Dos jueces distintos –el número 9 de instrucción del Tribunal de Madrid, Arturo Zamarriego, y el número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz– han investigado a la vez durante varios meses la trama presuntamente urdida por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y cuya principal actora era la exmilitante Leire Díez auxiliada por el empresario Javier Pérez Dolset, para tratar de hundir las investigaciones policiales y judiciales que pudieran afectar al PSOE y al Gobierno. Una vez que se levante el secreto de sumario, lo más probable es que la causa acabe en manos de Pedraz. Será así porque el juez de la Audiencia Nacional, que mandó este miércoles a la Guardia Civil a la sede del partido en Ferraz, aprecia un delito cuya investigación y enjuiciamiento corresponde en exclusiva a ese tribunal.

Se trata del delito contra las instituciones del Estado recogido en el artículo 504.2 del Código Penal. Ese precepto castiga con pena de multa a "los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad". Se trata de una de las infracciones contenida en el catálogo que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y cuya instrucción correspondería al Tribunal Central de Instancia –los antiguos juzgados centrales de Instrucción–, en el que Pedraz ocupa la plaza número cinco.

El instructor, según el auto por el que este miércoles ordenó a la UCO practicar un requerimiento de información en la sede federal del PSOE, justificaría la existencia de ese delito por los intentos de la organización formada por Cerdán y Díez de desacreditar a miembros de la Fiscalía Anticorrupción –entre ellos a su fiscal jefe, Alejandro Luzón– así como a integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil. La trama que hasta el momento investigan Pedraz y Zamarriego trató de lograr de dos fiscales y de varios agentes informaciones y declaraciones que pudieran ser comprometedoras para responsables de ambos cuerpos.

Además de ese delito, Pedraz aprecia también el de organización criminal, "plurales delitos de cohecho" –al haber tratado supuestamente de comprar mediante promociones o pagos a fiscales y guardias civiles–, revelación de secretos, inducción al falso testimonio –intentaron conseguir que varios agentes testificaran contra mandos de la UCO–, acusación falsa, falsedad en documento mercantil –al crear facturas para ocultar los pagos a Díez del ex secretario de Organización del PSOE–, prevaricación y tráfico de influencias. Zamarriego, por su parte, limitaba los delitos apreciados al cohecho y el tráfico de influencias. El juez número 9 de Instrucción del Tribunal de Madrid mantiene abiertas sus diligencias sobre estos mismos hechos.

Debido a que la instrucción de Pedraz justifica la competencia de la Audiencia Nacional, lo más probable es que, en los próximos días, cuando se alce el secreto de las actuaciones, el instructor de ese tribunal reclame a Zamarriego su causa. El hecho de que el instructor madrileño haya mantenido abiertas sus diligencias, mientras el juez de la Audiencia Nacional también investigaba, se debe a que aquel desconocía las pesquisas de este, al haberse declarado secretas. En caso de que decida que sigue siendo él el juez competente, deberá ser la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –el tribunal superior a ambos– quien resuelva quién se queda finalmente con el caso.

La organización para tumbar casos judiciales que investiga Pedraz, tal y como se explica en su auto, se deriva de las pesquisas sobre la trama de amaño de contratos públicos también organizada supuestamente por Cerdán y de la que formarían parte Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, así como el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, copropietario de Servinabar junto al ex secretario de Organización y también implicado en el caso Koldo. El caso fue inicialmente asumido por el juez número 6 Antonio Piña, que se encontraba de guardia en ese momento (el pasado diciembre). Después de ordenar las detenciones y registros urgentes mandó el caso a reparto, desde donde se adjudicó a Santiago Pedraz.

Trataron supuestamente de encontrar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de dos subordinados. Y recabaron información secreta de la estructura de la Unidad Central Operativa (UCO), la que actúa en todas las causas judiciales de corrupción que corresponden a la Guardia Civil y, últimamente, en las abiertas contra el PSOE y el Gobierno. El exsecretario de Organización Santos Cerdán y la militante y exconcejal socialista Leire Díez crearon esa organización "con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno", según el juez número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El instructor aprecia en la trama los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y delito contra las instituciones del Estado.

Además de Cerdán, que la lideraba, y Leire Díez, de esa organización formarían parte, según el juez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes, que aparece como cómplice. El proceso aprecia también indicios contra dos abogados –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver–, así como contra un guardia civil imputado por revelación de secretos. Del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del diputado socialista y miembro de la ejecutiva del partido Juan Francisco Serrano, no descarta su implicación, a la espera del avance de las pesquisas. El magistrado ha ordenado este miércoles a la UCO desplazarse a la sede federal de la formación en la madrileña calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación.

La dirección del grupo, según el juez, correspondía a Cerdán, expulsado del partido tras estallar su implicación en el caso Koldo y que fue excarcelado el pasado diciembre tras pasar casi cinco meses en prisión provisional. Pero la ejecución de los trabajos encargados por el entonces número tres de la formación correspondía a Leire Díez, que actuaba acompañada de Pérez Dolset, empresario tecnológico investigado por varios delitos en la Audiencia Nacional desde hace años. El instructor señala al menos cinco actuaciones de ambos que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción) a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes.

Uno de sus objetivos fue el fiscal anticorrupción José Grinda (caso 3%, mafia rusa...) al que abordaron con un doble objetivo. Por un lado, para tratar de cambiar su posición en varios casos cuya investigación le correspondía (entre ellos los relativos a Pérez Dolset) y, por otro, para recabar información comprometedora que afectara al responsable de su fiscalía, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Para lograrlo, según Pedraz, le ofrecieron un puesto en el extranjero e incluso el pago de dinero. El instructor asegura que existen anotaciones que apuntan que estaban dispuestos a abonarle 300.000 euros. Para ejecutar el soborno se sirvieron de un periodista ajeno a la trama. Grinda, sin embargo, denunció el intento de soborno ante el Ministerio Público, que llevó el caso ante el juez de instrucción 9 del Tribunal de Madrid.

Otra de las víctimas de la trama fue uno de los fiscales anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid. A Stampa, según relató en la denuncia que, como Grinda, presentó posteriormente, le reclamaron información sobre Luzón, Grinda y el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor entre otros del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas. Según el auto de Pedraz, le ofrecieron volver a Anticorrupción, fiscalía en la que no obtuvo la plaza que buscaba por la oposición de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También se prestaron a ayudarlo con la intercesión en un pleito que tenía abierto.

Las gestiones de Leire y Dolset, para las que contaron en ocasiones con el apoyo de los letrados Teijelo y Oliver, también se dirigieron al excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo como amigo del exasesor de José Luis Ábalos, al que facilitaba supuestamente teléfonos opacos para sus acciones ahora investigadas e investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo. La trama de Cerdán y Leire se reunió con él en dos ocasiones, tras las cuales el exagente redactó sendas actas. Se ofrecieron a ayudarle a recuperar su carrera profesional y acceder a puestos de "máxima responsabilidad". A cambio tendría, según recogió en sus documentos, que "desmontar la Guardia Civil" y pasarles "cuanta información tuviera del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO y de la JI", la Jefatura de Información. También le propusieron supuestamente declarar contra la UCO ante la Policía Nacional.

Con el que las gestiones de la organización sí dieron sus frutos fue con el también guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado por revelación de secretos. En la reunión con él, que fue grabada y emitida después por varios medios, también participó el abogado Jacobo Teijelo. El agente les proporcionó información sobre "la estructura de la UCO y sus miembros", según el juez, pese a saber que se trataba de información secreta. "Mira, la composición, funcionamiento y los nombres de la UCO son secretos por ley", les dijo. Y después añadió: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". A partir de ese momento, el teniente coronel jefe de la unidad, Antonio Balas, "pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", relata el instructor. La organización también intentó denigrar las actuaciones del cuerpo denunciando sus actuaciones en la Fiscalía General del Estado e impulsando investigaciones disciplinarias internas sobre supuestas filtraciones de agentes de la UCO sobre conversaciones de Ábalos que, en realidad, habían sido filtradas por el exministro.

Por último, según Pedraz, también intentaron modificar la declaración de la empresaria Carmen Pano, implicada en el caso hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia. Pano aseguró ante el juez que habría llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico. El instructor sostiene en su resolución que la trama ideada por Cerdán le habría ofrecido 50.000 euros para que cambiara su declaración. En este caso, las gestiones con la empresaria las habría realizado el abogado Ismael Oliver y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, según los indicios que aprecia el instructor.

El juez sitúa el origen de la trama durante el período de reflexión sobre su continuidad como presidente del Gobierno que Pedro Sánchez inició el 24 de abril de 2024 mediante su "carta a la ciudadanía", tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado. Cerdán, según el relato de Pedraz, convocó dos días después en Ferraz una reunión a la que fueron convocados Leire Díez, Pérez Dolset y el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. También asistió supuestamente el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Pedraz recuerda que el fiscal Stampa, en su denuncia contra la trama, aseguró que Díez le había dicho que Sánchez habría ordenado, literalmente: "Límpiese", en relación a la imputación de su esposa, a lo que Pérez Dolset habría añadido: "Límpiese, sin límite". En el caso del hermano del presidente, investigado en Badajoz, el objetivo, según la militante socialista, sería "destruir el procedimiento".

A cambio de su labor, Leire Díez habría recibido pagos del PSOE de 4.000 euros al mes, presuntamente. Para ocultarlos, según el juez, se canalizaron a través de la consultora Zaño, de Gaspar Zarrías, que se habría encargado de los dos primeros pagos. Después, fue el abogado ahora imputado Ismael Oliver el que prestó dos sociedades para facilitarle los fondos, según la investigación. Esas transferencias de dinero se justificaron, según el juez, con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. También se habría canalizado dinero a través del medio digital Crónica Libre, cuya periodista fundadora falleció el año pasado, y al que habrían abonado 20.000 euros en concepto de publicidad.

La trama, según el juez, también habría intentado obtener la información sensible de la UCO y de Anticorrupción que rastreaba a través de otros investigados por esa Fiscalía Especial. Entre ellos, el auto cita al comisario Villarejo; al exviceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (acusado en el caso Kitchen); y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que pasó un año y nueve meses en prisión preventiva por una causa por apropiación indebida de la que finalmente fue absuelto en abril de 2019.

El análisis de los teléfonos, dispositivos de almacenamiento y documentación incautada en los registros que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el martes de la pasada semana puede que lo haya aclarado ya. Pero hasta que el instructor del caso Plus Ultra acordó esas actuaciones, la UDEF desconocía si el contacto denominado "Z" que encontraron en el teléfono de Julio Martínez Martínez, el amigo y compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, correspondía exactamente a la identidad del expresidente. Demostrarlo constituiría una prueba de cargo y directa contra el exjefe de Gobierno que, hasta ese momento, no habían obtenido, como se expone en el último informe policial del sumario enviado a Calama antes de que el instructor lanzara la operación. Con esos registros, la Policía trata de conocer también los canales de comunicación del expresidente con la trama de altas influencias que le acusa de liderar. Porque ese liderazgo se le atribuía hasta la pasada semana únicamente por conversaciones de terceras personas en las que él no intervino.

La necesidad de acreditar que "Z" es Zapatero se recoge en el último informe de la UDEF, que la unidad policial mandó a Calama el jueves 14 de mayo, solo cinco días antes de que el instructor levantara el secreto, imputara al expresidente y diera luz verde a los registros. En ese documento, que expone al magistrado las diligencias a ordenar con la imputación del expresidente. Los agentes explican en él que la "localización y aseguramiento de soportes documentales y dispositivos" que se incauten en los registros son necesarios para confirmar, en primer lugar, "el contenido de las gestiones y la validación de las actuaciones realizadas por la red organizada, como se constata en las conversaciones mantenidas entre Julio Martínez Martínez y el mayor general [militar Venezolano] Juan Manuel Teixeira", presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, "respecto de los vuelos de Plus Ultra".

Los agentes se refieren a una de las dos ramas de supuesto tráfico de influencias que la investigación atribuye a la estructura presuntamente liderada por Zapatero. Por un lado se encuentran las presuntas gestiones con las autoridades españolas, en concreto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, o el Gobierno, para lograr el rescate de Plus Ultra, concedido el 9 de marzo de 2021 mediante dos préstamos por valor de 53 millones de euros. Por otro lado, el instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la unidad policial especializada en delincuencia económica y fiscal, investigan las supuestas gestiones que la trama, a través de Martínez Martínez, habría realizado con las autoridades aeronáuticas venezolanas para sortear las prohibiciones de vuelo y engrasar autorizaciones en favor de la compañía aérea.

Esta segunda rama es fundamental en la investigación contra el exlíder del PSOE, porque en las pesquisas aparece lo que los agentes, la Fiscalía y el juez sospechan que puede ser la única intervención directa de Zapatero que hasta la semana pasada constaba en los autos. El auto con el que Calama imputa al expresidente se refiere a una conversación entre Martínez Martínez y el mayor general Teixeira, jefe del INAC, mantenida a partir del 5 de marzo de 2021. Después de que el mayor general venezolano le enviara un convenio de pago entre Plus Ultra y ese organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular para el Transporte de Venezuela en el que le recordaba que la compañía tenía una deuda con ellos de 258.618 euros. El amigo de Zapatero ejerce desde entonces, según el juez, un papel de intermediario con Julio Martínez Sola, el presidente de la aerolínea.

Las gestiones con Teixeira se repiten desde marzo hasta julio, cuando el director del INAC reprocha al empresario amigo de Zapatero que Plus Ultra esté culpando a las autoridades venezolanas de la falta de autorización de dos vuelos de la compañía. El 30 de julio de 2021 Martínez Martínez le comunica al militar venezolano que la aerolínea le pide que interceda "en la autorización del INAC por el vuelo CCS [Caracas]-Madrid del sábado". Teixeira le responde con dos imágenes que contienen la reseña de los vuelos y se entiende que finalmente los autoriza: "Esos son los vuelos. No hay más", le dice.

El auto refleja cómo al día siguiente, Martínez Martínez recibe una felicitación. "El 31 de julio de 2021 una persona registrada como 'Z' en la agenda del teléfono de Julio Martínez Martínez, le envía el siguiente mensaje: 'En tiempo y forma. Exitosa gestión...'". Acto seguido, el compañero de running del expresidente socialista se dirige de nuevo al mayor general Teixeira y le agradece el favor, "señalando expresamente que Plus Ultra le ha indicado que los vuelos están aprobados". "Muchas gracias por su ayuda", le dice Martínez Martínez al militar venezolano. La UDEF deduce que ese "Z" sería José Luis Rodríguez Zapatero y en algún otro informe lo da por sentado. Sin embargo, a la espera de los resultados que dé el análisis de la documentación incautada en los registros, hasta la operación policial de la semana pasada ni el juez ni los agentes lo consideraban aún probado.

Otra de las evidencias que, hasta el pasado 19 de mayo los agentes no habían podido acreditar son "los canales de comunicación a través de los cuales, José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes (correos electrónicos, telefonía y otros medios de los que dispusiera)", según recoge el último informe de la UDEF. El auto de Calama y los distintos informes de la Policía deducen su implicación de conversaciones entre terceras personas y con su amigo Julio Martínez, de su supuesta participación en la creación de la principal empresa de este último para la que Zapatero trabajaba como consultor, Análisis Relevante, y del rastro del dinero desde Plus Ultra y otras compañías pantalla que habrían sido creadas ad hoc para canalizar dinero hacia el entramado societario de Martínez Martínez y de ahí al expresidente y a la empresa de sus hijas, Whathefav SL. Sin embargo, hasta la semana pasada no había aparecido un solo mensaje que partiera directamente de Zapatero de manera indubitada.

