente escrito procedemos a retirar el escrito presentado el día 10 de enero", dijo en sus alegaciones en otro documento remitido a Collazos el 17 de enero. El PP, que también era acusación popular en el proceso, tampoco recurrió.

El sumario del caso Plus Ultra refleja igualmente alusiones de los directivos de la aerolínea a otra supuesta gestión de García-Castellón a favor de la compañía mientras seguía estando en activo. El entonces juez de la Audiencia Nacional, según el presidente Martínez Sola, habría puesto en contacto a la empresa con la exconsejera delegada de Bankinter Dolores Dancausa y el departamento legal de la entidad financiera con el objetivo de desbloquear 3,7 millones a favor de la aerolínea rescatada.

infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón que, sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas a su teléfono, cuya aplicación de mensajería ha confirmado la recepción de las mismas.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, pidió a finales de 2022 al máximo accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes Rojas (ahora en busca y captura internacional), que agradeciera al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido a Martínez Sola durante los registros del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso infoLibre. El ya exmagistrado y el máximo directivo de la aerolínea son amigos desde hace tres décadas. Tanto, que cuando el presidente de la aerolínea fue detenido el pasado mes de diciembre pidió a los agentes que llamaran a García-Castellón.

Los hechos se remontan al viernes 18 de noviembre de 2022. Ese día, a las 11:08:13 horas, Martínez Sola escribió a Reyes Rojas: "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle 'Gracias por tus gestiones en Bankinter', solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". "Coño Julio que bueno" (sic), responde el empresario venezolano una hora más tarde. "Tienes su móvil?", insiste Martínez Sola unos segundos más tarde. "Manolo privé", zanja Reyes Rojas. Solo unos meses antes, el 7 de abril, el presidente de la aerolínea había remitido al máximo accionista de la misma un contacto con ese nombre: "Manolo Privé". Era el nombre con el que García-Castellón aparecía en la agenda del presidente de Plus Ultra.

Desde Bankinter señalan a este diario que la entidad no comenta la operativa de sus clientes y subrayan que cualquier actuación –incluidos procesos como la liberación o desbloqueo de posibles fondos retenidos– responde exclusivamente a criterios técnicos y al cumplimiento de condiciones previamente establecidas, dentro de estrictos protocolos internos de control.

El nombre de la entidad financiera ya había aparecido meses antes en un chat grupal en el que participaban Martínez Sola, Reyes Rojas, Roberto Roselli –el consejero delegado– y otras personas vinculadas a la aerolínea. "Hablé con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter por nuestro problema. Conoce a Dolores Dancausa, consejera delegada [ahora presidenta no ejecutiva]. Llamó. Me acaba de confirmar que me va a llamar Rocío P., de legal de Bankinter, para reunirse con nosotros. Asistiremos Santiago, Roberto y yo", escribió el 26 de mayo de 2022 en aquel grupo el presidente de Plus Ultra, aerolínea que por aquel entonces se encontraba inmersa en una investigación judicial relacionada con el rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En los chats también aparecen supuestas conversaciones con el ex director general del banco Fernando Moreno, ya retirado. El 31 de agosto de 2022 se refleja otra comunicación de Martínez Sola con Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración de Plus Ultra, en la que asegura que García-Castellón, al que se refiere siempre como "Manolo", habría confirmado una cena con Dancausa. Al banco no le consta que este encuentro se produjera.

En el año 2022, García-Castellón aún estaba en activo en la judicatura. Entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, encargado de algunas de las investigaciones más mediáticas. Por sus manos pasaron, en los últimos tiempos, desde el caso Villarejo a la corrupción de Púnica o Lezo, así como Tsunami –que fue un verdadero quebradero de cabeza en la elaboración de la ley de amnistía– o las insistentes investigaciones contra Podemos –ninguna de las cuales, por cierto, acabó llegando a juicio–. Tras más de cuatro décadas en la carrera judicial, el Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de septiembre de 2024 la jubilación forzosa del magistrado, que por entonces estaba a punto de cumplir los 72 años.

Tres semanas después de que se hiciera oficial el retiro, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional se dio de alta como abogado. En su ficha oficial del Colegio de Madrid hizo constar como "dirección profesional" un complejo de oficinas ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. El mismo en cuya tercera planta tiene su domicilio social la aerolínea Plus Ultra. A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció Julio Martínez Sola, a quien le une una amistad desde hace décadas. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el cargo de juez o magistrado es incompatible "con todo tipo de asesoramiento jurídico sea o no retribuido". También con "el ejercicio de toda actividad mercantil por sí o por otro" y "con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella". Esa incompatibilidad tiene su traducción en el régimen disciplinario, que establece como falta muy grave (castigada hasta con la expulsión de la carrera) "el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de esta ley". El exjuez de la Audiencia Nacional está jubilado desde el 16 de octubre de 2024, cuando alcanzó la edad de 72 años.

InfoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón por múltiples vías para tratar de obtener su versión de estos hechos. Sin embargo, los contactos a través de WhatsApp, por teléfono e incluso dejando un mensaje en su buzón de voz no han sido respondidos.

El instructor del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha terminado este jueves por estallar contra las continuas filtraciones de sus diligencias que, cada día, ve publicadas en diversos medios de comunicación. La gota que ha colmado el vaso para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha sido la publicación íntegra de los anexos del informe de la UDEF conocido este miércoles, que relataba las gestiones del exjefe de Gobierno con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, a favor de un grupo empresarial peruano. Esos apéndices contenían la agenda íntegra de Zapatero de los años 2024 y 2025. También varios chats de su WhatApp con implicados en esa mediación, pero además, el que mantiene con su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, con la que, además de gestionar su actividad profesional, organiza gran parte de su vida familiar y privada. Gracias a la publicación de ambos documentos, cualquiera puede reconstruirla.

La filtración de múltiples datos personales protegidos por la ley en un proceso judicial ya se produjo a lo largo del pasado año con la investigación abierta en el Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los informes de la UCO sobre el caso se facilitaron con los anexos que contenían miles de llamadas e intercambios de datos del teléfono del exjefe del Ministerio Público. Entre los afectados aparecieron, por supuesto, múltiples fiscales subordinados, pero también familiares y amigos, que no tenían nada que ver con la causa. Una de esas personas fue su antecesora en el cargo y exministra, Dolores Delgado que, tras la publicación, denunció llamadas anónimas en su terminal. Hasta una vocal del Poder Judicial, y no solo con su número, también con el nombre de un familiar y la dirección de su domicilio particular.

La fuga masiva de información ha sido, si cabe, aún más grande en el caso de Zapatero. "El contenido de los anexos del informe policial [el de la UDEF] fue difundido íntegramente por diversos medios poco después de su puesta a disposición de las partes a través de la plataforma electrónica Cloud", afirmó Calama en su auto de este jueves, que se refería a la "reserva externa de las actuaciones", pero en ningún caso advirtió que se pudiera haber vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del investigado. Los anexos publicados, según el juez, contienen "datos incompatibles con su publicación indiscriminada", por lo que su difusión puede constituir un delito de revelación de secretos o de quebrantamiento del secreto de sumario.

Gracias a los mensajes intercambiados con su secretaria, que ocupan nada menos que 1.084 páginas, es posible hacer un traje a medida del expresidente. Porque Zapatero, por ejemplo, le indica las personas con las que quiere quedar, las llamadas que tiene que hacer o los viajes que tiene que emprender para que ella le auxilie gestionando todas sus actividades. Pero también le cuenta datos de su estado de salud o le pide que le compre determinados medicamentos que necesita. En el intercambio de mensajes también aparecen números de teléfono y direcciones de periodistas con los que se reúne –lo que podría afectar al derecho fundamental al secreto profesional de estos últimos– o de amigos con los que comparte su vida social. El chat con Gertrudis Alcázar contiene datos que sí son relevantes para la investigación, pero también otros muchos de caracter íntimo que nadie querría que fueran revelados.

Como las complicaciones en el estado de salud de familares, revelaciones sobre la vida sentimental de personas cercanas, el clásico intercambio de fotos propias y de parientes que se suele hacer con estas aplicaciones de mensajería... También hay algunos datos sobre los movimientos de su esposa, Sonsoles Espinosa, que nada tiene que ver con el caso. Aparecen informaciones sobre las declaraciones de impuestos de la pareja o sobre sus propiedades para nada relacionadas con la causa; su rutinas deportivas y hasta los memes están en el anexo que contiene esa conversación de WhatsApp. Todo ello junto a citas con cargos públicos españoles y dirigentes extranjeros cuyas actividades junto al expresidente, sin comerlo ni beberlo, también han sido reveladas.

