La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió este martes en el programa 'En boca de todos', de Cuatro, a las preguntas sobre el coste de su polémico viaje a México —que terminó con su regreso anticipado tras el incidente de los Premios Platino— con una pregunta retórica: "¿Pero por qué soy yo la que tiene que dar pelos y señales del dinero?". 

Lo cierto es que la ley de transparencia madrileña —aprobada en 2019 por PSOE, Podemos y Ciudadanos a pesar de la oposición del PP, que ostentaba el Gobierno pero en minoría— obliga a esa rendición de cuentas. La norma establece que los altos cargos deben hacer públicos "las dietas y gastos de viaje derivados del ejercicio de las funciones y actuaciones institucionales". 

La Comunidad de Madrid publica en su portal de transparencia un archivo con los gastos protocolarios, de dietas y de viajes de cada alto cargo. En el caso del archivo de la presidenta Ayuso, el análisis de infoLibre revela que constan 14 viajes internacionales desde enero de 2024 y que solo en cinco de ellos aparece el coste que supusieron los vuelos y/o el alojamiento. ¿Quién corrió con los gastos de desplazamiento y hoteles en el resto y cuánto costó? No se sabe.

En esos archivos, únicamente constan los viajes cuando se detalla algún tipo de gasto asociado a los mismos. En el caso de Ayuso aparecen 14 viajes internacionales porque en todos ellos pagó por la utilización de las salas de autoridades de varios aeropuertos —un total de 14.687 euros en ese periodo—, pero los conceptos de mayor cuantía —transporte, alojamiento y manutención— brillan por su ausencia. 

Los cinco con algún tipo de información extra se distribuyen entre tres viajes con detalle sobre el coste de los vuelos, uno con detalle sobre el coste del alojamiento y un quinto con detalle sobre ambos tipos de gastos.

En los otros nueve viajes únicamente aparece el coste de utilizar las salas de autoridades, sobre el resto de gastos: total opacidad. De hecho, según ha podido comprobar infoLibre, en ese mismo periodo se produjeron al menos otros dos viajes internacionales de Ayuso como presidenta que no constan en su archivo de gastos, ni por un desembolso para salas de autoridades ni por ningún otro tipo de gasto. 

En total, 11 viajes de Ayuso al extranjero en los que no se puede saber quién corrió con sus gastos de desplazamiento y alojamiento sobre un total de al menos 16 expediciones internacionales en ese tiempo.

La sala de autoridades es un espacio reservado en los aeropuertos para altos cargos del Estado que, según la normativa, solo puede utilizarse para viajes oficiales  —salvo en el caso de los miembros de la familia real, el presidente del Gobierno y los ex presidentes—. infoLibre ya informó en 2024 de que la presidenta había utilizado este espacio también en viajes de carácter privado, en verano de 2021, incumpliendo la normativa que regula su uso.

El contraste con los miembros de su propio Gobierno es llamativo. Hay varios casos en los que algunos consejeros acompañaron a Ayuso en los viajes y el portal sí recoge sus gastos en detalle.

En su expedición a Miami y Nueva York en junio de 2025, los consejeros de Economía y de Digitalización viajaron junto a la presidenta y en sus archivos de gasto constan 7.976 y 6.169 euros, respectivamente, desglosados en conceptos de locomoción, alojamiento y manutención. Mientras, en el registro de Ayuso consta un único gasto de 220 euros por el alquiler de la sala de autoridades de la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Los ejemplos continúan: cuatro meses después la presidenta se desplazó de nuevo a Estados Unidos, esta vez a Austin, donde los consejeros de Cultura y Digitalización gastaron 11.329 y 5.995 euros, respectivamente, en transporte y hoteles. La presidenta, según el portal de transparencia, solo gastó 1.449 euros por el uso de la sala de autoridades del aeropuerto. 

En el viaje a Corea del Sur de noviembre de 2024, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local declaró 7.354 euros y el consejero de Digitalización, 5.226 euros. Ayuso figura en ese mismo desplazamiento con un desembolso de solo 131 euros. De nuevo, por el uso de la sala de autoridades. 

No solo los consejeros han acompañado a Ayuso en sus expediciones a nivel internacional. Otro de los habituales en las comitivas de la presidenta es Luis Socías, director general de la Fundación Madrid por la Competitividad y de la oficina Invest in Madrid. Esta organización pública está impulsando estos viajes de la presidenta autonómica al extranjero con la intención de buscar inversiones económicas para la región, como consta en los objetivos de su plan estratégico 2023-2027.

En el archivo de gastos de representación de Socías, publicado en la web de la fundación pública que dirige, consta, por ejemplo, que desembolsó 8.126,5 euros entre locomoción, alojamiento y manutención para el viaje de Miami y Nueva York en junio de 2025. También acompañó a Ayuso, por ejemplo, a Quito en abril del año pasado. El archivo de Ayuso no recoge ningún gasto ni siquiera una mención a ese viaje. El de Socías computa un gasto de 4.039 euros en locomoción y otro de 709 en alojamiento.

Los dos viajes en los que el portal no recoge absolutamente ningún gasto bajo el nombre de Ayuso son los que realizó a Quito en abril de 2025 y a Nueva York en marzo de 2026. 

En este último caso, el del viaje a Nueva York, infoLibre solicitó formalmente información sobre su coste con una solicitud de acceso vía ley de transparencia. La Consejería de Presidencia no admitió a trámite la petición el 31 de marzo de 2026 con el argumento de que los datos "están actualmente en tramitación y serán próximamente publicados en el portal de transparencia". 

El portal ya ha actualizado el archivo de gastos de Ayuso, incluyendo la información del primer trimestre de 2026, y en él no aparece ningún gasto del viaje a Nueva York. Para ver si aparece —o no— algún gasto sobre el reciente y polémico viaje a México habrá que esperar a la actualización sobre el segundo trimestre de 2026.

infoLibre ha trasladado estas preguntas a la Comunidad de Madrid: ¿Quién pagó los gastos de vuelo, alojamiento y manutención de la presidenta en sus viajes internacionales? ¿Por qué en la mayoría de casos no se publican esos costes en el portal de transparencia, a diferencia de lo que ocurre con los consejeros que la acompañan? ¿Por qué no figura ningún gasto sobre los viajes a Nueva York y Quito? En el momento de la  publicación de esta información no ha habido respuesta. En el caso de recibirla, este medio la publicará.

La Comunidad de Madrid gasta más que nunca en publicidad institucional. Además, en el reparto de esta tarta publicitaria infla a los medios afines mientras margina a aquellos con líneas editoriales más progresistas. Estos hechos se constataron en la investigación 'Ayuso parte y reparte', que realizó infoLibre el pasado mes de septiembre.

Ese trabajo periodístico procesó cientos de documentos y analizó miles de pagos individuales a los medios de comunicación para demostrar ese reparto discrecional, con grandes beneficiarios, como los medios de la Conferencia Episcopal o los de Federico Jiménez Losantos.

Ahora, el PP madrileño ha decidido impedir que se profundice más en cómo se gasta ese dinero público y así lo ha demostrado en la Asamblea de Madrid. Concretamente, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde se ha tramitado una iniciativa, a propuesta de Más Madrid, para que la Cámara de Cuentas fiscalice "los fondos públicos destinados a la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid en la actual legislatura". Este miércoles 6 de mayo se ha sometido a votación y el PP la ha tumbado gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el Parlamento autonómico.

El resto de grupos parlamentarios, Más Madrid, PSOE y Vox, han apoyado la iniciativa. De hecho, la oposición al completo ha coincidido durante sus intervenciones en las críticas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por cómo está realizando ese reparto.

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, que fue quien defendió la propuesta de su partido, denunció el reparto desigual que está haciendo la Comunidad de Madrid del dinero público destinado a la publicidad institucional sin tener en cuenta criterios de audiencia o relevancia y citó casos concretos, como el rescate encubierto de Telemadrid o el dinero destinado a mantener vivos los restos del Grupo Intereconomía, ambos hechos desvelados por la investigación de infoLibre.

"Hay medios que reciben un montón de dinero en publicidad de la Comunidad de Madrid simulando publicidad institucional cuando en realidad adquieren la figura de soborno. Son medios que están comprados por el Gobierno autonómico [...]. El problema es la adulteración del sistema mediático, que no es menos que adulterar la democracia en la Comunidad de Madrid", denunció Martínez Abarca.

En la misma línea se expresaron los diputados Fernando Fernández Lara, por parte del PSOE, y Ana María Cuartero, por parte de Vox. Fernández Lara denunció que "los incrementos que se han producido en esos fondos públicos destinados a la publicidad institucional han sido no solo desmesurados; sino que también han sido direccionados" y que la Comunidad de Madrid ha destinado ese dinero público a "pseudoperiodistas que lo que hacen es propagar bulos [...] y a medios y tabloides relacionados con posturas de extrema derecha".

Cuartero aseguró que "Vox considera crucial que la Cámara de Cuentas ejerza un control sobre los contratos de publicidad institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid". "No por un tecnicismo administrativo, no se trata de un maquillaje para aparentar transparencia, se trata de defender el dinero de todos los madrileños y la transparencia como valor irrenunciable [...]. La publicidad institucional manejada con opacidad o con criterios subjetivos se convierte en un instrumento de propaganda partidista", remachó.

El diputado popular que intervino en el debate fue Ángel Francisco Alonso. El parlamentario del PP cargó contra el plan de regeneración democrática del Gobierno de Pedro Sánchez y criticó el reparto de publicidad institucional del Ejecutivo y la opacidad sobre ese gasto de dinero público. El Gobierno central no publica cómo distribuye esos fondos entre los distintos medios de comunicación, aunque en ocasiones se han podido conocer datos, como sucedió, por ejemplo, en 2024 gracias a una investigación de El Confidencial.

Sobre lo que hizo menos valoraciones el diputado es sobre el reparto publicitario del Gobierno madrileño, aunque aseguró que "en Madrid no se utiliza la publicidad institucional para influir en ninguna línea editorial de medios", de lo que sí acusó al Gobierno central, y presumió de la transparencia de la comunidad autónoma en este campo. 

Según declaró, el PP ha tumbado la propuesta de Más Madrid porque considera que la oposición está haciendo "un uso abusivo y político de la Cámara de Cuentas". "Creemos que se está devaluando con ello la labor de esta comisión [...] Vamos a votar en contra de toda iniciativa que insista en el uso político de la Cámara de Cuentas por más inocua que nos parezca, como es el caso de la que estamos hablando", aseguró después de denunciar que los partidos de la oposición durante la actual legislatura están pidiendo más informes de fiscalización que en las anteriores.

Martínez Abarca responde, en declaraciones para infoLibre, definiendo el motivo esgrimido por los populares como "absurdo". "Afortunadamente la Cámara de Cuentas tiene plena capacidad para afrontar una fiscalización así. Si no tuvieran nada que ocultar, estarían encantados de que se fiscalizara y tras el informe favorable podrían presumir de transparencia y de que nuestras acusaciones son infundadas. Pero en vez de eso hacen lo posible para evitar que nadie examine cómo reparten el dinero público".

"La publicidad institucional es un instrumento necesario para informar a la ciudadanía, para fomentar hábitos positivos, para ser transparentes... En vez de eso el Gobierno de Ayuso la usa para fabricar un entorno mediático que cacaree sus consignas. Han convertido la publicidad institucional en un arma antidemocrática para impedir un entorno mediático libre e independiente. Si la publicidad institucional se repartiese con criterios objetivos, el PP sería el primer interesado en que se pudiera fiscalizar por todos los medios", asegura el diputado de Más Madrid.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es el organismo de control que se encarga de fiscalizar la actividad económica, presupuestaria y financiera de la propia Comunidad de Madrid y del resto del sector público autonómico —Ayuntamientos, universidades, empresas públicas…—. Es el homólogo a nivel madrileño del Tribunal de Cuentas estatal y cuenta con independencia funcional, aunque a nivel orgánico depende de la Asamblea de Madrid. El actual presidente del organismo es Joaquín Leguina.

Leguina fue nombrado consejero de la Cámara a propuesta del PP de Ayuso en 2024, a pesar de que es el primer presidente de la Comunidad de Madrid y el único que ha tenido el PSOE —ocupó ese cargo entre 1983 y 1995—. En el momento de su nombramiento ya no tenía carné socialista, ya que el partido le suspendió de militancia en 2022 al entender que había pedido el voto para Ayuso en las elecciones autonómicas de 2021 —Leguina llegó a acompañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto de campaña—.

Una de las principales tareas de la Cámara de Cuentas es investigar y fiscalizar cómo ejercen sus funciones y cómo gastan el dinero los distintos actores del sector público para poder valorar cómo están llevando a cabo esas labores que tienen encomendadas. El año pasado la Cámara publicó 16 informes de fiscalización.

Es el propio organismo el que se encarga cada año de aprobar un programa de fiscalizaciones, en el que indica qué informes va a realizar durante ese ejercicio. A pesar de ello, la Asamblea de Madrid tiene también competencia sobre esa iniciativa fiscalizadora y puede proponer la elaboración de informes concretos. Esas propuestas se canalizan a través de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Los grupos pueden solicitar como mucho una fiscalización al mes, pero esta tiene que aprobarse por mayoría en la comisión para que la Cámara de Cuentas la añada a su programa anual y realice el informe.

En la actualidad, la Comisión de Presupuestos y Hacienda está formada por 17 miembros: diez del PP, tres de Más Madrid, tres del PSOE y uno de Vox. El resultado de la votación respecto a la propuesta sobre la fiscalización del reparto de publicidad institucional, que había sido registrada por las diputadas de Más Madrid Manuela Bergerot y Marta Lozano, ha sido claro: diez votos en contra —los del PP— y siete a favor —los de Más Madrid, PSOE y Vox—.

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox que ha ganado gran protagonismo y foco mediático en los últimos tiempos, asistirá como ponente a la Remigration Summit 2026 —en español: Cumbre de la Remigración 2026—, un evento internacional de políticos y activistas de la extrema derecha, que se celebrará el próximo 30 de mayo en Oporto (Portugal). Así lo han anunciado los organizadores del evento ultra, que definen la remigración como "la única solución para salvaguardar el futuro de la civilización occidental".

La remigración es un término acuñado por la extrema derecha para referirse a la deportación masiva de personas de origen migrante. Los ultras europeos llevan años utilizando este concepto, ampliamente ligado a la teoría del gran reemplazo. En los últimos tiempos, Vox se ha sumado cada vez más a este tipo de teorías xenófobas. Por ejemplo, tras las elecciones autonómicas que se han celebrado a lo largo de este año, defendiendo el concepto de 'prioridad nacional', nuevo en la agenda mediática española, pero conocido desde hace años en otros países europeos, como Francia, por su uso por parte de la ultraderecha.

Quero, uno de los nuevos hombres fuertes de Vox, lleva tiempo viendo crecer su presencia e influencia pública. En gran parte gracias a su discurso alrededor del problema de la vivienda —área de la que es responsable en Vox—. Quero ha vinculado esa problemática que se está sufriendo en España, especialmente por parte de los jóvenes, al aumento de población migrante. "¿Qué tipo de inmigración necesitamos? La que se vaya", aseguró el pasado mes de marzo en un acto en el Parlamento Europeo.

Ahora acudirá a la ciudad portuguesa para participar en el evento ultra. Allí compartirá escenario con destacadas y controvertidas figuras de la ultraderecha europea. Su incorporación se ha anunciado en los últimos días junto a la del italiano Andrea Ballarati y a la del francés Jean-Yves Le Gallou. Ballarati es un activista de extrema derecha que se encargó de organizar la cumbre anterior: la Remigration Summit 2025, que tuvo lugar en Gallarate, ciudad cercana a Milán. En los próximos meses, el italiano será juzgado por incitación al odio debido a sus discursos contra los migrantes en redes sociales. 

Le Gallou es un político francés. Fue eurodiputado del Frente Nacional en los tiempos de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, actual lideresa de la ultraderecha francesa. En 1985 se publicó La Préférence Nationale: Réponse à l'Immigration —en español: La preferencia nacional: Respuesta a la inmigración—. Le Gallou fue el principal autor de ese ensayo, que acuñó el término de preferencia o prioridad nacional, que más de 40 años después ha traído Vox a España. 

El político, que ya tiene 77 años, formó parte del equipo de Éric Zemmour —el candidato de ¡Reconquista!, aún más a la derecha que Le Pen— para las elecciones presidenciales francesas de 2022. Le Gallou aseguró que lo apoyaba por haber puesto la remigración y la teoría del gran reemplazo en el centro del debate público, y acusó a Marine Le Pen de moderada y de actuar con "corrección política". El político francés también firmó en 2010 una carta pidiendo la liberación de un negacionista del Holocausto nazi y este mismo 2026 ha asegurado que las personas de origen africano tienen un cociente intelectual más bajo.

El historial de Le Gallou, que está casado con la hija de un militar nazi, asusta, pero no es una excepción. La cumbre ultra, que en su edición de 2025 congregó a entre 250 y 400 asistentes —según los medios que cubrieron el evento—, cuenta con multitud de ponentes con hitos parecidos a sus espaldas, como la defensa del supremacismo blanco o vínculos con el neonazismo.

Quero no es el único que representará a los de Abascal en esta cumbre en Oporto. La presencia de Vox, junto a lo más ultra y radical de la extrema derecha europea, ya estaba confirmada con la asistencia de Rocío de Meer, tal y como adelantó El País. De Meer fue precisamente quien habló en una rueda de prensa el pasado mes de julio de deportar de España a ocho millones de migrantes. De hecho, la diputada ultra aseguró que se trataría de un "proceso extraordinariamente complejo de remigración", pero necesario por el "derecho a sobrevivir como pueblo".

El discurso antiinmigración cada vez más radical por parte de Vox, representado en esas palabras de De Meer, casa con las ideas y teorías que la ultraderecha europea está impulsando a nivel global con eventos y alianzas como la de la Remigration Summit.

La propia web de la cumbre defiende que la remigración tiene como objetivo "impedir el reemplazo de la población mediante la inversión de los flujos migratorios, restaurando así la soberanía, la independencia y la identidad de los países, a través de la defensa de su especificidad etnocultural".

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana explica que este concepto utilizado por la extrema derecha se refiere a "la expulsión de todos los 'extranjeros'" con la intención de crear "sociedades definidas étnicamente". La Oficina asegura que se trata de un concepto vinculado al ideal de "etnopluralismo". Según el cual, la nueva extrema derecha europea, busca "la creación de sociedades étnicamente puras y, por consiguiente, la expulsión de todos aquellos considerados 'ajenos al pueblo'".

Toda esa influencia e importancia otorgada a los conceptos étnicos concuerda con lo que la mayoría de partidos de ultraderecha defienden en la actualidad: no solo la expulsión de las personas migrantes extranjeras, sino también de los inmigrantes de segunda generación o de los nacionales de origen extranjero. De hecho, la propia De Meer en sus polémicas declaraciones sobre la expulsión de ocho millones de migrantes aclaró que habría que incluir a los de "segunda generación".

Los principales impulsores de la Remigration Summit son el belga Dries Van Langenhove y el austríaco Martin Sellner. Estos dos activistas de ultraderecha llevan años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en Europa.

Van Langenhove es exdiputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto. Sellner, por su parte, ha anunciado este mes de febrero que fundará el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir como una ONG. El diario austríaco Kleine Zeitung ha revelado los vínculos de Sellner con el neonazismo y que en 2006 pintó esvásticas en sinagogas.

De la edición de la cumbre de este año en Oporto se está encargando también, como embajador local, otro activista de extrema derecha: el portugués Afonso Gonçalves. Es el líder de un movimiento supremacista blanco llamado Reconquista y está siendo investigado por delitos de odio y discriminación por la Fiscalía de Portugal, según explicó el medio portugués Expresso. 