La ausencia de comunicaciones registradas en la causa que permitan acreditar las órdenes e instrucciones del exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la organización se extiende también a Whathefav SL. Siguiendo el rastro de los fondos de Análisis Relevante y de otras sociedades tapadera como Inteligencia Prospectiva –cuyos administradores, los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, actuarían como captadores de clientes para el entramado de influencias– los investigadores definen a la empresa de las hijas de Zapatero, en cuyas cuentas bancarias aparece como autorizado el expresidente, como "elemento finalista del entramado investigado", ya que, según la UDEF, "percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red".

Sin embargo, según se deduce de su último informe antes del levantamiento del secreto del sumario, se desconocen las comunicaciones mantenidas a través de los correos electrónicos de sus empleados y administradoras bajo el dominio @whathefav.com. Los agentes esperan, además, conocer si existe una correspondencia entre "la actividad declarada y la actividad real de Whathefav SL, lo que además permitiría determinar "el grado de participación y su integración en la red organizada".

Los requerimientos de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) emitidos por la primera instructora de caso, la jueza madrileña Esperanza Collazos, y después por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el que imputó al expresidente Zapatero el pasado martes, fueron taxativos. Solicitaban "la entrega de toda la información relacionada con la ayuda pública temporal otorgada por el Consejo de Ministros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA por importe de 53 millones de euros". Sin embargo, ambas peticiones no fueron atendidas con la debida diligencia por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. "Algunas de las carpetas se encuentran vacías y no tienen documentación", sostuvieron en un informe los agentes de la UDEF que investigan el caso. "Otros no pueden ser abiertos [...]. En relación con las comunicaciones [...] se limitan a intercambios entre el FASEE y la compañía Plus Ultra relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante", advertía la Policía.

La información incompleta enviada a ambos jueces por la SEPI casa con la política de comunicación y transparencia sobre el rescate defendida por el organismo heredero del Instituto Nacional de Industria, que agrupaba el sector público empresarial español. El consejo rector del FASEE, integrado en ese organismo, batalla desde 2022 con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no facilitar a los medios de comunicación el expediente de la concesión del rescate. Inicialmente, el litigio se falló en enero de 2025 a favor de Transparencia y los periodistas que solicitaron la información, pero la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia, ha llevado la sentencia a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Los magistrados del alto tribunal ya han admitido a trámite dos recursos de casación de los servicios jurídicos del Gobierno que están pendientes de resolución definitiva.

Tanto el consejo rector del FASEE (el fondo que aprobó el rescate) como la Abogacía del Estado se apoyan para negar la información solicitada en el Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de julio de ese año, en pleno estado de alarma por la pandemia de la covid. Se trata de la norma que crea el mecanismo de reflote para empresas estratégicas al que se acogió Plus Ultra, en cuyo artículo 2.17 se establece que "los datos, documentos e informaciones que obren en poder del consejo gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos".

Ese mismo apartado establece que "quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas". A lo que añade: "Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón en 2025 a una periodista que solicitó el expediente completo del rescate de la compañía aérea "con la anonimización de aquellos datos especialmente protegidos si fuera necesario, del expediente administrativo [...], del acuerdo de concesión con los informes presentados para ello". El consejo rector del fondo denegó la petición en vía administrativa asegurando que al divulgar esa información, podría generar un "daño real y efectivo" a la empresa "respecto de la que se solicita la información". Además, el organismo dependiente de la SEPI y por extensión del Ministerio de Hacienda, afirmaba que el medio que solicitó el expediente no había justificado "la existencia de un interés público" para acceder a él.

Sin embargo la sección tercera de lo Contencioso de la Audiencia, en una sentencia muy disputada –con dos votos particulares discrepantes–, terminó dando la razón a la redactora. "Existe un interés público en conocer dicho expediente ante la importante cuantía de dinero público concedido a una entidad privada", decía la resolución dictada el 22 de enero de 2025. "Dicho conocimiento entronca directamente con los fines de la transparencia y del derecho de acceso a la información", añadía. La actuación del FASEE, continuaba, vulneraba ese derecho reconocido por la Ley de Transparencia. El último razonamiento era, tal vez, el más dañino para el organismo estatal: "No resulta probado que se trate de una empresa estratégica (operaba un porcentaje mínimo del tráfico aéreo en España), como es notorio. Y su solvencia ha suscitado dudas desde su creación".

En la causa penal que instruye el juez Calama, que investiga si el importe del rescate sirvió a cargos venezolanos para blanquear dinero y en la que el pasado martes citó como imputado al expresidente Zapatero, la UDEF no ha conseguido tampoco que la SEPI le facilite todos los mensajes que intercambió con Plus Ultra. "Queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación entre los directivos de Plus Ultra y José Ángel Partearroyo Martín (Director de Participadas IV de la SEPI) al menos en esa fase de concesión de la ayuda pública, no habiendo sido dichas comunicaciones incorporadas al expediente, salvo alguna excepción en formato PDF", dicen los policías en uno de sus informes. Los agentes aseguran que la SEPI tampoco les ha facilitado el acceso a la documentación aportada por Plus Ultra a la auditora Deloitte o la contratación de asesores externos. "Existen documentos que, aun constando en fuentes abiertas, no figuran entre la documentación aportada", añaden. "En concreto se trataría de al menos, las actas de la SEPI del período de concesión de la ayuda", que sí fueron publicadas por El Mundo o Vozpópuli.

La "estructura estable de tráfico influencias" cuya dirección atribuye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tenía su centro neurálgico, presuntamente, en España y Venezuela, pero su actividad era casi global. El auto por el que se acordó el pasado martes la declaración como imputado del exlíder del PSOE, la primera de un exjefe del Ejecutivo, y el registro de su oficina y varias de las empresas de la trama –entre ellas la de sus hijas– describe que la red actuó en múltiples destinos, no solo de Europa y América Latina. También en Asia. En total son siete los países que supuestamente aparecen relacionados con el entramado societario de Análisis Relevante y su administrador, Julio Martínez Martínez, el empresario amigo y compañero de carreras de Zapatero. España, Suiza, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos y China son algunos de los escenarios a los que se refiere la resolución.

España (Madrid, en concreto) es, en el dibujo que hace el juez, el centro de las actividades de la red de influencia atribuida a Zapatero. El instructor investiga si la estructura habría influido en el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de varios niveles para conseguir el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana Plus Ultra. El inicial fue un intento de acercamiento al exministro de Transportes, actualmente en prisión y a la espera de sentencia, José Luis Ábalos. Según las conversaciones interceptadas a los directivos de la aerolínea, esos contactos –que el juez no acredita en su resolución– habrían dado como resultado un encuentro con el número dos de Ábalos en el ministerio, el entonces secretario de Estado Pedro Saura, que se celebró el 22 de julio de 2020 y al que acudieron el exvicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y Roberto Roselli, que informaron al principal accionista de la compañía, Rodolfo Reyes, a través del abogado hispanovenezolano y accionista de la compañía aérea Raif El Arigie. Este es el intercambio de mensajes tal y como aparece en el auto:

–Raif El Arigie: "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por 'altas' recomendaciones (...). Transportes no decide las campañas que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes. El papel del ministerio será únicamente 'hablar' bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado. Abrazo. Roberto&Julio".

–Rodolfo Reyes: "Sí bro. Nuestro pana zapatero detrás".

El segundo intento tiene por objeto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El contacto de Plus Ultra con Zapatero se habría producido meses antes, según el juez, que cita una conversación de Reyes, el principal accionista, del 30 de abril de 2020 en la que sostiene que el vicepresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, "habló con ZP. 11 min. Le explico todo (...) Luego cuando tú puedas le preguntas". Las gestiones con la sociedad pública dependiente de Hacienda, la que tenía que decidir sobre el rescate, se llevan directamente a través de Julio Martínez Martínez, el dueño de Análisis Relevante, y supuesto socio de Zapatero en el entramado que se investiga. A partir de agosto de 2020, directivos de Plus Ultra se dirigen al amigo del expresidente haciéndole llegar que "ellos no tienen inconveniente en pagar al que 'mueva el hilo", dice el auto.

A través de su empresa Idella Consulenza Strategica, Martínez firmó un contrato "de presentación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico para la presentación, seguimiento y orientación de la solicitud de ayuda [a la SEPI]" con la aerolínea el 19 de enero de 2021 por el que esta última se comprometía a satisfacerle como remuneración un 1% del importe del rescate, es decir 530.000 euros, por los servicios prestados por la red. Dos semanas después, el 6 de febrero, se produjo una conversación entre Reyes y Martínez Sola, en la que el primero asegura que el empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa se reunió con Zapatero. Se produce en estos términos, según el auto:

–Rodolfo Reyes: "Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa".

–Julio Martínez Sola: "Lo sabía. De hecho me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilo en Plus".

El 26 de febrero, cuatro días antes de que la SEPI aprobara la ayuda y a 11 de que el Consejo de Ministros les diera el apoyo definitivo, el vicepresidente Martínez Sola comunicó a Ibrahim Issa que Plus Ultra había obtenido el rescate de 53 millones de euros, lo que para el juez es indicativo del grado de "información privilegiada" que la compañía tenía gracias a sus gestiones con la trama. El 2 de marzo, día en que la SEPI aprueba el desembolso, consta una foto de una comida en un restaurante en la que aparecen el vicepresidente de Plus Ultra, Martínez Sola, el director económico Roberto Roselli y Martínez Martínez, el socio de Zapatero. Este último comenta la imagen diciendo que "la SEPI no aprueba esos gastos", a lo que Roselli responde: "Tranquilo, sale del 1%". El juez Calama cree que ese 1% es la comisión pactada por la compañía con la red atribuida a Zapatero para pagar sus gestiones.

En Suiza, concretamente en la Rue Pierre-Fatio de Ginebra, se encuentra el domicilio social de Swissoil Trading SA. La empresa dirigida por el empresario helvético Philippe Akitian fue sancionada por Estados Unidos en 2021 por saltarse el embargo al petróleo del régimen de Maduro sacando crudo de Venezuela con destino a China. Las sanciones a la petrolera suiza se levantaron en 2023, ya con el demócrata Joe Biden en la Casa Blanca. Al igual que Plus Ultra, Swissoil también se habría servido de la trama. En concreto, la empresa sancionada por Washington habría recurrido a Martínez Martínez, el amigo del expresidente, para lograr acceso al más alto nivel del Gobierno de Venezuela gracias a la cercanía del expresidente español con la entonces vicepresidenta y ahora, tras la intervención de EE UU, presidenta encargada de Venezuela.

El juez explica en el auto que "para acceder a la operativa de compraventa de petróleo", los potenciales compradores debían dirigirse a Zapatero mediante una carta de intención (letter of interest). El suizo Apikian aparece en conversaciones entre Martínez Martínez y Domingo Amaro Chacón, empresario hispanovenezolano y hombre de paja de Inteligencia Prospectiva (otra de las empresas que pagan a Análisis Relevante, la consultora que efectuaba pagos a Zapatero, pero que carece de personal y actividad), que algunas fuentes ligan al régimen de Maduro. El empresario estaría "listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo". "La Dama", según Calama, es Delcy Rodríguez.

Ocho días después de que se aprobara el rescate de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, dueño de la consultora que pagaba a Zapatero, constituyó en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), la sociedad Landside Middle East FZCO. Según el juez, esa sociedad tendría por objeto cobrar de forma opaca la comisión del 1% del rescate (530.000 euros) que el compañero de carreras del expresidente del Gobierno, a través de su sociedad Idella Consulenza Strategica, había pactado con Plus Ultra a cambio de las gestiones de la trama investigada con las autoridades españolas para lograr la financiación pública. infoLibre localizó esa empresa en el Registro Mercantil de Dubái, donde comprobó que su sede se encontraba en DAFT, la zona económica especial del aeropuerto de ese emirato que permite crear telemáticamente sociedades exentas de impuestos y cuyos beneficios se pueden repatriar. La DAFT impide, además, conocer la identidad de los titulares que tienen allí sus firmas.

El auto no muestra pruebas directas de ello, pero se basa en las conversaciones entre la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y el asistente de las empresas de su amigo Martínez, Cristóbal Cano, para atribuir al expresidente la orden de abrir la offshore en Emiratos. Asegura que ambos comieron juntos el 26 de enero de 2021, apenas una semana después de que el amigo de Zapatero hubiera pactado la comisión del 1% del rescate, y que fue en ese encuentro (en el restaurante Portonovo de Madrid), donde Martínez recibió las instrucciones. La ayuda para hacer las gestiones la habrían recibido de Tomás Guerrero Blanco, militante socialista y director del Instituto Halal en Madrid, el organismo que certifica que la carne que compran los musulmanes procede de animales sacrificados conforme al rito islámico.

Entre las empresas que presumiblemente pagaron por la influencia de la red investigada también se encontrarían varias con sede en China o de capital chino, según la resolución de Calama. La que tiene un papel más relevante como cliente de la trama es la constructora Grupo Aldesa, con sede en Madrid pero adquirida en 2020 por China Railway Construction Corporation. Aldesa, según el juez Calama, habría recurrido a la organización para tratar de entrar en el megaproyecto del casino Hard Rock, proyectado en Tarragona y objeto de una gran polémica en Cataluña. Sus directivos habrían pactado a cambio con una de las sociedades de Martínez Martínez una comisión del 3%. En ejecución de ese acuerdo, sostiene el instructor, "se documenta" una "oportunidad de negocio" el 1 de abril de 2022 "relativa al proyecto 'Hard Rock' en Tarragona por 2.000 millones de euros". La viabilidad del proyecto ha estado siempre en duda por la conflictividad social que genera en Cataluña.

Entre la documentación incautada también se ha encontrado, según el juez, una carta de intenciones (letter of intent) enviada por la sociedad China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. a la "oficina del presidente Zapatero" el 30 de octubre de 2023. Calama recoge también conversaciones sobre otras firmas del gigante asiático, entre ellas una "que depende del Partido Comunista Chino", interesadas en adquirir petróleo en Venezuela gracias a las supuestas gestiones del expresidente español con Delcy Rodríguez. "Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", escribe el juez.

Junto a España, Venezuela es el país donde la trama descrita por el juez Calama tiene más influencia. Zapatero, según el esquema que plantea la resolución judicial que lo imputa, ofrece acceso no solo al Gobierno de Sánchez sino también al de Maduro a través de Delcy Rodríguez, como se explica en el apartado anterior. El instructor de la Audiencia Nacional investiga si los 53 millones de euros del rescate aprobado por España a Plus Ultra sirvieron para blanquear fondos a altos cargos venezolanos. Entre los accionistas de Plus Ultra aparecen varios nacionales de ese país como Rodolfo Reyes, Raif El Arigie y Roberto Roselli, a su vez director financiero de la compañía. También otros empresarios que estarían bien relacionados con el régimen de Maduro, como Camilo Ibrahim Issa o los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, que actuarían como testaferros de Inteligencia Prospectiva, una sociedad sin actividad que sin embargo canalizó cientos de miles de euros al entramado que el juez relaciona con Zapatero y a sus hijas.