Calama ha puesto medidas para intentar que no se repita. En primer lugar ha deducido testimonio (es decir, lo ha denunciado) ante el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla para que que se indaguen las filtraciones y se identifique a los responsables. Se trata de investigaciones que –salvo en el caso del anterior fiscal general, que fue condenado sin ninguna prueba directa– se suelen archivar por falta de autor conocido. El instructor también ha obligado a las partes a poder consultar los vídeos de las declaraciones únicamente en la oficina judicial, para evitar que se emitan por televisión o en medios digitales. A partir de ahora, solo el PP podrá acceder a las diligencias, el resto de acusaciones populares quedan excluidas. Sin embargo, las restricciones llegan tarde, cuando el mal ya está hecho y cada uno de los pasos y actos de un expresidente en los últimos dos años circulan por todas las redacciones.

Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto a señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de "una organización criminal" dedicada "al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". La operación reseñada esta vez no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Se trata de una mediación a favor de un grupo empresarial peruano con el expresidente de Bolivia Luis Arce para tratar de poner solución a un pleito millonario en ese país, por la que el exlíder del PSOE habría obtenido 200.000 euros. Fuentes del entorno de Zapatero han asegurado a infoLibre que esa actividad investigada por los agentes fue "una actividad de consultoría por completo legal". También señalan que "sería inaceptable hacer una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del expresidente" y consideran "un escándalo sin precedentes" que se publiquen "agendas y conversaciones privadas de un presidente".

El documento policial señala muy detalladamente todos y cada uno de los trámites para que Zapatero llevara a cabo esa gestión. La petición partió de la sucursal en Bolivia de la consultora Kreab, en concreto de su asesora senior Carmen Almendras, que fue embajadora en España entre 2007 y 2015. La consultora, a través de su asesora, pidió ayuda al expresidente español el 8 de mayo de 2024 para que prestara auxilio al más alto nivel al Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Una de las empresas de ese grupo, Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), fue condenada en Bolivia por competencia desleal con la cementera Fancesa (Fábrica Nacional de Cemento SA), de la que Soboce era propietaria de un tercio del capital que luego fue expropiado por el Estado boliviano. Fancesa demandó a Soboce y el Tribunal Supremo del país andino condenó a esta última a pagarle 107 millones de dólares (94 millones de euros al cambio actual).

Para prestar ese servicio, Zapatero se desplazó el 15 de septiembre de 2024 a Bolivia, donde se entrevistó con el expresidente Luis Arce –actualmente en prisión preventiva tras su detención en diciembre acusado de varios delitos de corrupción– y con su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Las gestiones del expresidente español en Bolivia para el Grupo Gloria siguieron produciéndose a lo largo de 2025, con nuevos contactos telefónicos con el expresidente Arce y con el entonces Procurador General (fiscal general) del país, Ricardo Condori, con el que habló el 6 de mayo de ese año. A finales de mes, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio la razón a Soboce, y suspendió provisionalmente el pago de la millonaria indemnización a Fancesa.

El informe contiene dos conexiones con la supuesta operativa ilícita detallada por Calama en el auto que dio inicio a la investigación contra Zapatero. La primera es que el dinero que obtuvo por sus gestiones se le transfirió a través de una empresa interpuesta. Se trata de Focus Social Research, una sociedad con la que el propio Zapatero firmó un contrato de prestación de servicios de asesoría. Fue esa firma, cuyo objeto social, según los agentes, es el marketing, la que canalizó supuestamente los tres pagos (uno de 100.000 y dos de 50.000 euros, respectivamente) que le habría abonado, en realidad, el grupo empresarial peruano Gloria. Focus Social Research, según el informe de la UDEF, "habría sido empleada como sociedad interpuesta". En el auto del instructor con el que imputó a Zapatero aparecían otras mercantiles que supuestamente actuarían como tapaderas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa...

La segunda conexión con los hechos que sirvieron a Calama para actuar contra Zapatero es la presencia de los hermanos Guillermo y Domingo Amaro Chacón, ambos empresarios venezolanos y titulares, precisamente, de Inteligencia Prospectiva. El instructor señala a esta sociedad sin actividad como canalizadora de fondos a la trama y una de las entidades con las que una empresa china habría intentado obtener cupos de petróleo en Venezuela gracias a la relación personal del expresidente español con la actual presidenta encargada y anterior ministra de Petróleos del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Uno de los pagos registrados a WhaTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, procedió directamente de esta sociedad sin personal que justificaba el dinero que entregaba a través de ampliaciones de capital. Los hermanos Amaro Chacón fueron con Zapatero a Bolivia en el viaje en el que el expresidente hizo las gestiones a favor de Gloria con Arce.

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero aseguró que había desarrollado "una intensa tarea de consultoría" con los hermanos Amaro Chacón, con los que, sin embargo, afirmó que no mantenía el contacto. "Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones, me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas, he viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos", declaró. El expresidente también negó haber mediado a favor de ninguna empresa china para que obtuviera petróleo. "No he tenido ninguna relación con ninguna empresa china más que mi actividad en China, que ha sido dar conferencias", aseguró.

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado conservador Ricardo Conde, estudia desde el pasado lunes si debe abrir expediente al juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, por justificar en un auto la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno al entender que los policías que la protegen o sus superiores podrían ayudarla a huir. A la espera de que se pronuncie el promotor, la comisión permanente, que preside Isabel Perelló, le imputa provisionalmente una falta grave de desconsideración castigada con multa de hasta 6.000 euros. Los conservadores, que votaron en contra y redactaron su opinión discrepante, creen que su exabrupto argumentativo no puede ser sancionado disciplinariamente al haberse producido en el ejercicio de sus funciones, lo que, en su opinión, impediría al Consejo entrar a valorarlo.

Lo que los vocales a propuesta del PP y algunos jueces progresistas sostienen es que Peinado, por muy extravagante que sea su auto de apertura de juicio oral e imposición de medidas cautelares, hizo esas manifestaciones contra la policía con la toga puesta, es decir, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Por tanto, si el Consejo entrara a analizar su resolución, estaría afectando a la independencia e imparcialidad del instructor. Al tratarse del juez 41 de Madrid, esas medidas cautelares, aunque estén justificadas con ese argumento tan exótico, solo pueden ser revisadas por la Audiencia Provincial de Madrid, cuya sección 23 se ha encargado de resolver los recursos de apelación planteados por las partes contra su controvertida instrucción.

Esa misma posición –que no se puede actuar contra un juez por el contenido de sus resoluciones– también es defendida desde ámbitos judiciales progresistas. El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Miguel Pasquau, lo expresaba en un post en su perfil de X. "El CGPJ no tiene función jurisdiccional ni puede asumirla con la excusa de un expediente sancionador", afirmaba. "Solo jurisdiccionalmente (otros tribunales) pueden controlar los errores o los disparates de una resolución judicial. ¿Cómo? 1) Vía recursos ordinarios, que para eso están; 2) En los casos extremos, una investigación judicial por delito de prevaricación del juez". Pasquau considera que sancionar a un juez por lo que dice en una resolución sería "un precedente espantoso", e iría "contra la independencia/inamovilidad".

La infracción provisionalmente imputada a Peinado por la comisión permanente este lunes es la recogida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que considera falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial". La conducta, tras el preceptivo expediente, se sanciona con multa de entre 501 y 6.000 euros que corresponde imponer a la comisión disciplinaria. En esta última son mayoría los vocales conservadores los que defienden que el Consejo no puede entrar a valorar, por lo que, previsiblemente, el caso quedará en nada. Los tiempos de instrucción de estos procesos sancionadores, además (una media de seis meses) hacen que, muy probablemente no dé tiempo a concluirlo, pues el instructor del caso Begoña Gómez se jubila en septiembre.