Además de ellos, De Meer, Quero, Ballarati o Le Gallou también acudirán como ponentes el suizo Manuel Corchia, el eslovaco Milan Mazurek o el estadounidense Joey Mannarino. Entre el resto de participantes también hay ultras radicales con historiales de bastante dudosa reputación. Es el caso, por ejemplo, de Mazurek. En 2015, este eurodiputado eslovaco formó parte de un grupo que gritó, insultó y lanzó piedras a una familia musulmana que paseaba con un bebé por el centro de Bratislava. 

Mazurek, además, ha difundido discursos de odio contra el pueblo gitano y ha negado el Holocausto, tal y como recoge el medio eslovaco O médiách. En 2019 fue incluso condenado por "un delito intencionado de difamación a una nación, raza o creencia" por sus palabras contra el pueblo gitano. El Tribunal Supremo eslovaco le multó y anuló su mandato parlamentario como diputado nacional —cargo que ocupaba por aquel entonces—, algo que sucedió por primera vez en la historia del país.

La presencia de Vox con esos acompañantes internacionales confirma su giro a posiciones aún más ultras y radicales y su asunción de los discursos de la ultraderecha internacional más dura. En 2025 ningún representante del partido de Abascal —ni ningún otro español— participó como ponente en la Remigration Summit.

Pero sí hubo presencia española. Según publicó Crónica Global, Christian L. F., autoproclamado cabecilla en España de Deport Them Now EU, fue al evento como asistente. Cualquiera puede acudir como público. Las entradas para la edición de este mes de mayo se venden en la página web de la organización por 45 euros. También hay una opción VIP por 150 y una premium por 325. 

La cumbre no solo la utilizan activistas y políticos de primera línea de la extrema derecha para tejer alianzas y coordinar estrategias; seguidores, militantes y simpatizantes de los movimientos más ultras del continente hacen lo mismo acudiendo como público. De hecho, según la Global Network on Extremism and Technology, la Remigration Summit de mayo del año pasado fue fundamental para la visibilidad del movimiento ultra Deport Them Now, una red ultraderechista y xenófoba a nivel europeo que se ha dedicado a impulsar las ideas de la remigración.

La rama española cobró protagonismo solo dos meses después, cuando fue el principal grupo impulsor de los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia). En el canal de Telegram que utilizaba el grupo se acumularon durante esos días los mensajes llamando a atacar mezquitas y comercios de la comunidad magrebí y las soflamas racistas y nazis, hablando incluso de la caza de migrantes. Christian L. F., el supuesto cabecilla, llegó a ser detenido e ingresó en prisión provisional. Este mes de febrero fue puesto en libertad, pero la investigación por hechos como incitación al odio sigue su curso.

Por ahora, no se conoce públicamente si Christian L. F. u otros representantes de la rama española de Deport Them Now acudirán a la cumbre de este año en Oporto. Quienes sí lo harán son Carlos Hernández Quero y Rocío de Meer.

Andalucía acudirá a las urnas el próximo 17 de mayo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, busca revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2022 mientras la oposición intenta frenar esa posibilidad. Y es ahí donde emerge uno de los temas estrella de la campaña electoral: la sanidad. El descrédito del Gobierno autonómico fue sonoro con la crisis de los cribados de cáncer de mama y la propia candidata socialista, María Jesús Montero, está intentando poner el foco en la gestión de la sanidad pública. 

Lo cierto es que los datos parecen respaldar esa estrategia. La ciudadanía andaluza es la más descontenta con la sanidad pública de todo el Estado. Así lo muestran los barómetros sanitarios realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2025. Mientras el conjunto de los españoles pone a la sanidad pública una nota media de 6,02, en el caso de los andaluces la nota cae hasta el 5,37.

La pregunta del CIS se refiere expresamente al "grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público" y los ciudadanos tienen que dar una respuesta númerica entre el 1 y el 10. El 1 significa 'muy insatisfecho'  y el 10 'muy satisfecho'. Esa nota media que dan los andaluces es inferior a la de cualquier otra comunidad autónoma. 

De hecho, el 47,79%, prácticamente la mitad, de los encuestados de la comunidad gobernada por Moreno Bonilla responden con valores entre el 1 y el 5, suspendiendo el funcionamiento de la sanidad pública andaluza u optando por lo que se conoce como un cinco raspado. Aunque en este caso, la escala del CIS va del 1 al 10 y no del 0 al 10 y, por tanto, la mitad se sitúa, en realidad, en el 5,5 y no en el 5.

La insatisfacción de los ciudadanos andaluces con la sanidad se ve también al analizar el valor más bajo de la escala. En Andalucía son un 11,18% de los encuestados los que optan por el 1, más que en cualquier otra comunidad y casi el doble que en el caso nacional, donde son un 6,41%.

Los andaluces no son solo los más descontentos con el sistema sanitario público en su conjunto. La comunidad también destaca en la mayoría de servicios concretos por los que pregunta el CIS. La ciudadanía andaluza es la que pone peor nota a las "consultas de atención primaria en centros de salud", las "consultas de atención especializada", las "urgencias de centros de atención primaria" y el servicio de "urgencias 061 y 112".

En los otros dos servicios concretos por los que se pregunta en los barómetros sanitarios es Canarias la comunidad que sale peor parada. Estos son las "urgencias en hospitales públicos" y los servicios de "ingreso y asistencia en hospitales públicos". Aun así, Andalucía da la segunda y tercera peor nota, respectivamente, también en esos casos.

La peor nota de todas es la que da la ciudadanía andaluza a las consultas de especialidades, con una media de 5,26. También es el servicio que se lleva el promedio más bajo en el conjunto de España, con solo un 5,74.

El descontento de los andaluces con el sistema sanitario público se refleja también en otras cuestiones planteadas en la encuesta. Uno de cada tres asegura haber necesitado consultar con su médico de familia en los últimos 12 meses y no haberlo conseguido. De nuevo, más que en ninguna otra comunidad y muy por encima de la media estatal, del 24,04%.

De hecho, los andaluces son los que muestran más problemas para conseguir cita con su médico de cabecera. Son quienes más aseguran no obtener cita, pero también los que muestran un mayor largo periodo de espera en caso de conseguirla. El CIS pregunta a los ciudadanos si en caso de haber tenido cita para el médico de familia y que este no les haya atendido el mismo día, cuántos días han tenido que esperar. La media española es de 9,15 días. En el caso de Andalucía sube hasta los 11,16. Otra vez, más que en ninguna otra comunidad.

Todos esos problemas que denuncian los andaluces con su sanidad pública se reflejan también en lo que creen que es necesario. El 59,82% considera que el sistema necesita cambios "fundamentales" o "profundos". En el conjunto del Estado la cifra es del 47,35%. El dato, además, ha subido respecto a 2024, cuando el 56,6% de los andaluces optaba por esa opción.

La pregunta del CIS es clara: "De las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?". Luego el entrevistador ofrece cuatro opciones de respuesta: "en general, funciona bastante bien", "funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios", "necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan" y "funciona mal y necesita cambios profundos".

En Andalucía el 5,66% de los encuestados optó por "en general, funciona bastante bien". En cambio, el 30,66% se decantó por "funciona mal y necesita cambios profundos". En ninguna otra comunidad tan pocos entrevistados optaron por la respuesta que alaba el funcionamiento del sistema sanitario público. De la misma forma, en ninguna otra comunidad tantos eligieron la opción más crítica con el sistema.

De policía nacional dedicado a la localización de fugitivos a asesor local del eurodiputado Alvise Pérez. Ese es el resumen de los últimos años de carrera laboral de Adrián Yacar. También ha sido cantante de rock aficionado y empresario de inteligencia artificial, actividades en las que aún continúa según ha expresado él mismo públicamente. El puesto que ya no desempeña es el de asesor del eurodiputado ultra.

Pero eso no quiere decir que Yacar no siga de la mano de Alvise. El policía, que según asegura se encuentra en excedencia, es el cabeza de lista de Se acabó la fiesta (SALF) para las elecciones andaluzas que se celebrarán este 17 de mayo.

Adrián Yacar ofreció una entrevista el pasado mes de julio para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños. En ella alababa públicamente a Alvise sin hablar de su vinculación con él —ahora ha contado que se conocieron en UPyD, el extinto partido de Rosa Díez—, afirmaba estar de excedencia de su puesto como policía nacional y haber sido reconocido con la medalla de la Orden del Mérito Policial, unas distinciones que concede el Ministerio del Interior y sobre las que el departamento de Marlaska guarda una gran opacidad.

El propio Alvise Pérez ha presumido de su fichaje como candidato asegurando que Yacar ha recibido esa distinción "por la detención de Samir Benbouabdellah, uno de los más buscados de Francia por intento de asesinato a un hombre y una niña de siete años con un subfusil". ¿Pero hasta qué punto es cierto?

No se sabe. El Ministerio del Interior no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se niega a aclarar cuál era el último destino de Yacar en la Policía y si efectivamente le ha otorgado la medalla. Tampoco quiere revelar los motivos de esa supuesta concesión. 

Interior se niega a entregar esos datos, entre otros, alegando la supuesta protección de los datos personales de Yacar y se salta así una resolución del Consejo de Transparencia. El organismo había estimado que esa información debía ser pública tras una reclamación de infoLibre.

Todo se remonta al desembarco de Yacar como asesor de Alvise Pérez con cargo a las arcas del Parlamento Europeo. infoLibre informaba este verano del fichaje, unas semanas después de que el propio Yacar concediera la entrevista a Pedro Baños en la que se omitía su nuevo puesto.

De lo que sí habló Yacar es de su currículum. Es cierto que el policía ha trabajado en el Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, que pertenece a las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). De hecho, esa labor le llevó a ser uno de los protagonistas de la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, en la que se muestra cómo trabaja ese grupo.

Yacar comentó ese trabajo en la entrevista y también habló de ciertas operaciones concretas en las que asegura haber participado. Incluso mencionó la supuesta medalla: "Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado, pero luego le dan la medalla del mérito policial a la Virgen del Rocío. A mí me la dieron, pero creo que ganada, que bien merecida".

Debido a esas declaraciones públicas del propio Yacar, infoLibre realizó una solicitud al amparo de la ley de transparencia dirigida a Interior. Este medio pedía al ministerio saber "si Adrián Yacar López es policía nacional en excedencia o qué situación o relación tiene con el Cuerpo y desde qué fecha se encuentra en la misma". Además, se solicitó conocer "cuál fue su último cargo, puesto y destino antes de coger la excedencia" y "si se le ha distinguido o no con la Orden del Mérito Policial y en caso afirmativo, con qué categoría, por qué motivo se le concedió, en qué fecha y una copia de la resolución de la concesión".

Interior denegó la solicitud de infoLibre. El ministerio aseguró que era abusiva, que la información que se solicitaba no tenía relación con los objetivos de la ley de transparencia y que había que salvaguardar la protección de los datos personales de Yacar. En ese momento, infoLibre decide reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo es el que se encarga de decidir si la información debe ser pública cuando un ciudadano utiliza la ley de transparencia para solicitarla, pero la Administración se la deniega. El CTBG es quien pondera los distintos derechos en juego y decide quién tiene razón.

En este caso fue claro y estimó al completo la reclamación de infoLibre. El Consejo entendió que el ministerio no había justificado "de forma suficiente y adecuada la concurrencia del carácter abusivo de la solicitud" y que tampoco prevalecía la protección de los datos personales. "No se ha justificado ni se alcanza a apreciar en qué medida el conocimiento de la situación administrativa de servicio activo o de excedencia de un funcionario de policía cuya identidad es públicamente conocida y participa en actividades igualmente públicas puede generar un riesgo para su seguridad personal o constituir una injerencia grave en su derecho a la intimidad personal y familiar", reza la resolución.

Sobre la concesión de la supuesta medalla el Consejo va incluso más allá: "La acreditación de los méritos que se han tenido en cuenta para otorgar la condecoración recogerá hechos o actuaciones ya consumadas por el policía en relación con su servicio al Estado, por lo que difícilmente puede argumentarse que su conocimiento pueda causarle ningún perjuicio a su intimidad o seguridad; siendo evidente, en cambio, el interés público en conocer los méritos acreditados en la medida en que constituye una herramienta indispensable para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad, que a estos efectos se le reconoce, sin incurrir en arbitrariedad".

Tras esa resolución, Interior debía entregar la información que había solicitado infoLibre, pero, en lugar de cumplir, se reafirmó en sus argumentos. En una comunicación dirigida a este medio y al Consejo de Transparencia, y firmada por Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, el departamento "reitera la procedencia de la aplicación" de la protección de datos personales. "El hecho de desempeñar una función pública no legitima a solicitar datos de índole personal utilizando indebidamente la ley de transparencia", asegura el documento en el que, en lugar de eso, Interior debería haber facilitado la información que había pedido infoLibre.

Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia, explica a este medio que lo que ha hecho Interior es incumplir con la resolución del Consejo sin ni siquiera recurrirla ante los tribunales.

"La oposición de las Administraciones ante las resoluciones de los consejos de transparencia debe materializarse a través de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, pero nunca de esta manera. Dar respuesta al reclamante incumpliendo el mandato del Consejo no puede admitirse. O se discute su decisión ante los tribunales, o lo único que queda es cumplir con ella", resume el experto, que asegura que hace falta "un modelo eficaz de multas coercitivas cuando se detecta el incumplimiento de una resolución firme" como en este caso.

Los incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Transparencia por parte de la Administración Pública se han dado con cierta regularidad en los últimos años. La actual ley de transparencia no recoge ningún tipo de sanción para estos casos y, en ocasiones, la Administración se salta la normativa optando por no recurrir las resoluciones ante la Justicia pero tampoco cumplirlas. Concepción Campos Acuña, que será la nueva presidenta del Consejo, también ha pedido sanciones para las Administraciones que actúen de esta forma.

Mientras, Alvise Pérez ha anunciado a su nuevo candidato presumiendo, precisamente, de la supuesta medalla al mérito policial y citando otros supuestos éxitos de su currículum policial. Por ahora, nada de ello se puede corroborar debido a la opacidad del Ministerio del Interior y a su negativa a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia.

Esta semana el Gobierno ha desclasificado y publicado en su página web más de 150 documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Algo que ha revolucionado la agenda mediática a lo que se ha sumado, el mismo día, la muerte del propio teniente coronel Antonio Tejero.

Pero, ¿el Gobierno ha publicado realmente todos los archivos que tiene sobre el asunto? ¿Conoce siquiera el Ejecutivo cuántos documentos posee sobre el 23-F? Diversos especialistas consultados por infoLibre aseguran que no, que el Gobierno no sabe exactamente qué información y documentos tiene sobre el tema ni cuáles estaban clasificados y cuáles no y, por tanto, no lo ha publicado todo. Esto impide que la desclasificación haya aclarado todas las incógnitas que aún rodean el 23-F —como qué papel jugó el rey Juan Carlos—.

La propia ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes hablaba de desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", reconociendo de forma implícita que pueden faltar archivos. A pesar de ello, una cosa es la publicación —los archivos que el Gobierno ha encontrado y colgado en su página web— y otra la desclasificación —que según ha aprobado el Consejo de Ministros afecta a "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"—.

Así que, aunque el Gobierno por ahora solo ha encontrado y publicado en la web de Moncloa 167 archivos, cualquier documentación relativa al 23-F ha pasado a estar desclasificada y se tiene que permitir la consulta a cualquier ciudadano.

Aun así, la cifra de documentos hechos públicos por el Gobierno tampoco está del todo clara. La ministra portavoz aseguró que se trataba de "153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía".

Una unidad documental es, según la terminología archivística, un "elemento indivisible de una serie documental" y puede estar constituido por un solo documento o por varios. El problema es que casi todos los archivos se han colgado sin indicar su unidad documental y expediente. Por tanto, los 167 documentos publicados pueden constituir efectivamente 153 unidades documentales, como también pueden ser más o menos.

Esa falta de información de contexto en los archivos publicados, sumada a la falta de otros documentos que ni siquiera se han hecho públicos, es por lo que los expertos, a pesar de lo dicho por la ministra, ponen en duda hasta qué punto la información publicada puede ser útil para historiadores e investigadores. 

Y el problema con la falta de información de contexto va mucho más allá de unidades y expedientes documentales. ¿Quién elaboró cada archivo? ¿En qué fecha? ¿Dónde se custodian actualmente y dónde han estado durante las últimas décadas? Son solo algunas de las preguntas a las que no se ha dado respuesta en el caso de la mayoría de documentos.

El periodista Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación y experto en información clasificada y secretos oficiales, es claro al definir la publicación por parte del Gobierno: "Ha sido incompleta, parcial, confusa y sin método". Henar Alonso, funcionaria del cuerpo de archiveros del Estado y miembro de la junta directiva de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), también: "Ha sido una operación de maquillaje".

Aunque ambos expertos reconocen que se trata de un primer paso positivo, son absolutamente críticos con cómo se ha llevado a cabo la publicación y desclasificación. Primero de todo, destacan esa falta de documentos en el repositorio de Moncloa. "Nos han dado solo el aperitivo, pero falta el cocido", resume Rubio.

El periodista concreta, en declaraciones a infoLibre, algunos de los documentos que no se han recogido en la web del Gobierno. "Faltan documentos del antes, durante y después del 23-F. Faltan, sobre todo, documentos del antiguo CESID, lo que es hoy el CNI. Después del 23-F la función principal de los nuevos directores y secretarios generales del CESID fue la de eliminar documentos relacionados con el intento del golpe de Estado", explica.

Rubio, como periodista de investigación, conoce de la existencia de muchos de esos documentos. Lo que no está tan claro es si esa existencia sigue vigente y todos esos documentos se han mantenido y custodiado hasta la actualidad. "Lo más fácil es que hayan sido sustraídos o destruidos", asegura. 

El periodista también reconoce tener en su poder "una serie de documentos que no se han hecho públicos con la desclasificación" y que desde el 2001 él mismo ha ido publicando en sus artículos e investigaciones —el último de este mismo mes de febrero—.

infoLibre ha preguntado a Presidencia del Gobierno si el Ejecutivo conoce toda la documentación que obra en su poder sobre el 23-F y si tiene constancia de por qué faltan documentos o si incluso se han podido destruir o sustraer. No ha habido respuesta.

Henar Alonso asegura que el principal problema está en cómo se aplica la legislación actual y cómo se aterriza en la práctica. "El Consejo de Ministros puede declarar materias enteras directamente como clasificadas aunque la documentación no tenga los sellos o los requisitos que dice la ley", explica. "Entonces nos encontramos con la paradoja de que en España hay documentación con marcas o sellos de confidencialidad que, en realidad, no está clasificada y documentación que sí que está legalmente clasificada sin las marcas de confidencialidad que marca la ley". 

La experta también cree que existen documentos que no se han hecho públicos y que el descontrol sobre qué documentación se tiene y con la clasificación previa de la misma puede ser uno de los motivos. La AEFP, la asociación de la que forma parte, ha criticado en un comunicado la forma en la que se ha producido la desclasificación. En el mismo piden que la Administración imponga y cumpla con "la obligación de crear, publicar, y revisar y actualizar periódicamente una lista detallada y precisa de los archivos clasificados que posee".

Los documentos publicados por el Gobierno vienen únicamente de tres ministerios: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Hay, por lo menos, dos sonadas ausencias: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Casa Real.