La ayuda prestada a la aerolínea de capital venezolano no solo se gestionó en España, a través del rescate. El juez Calama también apunta a Julio Martínez Martínez, el corredor compañero de Zapatero, como solucionador de los problemas operativos de Plus Ultra en Venezuela. El tráfico de influencias que el instructor imputa al expresidente español se justifica también por las gestiones de su amigo con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Martínez Martínez intermedió con su máximo responsable, el mayor general Manuel Teixeira Díaz, para conseguir la aprobación de vuelos de la compañía por sus incumplimientos económicos con las autoridades de Caracas. El juez señala también a Zapatero por un mensaje a su amigo de una persona registrada en su teléfono como "Z" tras intervenir este último en la autorización de unos vuelos gracias a su interlocución con el militar venezolano. "En tiempo y forma. Exitosa gestión", decía el texto.

Entre los potenciales clientes de la estructura que el juez atribuye al expresidente español también se encontrarían, según el auto, que no detalla las denominaciones, sociedades radicadas en Estados Unidos con intereses en Venezuela relacionadas con la actividad de Softgestor, otra de las sociedades que transferían fondos a la trama. El el auto aparece también una firma de valores radicada en Panamá, Panacorp, aunque no figura como cliente de la red sino como la firma que habría auxiliado a Plus Ultra a maquillar sus cuentas para presentarse como una empresa lo suficientemente saneada para acceder al rescate en España. Panacorp, controlada por personas cercanas a los accionistas de la aerolínea le concedió un préstamo participativo que obligaba a inmovilizar fondos en el paraíso fiscal de Dominica, en el Caribe.

El objetivo que los directivos de Plus Ultra buscaban al "contratar" los supuestos servicios de la red presuntamente dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, era el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana por un importe de 53 millones de euros, una finalidad que se logró. Pero, aunque el consejo rector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o el Consejo de Ministros no lo hubiese aprobado, el delito de tráfico de influencias que se atribuye al expresidente socialista podría haberse producido igualmente. Porque, como recoge el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto por el que acordó su imputación y el registro de su oficina, la empresa de sus hijas y otras sociedades de la trama, la principal infracción penal que se le imputa no exige un resultado concreto. Tampoco que se produzca un beneficio para el perpetrador.

Para que el tráfico de influencias –que se castiga con penas de hasta dos años de prisión– se consuma basta con que el autor haya intentado influir para lograr su objetivo. Que prospere la imputación de Zapatero depende de que se pruebe que ejerció su ascendencia sobre responsables de la SEPI, funcionarios o cargos del Ministerio de Hacienda –del que depende esa entidad–, su entonces titular, María Jesús Montero, o cualquier otro miembro del Consejo de Ministros –el órgano encargado de tomar la decisión definitiva– incluido su presidente, Pedro Sánchez.

Es lo que el propio instructor del caso y otros expertos penalistas llaman "delito de mera actividad". En su auto, Calama cita la Operación Avispa –el caso por el que se condenó en 2021 al exsubdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, por dar permisos de residencia a miembros de la mafia georgiana– o el caso Palma Arena –en el que fue condenado el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas (PP)– para explicar que "basta con que el sujeto activo intente influir en un funcionario, sin ser necesario que la resolución buscada llegue a dictarse".

El juez de la Audiencia Nacional aclara también que, para que se produzca el delito, tampoco es necesario "que la resolución pretendida sea injusta o arbitraria". En el caso que investiga, el magistrado sí considera, sin embargo, que el rescate de Plus Ultra se produjo sin que la aerolínea cumpliera los requisitos legales para ello, algo que en cualquier caso sería indiferente para la consumación de la infracción. "Lo relevante es que la influencia tenga la capacidad objetiva de orientar al funcionario hacia la decisión deseada", escribe Calama en su resolución.

"La conducta debe dirigirse a lograr una resolución que pueda implicar algún tipo de beneficio económico directo o indirecto", prosigue. "Sin embargo, ni la existencia real de ese beneficio ni la emisión de la resolución son requisitos para que el delito se considere consumado", añade. "Lo imprescindible es que quede acreditada la intención del autor de obtener tanto la resolución como el beneficio, sea para sí o para un tercero". En resumen: "El delito se consuma con el acto de influir, siendo irrelevante el resultado final de la gestión".

"Si todo esto es cierto, solo habría que concretar quiénes serían las personas en las que se intentó influir en la SEPI y cómo lo hizo Rodríguez Zapatero", escribe Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid en un artículo publicado este miércoles en El País. "No hace falta que se consiga lo que se pretende: basta con influir, pues se trata de un delito de mera actividad, de peligro para la recta Administración Pública. Ni siquiera haría falta que se haya influido efectivamente (...), también se castiga a quien se ofrece a realizar las actividades de influencia y recibe una dádiva por ello", añade el experto penalista en su tribuna.

El auto de Calama no refleja una pistola humeante como sería, por ejemplo, una conversación, un intercambio de mensajes o una cadena de correos electrónicos entre el expresidente del Gobierno, por ejemplo, con María Jesús Montero —máxima responsable de la SEPI en el momento de los hechos—, algún cargo de esa sociedad pública, otro ministro o el propio presidente Sánchez realizando la gestión. En la resolución no aparece una prueba directa del tráfico de influencias, pero sí tres grupos de indicios que apuntan a que Zapatero, o la estructura que presuntamente lideraba, realizó las gestiones prohibidas por el Código Penal.

El primero incluiría "los contactos personales" del expresidente y "su capacidad de acceso a altos cargos de la administración", algo que el juez supone a quien ha ocupado la más alta responsabilidad gubernamental del Estado. También la intervención de Manuel Aarón Fajardo –al quien los directivos de Plus Ultra se refieren como la persona de Zapatero en Venezuela– o Julio Martínez Martínez, su excompañero de carreras y empresario, "como intermediarios con los clientes". Esa intervención se deduce de las conversaciones de los directivos de la aerolínea, que llegan a referirse a Martínez como "el lacayo" o "el banco del jefe".

En segundo lugar, "la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones" indicaría que "la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia" del que salieron los 53 millones de euros del rescate a la compañía aérea. El hecho de que, antes de su aprobación, varios de los investigados ya conocieran que el desembolso se fuera a producir, también indica, según el magistrado, "el acceso anticipado a información privilegiada".

Por último, el juez encuentra también "un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido", otro de los elementos del delito. Se refiere a "la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez [el amigo de Zapatero], mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas". "La utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos", describe el juez.

Calama observa, con más claridad si cabe, los mismos elementos del delito de tráfico de influencias en las gestiones de Martínez Martínez, el empresario amigo de Zapatero, con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Se trata, según el instructor, "de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz". El auto resalta en negrita que, tras las conversaciones de Martínez con Teixeira que dieron lugar a la autorización de un vuelo Caracas-Madrid de Plus Ultra, el compañero de carreras del expresidente del Gobierno recibió un mensaje de una persona registrada como "Z" en la agenda de su teléfono que decía: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

Acto seguido, el empresario amigo de Zapatero envió otro mensaje al militar venezolano en el que le agradecía el apoyo y le indicaba que los vuelos habían sido aprobados: "Muchas gracias por su ayuda", le dijo Martínez Martínez al mayor general Teixeira. Además de tráfico de influencias, el juez imputa al expresidente el delito de blanqueo de capitales —por la supuesta constitución de una sociedad off-shore en Dubái—, así como el de organización criminal.

En la cúspide, José Luis Rodríguez Zapatero, el "presunto líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". Esa supuesta estructura, que ha servido al juez número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para imputar por primera vez en España a un expresidente del Gobierno, tendría, según la información facilitada desde el tribunal y auto del instructor, tres niveles. El comunicado difundido desde la Audiencia no lo explica en detalle, pero el entramado liderado por Zapatero no solo habría tenido a Plus Ultra Líneas Aéreas entre sus clientes, sino que en su nómina habría algunos más. Del contacto y las gestiones con todos ellos se encargaría el segundo nivel de la estructura, en el que el juez sitúa al compañero de carreras del expresidente, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez. El nivel más bajo de la supuesta red corrupta, en la gestión diaria del entramado, el instructor coloca a otras dos personas. A un lado María Gertrudis Alcázar, la secretaria de la oficina del ex jefe del Ejecutivo y con relación directa y supuestamente bajo las instrucciones de este. Al otro, Cristóbal Cabo Quiles, al que el juez otorga el rol de gestor diario del entorno societario de Martínez.

Zapatero, como el jefe de todo, mantendría, según Calama, el control total de las operaciones corruptas del entramado. A la red, el expresidente aportaba sus contactos personales forjados durante los siete años que ocupó el Palacio de la Moncloa. Esos contactos junto con la capacidad de acceso que un exlíder del Ejecutivo tiene a los altos cargos de la administración, se ponían a disposición de los clientes de la estructura, que recurrían a ella, según el resumen de la resolución facilitado por la Audiencia, para "obtener decisiones favorables" a cambio de contraprestaciones económicas. Desde su posición de liderazgo, no solo se habría dedicado a ejercer la influencia objeto de investigación, el expresidente se ocuparía desde el máximo puesto jerárquico de la selección de clientes, pero también del mecanismo para que sus pagos quedaran fuera del radar, impartiendo instrucciones "para crear sociedades off-shore" –la información facilitada por la AN cita una con sede en Dubai–. También adoptaría estrategias para desvincularse formalmente de la estructura. Los detalles en los que se basa el juez para hacer esa durísima acusación no aparecen en el auto.

El expresidente del Gobierno, tras conocerse su imputación, ha señalado, como ya hizo el pasado 2 de marzo durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, que él no ha tenido ninguna relación Plus Ultra ni realizó gestión alguna a su favor para que el Gobierno aprobara su rescate. Su relación con Julio Martínez, según ha asegurado en repetidas ocasiones, se limitaba a elaborar informes de consultoría "a precios de mercado".

Por debajo del exjefe del Ejecutivo y directamente a sus órdenes se encontraría Julio Martínez Martínez, su compañero de sesiones de running. Martínez era quien trataba con los clientes como "interlocutor habitual". También actuaba, según el instructor, "como receptor y ejecutor de las instrucciones directas de Rodríguez Zapatero". Fue supuestamente a sus órdenes que puso al servicio del entramado su estructura societaria para canalizar los cobros de los clientes. Martínez formalizaba esas entregas de dinero a sus empresas mediante contratos de asesoría o consultoría que, según Calama, serían ficticios y que solo se usarían "como mera justificación documental frente a terceros". En realidad esos fondos acababan en poder del expresidente o en la caja de Whathefav, la empresa de sus hijas. Durante su declaración en el Senado, Zapatero admitió haber cobrado en total en seis años 430.000 euros de Análisis Relevante, otra de las empresas de Martínez, por asesorías. La sociedad de sus hijas se habría encargado de la maquetación y el envío de sus informes, según su versión.

En el caso de los servicios prestados por la supuesta estructura corrupta a Plus Ultra, Martínez Martínez, "siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero", señala el instructor, creó al menos una sociedad en el extranjero denominada "Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco". Esas firmas estaban participadas al 100% por otra de las sociedades del compañero de carreras del exlíder de Gobierno, Idella Consulenza Strategica, con sede en Alicante. Esta última, cuyo único administrador y propietario es Martínez, firmó un contrato con Plus Ultra por el que cobraría un 1% de los 53 millones desembolsados para el rescate de la aerolínea hispanovenezolana. El instructor cree que la sociedad con sede en Dubai estaba pensada para canalizar esos fondos porque se creó solo siete días después del acuerdo con la compañía de aviación.

Fue a través de otra de las sociedades de Martínez, Análisis Relevante, con la que Zapatero sí ha reconocido una relación profesional, la que remitió un total de 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 a la empresa de sus hijas. Esos fondos, según el auto, procedían de Plus Ultra y otras empresas interpuestas. "La mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante", sostiene Calama, "terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero". En este segundo escalón de la trama, el instructor también coloca a Manuel Aarón Fajardo García, a los que los gestores de Plus Ultra denominan "el hombre de Zapatero en Venezuela". El auto asegura que fue Fajardo con quien se pusieron en contacto los directivos de la compañía aérea para gestionar el rescate y que este les dirigió a Martínez, con el que siguieron tratando.

En el último escalón se encuentra Gertrudis Alcázar, la secretaria personal de Zapatero, que continúa con la misma función en la actual oficina del expresidente, situada justo en frente de la sede central del PSOE. Alcázar, según el auto, se encargaría de "la gestión cotidiana" de la red corrupta, ejecutando las órdenes del expresidente. Junto a ella, en ese tercer nivel, se encontraría Cristóbal Cano Quiles, el "gestor diario del entorno societario" controlado por Martínez, que tenía una fluida relación con la asistente administrativa del ex secretario general del partido. De varios correos intercambiados entre ambos, el juez deduce que, tras una comida en un restaurante entre Zapatero y Martínez, ambos habrían acordado la constitución de la sociedad off-shore con sede en Dubai.

La nota de prensa llegó a las siete menos diez de la tarde. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido en la mañana del pasado miércoles, acordó, por mayoría, dar amparo a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, una las que participaron en el caso Juana Rivas, frente a unas declaraciones del abogado de esta. La resolución, apoyada por la presidenta, Isabel Perelló, y los 10 vocales conservadores, establecía, como “medida de restauración”, “la difusión institucional” del acuerdo. “La crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional”, añadía. La nota aseguraba que se habían excluido “las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego”, a las que se dirigió también la queja de la jueza, por considerar que mostraron “un tono respetuoso”. Sin embargo, la literalidad de la resolución, según las fuentes consultadas, censura sus palabras y ordena que se les notifique el acuerdo.

La nota se distribuyó después de que varios medios, entre ellos infoLibre, hubieran publicado informaciones en las que se aseguraba que el amparo a la jueza de violencia granadina –que se inhibió de decidir sobre si debía enviar o no al hijo menor de Rivas con su expareja, el italiano Francesco Arcuri, investigado por maltrato– no se otorgaba únicamente frente a unas declaraciones del abogado de esta que la señalaban directamente. También, según se deduce de su literalidad, frente a las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y Juventud e Infancia, Sira Rego, además de otros exmiembros del Gobierno, como el exvicepresidente Pablo Iglesias (Podemos), la eurodiputada de esa misma formación y exministra Irene Montero y la magistrada y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell. El comunicado obligó a este medio a rectificar su versión inicial en el sentido del texto de la nota, procedente de fuentes oficiales del Consejo y así se recogió en la propia información.

Sin embargo, el contenido de la nota en realidad no refleja lo que el Consejo aprobó el miércoles sobre la jueza del caso Juana Rivas –como también apreciaron los vocales que votaron en contra– por lo que infoLibre no debió haber rectificado. La resolución se refiere, aunque sin recoger sus nombres ni sus cargos, a las dos ministras y al resto de exmiembros del Ejecutivo contra los que la jueza granadina dirigió su queja, a los que acusaba de ejercer presión sobre la magistrada orientando a la opinión pública para forzarla a tomar una decisión sobre el menor en un sentido concreto. Todos los políticos a los que se refería la queja, según la fundamentación jurídica del acuerdo, afectaron a la independencia de la magistrada y la atacaron personalmente, sobrepasando la libertad de crítica a las resoluciones judiciales. Las ministras y el resto de figuras, según el acuerdo, habrían desacreditado la profesionalidad de la jueza extendiendo una sospecha sobre su actuación en el caso.