Llevar la toga puesta, es decir, actuar en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y redactar disparates contra los escoltas de la esposa de Sánchez y sus superiores en un auto, es lo que previsiblemente salvará a Peinado del castigo. La falta de consideración que se le imputa es la misma que el promotor ha atribuido meses atrás a otros jueces como el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco –que despreció a la exministra de Igualdad, Irene Montero, como "cajera del Mercadona"– o el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que llamó a Pedro Sánchez "psicópata sin límites éticos" y a su esposa "Barbigoña". En esos casos, ambos archivados, lo que la Comisión Disciplinaria terminó valorando de esos ataques para exculparlos fue, precisamente, que se hicieron sin la toga puesta, es decir, en la condición de los jueces expedientados de simples ciudadanos y, por lo tanto, asistidos de toda su libertad de expresión como cualquier otro. Velasco hizo sus manifestaciones durante un curso celebrado en Barcelona en el que participó como ponente, mientras que Ruiz de Lara las redactó en su perfil de X.

En ambos procesos, que provocaron una fuerte polémica, tanto el promotor como el Ministerio Fiscal –que debe informar antes de que se decida si se impone la sanción– invocaron sentencias previas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la que resuelve todos los recursos contra las decisiones, también las sanciones disciplinarias, del Consejo. Una de las resoluciones del Alto Tribunal más citadas es la que levantó tres multas por un total de 4.000 euros al magistrado Joaquín Navarro en 2002. Navarro había dicho en una entrevista al diario Gara que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, hacía declaraciones "propias de un terrorista". El juez acusaba también al exministro del Interior Jaime Mayor Oreja de actuar contra ETA en connivencia con Baltasar Garzón, del que dijo que era "un juez que se inventa casi todo". El Supremo concluyó que esas declaraciones se hicieron "sin invocar la condición de juez", es decir, sin toga, la misma razón aplicada a Velasco y Ruiz de Lara 24 años después.

Con la toga puesta, no; sin la toga, tampoco. ¿Cuándo se aplica entonces la sanción a las faltas de respeto y consideración de los jueces prevista en la LOPJ? Los resúmenes de resoluciones disciplinarias que publica el Consejo sí recogen sanciones por conductas producidas tanto dentro como fuera del juzgado. Con y sin toga. Por ejemplo, el acoso laboral a una funcionaria del juzgado o amenazas a la Policía en plena calle tras saltarse un control de tráfico –"soy juez, así que cuando se dirija a mí, diga 'sí señoría'", le dijo al agente en plena disputa por la infracción–. También ha habido archivos sorprendentes, como el de un magistrado de Huelva que lanzó a una fiscal frases como "siempre vienes en blanco, lo que quieres es quitarte cosas de encima" o "cállate coño, que hablas muy mal".

En un terreno en el que el corporativismo está muy presente, sobre todo entre la muy mayoritaria derecha judicial, estos castigos suelen aplicarse más estrictamente a los casos clamorosos de desatención, es decir, a los integrantes de la carrera que no trabajan los suficiente y generan así enormes atascos y cifras de pendencia en sus órganos judiciales, que afectan dramáticamente al servicio público que prestan. En los últimos años, sin embargo, muchos jueces señalados por este motivo han encontrado una salida para librarse de las sanciones: alegar problemas mentales, como cuadros ansioso-depresivos, y culpar al Consejo, como empleador y responsable de su salud laboral, de esos trastornos. Algunos, incluso, han conseguido por esa vía altísimas indemnizaciones, no en el Contencioso-Administrativo, sino por la vía laboral.

Lo que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este lunes de manera extraordinaria –enviar al promotor de la acción disciplinaria el auto del juez Peinado en el que retira el pasaporte a Begoña Gómez por la posible complicidad de sus escoltas para ayudarla a escapar– no tendrá, previsiblemente, ningún efecto en la causa que el juez 41 de Madrid ha seguido contra la esposa del presidente del Gobierno, a la que ya ha abierto juicio ante el tribunal del jurado. La posibilidad de que la defensa de Gómez se apoye en ella para tratar de conseguir que sea apartado tiene poco recorrido, según las fuentes jurídicas consultadas, ya que la salida de pata de banco de Peinado se ha producido cuando ya ha mandado al banquillo a Gómez, a su antigua asistente y al empresario Juan Carlos Barrabés. Además, las víctimas de la supuesta infracción del juez son los policías que la protegen y sus superiores, y no la mujer de Pedro Sánchez, lo que le impediría argumentar la enemistad manifiesta del instructor.

Una de las razones íntimas que han terminado llevando al juez al exceso más alambicado de su ya de por sí heterodoxa instrucción –el fiscal que ha actuado en la investigación la ha calificado de "irracional" y considera que la causa solo está guiada por argumentos ad hominem, por ser Gómez la pareja del presidente– es que, a apenas dos meses de su jubilación, se sabe prácticamente impune. Por mucho que se haya dado prisa en actuar, el camino emprendido este lunes por el Consejo está, más que probablemente, llamado a la melancolía. Fuentes del órgano aseguran que la idea es que el promotor abra expediente con la información que se le ha suministrado, pero también podría archivarlo si considera que no se ha producido ninguna infracción. En ese caso, la comisión permanente, la misma que ha actuado este lunes, podrá obligarle a hacerlo.

Una vez superado este primer trámite, se inicia un proceso contradictorio en el que todas las partes pueden alegar lo que les convenga. Tras estudiar todas las versiones y las pruebas, el promotor debe hacer una propuesta de sanción o de archivo. Como la infracción apreciada es grave (sancionada con una multa de hasta 6.000 euros), la decisión sobre el castigo la adoptaría la comisión disciplinaria. Pero lo normal es que estos procesos se demoren de media unos seis meses, según fuentes del Consejo, por lo que Peinado se jubilaría antes de que el promotor redactara su propuesta. En caso de que llegara antes a la comisión disciplinaria, en ella tienen mayoría los vocales conservadores, con lo que más que probablemente se acordaría el archivo, en coherencia con el voto particular que aprobaron este lunes los vocales propuestos por el PP en la permanente, en la que se asegura que no existe falta disciplinaria porque se trata de una resolución judicial que solo sería revisable, vía recurso, ante los órganos superiores.

Algunas fuentes apuntan a que una hipotética apertura de expediente contra Peinado podría servir a la defensa de la esposa de Sánchez para recusar al juez. Pero desde el Consejo lo niegan, porque las víctimas de la hipotética falta disciplinaria del instructor son los policías que la protegen y sus superiores –de los que dice que podrían ayudarla a huir– no la propia Begoña Gómez. El hecho de que la instrucción respecto a ella ya esté terminada hace que intentar apartarlo carezca de apenas sentido en este momento procesal. Un magistrado penalista con muchos años de experiencia recuerda, además, que el propio Peinado podría no admitir a trámite una recusación contra él y no elevarla a la Audiencia Provincial, que es quien debería decidir sobre ella. "Si ha podido retirar el pasaporte a la mujer del presidente puede no admitir la recusación sin ninguna consecuencia", asegura. "El tiempo juega a su favor".

La defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares impuestas por Peinado –retirada del pasaporte y comparecencias quincenales– una petición que, dado lo extravagante de la resolución del instructor, tiene muchas posibilidades de prosperar, según las fuentes consultadas. La sección 23 de la Audiencia de Madrid también tiene sobre su mesa los recursos presentados contra la transformación de las diligencias a procedimiento del jurado. Uno de los recursos, el del fiscal del caso, José Manuel San Baldomero, apunta uno por uno a todos y cada uno de los excesos de Peinado. Desde la toma de declaración a Sánchez en Moncloa, hasta la de Bolaños, el intento fallido de que el Supremo investigara a este último o la práctica de citar testigos para, tras prestar declaración con obligación de decir la verdad, imputarlos (situación que da derecho a guardar silencio, no contestar e incluso mentir). "La mera relación conyugal de Begoña Gómez", relata el Ministerio Público, "no puede operar como una presunción que se traduzca en el prevalimiento e influencia, con relevancia penal, en toda su actividad".

Los recursos pendientes de resolución todavía pueden tumbar la tan cuestionada instrucción de Peinado y su exótica decisión de que sea un tribunal formado por ciudadanos, y no uno de tres jueces profesionales, el que celebre la vista en caso de que así lo decida la Audiencia Provincial. En ese caso, la causa volvería al polémico juez, que tendría que tomar las medidas que le reclamara el tribunal superior.

Lo que parece claro es que los excesos temerarios del juez 41 de Madrid han terminado por soliviantar a parte de la judicatura y al propio Consejo. Perelló, su presidenta, tradicionalmente muy corporativa y cuestionada por adherirse a las tesis de los vocales conservadores, es quien ha tomado la iniciativa para intentar frenarlo cuanto antes y que no cunda el ejemplo. No solo ha decidido abordar el asunto de manera inmediata, solo dos días después de la resolución. También ha sacado adelante personalmente la resolución de impulsar el expediente este miércoles con su voto de calidad en la comisión permanente.