El ministerio que dirige Félix Bolaños es el que, junto a los ya citados Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, ha propuesto el acuerdo de desclasificación en el seno del Consejo de Ministros. A pesar de ello, no ha encontrado ni un solo documento clasificado sobre el 23-F en sus archivos, según ha reconocido el ministerio ante las preguntas de infoLibre.

Casa Real, en cambio, ha explicado a este medio que el Gobierno no le ha pedido que realizara esa tarea de búsqueda y que solo le avisó de la desclasificación el 21 de febrero —dos días antes de que se anunciara públicamente—.

El equipo de Presidencia del Gobierno, por su parte, no ha contestado a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre, entre las que se incluía a qué administraciones o archivos ha contactado el Gobierno para pedir información, documentos y expedientes clasificados sobre el intento de golpe.

Lo que sí ha indicado Moncloa, en un aviso en la web donde ha publicado los documentos, es que si se dispone "de indicios sobre la existencia de material clasificado relativo al 23-F que no figure en esta relación", se podrá solicitar a través del Portal de la Transparencia. La AEFP, en su comunicado, ha respondido de la siguiente forma: "No se puede desclasificar documentación que no se conserva, ni se puede exigir la desclasificación de documentación cuya existencia se ignora".

Según ha podido saber infoLibre, el Gobierno no ha contactado con todos los archivos de la Administración General del Estado para saber de qué información disponían antes de esta desclasificación. Ese proceso sí se hizo al menos con el Archivo General e Histórico de Defensa —que en el repositorio de Moncloa aparece nombrado incorrectamente como 'Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa'— y con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE), los únicos citados de forma directa como fuentes en la web con los documentos del 23-F.

De hecho, tal y como explica Alonso, los documentos que se han publicado y vienen de esos dos archivos son los que contienen más información de contexto. En los documentos del Archivo General e Histórico de Defensa se indica a qué expediente pertenecen y para cada uno de ellos si anteriormente estaba declarado reservado o secreto. En el caso de los del AGMAE, también se han dividido por expedientes —a diferencia del resto de documentos que se han publicado mayormente de forma individual— e incluyen su propia signatura —la numeración que permite identificar cada unidad en un depósito—.

"Aun así, tampoco están perfectos", resume Alonso. La experta explica a infoLibre que todos los documentos se deberían haber publicado con esa información sobre a qué expediente pertenecen, su signatura y qué clasificación de reserva o secreto tenían, algo que no se ha hecho. Pero también se debería haber indicado para todos ellos la autoría, la fecha de elaboración del documento, cómo se obtuvo y en qué fecha y la información sobre dónde está y dónde ha estado custodiado. "Los documentos se han publicado sin contexto de producción y es el contexto el que da información al dato. Los datos sin contexto no son información", resume la archivera.

Del mismo modo, también hay documentos que aparecen con cierta información tapada o anonimizada. Es un procedimiento común para algunas situaciones, pero la publicación de Moncloa no detalla en qué momento se ha producido esa labor ni qué tipo de información se ha tapado y por qué. 

"Lo que se ha colgado es información sin contexto", resume Alonso, que critica especialmente la forma en la que se han publicado los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio del Interior. "No se sabe el entorno de producción de los documentos, a qué serie pertenecen, en qué archivo están o en qué momento y quién los han tratado", denuncia.

De hecho, esa falta de información de contexto sobre lo publicado ha llevado a equívocos con uno de los documentos del Ministerio del Interior. Se trata del archivo 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)', publicado en la web del Gobierno y referenciado a la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

El documento aparece como datado de 1980, tanto en su título como en la primera página del mismo, pero no se detalla ni su autoría ni de dónde se ha obtenido ni qué contiene exactamente. Tiene 23 páginas y a pesar de que las primeras tratan sobre una posible planificación previa al 23-F, a partir de la séptima aparece otro documento. En el archivo se pasa a hablar de supuestos "errores cometidos" ya en el 23-F y parece planificar una conspiración golpista fallida posterior, la del 27 de octubre de 1982.

El autor desconocido incluso escribe "qué se debe hacer después del 23-F" y se habla de que los militares "no estén decepcionados por los acontecimientos del 23-F", dejando claro que al menos a partir de ahí el archivo es posterior al intento de golpe protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero.

A pesar de ello, de nuevo, la falta de información de contexto impide saber de qué se trata exactamente el documento desclasificado e incluso algunos medios de comunicación en el momento de su publicación no cayeron en la cuenta y hablaron del documento como si fuera completamente previo al 23-F.

"Esa información nos la están omitiendo. Ese es el problema, han publicado información descontextualizada y no sabemos a quién le encontraron esa documentación ni cuándo. Muchas veces el contexto es más importante que la información", explica Henar en relación al documento. La experta asegura que "posiblemente se trate de un anexo a una nota informativa que hizo el servicio de información de la Guardia Civil. Pudieron entrar en casa de alguien en un momento dado e hicieron un informe que emiten en base a lo que encontraron en casa de 'fulanito'". 

infoLibre ha preguntado a Interior por ese documento. El ministerio reconoce que el mismo "carece de contexto", pero asegura que "no existe posibilidad de conocerlo". "Se archivó tal como llegó hace más de 40 años", explica el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El Ministerio del Interior cuenta también que entre los archivos que han recopilado, desclasificado y publicado "existen documentos previos y otros posteriores al 23-F". "Por ejemplo, el teniente coronel Tejero ya fue sometido a un Consejo de Guerra en 1978 por la Operación Galaxia y posteriormente al 23-F se produjeron maniobras involucionistas en el entorno de las Fuerzas Armadas. No son documentos vinculados estrictamente al 23-F, pero sí son fondos que pueden englobarse bajo el concepto de involucionismo", detalla.

Los documentos publicados por Interior provienen "de los archivos de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y del Archivo General del ministerio, que gestiona la secretaría general técnica" y esas unidades son las que se han encargado de la recopilación, según explica el ministerio, que asegura que "la búsqueda ha sido lo más exhaustiva posible". Aunque reconoce que "en muchos documentos no consta la autoría, la fecha y, en ocasiones, tampoco el membrete, porque así debieron de solicitarse por la autoridad a la que iban dirigidos". "Se han publicado tal como figuran en los archivos", resume.

De nuevo, la calidad de la información de contexto y de los documentos publicados choca con la duda de cuánta información tiene el Gobierno sobre el 23-F. El Ejecutivo no tiene toda la información que ha existido sobre el intento de golpe de Estado —o al menos no la tiene localizada—. Pero, además, tampoco sabe qué es exactamente cada documento que sí tiene ubicado.

Pero ese no es el único problema. Los expertos apuntan también a la discrecionalidad de la medida. ¿Por qué ahora la desclasificación y por qué sobre el 23-F? "Han publicado lo que han querido y cuando han querido, pero la argumentación también se podría aplicar a otros casos", resume Alonso. Rubio cita algunos, como el atentado de Carrero Blanco, el Caso Almería o los GAL.

A día de hoy, España sigue siendo una excepción europea al no tener una ley que marque unos plazos concretos que obliguen a la desclasificación de documentos. "Esperamos ahora que el proyecto de ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", aseguraba la ministra Elma Saiz el martes en referencia a esa problemática.

En el verano de 2023, tras las elecciones generales del 23-J, el PNV presentó una propuesta en el Congreso para reformar la ley de secretos oficiales. En el verano de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que citaba Saiz tras el Consejo de Ministros y lo mandó al Congreso. Ambas iniciativas marcan plazos automáticos para que la discrecionalidad y excepción en la desclasificación de información dejen de ser la norma en España, pero por ahora siguen en periodo de enmiendas sin que se sepa cuándo se van a debatir y si alguna va a conseguir ser aprobada.

El Gobierno ha desclasificado la documentación sobre el 23-F. Entre los archivos están las transcripciones de las conversaciones telefónicas de la casa de los Tejero desde el mismo día del intento de golpe de Estado. Las conversaciones, intervenidas por la Guardia Civil, están protagonizadas, principalmente, por Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero.

Díez aseguró que el rey y el Ejército estaban detrás del golpe que estaba dando su marido en el Congreso. "A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el rey detrás", le asegura en un momento a su propia madre, que llamó a casa de su hija cuando ya había empezado el intento de golpe de Estado.

"El Ejército estaba detrás de todo", insiste en otro momento Díez, que se queja de que, finalmente, no habrían seguido a su marido en el plan. "¡Mira que es tonto este hombre! Se fía de, se fía de los militares…" responde la suegra de Tejero, y su hija le cuenta que el militar ha asumido él solo la responsabilidad de los hechos. "Claro que la asume, como siempre haciendo el primo", apostilla la madre.

En una conversación que parece posterior —las transcripciones no van acompañadas de fecha y hora—, Carmen Díez se vuelve a reafirmar sobre el papel del Ejército hablando con otra mujer, a la que llama Elvira, y que, por tanto podría ser una de las hijas del matrimonio: "El Ejército detrás que estaba [...] y no ha ido nadie, le han dejado solo". Y luego añade sobre su marido: "¡Qué desgraciado es! Cómo ha confiado... la cárcel, Elvira".

También se lo cuenta a su hijo, Antonio Tejero 'Antoñito', que estaba en la Academia Militar de Zaragoza. La madre llama a la academia y le pasan con su hijo:

—Antoñito, soy tu madre. 

—Hola, ¿qué tal madre?

—Bien hijo mío, ya te puedes imaginar han dejado a tu padre tirado como una colilla. 

—Ya, ha sido un fracaso, ¿eh?

—Todo el Ejército estaba detrás, hijo mío.

—Y, ¿qué ha pasado?

—Pues que el Ejército se ha rajado.

—¡Hijo putas!

—Eso ha pasado, hijo de mi alma. Así que pídele a Dios que la cosa termine normal, es lo único que me da miedo.

El convencimiento de que Tejero contaba con el apoyo del Ejército y del rey Juan Carlos I para el golpe de Estado se ve aún más claro en las llamadas que protagonizan las hijas del matrimonio.

"Tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al rey y al del Goloso, como se llame, y todavía lo han dejado en la estacada", explica una de las hijas a un interlocutor que ha contactado con la casa familiar y se identifica como Paco. Las transcripciones de la Guardia Civil no señalan quién es quién en todas las llamadas y los diálogos entre los interlocutores no siempre permiten identificar a ambas personas. En este caso la persona que coge el teléfono habla de Tejero como su "padre" y de ella mismo en femenino, pero no se puede saber de cuál de las tres hijas se trata.

El matrimonio Tejero Díez tuvo seis hijos. Tres hombres (Antonio, Ramón y Juan) y tres mujeres (Carmen, Dolores y Elvira). En otra conversación sí queda claro que quien coge el teléfono es Elvira Tejero, ya que ella misma se identifica al recibir la llamada de una persona que dice ser María Antonia. "Pues tenía todo el Ejército respaldándole, María Antonia", asegura la hija. "Lo único que necesito es que hubieran ayudado a mi padre, lo demás ya me importa tres pitos, así que…", añade la hija.

En otro momento quien llama es Fina, suegra de una de las hijas del matrimonio. Una de las hijas le responde también en la misma línea: "Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás".

En agosto de 2024 una joven de 17 años, que estaba embarazada de 39 semanas, dio a luz en Burgos. Tras pasar por una cesárea, nació un niño que pesó tres kilos y medio. Pero no fue madre ella sola, tuvo al bebé junto a un hombre de 52 años. 

El padre de la criatura le sacaba 35 años. Ese nacimiento es el de mayor diferencia de edad entre ambos progenitores siendo uno de ellos menor de edad que tuvo lugar en 2024 en España. Pero no es un caso tan aislado como pueda parecer. Cada año decenas de hombres mayores de 30 años dejan embarazadas a menores de edad en nuestro país. 

Solo en 2024 hubo 63 nacimientos de esas características. Es una de las conclusiones del análisis que ha realizado infoLibre de los microdatos de la estadística de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La situación es clara: aún hoy se producen numerosos embarazos de chicas menores de edad y en muchas ocasiones el padre de la criatura es mucho mayor que ellas.

Al fijarse en los últimos cinco años, entre 2020 y 2024 —último ejercicio para el que hay datos disponibles de la estadística del INE—, la cifra sube hasta 335 menores de edad que han sido madres con un señor de más de 30 años.

El caso de Burgos es el de mayor diferencia de edad. Pero no es el único. En 2024 hubo 25 nacimientos en los que uno de los progenitores era menor de edad y la diferencia entre ambos era de al menos 20 años. Los siguientes con mayor diferencia se dieron en Valencia, donde una chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 51, y en Toledo, donde otra chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 49.

El patrón suele ser siempre el mismo: la madre ocupa el papel del progenitor de menor edad. Así pasó en 23 de esos 25 casos. Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica que "hay una razón cultural" para ello. 

"Se debe a la desigualdad de género y a cómo se concibe al hombre y a la mujer en la sociedad. Es parte del heteropatriarcado. Las niñas y las adolescentes están hipersexualizadas y, además, existen los mitos del amor romántico entre un hombre adulto maduro y una chica joven que no se dan a la inversa", cuenta la experta.

Estos embarazos, además, es fácil que escondan casos de abuso sexual infantil. "A un hombre de más de 30 años con una chica menor de 18 les separa una diferencia muy grande. Habría que estudiar caso a caso, pero es raro que se den relaciones consentidas y seguras", explica Perazzo.

Lo cierto es que a pesar de que en los últimos años han disminuido los embarazos infantiles en España, siguen produciéndose casos preocupantes. Como desvelaba infoLibre, aún a día de hoy hay niñas de menos de 16 años que se quedan embarazadas y dan a luz a hijos de hombres adultos. Más de 50 casos de ese tipo en los últimos cinco años.

Si en lugar de analizar únicamente los casos de menores de 16 años se amplía a todas las menores de edad —la propia OMS considera como infancia a todas las personas por debajo de los 18 años—, los casos se multiplican. 

Como ya se ha mencionado, ha habido más de 300 casos de menores de 18 años que han tenido hijos con hombres de más de 30 años en los últimos cinco años. Pero, de la misma forma, si en lugar de esa edad para los padres, se considera a todos los que tienen más de 25 años, la cifra escala por encima de los 800 casos.

En los últimos cinco años 841 niñas y adolescentes menores de edad han tenido un hijo junto a un hombre que tenía al menos 25 años. No solo la cifra es elevada, sino que es muy superior al fenómeno contrario. En ese mismo tiempo ha habido 52 chicos menores de edad que han sido padres junto a una madre de al menos 25 años.

Lo mismo sucede con el dato de 56 casos de niñas de menos de 16 años siendo madres con hombres adultos. Por contra, solo en una ocasión un niño menor de 16 ha tenido un hijo con una mujer de al menos 25 años. Pasó en 2023, cuando una mujer de 35 años dio a luz en Ceuta a una bebé fruto de su relación con un niño de 14 años.

"Estamos hablando en todos los casos de cómo se enfrentan los y las adolescentes a la sexualidad y a las relaciones con personas adultas. Por tanto, va a existir un desequilibrio de poder y una relación desigual por la diferencia de edad y madurez. Pero en el caso de los chicos los casos son poco significativos. Las cifras de violencia hacia las mujeres muestran algo mucho más estructural y por eso es necesario que pongamos ahí el foco", explica Perazzo.

De hecho, la tendencia es clara y suele situar a los hombres como los que más tienen hijos con menores de edad. Cada año unos diez hombres mayores de 40 años son padres junto a chicas que aún no tienen derecho a voto. En 2024 se registraron 13 casos de ese tipo. Del mismo modo, las mayores diferencias de edad entre progenitores —sin tener en cuenta que uno de los dos sea menor— las protagonizan hombres mayores.

En 2024 en España hubo 45 nacimientos en los que el padre tenía 34, 35 o 36 años más que la madre. Ninguna mujer sacaba tantos años al padre de su criatura. La diferencia máxima en la que una mujer era mayor que el padre fue de 20 años.

El caso más descompensado se dio en Lleida, donde una mujer de nacionalidad guineana de 29 años dio a luz a un hijo de un señor español de 65 años. El nacimiento se produjo en el mes de noviembre, a las 39 semanas de embarazo y el niño, que pesó 3,56 kilos, era el cuarto hijo de la mujer.

Más allá de la problemática con los embarazos infantiles y las relaciones desiguales por la diferencia de edad, en España, en general, nacen cada vez menos niños y niñas. En los últimos diez años el descenso de nacimientos ha sido de un 25,63%. Pero mirando solamente a aquellos de madres menores de edad, la caída es aún mayor: un 47,75%.

A pesar del descenso, se trata de una realidad que persiste. Cada año unas 1.500 menores de edad dan a luz en nuestro país. Decenas de ellas se convierten en madres junto a hombres adultos. En otros muchos casos, no se registran datos del padre.

"Tener relaciones con esa desigualdad con personas adultas tiene un impacto en cómo se desarrollan y relacionan esas niñas en su adolescencia pero también para cuando sean personas adultas. Solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave", remata Perazzo.

En marzo de 2024, la Guardia Civil localizó a una niña de 13 años que había sido obligada a casarse con un hombre que le triplicaba la edad. Cuando la encontraron, la menor estaba embarazada. Pero no era la primera vez. De hecho, fue la interrupción del anterior embarazo lo que hizo saltar las alarmas. La niña abortó debido a malformaciones en el feto. Esa intervención llegó a conocimiento de la Fiscalía de Menores y esta avisó a la Guardia Civil.

El cuerpo policial detuvo al marido, de 42 años, y a los padres de ambos, acusados de un delito de trata de seres humanos tras haber concertado el matrimonio forzoso. En el caso de él, también se le imputaba un delito de agresión sexual, según informó la Guardia Civil. Como los hechos sucedieron en la provincia de Ciudad Real, la menor, embarazada, pasó a cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha. La niña, ya con 14 años, acabó teniendo a la bebé y así consta en la estadística de nacimientos que gestiona el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España.

Puede parecer una excepción, pero aún hoy en nuestro país existen numerosos casos en los que una niña o adolescente es madre junto a un hombre adulto, tal y como ha podido comprobar infoLibre tras realizar un análisis de los microdatos de la estadística de nacimientos.

En España en los últimos cinco años —de 2020 a 2024, último ejercicio con datos disponibles— se han producido 56 nacimientos en los que la madre tenía menos de 16 años mientras el padre tenía más de 25.

Esas niñas, que tenían entre 13 y 15 años en el momento del parto, no alcanzaban ni siquiera la edad legal de consentimiento sexual, que en nuestro país es de 16 años, tal y como establece el Código Penal desde que la elevara el Gobierno de Mariano Rajoy.

Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica la problemática de esa diferencia de edad y cómo puede esconder el abuso infantil: "Hay una diferencia de edad, de poder y de madurez, así que la relación está condicionada. Las dos personas no se están relacionando en condiciones de igualdad y el consentimiento de la menor de edad no es válido por esa diferencia en la madurez".

El caso de Ciudad Real es un claro ejemplo. De hecho, fue el nacimiento de 2024 de mayor diferencia de edad entre los padres con uno de ellos por debajo de la edad legal de consentimiento sexual. Se llevaban 28 años. Ese año hubo otros tres casos en los que una niña menor de 16 tuvo un hijo con un padre que le sacaba al menos 20 años.

Fueron tres niñas de solo 14 años: una dio a luz a un bebé de un padre de 38 años en San Fernando (Cádiz), otra a uno de un padre de 36 en Granada capital, y la tercera a uno de un padre de 34 en Valdemoro (Madrid).

De los 56 hombres, claramente adultos, que fueron padres junto a una menor de 16 en los últimos años en nuestro país, 33 —entre ellos los de San Fernando, Granada y Valdemoro— tenían más de 30 años en el momento del parto y, por tanto, como mínimo, doblaban la edad de las madres. Además, podría haber incluso más casos porque en muchos nacimientos de madres menores no se conoce o no se registra información sobre el padre de la criatura.