Pero, además de esas apreciaciones que parecen censurar a dos miembros del Gobierno actualmente en el cargo, la parte dispositiva del acuerdo ordena que se notifique, no solo al abogado de Juana Rivas, sino también a ambas ministras, al ex número dos del Gobierno, la eurodiputada de Podemos y la magistrada en ejercicio y ex delegada del Gobierno contra la violencia machista. Esa notificación debe comunicar a todos ellos que pueden presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la que dirime todas las impugnaciones contra las decisiones y actos del Consejo.

Fuentes oficiales del CGPJ aseguran que esta orden de enviar a las ministras –y no solo al abogado de Juana Rivas– la resolución se justifica porque sus declaraciones fueron objeto de la queja presentada por la magistrada ante el órgano de gobierno de los jueces. Respecto a los párrafos de censura a las manifestaciones de “personas que ostentan o han ostentado responsabilidades públicas” que recoge el documento, esas fuentes aseguran que deben entenderse referidas únicamente al resto de cargos –Pablo Iglesias, Irene Montero y Victoria Rosell– pero no a las dos ministras. Sobre por qué no hay en la resolución –pero sí en la nota– ninguna referencia a que las declaraciones de Redondo y Rego queden efectivamente exentas de la reprobación, desde la institución afirman que el texto “podría ser mejorable”.

Sin embargo, los nueve vocales del sector progresista que votaron en contra del amparo entendieron que la resolución censuraba a todos los representantes políticos –ministras incluidas– en contra de lo que se recogió horas después en el texto de la nota de prensa, y así lo hicieron saber a sus compañeros durante el Pleno del miércoles en el que anunciaron que formularían por escrito su opinión discrepante. El voto particular de todos ellos plasma una posición contraria al amparo. Pero además, asegura que el texto de la resolución que sacó adelante la mayoría "pone de manifiesto las imprecisiones e inconcreciones en cuanto a los hechos y el fundamento del amparo solicitado". "La trascendencia de ese conjunto de imprecisiones e inconcreciones es aún mayor si se tiene en cuenta su reflejo en el plano institucional y de la comunicación pública". En definitiva, que la resolución del amparo concedido, cuyo único efecto era ser publicado en una nota del Consejo para el conocimiento de todos los ciudadanos, no aclaraba si se refería a las ministras, como negó el comunicado oficial posterior, en contra de lo que entendieron los medios que se hicieron eco de la decisión del Consejo.

"Aunque durante la deliberación se acordó la supresión de un concreto párrafo del texto debatido", el que hacía referencia a las dos integrantes del Ejecutivo, "permanecen inalterados los antecedentes de hecho, buena parte de la fundamentación jurídica y la parte dispositiva, incluida la decisión de difundir institucionalmente el acuerdo y notificarlo no solo al letrado [de Juana Rivas], sino también a la ministra de Igualdad, doña Ana Redondo García; a la ministra de Juventud e Infancia, doña Sira Rego; a doña Irene Montero Gil; a don Pablo Iglesias Turrión [y] a doña Victoria Rosell Aguilar". "La permanencia de tales referencias", prosigue el texto discrepante, "impide apreciar una plena congruencia interna entre la fundamentación [de la resolución], la parte dispositiva finalmente aprobada y su posterior difusión y comunicación institucional", añade.

Las manifestaciones de Ana Redondo de las que la jueza se quejó se recogieron en una nota del Ministerio de Igualdad difundida el 10 de enero de 2025 en la que se advertía de que “varias normas internacionales” establecían que “se debería escuchar al menor y tener en cuenta su opinión a fin de garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador". Como aseguró la propia ministra en sus alegaciones durante el procedimiento de amparo, el comunicado hacía una referencia expresa “al respeto a la independencia del Poder Judicial” y enmarcaba su contenido en una crítica “respetuosa y admisible”, sin referirse a ninguna actuación concreta de la jueza.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, escribió un tuit el 7 de enero de 2025 en el que decía literalmente: “He escuchado a [el nombre del menor], hijo de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador. Yo le creo”. Ese mismo día, se publicó una noticia en la que se aseguraba que Juventud e Infancia había trasladado al fiscal “la urgencia de que se escuche al hijo menor de Juana Rivas para que se garanticen sus derechos”. En sus alegaciones, Rego recuerda que sus declaraciones se efectuaron mostrando absoluto respeto a la independencia e imparcialidad judicial.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, apareció en redes sociales calificando la decisión de la jueza de inhibirse de la decisión sobre el hijo de Rivas de "violencia institucional insoportable", manifestando que la magistrada estaba "fuera de la ley". "Lo que está haciendo esta jueza al inhibirse es negar que este caso sea un caso relacionado con violencia machista. Hay jueces que están haciendo política contra las leyes feministas y de la infancia". Al dar su versión al Consejo, Montero alegó que sus críticas "se insertan en un debate público sobre los contornos y la naturaleza de la violencia vicaria (...) en un caso ya de por sí relevante mediáticamente".

El exvicepresidente Pablo Iglesias escribió un tuit con una foto de la jueza y el texto: "Quién es Aurora Angulo, la jueza conservadora que no quiere escuchar al hijo de Juana Rivas. En 2016 Angulo archivó la denuncia de Rivas contra Francesco Arcuri. En 2024 se supo que la fiscalía italiana investiga a Arcuri por maltrato a su hijo menor". Iglesias ha mantenido ante el CGPJ que se limitó "a retuitear una información publicada por el medio de comunicación que dirige, respecto al que no se ha interesado ninguna medida específica".

La magistrada canaria y ex delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, fue entrevistada en diario-red.com, medio en el que afirmó que "si un niño manifiesta miedo a uno de sus progenitores, hay que saber por qué" y señaló que se atendiera a la fiscalía, que pedía que la jueza escuchara al menor. También escribió un tuit en su perfil de X en el que recordaba que la Guardia Civil había apreciado "riesgo alto de especial relevancia" si el hijo de Rivas volvía con su padre. Según dijo la magistrada al órgano de gobierno, sus manifestaciones "no guardan relación con el juzgado de Granada, sino con la campaña de solidaridad con un niño español víctima de violencia de género sometido a la jurisdicción italiana". También sostuvo que no se dirigió a la jueza ni tuvo intención de darle ninguna recomendación, "ni mucho menos obviamente una presión de ninguna clase, lo cual, además, sería constitutivo de infracción disciplinaria".

Da igual que se aprueben las reformas estructurales que han exigido todas las asociaciones judiciales. Las de derechas, muy mayoritarias, y la única de izquierdas; sin excepción. Tampoco importa que se dé curso, por fin, a la demanda secular de crear más plazas judiciales para equiparar el sistema judicial español a la media europea con la aprobación de 500 nuevas para este año y la previsión de otras 500 para el que viene. Tampoco importa que la creación de los nuevos tribunales de instancia, que han sustituido a los tradicionales juzgados unipersonales creados hace casi 200 años, haya sido acompañada de una inversión de 1.121 millones de euros. Sus presidentes (los antiguos decanos), que se reunieron la pasada semana en Granada, insisten en el bulo de que la implantación se ha hecho sin medios.

La reunión se saldó con unas conclusiones que han sido enviadas para su conocimiento al Consejo General del Poder Judicial. En ellas acusan de mentir al Gobierno y al Consejo, que han constatado que, gracias a la reforma, el atasco judicial, creciente desde 2016 (con la excepción del período de la pandemia) ha comenzado a revertirse, aunque mínimamente, descenso que ha sido más acentuado en los órganos del orden civil. El órgano de gobierno de los jueces, además, ha constatado a través de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico, que la modificación, pese a que da la vuelta a la tradicional organización judicial española como a un calcetín, no ha provocado retrasos ni suspensiones significativas.

Los presidentes de los tribunales de instancia, sin embargo, pusieron en duda esos datos la pasada semana. Sostienen que la realidad de las primeras fases de la implantación de esos órganos ya los desmentía. "O bien se encuentran descontextualizados o bien responde a una selección parcial de la información disponible", sostienen los principales responsables de los nuevos órganos. Los antiguos decanos, al contrario que el Gobierno y el Consejo, describen una situación general de "desorganización" que se ha trasladado "a la generalidad de los tribunales de instancia, con evidente perjuicio para los derechos de los ciudadanos", un perjuicio que los ciudadanos, sin embargo, no advierten.

Los presidentes insisten en el mantra de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –cuya máxima dirigente María Jesús del Barco, preside el tribunal de instancia de mayor tamaño, el de Madrid– que la implantación de los nuevos tribunales se ha hecho "sin medios". El Ministerio de Presidencia y Justicia ha dedicado más de 1.000 millones esta legislatura para el despliegue de la ley. Tanto la UE (a través del Justice Scoreboard) como el Consejo de Europa confirman año tras año que España se encuentra por encima de la media europea en inversión en justicia por habitante, algo que para los presidentes de los tribunales de instancia resulta insuficiente.

Las acusaciones de los antiguos decanos son graves, aunque no se sustentan en datos. "Pese a las advertencias formuladas a las distintas administraciones y a haberse solicitado incluso la moratoria, ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva", sostienen con el habitual tono alarmante que los ciudadanos, sin embargo, no parecen compartir. "A lo largo de todo el territorio nacional, los tribunales siguen careciendo de medios personales y materiales suficientes para afrontar una reforma que se califica como exitosa mientras los ciudadanos continúan esperando una adecuada garantía de sus derechos". En definitiva, advierten de que el Gobierno es capaz de poner en peligro derechos fundamentales y garantías básicas de los ciudadanos solo por su propio interés de sacar adelante una ley que la misma judicatura ha reclamado y que ha estado en los planes de todos los gobiernos (del PP y del PSOE) desde 1997.

Con la organización anterior, distribuida en órganos unipersonales dirigidos en última instancia por el juez, los titulares se quejaban de que tenían que hacerse cargo de infinidad de labores administrativas que les impedían dedicarse a su función primordial –juzgar y poner sentencias– y ralentizaban su trabajo. Privar a los jueces de esas labores para acelerar los procesos fue uno de los objetivos de la ley de eficiencia, la que creó los nuevos tribunales de instancia. El esquema de la norma prevé que los jueces ejerzan únicamente sus funciones jurisdiccionales mientras que toda la tramitación queda en servicios comunes dirigidos por letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales).

Ahora que la reforma está aprobada temen, sin embargo, perder el control del antiguo aparato burocrático que les acompañaba y en el que eran los jueces los que mandaban. Así se desprende de algunas de las advertencias que se recogen en el comunicado. "En materia jurisdiccional –procesal y sustantiva– los letrado/as [de la administración de justicia] deberán seguir las instrucciones de los jueces y magistrados", dice por ejemplo.

Tampoco quieren que otros dispongan sobre su carga de trabajo o el número de juicios a celebrar. "Los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones para el señalamiento de las vistas siguen correspondiendo a los titulares de las plazas judiciales, sin perjuicio de la adopción de criterios organizativos unificados", dice el documento. La ley establece que en los órganos judiciales colegiados (y los tribunales de instancia lo son), esos señalamientos corresponden a los presidentes de cada sección (civil, de instrucción, de familia, contencioso-administrativa, laboral...) y no a cada uno de sus miembros, como los antiguos decanos defienden.

Los presidentes también advierten de "la desconexión actual entre el juez y la oficina judicial" que, en su opinión, ha provocado la nueva organización judicial, y por ello reclaman como algo "imprescindible" desarrollar "la figura del funcionario de apoyo directo al juez", una suerte de secretario a su servicio que mantenga "la necesaria vinculación funcional con el servicio". En la nueva estructura de los tribunales de instancia, los funcionarios quedan bajo el mando de los letrados de la administración de justicia que son los que se coordinan con cada sección de cada tribunal. Fuentes del Consejo aseguran que, al haber perdido el mando de la oficina judicial, muchos miembros de la judicatura se han sentido "destronados".

Desde el Gobierno, con los datos hasta ahora disponibles, descartan esta visión catastrofista que difunden los jueces cada vez que tienen ocasión. Admiten que la ley de eficiencia supuso un cambio en la forma tradicional de trabajar de la judicatura española vigente desde 1834 y que la adaptación de jueces, fiscales, funcionarios y demás operadores será paulatina. "Cambiar el modo de trabajo es difícil y el sistema tiene que rodar", explican fuentes del Ministerio de Presidencia y Justicia que destacan, al contrario que los presidentes de los tribunales de instancia, que "no hay incidencias estructurales" ni "demoras y suspensiones". Solo incidencias puntuales que, con el tiempo, se ajustarán.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido esta miércoles otorgar el amparo solicitado a la jueza número dos de Violencia sobre la Mujer de Granada, Aurora Angulo, frente al abogado de Juana Rivas. La decisión ha salido adelante con los votos de los diez vocales conservadores, a los que se ha sumado el de la presidenta, Isabel Perelló. Los consejeros progresistas se han opuesto.

El acuerdo dispone asimismo, “como medida de restauración de la independencia judicial perturbada, la difusión institucional del presente acuerdo, con expresa constancia de que la crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional o de presión extraprocesal sobre la jueza competente”.

La solicitud de amparo se originó el 10 de enero de 2025 tras unas manifestaciones públicas del abogado de la granadina, Carlos Aránguez, en la que acusaba a la jueza de no comprender lo que es "la violencia vicaria". El letrado reprochaba a la magistrada, además, que hubiera archivado en 2016 una denuncia de Rivas contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, acusado de maltrato. "Quédense con este nombre: Aurora Angulo", dijo a los medios.

Horas después, 107 jueces de violencia sobre la mujer de toda España emitieron un comunicado advirtiendo de que las palabras del abogado desprestigiaban "a todo el sistema judicial". La controversia se generó después de que la jueza rechazara pronunciarse sobre si el hijo menor de Rivas debía o no permanecer con ella en España, al considerar que no era competente.

Angulo presentó su solicitud de amparo ante el Consejo manifestando que las palabras de Aránguez afectaban a su independencia. Ese escrito también se dirigía a las ministras de Igualdad y Juventud e Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, el exvicepresidente Pablo Iglesias y la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell. Todos ellos se habían hecho también eco del caso.

El Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, redactó un comunicado en el que pedía que se atendiera "el interés superior del menor" ante el riesgo de que el niño tuviera que convivir en Italia "con un maltratador". Días antes de que la jueza se inhibiera del caso, la ministra Sira Rego también manifestó su preocupación sobre el futuro del hijo pequeño de Rivas.

Del acuerdo se han excluido, según una nota difundida por el CGPJ, las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, respectivamente, "por considerar que se formularon en un tono respetuoso con la función judicial y que entran dentro del ámbito de su actuación política". 

*Esta información se ha actualizado después de que el CGPJ enviara una nota en la que indicaba que "se han excluido las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego".

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.

El jefe de Anticorrupción justifica esta postura por su aportación "sobre la duradera relación que mantuvo" con Ábalos y Koldo, así como otras pruebas sobre supuestos amaños de obra pública –con la escritura manuscrita del asesor, confirmada durante la instrucción del caso, o "la participación en tales amaños de Santos Cerdán León", el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE al frente de la Secretaría de Organización del partido, "lo que era del todo desconocido para la investigación". "Se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento", sostiene Luzón que, tras el juicio, incluyó una nueva valoración en sus conclusiones definitivas: que los audios intervenidos a Koldo sobre el reparto de obra pública "encajan plenamente con lo inicialmente declarado" por Aldama.