Una mayoría de españoles cree que los juzgados y tribunales no son independientes o no lo suficiente. Y apuntan a la política y la economía como motivos de esa falta de imparcialidad. Así lo recoge la edición de 2026 del cuadro de indicadores de la justicia de la UE que cada año elabora la Comisión Europea. España mejora ligeramente respecto a informes anteriores, pero sigue quedando muy lejos de las grandes economías de la UE, como Alemania, Francia o Italia. De los Veintisiete, se sitúa en el puesto 22 dejando únicamente por detrás a Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. ¿La razón? La supuesta influencia del Gobierno y los partidos en los jueces. También la de las grandes empresas y poderes económicos. 

Frente a un 40% de españoles que considera “buena” o “muy buena” la independencia judicial, un 45% tiene una percepción negativa y la ve “mala” o “muy mala”. Entre los ciudadanos, la visión positiva gana apenas un par de puntos respecto al año anterior. Sin embargo, en la percepción de las empresas, la confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza, aunque en comparación con el mismo indicador en el resto de países, España no abandona los últimos puestos de la UE. El crecimiento en 2026 respecto a 2025 de las compañías con una visión positiva de la independencia judicial española es del 5%, lo que nos deja en el puesto 19 del ranking, también lejos de nuestros principales países de referencia.

La percepción subjetiva sobre la independencia de los jueces contrasta con el gasto público dedicado a este servicio. España está a la cabeza en inversión en justicia y es uno de los Estados con mejor nota en aplicación de las nuevas tecnologías al sistema judicial. Se sitúa en el puesto nueve entre los que más invierte en justicia respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), posición en que, entre los grandes países europeos, solo es superada por Alemania. Italia, Francia o Países Bajos se quedan detrás. Si el gasto se mide por habitante, en lugar de compararlo con el tamaño de la economía, España se sitúa en una posición intermedia dentro de la UE, aunque en niveles similares a los de Italia o Francia.

Que la mayoría de esa inversión ha ido a mejoras tecnológicas para la administración de justicia lo demuestra el hecho de que, en todos los indicadores relacionados con la tecnología, España se sitúe a la cabeza de Europa. Sus calificaciones están entre las mejores en acceso a la información judicial a través de internet, la digitalización de juzgados y tribunales, el uso de la inteligencia artificial, las videoconferencias, el teletrabajo… También en la digitalización de los expedientes o la puesta a disposición de medios y aplicaciones para que ciudadanos y profesionales puedan actuar con los órganos judiciales.

Pese a que los medios materiales y tecnológicos sean buenos, España sigue estando por debajo de la media en número de jueces por cada 100.000 habitantes y solo tiene por detrás a Malta, Dinamarca e Irlanda. El dato será previsiblemente mejor en su edición del año próximo debido a que el Gobierno ha anunciado para este año la creación de 500 nuevas plazas judiciales. Este lunes, el BOE ha publicado una macroconvocatoria para cubrir 700 plaza de jueces y fiscales: 375 plazas de jueces por oposición, 125 de magistrados por el denominado cuarto turno —para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional— y 200 más para fiscales. Con todo ello, según el Ejecutivo, España alcanzará la media europea en este indicador.

La inversión –la general y la tecnológica– tampoco se refleja en el sempiterno atasco judicial español. El informe coloca otra vez a España en los últimos puestos respecto del tiempo que los tribunales necesitan para resolver los asuntos, los casos pendientes y en la tasa de resolución (en la que estamos terceros por la cola). Sin embargo, sí sale bien parada en el acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la negociación o el arbitraje. Desde principios de enero de 2025, cuando entró en vigor la ley de eficiencia impulsada por el Gobierno, recurrir a estos métodos antes de presentar la demanda, es obligatorio en los procesos civiles. 

Por último, y en coincidencia con otros organismos como el Consejo de Europa o la OCDE que cada año evalúan la calidad de la democracia española, el informe de la Comisión coloca a España en el grupo de países de la UE que no tienen un registro de grupos de interés (lobby), en el que también están otras grandes economías como Dinamarca, Italia, Países Bajos o Suecia. En pleno estallido del caso Plus Ultra y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias entre otros delitos, la comisión advierte que hay que dotar de transparencia a esta actividad para que no se transforme en “una puerta hacia la corrupción”.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, se ha topado con el Tribunal Supremo en su intento de paralizar el proceso de selección del nuevo juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sustituirá el próximo marzo a la conservadora María Elósegui, propuesta en su día junto a otros tres candidatos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras comprobar que no tenía opciones de ser seleccionado en la terna de candidatos, Preciado denunció el proceso por la supuesta influencia del Gobierno, o de cargos y juristas afines a él, en la Audiencia Nacional. Después de que el Consejo de Ministros aprobara la terna de candidatos, recurrió al Alto Tribunal reclamando otra vez que paralizara el proceso, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo lo ha rechazado.

Preciado denunció el pasado abril que el Gobierno –formado por los partidos que lo eligieron como miembro del Consejo– pretendería controlar la elección del próximo juez español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales. Lo hizo tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado impugnó el proceso ante la Audiencia Nacional y solicitó, sin éxito, su paralización. Sin embargo, su recurso extendió una sombra de sospecha sobre todo el proceso que afectará, posiblemente, al debate que el Consejo de Europa mantenga sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

El vocal progresista –considerado díscolo entre sus compañeros de esa sensibilidad– aseguró, tras saber que no estaba entre los elegidos, que la comisión que debía seleccionar a los tres candidatos que el Consejo de Ministros tenía que mandar a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el nuevo miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia, a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso era la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso que acaba de terminar lo fue la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Pese al recurso de Preciado, el proceso de selección siguió adelante y, el pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la terna propuesta por esa comisión de selección. Los elegidos fueron el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València Luis Jimena Quesada; la catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga Ana Salinas de Frías, y el profesor de Derecho Administrativo y especialista en Derecho Europeo de la Complutense Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero. Sus currículos pasarán ahora al panel consultivo de expertos del Consejo de Europa que evaluará sus méritos y capacidades antes de que la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional decida.

Tras conocerse la terna de candidatos, Preciado volvió a recurrir el proceso. Esta vez llevó al Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros que la designó para que se anulara. Y solicitó otra vez que se paralizara el proceso, esta vez al Supremo. Los magistrados de lo Contencioso, sin embargo también lo han rechazado. En primer lugar, porque lo que exige el interés general es, precisamente, que no se suspenda la decisión del Consejo de Ministros "porque forma parte del procedimiento establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos" para la formación del TEDH. Ese interés general, sostiene la Sala, es "que el Convenio se cumpla y que el tribunal esté constituido por todos sus miembros, en pleno ejercicio de sus funciones". "La relevancia de su función y la posición institucional que de ella deriva requiere el máximo respeto a los procedimientos y a los plazos", añade la resolución.

Preciado justificaba su petición porque, de no paralizarse el proceso, como reclamaba, el Consejo de Europa podría elegir a uno de los candidatos de la terna, lo que provocaría que una eventual sentencia del Supremo que le diera la razón no pudiera ejecutarse, dejando sin contenido su recurso. El Supremo, sin embargo, recuerda que aún queda "un largo procedimiento" en el Consejo de Europa "hasta el nombramiento final". Y que durante ese proceso, el organismo europeo analizará "las condiciones de idoneidad de los candidatos" y "los estándares de independencia e imparcialidad con que hayan sido seleccionados". La Sala recuerda que esa organización internacional ya ha rechazado a algunos candidatos –y cita su procedencia, Polonia y Albania– por no reunir esos estándares.

La resolución recuerda, además, que el mandato de la actual juez española del Tribunal de Estrasburgo no termina hasta el próximo 14 de marzo de 2027, por lo que el tribunal "dispone de un margen de tiempo suficiente para abordar el enjuiciamiento de fondo de este recurso antes de que se haga efectiva aquella renovación". Es decir, que los magistrados tienen todavía ocho meses para dictar sentencia sobre el caso. El auto, sin embargo, sí accede a otra petición de Preciado y ordena al Ministerio de Presidencia y Justicia "que ponga en conocimiento del Consejo de Europa la existencia del presente recurso contencioso-administrativo" y que envíe al organismo europeo el auto que rechaza parar el proceso indicando que está "pendiente de sentencia".

