Empresas petroleras, gasísticas y mineras financian generosamente a algunas de las principales universidades europeas. Ese dinero fluye con especial intensidad hacia centros de educación superior en el Reino Unido, pero España no es una excepción. Repsol e Iberdrola son las compañías que más dinero inyectan en universidades españolas. Entre ambas aportan casi la mitad de la financiación universitaria procedente de los sectores energético y minero.

Investigate Europe, red internacional de medios a la que pertenece infoLibre, solicitó a diez universidades públicas españolas punteras en el ámbito de la investigación medioambiental datos sobre el dinero que recibieron entre 2017 y 2022 de empresas petroleras, gasísticas y mineras. La petición se realizó a través de los portales de transparencia respectivos y se solicitó información sobre todo tipo de apoyo financiero, desde patrocinios y becas a ayudas para la investigación o la creación de cátedras. La única universidad que no aportó los datos fue la Politécnica de Madrid.

Este trabajo periodístico en España forma parte de un proyecto más amplio puesto en marcha por openDemocracy e Investigate Europe, cuyo objetivo fue recabar información en nueves países europeos. Este periódico publica esta investigación en exclusiva en España (puedes leer aquí el artículo principal).

Las nueve universidades aceptaron en total 5,20 millones de euros procedentes del sector energético (4,88) y minero (0,32).

Los dos centros que más dinero recibieron en el periodo analizado fueron la Complutense y la Carlos III, ambas de Madrid. La primera percibió 2,08 millones y la segunda ingresó 1,24. Entre ambas se embolsaron seis de cada diez euros.

Repsol es la compañía que más fondos aportó a la Complutense: 525.634 euros. Ese dinero se ha destinado al pago de gastos corrientes de centros de asistencia a la investigación (CAI), a financiar una beca de contrato predoctoral, a pagar matrículas para la realización de un máster o al presupuesto ordinario de departamentos. La Complutense también recibió dinero de Repsol al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que regula los contratos con entidades públicas y privadas.

El segundo financiador más importante de la Complutense, dentro del sector energético, es la también petrolera Cepsa, que puso 502.000 euros. La inmensa mayoría fue para contratos firmados de acuerdo con el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Uno de los más importantes analizó la “diágenesis y evolución del llenado de petróleo” en el campo de Sateh Al Razboot (SARB), situado en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. El 63% del capital de Cepsa está controlado precisamente por el Gobierno de dicho país, a través del fondo soberano Mubadala Investment Company, mientras que el 37% restante está en manos del fondo estadounidense Carlyle Group.

Tras las petroleras Repsol y Cepsa se sitúa, entre los financiadores de la Complutense, la eléctrica Iberdrola, con 467.412 euros. Buena parte de esos fondos se abonaron para la realización de “actividades de formación e investigación en el ámbito de la promoción de la electricidad”. En 2018, Iberdrola abonó 44.818 euros por un estudio sobre “la compatibilidad con el derecho de la UE del borrador del real decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica”.

La energética Naturgy aportó 356.694 euros, destinados en su mayoría al desarrollo de un proyecto de “nuevos sensores sobre fibra óptica para la monitorización in situ de parámetros de calidad química de biogás”.

En el caso de la Universidad Carlos III, la principal fuente de financiación fue Iberdrola, que entre 2017 y 2022 firmó contratos por importe de 656.571 euros. Casi un tercio de los fondos se destinan a Energy for future, un programa de becas postdoctorales de investigación en el que participan 15 universidades europeas y americanas. Entre ellas hay ocho españolas, incluida la Politécnica de Madrid, que rechazó aportar información sobre su financiación por parte de empresas energéticas y mineras.

Red Eléctrica de España, operador del sistema eléctrico y empresa donde el Estado mantiene una participación del 20% del capital, es la segunda compañía que más dinero aportó a la Carlos III: 347.000 euros. La partida más voluminosa fue para un contrato marco de colaboración entre ambas entidades, al que se destinaron 140.000 euros.

En tercer lugar figura Repsol, con 206.672 euros, destinados casi en su totalidad a un proyecto firmado al amparo del acuerdo marco de prestación de servicios de I+D.

Tras la Complutense y la Carlos III, figura otra universidad madrileña en el listado de centros que más dinero recibieron de energéticas y mineras, la Autónoma, con 698.431 euros. De las nueve universidades analizadas, es la que tiene una financiación con origen más diversificado. La mayor aportación a la Autónoma procedió de Enusa, empresa estatal que se encarga del abastecimiento de combustible para las centrales nucleares. Enusa puso 164.300 euros en el marco de un convenio de colaboración para la “formación en estadística avanzada, analítica de datos y algoritmos de inteligencia artificial”.

Otras empresas del sector energético que financiaron actividades en la Autónoma de Madrid fueron la petrolera brasileña Petrobras (67.495 euros), Iberdrola (52.500) y Repsol (47.540).

Cantidades más modestas fueron para las universidades catalanas. La Universitat de Barcelona (UB) recibió 474.935 euros, de los que el 96% tuvieron como pagador a Repsol. En este centro se produjo la principal victoria hasta el momento de los activistas que rechazan la financiación universitaria por parte de este tipo de empresas privadas. Entre 2019 y 2022, la UB destinó 105.000 euros a la Cátedra Repsol de Transición Energética, pero este año decidió no renovarla. El colectivo juvenil End Fossil Barcelona, que entre otras acciones de protesta ocupó el edificio histórico de la UB para denunciar la presencia de bancos y empresas fósiles en los centros educativos, aseguró que la decisión se produjo porque ningún profesor quiso sustituir al director de la cátedra, Mariano Marzo. Este compatibilizó los cuatro años su actividad docente con un puesto en el consejo de administración de la propia Repsol, por el que en 2022 cobró 340.000 euros. En los tres años anteriores se embolsó cifras ligeramente inferiores. Repsol atribuyó la cancelación a “un proceso de reconfiguración global de todas las cátedras” que impulsa, según indicó la Universitat de Barcelona.

La Universitat Politècnica de Catalunya aceptó 222.274 euros, procedentes en su mayoría de Endesa (120.000) y de Naturgy (60.000). El dinero de la primera se destinó, entre otras actividades, a sufragar la Cátedra Endesa de Innovación Energética. Los fondos de la segunda se destinaron al Premio Duran Farell de Investigación Tecnológica.

Por su parte, la Universitat Autònoma de Barcelona recibió 36.000 euros de Naturgy, destinados al pago de “los recursos, humanos y materiales, necesarios para cumplir los objetivos del informe de la comunicación de Catalunya”.

Las otras tres universidades cuyos datos recabó Investigate Europe también percibieron cantidades modestas. La Universidad de Granada recibió 75.000 euros, de los que 45.000 procedían de un proyecto compartido entre Ence Energía, Ibox y Q Energy y los otros 30.000 de un convenio con Iberdrola. En ambos casos el dinero era para la creación de una cátedra de investigación arqueológica.

La Univesitat Politècnica de València aceptó 38.840 euros, de ellos 30.000 pagados por la petrolera BP para la creación de una cátedra de Innovación Energética.

Por último, a la Univesitat de València llegaron 19.999 euros procedentes de Iberdrola, destinados a un acto conmemorativo relacionado con el Jardín Botánico del centro y a un proyecto de investigación sobre el “riesgo de electrocución de especies amenazadas”.

En comparación con las empresas energéticas, las mineras inyectan mucho menos dinero en las universidades. Algo lógico si se tiene en cuenta que hay petroleras, gasísticas y eléctricas españolas que son multinacionales y tienen importantes cifras de facturación, mientras que las grandes compañías mineras son menos y de tamaño más reducido.

En total, las empresas mineras invirtieron 320.168 euros en las universidades que respondieron a las preguntas de Investigate Europe. Hay que advertir de que la única que no respondió, la Politécnica de Madrid, es probablemente la universidad española que tiene mayores vínculos con el sector de la minería. De forma que esa cifra podría incrementarse si se conociesen sus datos.

De los nueve centros educativos consultados, cinco no recibieron dinero de empresas mineras entre 2017 y 2022. La que más fondos se llevó fue la Politècnica de Catalunya, a la que Iberpotash entregó 183.000 euros para la Cátedra ICL en Minería Sostenible. Iberpotash es la filial española de la multinacional israelí ICL, dedicada a la producción de fertilizantes. Un accidente en una mina de esta empresa en Súria (Barcelona) provocó el pasado mes de marzo el fallecimiento de tres geólogos.

En segundo lugar figura la Universidad Autónoma de Madrid, que ingresó 121.110 euros. La mayor partida la puso Minersa (78.800 euros), grupo productor de minerales industriales y productos para la construcción. El principal accionista de Minersa es la compañía luxemburguesa Lombard International Assurance, controlada por la estadounidense Blackstone, una de las principales gestoras de fondos del mundo.

El listado se completa con la Complutense madrileña, que aceptó 13.386 euros de Rio Tinto, una de las principales multinacionales mineras del mundo, y la Universitat de Barcelona, que percibió 2.671 euros de la española Consentino.

Si el análisis se hace desde el punto de vista de las empresas, y no de las universidades, la primera conclusión es que entre Repsol e Iberdrola aportan prácticamente la mitad del dinero. La petrolera inyectó 1.238.233 euros y la eléctrica 1.234.523. La suma equivale al 47,5% de los 5,2 millones entregados por energéticas y mineras.

A una distancia considerable se sitúa otra petrolera, Cepsa, con 502.000 euros; la gasística Naturgy, con 472.699 euros, y Red Eléctrica de España, con 359.000.

En el sexto puesto aparece la primera minera aparece en el sexto puesto, Iberpotash, con una aportación de 183.000 euros.

Sólo hay otras tres empresas que aportaron más de cien mil euros: Enagas (177.851 euros), Enusa (164.300) y Endesa (120.715).

Otras 27 empresas energética y siete mineras completan el listado hasta llegar a los 5,20 millones de euros de financiación de las universidades por parte de algunas de las empresas más contaminantes de España.

“No somos un sector de mafiosos o de depredadores ambientales. La mayoría hace las cosas bien o muy bien”. Quien así se expresa es Pedro Mora, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras españolas. Su opinión está en las antípodas de lo que piensan las principales organizaciones ecologistas sobre los empresarios mineros: depredadores ambientales sin ninguna duda, especuladores una parte de ellos y peleados con las leyes casi todos. Para mostrar sus acusaciones han lanzado el Observatorio Ibérico de la Minería, donde se recogen un centenar de casos de “vulneraciones y malas prácticas” en España y Portugal.

Ambas partes están de acuerdo, eso sí, en un hecho fundamental: se está produciendo una resurrección de la minería, centrada esta vez en la extracción de minerales metálicos como el litio, el cobre, el grafito o el wolframio.

España se quedó sin minas de este tipo en los años ochenta, pero ahora ya están operativas una quincena que explotan minerales incluidos en la lista de “materias primas críticas” de la Unión Europea. Son componentes cruciales para la transición ecológica diseñada por la UE, porque los necesitan los vehículos eléctricos y los molinos eólicos. Pero también están en móviles o portátiles y se utilizan en la fabricación de armas o en el sector aeroespacial. La UE tiene una dependencia casi absoluta del exterior, ya que ni extrae esas materias primas, ni las procesa para adaptarlas a su uso industrial. China, y en menor medida Rusia, son quienes controlan el negocio de esos metales que luego se consumen en los 27 Estados de la Unión.

Para terminar con esta situación, las instituciones comunitarias están impulsando un Reglamento, que está previsto que entre en vigor a principios de 2024 y que plantea abrir nuevas minas en suelo europeo, facilitar la financiación a las empresas mineras y acortar los tiempos de concesión de los permisos medioambientales. Tres objetivos que aplaude el lobby minero, que ha mantenido más de mil reuniones con funcionarios y cargos de la UE para influir en el Reglamento. Y que provocan un rechazo frontal de las organizaciones ecologistas.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

El discurso oficial defiende que la demanda de materias primas críticas se disparará en los próximos años. “La demanda de minerales para su uso en ve­hículos eléctricos y almacenamiento de baterías se estima se multiplicará por treinta en 2040. El litio experimentará el crecimiento más rápido, con un aumento de la demanda de más de 40 veces seguido por el grafito, cobalto y níquel (entre 20-25 veces) y las tierras raras (siete veces)”, se puede leer en la Hoja de ruta sobre materias primas minerales aprobada por el Gobierno español en 2022. Un documento que propone, entre otras medidas, fomentar “el aprovechamiento de los recursos minerales domésticos bajo están­dares medioambientales y de sostenibilidad europeos”. Hablando en plata: abrir nuevas minas en España.

La industria está alineada con este discurso. “Hay que ser honestos: si necesito algo en mi sociedad, tengo que intentar producirlo en mi sociedad. No es ético que miremos para otro lado, tenemos que intentar abastecernos con nuestros criterios sociales y de sostenibilidad”, indica Pedro Mora. Ello significa “explotar nuestros recursos al máximo posible”, abriendo nuevas minas en España.

Pedro Mora pone sobre la mesa otra cuestión que denuncian con frecuencia las patronales mineras, lo que se conoce como el efecto Nimby (iniciales en inglés de “not in my backyard”, que podría traducirse como “no en mi patio trasero”). El razonamiento es el siguiente: todos queremos nuestro móvil de última generación, pero nos oponemos a las minas de las que se extraen las materias primas que lo hacen funcionar si están cerca de nuestra casa, mientras cerramos los ojos a que se obtengan en países lejanos donde se explota a los trabajadores y no existen normas de protección del medio ambiente.