El trato privilegiado que la acusación pública (coincidiendo con el PP) ha dado al colaborador ha sido muy cuestionado en diversos ámbitos. Y no solo por el señalamiento –sin pruebas, en sede judicial y con posterior desmentido del fiscal– hacia Pedro Sánchez como líder de la organización criminal. También por el señalamiento contra el propio Aldama de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo ha colocado en la cúspide de la banda –"quien paga, manda", dijeron de él los agentes ante el plenario– y, sobre todo, por los bulos que ha ido aireando en medios especialmente contrarios al Gobierno desde su salida de prisión en noviembre de 2024 gracias al apoyo de Luzón.

Aldama ha colocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una fiesta con prostitutas presuntamente celebrada en un piso de Madrid en una fecha en la que el ministro no estaba en la capital, sino en Canarias. También ha lanzado acusaciones contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya lo ha demandado. Además, difundió fantasiosos rumores sobre supuestas cuentas de varios ministros en República Dominicana o contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que ha atribuido una comisión obtenida por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Todas esas afirmaciones sin sustento han suscitado en el Gobierno dudas sobre si la verdadera intención de Aldama es colaborar con la justicia o con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La decisión sobre el destino de los tres acusados –Ábalos, Koldo y Aldama– en la principal trama de corrupción surgida en el seno del Ejecutivo y del PSOE está ahora en manos de los magistrados que deberán redactar la sentencia. No es la primera vez que un arrepentido adquiere un papel central en la investigación de casos de corrupción. Tres de los más sonados, Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso Nóos (en el que fue condenado el exmarido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin) se esclarecieron gracias a figuras de este tipo. Se trata de promocionar la delación, una tendencia al alza desde hace años en el Derecho Penal español y europeo.

El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas fue, según el Tribunal Supremo, "esencial" para destapar la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP y cuyas últimas piezas acaban de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En 2007 presentó una denuncia en la policía acompañada de 18 horas de grabaciones que hizo a escondidas a su cabecilla, Francisco Correa –para el que había trabajado y del que había sido amigo– en las que revelaba parte de sus delitos. La sentencia, que terminó haciendo caer al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura, lo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, malversación y prevaricación, porque, según el tribunal, cobró sobornos y ayudó al cabecilla con sus manejos en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde Peñas fue edil.

Sin embargo, gracias a su colaboración con la justicia, la Audiencia suspendió su ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto de las penas de inhabilitación que también se le impusieron y que le habrían impedido continuar trabajando como funcionario. "Su colaboración ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él y quienes con él participaron en los mismos se refiere, tanto por la aportación de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad desarrollada por Francisco Correa", explicaba la sentencia de la Época I, en mayo de 2018. El Gobierno, finalmente, le concedió el indulto que reclamaba en octubre de 2024. Habían transcurrido 17 años desde que grabó al jefe del entramado corrupto.

De su declaración como imputado ante el entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, se hizo hasta una obra de teatro. En ese acto, Luis Bárcenas aportó a la investigación sus famosos papeles con los sobresueldos que el PP abonaba a sus principales cargos y que habían sido publicados por El País en enero de ese mismo año. También hizo un relato detallado de la contabilidad b del partido del que fue gerente y luego tesorero, y de cómo con los fondos que reflejaban esas cuentas se pagó parte de la reforma de la sede central de la formación en el número 13 de la madrileña calle Génova. Otro de los aspectos que confesó y en los que había participado, fue la adquisición por el partido de acciones de Libertad Digital, una transacción por la que fue condenado en mayo de 2018 en la sentencia de la Época I del caso Gürtel. Para tratar de evitar esa confesión y robarle la documentación que mostró al juez, el Gobierno de Mariano Rajoy montó la trama de espionaje de la Operación Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal acusado.

Esta colaboración le sirvió al extesorero para que la Audiencia apreciara la atenuante de confesión porque "en su declaración aportó importantes datos de cara a la investigación", pero, a diferencia de lo que pide el PP y Anticorrupción para Aldama, no se le aplicó en grado cualificado porque "fueron los registros practicados con posterioridad en las sedes de Unifica [el estudio de arquitectos que ejecutó la obra] y del PP los que aportaron datos decisivos para el completo esclarecimiento de los hechos y de la intervención de otros acusados", decía la sentencia. Anticorrupción pedía para él un total de cinco años de cárcel que el tribunal dejó en dos. La sentencia no tuvo reflejo en su situación personal, ya que Bárcenas se encontraba en prisión desde la sentencia de la Época I, en la que fue condenado a 33 años que luego el Supremo rebajó a 26 con un límite máximo de 12 años, de los que cumplió algo más de ocho. Su arrepentimiento se tuvo en cuenta para el acceso a todos los beneficios penitenciarios.

En la causa que llevó al banquillo a Cristina de Borbón y terminó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, por el llamado caso Nóos, también hubo un arrepentido. Fue Marco Antonio Tejeiro, el contable del instituto regentado por el yerno de Juan Carlos I y su socio Diego Torres (cuya esposa era la hermana del delator). Tejeiro relató al fiscal anticorrupción Pedro Horrach los negocios ilegales de Nóos y el desvío por parte de Urdangarin y su socio a sus empresas de fondos públicos adjudicados por los Gobiernos de Baleares durante la presidencia de Jaume Matas o de la Comunitat Valenciana con Francisco Camps, ambos del PP.

El confidente del caso Nóos compareció en el juicio ante la Audiencia de Baleares como imputado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsificación de documento por los que la Fiscalía le reclamaba dos años de cárcel. Finalmente, gracias a su colaboración, tanto Anticorrupción como la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias levantaron la acusación contra él, por lo que resultó absuelto.

La última fase del juicio del caso Mascarillas ha estado rodeada de una cierta polémica en torno a la actuación de Anticorrupción. El PP –que es una de las acusaciones populares en el proceso– y sus medios afines han reclamado que la petición de prisión contra el principal confidente del caso, el empresario Víctor de Aldama, se redujera hasta el punto de permitir una eventual suspensión de la pena para que no entre en la cárcel. Esa reclamación se ha traducido en presión hacia el Ministerio Público para que mantuviera esa posición (planteada en el proceso por el PP) y en acusaciones directas a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de haber obligado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a mantener su petición inicial de siete años de cárcel y no premiar aun más la colaboración de Aldama dando así una supuesta instrucción favorable al Gobierno de Sánchez que, sin embargo, el propio Luzón ha desmentido que existiera.

El Código Penal permite modular el castigo a los arrepentidos en recompensa a su colaboración mediante las circunstancias atenuantes. Es lo que hizo el pasado lunes el PP al reclamar que se le aplicara la atenuante analógica de confesión como "muy cualificada", dando lugar a una rebaja en su petición de penas al confidente de dos grados, lo que permitiría, en su caso, al Supremo suspender su ingreso en prisión en caso de que fuera condenado. Anticorrupción, sin embargo, mantuvo su petición inicial de siete años de cárcel con la apreciación simple de esa misma atenuante, aunque después, en su exposición oral, Luzón argumentó que en el caso de Aldama también era posible la reducción que planteaba el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo junto al resto de acusaciones populares.

Más allá de esta polémica, lo cierto es que, desde 2004, los sucesivos gobiernos, tanto socialistas como populares, han defendido que en casos de arrepentidos como el corruptor del caso Koldo, el fiscal pueda ir mucho más allá que actualmente y pueda premiar la colaboración con la suspensión del proceso contra él y su posterior archivo. El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Ejecutivo de Sánchez –el que prevé que sea el fiscal el que dirija la investigación de los delitos– que actualmente se tramita en el Congreso, mantiene esta posibilidad para los casos de "colaboración activa contra una organización criminal". Aldama está acusado de formar parte de una banda de este tipo así como de los delitos de cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. En los casos de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, la nómina de infracciones se completa con tráfico de influencias y malversación.

"En los supuestos de delitos castigados con penas de hasta seis años de prisión o con penas de otra naturaleza, cualquiera que sea su extensión, cometidos en el seno de una organización criminal, el fiscal podrá acordar la suspensión del procedimiento", dice el primer inciso del artículo 168 del proyecto de ley orgánica. Esa suspensión puede decretarse si el colaborador abandona previamente la organización, reconoce sus delitos e impide con su actuación que se produzcan otros nuevos o, como en el caso de Aldama, cuando el confidente ayude "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otras personas responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones criminales a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado". La colaboración del conseguidor del caso Mascarillas, ha servido, por ejemplo, para atrapar a Santos Cerdán, como han señalado en el juicio tanto el PP como el fiscal.

Para que el Ministerio Público pueda acordar esa nueva figura en caso de que, finalmente, se apruebe la ley, el confidente tiene que pagar previamente todas las indemnizaciones que se deriven de sus delitos para demostrar su arrepentimiento. La suspensión queda condicionada, además, a que el colaborador no frustre posteriormente los datos facilitados en su confesión ni vuelva a delinquir. Si cumple esas dos condiciones, transcurridos cinco años desde la suspensión del procedimiento, el confidente puede reclamar al juez del caso "el sobreseimiento del procedimiento archivado, con pleno efecto de cosa juzgada", con lo que los delitos quedarían sin condena gracias a su cooperación con los investigadores.

Esa posibilidad también fue defendida por el PP en 2013, cuando presentó su borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal elaborado por el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón. Ese texto, en lugar de la suspensión (que solo se convierte en archivo cinco años después) preveía el sobreseimiento a instancias del fiscal, pero en estos casos, se exigía un pronunciamiento previo del fiscal general del Estado, que debía evaluar si la cooperación del integrante de la organización criminal había tenido la suficiente entidad como para eximirle de sus delitos. Una posibilidad similar estaba prevista en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuando quien ocupaba la cartera de Justicia era Francisco Caamaño.

La exposición de motivos del proyecto actualmente en trámite parlamentario recuerda que la posibilidad de que el fiscal terminara el proceso "por razones de oportunidad" ya se recogía en los textos anteriores. La futura regulación está inspirada en el derecho alemán y el portugués y, en el caso de las organizaciones criminales, se busca un supuesto ligado "a la figura del arrepentido". "Este supuesto se sujeta (...) a claros límites reglados y a condiciones que aseguran que la decisión de oportunidad solo será efectiva cuando el arrepentimiento sea real, la colaboración prestada sea activa y sustancial y siempre que las víctimas del delito cometido hayan sido debidamente resarcidas", dice el preámbulo de la futura norma procesal.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exnovia, Jésica Rodríguez, y su familia disfrutaron de determinados inmuebles con absoluto desconocimiento por parte del exmiembro del Gobierno de que los sufragara el conseguidor de la trama corrupta del caso Koldo, Víctor de Aldama, a través de sus socios y conocidos. Así lo ha sostenido el ex miembro del Gobierno y ex número tres del PSOE durante su declaración como acusado y sin obligación de decir la verdad. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Ábalos ha asegurado que la decisión de adjudicar contratos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión procedió directamente de la subsecretaría del ministerio. "Yo solo daba la orden política de que se contratara pero no me he metido jamás en la contratación, no miraba ninguna oferta", ha declarado. "Mi única obsesión es que tuviéramos equipos de protección ya", ha añadido. El exministro, además, ha sugerido que su excompañera Jésica pudo actuar coaccionada en su declaración como testigo: "Se inculpa porque le han dicho que no le va a pasar nada".

En su declaración del pasado miércoles, Aldama aseguró que fue Koldo García, la mano derecha del ministro, el que le encargó que entablara relaciones con contratistas del ministerio para obtener mordidas en efectivo que, como dijo sin aportar prueba alguna, servirían para financiar al PSOE. Para ello, el principal asesor de Ábalos y el conseguidor y número uno del entramado, habrían establecido un sistema de pagos y atenciones al ministro. Una de esas compensaciones en especie sería el pago de un alquiler a la novia de Ábalos, Jésica Rodríguez, en la Torre de Madrid, el edificio emblemático de la plaza de España. El otro era la puesta a su disposición como una garantía de los supuestos pagos procedentes de las constructoras de obra pública de un piso en la Castellana propiedad del propio Aldama. El de la plaza de España lo sufragó también uno de sus socios, Alberto Escolano.

Ábalos ha asegurado que su relación con Jésica iba en serio y que ambos buscaban "un espacio compartido" porque tenía la esperanza de que "esa relación prosperara". Fue entonces cuando Aldama ofreció la posibilidad de que firmar un contrato de alquiler con opción a compra del piso de la Castellana. El exministro llegó a rubricar ese contrato, pero asegura que no pudieron trasladarse porque estaba ocupado por otros inquilinos que no lo abandonaron hasta 2022. Ante esa inconveniencia, decidieron buscar una solución alternativa y provisional para Jésica. Es así como la entonces pareja del ministro entró a vivir en el apartamento de la Torre de Madrid, donde permaneció hasta 2022. Ábalos ha declarado que fue su asesor, Koldo, el que se ocupó de todo y que pensaba que quién pagaba al piso, no tenía nada que ver con Aldama. "Nunca tuve llaves de ese apartamento ni pernocté en él", ha asegurado.

El principal acusado y exmiembro del Gobierno ha puesto en duda el testimonio de Jésica y ha llegado a plantear que su declaración como testigo en el juicio pudo ser fruto de coacciones. "A uno no le parece bien verla sufrir así, verla comparecer aquí diciendo lo que tuvo que decir", ha declarado Ábalos. "Dijo que no iba a trabajar sin que nadie se lo preguntara; que había elegido el apartamento [de plaza de España] motu proprio; que no conocía al señor Aldama cuando yo la conocí por él", ha añadido. "Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho que no le va a pasar nada. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado por fichar todos los días tanto en INECO como Tragsatec", las empresas públicas dependientes del ministerio en las que, según la investigación, fue colocada Rodríguez por intermediación de Ábalos y Koldo.

Es en torno a esos trabajos y a si Jésica Rodríguez fue o no a trabajar, donde el exministro y ex secretario de Organización ha mostrado una mayor desmemoria. Negó que fuera idea suya que trabajara en INECO –"ni se me ocurrió", ha dicho–, que le pareció bien que encontrara un empleo pero pensaba en empresas del sector privado y no en una de las públicas del ministerio. El exministro ha declarado que lo único que hizo fue pasar el currículum a Koldo y que no hizo ninguna llamada en favor de su entonces compañera. Respecto a su paso posterior a Tragsatec, se ha remitido a un informe de la propia compañía que, dijo, asegura que consiguió legalmente a través de un proceso de selección. Sin embargo, ha negado que conociera que su novia, en realidad, no trabajara. Tenía un ordenador y pensaba que lo hacía a distancia por razón de la pandemia. En cualquier caso aseguró que no recordaba haber hablado de estos asuntos con ella porque a él no le parecían interesantes.