El auto cuenta con un voto particular de tres magistrados que consideran que el acuerdo del Ejecutivo que seleccionó la terna de candidatos sí debía suspenderse. Además de Preciado, también ha recurrido el proceso el actual secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera Navas, que también optaba al puesto pero tampoco superó la primera criba de la selección. Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en los procedimientos de selección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, al elevar esa sospecha hasta el proceso de elección del representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No anularía el caso, porque antes de su llegada a la investigación, ya había indicios que señalaban directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes, exmáximo accionista de Plus Ultra, realizado por el Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 y entregado por esa agencia de EEUU a la UDEF cinco años después (el pasado 18 de marzo) fuera considerado una prueba ilícita, sí podría sacudir el procedimiento obligando al instructor del caso, José Luis Calama, a eliminar del procedimiento todas las averiguaciones posteriores relacionadas con ella. El abogado del expresidente, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, lo sabe y ha reclamado al juez que pida a Washington datos sobre las circunstancias de ese clonado, si se hizo en el marco de un procedimiento abierto en EEUU contra Reyes y si se respetó la cadena de custodia. Pero este jueves, Calama ha aparcado esa ampliación de información hasta que reciba respuesta del Gobierno estadounidense sobre su posibilidad de utilizarlo en el proceso.

El instructor se refirió a ese informe concreto del HSI sobre el teléfono de Reyes en el extenso auto con el que imputó a Zapatero el pasado 18 de mayo. Antes de tomarle declaración este miércoles, el 5 de junio reclamó a Washington mediante otra resolución "la autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español de la extracción telefónica del dispositivo móvil". Lo que quiere el instructor es "autorización expresa para la utilización en el proceso penal español como medio de prueba" –es decir, también en un hipotético juicio oral– y no solo de investigación, como había hecho hasta ese momento tanto la Policía, como la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez de instrucción 4 de la Audiencia Nacional. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", afirmaba el instructor. Y apuntaba a los tratados bilaterales, las solicitudes de asistencia judicial o los canales policiales institucionalizados como vías para conseguir esa eficacia.

El auto de Calama, además, daba algunos datos sobre cómo se obtuvo el clonado del móvil de Reyes, información que, sin embargo, Zapatero consideró insuficiente. El instructor explicó que se obtuvo en el marco de "una investigación trasnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones". Esa investigación se desarrollaba "en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa [Florida], Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos".

Una de las líneas de esas pesquisas, según explica Calama en su auto, apuntaba a Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, "por blanqueo y evasión de sanciones" que realizaba a través de la aerolínea rescatada en marzo de 2021 con 53 millones de euros, y otras compañías como Capital Bank, la sociedad de valores Panacorp y Dinosaur Bank. El juez también aporta la información de que la copia del teléfono de Reyes se obtuvo "inicialmente orientada al contrabando", aunque luego "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales", según la resolución que solicita la cooperación judicial de Washington. Por último, el instructor confirma que el informe sobre ese dispositivo se facilitó a la UDEF el pasado 18 de marzo. El número de referencia del documento aparece señalado en tres ocasiones en el auto. Sin embargo, tal y como asegura la defensa de Zapatero, el informe estadounidense, pese a la importancia que le da el juez, no se encuentra entre los documentos del sumario facilitados a las partes.

Para clonar un teléfono en España y en general en todos los países de la UE, es necesario que se haga con autorización judicial. En caso contrario, el material obtenido sería una prueba ilícita obtenida mediante la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. También es necesario conocer de manera precisa cómo ha llegado ese material al proceso, para excluir cualquier riesgo de manipulación que pudiera afectar al derecho de defensa de los investigados. Por eso, Zapatero pidió al juez, cinco días después de que este reclamara autorización para usar esos mensajes de Reyes en el proceso, que ampliara su auto pidiendo más información. En concreto, quiere conocer la resolución judicial o administrativa que permitió copiar el teléfono, el proceso concreto abierto contra Reyes en EEUU, los informes del HSI sobre el clonado, cómo se hizo, con qué software y si fue total o parcial, que se verifique que esa información no ha sido manipulada, cómo se ha preservado desde que se obtuvo en 2021 y la cadena de custodia.

El Gobierno de EEUU ha autorizado algunas prácticas de investigación sobre comunicaciones que en España serían radicalmente ilegales. La Patriot Act, aprobada durante el mandato del republicano George W. Bush, por ejemplo, permitió a la Agencia de Seguridad Nacional de ese país almacenar los datos de las llamadas de millones de ciudadanos. La ley, además, daba en la práctica un cheque en blanco a agencias como el FBI para hacer intervenciones telefónicas y restringía los derechos de los ciudadanos extranjeros en territorio de EEUU. Los agentes de aduanas de ese país, además, están autorizados a clonar cualquier dispositivo electrónico en las zonas fronterizas sin necesidad de obtener previamente autorización judicial. En España ha habido procesos basados en intervenciones de comunicaciones ejecutadas por Washington en los que esas pruebas han sido anuladas. Algunas relacionadas con el terrorismo islamista, como la Operación Tigris.

El escrito del defensor de Zapatero reclamando más información sobre la obtención de la prueba por el HSI parece indicar ese camino, el de buscar la nulidad de la prueba. Calama no ha rechazado su petición directamente sino que simplemente ha respondido que ahora no es el momento adecuado. Antes, quiere conocer la información que Washington le pueda facilitar con la solicitud de cooperación que le envió el 5 de junio. "Mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente", afirma el juez en su resolución de este jueves.

En cualquier caso, la hipotética anulación de esa prueba, casi con total probabilidad, no sacaría a Zapatero de la causa ni provocaría la caída de toda la investigación. Antes de su entrega por el HSI estadounidense a la UDEF el 18 de marzo, la anterior instructora del caso, Esperanza Collazos, ya apuntaba al exjefe del Ejecutivo. En su auto de inhibición a favor de la Audiencia Nacional del 23 de febrero relataba que las conversaciones intervenidas en España al abogado y presunto facilitador de la trama en Madrid, Miguel Palomero, y los pagos de Análisis Relevante, la consultora de su amigo, al expresidente y a la empresa de sus hijas analizados por la Agencia Tributaria, ya indicaban su implicación. Un informe de la UDEF redactado más de un mes antes de acceder al material de EEUU aseguraba que había "indicios suficientes para concluir [...] que no sería Julio Martínez Martínez [su amigo] el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería a José Luis Rodríguez Zapatero".

La esperanza que varios dirigentes del PSOE habían expresado en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero diera explicaciones convincentes al juez de la Audiencia Nacional no ha servido para convencerlo. Las tres horas que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el instructor del caso, José Luis Calama, no lograron "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación", según explicó el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto por el que rechazó las medidas cautelares que se solicitaban. La resolución detalla esquemáticamente cuáles son los indicios contra el que fuera líder del PSOE a los que el instructor da mayor credibilidad y que Calama destaca en su resolución.

Fuentes del entorno de Zapatero aseguran que el interrogatorio ha sido "exhaustivo y reiterativo", pero que Calama ha dejado al expresidente explicarse en sus respuestas aunque ha refutado algunas de ellas. Se ha tratado, según esas mismas fuentes, de un un interrogatorio "formalmente correcto". El entorno del expresidente asegura que las preguntas estuvieron más centradas en "la naturaleza de sus trabajos de consultoría" realizados para Análisis Relevante, la empresa de su compañero de carreras Julio Martínez Martínez. Las contestaciones de Zapatero fueron, aseguran, "mucho más contundentes" en lo relativo a su supuesta participación en el rescate de Plus Ultra.

Sin embargo, el juez no consideró convincente su relato. Estos son los hitos de las pesquisas que, después de escuchar al exjefe del Ejecutivo, el instructor considera inalterados.

En esa fecha, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), autorizados por la anterior instructora del caso, la juez 15 del Tribunal de Madrid Esperanza Collazos, detuvieron al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a su consejero delegado, Roberto Roselli, al abogado Miguel Palomero (presunto conseguidor de la trama de blanqueo investigada en España) y al compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. También se registró la sede de Plus Ultra y los domicilios de los arrestados. En el auto por el que Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, la jueza citaba conversaciones encontradas en el teléfono de Palomero con el empresario venezolano Danilo Diazgranados en el que aparecían referencias a "Z", "ZZZZ" o "Zorro" que los investigadores habían atribuido a Zapatero.