“La realidad es que esos ecologistas que se oponen a abrir cualquier mina en España, luego no van a África o a China a oponerse a que abran las minas allí. Están aceptando que haya un impacto mayor fuera de Europa, donde no se extrae con los criterios de sostenibilidad de Europa, lo que no parece muy razonable si de lo que se trata es de defender el planeta”, señala Mora, uno de los cargos de la Fundación Minería y Vida.

Esta acusación indigna a Adriana Espinosa, de Amigos de la Tierra, una de las organizaciones más implicadas en la lucha contra la nueva minería junto a Ecologistas en Acción. Sostiene Espinosa: “En primer lugar, es falso que un incremento de la extracción minera en Europa lleve aparejada una reducción en el sur global. Lo que se busca es incrementar la extracción en Europa y también la importación de países del sur global de forma más diversa, para reducir la dependencia de China. En segundo lugar, hay que matizar lo de que las regulaciones son más exigentes en Europa. Las regulaciones sobre el papel lo son, pero las empresas incumplen de forma sistemática la legislación medioambiental. En tercer lugar, no es cierto que no defendamos las luchas contra las minas en otros lugares. Amigos de la Tierra, por ejemplo, pertenece a un movimiento global que defiende los mismos objetivos en todas partes. En cuarto lugar, está el tema clave del modelo de consumo, que es adonde nos gustaría llevar la conversación”.

Lo que plantea Adriana Espinosa es, de hecho, una enmienda a la totalidad: nadie ha demostrado que se necesiten nuevas minas y, en todo caso, si se necesitasen sería para intentar mantener un modelo de consumo que en realidad es insostenible. “¿Necesitamos abrir nuevas minas? El Gobierno español no ha realizado esa cuenta. Lo que realmente necesitamos para empezar es el Excel con las cuentas, que de momento no existe. No se ha calculado la demanda de minerales asociada a las políticas de transición energética en España”, critica Espinosa.

Con Excel o sin él, lo que tiene claro la activista de Amigos de la Tierra es que estamos ante una crisis ecológica y climática “sin precedentes”, y que “nos están vendiendo como transición energética algo que no lo es”.

El sector del transporte acapara el 60% de las necesidades previstas de minerales como el litio, según los informes oficiales que manejan las instituciones comunitarias. “¿Cambiar un coche de gasolina por uno eléctrico de verdad es una transición ecológica?”, se pregunta Espinosa. Ella misma responde: “Cambiar los modelos de movilidad sí que sería una transición”.

Una movilidad basada en el transporte público y en medios como la bicicleta es una de las principales alternativas que defienden los ecologistas para reducir la demanda de minerales metálicos. Pero hay otras. Por ejemplo, incrementar la utilización de los minerales secundarios potenciando el reciclaje y la minería urbana (extraer los metales de los residuos y no de la naturaleza). O alargar la vida útil de todos los aparatos eléctricos y electrónicos, terminando así con la obsolescencia programada.

“La transición ecológica tal cual la ha diseñado la UE, basada en el crecimiento ilimitado, no es sostenible ni viable. Tampoco es justa, porque no es reproducible a nivel global”, concluye Espinosa.

La expectativa de una mayor demanda está multiplicando ya los proyectos de nuevas minas en diferentes países europeos, pero las autoridades comunitarias quieren acelerar ese proceso con dos medidas que se contemplan en el Reglamento: reducir a un máximo de dos años el plazo para conseguir todos los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.

Pedro Mora considera fundamental que en el Reglamento se reduzcan los plazos. Un proyecto para abrir una mina puede prolongarse entre 8 y 12 años, según sus cálculos, “y una parte muy importante se consume en la obtención de las licencias ambientales. Y también, en muchas ocasiones, en la judicialización del proceso, que lo retrasa y genera inseguridad jurídica”.

Además, el representante de Minería y Vida destaca que hay sectores sobre los que existe menos control: “Si uno compara la presión social sobre los impactos que genera la minería y la agricultura, es evidente que es mucho mayor sobre la minería. Somos un sector hiperregulado en la UE. Y eso está bien, porque nos garantiza seguridad como sociedad. Pero esa elevada regulación no puede derivar en retrasos injustificados en el desarrollo de proyectos”.

En cuanto a la financiación, Mora explica que las empresas mineras no reclaman dinero directamente para la extracción, sino que piden “apoyo institucional para la investigación geológica y condiciones favorecedoras para el desarrollo tecnológico, que son muy caros. Hay que hacer grandes inversiones no sólo en la mina, también en los procesos industriales para dar valor añadido a los minerales”.

Para Adriana Espinosa, experta en minería de Amigos de la Tierra, la pretendida reducción de los plazos para obtener permisos se puede definir en tres palabras: “Es una barbaridad”.

Dos años para obtener permisos puede parecer un plazo más que suficiente a ojos de un lego en la materia, pero Espinosa defiende que no es así: “Realizar un estudio de impacto ambiental, cuando se trata de megaproyectos mineros, es algo muy complejo. Y muchas veces las empresas hacen estudios incompletos, inexactos o incluso fraudulentos, por ejemplo fraccionando un proyecto para así evitar la evaluación de impacto ambiental al no sobrepasar cada parte los umbrales determinados. Luego, la Administración necesita tiempo para evaluar el estudio y existe una falta importante de medios, empezando por personal que realice esas evaluaciones. Y en tercer lugar están las comunidades afectadas, que también necesitan tiempo para estudiar el proyecto y exponer su postura. Todo ese proceso, si se quiere hacer bien, lleva mucho más de dos años”.

Joám Evans es miembro de Ecologistas en Acción. Además de compartir los argumentos de Espinosa sobre el peligro de reducir los tiempos para la obtención de los permisos, pone en duda “el mantra” de que el sector minero está hiperregulado. “En la práctica, las empresas mineras casi nunca cumplen con la legalidad. Siempre tienen problemas en cuyo origen está su afán por reducir al máximo el coste de las operaciones, lo que termina provocando problemas medioambientales”, señala.

En cuanto a la posible financiación pública, Evans asegura que en ningún caso debe financiarse ni la exploración ni la extracción porque ello “produce una competencia desleal de los metales primarios, que inundan así los mercados con precios mucho más baratos en relación con los metales secundarios”. Estos últimos son los que se obtienen tras un proceso de reciclaje. “El dinero público debería destinarse a la recuperación de metales, incluidos los residuos mineros abandonados, que en el caso de España podrían satisfacer la demanda durante muchos años”, indica.

La demanda de mayor financiación pública por parte de las empresas conecta, según Evans, con otro problema del sector: la especulación. “Muchos proyectos mineros solo son viables con dinero público. Y quieren generar la expectativa de que obtendrán un canal de financiación privilegiada”, asegura.

Ecologistas en Acción elaboró en 2019 un informe, titulado Minería especulativa en España, en el que denuncia que “compañías mineras junior sin apenas capital utilizan los recursos minerales como garantía para la especulación”, lo que les permite “parecer sólidas y con beneficios inminentes cuando en realidad sus proyectos son poco más que castillos en el aire”. En la industria minera se distingue entre tres tipos de empresas: major, medianas (mid-tier en inglés) y junior. Las major son multinacionales cuyos beneficios proceden básicamente de la explotación de las minas, mientras que las junior son pequeñas firmas que suelen centrarse en proyectos de exploración geológica que conlleva un alto riesgo financiero.

En principio, podría parecer que esa especulación afecta únicamente a quienes invierten en proyectos mineros luego fallidos. Allá ellos con su dinero. Pero Evans sostiene que tiene implicaciones más amplias porque la minería especulativa “genera explotaciones low cost que provocan problemas constantes”. Las empresas ahorran “en todas las etapas: desde la fase inicial de elaboración de los proyectos, que a veces son malísimos, hasta la fase final, cuando muchas veces no se hacen cargo de la regeneración de la zona y dejan costes enormes para las generaciones futuras. Los beneficios se los quedan las empresas, pero los pasivos los asumimos todos nosotros”.

Existe, según Evans, un segundo problema: “Ese afán especulativo lleva a que a veces las empresas pretendan saltarse trámites o incumplir las leyes para ahorrar costes, con los riesgos consiguientes de corrupción. Te pongo un ejemplo reciente: en 2019 se presentó un proyecto para abrir una mina de litio en Ourense, conocido como Alberta I. Aunque parezca increíble, la Xunta de Galicia estaba tramitando el proyecto sin la evaluación de impacto ambiental. Esa combinación de una empresa que no quiere gastar y una Administración cómplice es una receta para el desastre medioambiental”.

Pedro Mora, de la Fundación Minería y Vida, rechaza rotundamente el panorama que dibujan los ecologistas. “Me rebelo contra esa idea. Hay especulación entre algunas junior, pero la mayoría de las junior no son especulativas”, defiende.

Que la minería tiene mala imagen es algo que admiten las propias empresas, aunque lo consideren algo injusto. Esa es una de las razones que ha llevado a las patronales a crear la Fundación Minería y Vida. “Hemos vivido de espaldas a la sociedad y no hemos explicado todo lo que hacemos. La imagen que queda son las cuatro noticias de cosas que se hacen mal y no las otras 996 que se hacen bien. Debemos ser más abiertos y transparentes”, argumenta Mora.

A las empresas les preocupa lo que denominan “licencia social para operar”, es decir, lograr el visto bueno de la comunidad donde se encuentra la mina, igual que obtienen las licencias medioambientales de las Administraciones. “Tenemos que valorar la sensibilidad del entorno social. La minería tiene ventajas claras, responde a unas demandas que existen en la sociedad, pero también tiene impactos. Y hay que afrontarlos desde el principio”, señala Mora.

En ese afán por cambiar su imagen, desde Minería y Vida también reclaman apoyo público: “Necesitamos que la Administración comunique lo que hacemos bien. Es importante que la sociedad entienda que debemos explotar nuestros recursos para reducir la dependencia de países que no respetan los mismos valores sociales que nosotros y para generar cadenas de valor propias que permitan nuestra reindustrialización, creación de empleo estable y de calidad y generación de riqueza”.

En el mundo ecologista se percibe con escepticismo esa proclamada preocupación empresarial. “La licencia social es un eufemismo para determinadas prácticas de ingeniería social como el greenwashing. Si las empresas cumpliesen con la legislación no tendrían que estar preocupadas por la licencia social. No se trata de que la gente esté contenta, sino de que la gente esté callada”, critica Joám Evans.

Adriana Espinosa, por su parte, plantea una pregunta clave: ¿la licencia social para operar incluye el derecho de las comunidades a decir no? Ella tiene clara la respuesta: “Nosotras defendemos que ese derecho a decir no a una mina existe, que hay que considerar la soberanía sobre los recursos de las comunidades donde se encuentran dichos recursos. Pero ni las instituciones ni las empresas están en esa lógica. Lo que buscan a toda costa es obtener esa licencia social y les da igual cómo conseguirla. Con propaganda, por ejemplo hablando de la creación de puestos de trabajo que luego siempre son muchos menos de los anunciados, con coerción blanda o dura, o con métodos de greenwashing”.

Reunidos en el hotel Berlaymont a finales de enero, a pocos metros de las oficinas de la Unión Europea en Bruselas, ejecutivos de los principales bancos europeos recibieron una petición clara. "Quiero que inviertan en operaciones de materias primas críticas", apremió el comisario europeo Thierry Breton a financieros del Grupo Santander, Deutsche Bank o Société Générale, entre otros.

Dos meses después, la Comisión Europea presentó su proyecto de Reglamento de Materias Primas Críticas –también llamadas a veces “fundamentales”–, que se está tramitando a velocidad de vértigo y podría entrar en vigor a principios de 2024, convirtiéndose así en unas de las leyes aprobadas con mayor rapidez en la historia comunitaria. El Reglamento quiere garantizar el suministro a la UE de níquel, litio, magnesio y otras materias primas esenciales para la transición ecológica y varias industrias estratégicas. Son vitales para los coches eléctricos y las energías renovables, los equipos militares y los sistemas aeroespaciales, así como los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles.

La Comisión quiere que se abran nuevas minas en toda la UE para reducir su dependencia de China, pero hay un problema. Uno que quedó reflejado en la reunión de Thierry Breton con los banqueros: la Comisión no dispone de un fondo específico para financiar sus ambiciones en este campo.

En general, las materias primas críticas no son un negocio europeo. Las empresas con sede en la UE son una minoría, las firmas dedicadas a la exploración minera consiguen dinero sobre todo en las Bolsas de Canadá y Australia, la banca europea aporta financiación con cuentagotas y son muy pocas las grandes compañías del sector con minas abiertas en los 27 Estados de la Unión.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

 La Comisión Europea no tiene dinero para un fondo específico, pero quiere facilitar a las empresas la obtención de financiación calificando determinados proyectos mineros como “estratégicos”. La Comisión, además, es consciente de que "la inversión privada por sí sola no es suficiente" y admite que los proyectos pueden requerir también dinero público, que debería salir en todo caso de los presupuestos estatales o regionales de cada país. Alemania tiene previsto destinar entre 500 y 1.000 millones para apoyar la extracción de materias primas críticas. El Gobierno francés ya anunció que aportaría 500 millones para invertir en minería, dinero que estará gestionado por Infravia, un fondo de capital privado.

Pero no todos los países están en la misma situación económica.