Otro de los inmuebles que se puso a disposición al ministro fue un chalé de la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Según el escrito de acusación, se trataría de una compensación de la empresaria Carmen Pano, también cercana a Aldama, por las supuestas gestiones para que Villafuel, una de sus empresas, obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos con la intermediación de Ábalos y Koldo. El exministro aseguró que buscaba una vivienda de alquiler para que él y su familia pasaran el verano y luego, en caso de que les gustara, adquirirla. "Como hizo siempre en estos casos, Koldo recurrió a Aldama para que le asesorara", ha declarado. "Me dijeron que era de una sociedad que no se dedicaba a nada que tuviera que ver con el ministerio", ha añadido. "¿Por qué escoge un chalé en venta en lugar de uno en alquiler si era para pasar el verano?", le ha preguntado el fiscal. "La propuesta no salió de mí, pero alguien puede intentar vender y aceptar un alquiler con opción a compra", ha asegurado. "Fue un alquiler real, nada simulado", ha añadido.

Respecto del contrato de adquisición de ocho millones de mascarillas por su departamento (y otro posterior de cinco millones) adjudicado a dedo a otra de las empresas relacionadas con Aldama, Soluciones de Gestión, en los primeros días de la pandemia, Ábalos ha asegurado que todo el proceso fue diseñado por la subsecretaría del ministerio, el órgano que se encarga de la gestión económica. "Yo daba la orden política", ha señalado, pero después, ha añadido, no decía con quien había que contratar. Según el exministro, su entonces compañero y ministro de Sanidad, Salvador Illa, le advirtió previamente de que tuviera mucho cuidado porque "hay mucha estafa". Soluciones de Gestión, según el exministro, tenía la ventaja de que era la propia empresa la que adelantaba el dinero con lo que asumía el riesgo.

"Todo el mundo sabe que buscábamos un proveedor; era un privilegio tenerlo", ha declarado detallando el nivel de angustia del momento y la perentoria necesidad de material sanitario en plena carencia. "Al menos pudimos traer las mascarillas y a un precio inferior a la media del momento", ha proseguido. "Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya". "El riesgo económico lo asumió el proveedor", "no me pasaron ninguna otra oferta", ha proseguido. "No me he metido jamás en nada de contratación salvo el objeto del contrato", es decir, que él decidía que se adquiriese el material sin entrar a valorar o fiscalizar a quién se le compraba. Respecto al papel del Aldama, el exministro ha concedido que es probable que conociera la situación de extrema necesidad por su relación con Koldo. "Uno, en ese momento, lo interpreta como una ayuda", ha declarado. "La preselección de ofertas se podía hacer y era legal", ha añadido.

Otro de los hechos por los que supuestamente Aldama remuneró ilegalmente a Ábalos fue la ayuda del exministro para el rescate de Air Europa, compañía de la que el conseguidor era asesor. El ministerio transmitió en agosto de 2020 a varios medios su posición favorable al rescate de la compañía aérea, lo que la trama habría recompensado con una estancia en un chalé vacacional en Marbella (Málaga). Ábalos justificó esa intervención y el rescate de la aerolínea porque "un Gobierno tiene que atender las necesidades de las empresas estratégicas". Air Europa era, según ha recordado, "la única compañía de bandera española que teníamos", que había pasado con el estallido de la pandemia de valer 1.000 millones de euros a cero. El exministro de Transportes ha manifestado que la idea de contar a algunos medios la posición del ministerio favorable al rescate surgió del secretario de Estado, Pedro Saura, y que él no se opuso.

Ábalos ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones populares y del defensor de Aldama, pero sí ha permitido el interrogatorio de la abogada de Koldo y por supuesto al suyo. Cuando ha tocado el turno a su defensa, se ha quejado de una suerte de conspiración en su contra de la UCO con filtraciones a determinados medios. Una de ellas sobre un supuesto chalé que tendría en Perú valorado en un millón y medio de euros que en realidad valía 700 y era un centro social. También ha acusado a los agentes de llevarse una memoria USB con los vídeos del comité federal que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en 2017 publicado recientemente. Ábalos ha asegurado que solo él y el presidente tenían esas imágenes. También se ha quejado de que se publicara un pantallazo de una conversación suya con el jefe del Ejecutivo. "No sé qué tiene que ver con la causa", ha dicho. Por último, ha rechazado que recibiera ningún pago directo o indirecto de Aldama. "Coincido con él en que nunca fue amigo mío, siempre mantuvo una cierta distancia; en que le gustaba alardear de tener cierto acceso".

El empresario Víctor de Aldama presentó el pasado miércoles a Koldo García Izaguirre como el gran muñidor de la trama de corrupción que supuestamente urdieron entre los dos junto al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero este jueves, durante su declaración como acusado, la mano derecha de Ábalos ha rechazado tajantemente haber recibido un solo euro del confidente que destapó la supuesta organización corrupta a la Fiscalía Anticorrupción. Solo ha reconocido el adelanto de un tratamiento de fertilidad para su pareja que luego le devolvió en tres plazos. Koldo ha admitido que recibió miles de euros del PSOE en anticipos para gastos al ser el asistente del número tres de la formación y que parte de ese dinero le llegaba en "chistorras", es decir, en billetes de 500 euros, algo que el partido niega.

Koldo se ha mostrado ante el juez como un abnegado asistente que trataba de anticiparse a las gestiones –no solo profesionales, también personales– de un ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE desbordado y agotado por el trabajo. Alguien que organizaba reuniones cuando se lo pedían, facilitaba salvoconductos durante la pandemia y solucionaba problemas, pero también que se encargaba de abonar la pensión del hijo del ministro después de su separación; de encontrar un chalé en Cádiz para las vacaciones del mandatario; de buscar una casa de alquiler para su nueva pareja, Jésica Rodríguez; o de ayudarla (a ella y a otra mujer relacionada con Ábalos) a encontrar trabajo en las empresas del grupo haciendo llegar sus currículos a cargos del ministerio o acompañándolas a las entrevistas, pero sin hacerse valer como alguien muy cercano al ministro.

El que fuera chófer de Ábalos antes de que el PSOE llegara al Gobierno y después su asesor principal ha reconocido que llegó a mantener una relación de "amistad" con Aldama, pero ha negado los pagos que este había relatado la víspera y las diferentes formas en que se produjeron. Ha rechazado con un parco "no", por ejemplo, que recibiera 10.000 euros al mes de Aldama, y ha asegurado que las anotaciones con esa cifra que aparecieron en el registro de su domicilio en 2024 podrían corresponder a negocios que estaba tratando de poner en marcha en Latinoamérica. También negó que Aldama le comprara una moto o un coche, como había dicho el conseguidor de la trama la víspera. Solo admitió que este le pagara un tratamiento de inseminación artificial para su pareja, Patricia Uriz, de unos 6.000 euros, que Aldama abonó con su tarjeta de crédito. Pero Koldo ha asegurado que se lo devolvió en tres pagos posteriores.

Aldama aseguró el miércoles que uno de los desembolsos que hizo a favor de Koldo y Ábalos consistió en el alquiler de un piso en la Torre de Madrid de la plaza de España para la nueva pareja del ministro, Jésica Rodríguez, que abonó uno de sus socios. Koldo, sin embargo, se ha desentendido totalmente de esa versión y ha asegurado que el ministro y su compañera tenían previsto alquilar un inmueble –propiedad de Aldama– en el paseo de la Castellana. Como estaba ocupado por otros inquilinos y hasta que se desocupara, el socio de Aldama se ofreció a facilitarles de manera provisional y por poco tiempo el piso de la Torre, que, según dijo Koldo que le contaron, lo había alquilado para celebrar encuentros de empresarios. El asesor del ministro no consiguió explicar por qué Jésica exigía que el arrendamiento durara al menos "doce meses". Tampoco por qué, tras una queja de la pareja de Ábalos, compró una nevera para la casa cuya factura pasó después al socio de Aldama.

Según las acusaciones, Jésica, además del piso, obtuvo un contrato en Ineco, la empresa pública de ingeniería adscrita al ministerio, un trabajo al que, sin embargo, jamás asistió. Koldo ha admitido este jueves que la única gestión que hizo por ella fue enviar su currículum a Isabel Pardo de Vera y que luego la acompañó a la entrevista que tuvo que hacer. Pero ha asegurado que la dejó en la puerta el edificio donde tuvo lugar el encuentro y que no intercedió por ella. Koldo y su hermano Joseba, ha declarado el primero, ayudaban a Jésica a redactar los partes que justificaban su jornada laboral, pero no para falsificarlos, ha declarado. La mano derecha de Ábalos ha dicho que él creía que la pareja de su jefe "teletrabajaba". Lo mismo con otra de las mujeres a las que colocaron, Claudia Montes. Ábalos le pidió que la ayudara y él encargó a los servicios del ministerio que recortaran la foto que acompañaba a su currículum al considerarla demasiado provocativa. Después se lo mandó a Isaías Taboada, el presidente de Renfe.

Otro de los supuestos pagos del entorno de Aldama al ministro fue una casa en la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Anticorrupción y Aldama sostienen que socios de este último la adquirieron para regalársela a Ábalos tras las gestiones de Koldo para conseguir que se le concediera a su empresa –Villafuel– la licencia de operador de hidrocarburos. Koldo ha admitido que fue él quien buscó la casa para Ábalos, pero que lo hizo para ayudarle a preparar sus vacaciones. Donde no ha parecido muy creíble es al explicar por qué eligieron entre los dos finalmente una casa en venta y no en alquiler. "¿Es que alguien la debía comprar para luego alquilársela?", le ha preguntado el fiscal, que no ha obtenido una respuesta concreta. Koldo ha asegurado, además, que desconocía que los que adquirieron el inmueble fueran los propietarios de Villafuel. Tras su salida del ministerio, los propietarios mandaron un burofax a Ábalos reclamando por el impago de dos meses y Koldo se queja a Aldama diciéndole que "esto es la hostia". El asesor ha asegurado ante el tribunal que lo dijo porque le molestó que enviaran un burofax en lugar de arreglarlo con una conversación informal.

Gran parte de la declaración de Koldo ha versado sobre las grandes cantidades de dinero que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, manejaba, y que las acusaciones atribuyen a los pagos de Aldama. El antiguo asesor ha decidido –en ejercicio de su derecho como acusado– no responder sobre esto al fiscal y hacerlo únicamente a preguntas de su abogada. Al contrario que en su declaración durante la instrucción del caso, esta vez Koldo sí ha concedido lo que afirmaba la UCO, que cuando en sus conversaciones hablaba de "chistorras", se refería a billetes de 500 euros. Pero ha rechazado tajantemente que procedieran de Aldama y ha asegurado que ese término lo pudo utilizar para los adelantos para gastos que recibió del PSOE como asistente del secretario de Organización –el partido niega que en sus pagos en efectivo a empleados y militantes utilice esos billetes–, las rentas recibidas de los inquilinos de sus pisos de alquiler turístico en Benidorm o los favores que le pedían agentes de la Guardia Civil años atrás para que les cambiara los billetes con los que el cuerpo sufragaba los gastos de sus operaciones.

Koldo ha afirmado que el PSOE le llegó a facilitar anticipos de hasta 12.000 euros en efectivo –parte de ellos en "chistorras"– que él guardaba en su casa y que servían para abonar actos y campañas. "En una campaña hay que pagar las dietas de desayuno, comida y cena, el alojamiento de todo el personal, la furgoneta... Todo en efectivo", ha dicho. Luego todo eso se justificaba con tiques y recibos ante la organización. Koldo ha desmentido que tuviera ningún tipo de relación con Pedro Sánchez y que todas las vías de comunicación con él se cortaron tras su designación como presidente del Gobierno. También ha rechazado que el partido cobrara de los contratistas de Transportes: "El PSOE no coge dinero de nadie", ha dicho.

Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Koldo no ha dejado la oportunidad de meter su titular durante su declaración como imputado –con derecho a mentir o al menos a no sufrir consecuencias por ello– en el Tribunal Supremo. La pregunta del fiscal Alejandro Luzón, era muy concreta y se refería a sus gestiones con Koldo García y varios ministerios para lograr la licencia de operador en el mercado de Hidrocarburos para Villafuel, una de las empresas de su entorno. Pero Aldama se ha salido del guión y, sin que el presidente le interrumpiera, ha detallado la que, en su opinión, es la jerarquía de la organización criminal que se juzga. "El señor presidente del Gobierno está en el escalafón en el número uno, Ábalos, en el dos; Koldo en el tres y yo en el cuatro", ha dicho. Y lo ha remachado asegurando que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo, pero sin dar una prueba que lo demuestre. El pasado lunes, el jefe de la UCO, Antonio Balas, había puesto a Aldama en la cúspide de la banda corrupta.

La declaración más esperada del juicio, la del cooperador de los investigadores que logró supuestamente tener a su sueldo a uno de los ministros con mayor presupuesto, el de Transportes, y a su principal asesor para alcanzar un acceso que jamás habría logrado por sí solo, se ha extendido durante más de siete horas. Durante su interrogatorio inicial por el Ministerio Público –que apoyó su salida de prisión provisional tras comprometerse a confesar y colaborar–, Aldama se ha explayado en su relato, que ya mostró ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, y ha asegurado que fue Koldo García, la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, quien le propuso convertirse en intermediario con contratistas habituales de ese ministerio para obtener mordidas que irían destinadas, ha afirmado, a la financiación del PSOE. El arrepentido ha llegado a sugerir que el asesor mandaba más que el ministro con el que trabajaba y que tenía la plena confianza de Sánchez.

El conseguidor de la trama y ahora confidente judicial ha fijado el inicio de las mordidas pagadas por contratistas en febrero de 2019. "Koldo me dice que me va a presentar a constructoras que trabajan para el ministerio", ha declarado. "Queremos ver cómo ayudarles para que ellos se lleven las licitaciones y que nosotros podamos tener un rendimiento que a nosotros nos viene bien para la financiación del partido", ha continuado. "Koldo me explica que esto no se puede facturar y que hay que pagarlo en efectivo. Entendí que estábamos haciendo algo ilegal con lo que no me sentía del todo cómodo, pero tampoco incómodo", ha continuado. Recurrieron a él como intermediario, según su relato, porque no querían exponerse. "Necesitaban un empresario que pudiera tener reuniones en el sector y conozca las constructoras para ver con quién pueden hablar de esto y con quién no", ha proseguido. "Eran contratos con licitaciones millonarias; no podía ser que cualquier persona hablara con los delegados de esas empresas", ha añadido.

Aldama ha asegurado que fue Koldo quién le dijo cómo tenía que hacerse. "Que te digan a qué licitación [contrato de obra pública] quieren ir y que te den tres licitaciones. En una quedarán fuera por baja temeraria, en otra, a mitad de la tabla, y el la tercera, en cabeza para ganarla", ha detallado que le dijeron. Hasta que empezaron a caer las supuestas mordidas de las empresas, Aldama, según ha declarado, estuvo "sembrando para poder ganarse la confianza de ellos". Asegura que abonó un tratamiento de fertilidad para la pareja de Koldo o una moto para este último y un coche para su hermano Joseba.

Esa no fue la única gestión que, según la versión de Aldama –que mantiene sin aportar pruebas–, prestó a Koldo y a Ábalos para financiar al partido. Tras la proclamación de Juan Guaidó en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela y su reconocimiento por España, Koldo y Ábalos le extendieron una carta con el membrete del Ministerio de Transportes en la que lo designaban como "enlace" con el nuevo mandatario para mostrarle toda la colaboración de la Administración española y del conjunto del Gobierno. Aldama ha asegurado que mostró sus reservas a Ábalos, al que dijo que se sentía "incómodo" con la misión y preguntó por qué no se encargaba a la ministra de Asuntos Exteriores, por entonces Arancha González Laya. El conseguidor ha asegurado que el ministro le respondió: "Si mandamos a esa inútil a Venezuela nos quedamos sin negocio".