En las conversaciones intervenidas a Palomero, cuyo domicilio pidió registrar la fiscalía francesa, también aparecen intercambios verbales con Rodolfo Reyes –el antiguo máximo accionista de Plus Ultra ahora en paradero desconocido–, Julio Martínez Martínez y el empresario peruano Felipe Baca, entre otros. En el ordenador intervenido a Roselli se encontró una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, "siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero". En las conversaciones entre el expresidente de la compañía, Martínez Sola, y Manuel Fajardo, el supuesto hombre de la trama de influencias del expresidente en Venezuela, este aparece supuestamente denominado como "el amigo". Lo que hasta el momento no ha aparecido es una orden directa que permita acreditar que Zapatero era el líder de la organización, como sostienen Calama y la UDEF.

El pasado 21 de noviembre, la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria elaboró un informe sobre los ingresos y gastos de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez. Esa unidad fue la que descubrió que Plus Ultra y otras empresas supuestamente dedicadas a canalizar peticiones a la red de influencia cuyo liderazgo el juez atribuye a Zapatero –Softgestor, Inteligencia Prospectiva o Grupo Aldesa– se encontraban entre los principales clientes de la sociedad de Martínez Martínez. A su vez el documento de Hacienda mostró que los principales pagos de esa consultora iban dirigidos al expresidente y a WhaTheFav, la empresa de sus hijas. Esa operativa se repitió en los ejercicios de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

"Los pagos realizados desde la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA, Inteligencia Prospectiva SL y Grupo Aldesa SA, que tienen como destino la sociedad Análisis Relevante SL en los ejercicios 2023 y 2024 representarían los ingresos relevantes que en su práctica totalidad tienen como destino la mercantil Whathefav SL y a José Luis Rodríguez Zapatero", aseguraban los agentes de la UDEF en otro de sus informes del pasado 3 de febrero. En los registros también se intervino un contrato de asesoramiento firmado por otra de las empresas del amigo de Zapatero –Idella Consulenza Strategica SL– con Plus Ultra.

La duración de ese contrato "consta determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea y en su caso hasta la formalización", dice el documento policial que subraya que el acuerdo estipula como remuneración "el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate". Según la policía, ese documento acreditaría la vinculación de Martínez Martínez, el compañero de deporte del expresidente, "con el rescate público de Plus Ultra".

En el auto por el que comunicó a Zapatero que estaba imputado, Calama recogió los nombres y la operativa de alguna de estas empresas. Una de ellas, Inteligencia Prospectiva, carecía de actividad real y solo servía para introducir en España fondos procedentes del extranjero. Esa sociedad, sin embargo, no solo efectuó pagos a Análisis Relevante, la consultora para la que trabajaba el expresidente, sino también directamente a la empresa de sus hijas. Inteligencia Prospectiva está administrada por los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, a los que supuestamente acudían clientes que buscaban la trama de altas influencias investigada para garantizarse cupos de petróleo venezolano, según la investigación.

Otra de esas empresas sería Softgestor, que también abona servicios supuestamente prestados a la consultora en la que trabajaba Zapatero. Sus principales clientes serían empresas radicadas en Estados Unidos con intereses en Venezuela, una de las áreas de influencia de la trama. El juez también se refiere al grupo Aldesa que supuestamente habría contratado con las empresas de Martínez Martínez en concepto de "búsqueda de oportunidades de negocio" a cambio de una comisión del 3% del importe de los contratos que se consiguieran. Una de esas oportunidades habría sido el polémico proyecto del megacasino y centro comercial Hard Rock proyectado en Tarragona. Sin embargo, la ONIF no ha encontrado ningún pago de Aldesa a Idella, la empresa de Martínez con la que firmó el acuerdo.

Calama resalta de nuevo el informe facilitado a la UDEF por el Homeland Security Investigations (HSI), el cuerpo de investigación del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Se trata de un informe sobre el clonado de un teléfono de Rodolfo Reyes, el antiguo máximo accionista de Plus Ultra que actualmente está en busca y captura, y en el que se encontró una de las frases que más ha trascendido del caso ("nuestro pana Zapatero, detrás"). El magistrado asegura ahora que fue facilitado por las "autoridades judiciales de EE UU". Según la investigación, el HSI entregó esa información a la UDEF y Calama todavía no ha recibido autorización de Washington para utilizarla en un hipotético juicio. Acaba de pedirlo mediante una comisión rogatoria.

Zapatero, por su parte, ha solicitado al instructor que requiera información a las autoridades estadounidenses para verificar si esa prueba se obtuvo en una investigación concreta y con autorización de un juez, como exigen las garantías penales en España cada vez que una diligencia judicial afecta a derechos fundamentales, como en este caso, que invade el secreto de las comunicaciones. La petición del expresidente indica que parte de su estrategia de defensa se basa en la anulación de esa prueba, lo que obligaría a hacer lo propio con todo lo destapado gracias a ella. Sin embargo, antes de que el HSI lo facilitara a la policía española –el pasado 18 de marzo– los agentes ya apuntaban al exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la trama de tráfico de influencias.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ya ha señalado cuál será una de las claves de su estrategia de defensa tras su declaración prevista para este miércoles. Combatir la legalidad del clonado del teléfono del exprincipal accionista de Plus Ultra, Ricardo Reyes, obtenido en 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y facilitado el pasado 18 de marzo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Sin embargo, ya antes de esa fecha, la investigación se dirigía contra el exjefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011. El análisis de los pagos de las empresas de su compañero de running Julio Martínez Martínez por parte de Hacienda y las conversaciones entre el abogado de la trama Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados permitieron a la anterior instructora del caso, la jueza del tribunal 15 de Instrucción de Madrid, Esperanza Collazos, señalarlo como investigado.

Así se recoge en el auto por el que la jueza Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero, semanas antes de que la prueba procedente de las autoridades de Washington llegara a manos de los agentes, por considerar que los delitos investigados –en ese momento procesal los de cohecho, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y corrupción en los negocios– correspondían a ese tribunal al haberse cometido fuera del territorio nacional siendo de competencia de la justicia española. El auto de inhibición, tras una serie de trámites, hizo que la investigación se traspasara en exclusiva al actual instructor, el juez de Instrucción de la Audiencia, José Luis Calama, que este miércoles tomará declaración a Zapatero.

Uno de los principales indicios que los agentes, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama manejan contra el expresidente del Gobierno se obtuvo durante el registro practicado al abogado Miguel Palomero de Juan, en su domicilio cercano al Retiro, en Madrid. Palomero era el abogado que supuestamente se encargaba de abrir sociedades y gestionar el patrimonio en España de la trama de blanqueo investigada en el caso Plus Ultra, en el que lo relativo a Zapatero es solo una parte. Palomero mantenía conversaciones de WhatsApp con varios de los presuntos integrantes de esa organización, como el peruano Luis Felipe Baca, o el venezolano Danilo Díazgranados. En un chat con este último empresario denominado Danilo-España, ambos recogían algunas referencias a sus relaciones con "Zorro" o "Z" o "ZZZZ", según el informe policial que analizó los dispositivos de Palomero. La jueza Collazos ya recogía en su auto de inhibición que, según la investigación, detrás de esas denominaciones estaría Zapatero.

La anterior instructora también daba por seguro en esa resolución que el expresidente del Gobierno español habría auxiliado a Díazgranados en algunos de sus negocios a camino entre Madrid y Caracas. "Consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela", escribió Collazos el pasado 23 de febrero, antes de que llegara a las autoridades españolas la prueba estadounidense cuya validez Zapatero está ya combatiendo en la Audiencia Nacional. La jueza de Instrucción 15 del Tribunal de Madrid subraya que su auxilio en esas gestiones comerciales, constituiría "un delito de corrupción en los negocios".