Perazzo recalca la importancia de que se cumpla con la edad legal de consentimiento sexual sobre todo en esos casos en los que una persona es mucho mayor que la otra. De hecho, el Código Penal establece una excepción a esa regla para cuando las relaciones sean entre individuos "próximos en grado de desarrollo o madurez física y psicológica". "La edad legal de consentimiento sexual en los 16 años es coherente, sobre todo con la excepción. No es lo mismo una relación entre dos adolescentes, que puede ser sana y desde el respeto, que entre un adolescente y un adulto", explica la experta. 

El análisis de los microdatos de la estadística hecho por infoLibre no muestra importantes diferencias según si los progenitores son españoles o extranjeros, pero entre las nacionalidades extranjeras destaca Rumanía. Los expertos con los que ha hablado este medio apuntan a otra variable que puede estar relacionada: la pertenencia al pueblo gitano. Los datos del INE no recogen ese tipo de información, pero las fuentes consultadas aseguran que puede ser una hipótesis para algunos de los casos, tanto cuando los padres son de nacionalidad española como cuando son extranjeros de nacionalidad rumana.

Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados de Menores de Madrid y conocido por ejercer como defensor del menor de la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2001, explica que "entre los gitanos rumanos nómadas se producen estos casos de manera más significativa". "También suele haber un número importante de casos de gitanos españoles", detalla.

A ello se refiere también Catalina Perazzo, que recuerda dos casos judiciales de 2024 con dos niñas gitanas como víctimas: "Save the Children y la Fundación Secretariado Gitano denunciamos al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas unas sentencias en las que se aplicaban atenuantes a agresores por considerar que las relaciones sentimentales y sexuales entre niñas muy jóvenes y hombres adultos eran una práctica habitual de su cultura". 

"No es admisible. Por un lado, si es una violación de los derechos de esas niñas, no hay ninguna práctica que lo pueda justificar y, por otro, es una forma discriminatoria de dar por hecho estereotipos e institucionalizarlos", resume la experta de la ONG, que tiene como objetivo luchar por los derechos de la infancia.

Los embarazos infantiles han bajado en España en los últimos años. De los más de 500 nacimientos de madres menores de 16 años que se registraban anualmente en nuestro país entre 2009 y 2014, la cifra ha bajado a los algo más de 200 que se dan cada año desde 2020. Aunque a partir de 2022 se ha registrado un repunte.

El descenso es incluso mayor en el caso de las madres menores de 16 que tienen hijos junto a padres de más de 25 años. En 2011 llegó a haber 158 nacimientos con esa casuística. Ahora no hay mucho más de una decena al año. Aun así, año tras año se siguen registrando partos de este tipo en nuestro país. "La evolución natural y los cambios sociales y normativos hacen que tendamos a ese descenso de casos. Pero solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave. La violencia contra la infancia está demasiado tolerada", explica Perazzo.

La experta cuenta que "biológicamente los cuerpos de las adolescentes no están preparados para soportar el impacto de una gestación y un parto". "No solo a nivel físico, también a nivel emocional. Las adolescentes lo que tienen que ser es adolescentes y tener la oportunidad de vivir su infancia y adolescencia de manera plena", detalla.

La gran pregunta es: ¿qué hace la Administración en esos casos en los que las madres son niñas y adolescentes menores de edad?, que pueden ser víctimas de abuso sexual infantil.

El Registro Civil es quien se encarga de recopilar los datos de nacimientos en España. De hecho, los padres de una criatura tienen que acudir al mismo a notificar el nacimiento si no lo ha hecho ya el propio hospital donde haya nacido. El registro es el que luego facilita la información al INE para la elaboración de la estadística de nacimientos.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia, de quien depende el Registro Civil, si existe algún protocolo para cuando se detectan este tipo de casos o si se da alguna voz de alarma para investigar la posibilidad de casos de abuso sexual infantil. Justicia asegura que "en este momento no existe un protocolo en los registros civiles para estas situaciones". "No obstante, en el momento de la inscripción tanto la madre menor como su hijo ya deberían haber pasado por controles en el sistema sanitario", añade.

Lo cierto es que la Administración sanitaria sí cuenta con ciertas indicaciones para este tipo de casos. En 2024 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó el Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y la adolescencia, elaborado por la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes, donde se encuentran representados el Ministerio de Sanidad y el de Justicia y las comunidades autónomas, entre otros actores. 

Este protocolo establece cómo deben actuar los profesionales sanitarios ante indicios de posibles casos de violencia hacia niños y niñas. Uno de los tipos que se detalla en el documento es la violencia sexual y se recoge el embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, como uno de los indicadores de un posible caso de esta.

El protocolo también indica que ante posibles indicios de un caso de violencia en la infancia, el personal sanitario debe notificarlo a los servicios sociales —dependientes de los ayuntamientos o las comunidades autónomas— y al menos a otra institución, que puede ser el juzgado de guardia, la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Ante las preguntas de infoLibre sobre este tema, el Ministerio de Sanidad ha respondido remitiendo de forma directa a este protocolo y a otros documentos guías del SNS. El protocolo, eso sí, no establece una indicación o mecanismo automático o diferenciado para los casos de embarazos infantiles.

A diferencia del ministerio, los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana —las tres comunidades autónomas que registraron más nacimientos de madres menores de 16 años en 2024— no han respondido a las consultas de infoLibre. A pesar de que este medio ha contactado en diversas ocasiones y por diferentes vías con estos Ejecutivos autonómicos en las últimas semanas para saber cómo actúan cuando se encuentran los partos de madres menores.

"El sistema tiene alertas. Otra cosa es si todas funcionan, pero hay mecanismos. Los servicios sociales, la sanidad, el ámbito educativo… Y también la fiscalía, que es quien tiene esa función de ver qué está sucediendo exactamente con algunos hechos y más si se trata de menores. No siempre es fácil porque el entorno o la familia calla y oculta qué ha pasado, pero en casos así hay que indagar con los servicios sociales y con los medios que se tiene", explica Javier Urra.

Una familia se levanta por la mañana y debajo del árbol de Navidad se amontonan los regalos. Es la típica escena que durante estas fechas se puede dar en la mayoría de hogares españoles. Pero no en todos sucede el mismo día. 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó en el barómetro de este enero a las personas que encuestaba "cuándo se hacen los regalos en su casa". Un 41,4% respondió que "en Reyes" por un 16,9% que lo hacía exclusivamente "en Navidad". Otro 33,6% optaba por contestar que regalaba "en las dos fiestas".

De esas respuestas se desprende que regalar el día de Reyes es la opción mayoritaria en el conjunto de España. Tres de cada cuatro españoles —entre los que lo hacen solo en Reyes y los que lo hacen en ambas fechas— aseguran hacerlo así ante las preguntas del CIS. También hay más españoles que regalan en Navidad —el 50,5%— que los que no lo hacen, pero esta opción es menos popular.

De hecho, hacer regalos únicamente el día de Reyes es lo más común en 11 de las 17 comunidades autónomas. Se trata de la Comunidad de Madrid, las dos Castillas, Andalucía, Murcia, Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y los dos archipiélagos —Canarias y Baleares—.

Por contra, regalar únicamente el día de Navidad —25 de diciembre— o en fechas aledañas solo es la opción más contestada para vascos y navarros. En Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Galicia es donde gana la tradición de regalar en ambas fiestas.

Las celebraciones de Navidad y de Reyes son de origen cristiano. Según la tradición religiosa, Jesús de Nazaret habría nacido el 25 de diciembre —día de Navidad— y su epifanía o revelación al mundo se habría dado unos días después el 6 de enero —día de Reyes— cuando los Reyes Magos de Oriente habrían acudido a visitarle y adorarle. Ambas fechas fueron escogidas también para coincidir con festividades paganas que se celebraban en el Imperio Romano durante el solsticio de invierno.

Hoy en día es habitual que las familias españolas celebren esas fechas con regalos, especialmente para los más pequeños de la casa. La tradición de entregar obsequios en el caso del día de Reyes se cree que data del siglo XIX y vino acompañada de otra, la celebración de las cabalgatas de los Reyes Magos. La primera documentada en nuestro país se celebró en Alcoy (Alicante) en 1.866.

Es en ese momento cuando comienza también la expansión del juguete como producto, debido al éxito de la Revolución Industrial. Esa celebración de los Reyes Magos trayendo juguetes a los niños se comienza a afianzar y se expande por gran parte de España. De hecho, aún hoy en algunas comunidades lo más común es regalar únicamente en Reyes. En Extremadura, Cantabria, Andalucía, Asturias y Canarias es el caso para más de la mitad de las familias, siempre según las respuestas de los encuestados del CIS.

"En mi familia siempre se han dado los regalos el día de Reyes. Por tradición católica. Mi madre siempre ha renegado de todo lo que suena a Navidad de Estados Unidos y es lo normal en Cáceres, Papá Noel me parece algo muy ajeno. Aunque ahora que vivo fuera, solo puedo venir una semana de vacaciones y acostumbro a hacerlo para Nochebuena y Navidad, así que hemos cambiado y nos damos los regalos antes. Normalmente el 24 o el 25, pero por mera cuestión de utilidad", explica Javier Corbacho, extremeño que vive en Madrid.

A pesar de esa tradición más arraigada, hoy en día son muchas las familias que celebran ya tanto una festividad como la otra. Donde más sucede es en Aragón, Galicia, Islas Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid, aunque únicamente en Aragón es donde más del 50% de los encuestados se decantan por esa opción.

"En mi familia ahora celebramos Papá Noel para tener los regalos antes y porque no hay pequeños en casa. Pero antes celebrábamos ambas fechas y los regalos más grandes eran el día de Reyes, aunque siempre teníamos alguno también el 25. Aquí lo más normal es celebrar las dos cosas", explica Adela Vived, profesora oscense.

De hecho, regalar en Navidad no está tan extendido en toda España como hacerlo el día de Reyes, pero en algunas zonas es más popular o incluso se trata de una tradición más antigua. Hay personajes propios que se popularizaron para traer regalos en esa fecha, algunos incluso antes que los Reyes Magos. 

Por ejemplo, en Cataluña se celebra el tió de Nadal. Se trata de un tronco de madera con patas y con una cara sonriente pintada y una barretina que los niños van alimentando en los días previos a la Navidad. Después, normalmente la noche del 24 de diciembre, aunque también puede ser el 25 o incluso el 26, se le hace 'cagar'. Los niños le dan con un palo mientras cantan una canción típica para que el tió cague los regalos. La tradición también está establecida en algunas zonas de Aragón.

En otras partes de España también tienen sus propias figuras. En País Vasco y Navarra está el Olentzero, un carbonero que el 24 de diciembre sale del bosque donde vive y baja a pueblos y ciudades para anunciar el inicio de la Navidad y traer regalos a niños y niñas. Otras comunidades como Galicia, con el Apalpador, o Asturias, con el Anguleru, también tienen sus propios personajes que traen regalos a los más pequeños el día de Navidad o la noche de antes.

Aun así, solo en Navarra y País Vasco la opción mayoritaria es regalar únicamente el día de Navidad, con un 44,9% y 34,5% de encuestados, respectivamente. La siguiente en la lista es Cataluña, donde un 28,4% de los ciudadanos aseguran darse los regalos solo en esa fecha.

Pero regalar el día de Navidad no es una cosa exclusiva de regiones con su tradición propia para esa fecha —como Cataluña con el tió y País Vasco y Navarra con el Olentzero—. A día de hoy, la figura de Papá Noel, de origen anglosajón, es absolutamente popular también en España. Se trata de un personaje que vive en el Polo Norte, donde fabrica, junto a los elfos que le ayudan, los juguetes que luego regala a los niños.

A finales del siglo XX, con la globalización y la expansión del consumo, su leyenda y el personaje saltan y se asientan en muchos otros países. Ese cambio, cada vez más arraigado, tiene mucho que ver con que hoy más de la mitad de los españoles celebren el día de Navidad con regalos y no únicamente el día de Reyes.

El 31 de diciembre de 2014 se celebró la segunda edición de la Grossa de Cap d'Any, el sorteo navideño de Loteries de Catalunya. El premio gordo, que se conoce como la Grossa, fue para el número 91614. En aquel entonces se premiaba con 100.000 euros a quienes tuvieran un boleto (agraciado) —que costaban cinco euros—. Pero Loteries de Catalunya, empresa pública perteneciente a la Generalitat, no tuvo que pagar a nadie. No se había vendido ninguna participación del 91614 y el premio quedó desierto.

Se puede pensar que algo similar no podría ocurrir con el Gordo de la Lotería de Navidad, pero sí es posible. De hecho, sucedió en 1931 y aún hoy cada año entra algún número al bombo del Sorteo Extraordinario de Navidad del que no se ha vendido ningún décimo. Así lo ha podido comprobar infoLibre tras conseguir a través de la ley de transparencia los datos de venta número a número de los últimos cinco sorteos.

El año pasado fue el 99731. En 2023, el 99093; y en 2022, el 43131. En 2021 fueron dos los números de los que ningún ciudadano llevaba una participación, el 44009 y el 86781; y en 2020 —con un descenso de ventas del 11% debido a la pandemia— pasó lo propio con 29 números distintos.

infoLibre revela así por primera vez los datos de venta número a número del Sorteo del Gordo de Navidad al obtenerlos tras múltiples solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En total, son 34 los números que algún año entre 2020 y 2024 han entrado al bombo de SELAE sin que se hubiera vendido ningún décimo de los mismos. A su vez, en cada sorteo hay algo más de 16.000 números de los que se vende el 100% de participaciones disponibles —con la excepción de 2020, cuando fueron solo 8.095—.

En los últimos cinco sorteos ha habido 3.039 números de los que año tras año se han comprado todos los décimos. Algo más del 3% del total de 100.000 que entran al bombo. Casi una tercera parte —994— de esos repetidores como más vendidos acaban en 13, la terminación favorita de los españoles, a mucha distancia del resto. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el 00013, el 57713 o el 98713.

En cambio, de las 34 ocasiones en las que entraba al bombo un número del que no se había vendido ningún décimo, ninguno acababa en 13. Tampoco ninguno de esos ha repetido como invendido en años distintos. Además, 18 de esos números eran superiores al 85000. Los números más altos se compran menos por lo general. En ello influye que hasta el año 2004 el Sorteo de Navidad se jugaba únicamente con décimos que iban desde el número 00000 al 65999. En 2005 se eleva el máximo hasta el 84999 y ya en 2011, hasta el actual 99999.

La preferencia por los números más antiguos se puede ver en los datos de venta obtenidos por infoLibre, que no se habían publicado nunca hasta ahora. Año tras año los décimos más escogidos son los que van del 10000 al 59999, especialmente los que van del 10000 al 19999 y del 20000 al 29999. Eso sí, los números más bajos del sorteo —del 00000 al 09999— son los menos comprados, con un porcentaje inferior incluso a los más altos —del 90000 al 99999—.

Las mayores ventas las registraron el año pasado los números entre el 10000 y el 19999, ya que se compraron el 93,65% de esos décimos. En cuanto a terminaciones, teniendo en cuenta únicamente el número final, también hay una tendencia clara. Los décimos que acaban en 7 y en 5 son los más vendidos, seguidos de los terminados en 3. Pero si se tienen en cuenta las dos últimas cifras, la terminación en 13 pasa por delante de cualquier otra. Por contra, los décimos acabados en 1 y en 0 son los que menos se compran.

En el sorteo del año pasado se dio salida al 95,18% de los décimos de números acabados en 7 y al 95,07% de los acabados en 5. En cambio, solo se vendieron el 86,25% de los acabados en 1 y el 87,26% de los acabados en 0. Aunque, precisamente el número premiado con el Gordo de Navidad fue uno acabado en 0: el 72480, del que solo se habían vendido el 54,40% de los décimos —1.050 de los 1.930 disponibles en 2024—. En 2021 y en 2023, en cambio, el 72480 sí se vendió al completo.

Para el Sorteo de Navidad que se celebrará este lunes 22 de diciembre de 2025 aún no se puede saber cuántos décimos se han vendido de ese número o de cualquier otro. Eso sí, la venta total puede batir un nuevo récord. Este año SELAE permite poner en el mercado 1.980 décimos de cada número —entre los tradicionales preimpresos y los que se venden por terminal en los puntos de venta o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado—. 

La cifra supone un nuevo máximo histórico. Los 1.980 décimos por número superan a los 1.950 que se podían vender en 2004 y entre 2008 y 2010. Aunque en aquellos años entraban menos números al bombo, así que la posibilidad de venta total para SELAE y las administraciones de lotería era menor a la de hoy en día.

En 2004 solo entraban 66.000 números al bombo y los 1.950 décimos por número se convertían en un total de 128,7 millones de décimos a la venta. Entre 2008 y 2010 eran 85.000 los números distintos, así que el total de décimos disponibles era de 165,75 millones. Ahora, con los 100.000 números del 00000 al 99999, la posibilidad de venta en 2025 alcanza ya los 198 millones de décimos.

Aun así, no se compran todos los décimos disponibles. El año pasado salieron a oferta 193 millones de décimos. Se vendió el 90,82%: 175,28 millones. Una cifra récord. De hecho, en los últimos años el total de ventas no ha parado de crecer. Más si se tiene en cuenta la caída que se dio en 2020 debido a la pandemia, que hizo que ese año solo se vendieran tres de cada cuatro décimos disponibles.

A pesar de ello, como ya se ha explicado, 8.095 números se vendieron al 100%. La cifra el año pasado fue mucho más alta: 16.839. Además, hay números que siempre se venden al completo; o casi. En total, existen 9.279 números de los que en los últimos cinco sorteos siempre se ha comprado más del 95% de décimos disponibles.

Entre esos números que siempre se venden al completo, o casi, hay 999 acabados en 13. De todos los que tienen esa terminación, el único que falta es el 69113, del que solo se vendieron el 88,90% de los décimos disponibles en 2020, aunque desde entonces también se ha vendido siempre al completo. 

Ninguna otra finalización gusta tanto como el 13. Entre 2021 y 2024 se han vendido todos los décimos de los números acabados en la supuesta cifra de la mala suerte. Las siguientes terminaciones en la lista de favoritas son el 15, el 17 y el 69, que en los últimos cinco sorteos han vendido el 96,73% de sus décimos disponibles, el 95,34% y el 95,07% respectivamente. Esto sitúa estas cuatro finalizaciones por encima incluso de las simplemente acabadas en 7 y en 5, las dos más vendidas al tener en cuenta una única cifra, como ya se ha explicado.

Por contra, las terminaciones de dos números que menos se venden son el 00, el 99, el 66, el 01 y el 44. Algunas finalizaciones, al igual que otros números concretos, son menos queridas por los españoles. De hecho, ha habido incluso siete números que han vendido menos de un 20% de sus décimos disponibles en el conjunto de los últimos cinco sorteos navideños. Son el 09991, el 33341, el 33351, el 49991, el 55561, el 99942 y el 99951.

Aunque, como determina la estadística, todos los números tienen la misma probabilidad de ser cantados por los niños de San Ildefonso en el Sorteo de Navidad, acaben en la terminación que acaben y se hayan vendido más o menos décimos. Como pasó con la Grossa, un número tiene las mismas opciones de ser premiado incluso si no se ha vendido ni una sola participación del mismo.

Alvise Pérez ha cobrado 106.000 euros de una o varias empresas españolas desde que es eurodiputado. Así lo ha revelado infoLibre después de que el propio líder de Se acabó la fiesta (SALF) lo haya reconocido al presentar una modificación de su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo para indicar que ha ingresado ese dinero por labores de "consultor freelance en redes sociales y comunicación". Pero, ¿para qué empresa o empresas? No se sabe y el eurodiputado se niega a aclararlo.