"Obviamente, nos preocupan las diferentes capacidades presupuestarias de los Estados", confiesa la secretaria de Estado portuguesa de Energía, Ana Fontoura, en declaraciones a Investigate Eurpe. "Defendemos un marco sólido para las ayudas estatales, porque la Unión Europea debe incentivar a la industria europea, pero al mismo tiempo no puede crear desequilibrios internos".

En las negociaciones finales sobre el Reglamento que mantienen las tres principales instituciones comunitarias –Comisión, Consejo y Parlamento– se está debatiendo aún qué proyectos se deben consideran "estratégicos", de forma que puedan acceder de forma prioritaria a financiación pública. Y las patronales mineras presionan mucho para que la definición abarque al mayor número de proyectos posible. "No es necesariamente tarea de la UE financiar la minería", explica la eurodiputada alemana de Los Verdes Henrike Hahn. "Las empresas piden créditos a los bancos, pero éstos no están muy interesados en invertir en ese sector. Así que algunas empresas necesitan la certificación de proyecto estratégico", añade.

Las preocupaciones entre los líderes comunitarios se acrecientan por un contexto internacional complejo. La guerra en Ucrania exige un enorme esfuerzo financiero a la UE. Mientras, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos aprobó un plan de ayuda masiva, la Inflation Reduction Act (IRA), que prevé una inversión de 369.000 millones de dólares (unos 350.000 millones de euros al cambio actual), parte de los cuales se destinarán a proyectos energéticos y climáticos.

"La IRA nos está robando todas las inversiones", afirma Rolf Kuby, director general del lobby minero europeo Euromines. "Nuestra petición de disponer de un fondo de financiación específico a nivel europeo nunca fue recibida positivamente. Estamos en una fase en la que todo el mundo pide dinero a gritos”, sostiene.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, intentó contrarrestar el IRA estadounidense con un plan masivo de subvenciones. La idea del Fondo de Soberanía era recurrir a los mercados financieros para que aportasen préstamos blandos, pero diversos países del norte de la UE rechazaron la idea de un plan común de financiación de la transición ecológica. Asi que Von der Leyen tuvo que sacrificar su plan.

 ¿Cuánto dinero público se necesita? Euromines asegura que no lo sabe. "Es imposible dar una cifra", responde Kuby, aunque apunta que la financiación "tiene que ser lo suficientemente alta como para ser al menos comparable con la IRA y para responder a las inversiones y subvenciones chinas, porque esto es un elefante en la habitación".

Lo que sí tiene claro Kuby es dónde debe ir mayoritariamente el dinero público: a la exploración. "Si queremos que mañana se abran nuevas minas, tenemos que centrarnos claramente en la exploración. Y ese es un negocio muy arriesgado. Es un negocio que no lo hacen necesariamente las major, sino pequeñas empresas de exploración geológica. Y sería importante que Europa encontrase la manera de ayudar a esas empresas exploradoras".

En la industria minera se distingue entre tres tipos de empresas: major, medianas (mid-tier en inglés) y junior. Las major son grandes multinacionales cuyos beneficios proceden básicamente de la explotación de las minas, mientras que las junior son pequeñas firmas que suelen centrarse en proyectos de exploración geológica que conllevan un alto riesgo financiero.

A pesar de consumir entre el 25% y el 30% de los metales del mundo, el gasto en exploración minera en Europa ronda el 3% del total, según se indica en la Hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales aprobada por el Gobierno español. Una situación que deberá cambiar de forma drástica si los 27 Estados de la UE quieren cumplir con el Reglamento en ciernes, especialmente a la vista de las proyecciones oficiales sobre consumo de materias primas críticas.

La Comisión Europea calcula que, en comparación con 2020, Europa necesitará 18 veces más litio en 2030 y 60 veces más en 2050 para satisfacer la demanda prevista de almacenamiento de energía y fabricación de vehículos eléctricos, que utilizan predominantemente baterías alimentadas con litio.

En julio de 2019, una publicación del sector analizó los siete principales proyectos de extracción de litio que existían en Europa en aquel momento. Solo uno de ellos estaba siendo gestionado por una major, la angloaustraliana Rio Tinto, en Serbia. Los otros seis pertenecían a pequeñas empresas junior.

En enero de 2022, el Gobierno serbio revocó las licencias de Rio Tinto para extraer litio tras meses de protestas ciudadanas masivas.

Y aunque los otros seis proyectos siguen vivos, ninguna de las minas ha abierto todavía, lo que no impide que cada cierto tiempo sus promotores anuncien a bombo y platillo un nuevo avance. Se trata de San José, en Extremadura, que pertenece a Infinity Lithium; Barroso, en Portugal, gestionado por Savannah Resources; Wolfsberg, en Austria, propiedad de European Lithium; Cinovec, en la República Checa, en manos de European Metals; Zinnwald, en Alemania, controlado entonces por Bacanora Lithium; y Keliber, en Finlandia, gestionado por Keliber Oy. Esta última es la más avanzada y ya ha sido comprada por una de las major, la multinacional sudafricana Sibanye-Stillwater. Ninguna de estas empresas tiene su sede en la UE.

Por el camino se han ido sumando algunas otras iniciativas. La australiana Vulcan Energy Resources puso en marcha en 2021 un proyecto piloto en el valle alemán del Rin para producir litio verde "sin emisiones de carbono". Este año, el gigante químico Nobian adquirió una participación del 50% en el proyecto. La francesa Imerys, por su parte, planea empezar a explotar un yacimiento de litio en su país en 2028.

Las empresas que exploran nuevos yacimientos tampoco suelen financiarse en Bolsas de la UE. Lo hacen sobre todo en Canadá y Australia. El creciente interés por las materias primas vinculadas a la transición ecológica está repercutiendo en estos mercados. El mes pasado, la Bolsa canadiense de Toronto publicó su clasificación anual de los 30 valores con mejor comportamiento en los últimos tres años. Siete eran empresas mineras (ninguna de ellas europeas), con un incremento medio del valor de sus acciones del 615%. Según se recoge en un informe de Naciones Unidas, en 2018 operaban en el mundo unas 2.000 empresas junior, de las que alrededor de 1.200 cotizaban en Toronto. El componente especulativo es clave en muchas de ellas.

Europa dio la espalda de forma generalizada a sus minas metálicas a finales del siglo pasado. Y eso se refleja en la escasez de empresas europeas potentes y en los pocos intereses que tienen en la UE las grandes multinacionales. Investigate Europe analizó las inversiones europeas de las 200 mayores empresas mineras del mundo por capitalización, utilizando datos de finales del pasado mes de julio. Únicamente 15 de ellas son europeas y solo seis tienen su sede en la UE. Las compañías de Canadá (38% del total), Estados Unidos (37%) y Australia (33%) dominan el mercado.

Como ocurre también en tantos otros sectores, entre los principales accionistas de las multinacionales mineras es frecuente encontrarse fondos de inversión. Blackrock controla más del 4% del capital de 10 de las 200 empresas. Otros nombres habituales entre los accionistas son The Vanguard Group, Van Eck Associates y First Eagle Invesment Management. Los cuatro fondos tienen su sede en Estados Unidos.

Aunque son pocos, hay algunos multimillonarios europeos gracias a la minería. Por ejemplo, el español Daniel Maté o el griego Telis Mistakidis, que controlan cada uno alrededor del 3% de Glencore, el gigante suizo de materias primas con la cuarta mayor capitalización bursátil. Otros poseen enormes fortunas, aunque sus empresas no estén entre las 200 primeras del mundo, como la familia francesa Duval, que controla Eramet, un importante productor de níquel.

De momento, la mayoría de las fortunas mineras no se hacen en suelo europeo. Solo 17 de esas 200 grandes empresas tienen minas operativas o proyectos mineros en Europa. En total explotan 17 minas de materias primas críticas en la UE, en su mayoría de cobre. Tienen otros siete proyectos en cartera para extraer litio, cobalto, cobre o níquel. Estas empresas también tienen cinco plantas de reciclado o procesamiento de metales, cuatro de ellas ya operativas. La Agencia Internacional de la Energía calcula que actualmente hay entre 40 y 50 minas de materias primas críticas en la UE. Rolf Kuby, de Euromines, confía en que este número se duplique en la próxima década.

¿Puede cambiar esta situación en el futuro, como espera la UE con su nueva legislación sobre materias primas críticas? Quizá la respuesta la tenga la comisaria europea Margrethe Vestager. "La forma de hacer minería es absolutamente esencial. Muchas entidades de crédito no harán negocios contigo si eres una empresa minera a menos que piensen que controlas cómo se trata a la gente que vive donde están las minas, cómo te ocupas de las infracciones medioambientales y cómo puedes restaurar la zona una vez que hayas cerrado la mina", explicó Vestager  en una entrevista con Investigate Europe.

___________________________

Con información de Maria Maggiore, Nico Schmidt, Atilla Kálmán, Eurydice Bersi y Paulo Pena.

Edición: Chris Matthews.

Gráficos: Marta Portocarrero.

Es muy difícil encontrar en España una empresa que tenga unos accionistas más poderosos que Ecoembes SA. Ahí están todas las grandes multinacionales del consumo, desde Coca-Cola a Mercadona pasando por El Corte Inglés, Danone, Nestlé o Colgate Palmolive (puedes consultar aquí quienes son todos sus socios). Y también es inusual que siendo una empresa con dueños tan poderosos, exista un desconocimiento generalizado sobre qué intereses defiende y a quién representa. “Ecoembes, esos son los del reciclaje, ¿no?”, es quizá la respuesta más común.

Que más de media España piense que “los de Ecoembes” son una especie de organización ecologista y no uno de los lobbies más poderosos del país es, sin duda, un éxito que hay que anotar en el haber de la propia compañía. Es cierto que también ayuda la simbiosis entre su política de comunicación y lo que se publica en muchos medios.

Ecoembes es la compañía que montaron las principales empresas del sector consumo para cumplir con lo que se llama “responsabilidad ampliada del productor” (RAP), que es una manifestación del principio “quien contamina, paga”. La idea de la RAP es que quien hace negocio vendiendo un producto no es solo responsable de lo que ocurra hasta que lo compra el consumidor, sino que esa responsabilidad se amplía hasta la fase en que se convierte en residuo. Por eso, tiene que encargarse de la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa, analizaron el funcionamiento de Ecoembes y de sus entidades homólogas europeas (puedes leer aquí el artículo centrado en Europa y aquí el resto de reportajes de nuestra investigación).

Hay que destacar que Ecoembes colaboró en todo momento a la hora de facilitar su versión. No solo respondió a las 55 preguntas escritas enviadas por infoLibre e Investigate Europe sobre el funcionamiento de la empresa, sino que tres de sus directivos mantuvieron una larga reunión presencial con un periodista para aclarar todas las dudas pendientes.

El primer asunto clave en torno a Ecoembes es la fiabilidad de sus datos. Y lo es porque esos datos no son una mera cuestión interna, sino que sirven para calcular la tasa oficial de reclaje de envases que España declara ante la Unión Europea o para determinar si en España hay que implantar un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para la recogida selectiva de botellas de plástico (puedes leer aquí, aquí y aquí las informaciones que hemos publicado sobre el SDDR).

Una de las principales polémicas se refiere a las cifras sobre producto puesto en el mercado, es decir, cuántas unidades pone en España a la venta Coca-Cola o cualquier otra empresa. La compañía productora o envasadora tiene que pagar a Ecoembes según sea ese volumen y, a su vez, Ecoembes debe retribuir a los ayuntamientos por recoger y transportar los residuos de envases. Además, el “denominador” de la tasa de reciclaje es el número de envases puestos en el mercado.

Por tanto, si la cifra de envases puestos en el mercado fuese menor que la real, eso produciría tres efectos directos: las empresas pagarían menos a Ecoembes al no declarar parte de sus envases, Ecoembes abonaría menos dinero a los ayuntamientos del que debería y la tasa de reciclaje aumentaría al dividirse la cifra de material reciclado por un denominador más bajo del real. Y también habría un efecto indirecto: como Ecoembes no pagaría nada por la gestión de los envases no declarados, serían los Ayuntamientos quienes tendrían que asumir ese coste. En otras palabras: las empresas estarían trasladando a los contribuyentes –vía Ayuntamientos– parte de los costes que tendrían que asumir ellas.

Ese potencial fraude puede tener dos orígenes: que las empresas adheridas a Ecoembes –12.890 en 2021– declarasen menos de lo que realmente venden o que existan compañías que ponen en el mercado envases sujetos a la RAP pero que no forman parte del sistema y por tanto no pagan nada a Ecoembes. Esta última práctica se conoce en el sector por el término inglés free-riders (gorrón, que va por libre).

Respecto a la primera opción, Ecoembes descarta que se produzca básicamente porque las declaraciones de las empresas están auditadas. “El 93% de las toneladas adheridas a Ecoembes están controladas a través de las auditorías de las empresas”, explican sus portavoces. No es que Ecoembes envíe personal propio a las multinacionales, sino que “existen procedimientos acordados, de forma que la firma de auditoría que controla las cuentas de una compañía tiene que revisar que es correcta la declaración sobre productos puestos en el mercado que ha enviado a Ecoembes. Es decir, tendría que falsear sus cuentas para engañarnos y eso no tiene sentido para una multinacional o un gran grupo”. Además, Ecoembes asegura que “realiza análisis de razonabilidad sobre los datos que recibe”. En cuanto al 7% restante, producido por empresas más pequeñas que no tienen la obligación legal de tener sus cuentas auditadas, Ecoembes sostiene que realiza “controles aleatorios” para controlar la calidad de los datos.