En su encuentro con Guaidó, siempre según Aldama, el presidente interino le aseguró que tenía el control de Citgo, una empresa perteneciente a Petróleos de Venzuela (PDVSA) que opera en EEUU, y de una refinería de la petrolera venezolana en Cartagena de Indias. También le ofreció, ha asegurado, cupos de petróleo a cambio de un apoyo explícito de España a su presidencia. Después hubo supuestamente una reunión entre representantes del Gobierno interino de Caracas, ha declarado, en la sede del PSOE en la que, según su versión, se habló de "montar una estructura" para que esos cupos "se conviertan en dinero que pueda ser transferido" y sirvieran a la financiación del PSOE y la Internacional Socialista. Según el conseguidor, el resultado de esas gestiones fueron unas declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso en apoyo y reconocimiento de Guaidó.

Es de esa manera que Aldama intensifica supuestamente su interlocución con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del otro Gobierno venezolano, el de Nicolás Maduro, y ahora su sucesora. El Ejecutivo bolivariano estaba quejándose del apoyo español a Guaidó y, según el arrepentido, el Gobierno español optó entonces por arreglar la situación con las autoridades de Maduro. Aldama ha declarado ante el Supremo sin aportar pruebas que Rodríguez se comprometió con él a mantener los acuerdos sobre los cupos de petróleo que había pactado previamente con el presidente interino.

Además de los pagos en metálico procedentes de las contratistas, Koldo y Ábalos reclamaron a Aldama, según ha declarado, que les cubriera una serie de gastos como "entregas del exministro a su exmujer, los niños, el colegio...". El conseguidor se compromete a pagar mensualmente 10.000 euros, un desembolso procedente de su patrimonio y el de sus sociedades y que sostiene desde 2019 hasta mediados de 2022, según ha asegurado ante el tribunal. "Era algo simbólico, una cantidad menor en comparación con todo lo que se ha dado", ha afirmado el acusado.

Aldama ha relatado cómo desde el momento en que empezó a fluir el efectivo desde las contratistas comienza a hacer entregas a Ábalos. A veces en el ministerio, otras en su propio domicilio en el barrio madrileño de El Viso. Las cantidades van de 40.000 a 250.000 euros y, dependiendo de la cantidad de billetes, opta por llevarlos en sobres o en una bolsa de la compra metida en una mochila. "Dejaba el dinero encima de la mesa y el ministro lo guardaba en un cajón", ha declarado. También que el extitular de Transportes y ex número tres del PSOE se sentía "incómodo" en esas situaciones.

Las entregas de mordidas no eran regulares. Estaban sujetas a las adjudicaciones de los contratos de obras y Koldo, según Aldama, le transmite que eso pone nervioso al ministro. Para lograr la tranquilidad de Ábalos hizo que buscaran una solución. "Tengo un piso en el paseo de la Castellana, se lo ponemos al ministro como una especie de garantía y que se sienta a gusto. En caso de que no cumpla, que se lo quede", dice Aldama que propuso a Koldo. La operación se formalizó con un contrato simulado de alquiler con opción a compra. Pero los problemas del entramado no dejaban de crecer. Obtener efectivo de las contratistas era cada vez más difícil y el conseguidor propone pagar mediante transferencia.

"Es así como se pone encima de mi mesa pagar el piso de Jésica", la pareja de Ábalos. "Koldo me dice que, como hay que pagar por transferencia, el jefe ha conocido a una persona y que esa persona necesita un piso y que la ayudemos a buscarlo y a pagarlo", ha declarado. Es el socio de Aldama, Alberto Escolano, el que se encarga de las gestiones y los pagos del inmueble alquilado en la Torre de Madrid, el edificio más emblemático de la Plaza de España. "¿Por qué no lo paga usted?", le ha preguntado el fiscal. "Estamos hablando de una relación extramatrimonial y yo tenía miedo de que saltara a la prensa", ha respondido. "Yo veía cosas de Ábalos con señoritas en las que no ponía nada de cuidado. No quería que manchara a mis empresas o que provocara problemas con mi mujer".

En coherencia con toda su actuación en los dos años que ha durado la instrucción, la Fiscalía ha recurrido el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El escrito que reclama a la Audiencia de Madrid el archivo definitivo del caso para todos ellos por no apreciar ninguno de los cuatro delitos que se les achacan –tráfico de influencias y corrupción en los negocios a los tres; apropiación indebida y malversación a Gómez y Álvarez– dibuja una instrucción insólita repleta de cambios de hechos y argumentos, confusión de hechos y valoraciones, resoluciones irracionales y pena de banquillo en lo que considera una "auditoría general" contra la mujer del presidente del Gobierno.

La denuncia al tribunal superior de todo ese catálogo de irregularidades se produce frente al auto con el que el juez 41 de Instrucción del Tribunal de Madrid puso fin a su investigación mandando a los procesados a juicio ante un jurado popular. "Esta resolución de 11 de abril", sostiene el fiscal de delitos económicos José Manuel San Baldomero, "es el resultado de la instrucción" en la que "a la vista de las resoluciones judiciales (...) no hemos entendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias", añade. El fiscal advierte de que el juez cambia los hechos, los argumentos e incluso las referencias a sentencias del Supremo para justificar los delitos que aprecia. "Fruto de las alegaciones sobre insuficiencias o carencias de ciertos elementos o requisitos del tipo [el delito], se acude a nuevas reformulaciones de la secuencia de hechos y de las imputaciones realizadas", señala San Baldomero. Y el juez Peinado lo hace "siempre en pro de la continuación de la causa, sea por un título de imputación [por un delito] o sea por otro".

San Baldomero acusa a Peinado de actuar con un objetivo extraprocesal, el de causar daño a un imputado. Porque el auto recurrido, según sostiene el escrito, contiene "constantes y retiradas referencias a la fase de procesal en que nos encontramos", es decir, la instrucción, donde no se necesita acreditar pruebas sino exponer indicios. "Para tratar de solventar los problemas derivados de la ausencia de indicios mínimos y apuntando que son al menos bastantes para continuar el procedimiento", Peinado está "asumiendo implícitamente que no bastarían para una eventual condena, pero sí para continuar la causa, con la consiguiente pena de banquillo para los afectados", prosigue.

El recurso califica de "irracional" el auto de transformación en procedimiento del jurado (equivalente al procesamiento) que impugna. Y lo es, según el representante del Ministerio Público, porque mezcla los elementos de los distintos delitos que imputa a los procesados y vuelve a introducir aspectos que Peinado tuvo que sacar de su investigación, como los contratos de Red.es adjudicados a Barrabés que investiga la Fiscalía Europea al ser financiados con fondos de la UE, investigación en la que Begoña Gómez fue llamada a declarar en marzo en calidad de testigo.

Al rebatir el supuesto delito de tráfico de influencias que Peinado imputa a los procesados, el fiscal acusa al juez de confundir "hechos y valoraciones". "Hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de tratar de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás, de la inexistencia de los mismos", señala San Baldomero, que acusa a Peinado de presumir cualquier actividad de Begoña Gómez "como irregular, corrupta y delictiva, forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara" y convirtiendo cualquier conexión con otras personas en "una suerte de contaminación que extendiera dicho carácter delictivo". "La mera relación conyugal de Begoña Gómez" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede operar como una presunción que se traduzca en el prevalimiento e influencia, con relevancia penal, en toda su actividad, pretendiéndose que vaya impregnado siempre, además, del elemento doloso necesario para la comisión del ilícito", concluye el fiscal de delitos económicos.

El recurso vuelve a señalar algunas de las actuaciones más polémicas del instructor. "Se han acordado y practicado todo tipo de diligencias y actuaciones, algunas singulares, tan aparatosas en su realización como parcas y escasas en su motivación e ineficaces a los fines pretendidos". Y recuerda entre ellas "la declaración del presidente del Gobierno" y la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños "con visita a sus despachos oficiales". Pero también de "directivos de grandes corporaciones empresariales llamados a prestar declaración sin conocer exactamente en relación a qué ni por qué", continúa.

Después sigue sumando los sucesivos hitos de la cuestionada instrucción del caso. "Personas traídas como testigos y obligadas a declarar bajo juramento que pasaban a ser investigadas sin solución de continuidad", "un sinfín de testigos, imputaciones sin justificación y posteriormente dejadas sin efecto y cuyos testimonios se utilizaban en la propia imputación". La "exposición razonada fallida" contra Bolaños que el Tribunal Supremo descartó de plano al no encontrar "el más mínimo respaldo indiciario". "Entradas y registros sin justificación, posteriormente anuladas [como la de Barrabés]; meses sin resolver recursos a la par que se acordaban diligencias, algunas posteriormente anuladas; insistencia, persistencia en investigaciones sobre extremos rechazados...", relata. "Y pese a todo, creemos que no se ha hallado lo que se buscaba".

El escrito afirma que Peinado ha puesto en marcha "una suerte de auditoría general" sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la Complutense para lo que indagó, no solo su ausencia de titulación (no era necesario tenerla), sino también sus "retribuciones, contribuciones, contratación pública en ese ámbito, firma de pliegos, personal, y sobre toda la actividad de la misma y del personal que le rodeaba o que había tenido algún tipo de relación con la referida cátedra". También los "correos electrónicos de diversas cuentas públicas y privadas, números, llamadas, indagación sobre el número de alumnos de los masters, identidades, cantidades pagadas, investigaciones bancarias, consultas sobre todas las cuentas (...), listado de sus viajes al extranjero"...

Todo ello para, después de dos años, no haber podido encontrar un solo hecho que sea constitutivo de infracción penal, según el recurso del Ministerio Público.

No es solo uno de los más de 5.000 jueces que hay en España. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional que tiene como principal misión preservar, promover y defender la independencia judicial en España. Desde esa atalaya, a la que fue aupado por el PSOE y Sumar, el consejero Carlos Hugo Preciado ha denunciado que el Gobierno formado por esos dos partidos pretendería controlar la elección del próximo miembro español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y lo ha hecho tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado ha impugnado el proceso ante la Audiencia Nacional y ha solicitado su paralización. Prospere o no, su recurso extiende una sombra de sospecha que afectará al debate sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

Preciado, que no ha recurrido las bases de la convocatoria hasta que no ha sido rechazado para el puesto, advierte ahora que la comisión que debe seleccionar a los tres candidatos de la lista que el Consejo de Ministros enviará a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por tres miembros del Ejecutivo –los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia– a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso la designada es la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso actual, la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Con su recurso contencioso-administrativo, Preciado lanza dudas sobre la imparcialidad de un proceso que, sin embargo, fue regulado hace seis años por el Gobierno socialista mediante un reglamento precisamente para darle la objetividad, transparencia e institucionalidad que el Consejo de Europa –la organización internacional en la que se encuadra el tribunal europeo– reclamaba para los procesos internos de selección de jueces de cada país. En la anterior elección, la de la magistrada actual, María Elósegui, la preselección de la terna fue de cuatro miembros del Gobierno exclusivamente (secretarios de Estado y subsecretarios de Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia), sin la participación de ningún magistrado ni experto jurista, al contrario que ahora. El procedimiento, además, no estaba recogido en una norma, como actualmente, sino en unas simples “pautas” acordadas previamente por el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, la última palabra sobre los tres candidatos finales, tanto entonces como ahora, corresponde al Ejecutivo, que, en teoría, puede devolver la terna de candidatos seleccionada si considera que no está formada por personas aptas para el cargo. Nunca lo hace. En realidad, en casi todos los Estados miembros, al igual que en España, la decisión final corresponde a alguna instancia gubernamental, ya sea el Consejo de Ministros, el presidente, el primer ministro o el ministro de Justicia o Asuntos Exteriores. Esas son las instituciones de cada país que envían la terna a la Comisión para la elección de los jueces del TEDH, un órgano de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el organismo que tiene en sus manos la decisión final sobre el nombramiento del juez de cada Estado.

Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en el procedimiento de elección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, elevándolo todavía más hasta el magistrado español del TEDH. Las asociaciones judiciales conservadoras (APM, Francisco de Vitoria y Foro) han llegado a comparar a España con la Hungría del recién derrocado Viktor Orbán –que sometió el Poder Judicial de su país al Ejecutivo–. Incluso han reclamado a la Unión Europea que abra un procedimiento de sanción contra España (que supondría cortar un flujo de miles de millones de euros en fondos europeos) por, supuestamente, vulnerar las normas europeas sobre el Estado de derecho. Bruselas jamás ha comprado esa iniciativa y, en sus últimos informes, ha valorado las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno de Sánchez.

Fuentes del sector progresista del CGPJ muestran su sorpresa con el recurso de Preciado porque, dicen, afectará a la imagen de la Justicia española ante uno de sus principales organismos evaluadores, el Consejo de Europa. Se cual sea el recorrido del pleito, estas fuentes dan por seguro que el cuestionamiento de la convocatoria por un miembro del órgano de gobierno de los jueces hará que las dudas sobre la legalidad del proceso planeen sobre todo el debate que mantengan los miembros de la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional. Dos de sus grupos de trabajo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la Comisión de Venecia analizan periódicamente la calidad democrática de las instituciones y los poderes públicos en España y emiten recomendaciones. El grado de cumplimiento de estas últimas es también el termómetro al que recurre la Comisión Europea para redactar su informe anual sobre el Estado de derecho.

Las fuentes del Consejo consultadas, además, cuestionan la propia candidatura de Preciado, lanzada desde otro puesto de designación política como es el de vocal. El candidato ya desechado llegó a su cargo en el Poder Judicial en 2024 a propuesta del PSOE y Sumar, lo que podría afectar a su propia apariencia de imparcialidad en el proceso de selección de nuevo juez del TEDH al aparecer ya ligado a esos dos partidos, los que conforman el Gobierno cuya injerencia denuncia. Además, las fuentes critican que haya utilizado el órgano de gobierno de los jueces como “trampolín” para saltar a un nuevo puesto. Por último, recuerdan que en el caso de que hubiera podido conseguir la plaza en el tribunal europeo, el Consejo habría quedado definitivamente escorado a la derecha, ya que su sustituto sería un miembro de la conservadora y mayoritaria APM propuesto por el PP.

Fuentes del Gobierno aseguran que, por el momento, el proceso de selección sigue adelante. Si el vocal progresista consiguiera que la Audiencia Nacional lo paralizara cautelarmente, el resultado sería el bloqueo de la renovación del magistrado español del tribunal y la prórroga en ese puesto de María Elósegui, conservadora, perteneciente al Opus Dei y aupada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ocho años. Elósegui fue muy criticada tras su nombramiento por formaciones como Podemos, IU o En Comú (estas dos últimas forman parte de Sumar) por varias manifestaciones homófobas previas a su designación como jueza española del TEDH.

Preciado, a través de un portavoz, ha rechazado hacer ningún tipo de declaración sobre su recurso contencioso-administrativo y los motivos que le han llevado a presentarlo. Sin embargo, su interposición ha generado ya un efecto. La comisión de selección ha decidido entrevistar a todos los candidatos al puesto, entre ellos al propio vocal progresista, pese a que inicialmente descartó a 13 de ellos, entre los que se encontraba el consejero propuesto por Sumar.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, se lo advirtió al inicio de su declaración. María Dolores de Cospedal ha comparecido ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional sin la obligación de responder a todas las preguntas que tiene cualquier otro testigo llamado a declarar. Cospedal tenía el privilegio de no responder a cualquier pregunta que considerara que podría incriminarla.