Los europarlamentarios están obligados a presentar estas declaraciones de intereses y mantenerlas actualizadas. Estos documentos deben detallar las actividades e ingresos que tengan antes y durante su mandato, con la intención de poder fiscalizarlos y evitar conflictos de intereses. El código de conducta del Parlamento Europeo, que especifica cómo las tienen que rellenar, establece que deben indicar "cualquier actividad remunerada realizada paralelamente al ejercicio del cargo, incluido el nombre de la entidad" de la que reciban ingresos.

A pesar de ello, Alvise oculta el nombre de la empresa o empresas que le han pagado e indica únicamente que se trata de compañías "españolas" y "del sector de la comunicación". Tal y como explica a infoLibre Raphaël Kergueno, responsable de Políticas de Transparencia Internacional Unión Europea (UE), los eurodiputados que trabajan como autónomos —como es el caso de Alvise— en muchas ocasiones detallan únicamente la cantidad total de sus ingresos y la actividad a la que se dedican de forma genérica, sin especificar quiénes son sus clientes.

De hecho, Alvise asegura a infoLibre que ha rellenado la declaración de intereses de la forma que le ha dicho el Parlamento Europeo. Según el eurodiputado, la Eurocámara le comunicó que "el código de conducta no se aplica a los ingresos que declaramos los eurodiputados cada trimestre de varias empresas". 

infoLibre ha preguntado al Parlamento si esto es cierto, pero el equipo de la institución ha rechazado dar detalles de la posible conversación con Alvise porque no comentan casos individuales. Aun así, el Parlamento Europeo asegura que las declaraciones deben "contener una lista detallada de información, incluyendo cualquier actividad remunerada que se realice paralelamente al ejercicio del cargo" y reitera a infoLibre que los eurodiputados deben indicar el "nombre de la entidad" de la que cobran, algo que Alvise no ha hecho.

Kergueno explica que la redacción del código de conducta sobre este asunto no es del todo clara y eso da lugar a este tipo de problemas. La última vez que Transparencia Internacional estudió las declaraciones de intereses de los eurodiputados fue a finales de 2024, con la formación del nuevo hemiciclo tras las elecciones de ese año. La ONG denunció que varios eurodiputados habían declarado de forma opaca actividades "como 'trabajador autónomo' o 'miembro del consejo de supervisión' [de una empresa] (sin indicar a qué entidad podría pertenecer)".

En 2023 la misma organización analizó al detalle la información de los parlamentarios que afirmaban trabajar como autónomos. La conclusión fue que el 42% omitía datos clave en sus declaraciones de intereses, como es el caso del nombre de sus clientes, al igual que ha hecho Alvise. 

Los eurodiputados pueden trabajar para empresas privadas mientras están en el cargo, pero tienen determinadas limitaciones. No pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y vinculadas a la UE ni trabajar para compañías que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario. La ocultación de quién está pagando a Alvise impide saber si en su caso se da alguna de esas dos circunstancias.

Alvise Pérez se ha negado a aclarar a infoLibre para quién trabaja o ha trabajado, pero asegura que "no son un lobby ni nada que condicione mi mandato". El eurodiputado define la empresa o empresas como de "asesoría y comunicación" y "de lo mío", sin mayor explicación al respecto. 

Pero Kergueno deja clara la importancia de conocer de quién cobran los eurodiputados: "Revelar la identidad de los clientes es necesario para poder evaluar si existe algún conflicto de intereses derivado de una actividad externa, como la de los eurodiputados que trabajan como consultores o abogados. Sin esa información, no se puede evaluar si existe o no el conflicto de intereses", cuenta el miembro del capítulo europeo de Transparencia Internacional.

En la misma línea se explica Vicky Cann, investigadora de Corporate Europe Observatory, una organización que denuncia la influencia de las empresas y sus grupos de presión en las políticas de la UE. Cann detalla a infoLibre que "no hay justificación para ocultar los nombres de los clientes que han pagado por servicios de consultoría". "La transparencia debe ser lo mínimo que podemos exigir en este caso, ya que, de lo contrario, nadie puede comprender el alcance de los conflictos de intereses, si ese trabajo tiene vínculos directos o indirectos con la labor parlamentaria, o en qué medida podría constituir una labor de lobby", remata. 

En el caso de Alvise, es muy probable que ese pago corresponda a una única empresa. En una entrevista este mes de octubre el eurodiputado aseguró: "Solo con una asesoría mía cobro 106.000 pavos [sic]". Y solo dos semanas después actualizó su declaración de intereses para añadir que había ingresado, precisamente, 106.000 euros.

Raphaël Kergueno explica, como se ha señalado, que esta falta de transparencia entre los parlamentarios se produce "porque la normativa es confusa" y por la falta de supervisión de la Eurocámara. El experto pone como ejemplo a los eurodiputados que ejercen como autónomos o aquellos que trabajan para consultorías o despachos de abogados. Aunque la normativa exige de forma genérica que indiquen el "nombre de la entidad" de la que cobran, para ese tipo concreto de casos no especifica que deban detallar todos los clientes a los que se factura. Según explica Kergueno, en la práctica a los eurodiputados que son autónomos "se les está permitiendo no identificar a sus clientes".

En las respuestas a infoLibre, Alvise afirma que ha rellenado la declaración de la forma que le ha dicho "la propia Administración del Parlamento a través del servicio responsable de la verificación de las declaraciones de intereses" y que, aunque no sea público, él remite al Parlamento no solo la declaración de intereses, sino "toda la información" sobre estos ingresos, incluyendo el nombre de la empresa e, incluso, las "facturas". 

infoLibre ha preguntado a la Eurocámara por la veracidad de todas estas afirmaciones, pero la institución ha declinado valorar casos personales. Kergueno dice que la supuesta orientación que el Parlamento Europeo habría dado a Alvise indicando que hay que rellenar la declaración de intereses sin listar los clientes concretos podría ser cierta. Coincide también Cann, que asegura que no le sorprendería, aunque añade que "no se ajustaría al espíritu de la ley ni a una aplicación ambiciosa de las normas éticas con el fin de crear una cultura de transparencia y responsabilidad" en Bruselas.

De todos modos, como se ha explicado, esa falta de transparencia sobre las empresas de las que cobran los eurodiputados no se da solo en el caso de Alvise. A pesar de ser algo recurrente, no ha habido sanciones por ello, según asegura Transparencia Internacional UE, organización que lleva años investigando el asunto. 

El código de conducta de los eurodiputados no solo establece cómo deben cumplimentar la declaración de intereses, sino que también posibilita las sanciones para cuando lo hacen mal. Pero "el Parlamento Europeo nunca ha sancionado a un eurodiputado por no identificar a los clientes de los que cobra como autónomo", explica Kergueno. Tampoco hay constancia de que se le haya pedido a ninguno que añada esa información, aunque los detalles de las investigaciones sobre las declaraciones de los eurodiputados son privados —únicamente se hacen públicas las sanciones finales al respecto—.

Aun así, ha habido otros casos sonados. Uno de ellos es el de la actual ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, que fue eurodiputada entre 2009 y 2019. En su tiempo en la Eurocámara, indicaba simplemente que recibía ingresos paralelos como "abogada", pero no declaraba quién le estaba pagando por ello. En su declaración de intereses de 2018 aseguraba cobrar por esas labores 16.000 euros brutos mensuales.

Tras diversas investigaciones periodísticas, se pudo saber que había recibido grandes cantidades de dinero de empresas como Renault. De hecho, la Justicia francesa la está investigando por, presuntamente, haber cobrado 900.000 euros por trabajos de asesoría para la empresa automovilística que, en realidad, no realizó. Todo ello mientras tenía escaño en Bruselas.

"Se desveló que trabajaba para empresas como Renault y que la cantidad que cobraba era significativamente mayor a lo que declaraba. Todo ello gracias a la prensa. En ningún momento el Parlamento Europeo le preguntó quiénes eran sus clientes o para quién trabajaba cuando finalmente resultó que había un caso real y claro de conflicto de intereses. Estaba utilizando su posición para favorecer a las empresas de las que cobraba", explica Kergueno.

Por ello, hay quien directamente defiende la prohibición para los eurodiputados de ejercer labores de consultoría paralelamente a su labor parlamentaria, como hacía Dati o está haciendo Alvise. Cann asegura que "todas estas funciones de consultoría deberían prohibirse, ya que este tipo de trabajo, ya sea como abogado o como consultor, implica cobrar dinero de unos clientes y existe un alto riesgo de que los intereses de esos clientes entren en conflicto o incluso superen al interés público, que debería ser la motivación principal de todos los cargos electos".

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

Alvise Pérez ha cobrado al menos 106.000 euros de empresas españolas desde que es eurodiputado. Así lo ha reconocido él mismo al presentar una modificación de su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo este mes de noviembre. Según el parlamentario ultra, ha recibido ese dinero debido a sus labores como "consultor freelance en redes sociales y comunicación".

De hecho, Alvise ha especificado que el dinero proviene de "empresas españolas del sector de la comunicación". Toda esa información ha quedado reflejada en una modificación de su declaración de intereses, el documento en el que los eurodiputados deben rendir cuentas y detallar sus ingresos y actividades tanto previos a su labor parlamentaria como durante su mandato, con la intención de evitar posibles conflictos de intereses.

El líder de Se acabó la fiesta (SALF) ha indicado estos nuevos ingresos en el apartado donde deben especificar "cualquier actividad remunerada" realizada durante "el ejercicio del cargo" y ha asegurado a infoLibre que corresponden al último trimestre de 2025.

Los eurodiputados pueden trabajar para empresas privadas mientras están en el cargo, pero tienen determinadas prohibiciones. Por ejemplo, no pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y dirigidas a la Unión Europea ni trabajar para empresas que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario. 

Estos 106.000 euros se suman a los 783.200 que Alvise Pérez había declarado haber ganado desde 2021, principalmente como agitador en redes sociales. En total, ha ingresado 889.200 euros de trabajos externos al Parlamento Europeo en los últimos cinco años.

A esa cantidad hay que añadir su sueldo como eurodiputado, que, a pesar de sus promesas electorales, lleva más de un año sin sortear. El salario de los europarlamentarios es de 10.927,44 euros brutos al mes. Con este noviembre, Alvise lleva ya 14 meses sin repartirlo a alguno de sus seguidores. Lo que suma 152.984,16 euros. Por ello, entre unos ingresos y otros, ha recibido al menos 1,04 millones de euros desde 2021.

La cifra es incluso mayor, ya que desde que es eurodiputado ha seguido cobrando a través de redes sociales, según mantiene en su declaración de intereses. Según ese documento, Alvise estaría ingresando 500 euros al mes de Instagram y otros 2.500 gracias a Patreon, YouTube y Twitter.

El líder de SALF ha indicado esos 106.000 euros en su declaración de intereses detallando únicamente que han sido "empresas españolas del sector de la comunicación" las que le han pagado por sus supuestas labores como "consultor freelance" y que actualizará esa información "de forma trimestral".

Además, según ha aclarado ante las preguntas que le ha hecho llegar infoLibre, el dinero lo ha facturado en el último trimestre de 2025. Es decir, entre octubre y noviembre, ya que el mes de diciembre no había empezado cuando Alvise presentó la modificación de su declaración ante el Parlamento Europeo.

El eurodiputado ha asegurado a infoLibre que ejerce como autónomo en el campo de la "asesoría" y la "comunicación" y que factura "por obra y servicio". Pérez también afirma que nunca antes había indicado ingresos de este tipo en su declaración porque en los anteriores trimestres desde que es eurodiputado no había facturado nada como autónomo. 

El código de conducta del Parlamento Europeo especifica cómo tienen que rellenar los eurodiputados la obligatoria declaración de intereses. Además, establece sanciones para los que mientan u oculten información en sus declaraciones. De hecho, Alvise ya fue sancionado por este motivo. El líder de SALF, cuando llegó a Bruselas, rellenó la declaración de intereses indicando únicamente que en los últimos años había ejercido como "analista y consultor político - por cuenta propia" pero dejó en blanco la casilla referente a cuántos ingresos le había supuesto esa actividad.

Tras la penalización, que le dejó sin dos días de dietas como eurodiputado, Alvise accedió a modificar su declaración de intereses. Algo que ahora ha vuelto a hacer para declarar los ingresos que está recibiendo de empresas españolas. 

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

En el último mes, infoLibre ha revelado que varios médicos inhabilitados en Reino Unido han trabajado posteriormente en la sanidad española, algunos de ellos incluso en la pública. Tras esos hechos desvelados en el marco de la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español) —coordinada por OCCRP, The Times y VG,—, la duda que surge es: ¿cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en España sin ningún tipo de problema?

El Ministerio de Sanidad ha reconocido, en respuesta a consultas de infoLibre, que no lo sabe. Este medio preguntó: "¿Tiene constancia el ministerio de cuántos médicos con inhabilitaciones o sanciones en otros países tienen actualmente colegiación en España?". El departamento dirigido por Mónica García respondió que "no se tiene constancia". 

La excusa dada por Sanidad para desconocer esa información es "que el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) continúa con su implementación y todavía no se ha incorporado la totalidad de los datos". El REPS es un sistema gestionado por el ministerio en el que las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las organizaciones y colegios médicos deben subir información sobre los profesionales sanitarios que trabajan en España.

Tal y como explicó infoLibre, debía estar operativo en 2018, pero aún a día de hoy sigue faltando información en el mismo. Por ello, el Ministerio de Sanidad no sabe cuántos médicos han sido inhabilitados en España y, según reconoce ahora, tampoco cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en el nuestro.

De todos modos, la explicación del ministerio resulta sorprendente en tanto que la información sobre inhabilitaciones en el extranjero no llega a través de lo que vuelcan esos otros organismos españoles en el REPS, sino que es el propio ministerio quien la recibe a través de otro mecanismo. Se trata del sistema de Información del Mercado Interior (IMI), un aplicativo informático utilizado por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) para, entre otras cuestiones, lanzar alertas cuando inhabilitan o sancionan con una suspensión del ejercicio a un profesional sanitario.

El IMI tampoco se ha implementado de la mejor forma posible y, de hecho, no todos los países envían las alertas que deberían, pero el principal problema en España se da con la posterior custodia de la información. El Ministerio de Sanidad integra la información que recibe en el REPS y la remite a la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la organización que agrupa a los colegios de médicos españoles —existe uno por provincia—. 

Después, la OMC - CGCOM es la que se encarga de avisar a los colegios provinciales en caso de que alguno de esos médicos sancionados pueda estar colegiado en nuestro país. En ese proceso, se han dado casos en los que el colegio provincial en el que el médico sancionado en el extranjero estaba colegiado no había llegado a saber de esa sanción previamente. Aun así, para la mayoría no se conoce siquiera si el colegio estaba al día de esa inhabilitación porque no ha accedido a aclararlo.

infoLibre ha preguntado también al ministerio por qué no se ha hecho esa investigación o estimación a través de la información que llega de alertas de otros países y si se piensa hacer en un futuro. Sanidad no ha aclarado nada más sobre esa supuesta imposibilidad para conocer el número exacto de médicos inhabilitados en el extranjero que pueden ejercer en España.

Este medio hizo llegar las mismas preguntas a la OMC - CGCOM. La organización simplemente contestó: "No deben estar colegiados si tienen una inhabilitación. Es necesario un certificado de idoneidad profesional". Pero el problema en España es otro.

Los Estados de la UE para colegiar a un médico le exigen un certificado de idoneidad si ya está trabajando en otro país. Ese documento lo expide la autoridad médica del Estado donde ya está colegiado para acreditar que el doctor es apto para ejercer y no tiene sanciones. Pero la cosa se complica cuando un médico está colegiado en dos países.

En ese caso, puede ser sancionado o inhabilitado en uno de los Estados, pero como ya está colegiado en otro, se puede ir a trabajar a ese sin necesidad de volver a colegiarse y, por tanto, sin que nadie le pida un certificado de idoneidad. Ese tipo de casos son los que se han producido en España, tal y como han demostrado infoLibre y Bad Practice.

Quien sí ha realizado una investigación para saber cuántos médicos inhabilitados en otros países tenían entre sus doctores es el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). Uno de los casos revelados por infoLibre ha sido el del doctor Jorge Horacio Esbry, que tras ser inhabilitado en Reino Unido por mala praxis e insinuaciones sexuales a una paciente, había seguido trabajando en Murcia y Alicante.

Esbry estaba colegiado en Alicante. El colegio ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle provisionalmente. Además, el COMA ha hecho una investigación para "verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia".

No solo eso. Tras la investigación de este medio, el COMA ha trasladado a infoLibre su intención de modificar los estatutos del colegio para dar mayor publicidad a las inhabilitaciones y sanciones médicas, asunto sobre el que pesa una gran opacidad en España. También tiene la pretensión de poner impedimentos para que no se puedan producir este tipo de casos.

De hecho, su intención es homologar la sanción de Esbry en Reino Unido para que tampoco pueda ejercer en nuestro país. Además, en España existe al menos un precedente como este caso y también relacionado con el COMA. El colegio ya expulsó a un médico tras haber sido inhabilitado en el extranjero —en ese caso, en Alemania—. 

El COMA alegaba que como un doctor no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país —ya que no se le expediría el certificado de idoneidad—, en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España. La razón sería que no cumpliría los requisitos que se piden para poder colegiarse y, por tanto, su registro  previo no sería válido.

El médico inhabilitado en Alemania recurrió la decisión del COMA de expulsarle y en 2011 un juzgado resolvió dando la razón al colegio. La Justicia falló que el médico había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

Habrá que ver si el caso de Esbry termina de la misma forma y acaba habiendo jurisprudencia al respecto. En cualquier caso, sin una investigación oficial previa —que por ahora, ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM pretenden hacer— que determine cuántos médicos inhabilitados en el extranjero están trabajando en España, tampoco se puede saber en cuántos casos se podría actuar de esta forma. De hecho, de los distintos casos revelados por Bad Practice en nuestro país por ahora solo ha habido consecuencias para Esbry.

Además, mientras en Europa distintos Gobiernos han anunciado medidas para que el sistema funcione mejor a nivel internacional y dejen de darse este tipo de situaciones, en España ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM han comunicado nada similar. Ni públicamente ni ante las múltiples preguntas que les ha hecho llegar infoLibre.

Natalia Prego y Ángel Ruíz-Valdepeñas fundaron durante la pandemia Médicos por la Verdad, que hoy es ya una de las principales organizaciones negacionistas de España. Tanto Médicos por la Verdad como Prego y Ruíz-Valdepeñas se dedicaron a desinformar y difundir teorías de la conspiración durante los peores momentos del covid-19. Los dos eran doctores, pero él fue sancionado y ella no. ¿La principal diferencia entre ambos? Que cada uno estaba colegiado en una provincia distinta.

Los médicos en España necesitan estar colegiados para poder ejercer. Pero no existe un único colegio, sino que hay uno por provincia. En total, 52. Se agrupan en la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), pero cada colegio tiene potestad para tomar sus propias decisiones y marcar sus reglas y normas. Y las sanciones médicas no son una excepción.

Los colegios provinciales establecen su régimen disciplinario y se encargan de sancionar (o no) a los médicos que cometen alguna infracción. Los colegios son también quienes deciden qué consideran infracción y qué no, algo que suelen desarrollar en sus estatutos.

Esa autonomía de cada colegio provincial y la falta de transparencia que hay en España con las sanciones médicas generan una falta de control sobre las inhabilitaciones y suspensiones a doctores. Los problemas de coordinación son habituales. La sociedad no puede fiscalizar si los médicos sancionados están cumpliendo con las penalizaciones que se les han impuesto y ni siquiera el Ministerio de Sanidad tiene el listado completo de los médicos que tienen prohibido ejercer.