Respecto al segundo problema, los free-riders, Ecoembes sí admite que existe y le pone cifras por primera vez en público: “Durante los últimos cuatro años hemos trabajado en dimensionar este incumplimiento a través de dos aproximaciones distintas e independientes entre sí: el Instituto Cerdá (Observatorio de innovación en gran consumo) estimó una tasa de incumplimiento del 15,2% utilizando datos de puesta en el mercado, mientras que el grupo de trabajo constituido en 2020 por Ecoembes y que actualmente cuenta con representantes de siete CC.AA. (Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja) calculó un 15,4% a partir de los resultados de estudios de composición de residuos. En el caso de los envases de plástico llega al 20,6%”.

Los resultados de ese grupo de trabajo, que en Ecoembes conocen internamente como el G7, “encajan con lo que ocurre en otros lugares. En Bélgica es un 10% y en otros países también está en torno al 15%”.

¿Y quiénes son esos free-riders? Ecoembes explica que tanto el estudio del G7 como el del Instituto Cerdá coinciden en señalar como principales “nichos de incumplimiento de la norma” al pequeño comercio, por los envases tipo bolsas; al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) por los envases para llevar; al comercio online, y a las importaciones. Sus portavoces ponen especial énfasis en distinguir entre “fraude consciente” e “incumplimiento involuntario”, y atribuyen este último a muchos pequeños comercios “que desconocen” que deben cumplir con la responsabilidad ampliada del productor.

Ecoembes asegura que cuando detecta casos de “fraude” los denuncia a las comunidades autónomas. A preguntas de los periodistas, señala que en 2022 tramitó en total 326 denuncias, de ellas 68 en Madrid, 51 en Cataluña, 44 en Canarias, 34 en Andalucía, 27 en la Comunidad Valenciana y 21 en Galicia.

“Llevamos años reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica la creación de un órgano público y oficial con capacidad observadora, controladora y sancionadora que permita minimizar el riesgo de incumplimiento y fraude al sistema”, se queja Ecoembes, que en todo caso confía en que la obligación de crear un Registro de Productores a partir de este año “facilitará el conocimiento y cumplimiento de la ley en este aspecto”.

El Ministerio que dirige Teresa Ribera encargó a la consultora ENT, quizá la más prestigiosa en el sector de los residuos, un informe sobre el nivel de fraude existente. A preguntas de infoLibre e Investigate Europe, una portavoz del Ministerio indicó que “el estudio elaborado por ENT finalizó en diciembre de 2022, estando pendiente su publicación. La conclusión más importante del mismo es que a partir de los datos recopilados no es posible realizar una estimación del fraude para 2019 a escala estatal que cumpla estándares mínimos de representatividad estadística en los envases sujetos a RAP a través de caracterizaciones”. Por ello, añade la portavoz, “en los próximos meses se va encargar la realización de un nuevo Plan de caracterización de residuos a escala estatal, que actualice el realizado por este Ministerio en 2012”.

Sin embargo, el fraude atribuible a quienes están fuera del sistema no da completa respuesta a las dudas que existen entre expertos en el sector de los residuos. Esas dudas se llegaron a plasmar en un estudio encargado por el Gobierno de Baleares para contrastar con la realidad los datos que le facilitaba Ecoembes. La conclusión del informe era que en 2016 las empresas declararon que se habían puesto en el mercado 49.385 toneladas de envases ligeros en dicha comunidad, mientras que el análisis de los flujos de envases a lo largo de toda la cadena de valor situaba esa cifra en 91.965 toneladas. Es decir, el fraude se situaría en el 86%. 

Ecoembes defiende que ese estudio tiene “dos sesgos muy importantes”. El primero sería que no incorpora “la corrección por suciedad y humedad” a la caracterización que se realizó de la basura en las islas, que puede llegar a ser hasta el 30% del peso del producto. El segundo sería “que no diferencia los residuos domésticos, que son los adheridos a Ecoembes, de los residuos comerciales e industriales”. También atribuye la discrepancia en los datos a “los pocos muestreos que se hicieron” y mantiene que estudios posteriores desmintieron los datos de ese estudio del Gobierno balear.

La encargada de realizar el informe fue precisamente la consultora ENT. Uno de los autores del estudio fue Sergio Sastre, doctor en Ciencias Ambientales, que explica así aquel trabajo: “Lo primero que hay que tener en cuenta es que Ecoembes no dispone de datos de puesta en el mercado por comunidades autónomas, sólo el agregado a nivel estatal, y utiliza los datos de la consultora Nielsen. Por tanto, el propio dato de Ecoembes es una estimación. ¿Nosotros qué hicimos en Baleares? Ir a la basura y contar y pesar residuos, analizar las caracterizaciones de residuos municipales disponibles y calcular a partir de ella cuántos envases estaban sujetos a RAP”. Sastre sostiene que trabajaron “con los datos oficiales del Gobierno balear y eran los mejores datos disponibles en ese momento”.

En todo caso, destaca Sastre, “el factor central respecto a los datos de Ecoembes es el siguiente: da igual las caracterizaciones que hagas, da igual que en la metodología descuentes la humedad o los impropios de los materiales, en la fracción resto siempre nos encontramos más envases de los que debería haber si los datos de Ecoembes reflejasen la realidad de la puesta en el mercado de envases sujetos a RAP”.

Vicenç Vidal, ahora senador por la coalición Més per Mallorca, era el consejero de Medio Ambiente cuando decidió encargar el informe para contrastar los datos de Ecoembes y no tiene dudas sobre a quién creer: “Yo siempre le decía a Ecoembes que no estaban pagando lo que debían de acuerdo con la responsabilidad ampliada del productor. Y que, en consecuencia, los costes que no pagaba Ecoembes, lo pagaban los ciudadanos. El informe del Govern balear sobre los productos puestos en el mercado demuestra que Ecoembes nos estaba engañando con ese dato. Los datos que da Ecoembes son imposibles. No son en absoluto creíbles”.

Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking y con amplia experiencia laboral como técnico en el servicio de tratamiento de residuos de la Diputación de Granada, compara de forma sistemática los datos que ofrece Ecoembes con los de otras fuentes como Administraciones Públicas y asociaciones sectoriales. Y sus resultados suelen discrepar abismalmente de los de Ecoembes. Por ejemplo, Peula sostiene que en 2021 la producción de residuos de envases plásticos fue de 1.566.966 toneladas, en vez de las 775.454 declaradas oficialmente.

Pero, ¿por qué deberíamos creer sus datos? Peula responde: “Porque las cifras de Ecoembes no concuerdan con lo que se percibe a diario en las instalaciones de tratamiento de residuos. Tanto mi experiencia personal, de más de 25 años trabajando en gestión de residuos municipales, como los comentarios de compañeros del sector, cuando nos encontramos en congresos y conferencias relacionadas con los residuos municipales, van en la misma dirección: la cantidad de residuos de envases que gestionan las entidades locales es muy superior a la que admite Ecoembes como envases adheridos”.

El gran poder de Ecoembes no se deriva solo del hecho de quiénes son sus accionistas, sino de la posición dominante que tiene en los cuatro momentos de la cadena de reciclaje donde hay dinero en juego.

En primer lugar, Ecoembes fija las llamadas “tarifas del punto verde”, ese logotipo que encontramos en los envases y que lo único que indica es que está adherido al sistema. Como los accionistas de Ecoembes son los grandes productores, son ellos mismos los que deciden cuánto van a pagar por los envases que ponen en el mercado.

Después, está la negociación con las Administraciones. Los residuos son en España una competencia municipal. Ecoembes tiene la obligación de encargarse de los envases cuando se convierten en residuos, pero son los ayuntamientos quienes disponen de las infraestructuras de transporte y recogida de la basura. Por tanto, Ecoembes firma convenios con las distintas Administraciones por ese trabajo que realizan para la empresa: recoger los envases de la basura y llevarlos a las plantas de selección. Los convenios se renuevan cada cinco años. Personas que han participado en esas negociaciones explican que “como Ecoembes es un monopolio, tiene un enorme poder para decidir cuánto paga a cada Administración, lo que incluye tratar mejor a quienes protestan menos”. En 2021, Ecoembes abonó 560 millones a las diferentes Administraciones.

En las plantas de selección se separan las fracciones recuperables de los diferentes residuos para luego compactarlos y enviarlos a las plantas de reciclaje. Ecoembes ofrece dos tipos de acuerdo a esas plantas: pagarles por el trabajo que hacen para recuperar el material, o quedarse además con el propio material (lo que en el argot se llama “retoma”). De las 97 plantas que recuperan envases procedentes del contenedor amarillo, prácticamente en todas se produce la retoma por parte de Ecoembes, mientras que en las 96 que trabajan con la llamada “fracción resto” de la basura (lo que no se recoge de forma separada), se queda con el material en aproximadamente el 60%. Hay una parte significativa de envases que se siguen depositando en la fracción resto y no en el contenedor amarillo

Por último, Ecoembes vende el material adquirido a las empresas que se dedican al reciclaje. Para Ecoembes es la segunda principal vía de ingresos (104 millones en 2021), aunque lejos de lo que percibe por las tarifas del punto verde (650 millones en 2021). Pero, lógicamente, para muchas empresas de reciclaje es fundamental que Ecoembes les adjudique material ya que es la materia prima que necesitan para funcionar. “Si tienes una empresa de reciclaje, y Ecoembes no te da materia prima, pues puedes ir cerrando”, resume una persona conocedora del proceso.

Las prácticas de Ecoembes con las subastas de material le han costado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competenia (CNMC), presentada por la sociedad PET Compañía para su Reciclado. La CNMC inició un proceso de información reservada, que incluyó inspeccionar la sede de Ecoembes y requerir información a diferentes operadores del mercado, y concluyó que había indicios suficientes para abrirle un expediente sancionador “por supuestas conductas constitutivas de un posible abuso de posición de dominio”.

La CNMC investiga si, al menos desde 2004, existió en Ecoembes “un procedimiento de susbastas ejecutado de forma arbitaria, que no garantizaba su transparencia ni la trazabilidad e integridad de las ofertas presentadas”. Además, intenta averiguar si se establecieron “barreras de acceso para participar y resultar adjudicatario en dichas subastas, que no estarían justificadas por razones técnicas, medioambientales o económicas”.

Ecoembes niega, lógicamente, cualquier práctica irregular, pero admite que los procedimientos eran mejorables: “Estamos ya en proceso de implementar un nuevo sistema de adjudicación digital de los materiales para aportar al proceso una mayor transparencia y flexibilidad”. Es decir, hasta ahora Ecoembes recibía las ofertas para la subasta a la vieja usanza, en un sobre cerrado.

En cuanto al cuadro general, a su posición dominante en esos cuatro momentos donde hay negociación económica por medio, Ecoembes prefiere utilizar otra terminología: “Es verdad que tenemos un papel importante en la cadena de la gestión de los residuos, pero más que como poder Ecoembes lo ve como una responsabilidad. Responsabilidad compartida con otros agentes en la cadena, con el único objetivo de mejorar el reciclaje”. Y rechaza expresamente que tenga la capacidad de imponer a las Administraciones las condiciones de los convenios. “Existe mucha colaboración entre Ecoembes y las Administraciones”, resaltan sus portavoces.

Julio Barea, director de campañas de Greenpeace, no tiene ninguna duda sobre el cabildeo que practica Ecoembes. “Para concluir que Ecoembes es un lobby sólo hace falta ver quiénes son sus asociados: todas las grandes empresas productoras y envasadoras de este país. Lógicamente, Ecoembes lo que va a buscar es lo que genere más beneficio para sus miembros. Eso se traduce en que sus asociados paguen lo menos posible por las tarifas del punto verde y por la gestión de los residuos. Los socios de Ecoembes no quieren hacerse cargo del coste completo de sus residuos y hacen cualquier cosa para lograr ese objetivo”. Además, añade el ecologista, “tienen un aparato de propaganda tremendo. Pueden gastar hasta dos millones y medio de euros al mes en campañas de marketing y publicidad. Solo hace falta ver qué se publica sobre Ecoembes en la mayoría de los medios”.

El monopolio de Ecoembes, sobre el papel, podría terminar pronto. Una empresa denominada Procircular está en proceso de conseguir las autorizaciones necesarias para operar, algo que espera poder hacer a lo largo de 2024. Cuando llegue ese momento, cualquier empresa sujeta a RAP podrá elegir si se adhiere a Ecoembes o a Procircular. Esta última pertenece al grupo alemán Reclay, que opera en diversos países europeos. La presidenta de Procircular, Carmen Sánchez, sostiene que su modelo se basará “en la transparencia y la participación de todos los productores, independientemente de su tamaño”, una indirecta clara al poder que ejercen las grandes multinacionales en Ecoembes. Y es que, a priori, parece claro que el campo para crecer de Procircular serán las empresas más pequeñas.

Ecoembes defiende que paga lo que debe, ya que cumple escrupulosamente con la ley. Puede ser. Pero lo que no tiene duda es que, en su caso, no se cumple estrictamente el principio de que “quien contamina, paga”.