Ese especial estatus procesal, derivado de su inicial imputación en el caso Kitchen y su posterior archivo provisional, en teoría no le permite mentir. Pero incumplir la obligación de todo testigo de no hacerlo no conllevaría ninguna consecuencia para ella. En caso de que volviera a ser objeto de acusación, el contenido de su testimonio de este jueves no podría ser utilizado contra ella, por el derecho fundamental a no declarar contra uno mismo. Tampoco podría actuarse contra ella por un hipotético delito de falso testimonio.

Palacios, la presidenta, le advirtió de que se le había comunicado desde la Audiencia que podría comparecer en el juicio con abogado. Cospedal aseguró, sin embargo, que no había recibido a esa comunicación, pero confirmó que estaba en disposición de declarar y que iba a responder a todo lo que se le preguntara. Y lo hizo, en muchas ocasiones en contra del contenido de los informes policiales en los que consta que mantuvo conversaciones telefónicas con el comisario jubilado José Manuel Villarejo –cuyos audios han sido ampliamente publicados por varios medios– para tratar de frenar las consecuencias del escándalo de los papeles de Bárcenas, que demostraron la existencia de una contabilidad B en el partido.

Varios jueces penalistas consultados por infoLibre explican que la situación procesal en la que ha intervenido Cospedal le permitiría una doble impunidad. Por un lado, sobre los hechos por los que inicialmente estuvo imputada y de los que finalmente el instructor del caso, Manuel García-Castellón, la eximió. Por otro, de las posibles falsedades que pudiera proferir durante su declaración en caso de que se demuestre su falta de veracidad. Más que un derecho, explican los expertos consultados, lo que Cospedal ha ejercido hoy en el juicio del caso Kitchen podría considerarse "un privilegio". "En teoría no puede mentir, solo puede no contestar. Pero si miente, no tendrá ninguna consecuencia para ella", señala uno de ellos.

Algunos de los pasajes del testimonio prestado por la exdirigente del PP y exministra de Defensa tienen difícil encaje en la realidad. Como cuando aseguró que nunca había hablado con Villarejo por teléfono, "ni fijo, ni móvil". Un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía recogió dos conversaciones con el comisario mantenidas con ella, precisamente, a través de un teléfono fijo. En la primera, del 20 de enero de 2013 –es decir, dos días después de que se publicaran los sobresueldos a cargos del partido–, Cospedal habla con Villarejo de la existencia de "una libretita" en la que estarían apuntados esos pagos y le dice que "sería mejor lograrlo parar". El comisario le responde que hará "todo lo posible".

Pese a esas conversaciones, Cospedal ha asegurado ante el tribunal sin ningún sonrojo que nunca habló con Villarejo del caso Gürtel. En los audios, sin embargo, el comisario aparece informando a la ex secretaria general del PP sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de la contabilidad B del partido. Como en sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho.

También ha negado la exministra ningún tipo de gestión al respecto con el principal acusado en el juicio, su compañero en el Gobierno y exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La ex número dos del partido ha asegurado que solo hablaban de la actuación de la formación en Cataluña. Sin embargo, en los audios recogidos por Asuntos Internos, Cospedal aparece explicando a Villarejo que Fernández Díaz le facilitó uno de los informes redactados por Morocho durante la investigación judicial un día antes de que se lo enviaran al instructor del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz. En caso de ser cierto ese dato, podría tener consecuencias penales, ya que la Policía, cuando actúa a las órdenes de un juzgado, solo responde ante el juez.

Otra de las manifestaciones de Cospedal que casa mal con los hechos investigados conocidos hasta ahora ha aparecido cuando ha asegurado que solo se reunía con Villarejo porque era el comisario el que estaba interesado en verla a ella, y no al contrario, y que era él quien contactaba con su secretaria o con su jefe de gabinete para arreglar los encuentros. Este último, que también ha declarado como testigo, ha señalado que no se reunían únicamente a petición del mando policial sino que a veces era la propia Cospedal la que pedía que se concertaran esas citas.

Cospedal ha asegurado de igual manera que todas las reuniones con Villarejo se produjeron de forma presencial en su despacho en la sede nacional del PP y que solo una vez se vieron en una cafetería de la calle José Ortega y Gasset de Madrid. Su director de gabinete, sin embargo, la ha vuelto a contradecir en este punto al asegurar que también se veían en el Ministerio de Defensa mientras la dirigente popular fue su titular.

En la Sala de Vistas de la Audiencia Nacional en la sede de San Fernando de Henares ha sobrevolado un informe policial que, sin embargo, no se ha exhibido. Se trata del que elaboró la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre tres conversaciones entre la que fuera número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y el comisario Villarejo. La ex secretaria general del PP, inculpada inicialmente y luego exculpada en la causa, ha rechazado que acudiera a Villarejo para destruir los papeles de Bárcenas, en los que se contenía la contabilidad B del partido. Ha negado, incluso, que hablara en alguna ocasión con el comisario por teléfono, el medio por el que se produjeron las conversaciones más comprometedoras entre ambos, según el informe policial.

Antes de iniciar su declaración como testigo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha informado de que, dado que el caso se archivó provisionalmente para ella (y por tanto podría volver a reabrirse si aparecieran nuevos indicios en su contra) si se le planteara alguna pregunta que ella considerara incriminatoria, podría dejar de contestarla. Pero Cospedal ha asegurado que iba a responder a todo lo que se le planteara. En caso de que el instructor volviera a imputarla, sus respuestas de hoy en el juicio de Kitchen –sean falsas o veraces– no podrán ser usadas contra ella debido a que los imputados y acusados, a diferencia de los testigos, no están obligados a responder a todas las preguntas que se les planteen ni a decir verdad.

La entonces número dos del PP ha asegurado a preguntas del PSOE que conoció a Villarejo en 2009 y que fue su entonces marido, Ignacio López del Hierro, quien se lo presentó. El motivo de que lo recibiera, ha declarado, era que el comisario, que se presentó como "policía en excedencia", tenía interés en conocerla. Cospedal ha corregido declaraciones anteriores en las que afirmó haber hablado con él cuatro veces para elevarlas a "ocho o nueve ocasiones". La testigo ha justificado que lo recibiera inicialmente porque estaba "recién condecorado por el ministro del Interior y parecía muy bien considerado en su cuerpo".

La ex secretaria general, expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa, ha afirmado que todos esos encuentros se produjeron en su despacho salvo uno, que ha situado en una cafetería de la calle de José Ortega y Gasset de Madrid, y que esos encuentros siempre se producían a iniciativa del comisario, que se ponía en contacto con su jefe de gabinete o su secretaria para confirmar las visitas a la sede del PP de Génova. Y ha negado haber hablado por teléfono con Villarejo "ni por fijo ni por móvil", una afirmación con una importancia central, porque contradice el informe policial de Asuntos Internos.

De las tres conversaciones de las que da constancia ese documento policial, dos de ellas, que se produjeron 20 de enero de 2013 y el 26 de abril de ese mismo año, se mantuvieron a través de un teléfono fijo. En la primera, que se produjo solo dos días después de que El Mundo publicara la existencia de los sobresueldos y a solo 10 días de que El País publicara los papeles en los que se recogían (31 de enero), la dirigente popular le pregunta por "la libretita" donde estarían recogidos esos pagos y le dice que "sería mejor logralo parar". Villarejo le responde que hará "todo lo posible".

En la llamada del 26 de abril, según el informe, Cospedal transmitió a Villarejo que no le había llamado antes porque "no tenía un fijo a mano", es decir, que evitaba conversar con él a través del móvil. En la charla telefónica, Cospedal transmitió al alto cargo policial que el exministro del Interior y ahora acusado Jorge Fernández Díaz, le había entregado a ella antes que al instructor del caso de la caja B del PP, Pablo Ruz, un informe de la UDEF. Durante las investigaciones penales, la policía judicial solo está sometida a las órdenes del juez. En su interrogatorio, Cospedal ha negado que hablara de estos temas con el exministro acusado con el que, ha dicho, solo charlaba "de la actividad del partido en Cataluña".

En estas conversaciones telefónicas que Cospedal ha negado ante el tribunal, Villarejo le habría informado adicionalmente sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de los 'papeles de Bárcenas'. Como sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho, que ha confirmado públicamente las presiones a las que fue sometido.

Cospedal ha dado una versión alternativa de sus encuentros con el comisario. "Era una persona que tenía unas magníficas relaciones con la prensa", ha afirmado. "En aquel entonces se estaban produciendo una serie de filtraciones sobre [la exalcaldesa de Valencia] Rita Barberá y dice que puede ayudarme". Cospedal, sostiene, quería enterarse de la procedencia de esas filtraciones. "También teníamos la sospecha de que el PP, que entonces estaba en la oposición, estaba siendo espiado o seguido o observado por alguien que tenía que ver con Interior", ha añadido.

Pero la ex número dos del partido ha negado que Villarejo le informara sobre Gürtel. "No tenía por qué hacerlo y no creo que tuviera capacidad de hacerlo", ha declarado. También ha rechazado que el cargo policial hubiera elaborado algún informe sobre la evolución del caso Gürtel o que le solicitara a ella o al partido algún tipo de pago porque "no tenía por qué", ha dicho. Además, ha asegurado que no conocía a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que los cargos policiales implicados en Kitchen captaron para espiarle. Andrés Gómez Gordo, quien fuera el responsable de seguridad del Gobierno castellanomanchego durante la presidencia de Cospedal, fue quien pagó al espía con cargo a los fondos reservados, según su propia declaración en la instrucción.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha impedido que se mostrara en la Sala el informe policial de Asuntos Internos sobre Cospedal o que se escucharan sus conversaciones con el comisario, como solicitaba la letrada de la acusación popular del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción, pese a que no descarta en su escrito de acusación la implicación del PP en el caso y se opuso a que la ex secretaria general del partido quedara fuera del juicio, no ha planteado ninguna pregunta. Tampoco lo ha hecho la Abogacía del Estado.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado acaba de concluir contra la esposa del presidente del Gobierno ha recibido duras críticas en el propio sistema judicial –ha sido vapuleada por el Tribunal Supremo, y corregida por defectos gruesos en la Audiencia de Madrid– y de la academia, en la que varios catedráticos han calificado la instrucción –en la que no se ha encontrado el mínimo indicio de enriquecimiento por parte de Begoña Gómez y el resto de imputados– de "impresentable" o "puro humo". El CGPJ, además, mantiene abierta una investigación disciplinaria contra el instructor por su estrambótica toma de declaración en Moncloa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y su intento de implicarlo en el caso, que el Alto Tribunal rechazó "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud".

El grado de polémica judicial, académica y social que ha generado la actuación de Peinado –que contrasta con el silencio y el consenso general frente a otras causas de corrupción que afectan al PSOE, como el caso Koldo– no le ha impedido llevar sus pesquisas hasta el final. Las últimas declaraciones del ministro Bolaños –que ha sido una de las víctimas de las maniobras del instructor– en las que aseguraba que jueces y magistrados se avergüenzan de su actuación, han provocado de nuevo una reacción airada de la derecha judicial y política, que ha vuelto a hiperbolizar sobre el supuesto peligro para la separación de poderes y la independencia judicial que supondrían las manifestaciones del actual titular de Justicia y otros ministros y ministras.

Uno de los jueces en activo que se han pronunciado de esa manera es el miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y colaborador del diario La Razón, Enrique López. En un artículo publicado este domingo titulado Aquelarre contra un juez incómodo, el magistrado llegó a decir que el Consejo de Ministros se había convertido en una "parodia". "Una cosa es criticar una resolución y otra muy distinta convertir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una ceremonia de deslegitimación de un juez de instrucción", escribió López. Eso es lo que hemos visto: un aquelarre político tan grave como fútil, y tan fútil como ridículo. Una escena que, por su exceso verbal, por su sobreactuación y por su pretensión de convertir al juez en acusado, rebajó el Consejo de Ministros a la categoría de parodia institucional".

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Las censuras al Gobierno del PSOE y Sumar escritas por el magistrado vienen de una persona aupada sistemáticamente por el PP para cada uno de sus cargos. Fue propuesto por ese partido como vocal del CGPJ en 2001, cargo que ocupó hasta 2008. En 2013, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy lo impuso como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, puesto que tuvo que dejar solo un año después tras ser interceptado por la policía por saltarse un semáforo con su moto, que conducía sin casco y quintuplicando la tasa de alcohol permitida al volante.

A su vuelta a la Audiencia Nacional retornó a su destino en la sección tercera de la Sala de lo Penal, a la que correspondía juzgar el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP. Su implicación con el partido había sido tal hasta ese momento, que sus compañeros de Sala decidieron en 2015 apartarlo del tribunal que juzgó la Época I de la macrotrama corrupta. La que terminó por llevarse por delante, en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, al Ejecutivo de Rajoy en junio de 2018 tras la condena al partido como responsable a título lucrativo y las acusaciones que se vertían en la resolución sobre las supuestas mentiras vertidas por el entonces presidente del Gobierno durante su declaración como testigo.

Es público, además, que López ha tenido, durante años, carné del PP. El 20 de agosto de 2019 fue nombrado consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasando a actuar como su mano derecha. Cinco meses después, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, lo nombró secretario de Justicia y Administraciones Públicas de la formación. López, sin embargo, cayó en desgracia tras posicionarse con Casado en el duelo que este último mantuvo con Ayuso y que terminó con su dimisión. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección, López dejó su cargo orgánico en el partido, y dos años después el 26 de junio de 2023, el de consejero. Tras ello, se dio de baja en el PP y volvió a la Audiencia Nacional.

La repercusión de su tribuna en un diario de tirada nacional ha sido amplificada por el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que ha reposteado parte de su texto incluyendo los nombres de usuario en X de los tres ministros que participaron en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros –Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente– y que no estaban en el artículo de López. Ruiz de Lara fue eximido hace semanas por la comisión disciplinaria del CGPJ después de que se abriera expediente disciplinario contra él por insultos proferidos a Pedro Sánchez, al que llamó "golpista", "antisistema" y "autócrata", y a su esposa, Begoña Gómez, precisamente enjuiciada por Peinado, y a la que calificó de "Barbigoña". La mayoría conservadora de la comisión hizo valer que se trataba de una "inocentada" y que estaba amparada por su libertad de expresión.

El artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial califica como "falta grave" castigada con multa de 601 a 6.000 euros la de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de ella". Enrique López inició sus colaboraciones periódicas con La Razón nada más dejar el Consejo y tomar posesión de su destino como magistrado en la Audiencia Nacional. Solo los responsables de ese medio pueden explicar si, desde entonces, le dan espacio por su trabajo en uno de los tribunales más importantes de España.

El CGPJ casi siempre concluye que los jueces que aparecen en medios y aprovechan sus colaboraciones para descalificar a personas, cargos públicos, partidos e instituciones desde ellos, participan como cualquier ciudadano particular y en uso de su derecho fundamental a la libertad de expresión. La misma libertad de expresión que López y Ruiz de Lara niegan al Gobierno para criticar a sus compañeros de profesión.