La investigación Bad Practice (Mala praxis en español), de la que forma parte infoLibre, ha revelado cómo más de 100 doctores tienen permiso para ejercer en algún país europeo tras haber sido inhabilitados en otro. Pero los mencionados desajustes en España provocan también situaciones como que haya médicos inhabilitados que han logrado saltarse la sanción y los controles dentro del territorio nacional, simplemente marchando a trabajar a otra provincia distinta de la que están colegiados.

Además, los criterios de un colegio de médicos y otro para sancionar pueden ser completamente distintos. Ruíz-Valdepeñas, como ya ha explicado infoLibre, fue inhabilitado durante seis años por el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB) en 2021 por postular la negación de la pandemia y alentar a no cumplir con las medidas recomendadas para frenar el covid-19. El COMIB consideró que había tenido actitudes que suponían "un importante riesgo para la salud pública" —aunque la sanción ahora mismo está paralizada, después de que el facultativo la recurriera, a espera de decisión judicial—.

El propio colegio anunció esa suspensión temporal. El COMIB es una excepción en la opacidad española con las sanciones médicas, ya que el resto de colegios no acostumbra a publicar ni difundir el nombre de los médicos a los que sanciona. El colegio balear sí lo hace para las sanciones por infracciones graves. Pero cada colegio es autónomo y actúa según su propio criterio. De hecho, así lo demuestra la comparación entre los casos de Ruíz-Valdepeñas y Prego.

La doctora Natalia Prego está inscrita en el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra (CMPONT). Su colegio también informó públicamente sobre su caso al inicio de 2021. El CMPONT difundió que había acordado remitir a la OMC - CGCOM el expediente abierto a Prego para que se resolviera a nivel estatal debido "al alcance y a la repercusión que en diferentes medios de comunicación nacionales y redes sociales han tenido las declaraciones [de la doctora]".

El CMPONT había abierto un expediente a Prego por realizar "declaraciones presuntamente negacionistas sobre el covid-19" y "poner en entredicho las distintas medidas de las autoridades sanitarias". Los motivos alegados eran los mismos que el COMIB con Ruíz-Valdepeñas. Pero Prego se salvó de la sanción.

La OMC - CGCOM concluyó que no tenía competencias sobre la posible infracción de Prego y que tenía que ser su colegio quien decidiera. El CMPONT, finalmente, no resolvió el expediente. Según ha explicado a infoLibre, porque "pasó la pandemia y el boom de todo este tema, así que fue perdiendo fuerza y quedó en nada". La decisión de la OMC de devolver el expediente al CMPONT y la del CMPONT de no resolverlo y no imponer ninguna sanción no fueron comunicadas públicamente.

Lo cierto es que la OMC - CGCOM no tiene competencias para sancionar a los médicos, que dependen de sus colegios provinciales. La organización estatal solo tiene potestad cuando los posibles infractores son miembros de las juntas directivas u órganos de gobierno de los distintos colegios. Los estatutos del Colegio de Médicos de Pontevedra tampoco recogen la posibilidad de derivar un expediente a la OMC. 

Prego y Ruíz-Valdepeñas, por su parte, siguen con sus labores en la actualidad. Ella sin haber sido sancionada y él a la espera de que la Justicia decida si la suspensión que le impuso el COMIB se convierte en firme. Prego está completamente volcada en Médicos por la Verdad. Ahora tienen en marcha una campaña de petición de donativos para convertir la organización en una fundación. 

Ambos médicos han seguido desinformando y difundiendo mensajes negacionistas. Ruíz-Valdepeñas, además, ofrece consultas por su propia cuenta con un amplio catálogo de pseudoterapias y supuesta medicina alternativa. El doctor ha sido incluso investigado por homicidio imprudente después de que falleciera un bebé en un parto que él mismo asistió en un domicilio particular.

Ruíz-Valdepeñas y Prego demuestran cómo las sanciones médicas en España dependen de la normativa, la forma de actuar y la predisposición que tenga cada colegio de médicos. De todos modos, aunque cada organización decida qué tipo de régimen disciplinario establece para sus propios colegiados, se apoyan en las líneas generales que marca la OMC - CGCOM en sus estatutos. Varios colegios parten de estos para redactar los suyos propios, incluido el apartado disciplinario. 

De hecho, los estatutos de las organizaciones provinciales están supeditados jurídicamente a los de la OMC. Aun así, cada colegio adapta, modifica, amplía o personaliza lo que considera. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid recoge como una falta grave el impago "de dos o más trimestres de las cuotas colegiales". En cambio, los de Pontevedra, Barcelona o Valencia no recogen ningún tipo de falta similar.

Lo mismo sucede con mentir en el currículum. Mientras el Colegio de Médicos de Navarra, el de Baleares o el de Valencia consideran una falta grave que un doctor indique "una competencia o título que no se posee", otros, como el de Barcelona, el de Almería o el de Vizcaya, no recogen nada similar.

Eso sí, el Colegio de Médicos de Vizcaya aprobó unos nuevos estatutos en 2024 y su régimen disciplinario ahora va más allá que la mayoría en cuanto a la lucha contra el negacionismo y las pseudoterapias. Así, entre las faltas muy graves recoge "ofrecer prácticas inspiradas en el charlatanismo, carentes de base y autorización científica, que prometan a las y los pacientes, o a sus familiares, curaciones imposibles" o "proponer o aconsejar actuaciones contrarias a las recomendaciones médicas científicamente aceptadas".

A pesar de las diferencias en las faltas establecidas en unos estatutos y otros, muchos colegios recogen también fórmulas genéricas como "la infracción negligente de las normas deontológicas" —en el de Valencia— o "las simples irregularidades en la observación de la normativa profesional vigente" —en el de Navarra—. Ese tipo de indicaciones les permite sancionar por infracciones que no vengan recogidas de forma expresa en los estatutos. 

Luis Calvo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario, explica a infoLibre que se hace para "poder sancionar otras cosas, sobre todo si están ya recogidas en el código deontológico". "Es lo que en derecho se conoce como tipificación por remisión y es algo habitual. Una norma, en este caso los estatutos, tipifica una infracción si te saltas otras normas. No hace falta llevarlo todo a los estatutos porque si no el régimen disciplinario sería una norma muy larga".

A este problema de que determinadas actuaciones solo sean consideradas como infracciones por algunos colegios, se suma la falta de transparencia en este asunto, como ya ha explicado infoLibre. En España no se puede saber quiénes son los médicos sancionados ni a qué colegio pertenecen. Por tanto, es imposible fiscalizar cuántas sanciones impone cada colegio, de qué tipo son o por qué motivos.

Esa falta de transparencia impide saber si hay colegios que no están poniendo sanciones o comprobar si hay médicos suspendidos o inhabilitados en nuestro país que han marchado al extranjero a trabajar. Pero esos fallos no solo se producen de cara al exterior. También pasa dentro de nuestras fronteras.

El traumatólogo Luis Santiago Mesa empezó a trabajar para el Servicio Canario de Salud en 2016. No hubo ningún problema con su contratación ni saltó ninguna alerta. Otro médico se dio cuenta de que Mesa, debido a una sentencia judicial, estaba inhabilitado desde 2012 hasta 2017 y denunció el caso. La Consejería de Sanidad de Canarias lo despidió, pero el médico llegó a trabajar durante 15 días en la sanidad pública de las islas a pesar de su inhabilitación.

Para evitar este tipo de casos las Administraciones disponen de acceso al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), que gestiona el Ministerio de Sanidad. Se creó a partir de un decreto ley de 2012. Debía estar operativo en 2018, pero no se cumplió con el plazo que marcaba la ley. De hecho, no llegó a abrirse a la ciudadanía hasta 2022 y, a día de hoy, aún hay problemas porque no tiene la información de todos los sanitarios ni de todas las comunidades autónomas, lo que ahonda en la falta de control de las sanciones médicas.

Las comunidades pueden ver en el sistema si un sanitario tiene alguna sanción, pero únicamente si esa información ha sido incluida. Al no estar completo, un caso como el de Mesa podría llegar a repetirse. De hecho, la Consejería de Sanidad madrileña denunció en declaraciones a infoLibre que el ministerio no pone a disposición de las comunidades "ningún registro ni ningún protocolo" que avise de si un doctor tiene una inhabilitación o sanción en España o en el extranjero. Esa es, precisamente, una de las finalidades del REPS, pero ni contiene todas las sanciones que se han impuesto en territorio nacional ni incluye las extranjeras. 

El propio ministerio ha reconocido en declaraciones a infoLibre que el registro aún se está implementando. La Comunidad de Madrid realizó esa queja cuando infoLibre le preguntó por el caso de la doctora Claudia Loren Martínez Higueros, que, a pesar de haber sido inhabilitada en Reino Unido tras equivocarse en dos operaciones y mentir para ocultarlo, ha podido trabajar posteriormente en la sanidad pública española —incluida la madrileña— sin problema.

Para la doctora Martínez Higueros no ha habido consecuencias en España. El Colegio de Médicos de Navarra, donde está registrada, no ha hecho nada al respecto. El organismo tampoco ha contestado a infoLibre, a pesar de que este medio lleva más de un mes contactándole y haciéndole llegar distintas consultas.

Para quien sí las ha habido es para el doctor Jorge Horacio Esbry. Este cirujano fue inhabilitado en Reino Unido, al igual que Martínez. Ambos siguieron trabajando en España tras esa sanción, tal y como ha revelado la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español), coordinada por OCCRP, The Times y VG, y llevada a cabo por 50 medios entre los que se encuentra infoLibre.

La diferencia es que Esbry está colegiado en Alicante. El colegio de esa provincia ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle de forma provisional mientras la Justicia se pronuncia al respecto. La intención es poder homologar su inhabilitación de Reino Unido en nuestro país para que aquí tampoco pueda seguir ejerciendo.

Pero lo que ha pasado con Esbry es una excepción. infoLibre ha desvelado varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que ejercen en España. Solo el Colegio de Médicos de Alicante ha tomado medidas y, por ello, Esbry es el único que ha tenido que afrontar consecuencias en nuestro país. De nuevo, cada colegio ha actuado según su propio criterio.

La ley de transparencia obliga a las Administraciones a publicar determinada información con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda fiscalizar la gestión y el uso del dinero público —lo que se conoce como publicidad activa—. Pero no solo a ellas: algunas entidades privadas, como las que reciben más de 100.000 euros al año de subvenciones o ayudas públicas, también deben cumplir ciertas obligaciones de publicidad activa sobre asuntos como su gestión económica o su organización institucional. A pesar de la obligación legal, no todas lo hacen. 

Un ejemplo de ello es Cruz Roja Española. En 2024 recibió 913,25 millones de euros en subvenciones y, por tanto, supera holgadamente el umbral a partir del cual debe cumplir con la ley de transparencia en materia de publicidad activa. Sin embargo, la organización no publica determinadas informaciones que exige la ley, como la remuneración anual de sus responsables y directivos. Todo ello, a pesar de haber sido informada de la obligatoriedad de hacerlo en varias ocasiones por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). 

Este incumplimiento lleva prolongándose desde hace al menos seis años, durante los cuales Cruz Roja no ha tomado ninguna medida al respecto a pesar de ser consciente de la situación. En junio de 2019, el Consejo de Transparencia— a raíz de la denuncia de un periodista de infoLibre— recordó a la entidad su obligación de publicar esta información y solicitó explicaciones por su parte, sin recibir respuesta.

En julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno volvió a recordar a Cruz Roja sus obligaciones cuando evaluó a la organización en un informe de cumplimiento de la publicidad activa. En esta ocasión la entidad sí contestó al Consejo presentando alegaciones sobre el caso, y afirmó que "sus máximos responsables son voluntarios y no perciben retribución". El Consejo de Transparencia solicitó entonces que esta aclaración se incluyera en el portal, cosa que la ONG no hizo. 

Lo cierto es que, a pesar de las alegaciones que hizo ante el Consejo, ese mismo año Cruz Roja gastó 3,57 millones de euros en remuneraciones a sus directivos, como se refleja en la auditoría de sus cuentas de ese año. Ese dinero fue para el personal de lo que la organización define como "alta dirección", que entonces estaba integrada por 62 personas, según la misma información de las cuentas. Por tanto, esos directivos habrían cobrado 57.694 euros de media. 

En 2024, último ejercicio disponible, esta cifra ha aumentado hasta alcanzar los 4,31 millones de euros. La alta dirección ese año estuvo formada por 67 personas; y la media salarial ascendió hasta 64.299 euros por cabeza. En cualquier caso, Cruz Roja no detalla —ni en sus cuentas anuales ni en su portal de transparencia ni en ningún otro lugar— el desglose del sueldo para los distintos cargos dentro de esa alta dirección.

Entre ese personal directivo se encuentran la presidenta de la organización, la secretaria general, la coordinadora general, los secretarios autonómicos y provinciales y los gerentes de los centros sanitarios de Cruz Roja, entre otros cargos. Como es evidente, no todos cobran el mismo salario, pero la opacidad de la organización imposibilita hacer otros cálculos más allá de esa media. 

Además, las cuentas no aclaran si el número de personas que indican para la alta dirección corresponde al número de cargos que ha habido ese año o al número de personas concretas que los han ocupado. Un mismo puesto puede haber sido ocupado por varias personas distintas a lo largo del ejercicio, en cuyo caso el sueldo medio de cada cargo sería más alto. 

Contactada por este medio en varias ocasiones, la entidad se ha negado a hacer público el desglose de estos sueldos, o en su defecto a facilitarlo a infoLibre, que también se lo ha solicitado en múltiples ocasiones. Cruz Roja no ha vuelto a utilizar el argumento de que sus directivos son voluntarios, como afirmaron al Consejo en 2020. En esta ocasión, en una de sus respuestas a este medio, la entidad afirma que cumple con todas sus responsabilidades de transparencia y no tiene "mayores obligaciones de información" que las contenidas en los artículos 6.1 —sobre la estructura organizativa— y 8.2 —sobre contratos o convenios con la Administración pública— de la ley de transparencia. 

La trampa está en que la obligación de publicar "las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades" se encuentra en el artículo 8.1 de la ley. Pero el criterio del Consejo de Transparencia, el organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia en nuestro país, es claro. 

En un criterio interpretativo de 2015 el CTBG establece de forma expresa que las entidades sin ánimo de lucro y las organizaciones privadas que reciban más de 100.000 euros al año de fondos públicos deben cumplir el artículo 8 en su totalidad, incluido el 8.1 y, por tanto, la obligación de publicar las retribuciones de sus directivos. El CTBG, además, ha confirmado a este periódico que ese criterio interpretativo sigue plenamente vigente. Cruz Roja no ha vuelto a responder cuando infoLibre le ha hecho llegar esa información.

Cruz Roja, además, debería ser consciente de este hecho, ya que cuando el CTBG evaluó a la organización en 2020, en el informe de cumplimiento —que se encuentra disponible en la propia web de la organización— se valoró su grado de cumplimiento de todo el artículo 8, no solo de su apartado 2. 

Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho en la Universidad Complutense y director del Centro de Investigación en Transparencia y Gobierno Abierto, explica a infoLibre que al carecer la ley de transparencia de un régimen sancionador, este incumplimiento no tiene ninguna consecuencia práctica para la entidad. 

María Díez, profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid y experta en transparencia, coincide: "Si buscamos organizaciones sociales en las que confiar, lo lógico sería que ellas fueran las primeras interesadas en ser transparentes. Pero tenemos un problema con el cumplimiento de la norma, debido a que esta no contempla sanciones. Su cumplimiento depende de la voluntariedad de las Administraciones y organizaciones, y en España tenemos una falta de cultura de la transparencia brutal", señala.

Como prueba de ello, en su respuesta a infoLibre, Cruz Roja también declara que no tiene que responder a las peticiones de información que puedan hacer los ciudadanos al amparo de la norma, puesto que esa obligación se limita a la Administración pública. Esta afirmación sí es cierta y se alinea con la ley y con el criterio del CTBG, que en julio de 2024 dio la razón a la ONG cuando no contestó a una petición de información sobre la gestión de los bienes inmuebles que obtiene mediante herencias. 

Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de ello, la entidad mantiene un formulario en su portal de transparencia que permite enviar solicitudes en virtud de dicha ley. infoLibre, por ello, decidió preguntar tanto por esa vía como directamente al departamento de prensa por cuestiones como el coste de los dos despidos colectivos que realizó la entidad y fueron anulados por la Justicia o qué otras remuneraciones en especie o beneficios perciben los directivos de la organización que, según fuentes internas, incluyen el disfrute de un apartamento en Madrid en el caso de la directora, y el de un coche con chófer en el caso de la secretaria general.

El departamento de prensa declinó informar sobre ambas cosas —aunque sí respondió a otras cuestiones— y el de transparencia solo indicó que no respondería ninguna de las solicitudes al no estar obligado por ley a hacerlo.

El Consejo de Transparencia analiza cada año el grado de cumplimiento de distintas organizaciones y Administraciones sobre la publicidad activa que les exige la ley. La última vez que lo hizo con la Cruz Roja fue en 2020 y detectó que los salarios de sus directivos no eran lo único que la organización estaba ocultando.

El Consejo indicó que la ONG cumplía en un 65% con la información que debe publicar. Conseguía un aprobado, pero escondía varios datos que la legislación le exige publicar. En el caso de la información económica, además, el grado de cumplimiento bajaba hasta situarse en un 51%.

El organismo también destacó "el escaso uso de formatos reutilizables y la carencia de referencias a la fecha en que se actualizó o se revisó por última vez la información" por parte de la Cruz Roja. 

Algunas de las informaciones que ocultaba ya son públicas a día de hoy, como los contratos que le han sido adjudicados por Administraciones públicas. Otras, como las obligaciones económicas suscritas con Administraciones a través de convenios o los propios sueldos del personal directivo, siguen sin ser reveladas seis años después de que el Consejo les escribiera por primera vez sobre este asunto.

De hecho, al realizar la evaluación de 2020, el CTBG remitió ocho recomendaciones a Cruz Roja para mejorar su publicidad activa. En 2021 el Consejo volvió a evaluar a la organización para comprobar si había cumplido con ellas. Solo había aplicado tres y el organismo volvió a destacar en su informe que "no se publica información sobre las retribuciones percibidas por los máximos responsables de la organización".

Más de 100 médicos han sido inhabilitados en España desde 2010 debido a lo que los colegios de médicos consideran faltas graves o muy graves. Así lo ha podido averiguar infoLibre tras varias solicitudes de acceso a la información pública. Estos datos nunca se habían publicado. Hasta ahora.

En nuestro país, ni la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ni el Ministerio de Sanidad ni los colegios de médicos —hay uno por provincia— difunden las identidades de los facultativos inhabilitados. Hay alguna excepción, pero lo habitual es que estas sanciones se produzcan sin que ni siquiera la ciudadanía se entere. 

Ahora, la investigación Bad Practice (Mala praxis en español) revela, al menos, las cifras que maneja la OMC - CGCOM, que recopila la información de estas sanciones después de que se las notifiquen los colegios provinciales. Son 126 doctores los que han sido suspendidos en los últimos 15 años. ¿Pero quiénes son?

No hay respuesta. Ante las solicitudes de información que ha realizado infoLibre, al amparo de la ley de transparencia y en el marco de la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—, tanto la OMC - CGCOM como el Ministerio de Sanidad se han negado a hacer públicos sus nombres.