En todo caso, merece la pena fijarse un momento en la legislación, efectivamente. La Ley de Envases que estuvo vigente hasta el año pasado fue aprobada en 1997 por el Gobierno de José María Aznar, con Isabel Tocino como ministra de Medio Ambiente. Y era una ley especialmente considerada con los grandes productores y envasadores, de forma que sólo debían pagar “la diferencia de coste” entre el sistema ordinario de recogida de basura y el de recogida separada de determinados envases que se implantaba en esa norma. Eso sirvió a Ecoembes, que curiosamente se había constituido antes incluso de la aprobación de la ley, para defender que sólo debía pagar por la gestión de los envases depositados en el contenedor amarillo. En otro términos: si la botella de Coca-Cola estaba en el contenedor amarillo, Ecoembes entendía que ese coste corría de su cuenta, pero si el mismo envase aparecía en la fracción resto de un cubo o en un parque, consideraba que no era su responsabilidad.

La realidad es que muchos envases se tiran en los cubos de la fracción resto o se abandonan en un parque o en la playa, así que productores y envasadores se han ahorrado bastante dinero todos los años gracias a la ley del Gobierno Aznar, que no reformó ninguno de los posteriores hasta el actual. Con la nueva norma aprobada por el Gobierno de coalición, las empresas deberán abonar a partir de 2024 parcialmente los gastos asociados a la recuperación de envases de la fracción resto, de la limpieza viaria y de parques y playas, y los de sensibilización e información a los ciudadanos. Ese “parcialmente” va ligado a la obtención de determinados objetivos de reciclaje, que si no se alcanzan les obligarían a pagar la factura completa.

Un estudio de Rethinking y Greenpeace sobre los “costes ocultos” de la mala gestión de los residuos cifró en 1.033 millones lo que Ecoembes se ahorra cada año por el reciclaje de envases ligeros que se depositan en la fracción resto. O, planteado desde otro punto de vista, 1.033 millones que los contribuyentes pagan de más vía ayuntamientos. Ecoembes afirma que esa cifra “está muy alejada de la realidad”, pero ante la pregunta de los periodistas de qué cantidad es la que manejan ellos, la respuesta es que no dispone de un cálculo alternativo. Tampoco lo tiene de lo que se incrementarán los costes que tendrán que abonar a partir de 2024, para cumplir con la nueva ley: “Ecoembes está trabajando en una propuesta de pagos que presentará en un mes a las comunidades autónomas y con la que se iniciará el diálogo entre ambas partes para establecer el coste final”.

En 2021, Ecoembes pagó en total a 560 millones a las Administraciones públicas, a través de 58 convenios de ámbito autonómico o municipal. A petición de los reporteros, la empresa facilitó la distribución por comunidades, que se reproduce en el gráfico que figura más arriba. Las cuatro comunidades que percibieron más fondos fueron Cataluña (103,6 millones), Andalucía (101,6 millones), Madrid (70,5 millones) y Comunidad Valenciana (52,9 millones). Un experto al que infoLibre e Investigate Europe pidió que analizase las cifras globales concluyó que los “datos de unas comunidades con otras son congruentes atendiendo a los envases que recogen”.

Un año interesante, sin duda, el que espera a Ecoembes. Tiene que renegociar todos los convenios con las Administraciones, es probable que la CNMC decida si sanciona a la empresa por abuso de posición dominante, después de 25 años quizá tenga un competidor por pequeño que sea y en la batalla por la fiabilidad de los datos el círculo se estrechará un poco más cuando el Ministerio realice después de una década un nuevo plan de caracterización de residuos.

¿Puede la misma empresa deshacerse en elogios hacia un sistema de reciclaje en Portugal y rechazarlo al mismo tiempo en España? Sí puede. De hecho, Coca-Cola, Mercadona y Dia lo hacen. ¿Puede una patronal oponerse en España a un modelo de reciclaje y al mismo tiempo pertenecer a una organización europea que lo defiende como la mejor opción? Sí puede. De hecho, las patronales de bebidas refrescantes y de aguas minerales están en esa situación.

Las multinacionales hacen negocios en diferentes países, lo que las obliga a adaptarse a marcos regulatorios y condiciones de mercado diferentes. Pero es difícil encontrar que la misma compañía defienda posiciones tan opuestas en dos países vecinos como ocurre con el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para envases de un solo uso.

El SDDR es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). En 13 países europeos ya funciona con éxito un sistema así para botellas de plástico o latas (puedes leer aquí el reportaje sobre cómo España se queda cada vez más sola en su rechazo al SDDR).

En España ha existido en la última década una oposición frontal al SDDR liderada por Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores (aquí puedes consultar quiénes son los dueños de Ecoembes). Entre ellos están cuatro compañías –Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl– que son también socias de la entidad SDR Portugal, que impulsa en este país el modelo de retorno de envases.

En Portugal el SDDR se denomina Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), de ahí el nombre de la compañía lusa. Constituida en septiembre de 2021 como una asociación sin ánimo de lucro, su objetivo es “crear y gestionar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas de un solo uso”. En Portugal se aprobó por ley la implantación de un SDDR, que debería haber empezado a funcionar en enero de 2022, pero el Gobierno luso aún está pendiente de decidir quién se encargará de gestionarlo. Los principales productores y envasadores portugueses crearon la asociación para hacerlo ellos.

La página web de SDR Portugal recoge de forma sucinta y clara las principales ventajas que tiene un sistema de retorno. Lo que se relata coincide, por cierto, con las conclusiones de decenas de estudios a nivel internacional sobre los beneficios de los SDDR implantados en países de Europa, en Canadá, en diferentes territorios de Estados Unidos o en Australia.

El SDDR, sostiene la asociación, “permitirá a Portugal reciclar y reutilizar más y mejor las decenas de millones de envases de bebidas no reutilizables”, con tasas de reciclaje previstas en torno al 90%. Es una “alternativa sustancialmente más sostenible y eficiente” para el reciclaje y la reutilización, puesto que “garantizará muy eficazmente” la reincorporación de los envases “al circuito de producción y, con ello, a un verdadero sistema de economía circular”.

Con el SDDR, afirman los productores y envasadores lusos, se conseguirá “que los envases de bebidas no reutilizables sean considerados como una materia prima y no como un residuo, como ocurre en la actualidad” y tendrá “enormes beneficios medioambientales”.

La entidad pone cifras a ese impacto medioambiental favorable: el aumento de las cantidades recuperadas de envases “permitirá evitar la emisión anual de 108.000 toneladas equivalentes de CO2 en la producción de nuevos envases”; la mejora de la calidad del material recogido, al ser utilizado en la producción de nuevos productos, “evitará la emisión anual de 109.000 toneladas equivalente de CO2”; se reducirá el littering (basura dispersa abandonada en parques o playas) “entre un 30 y un 40% en total, y entre un 70 y un 90% en el littering de envases de bebida; habrá una “reducción de la basura marina” y también una “reducción de contaminantes (entre el 18 y el 26%)”.

El SDDR también tendrá importantes efectos positivos en la economía. Para empezar, la industria y distribución del gran consumo calcula que se crearán más de 1.500 puestos de trabajo. Además, como está previsto que se duplique “con creces” la cantidad de envases de PET –el plástico que se utiliza en las botellas– recuperados de alta calidad, ello “brindará la oportunidad de invertir en la duplicación de las capacidades nacionales de reciclado de PET”.

Todas estas explicaciones constan en una página web que está presidida por los logos de las 24 empresas que forman parte de SDR Portugal, que en conjunto controlan el 90% del mercado de bebidas refrescantes y el 80% del comercio minorista de alimentación.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza que suponen los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), plantearon a Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl una serie de preguntas para saber qué razones explican que mantengan “dos posturas aparentemente contradictorias sobre el SDDR en Portugal y en España”. En el primer país impulsan ese sistema de recogida de residuos, que pretenden gestionar y cuyos beneficios difunden públicamente, mientras que en España forman parte de Ecoembes y de otras patronales sectoriales que llevan años oponiéndose a la implantación de un SDDR.

Coca-Cola ofreció la siguiente explicación: “En España, nuestra posición respecto al SDDR está estrictamente alineada con la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que está trabajando con el resto de la industria para implantar la mejor solución para cumplir con los plazos marcados por la normativa aprobada recientemente en nuestro país". Anfabra, como parte de Ecoembes y también de la patronal de Alimentación y Bebidas (FIAB), se opone a la puesta en marcha de un SDDR en España.

Al mismo tiempo, en su respuesta, Coca-Cola admite que “los sistemas SDDR han demostrado ser la forma más eficiente de garantizar una alta tasa de recogida en los países en los que se han implantado”.

En otras palabras: Coca-Cola no apuesta en España por el sistema que sabe que es más eficaz para la recogida de botellas de plástico y se escuda detrás de la posición de la asociación de bebidas refrescantes, donde es probablemente la compañía con más poder a la hora de tomar decisiones y fijar postura.

Mercadona ha sido especialmente activa en la lucha contra el SDDR, sobre todo cuando el Gobierno de Ximo Puig lo intentó implantar en la Comunidad Valenciana. El proyecto al final no salió adelante y su gran defensor, el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Alvaro, fue destituido a principios de 2018.

Una portavoz de la multinacional que preside Juan Roig explica así su postura: “En Mercadona siempre hemos entendido que hay que trabajar por una solución global para todos los envases, no solo botellas y latas de bebidas. El SDDR da respuesta a una parte mínima de los residuos de envases que se generan en nuestro país, y a un coste muy elevado (coste que finalmente acabará pagando el consumidor). Somos de la opinión de que esa inversión debería ir destinada a mejorar la gestión de todos los residuos de envases”.

Es más, dicha portavoz entiende que “la postura de Mercadona es la misma en España y en Portugal”. Algo que sostiene en el hecho de que en ambos países respeta la legalidad: “Portugal aprobó en 2018 la implantación por ley de un SDDR, y desde la compañía se respeta esa decisión (como no puede ser de otra manera), mientras que en España se ha condicionado su implantación al incumplimiento de los objetivos”. Efectivamente, las leyes de envases y de residuos aprobadas en España el año pasado establecen la obligación de crear un SDDR si no se consiguen determinadas tasas de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. El objetivo para 2023 es el 70%, listón que casi con toda seguridad se superará, puesto que Ecoembes asegura que en 2021 la tasa ya estaba en el 71%.

Dia, por su parte, respondió con una declaración genérica sobre su compromiso “con el medio ambiente y con la implementación de las medidas necesarias para cumplir y superar los objetivos que marca la normativa vigente, ya sea optimizando los sistemas actualmente existentes o implementando otros que resulten técnica y económicamente viables”. Al igual que Mercadona, su portavoz también hace referencia a la situación legal en el país vecino: el SDDR es allí “obligatorio, razón por la que en 2022 Dia se asoció a SDR Portugal con el objetivo de dar cumplimiento a la norma y avanzar en la implementación de las obligaciones que se establecen”. 

Hay que señalar que infoLibre e Investigate Europe no preguntaron a ninguna de las cuatro multinacionales si tenían previsto respetar la legalidad, sino si consideraban que los argumentos que utilizan para defender el SDDR en Portugal (tasas de recogida del 90%, mayor calidad de los envases recogidos, menores emisiones, creación de puestos de trabajo…) también son aplicables en España. Ni Coca-Cola, ni Mercadona, ni Dia respondieron a esa sencilla pregunta.

Quien sí lo hizo, con todo tipo de detalle, fue Lidl. En su caso, los periodistas incluyeron en sus preguntas referencias al hecho de que la cadena de supermercados no solo defiende el sistema de retorno en Portugal, sino que en Alemania presume de la eficiencia y los beneficios del SDDR propio implantado en sus tiendas, y también lo ha apoyado públicamente en Austria y Reino Unido.

“Gracias a nuestra experiencia internacional e implementación en otros países como en Alemania, sabemos que el SDDR para plásticos de un solo uso sería una de las mejores opciones para contribuir de forma positiva al medio ambiente. En efecto, en Alemania el reciclaje de materiales de un solo uso alcanza ya el 98,5%, y a su vez, gracias a la recogida separada, proporciona más materiales reutilizables de alta calidad. Es decir, a través de este sistema se permite el reciclaje de botella a botella o lo que es lo mismo, que una botella vuelva a ser otra botella tras su proceso de reciclaje”, indica el portavoz de Lidl en España.

Por otro lado, añade dicho portavoz, “también nos encontramos con una ventaja desde el punto de vista de reducción de emisiones de CO2. Su sistema de compresión [de las máquinas del SDDR] supone ahorrar espacio a la hora de transportar las distintas botellas para reciclar. Con ello, y según se desprende del estudio Ifeu realizado en Alemania, se lograría compactar en un solo camión todo el material para el que hasta ahora serían necesarios 26 camiones”. Ifeu son las siglas del Instituto de Investigación Energética y Medioambiental de la ciudad alemana de Heidelberg.

“En definitiva, contamos con datos que avalan el éxito de este sistema y por tanto siempre y cuando se logre el consenso entre todos los actores partícipes en España, desde Lidl apoyaremos la implementación de este sistema de reciclaje”, concluye la cadena de supermercados alemana.

Las dos principales patronales del sector de las bebidas también tienen posturas diferentes sobre el SDDR según dónde firmen los comunicados. En Europa piden cosas a las que en España se oponen.

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) forma parte de Unesda, la patronal europea del sector, mientras que la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe) está integrada en Natural Mineral Water Europe (NMWE, antes denominada EFBW).

Pues bien, en septiembre de 2020, las dos patronales europeas firmaron una declaración conjunta en la que solicitaban “un amplio despliegue de sistemas SDDR bien diseñados en los países de la UE” (puedes ver aquí el comunicado conjunto en inglés).