Antes de que los datos del teléfono de Ricardo Reyes, clonados por el Homeland Security Investigations (HSI) llegaran a la UDEF, la Policía y la Agencia Tributaria ya habían analizado los flujos de dinero de Plus Ultra y otras empresas sospechosas de pagar al expresidente socialista para valerse de su influencia en España y en la Venezuela de Maduro, como Softgestor –que prestaba servicios a sociedades de EE UU con vínculos en Venezuela– o Inteligencia Prospectiva, sin sede ni actividad y que, supuestamente, sería una tapadera para que determinadas empresas (entre ellas algunas chinas) reclamaran gestiones a Zapatero gracias a su acceso al Gobierno de Caracas para garantizarse cupos de petróleo. Collazos ya apuntaba a que las entregas de esas sociedades opacas a otras de su compañero deportivo, Julio Martínez Martínez, entre ellas la consultora Análisis Relevante, solo tenían por objeto pagar la privilegiada intermediación del expresidente español.

Tras la detención de Martínez Martínez y varios directivos de Plus Ultra el pasado diciembre, el informe con el primer análisis de lo incautado en los registros por la UDEF, ya lo pone como presunto líder de la trama, desplazando de ese puesto a su amigo Martínez Martínez. "Con la información disponible, los investigadores consideran acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero habría percibido entre 2020 y 2025, al menos 490.780 euros de Análisis Relevante", relata ese informe policial del pasado 3 de febrero, más de un mes antes de que llegara la prueba de la agencia estadounidense HSI. "En paralelo, la sociedad de la que son administradoras solidarias las hijas de Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la mercantil Whathefav, habría percibido al menos otros 236.125 euros en el mismo periodo de Análisis Relevante, así como al menos otros 20.993,50 euros en el año 2020 de Agropecuaria Lucena, otra sociedad cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez", el compañero de carreras del expresidente.

"Se carece de facturación en relación con los pagos anteriores, que permitirían conocer la justificación dada a dichas operaciones, salvo en lo que respecta a cuatro facturas expedidas por Whathefav a Análisis Relevante en 2020, cuyo concepto solo indica 'servicios agencia", continúan los agentes que, a continuación, exponen su conclusión. "Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero". Por último, el documento policial señala: "Julio Martínez Martínez [...] actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas".

Una vez más, Juan Carlos Peinado juega con los tiempos para fijar de nuevo todos los focos sobre él. A la misma hora que el árbitro pitaba en Atlanta (EEUU) el inicio del primer partido de la selección española de fútbol en el Mundial, Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés estaban citados en el Tribunal de Instancia de Madrid para la audiencia previa al juicio con jurado que el instructor ha diseñado para ellos. Pero, en realidad, la última palabra en esta investigación penal que el fiscal del caso ha calificado directamente de "irracional" la tiene la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir sobre el procesamiento de todos ellos. La cita del juez venía, esta vez, con amenaza: mandar a la Policía a buscar a los procesados si solo se presentaban sus abogados. Además, advirtió de que podría tomar alguna medida cautelar en una causa en la que el fiscal no acusa.

Se trata del último gesto histriónico del instructor. El anterior fue asegurar en el auto equivalente al procesamiento de todos ellos que en La Moncloa no se había visto un caso de corrupción similar "desde el reinado de Fernando VII". "Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado", se atrevió a escribir. Peinado, que está a punto de jubilarse, sabe que ya no hay tiempo para que el Consejo General del Poder Judicial pueda actuar contra él por la vía disciplinaria.

Los clímax anteriores de su causa fueron su insólita toma de declaración como testigo al presidente del Gobierno –rechazando que pudiera hacerlo por escrito– para que hiciera lo que era su derecho, negarse a declarar contra su esposa, pero someterlo a la pena del telediario. O la petición de una tarima para estar en una posición más alta que la del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al que también interrogó en su despacho oficial. Después quiso quiso que el Supremo lo juzgara, pero sus magistrados desautorizaron radicalmente sus intenciones: "No existe ni un solo indicio".

El relato más detallado de la excentricidad de esta instrucción de dos años iniciada con una denuncia hecha de recortes de periódico del pseudosindicato ultra Manos Limpias lo elaboró el fiscal José Manuel San Baldomero en su último recurso ante la Audiencia, el que impugnaba el auto que ponía fin a la investigación. "Esta resolución de 11 de abril", afirmaba el fiscal de delitos económicos, "es el resultado de la instrucción" en la que "a la vista de las resoluciones judiciales [...] no hemos entendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias", proseguía.

El representante del Ministerio Público advirtió en su escrito de que el juez cambia los hechos, los argumentos e incluso las referencias a sentencias del Supremo para justificar los delitos que aprecia. "Fruto de las alegaciones sobre insuficiencias o carencias de ciertos elementos o requisitos del tipo [el delito], se acude a nuevas reformulaciones de la secuencia de hechos y de las imputaciones realizadas", señala San Baldomero. Y el juez Peinado lo hace "siempre en pro de la continuación de la causa, sea por un título de imputación [por un delito] o sea por otro".

San Baldomero acusaba a Peinado en su recurso de actuar, durante todo el caso, con un objetivo extraprocesal: el de causar daño a un imputado. Porque el auto recurrido, según sostenía el escrito, contiene "constantes y retiradas referencias a la fase procesal en que nos encontramos", es decir, la instrucción, donde no se necesita acreditar pruebas sino que basta con exponer indicios. "Para tratar de solventar los problemas derivados de la ausencia de indicios mínimos y apuntando que son al menos bastantes para continuar el procedimiento", Peinado está "asumiendo implícitamente que no bastarían para una eventual condena, pero sí para continuar la causa, con la consiguiente pena de banquillo para los afectados", prosigue.

Al auto de transformación de la causa en un procedimiento del tribunal del jurado redactado por el juez de instrucción 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, el representante del Ministerio Público lo calificaba de "irracional" porque mezclaba los elementos de los distintos delitos que imputaba a los procesados e introducía de nuevo aspectos que Peinado tuvo que sacar de su investigación, como los contratos de Red.es adjudicados a Barrabés que investiga la Fiscalía Europea al ser financiados con fondos de la UE, investigación en la que Begoña Gómez no fue llamada a declarar como imputada el pasado marzo, sino en calidad de testigo.

Además de las tomas de declaración a Sánchez y Bolaños –"tan aparatosas en su realización como parcas y escasas en su motivación e ineficaces a los fines pretendidos"– el fiscal del caso citaba otras actuaciones excéntricas del juez. "Personas traídas como testigos y obligadas a declarar bajo juramento que pasaban a ser investigadas sin solución de continuidad", "un sinfín de testigos, imputaciones sin justificación y posteriormente dejadas sin efecto y cuyos testimonios se utilizaban en la propia imputación". 

También le dedicaba espacio a la "exposición razonada fallida" contra el ministro que el Tribunal Supremo descartó de plano al no encontrar "el más mínimo respaldo indiciario". "Entradas y registros sin justificación, posteriormente anuladas [como la de Barrabés]; meses sin resolver recursos a la par que se acordaban diligencias, algunas posteriormente anuladas; insistencia, persistencia en investigaciones sobre extremos rechazados...", relata. "Y pese a todo, creemos que no se ha hallado lo que se buscaba".

"Hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de tratar de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás, de la inexistencia de los mismos", según San Baldomero, que acusaba a Peinado de presumir cualquier actividad de la esposa de Sánchez "como irregular, corrupta y delictiva, forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara" y convirtiendo cualquier conexión con otras personas en "una suerte de contaminación que extendiera dicho carácter delictivo". "La mera relación conyugal de Begoña Gómez" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede operar como una presunción que se traduzca en el prevalimiento e influencia, con relevancia penal, en toda su actividad", advertía San Baldemero que, en definitiva, veía en la causa de Peinado nada menos que un proceso ad hominem.

José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional como supuesto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, entre otros delitos, ha pedido al instructor del caso, José Luis Calama, que reclame a Estados Unidos información sobre las condiciones en las que el Homeland Security Investigations (HSI), cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, obtuvo una prueba crucial en su caso. Se trata de la copia que esa agencia estadounidense obtuvo en 2021 del móvil de Rodolfo Reyes, el ex máximo accionista de Plus Ultra, en el que aparece el nombre del expresidente del Gobierno español en numerosas ocasiones señalándolo como una persona clave –"Nuestro pana Zapatero"– para que la aerolínea obtuviera el rescate de 53 millones de euros que finalmente le fue concedido por el Gobierno español.