Hay una excepción, el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB), que sí informa sobre los médicos a los que inhabilita. Pero esto no es lo habitual. La razón de los colegios de médicos para ocultar la identidad de los doctores sancionados es la protección de sus datos personales.

Los actores implicados en las inhabilitaciones son multitud: la OMC - CGCOM, el Ministerio de Sanidad, los colegios provinciales, las comunidades autónomas —que tienen las competencias de sanidad transferidas— o incluso la Justicia —que también puede decretar ese tipo de sanciones—. Pero, más allá de la OMC - CGCOM, ningún otro organismo agrupa todas las suspensiones que se imponen a los médicos en nuestro país, y mucho menos, publica la información. 

El Ministerio de Sanidad aseguraba a infoLibre el pasado mes de mayo que en ese momento solo tenía constancia en su registro de 14 facultativos inhabilitados. A la OMC - GCCOM le constan más de 100 desde 2010, pero eso no significa que todos sigan suspendidos. Esta operativa hace muy complicado saber cuántos doctores sancionados hay en España en un determinado momento, quiénes son y qué ha sido de ellos. La fiscalización, a diferencia de en otros países europeos, es casi tarea imposible.

A pesar de las trabas y la opacidad, infoLibre ha podido confirmar ya varios casos de médicos inhabilitados en Reino Unido que están ejerciendo en España. Pero encontrar casos a la inversa —facultativos inhabilitados en España que se han ido a atender a otros lugares— es más complicado por esa ocultación de su identidad.

En el caso de la excepción del COMIB, sus estatutos ya recogen que "las faltas graves serán sancionadas con amonestación pública". Otros colegios, como el de Madrid, el de Granada o la propia OMC, aunque estipulan que "en caso de sanción por falta muy grave que afecte al interés general se podrá dar publicidad" o fórmulas similares, no acostumbran a hacerlo.

En 2021, el COMIB suspendió al doctor Ángel Ruíz-Valdepeñas. En 2023, a la doctora Nadiya Papel. Ambos son célebres negacionistas. Ruíz-Valdepeñas fue dado de baja de colegiación durante seis años por negar el covid-19 en redes sociales y medios de comunicación y alentar a incumplir con las medidas sanitarias recomendadas durante la pandemia, entre otros motivos. "Ha promovido acciones contrarias a la evidencia científica, así como una inadecuada praxis profesional", resolvió el COMIB.

Papel, por su parte, también ha pronunciado declaraciones controvertidas sobre el coronavirus y contra las vacunas, pero fue expulsada del colegio por promocionar como soluciones médicas productos como "lejía, agua oxigenada o disolvente industrial" para pacientes con cáncer.

Pero más allá de excepciones como las inhabilitaciones del COMIB, pocos casos de médicos sancionados en España tienen nombre y apellido. ¿No existen doctores con infracciones tan graves como las de Ruíz-Valdepeñas y Papel? Sí. Entre el centenar de médicos inhabilitados seguramente habrá situaciones de igual, o incluso mayor, gravedad. Pero en la mayoría de casos no se puede saber quiénes son ni por qué fueron sancionados.

Los colegios de médicos establecen en sus estatutos el régimen disciplinario que imponen a sus colegiados. Normalmente recogen tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Entre las leves se encuentra, por ejemplo, no comunicar la información profesional de forma adecuada al colegio.

Entre las graves, infringir el secreto profesional, emitir informes faltando a la verdad o actuar indisciplinadamente respecto al colegio. Por último, entre las faltas muy graves está atentar contra la dignidad de los pacientes, desatender intencionadamente a los enfermos o cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delito doloso —aquel cometido con conocimiento de causa—. 

Los médicos que han sido inhabilitados por los colegios son los que han cometido alguna falta grave o muy grave. Esos dos tipos de infracciones se sancionan, normalmente, con una inhabilitación temporal, conocida también como suspensión temporal del ejercicio profesional, que puede extenderse de unos meses a unos años. La inhabilitación permanente, conocida también como expulsión del colegio, se da, según recogen los estatutos de la mayoría de colegios provinciales, cuando hay una "reiteración en la comisión de faltas muy graves".

Pero no solo los colegios pueden suspender a un médico. También lo puede hacer la Justicia en los casos en los que sus acciones sean constitutivas de delito. Normalmente el tribunal que toma una decisión de este tipo lo notifica al colegio provincial donde el médico estaba registrado y ese colegio, a la OMC. Por tanto, esos casos también deben estar incluidos en la contabilización de la OMC - CGCOM. Sin embargo, en ocasiones también es complicado conocer cuáles han sido los doctores sancionados por la Justicia porque las sentencias en España se publican anonimizadas.

Los casos de inhabilitación contabilizados y recopilados por la OMC - CGCOM incluyen tanto las inhabilitaciones permanentes como las temporales. La organización no ha accedido a aclarar cuántos casos corresponden a cada tipo de sanción a pesar de que las solicitudes de infoLibre pedían ese desglose.

Pero no recoge solo 126 inhabilitaciones. En realidad, la OMC - CGCOM tiene contabilizadas casi medio millar. ¿Cuál es el problema? La forma de actuar del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) en 2012, que desvirtúa la estadística.

Ese año la OMC - CGCOM contabilizó 359 inhabilitaciones, cuando el promedio anual del resto de ejercicios es de ocho. 355 de las 359 corresponden al colegio de Madrid. En 2012, la doctora Sonia López Arribas fue escogida presidenta del ICOMEM. Tras ello, la organización inhabilitó a 355 médicos que no estaban al corriente de pagos.

Ahora, el ICOMEM ya no utiliza ese tipo de sanción, destinada a las infracciones más graves, para los médicos en situación de impago. Tampoco es una causa habitual de inhabilitación en los colegios de otras provincias. Por ello, para tener en cuenta únicamente las inhabilitaciones por infracciones médicas graves o muy graves, hay que descontar esos 355 casos. Lo que resulta en el dato de 126 doctores suspendidos desde 2010.

Sin contar 2012, el récord se dio en 2019, con 13 inhabilitaciones. En lo que va de 2025 se han decretado ocho. infoLibre ha podido conocer el dato de las inhabilitaciones del ICOMEM en 2012, pero para el resto de ejercicios se desconoce el desglose por colegios provinciales. La OMC - CGCOM no ha facilitado ese detalle, solicitado por este medio. La organización alega que informar de cuántos médicos han sido inhabilitados y desglosarlo para cada colegio provincial podría permitir que alguien identificara quiénes son y quedara, así, desprotegida su identidad.

Esa protección de los datos personales es la máxima de la mayoría de colegios de médicos y del propio ministerio. Pero no conocer quiénes son los médicos suspendidos también impide saber qué están haciendo a día de hoy: si realmente están cumpliendo con la sanción, si siguen ejerciendo pero en otro país, si han cambiado de profesión…

Bad Practice ha revelado que más de 100 doctores inhabilitados en algún país europeo cuentan a día de hoy con permiso para ejercer en otros Estados. Algunos de ellos fueron sancionados en el extranjero y ahora trabajan en España. Pero por esa falta de transparencia de las Administraciones españolas, no se ha podido comprobar si también hay médicos inhabilitados en nuestro país que han utilizado la misma treta y ejercen en otros lugares.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Sanidad si se plantea algún cambio normativo para que las sanciones a los doctores en España empiecen a ser públicas, igual que sucede en países como Reino Unido, Suecia o Noruega. El ministerio ha asegurado que ese cambio "requeriría una norma con rango de ley que estableciera expresamente los supuestos, finalidades, destinatarios y salvaguardas aplicables" de un posible registro de inhabilitaciones, pero no ha aclarado si tiene intención de llevarlo a cabo.

A pesar de esa posible necesidad de una ley, que, en cualquier caso, por lo menos serviría para reforzar la base legal para hacer públicas las inhabilitaciones, ya hay instituciones como el COMIB anunciando las sanciones más graves con la identificación del doctor afectado. El Colegio Oficial de Médicos de Baleares detalla a infoLibre que actúa de esta forma porque "es obligación del colegio velar no solo por la buena praxis médica, sino por el bien de toda la sociedad y de los ciudadanos".

"Nosotros entendemos que es importante decir quiénes son los médicos a los que se inhabilita para que se les pueda fiscalizar y la sociedad sepa quiénes son. Nuestros casos surgieron a raíz de la pandemia y hay una doctora que ha ido más allá con tratamientos con lejía para el cáncer. Eso afecta a los pacientes y a la sociedad. No podemos ocultarlo, es una realidad que está ahí y hay que denunciarlo", explica el COMIB.

"Allí donde es público quien incumple, y hablamos de infracciones graves, las cosas funcionan mejor. Es una de las mejores maneras de proteger y promover servicios de calidad. ¿Por qué nos sigue resultando tan difícil señalar a quien incumple?", reflexiona Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia.

La publicación de las inhabilitaciones a doctores ayudaría a su fiscalización e incluso a evitar que se salten los controles y sigan ejerciendo. La publicidad de estas sanciones en Reino Unido ha permitido que Bad Practice e infoLibre revelaran que varios médicos inhabilitados en ese país ahora atienden a pacientes en España.

Del mismo modo, se han conocido casos de médicos inhabilitados en nuestro país que han seguido ejerciendo dentro de nuestras fronteras. Como el doctor mallorquín Mateu Verd Vallespir, que a pesar de estar inhabilitado por la Justicia por negligencia médica en una liposucción que acabó con el fallecimiento de la paciente, entre otros motivos, continuó con su desempeño profesional. Tal y como explicó el Diario de Mallorca, cuando ya estaba suspendido de colegiación, realizó una operación de cirugía estética a otra paciente que también falleció y fue detenido por ello.

Algo similar pasó con Ruíz-Valdepeñas. Su caso acabó en la Justicia, ya que recurrió la inhabilitación del COMIB. A día de hoy hay dos procesos penales abiertos al respecto y hasta que los tribunales decidan no se sabrá si la suspensión del colegio de médicos se convierte en firme, así que ha podido seguir ejerciendo. De hecho, ha asistido partos a domicilio. Uno de esos partos, en Ibiza, acabó con el fallecimiento del bebé. Por ello ha sido investigado por homicidio imprudente. 

Tanto en el caso de Ruíz-Valdepeñas como en el de Verd, la ciudadanía se enteró de que no se estaban cumpliendo las sanciones cuando hubo consecuencias fatales para los pacientes y su mala praxis llegó hasta la Justicia y saltó a la prensa. Pero, ¿qué están haciendo el resto de médicos inhabilitados? ¿Cuántos han seguido ejerciendo en España? ¿Alguno está colegiado en el extranjero y atiende a pacientes en otro país? No se puede saber.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha suspendido al doctor Jorge Horacio Esbry. Así lo ha confirmado el propio COMA ante las preguntas de infoLibre. El colegio le ha abierto un expediente disciplinario, ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante y le ha suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión médica al considerar "que se ha podido cometer un ilícito penal y una infracción del código deontológico y de los estatutos del COMA" al ejercer en España mientras pesaba sobre él una inhabilitación en Reino Unido.

infoLibre ha revelado durante las últimas semanas, en el marco de la investigación internacional Bad Practice (Mala praxis, en español), varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que no han tenido problema para seguir ejerciendo en España. Uno de ellos es Jorge Horacio Esbry, que, al menos por ahora, no podrá seguir haciéndolo.

El facultativo, de origen argentino, trabajaba para una clínica de Londres desde 2015. En 2017 atendió a una paciente a la que intentó besar. También le profirió improperios verbales con intención sexual y le puso unos nuevos implantes mamarios en contra de la voluntad de la mujer —ella solo quería retirarse los que ya tenía—. Estas son solo algunas de las infracciones que quedaron probadas según el tribunal médico de Reino Unido que llevó el caso.

El tribunal, del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) —el organismo que se encarga de resolver cuando se encuentran indicios de mala praxis por parte de médicos— sentenció que Esbry había tenido conductas indebidas en tres categorías: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual. Así que se le inhabilitó y se le prohibió la colegiación en Reino Unido, por lo que Esbry no puede volver a trabajar en el país. "Imponerle una suspensión inmediata es necesario para proteger a los ciudadanos y al interés público", resolvió el tribunal que lo juzgó.

Esa sanción en Reino Unido data de 2020. Pero tras ella, Esbry, que ya estaba colegiado en España, siguió trabajando en nuestro país sin ningún problema. El doctor ha seguido ejerciendo como cirujano estético y reparador en al menos tres clínicas privadas de Murcia y Alicante hasta este mes de octubre, cuando se publica la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—.

El COMA ha comunicado ya a esas clínicas que Esbry está "suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión" y que, por tanto, al menos hasta que se resuelva el caso, no puede volver a trabajar.

Además, el colegio le ha abierto un expediente disciplinario "por infracción del código deontológico y de los estatutos colegiales así como de la normativa legal" al haber seguido trabajando en España sin tener en cuenta que había sido inhabilitado en otro país.

El COMA también ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante "por si los mismos revistiesen carácter penal, de fraude en el ejercicio de la profesión médica, a sabiendas de la suspensión que pesaba acordada por el Medical Practitioners Tribunal, incurriendo en un posible delito de intrusismo profesional u otro tipo delictivo".

Casos como el de Esbry se dan cuando los doctores sancionados en otro país ya estaban colegiados en España antes de ejercer en el extranjero. Para colegiarse en nuestro país, a los médicos se les pide un certificado de idoneidad expedido por el Estado en el que ejercían previamente, en el que se debe recoger que no tienen ninguna sanción. Sin ese documento un médico no puede colegiarse en España. Pero si ya estaba inscrito en un colegio de nuestro país y se marcha al extranjero sin darse de baja, a su vuelta nadie le va a pedir un certificado.

De todos modos, el Colegio de Médicos de Alicante, a diferencia de otros, está abierto a homologar ambas situaciones. Es decir: dado que un médico no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país (ya que no se le expediría el certificado de idoneidad necesario), en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España por no cumplir con los requisitos que se piden para poder inscribirse en un colegio.

Ahora, según lo que decida la Fiscalía –que tiene que resolver si lleva el caso a los tribunales o no–, la Justicia se podrá pronunciar al respecto. "Se mantendrá la suspensión temporal hasta que Fiscalía diga si presenta denuncia en el juzgado o no. El expediente sancionador [del colegio], mientras, queda suspendido por si hay una causa penal", explica el COMA a infoLibre.

En 2011 un juzgado de Alicante resolvió sobre un caso similar. El COMA había expulsado del colegio a un médico por haber sido inhabilitado en Alemania por la Justicia de ese país. El facultativo reclamó ante los tribunales españoles, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante dio la razón al colegio de médicos y la inhabilitación se homologó en nuestro país. Según el juez, el médico, tal y como interpreta el COMA para estos casos, había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

En el caso de que sobre Esbry no haya causa judicial porque la Fiscalía no vea indicios de delito y no presente denuncia, será cuando el propio Colegio de Médicos de Alicante resuelva internamente a través del expediente disciplinario que ha abierto y se encuentra suspendido. En cualquier caso, durante todo ese proceso el doctor tiene prohibido ejercer como médico debido a la suspensión provisional que ha decretado la junta directiva del COMA de forma unánime.

infoLibre ha intentado recabar también la versión de Esbry, pero este ha declinado hacer declaraciones. Este medio contactó con el doctor por primera vez el pasado 19 de septiembre. Más de un mes después, no ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que se le han hecho llegar.

El caso de Esbry es el primero revelado por Bad Practice e infoLibre en España en el que se toman medidas. Este medio ha informado también sobre otros tres doctores inhabilitados en Reino Unido que han seguido trabajando en España. Se trata de Juan Ruiz Alconero, Ramón Martos Martínez y Claudia Lorena Martínez Higueros, que están colegiados en Madrid, Almería y Navarra, respectivamente.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) respondió a infoLibre sobre el caso de Ruiz Alconero: "(...) el hecho de haber sido sancionado en Reino Unido no implica que, con motivo de esa sanción, deba ser inhabilitado en España". Añadió que "no se ha adoptado ni se plantea ninguna medida disciplinaria contra este doctor".

Los colegios de Almería y Navarra, por su parte, no han respondido a las preguntas de infoLibre, a pesar de que este medio contactó con ambas instituciones por primera vez el pasado 30 de septiembre.

En todo caso, los colegios deberían haber sabido de la existencia de estas sanciones a sus médicos antes de la publicación de la investigación de infoLibre y OCCRP. Existe un mecanismo, llamado Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), a través del cual los países de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) lanzan alertas cuando sancionan a algún facultativo.

En España esas alertas llegan al Ministerio de Sanidad, que luego las remite a la Organización Médica Colegial (OMC) y al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Tras ese aviso, la OMC - CGCOM informa a los colegios provinciales de médicos.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante explica a infoLibre que, de hecho, no ha actuado antes en el caso de Esbry porque hubo un problema con la alerta sobre este doctor en 2020. Reino Unido mandó un aviso al IMI cuando se suspendió a Esbry el 7 de marzo de 2020. El COMA recibió la notificación por parte de la OMC - CGCOM, aunque sin copia de la resolución del tribunal británico, pero fue "en los días previos a la aprobación del estado de alarma [...] y debido a la excepcionalidad coyuntural derivada del covid-19, impidió la puesta en marcha de los mecanismos de verificación y tramitación de sanciones internacionales".

El colegio, además, explica que tras conocer el caso de Esbry por la publicación de la investigación Bad Practice, "ha procedido a verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia". De nuevo, a infoLibre no le consta que otros colegios hayan hecho esa misma revisión, ni tampoco la OMC - CGCOM o el Ministerio de Sanidad.

La doctora Claudia Lorena Martínez Higueros trabajó en el Hospital Chelsea & Westminster de Londres entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. Durante ese contrato temporal, de solo medio año, cometió al menos dos fallos clínicos. En una ocasión, intervino a una paciente en la pleura —una membrana que se sitúa entre el pulmón y las costillas— derecha cuando tenía que hacerlo en la izquierda. En otra, realizó una biopsia a un paciente en el riñón derecho cuando, de nuevo, tenía que hacerlo en el izquierdo. Además, mintió para intentar ocultar ambos errores.

Esa mala praxis acabó con su carrera en Reino Unido. En abril de 2024 un tribunal médico decidió que no podía volver a ejercer en el país y que tenía que ser eliminada del registro de médicos. Pero Martínez Higueros ha seguido trabajando. Ahora, en España. Este mismo año, ha atendido a pacientes durante unos meses en el Hospital Universitario de Móstoles cubriendo una baja maternal en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). No es su única actividad en la sanidad pública. Hasta este mes de septiembre, según el registro del Ministerio de Sanidad, trabajaba también en el Hospital Universitario de Donostia-San Sebastián.

El caso de la doctora Martínez no es una excepción. Tal y como ha revelado la investigación internacional Bad Practice (Mala praxis, en español), decenas de doctores en Europa ejercen en un país distinto del que han sido sancionados sin ningún tipo de problema. Varios de ellos trabajan en España. Con Claudia Lorena Martínez, son al menos ya cuatro los doctores inhabilitados en Reino Unido, que a pesar de esa sanción, han seguido ejerciendo y visitando a pacientes en nuestro país. Los otros tres lo hacían en la sanidad privada.

Todos esos casos han sido confirmados por infoLibre, único medio español que forma parte de Bad Practice. La investigación, coordinada por OCCRP, The Times y VG, ha corroborado también que más de 100 médicos que han sido inhabilitados en un país tienen a día de hoy licencia para ejercer en otro, pero, debido a la falta de transparencia con las sanciones en la profesión médica existente en algunos Estados europeos como España, esa cifra es solamente la punta del iceberg.