"Tanto Unesda como la EFBW consideran que un SDDR bien diseñado es un sistema de recuperación eficaz para alcanzar los objetivos europeos de recogida de botellas de bebidas y para salvaguardar la calidad del PET reciclado que necesitan nuestras industrias. Además, también puede contribuir a los objetivos climáticos de la UE, por ejemplo, al requerir el uso de menos materiales vírgenes gracias al reciclado en circuito cerrado, lo que se traducirá en una menor huella de CO2. Por este motivo, cada vez son más los Estados miembros de la UE que se plantean la introducción del SDDR”, se lee en la declaración conjunta.

Anfabra y Aneabe no solo son accionistas de Ecoembes, punta de lanza contra el SDDR en España, sino que su gran apuesta es Reciclos, un falso sucedáneo de SDDR. Como ha desvelado la investigación de infoLibre e Investigate Europe, Reciclos es un sistema abierto al fraude y con un diseño completamente ilógico, que dice pretender fomentar el reciclaje estableciendo límites a las botellas y latas que se pueden reciclar (puedes leer aquí el artículo sobre Reciclos).

En febrero de 2021, Anfabra y Aneabe (a través de la Federación España de Industrias de Alimentación y Bebidas) firmaron junto a otras patronales del sector del gran consumo una declaración en Barcelona mostrando su apoyo a Reciclos, iniciativa que calificaban como “pionera en Europa” y en la que realizaban afirmaciones sin ningún tipo de evidencia científica o fáctica, como que Reciclos “puede contribuir a frenar” el littering.

Es decir, las dos patronales reclamaron en septiembre de 2020 en Bruselas "un amplio despliegue" de los SDDR en la UE y cinco meses después respaldaron públicamente en Barcelona la estrategia de Ecoembes para evitar la implantación del SDDR en España.

infoLibre e Investigate Europe plantearon a Anfabra y Aneabe una serie de cuestiones para aclarar esa contradicción. En concreto, preguntaron si estaban de acuerdo con que un SDDR es la mejor forma de recoger más envases y de mayor calidad y de contribuir a los objetivos climáticos, tal y como se afirma en la declaración europea, y también si comparten la conclusión de los estudios internacionales que sostienen que un SDDR reduce de forma considerable el littering.

Ambas organizaciones respondieron a los periodistas, pero con afirmaciones genéricas que no abordan las cuestiones planteadas.

Anfabra asegura que “el SDDR es una realidad impuesta normativamente que implicará nuevas dinámicas, tiempos de preparación y puesta en marcha, así como grandes inversiones por parte de toda la cadena de valor”. Esto en realidad no es cierto, ya que el SDDR no se ha “impuesto” en España, sino que la ley “condiciona” su puesta en marcha a que se incumplan unos objetivos determinados de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. Si se logran esos objetivos, no es necesario implantar un SDDR.

La breve respuesta de Anfabra se completa con la siguiente afirmación: “En línea con nuestro firme compromiso con la sostenibilidad y circularidad de los envases, nuestro sector seguirá avanzando para encontrar las soluciones que mejor encajen con la realidad y las particularidades del mercado y los consumidores en España, en colaboración con toda la cadena de valor, otros sectores y, en particular, nuestros clientes del retail”.

Aneabe, aunque sin responder tampoco a las cuestiones concretas, transmite una posición más matizada. “Nuestra prioridad es continuar trabajando, junto a nuestras empresas asociadas, para alcanzar la plena circularidad de nuestros envases, que es uno de los retos del sector”, asegura la patronal de aguas minerales, que añade lo siguiente: “Por este motivo, estamos centrando nuestros esfuerzos y nuestra atención en la tramitación del Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos de Envases, porque creemos, firmemente, que la nueva normativa es una oportunidad única para lograr la circularidad completa para los envases de bebidas, acompañando a las empresas en este viaje con las condiciones y herramientas más adecuadas”.

El Reglamento Europeo que menciona Aneabe está ahora en fase de negociación en las instituciones comunitarias. El primer borrador difundido, en octubre del año pasado, establece la obligación de implantar un SDDR salvo que un Estado logre una recogida selectiva del 90% de botellas de plástico en 2026 y 2027. Pero, lógicamente, nadie puede saber si se aprobará finalmente dicho Reglamento y cómo quedará redactado.

“Desde Aneabe queremos seguir impulsando, como hasta ahora, la recogida de botellas de bebidas de PET, de la manera más eficiente y sostenible posible. En la actualidad, en España, se recoge ya, de forma separada, un 71% de las botellas de bebidas de menos de tres litros, según los últimos datos de Ecoembes”, destaca también esta asociación.

Por último, infoLibre e Investigate Europe recabaron la opinión sobre el SDDR a la Asociación España de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). No existen en su caso posturas contradictorias, pero es una voz autorizada en el sector ya que representa tanto a los grandes distribuidores como a los pequeños supermercados. “El debate de ‘SDDR sí o SDDR no’ está superado, hay otros objetivos para la cadena con un gran poder transformador, como la ecomodulación, las medidas de prevención en su conjunto o el porcentaje de plástico reciclado en envases de PET”, señala María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas.

No obstante, la directiva de Asedas pone el énfasis en alguno de los posibles inconvenientes de un SDDR. “Tenemos que decir que el almacenamiento en tienda es complicado por las propias características del supermercado de proximidad, situado en zonas urbanas y basado en la rotación de productos, por lo que tiene muy poco espacio”, explica, en referencia a aquellas tiendas más pequeñas que optasen por recoger los envases devueltos de forma manual y no a través de máquinas.

“En nuestra opinión, tenemos que abordar el debate desde un punto de vista amplio y centrado en objetivos. El mayor desafío es que un envase no se convierta en desperdicio y, para ello, es necesario que todo ciudadano, empresa y administración haga sus deberes y asuma su responsabilidad”, concluye Martínez-Herrera.

“Las organizaciones que integran a la industria y la distribución del gran consumo declaran su apoyo al SDR de Reciclos, una iniciativa tecnológica pionera en Europa que incentiva al consumidor que recicla sus latas y botellas de plástico de bebidas”. La lista de abajo firmantes de esa declaración de apoyo la verdad es que impresiona. Hasta siete patronales que entre sus asociados tienen a Coca-Cola, Mercadona, El Corte Inglés, Eroski, Carrefour, Alcampo, Lidl, Dia, Ikea, FNAC, MediaMarkt, Leroy Merlín, Norauto, ToysRUs, Colgate-Palmolive, Henkel, Johnson’s Wax, Unilever…

Las siete patronales que firmaron esa declaración el 2 de marzo de 2021 en Barcelona llevaban razón en una cosa: Reciclos es una iniciativa “pionera”. Pero se quedaron cortas al señalar “Europa” como ámbito geográfico: no se conocen precedentes en ningún país del mundo de alguna de sus innovaciones. Por ejemplo: es un sistema para fomentar el reciclaje… ¡que limita el número de envases que se pueden reciclar!

Pero, ¿qué es Reciclos?

Se trata de un proyecto de Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros en España y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores (la inmensa mayoría de los abajo firmantes de la declaración de Barcelona). Presentado por sus defensores como un “nuevo modelo de reciclaje”, funciona a través de una app que hay que descargarse en el móvil: el usuario debe escanear el código QR de la botella de plástico o lata antes de llevarla a un contenedor amarillo, donde tiene que escanear otro código QR. Cada envase escaneado se recompensa con un “punto Reciclos”, que luego se pueden canjear por participaciones en sorteos o donarlos a proyectos sociales o medioambientales. Es una forma, sostiene Ecoembes, “de captar a través de incentivos, no a los convencidos del reciclaje, sino a quienes necesitan un plus para reciclar”.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), analizaron el funcionamiento de ese proyecto que las grandes empresas defienden como “una herramienta clave para contribuir a que España cumpla los objetivos en materia de reciclaje”. El resultado es que no dispone de controles eficaces para evitar el fraude, impone unas limitaciones ilógicas al reciclaje y carece de las principales ventajas de los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR).

Hay que destacar que Ecoembes colaboró en todo momento a la hora de facilitar su versión. No solo respondió a las 55 preguntas escritas enviadas por infoLibre e Investigate Europe sobre el funcionamiento de la empresa –una veintena de ellas sobre Reciclos–, sino que tres de sus directivos mantuvieron una larga reunión presencial con un periodista para aclarar todas las dudas pendientes.

El primer gran agujero detectado por los reporteros es quizá el más grave: la misma botella o lata se puede escanear las veces que uno quiera y el sistema sigue otorgando “puntos Reciclos” sin descanso. Los periodistas hicieron pruebas en ciudades y días diferentes y el resultado fue siempre idéntico: el mismo envase se puede escanear hasta el infinito. A veces es necesario dejar pasar un par de segundos entre escaneos o apartar un momento la botella del móvil. Tras ese mínimo descanso, el contador continúa sumando. Los reporteros grabaron una prueba para difundirla como parte de esta investigación periodística.

Cuando se escanea el envase, los “puntos Reciclos” pasan a estar “disponibles” porque falta el segundo paso para recibirlos definitivamente: escanear el código QR del contenedor amarillo. Si en este punto existiera algún control, el fraude potencial del escaneo infinito del mismo envase se podría detectar. Pero tampoco lo hay. De hecho, cuando uno escanea ese código QR del contenedor amarillo, el sistema ya le otorga al usuario definitivamente sus “puntos Reciclos”, sin necesidad de depositar realmente la lata o la botella en la basura. Ahí está por tanto el segundo gran agujero: nadie controla qué se deposita en el contenedor.

Esta falta absoluta de control pone en la diana precisamente uno de los elementos que lleva años bajo sospecha en la gestión de Ecoembes: la veracidad de los datos que ofrece.

Los periodistas plantearon expresamente a Ecoembes las dos siguientes preguntas: “¿Cómo controla que un usuario no escanea dos o más veces la misma botella? ¿Cómo controla que una botella que se ha escaneado realmente se deposita en el contenedor?”. La respuesta literal de la empresa fue la siguiente: “Para evitar dobles escaneos de una misma botella y controlar que las botellas escaneadas entran en el contenedor o la máquina, hemos desarrollado sistemas de Inteligencia Artificial que mediante el análisis de imagen y algoritmia de datos nos permiten identificar mediante diversos factores las situaciones potencialmente anómalas y los usos fraudulentos de la aplicación, garantizando así que se use y funcione de forma correcta”.

Parece indiscutible que algo falla en esa algoritmia…

Cuando el usuario de Reciclos realiza el segundo escaneo en el contenedor amarillo, para recibir sus puntos, aparece un mensaje sorprendente en la pantalla de su móvil: sólo puede escanear un máximo de seis envases del mismo tipo (botella o lata) al día y un máximo de 25 a la semana.

La lógica indica que un sistema que pretende fomentar el reciclaje, lo único que a priori no puede hacer es limitar el número de envases que se reciclan. Por ello, los reporteros plantearon a la empresa estas dos cuestiones: “¿No cree Ecoembes que limitar el número de envases que se pueden canjear por puntos Reciclos choca directamente contra la lógica de fomentar el reciclaje? ¿Conoce Ecoembes algún otro sistema de reciclaje en el mundo que limite el número de envases que se pueden reciclar?”.

El motivo para fijar límites, sostiene Ecoembes, "es muy simple: eliminar el riesgo de que Reciclos pueda fomentar el consumo de bebidas. Como se pueden obtener premios, queremos evitar que alguien compre con el único objetivo de obtener más puntos Reciclos. Quizá pecamos de un exceso de prudencia. Es un riesgo que habíamos identificado de forma teórica, pero que quizá en la práctica no se manifieste como algo real”.

Por supuesto, el riesgo de generar adicción a los puntos Reciclos parte de la idea de que el sistema funciona correctamente y no se puede escanear la misma botella una y otra vez. Quien descubra ese agujero ya no necesita comprar botellas o latas para tener más posibilidades de ganar alguno de los premios de Reciclos. En las últimas semanas, Ecoembes ha sorteado “cinco packs de seis botellas de aceite ecológico”, “cinco maletas de cabina”, “cinco packs de cosmética natural” o “cinco fantásticos packs de accesorios para bicicleta”, entre otros premios.

En cuanto a la existencia de algún precedente mundial de modelo de reciclaje que limite el reciclaje, la respuesta fue esta: "No conocemos otro sistema en el que exista esta limitación”.

El posible escaneo infinito y la limitación al reciclaje son las dos debilidades más evidentes de Reciclos. Pero hay, al menos, otras dos cuestiones polémicas.

La primera es que, al basarse en una aplicación que requiere utilizar un móvil inteligente, excluye a quienes no tienen recursos económicos suficientes para tener ese tipo de terminales y dificulta su utilización a una parte de las personas mayores que no están tan familiarizadas con su manejo. En Ecoembes dicen ser conscientes de ello: “A pesar de que la implantación y uso del teléfono móvil está presente en la práctica totalidad de la población, somos conscientes del desafío que representa este proyecto entre personas mayores o con menos recursos económicos. Por ello estamos llevando a cabo diferentes iniciativas para dar servicio a todos los nichos de población”.

La segunda puede convertirse en más problemática para la empresa por sus posibles implicaciones legales. Ecoembes sostiene que los menores de 14 años no pueden darse de alta en la aplicación: “Se establece esa limitación porque es la edad mínima necesaria por ley para otorgar el consentimiento por sí mismo para la utilización de sus datos personales”. Los periodistas se interesaron por saber cómo controla Ecoembes la edad de los usuarios y la respuesta fue la siguiente: “A pesar de la enorme dificultad para garantizar el cumplimiento de esta condición (una dificultad que comparten la inmensa mayoría de apps, webs, etc, para cuyo uso no exigen DNI), si encontráramos algún caso de incumplimiento iniciaríamos las medidas legales oportunas para corregirlo”.