El escrito del expresidente reclamando al juez que pida a Washington más información sobre esa prueba, apunta a que busca su nulidad, lo que haría caer como un castillo de naipes una parte importante de la investigación. HSI colabora estrechamente tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Su información, debidamente judicializada en España y utilizada con todas las garantías del proceso penal, ha servido para desarticular redes de narcotraficantes, o para detener a pederastas que distribuían pornografía infantil por internet. El HSI, que depende del ICE –desgraciadamente célebre por sus redadas contra migrantes alentadas por el Gobierno de Donald Trump– también ha colaborado en la investigación de otros graves delitos como la falsificación de moneda e incluso agresiones sexuales.

Pero, que su colaboración sea determinante en muchas ocasiones en el esclarecimiento de delitos transnacionales, no impide que, a menudo, sus actuaciones se cuestionen en los tribunales, como se intuye que el expresidente español imputado hará próximamente. En al menos dos casos, la anulación de las pruebas proporcionadas por la agencia de EEUU por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y garantías del proceso han acabado con la absolución de los acusados, según el repertorio de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj).

Así ocurrió, por ejemplo el 5 de noviembre de 2018, cuando la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a dos personas acusadas, con informaciones que nacieron del HSI, de formar parte de una organización internacional de narcotraficantes que estarían operando en Sudamérica y Europa dedicada a la introducción en España de importantes cantidades de cocaína. Su modus operandi consistiría en ocultar varios kilos en maletas y enviarlas a través de compañías aéreas con el objeto de que fueran recogidas en el aeropuerto, por lo que la banda estaba realizando intensas gestiones para localizar a una persona que tuviera acceso a las maletas en España. Los americanos reclamaron a la UCO de la Guardia Civil que utilizara un agente encubierto para infiltrarse en ella. Dos semanas después apareció una maleta sin identificar con 28 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Barajas. El caso terminó archivado por las sospechas del tribunal de que pudiera tratarse de un delito provocado, algo que está prohibido en España.

El 28 de marzo fue la sección 15 de esa misma Audiencia provincial la que archivó otro caso iniciado por una comunicación del HSI, esta vez con la Agencia de Vigilancia Aduanera. Sus agentes advirtieron de que habían detectado en el aeropuerto de Miami un paquete procedente de Haití con 1.600 gramos de cocaína en su interior, por lo que solicitaban una entrega controlada para cazar a su receptor, un haitiano residente en Madrid. Aduanas informó a la Fiscalía de Madrid, que autorizó la operación, y, tras llegar el paquete a Barajas, uno de sus agentes, disfrazado de repartidor, detuvo al destinatario en su domicilio de la capital después de que firmara haciéndose cargo del paquete, que contenía una bolsa de palos de golf. El tribunal anuló la prueba y absolvió al acusado al no quedar acreditada la cadena de custodia de la prueba desde EEUU. En el interior había una cantidad de droga muy superior a la indicada por el HSI.

Fuentes de la Audiencia Nacional, el tribunal que más en contacto está con esta agencia, aseguran que la información que sus agentes suelen facilitar a sus colegas de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad españolas suele ser muy parca. Y que normalmente rechazan facilitar datos sobre las investigaciones en las que intervienen para no revelar la identidad de sus agentes o confidentes. En el caso de Zapatero, las dudas que se plantean y que su letrado quiere conocer son, en primer lugar, si el teléfono de Rodolfo Reyes que apunta al expresidente se clonó con todas las garantías del proceso penal español y, especialmente, con la autorización judicial que se exige en España para hacerlo. Pero también el hecho de que HSI tardara cinco años en entregar esa prueba a la policía española (se la facilitó el pasado 18 de marzo) ¿Por qué no lo hizo cuando la obtuvo?

Se trata de una iniciativa importante por su carácter casi constitucional, pero nace condenada al fracaso. El grupo parlamentario del PP en el Senado, donde la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta, ha presentado una proposición de ley orgánica de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El nuevo método plantea el mantra de siempre de la derecha judicial: que sean los jueces sin intervención del Parlamento, los que elijan a los 12 miembros del órgano que deben proceder de la carrera judicial. Casi con total seguridad, la propuesta no verá la luz. En primer lugar, porque el PP carece de mayoría suficiente en el Congreso para sacarla adelante. Pero también porque la propia dirección del partido está pidiendo a gritos la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, algo que, con seguridad, se producirá el año que viene, lo que mandará de manera inmediata la iniciativa al cajón.

La propuesta de reforma, cuya toma en consideración ha sido aprobada este miércoles en el Pleno del Senado, se basa en la disposición adicional de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acompañó a la última renovación del CGPJ pactada por el Gobierno y el PP a finales de junio de 2024. Esa disposición obligaba al órgano de gobierno de los jueces en su nueva composición a aprobar por mayoría de tres quintos de los vocales un informe que analizara los sistemas europeos de elección de miembros de consejos análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 consejeros que deben ser jueces de carrera "que garantice su independencia" y "pueda ser evaluado positivamente" por la Comisión Europea y en la que se establezca "un CGPJ acorde con los mejores estándares europeos". Ese informe y esa propuesta debían estar listas a los seis meses de la entrada en vigor de la norma, publicada en el BOE el 2 de agosto de 2024.

El Consejo cumplió con ese plazo y el 5 de febrero de 2025 aprobó un informe que, ante la falta de acuerdo de los vocales, iba acompañado de dos propuestas. Mientras que la de los progresistas reclamaba que la elección de esos 12 vocales judiciales siguiera siendo parlamentaria de entre una lista de candidatos previamente votada previamente por la judicatura, la de los conservadores la dejaba su renovación en manos de los propios jueces y magistrados eliminando la intervención de las Cámaras. El acuerdo, una vez votado, se envió como obligaba la disposición adicional de la ley, al Gobierno y a las Cortes.

Han pasado 15 meses desde entonces sin que el PP haya propuesto nada. Es ahora, cuando el principal partido de la oposición pide cada día elecciones anticipadas y sondea la posibilidad de buscar socios –sin éxito– para presentar una moción de censura a Pedro Sánchez, ahora que la legislatura está ya cerca de su fin, cuando se saca de la manga su propuesta. Desde el partido reconocen que no tienen los números en el Congreso no les salen, pero señalan que lo que buscan presentándola es "marcar posición" y "que quede clara su postura". Al mismo tiempo, fuentes de la formación conservadora admiten que "no saben" si volverán a traer su propuesta la próxima legislatura y que dependerá de las mayorías de la Cámara. "No nos podemos comprometer a algo sin saber qué pasará", resumen en el equipo de Alberto Núñez Feijóo.

Al contrario que el PP, el PSOE y el resto de la izquierda defiende el sistema parlamentario de renovación propuesto en febrero de 2025 por los vocales progresistas. Se trata del método elección actual y vigente, con algunos cambios introducidos por los distintos gobiernos, desde 1985. Tras su aprobación, el PP ha gozado de mayoría absoluta en dos legislaturas y, sin embargo, se ha negado a cambiarlo. Durante el primer mandato de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ante los medios que fuera la judicatura la que eligiera, pero el Gobierno terminó por aprobar una reforma que mantenía la renovación parlamentaria de los 20 miembros del Consejo.

El primer CGPJ de la democracia, elegido en 1980, se nombró por el sistema que ahora dice defender el PP pero que no ha puesto en marcha cuando ha podido: los 12 vocales judiciales fueron elegidos directamente por sus compañeros. El resultado fue un órgano de gobierno de los jueces en el que todos esos consejeros pertenecían a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que consiguió el control del órgano y arrinconó a los progresistas, lo que provocó que el Gobierno de Felipe González lo cambiara. 46 años después, la derecha es todavía más mayoritaria entre la judicatura –como se demuestra en las elecciones a salas de gobierno y en las renovaciones de la comisión de ética, donde todos votan– por lo que abrazar el sistema que propone el PP supondría entregarle la institución.

La proposición de ley orgánica del PP presenta el cambio de sistema como algo obligado por los sucesivos informes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, que recomiendan que, en caso de que exista un consejo de la magistratura al estilo del CGPJ español, sean los jueces los que elijan a la mayoría de los vocales. Desde el Gobierno y el resto de la izquierda política y judicial, sin embargo, se recuerda que lo que dicen esos organismos fiscalizadores son únicamente recomendaciones. Recuerdan que varios países europeos carecen de Consejo y sus sistemas democráticos no se ponen en duda. Además, señalan que ni el Tribunal de Justicia de la UE ni el de Estrasburgo han cuestionado en ninguna de sus sentencias el sistema parlamentario actual que permite que en el órgano estén presentes las ideologías mayoritarias de la mayoría de los españoles.