Aun así, casos como el de la doctora Martínez Higueros dejan claro que el control de este tipo de casuísticas tiene importantes agujeros negros en el continente. Los problemas se producen, sobre todo, cuando los médicos ya tienen permiso para ejercer en otro país antes de ser sancionados. Cuando eso ocurre, es complicado que luego el otro Estado les impida volver y trabajar. 

Es lo que pasó con la propia Martínez, que tras ser inhabilitada en Reino Unido volvió a España para trabajar porque ya estaba inscrita anteriormente en el Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Al estar colegiada, no existe un mecanismo que se active de forma automática para homologar una sanción en el extranjero. Diferente es la situación cuando un médico inhabilitado intenta colegiarse en España. En ese caso, no tienen permitido hacerlo, ya que se les pide un certificado de idoneidad del país donde estaban registrados y este no debería expedirlo debido a la sanción.

El Ministerio de Sanidad, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países tras la publicación de Bad Practice, no ha reaccionado a los datos revelados por la investigación y, al menos, por ahora, no ha anunciado ninguna medida para evitar este tipo de casos. Tampoco se ha propuesto llevar a cabo una evaluación para conocer exactamente cuántos médicos inhabilitados en el extranjero ejercen a día de hoy en España.

Claudia Lorena Martínez es una radióloga intervencionista, una especialidad en la que, como radiólogos, se guían por la imagen —con procedimientos como los rayos X o las ecografías—, pero, además, no solo diagnostican a través de ese tipo de técnicas, también intervienen en los pacientes con tratamientos mínimamente invasivos, como pueden ser las biopsias, los drenajes o los cateterismos.

Tras graduarse en Medicina en México y homologar su título en España, se especializó en la Universidad de Londres. Comenzó a trabajar en Irlanda y, finalmente, volvió a Londres para ejercer en junio de 2018. A finales de 2019 obtuvo un contrato temporal de seis meses en el Hospital Chelsea & Westminster, donde ejerció hasta febrero de 2020 y donde cometió los errores que la llevaron ante un tribunal médico del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), el organismo que se encarga de resolver cuando hay quejas o indicios de mala praxis por parte de doctores en Reino Unido.

Los problemas con la radióloga surgieron a raíz de las intervenciones a dos pacientes a los que atendió en 2019. El 10 de diciembre de aquel año una mujer de 73 años acudió a urgencias del hospital por dificultades para respirar. Los superiores de Martínez Higueros le encargaron una "aspiración pleural diagnóstica izquierda", pero, en lugar de eso, la doctora le realizó un "drenaje pleural terapéutico del lado derecho". Es decir, intervino en la pleura que no tocaba y, además, le realizó una intervención distinta a la que le habían pedido. Todo ello demostrado por el tribunal médico que la juzgó —un procedimiento habitual en Reino Unido—.

Doce días después, otro paciente, de 58 años, acudió a urgencias. Llevaba días con sangre en la orina, náuseas y fiebre, y tenía antecedentes de piedras en el riñón. Tras una resonancia magnética, que había hecho la propia Martínez, se le diagnosticó un quiste en el riñón derecho y una lesión en el izquierdo. Después de que un equipo multidisciplinar estudiara el caso del paciente, se detectó que la lesión del riñón izquierdo era "sospechosa de malignidad" y se pidió una biopsia del mismo, que, de nuevo, se encargó a la doctora. Pero la radióloga realizó la biopsia en el riñón derecho. Ante esta situación, el hospital tuvo que repetir la prueba para realizarla en el izquierdo.

En ambas ocasiones, Martínez Higueros tenía que intervenir en un órgano izquierdo pero lo hizo en el derecho. Además, en ambas ocasiones, realizó anotaciones falsas en los informes clínicos y el historial de los pacientes para ocultar sus errores, según resolvió el tribunal médico. En el caso de la mujer indicó que era imposible intervenir en la pleura izquierda y que, por ello, lo hizo en la derecha tras contactar con el resto del equipo médico. En el caso del hombre modificó el informe días después para indicar que la lesión identificada y biopsiada se encontraba en el riñón izquierdo, cuando antes había escrito que se encontraba en el derecho. También aseguró que ella no había hecho la biopsia.

Las anotaciones eran falsas, según determinó el tribunal. Además, el MPTS entendió que la doctora las había realizado a sabiendas de que no eran verdaderas, ya que era consciente de que en el caso de la mujer no había avisado al equipo médico de esa supuesta imposibilidad para realizar la intervención en la pleura izquierda y de que en ambas ocasiones había intervenido ella y lo había hecho en el órgano derecho.

Por ello, el tribunal dictaminó que Martínez Higueros había tenido conductas indebidas en dos categorías: actuaciones clínicas y prácticas deshonestas. El MPTS consideró más graves las segundas, de las cuales se la encontró culpable, precisamente, por haber mentido en sus anotaciones a sabiendas: "Intentó encubrir sus fallos clínicos". Además, el tribunal resolvió que había puesto en riesgo la seguridad de los pacientes.

Aun así, la doctora, a día de hoy, afirma que todo es mentira y que esas acusaciones contra ella son un invento. En conversación con infoLibre, ha asegurado que no es cierto que cometiera los errores: "Es un caso de corrupción dentro del Colegio de Médicos [de Reino Unido]. Denuncié a unas personas que son influyentes allí, en temas de mala práctica médica. Ese es el caso [...] Eran errores graves como procedimientos que incluso llegaron a causar muerte de pacientes y yo denuncié eso".

Tras esa afirmación la doctora no ha querido especificar quiénes son esas personas de forma concreta —aunque ha subrayado que son "personas que desempeñan puestos de gerencia en un hospital de Londres"—, ni consta nada sobre esa supuesta acusación en el expediente del tribunal médico, que es público. Tampoco ha aportado prueba alguna ante las preguntas de infoLibre al respecto.

De hecho, tras esa llamada, este medio le hizo llegar una batería de preguntas por escrito a través del correo electrónico, pero la doctora en el momento de publicación de esta información no las ha respondido. Tampoco ha vuelto a coger el teléfono ni a contestar los distintos mensajes que se le han enviado desde entonces.

Durante la conversación con infoLibre, la doctora aseguró que había apelado la resolución del MPTS, pero unos segundos después se contradijo y afirmó que estaba "en búsqueda y espera de la ayuda legal en España" para poder apelar ante una instancia superior. "El problema principal es que no tuve la suficiente defensa legal, no tuve los medios para tener una defensa legal apropiada", añadió. La doctora contó con tres abogados distintos ante el tribunal médico durante distintos lapsos de tiempo del proceso.

A día de hoy, no consta que haya tomado acciones legales y el plazo para apelar la decisión ante la justicia ordinaria de Reino Unido ya ha expirado. Eso sí, la normativa inglesa también permite a los médicos solicitar volver a colegiarse una vez han pasado cinco años desde la sentencia del tribunal médico. Cuando optan por esa vía, vuelven a ser juzgados por otro tribunal médico, que debe decidir si permitirles de nuevo la colegiación o no. Martínez Higueros aún no está en el plazo para poder hacerlo; aunque ese tipo de peticiones no suelen ser exitosas para los doctores.

Tampoco lo fue la que realizó su último abogado, David Morris, ante el tribunal médico. Morris pidió que no fuera inhabilitada de forma permanente en Reino Unido y se optara por una suspensión temporal con una revisión del caso al final de la misma, pero el tribunal no aceptó. Para esa petición, el abogado recordó que Martínez Higueros había declarado lo siguiente: "Entiendo perfectamente que, basándose en sus conclusiones, el Tribunal se ve obligado a dictaminar que he incumplido gravemente las normas y que debo ser sancionada para proteger a los ciudadanos".

El tribunal resolvió que se trataba "de un caso grave de falta de honestidad en el ámbito clínico que afectaba a dos pacientes y que ponía en riesgo su seguridad", que, "había mostrado un desprecio deliberado por la seguridad de los pacientes, anteponiendo sus propios intereses a los de estos" y que "había abusado de la confianza que los pacientes, sus compañeros y la sociedad habían depositado en ella" como doctora. Por todo ello, el MPTS consideró que su conducta indebida era "fundamentalmente incompatible con el mantenimiento de su colegiación" y decidió inhabilitarla de forma permanente y no acceder a esa suspensión temporal.

Pero esa eliminación del registro médico a la que se le sentenció en Reino Unido no ha impedido que Martínez Higueros siga colegiada en Navarra. De hecho, así consta en el buscador de la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), donde también se recoge que actualmente trabaja con "ejercicio privado".

A pesar de ello, Martínez Higueros aseguró en la llamada con infoLibre que no estaba ejerciendo en España como doctora y que no estaba visitando a pacientes, sino que trabajaba como investigadora. Cuando se produce esa conversación, el 30 de septiembre, en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), del Ministerio de Sanidad, constaba que la doctora ejercía en el Hospital Universitario de Móstoles (Madrid) y en el Hospital Universitario de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

Ante esta situación, infoLibre le traslada estos datos y ella niega la mayor: "Estoy registrada con esos hospitales porque he estado haciendo algunas investigaciones con ellos". Ambos son hospitales públicos y dependen de las consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y del País Vasco, respectivamente. Entonces, la doctora asegura que trabaja investigando "enfermedades cardiovasculares" para ambas consejerías, pero desde Londres. "Hago algunos estudios, llevo casos, reviso documentos, hago ensayos clínicos y ese tipo de cosas".

Tras varias preguntas, la doctora cambia otra vez de explicación, y afirma que trabaja para el grupo de investigación CIBER CV, especializado en enfermedades cardiovasculares, que depende del Instituto de Salud Carlos III (ISC III). Es ahí cuando dice que no trabaja para las consejerías sino que lo hace para ese grupo del ISC III, que es estatal y depende del Ministerio de Sanidad.

Pero el CIBER CV ha asegurado a infoLibre que "no existe ninguna relación contractual entre el CIBER y la doctora" y que Martínez Higueros no tiene ninguna "vinculación con nuestra institución". El organismo también ha afirmado que no les consta ninguna relación con Martínez Higueros en el pasado. Lo que asegura la doctora es que investiga para grupos del CIBER que trabajan en esos hospitales, pero la institución aclara a infoLibre que no tiene grupos sobre enfermedades cardiovasculares en el Hospital Universitario de Móstoles ni en el de Donostia. Las consejerías de Sanidad madrileña y vasca también han negado que la doctora trabaje actualmente para ellas.

La Comunidad de Madrid, eso sí, ha aclarado que la doctora Martínez Higueros trabajó para el SERMAS cubriendo una baja maternal durante cuatro meses, de enero a abril de 2025, en el Hospital Universitario de Móstoles y que desde entonces no ha vuelto a trabajar para ellos aunque en el REPS conste que sí. Así que, aunque Martínez Higueros aseguró en la llamada que solo se dedica a la investigación, al menos hasta hace unos meses atendía a pacientes en nuestro país y, además, en la sanidad pública.

El REPS, como sucede con el caso de Martínez Higueros en el hospital de Móstoles, no siempre está actualizado. Las propias instituciones médicas y sanitarias tienen que remitir la información de sus profesionales al Ministerio de Sanidad, pero no se mantiene una actualización constante. En cualquier caso, que hasta septiembre apareciera en el REPS que también trabajaba en el Hospital Universitario de Donostia, indica que en algún momento debería haber ejercido en el mismo.

A pesar de ello, el Departamento de Salud - Osakidetza del Gobierno Vasco ha respondido a infoLibre que la doctora "no trabaja en esa institución". El departamento no ha querido aclarar si anteriormente ha trabajado para el hospital o para otras instituciones del País Vasco alegando la protección de datos personales de la doctora. La mención al Hospital Universitario de Donostia en el perfil de la doctora en el REPS desapareció justo después de que infoLibre hubiera realizado esas preguntas sobre ella a la consejería vasca.

El Colegio Oficial de Médicos de Navarra, donde está registrada la radióloga, ha asegurado a este medio que continúa colegiada pero que no tiene constancia de que esté ejerciendo. "Ella al colegio no le ha informado de que esté trabajando en ningún sitio". La institución también ha explicado que los médicos a pesar de que tienen que confirmar su propia información laboral al colegio, no siempre la actualizan. Ante el resto de preguntas que le ha hecho llegar infoLibre, como si se había tomado alguna medida al conocer que la doctora había sido inhabilitada en Reino Unido, el colegio ha declinado responder.

La única institución que ha contestado sobre ese asunto es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que no tenía "ninguna notificación de que la doctora tenía algún tipo de sanción". El departamento también explica que como "la ley le ampara y puede acceder a un puesto de trabajo con normalidad, no podemos hacer absolutamente nada". "Tendrá la inhabilitación en Reino Unido pero mientras aquí no tenga ninguna prohibición…", detalla la consejería, que también afirma que no le consta ningún tipo de incidente o problema con la doctora cuando ha trabajado para el SERMAS.

La consejería se queja de que el ministerio no pone a disposición de las comunidades "ningún registro ni ningún protocolo" para que se les avise de si un doctor tiene una inhabilitación o algún tipo de sanción en el conjunto de España o en el extranjero. Así, asegura que únicamente puede conocer las propias sanciones que se dan en el SERMAS.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, no ha respondido a las preguntas concretas sobre el caso de Martínez Higueros que le ha hecho llegar infoLibre. Tampoco la OMC - CGCOM. Ambas instituciones, al igual que la consejería vasca, se amparan en la protección de los datos personales para no dar respuesta sobre los doctores inhabilitados en otros países que ejercen en España, primando así esa protección por encima de la salud de los ciudadanos y del propio interés público. La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), de la que Martínez Higueros asegura ser socia, también ha declinado realizar declaraciones por el mismo motivo.

Esta situación de opacidad beneficia a los médicos sancionados. La propia Martínez Higueros es consciente de ello. Durante la llamada con infoLibre, la doctora ya avanzaba que no quería que quedara rastro del caso: "Es un caso que necesito limpiar". 

Las siguientes preguntas que este medio le hizo llegar vía mail no las respondió y, en su lugar, envió un escueto mensaje: "Solamente expresarle de la manera más atenta, que no consiento ni le autorizo a realizar ninguna publicación en mi nombre o que tenga ningún vínculo con mis datos personales o profesionales". Aún después de esa respuesta, infoLibre le hizo llegar otro correo anunciándole la publicación de este reportaje y dándole una última opción a responder. No contestó. 

En cualquier caso, la huella digital le preocupa. Hasta ahora no se había podido confirmar que la radióloga había seguido ejerciendo en España tras su inhabilitación en Reino Unido, pero la prensa inglesa cubrió lo que había ocurrido en su país. Fueron varios los medios, como My London o Radiology Business, los que informaron de su inhabilitación. 

Debido a ello, cuando se buscaba a la doctora en internet, era normal que aparecieran noticias sobre las conductas indebidas que había protagonizado. Ahora, en cambio, al poner 'Claudia Lorena Martínez Higueros' en Google, el primer resultado del buscador es la web 'draclaudiamartinezhigueros.com', creada por la propia doctora en lo que parece una estrategia para modificar los resultados cuando se busca su nombre.

En la página presume de "una trayectoria internacional en hospitales y centros de referencia" y de "precisión técnica, innovación médica y un profundo compromiso con cada paciente". La web está disponible tanto en inglés como en español y en la misma asegura haber colaborado "con centros de prestigio como el Grupo CIBER" y trabajar "para distintas entidades sanitarias públicas y privadas en España", a pesar de lo que dijo en su conversación con infoLibre.

También facilita un correo electrónico de contacto, cuyo dominio pertenece a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Al ser preguntada durante la llamada, la doctora dijo que disponía del mismo porque en su momento hizo la residencia médica en la sanidad madrileña. La consejería, en cambio, ha asegurado a infoLibre que posiblemente tenga esa dirección de mail porque este mismo año ha trabajado en el Hospital de Móstoles.

Su estrategia digital, de todos modos, no ha consistido únicamente en el lanzamiento de la web. Multitud de supuestos medios de comunicación, como Diario Financiero, Diario Siglo XXI, Murcia.com o Pamplona Television, publicaron este 29 de mayo la misma nota de prensa. Esta hablaba sobre la experiencia de la doctora y enlazaba a su web con una clara intención de mejorar el posicionamiento de la misma en buscadores y borrar su pasado en Reino Unido.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ha dado un paso atrás. Después de más de un año aplicando un criterio propio que imponía un plazo para reclamar por silencio administrativo, y que hacía que una de cada tres reclamaciones que llegaban al Consejo acabaran inadmitidas, ha decidido rectificar.

La treta del Consejo autonómico consistía en no dejar a los ciudadanos reclamar en cualquier momento cuando habían hecho una solicitud de acceso a la información ante la Administración y esta no les había respondido. Esa era la forma de proceder habitual en todos los Consejos de Transparencia, pero el madrileño, en su lugar, definió un plazo cerrado.

Cuando una persona realiza una solicitud de información en base a la ley de transparencia, las Administraciones tienen un tiempo para darle respuesta. La ley madrileña lo marca en 20 días hábiles. Una vez transcurrido ese tiempo, la solicitud se entiende desestimada aunque la Administración no haya contestado. En base a eso, el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid daba, desde esa fecha, un plazo de un mes al ciudadano para reclamar, igual que si hubiera tenido respuesta de la Administración.

Pero el Consejo madrileño ha anunciado ahora que da un paso atrás y vuelve a aplicar el criterio que ya utilizaba el anterior Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid y que siguen también el estatal y los del resto de comunidades autónomas. Así, los ciudadanos vuelven a poder interponer reclamaciones en cualquier momento si las Administraciones madrileñas no responden a las solicitudes de información.

La decisión del Consejo se produce después de que los expertos hayan cuestionado el criterio anterior y de que el organismo realizara una consulta a la Abogacía General de la Comunidad. Esta ha sido clara: "La interposición de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, en los supuestos en que la solicitud de acceso a la información no hubiera sido resuelta de forma expresa, no está sujeta al plazo de un mes a que se refiere el artículo 48, apartado 1, de la Ley 10/2019 y, por tanto, la interposición fuera de dicho plazo no debe determinar la inadmisión de aquella".

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos resuelve así una de las últimas polémicas que le habían rodeado. Aunque no ha aclarado si va a hacer algo con las más de 100 reclamaciones de ciudadanos que ya habían sido inadmitidas por este motivo en el poco más de un año de vida del organismo. En ese tiempo una de cada tres reclamaciones que llegaban al Consejo acababan inadmitidas por esa razón.

Expertos como Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que había definido la anterior forma de actuar del organismo como "grave error", celebran la nueva decisión del Consejo. "El cambio de criterio es de agradecer y responde más, ahora sí, a la naturaleza de este órgano como garante del derecho de acceso a la información", explica a infoLibre*.

El organismo ha estado envuelto en numerosas controversias desde su creación. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso eliminó el anterior Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2023 con la aprobación de una ley ómnibus —una norma que mezcla regulación sobre materias distintas—. Con esa norma creó también este nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

La medida fue ampliamente criticada por los expertos en transparencia, especialmente porque el organismo dejó de depender de la Asamblea de Madrid para pasar a hacerlo directamente del Gobierno autonómico y porque se restó independencia a los nombramientos. 

El anterior Consejo contaba con tres consejeros que debían ser escogidos en la Asamblea con mayoría cualificada. El nuevo cuenta únicamente con un presidente y es escogido directamente a propuesta del Ejecutivo autonómico y sin necesidad de esa mayoría cualificada. El cargo lo ocupa actualmente Jesús María González García, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense. A día de hoy, el nuevo Consejo apenas da la razón a los ciudadanos en sus reclamaciones, tal y como ya reveló infoLibre.

*Esta información ha sido actualizada a 9 de octubre de 2025 para añadir las respuestas de Joaquín Meseguer a las preguntas de infoLibre.