Ecoembes no aclara cómo piensa “encontrar” casos de incumplimiento. Pero el asunto es peor que eso. Los reporteros de infoLibre e Investigate Europe realizaron media docena de pruebas con móviles diferentes: en el proceso de registro, la aplicación ni siquiera tiene un campo donde pida introducir el dato de la edad del usuario (sí pide el nombre, la localidad donde piensa reciclar o qué cubos tiene en casa). El descontrol llega a tal punto que este miércoles, en la tienda de aplicaciones de Apple, Ecoembes indicaba que Reciclos era para mayores "de 12 años".

A la pregunta de si en algún momento ha vendido datos a terceros, Ecoembes responde tajante: “Bajo ningún concepto se venden datos a terceros”.

La declaración de Barcelona de la industria y la distribución del gran consumo en apoyo de Reciclos se produjo en un momento clave. En febrero de 2021 se estaba debatiendo la elaboración de dos normas estatales que finalmente serían aprobadas un año más tarde –la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases– y las patronales y multinacionales del sector querían evitar a toda costa que se estableciera la obligación legal de implantar en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Se trata de un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). En 13 Estados europeos ya funciona con éxito un sistema así para botellas de plástico o latas. El depósito que se paga oscila entre 10 y 25 céntimos dependiendo del país (puedes leer aquí el reportaje sobre cómo España se queda cada vez más sola en su rechazo al SDDR).

Ecoembes ha sido la punta de lanza en España contra el SDDR durante la última década. Argumenta que se pueden lograr los objetivos marcados por la UE –una recogida separada de botellas de plástico del 77% en 2025 y del 90% en 2029– a través de la mejora del sistema actual de contenedores amarillos. Y en ese marco de guerra total contra el SDDR es cuando surge la puesta en marcha de Reciclos.

Greenpeace, muy crítica con Ecoembes, no tiene duda sobre sus motivaciones para poner en marcha Reciclos. "Es una trampa de Ecoembes para dinamitar de nuevo la posibilidad de que se implante un SDDR. Un greenwashing brutal para frenar el SDDR en las comunidades autónomas donde había más posibilidades de ponerlo en marcha por los Gobiernos que tenían, como Cataluña y la Comunidad Valenciana", denuncia Julio Barea, director de campañas de la ONG ecologista.

Es llamativo el nombre con el que Ecoembes bautiza su proyecto: un Sistema de Devolución y Recompensa (SDR). Parece claro que, salvo para los ciudadanos más informados sobre el tema, esas siglas pueden generar confusión con las del SDDR.

Más allá del nombre, son pocas la similitudes entre Reciclos y un SDDR. Existen decenas de estudios a nivel internacional sobre los beneficios y los costes de los SDDR implantados en países de Europa, en Canadá, en diferentes territorios de Estados Unidos o en Australia. Y de su lectura se deduce que tienen cinco grandes ventajas: la tasa de recogida de envases se sitúa en general por encima del 90%; la calidad del material que se recoge es mayor al no estar mezcladas las botellas o latas con otros residuos; contribuye a reducir las emisiones de CO2 ya que es necesario fabricar menos envases nuevos; reduce de forma significativa el littering (la basura dispersa abandonada en parques o playas), y crea mayor número de puestos de trabajo.

En España, Ecoembes asegura que en 2021 la tasa de recogida separada de botellas de plástico fue del 71,1%. Esa cifra ya supera el objetivo del 70% marcado en la ley para 2023, pero está veinte puntos porcentuales por debajo de la mayoría de países con SDDR.

A finales de 2022, Reciclos contaba con 35.900 contenedores amarillos y 267 máquinas de devolución en 107 municipios. La cifra de contenedores equivale a algo más del 9% de los existentes en toda España, pero llama la atención el bajísimo número de máquinas, que son la base de los sistemas SDDR y que en Reciclos sólo constituyen el 0,7% de los puntos de recogida de envases. Es cierto que tener funcionando todos los días una máquina es mucho más caro que estampar un código QR en un contenedor.

En todo caso, con las cifras de Ecoembes en la mano, la pureza del material recogido sólo ha podido mejorar en el 0,7% de los puntos de recogida donde hay una máquina de devolución de Reciclos.

Estos dos beneficios de los SDDR –la mayor tasa de recogida de envases y la mayor pureza del material– determinan otras dos de sus ventajas: la reducción de las emisiones de CO2 y la creación de más puestos de trabajo. Ello se explica, respectivamente, porque es necesario fabricar menos envases nuevos de plástico (producto que es un derivado del petróleo o del gas natural) y porque se mueven muchos más envases en toda la cadena de gestión de los residuos (recogida, transporte, selección).

En cuanto a la reducción del littering, está ligada al valor económico que tiene el envase en un SDDR: son muchos menos los consumidores que dejan abandonadas botellas o latas que les cuestan diez, quince o veinte céntimos cada una y, si lo hacen, es muy probable que otra persona recoja esos envases para recuperar el dinero del depósito.

No se puede descartar que en los cuatro años de funcionamiento de Reciclos alguna persona haya recogido un día una botella abandonada en un parque o en una playa para ganar un “punto Reciclos”, pero sí se puede afirmar con seguridad que no es una práctica extendida de momento entre la población.

Hay que destacar que las patronales firmantes de la declaración de Barcelona llegaron a poner por escrito que Reciclos “puede contribuir a frenar el littering”, pese a carecer de cualquier evidencia científica o fáctica para sustentar dicha afirmación.

Las explicaciones de Ecoembes se vuelven más nebulosas cuando se trata de medir el coste y la eficacia de Reciclos.

A finales de 2022, según Ecoembes, 350.000 personas se habían bajado la aplicación, pero solo 216.000 habían canjeado puntos por incentivos durante ese año (el 61% de los registrados).

En cuanto al número de envases escaneados, Ecoembes “calcula” que desde que se puso en marcha en la primavera de 2019 hasta finales de 2022 “se han realizado más de 17 millones de escaneos de latas y botellas a través de Reciclos”. En todo caso, la compañía pide que se tome este dato “como una aproximación. Nos consta que han podido ser más pero que no han sido contabilizados por diferentes motivos”.

¿Cómo se traducen esas cifras en la evolución de las tasas de reciclaje? Ecoembes “estima” que está teniendo una influencia positiva: “Desde su puesta en marcha hasta el cierre de 2022 hemos identificado en los municipios con Reciclos un incremento medio de la recogida selectiva de botellas de plástico de un 18,4% y de un 20,27% de latas de aluminio”. Y cuál ha sido el incremento en los municipios sin Reciclos, preguntan los periodistas. La respuesta no puede ser más sorprendente: “No tenemos esa información”.

La nebulosa se convierte directamente en oscuridad cuando llega la hora de hablar del coste económico que Reciclos tiene para Ecoembes. “Entenderás que en esta fase beta en que se encuentra la fase experimental de este proyecto preferimos no dar cifras económicas”, responde la compañía ante la pregunta sobre cuánto dinero ha dedicado a las diferentes partidas de gasto. Lo único que ofrece son porcentajes: el 47,72% corresponde a implantación y operaciones, el 26,99% a campañas de comunicación y el 25,28% al coste del canje de puntos.

Lo que está fuera de toda duda es que Reciclos le cuesta a los empresarios una cantidad insignificante en comparación con lo que deberían abonar por un SDDR. La empresa pública Tragsatec realizó en 2021 un estudio sobre la viabilidad de la implantación de un SDDR en España, en el que concluyó que “las empresas productoras e importadoras tendrían que aportar entre 440,9 y 617,8 millones de euros”.

Ante las preguntas de infoLibre e Investigate Europe, los portavoces de Ecoembes no pueden ser más cautelosos a la hora de hablar sobre Reciclos: “estamos hablando de un proyecto piloto en fase experimental”, “en esta fase beta del proyecto”, “es un proyecto en pruebas”…

Una prudencia que contrasta con la euforia que mostraron en 2021 las siete patronales de la declaración de Barcelona, cuando presentaron a Reciclos como “una herramienta para contribuir a que España cumpla los objetivos europeos en materia de reciclaje”, “un paso más en el avance hacia la economía circular en el ámbito de los envases”, “un sistema que contribuye al desarrollo de ciudades inteligentes”, “un sistema ideal para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger la naturaleza”…

Cómo ha logrado transformar Ecoembes un modelo bendecido con tantas perfecciones en 2021 en un proyecto piloto en fase experimental en 2023 es ciertamente un misterio. Pero lo que resulta indudable es que la descripción actual se ajusta a la realidad bastante más que la propagada hace dos años por los abajo firmantes de la declaración de Barcelona.

“Es la primera vez en tres años que un juez muestra interés en saber qué pasó con el Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de los residentes”. La frase es de Carlos Vila, abogado de Marea de Residencias, que lleva decenas de pleitos chocando contra un muro de desidia judicial a la hora de investigar las decisiones adoptadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia. El magistrado Arturo Zamarriego ha abierto una brecha en ese muro este jueves, al tomar declaración durante más de dos horas como testigos a dos ex altos cargos del Ejecutivo madrileño.

Alberto Reyero, entonces consejero de Política Sociales, destacó ante el juez que el llamado Protocolo de la Vergüenza introdujo como requisito para la derivación hospitalaria “no el grado de enfermedad del residente, sino su grado de dependencia”. Algo a lo que él se opuso desde el primer momento al entender que era discriminatorio. Por su parte, Carlos Mur, firmante de las cuatro versiones que tuvo el Protocolo, destacó que el consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– dio su aprobación al documento. En marzo y mayo de 2020, murieron 7.291 personas mayores en las residencias de Madrid sin ser trasladadas a un hospital.

Los dos testimonios suponen que, por primera vez en sede judicial, altos cargos del Gobierno de Ayuso dejan claro que el Protocolo existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, se envió a los hospitales y se aplicó. Ahora puede parecer una obviedad pero lo cierto es que Ayuso y su aparato de propaganda sostuvieron durante meses la falsedad de que el Protocolo era un simple “borrador” que nunca había llegado a transformarse en un documento oficial.

Una vez que el juez Zamarriego ha podido escuchar dos testimonios clave que detallaron el funcionamiento general del Protocolo, fuentes jurídicas explican que ha quedado abierta la vía para que el magistrado investigue cómo afectó en concreto a las tres residentes cuya muerte se investiga en la causa.

El procedimiento judicial se abrió tras la querella presentada por el fallecimiento de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera. Las muertes se produjeron los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril de 2020, respectivamente, en el propio centro, sin ser trasladadas a un hospital. Las querellantes son sendas hijas de las residentes fallecidas y acusan por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva. Como imputadas están de momento quien era directora del geriátrico cuando se produjeron los hechos (Mari Luz D. Ll.) y la empresa gestora perteneciente a DomusVI.

Una de las primeras cuestiones a aclarar es si desde la residencia se intentó trasladar a las tres mujeres fallecidas al Hospital Infanta Leonor y, en caso afirmativo, en qué fechas se produjo la negativa. Para aclarar este punto podría ser relevante la declaración de la directora de la residencia y también debería constar en el informe que debe tener el geriátrico sobre cada residente.

Otro elemento clave es saber si, en caso de que se demuestre que existió una negativa por parte del hospital a trasladar a las residentes, ese hecho tuvo efecto en la muerte de las tres mujeres, al empeorar su enfermedad sin una atención médica adecuada.

Las dos testificales de Reyero y Mur contaron con una ausencia de lujo: la fiscal del caso.

infoLibre preguntó al portavoz del Ministerio Público cómo se explicaba que no hubiese acudido y la respuesta fue la siguiente: “No fue notificada de que se iban a producir esas declaraciones. De hecho, estuvo toda la mañana en su despacho, que está al lado de la sede del Juzgado”. Tras comprobar que la citación de Reyero y Mur se produjo el 16 de noviembre de 2022 a través de una providencia del juez, un escrito que se suele enviar de forma automática a las partes por si desean recurrir la resolución, este periódico volvió a preguntar al portavoz de la Fiscalía si mantenía su versión de que no había recibido dicha providencia. La respuesta fue afirmativa: desde el Juzgado no se le envió dicho documento.

En definitiva, la Fiscalía culpa al Juzgado de no cumplir correctamente con su trabajo.

Más allá de la cuestión de si fue notificada formalmente o no, la fiscal "no ha tenido hasta ahora mayor intervención en la causa", según denuncia Carlos Vila: “Lo único que ha hecho es presentar un escrito a finales del año pasado oponiéndose al archivo que habían solicitado la directora del centro y DomusVi y otro mostrándose a favor de prorrogar el plazo de investigación”. El abogado de Marea de Residencias explica que “ni siquiera ha pedido que declaren los familiares de las víctimas, como están empezando a hacer fiscales de otros procedimientos”.

Desde que familiares de víctimas agrupados en Marea de Residencias empezaron a presentar querellas, la actitud del Ministerio Público ha sido de “absoluta dejadez”, critica Carlos Vila. “Durante los dos primeros años no iban ni a las declaraciones de los imputados. No realizaron ningún tipo de actividad para impulsar las investigaciones. En los últimos meses, de vez en cuando van a algo”, añade.

Esa “absoluta dejadez” tiene un espejo donde mirarse: el comportamiento de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. En la Memoria anual correspondiente a 2020, Lastra llegó a incluir tres falsedades flagrantes: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que restringía el traslado al hospital de residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones, afirma que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados” y asegura que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole”. Todos los datos que se conocen sobre esos tres hechos desmienten a la fiscal.

Eso en cuanto a mentiras evidentes. Luego están las omisiones por parte del Ministerio Público. Almudena Lastra achicó el campo de la investigación de forma tan exagerada, que al final se centró únicamente en la actuación de los directores o del personal médico de los geriátricos una vez que un residente se había contagiado. Cualquier decisión adoptada desde el poder político ha sido obviada a la hora de investigar. A la vista de estos hechos, infoLibre envió a la fiscal 38 preguntas para que pudiera aclarar su versión. No contestó a ninguna.

El primero en testificar ante el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid fue Alberto Reyero. El consejero de Políticas Sociales cuando estalló la pandemia explicó en detalle, durante una declaración que duró 50 minutos, qué significaba el Protocolo de no derivación hospitalaria, cuáles fueron las otras medidas discriminatorias contra los mayores adoptadas por el Gobierno de Ayuso y por qué se opuso desde el primer momento a la aprobación de dicho documento.

A preguntas del magistrado sobre si consideraba que el Protocolo era de obligado cumplimiento, Reyero contestó que “sí, y sobre todo en época de pandemia”, aunque aclaró que no le correspondía a él realizar la "calificación jurídica" del documento.

En cuanto a lo que significó dicho Protocolo, Reyero señaló que “el resultado fue que personas que lo necesitaban no pudieron ser derivadas”.

El ex consejero de Políticas Sociales también narró ante el juez cómo el Gobierno de Ayuso no utilizó otras alternativas para atender a las personas mayores que vivían en residencias. Destacó que los geriátricos no fueron medicalizados, que los enfermos no fueron atendidos en hospitales privados (salvo que tuvieran un seguro privado) y que tampoco fueron trasladados al hospital de campaña montado en el Ifema. “Mientras que en Ifema murieron 16 personas, en las residencias fallecieron más de 5.000”, aseguró Reyero.

En definitiva, su testimonio dejó claro que ni los residentes fueron trasladados al hospital, ni se les atendió en los centros donde vivían, ni se utilizaron las alternativas que existían para darles un tratamiento médico adecuado.

Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria en los dos primeros meses de la pandemia, aseguró ante el juez que él no estaba de acuerdo con el criterio que recomendaba no trasladar al hospital a las personas dependientes, pero que firmó el documento “para proteger a los profesionales de la Sanidad”, de forma que tuvieran una guía homogénea que aplicar. Mur indicó que en la última versión, firmada el 25 de marzo de 2020, ya se hablaba de criterios de fragilidad y no del nivel de dependencia, con lo que él sí estaba de acuerdo.

Mur indicó que en su opinión el Protocolo no tenía carácter vinculante, al contrario de lo declarado por Reyero, ya que fijaba solo unos criterios “orientativos” para los profesionales médicos.

A preguntas del abogado de Marea de Residencias, admitió que todo lo relacionado con el Protocolo lo comentó con “su superior”, el consejero de Sanidad, y que Ruiz Escudero dio su aprobación a los documentos. Además, explicó que el Protocolo se envió a los hospitales desde la Consejería de Sanidad

Pese a estas declaraciones de Mur, el magistrado no podrá llamar a declarar a Ruiz Escudero, que ahora está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su calidad de consejero y que muy pronto pasará a estar aforado ante el Tribunal Supremo, ya que Ayuso decidió nombrarlo senador por designación autonómica. Una forma de garantizar que ninguna causa judicial podrá prosperar contra él si no lo decide así el Supremo.

Mur admitió que prácticamente no se habían trasladado residentes a Ifema, porque era un hospital que no estaba preparado para atender a pacientes graves.

En cuanto a la medicalización de las residencias, discrepó de la versión ofrecida por Reyero, al indicar que “algunas” sí habían sido medicalizadas y que muchos centros recibieron oxigenoterapia.

En cuanto al motivo por el que los enfermos no fueron trasladados a hospitales privados, salvo que tuvieran un seguro privado, Mur respondió que era algo que desconocía. Admitió saber que existía un mando único, por el que todos los hospitales de la región pasaban a depender del consejero Ruiz Escudero, ya que fue una decisión aprobada por el Gobierno madrileño. Pero insistió en que él no tenía competencia alguna en dicha materia.

Marea de Residencias, que organizó una concentración ante los Juzgados para reclamar una vez más que se haga justicia, difundió una nota de prensa al final del día en la que valora “positivamente la acción del juez, cuya intención de investigar los Protocolos firmados digitalmente y enviados a las residencias y hospitales nos parece la correcta”.

Frente al comportamiento del magistrado Zamarriego, Marea de Residencias contrapone la actitud de la Fiscalía de Madrid, “que hoy tampoco ha hecho acto de presencia en las declaraciones. Creemos que iniciada la fase de instrucción, nada de lo relativo al proceso penal en curso debería ser ajeno al fiscal y por tanto no nos cuadra la actitud, pasiva o inexistente, que de forma bastante generalizada observamos en la actuación de la Fiscalía en relación a las querellas presentadas”.

Menos contenta se mostró Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, le exigió que “diga la verdad”, reconozca “que hay 7.291 mayores que murieron de forma indigna” y pida “perdón”. La presidenta madrileña respondió que lo que ella esperaba era que Alberto Reyero saliera “imputado de sus declaraciones” ante el juez.

“Queremos mostrar nuestro agradecimiento por la iniciativa de este Juzgado. Después de tres años, es la primera vez que se cita a responsables políticos para dar explicaciones sobre lo sucedido”. Quien expresa ese agradecimiento es Marea de Residencias, el magistrado al que agradecen su actuación se llama Arturo Zamarriego, los responsables políticos que deben declarar ante él son el director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia (Carlos Mur) y el exconsejero de Políticas Sociales (Alberto Reyero), y lo sucedido fue el fallecimiento de 7.291 personas en residencias madrileñas sin ser trasladadas a un hospital en los dos primeros meses de la pandemia. Miembros de Marea de Residencias se concentrarán este 23 de marzo ante los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, “para exigir justicia y que se depuren responsabilidades al más alto nivel”.

Pero, ¿qué es lo que se investiga en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid y qué importancia pueden tener para la causa las declaraciones de Carlos Mur y de Alberto Reyero, que están citados como testigos?

El procedimiento judicial se abrió tras la querella presentada por el fallecimiento de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera. Las muertes se produjeron los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril de 2020, respectivamente, en el propio centro, sin ser trasladadas a un hospital. En esas fechas se estaba aplicando en la Comunidad de Madrid el conocido como Protocolo de la Vergüenza, que restringía al máximo la posibilidad de trasladar a los hospitales a las personas mayores enfermas que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física –que iban por ejemplo en silla de ruedas­– o que sufrían un deterioro cognitivo importante.

Las querellantes acusan por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva. Como imputadas están de momento quien era directora del geriátrico cuando se produjeron los hechos (Mari Luz D. Ll.) y la empresa gestora perteneciente a DomusVI, el grupo de residencias más importante de España y en cuyos centros se produjo una auténtica hecatombe durante los primeros meses de la pandemia. Las hijas de las tres fallecidas dirigieron inicialmente la querella también contra Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero la Audiencia Provincial de Madrid resolvió en su día que no cabía dirigir la investigación contra ellos al no existir indicios de delito.

La acusación de homicidio imprudente se basa en la supuesta demora a la hora de actuar de los investigados, lo que habría tenido como consecuencia el agravamiento de la enfermedad de las tres mujeres y su posterior fallecimiento.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre indican que, de los tres delitos bajo investigación, este es probablemente para el que sean menos relevantes los testimonios de Mur y de Reyero. La razón es que ellos desconocen lógicamente el historial médico de las tres residentes de DomusVi Albufera. De hecho, el juez Zamarriego ha pedido un informe a la médico forense adscrita al Juzgado para que determine si “a la vista de la patología y las enfermedades previas que presentaban” las tres mujeres, existió una “atención médica que haya sido inadecuada” y si esa supuesta “omisión de la diligencia debida pudo provocar su fallecimiento”.

En otras querellas presentadas por familiares de víctimas agrupadas en Marea de Residencias, los tribunales se están apoyando para decretar el archivo de las causas precisamente en los informes de los médicos forenses. Algunos destacan por su brevedad, otros por los argumentos empleados. Por ejemplo, en un procedimiento abierto por la muerte de dos personas en la residencia pública Adolfo Suárez, el médico forense emitió un informe en noviembre de 2022 donde señalaba: “No se puede garantizar que de haber sido derivados a centro hospitalario y de haber recibido otro tipo de tratamiento disponible, el resultado final (evolución hacia el fallecimiento) hubiera sido otro”. Resulta evidente que nadie puede “garantizar” que un enfermo se salvará si es tratado en un hospital.

Todo lo contrario ocurre con el segundo delito bajo investigación, la denegación del deber de socorro, ya que tanto Mur como Reyero conocen en detalle hechos que fueron trascendentales para el abandono de las personas mayores que vivían en las residencias de Madrid. Al menos hay cinco hechos relevantes, que se dieron todos al mismo tiempo.

En primer lugar está el Protocolo de la Vergüenza. Aprobado el 18 de marzo de 2020, y con otras tres versiones aprobadas los días 20, 24 y 25 de aquel mes, todas ellas fueron firmadas digitalmente por el propio Carlos Mur. Cuando tuvo que declarar ante la comisión de investigación constituida en su día en la Asamblea de Madrid, Mur intentó rebajar la importancia del Protocolo a “un conjunto de recomendaciones” para dar “criterios homogéneos” a los profesionales médicos y que éstos pudieran “analizar caso por caso” si se derivaba o no a un residente al hospital.

Carlos Mur confesó que, antes de firmar las cuatro versiones del Protocolo, lo consultó siempre con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Y llegó a destacar que había mostrado su “disconformidad” con los criterios para no trasladar a las personas con mayor dependencia física o deterioro cognitivo, lo que no le impidió avalarlos con su firma.

En definitiva, Carlos Mur es quizá la persona que más sabe sobre el Protocolo y sus diferentes versiones, desde quién participó en las reuniones para elaborarlos hasta quién tomó la decisión final de aprobarlos.

La postura del exconsejero Alberto Reyero está en las antípodas, puesto que se opuso a la aprobación del Protocolo en cuanto tuvo conocimiento de su contenido. En una carta enviada a Ruiz Escudero, el 31 de marzo de 2020, tras recordarle que ya le había “transmitido con anterioridad” su rechazo, le advierte incluso que su contenido puede tener consecuencias legales: “En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas con grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente las discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que puede ocasionarnos problemas legales en el futuro” [puedes consultar aquí y aquí las dos cartas de Reyero a Escudero, desveladas por infoLibre].

En el caso de DomusVi Albufera, como informó ayer este periódico, en marzo y abril de 2020 murieron 29 residentes en el propio geriátrico y solo 1 tras ser trasladado a un hospital. Es decir, el 96% de los fallecimientos se produjo sin atención hospitalaria. Tras la aprobación del Protocolo, las derivaciones se desplomaron un 70% respecto a antes de la pandemia, cuando lógicamente se tenían que haber multiplicado porque también se habían disparado las personas enfermas.

En segundo lugar está la falta de medicalización de las residencias. Este hecho es la otra cara del Protocolo de la Vergüenza, puesto que se supone que no era necesario trasladar a los mayores al hospital porque iban a ser tratados en los centros donde residían. Así lo anunció el Gobierno regional el 12 de marzo y la propia Ayuso llegó a decir que ya se había ejecutado la medicalización, en una de las mentiras más groseras que difundió sobre la hecatombe de las residencias. “En su práctica totalidad están todas medicalizadas […] Hemos trasladado equipos médicos a todas ellas”, aseguró la presidenta madrileña el día 17.

En su testimonio ante la Asamblea de Madrid, por contra, Mur reconoció abiertamente que habían tenido “dificultades claras y que se pueden explicar muy fácilmente: personas que al mismo tiempo podían acceder a contratos en medio biosanitario, que lo preferían por ser un medio menos hostil; había personas que estaban trabajando en residencias y que fueron llamados por Sanidad, y evidentemente estamos hablando de un enorme número de personas que cayeron de baja”.

Es decir, que el Gobierno de Ayuso no sólo no medicalizó las residencias como prometió hacer, sino que incluso llamó a personal sanitario que estaba en centros residenciales para que los abandonase y fuese a trabajar a otros lugares.

La denuncia de la falta de medicalización de las residencias fue otra constante por parte de Alberto Reyero. En la carta que le envió al consejero de Sanidad el 11 de abril, Reyero destaca que le “preocupa especialmente” la “escasa derivación hospitalaria” de los centros residenciales, “sobre todo de aquellas personas con grado 3 de dependencia”. Y lo conecta al hecho de que tampoco se hayan medicalizado las residencias: “Si eso [la falta de derivaciones] hubiera venido acompañado de la medicalización de las residencias, habría tenido sentido, pero no ha sido así. Como se os ha trasladado desde los centros y desde algunas de las patronales del sector, los datos de derivación a hospitales desde residencias son tremendamente escasos y preocupantes”. Las personas con grado 3 son las que tienen mayor nivel de dependencia.

Como sintetizó perfectamente el entonces aún consejero de Políticas Sociales en una comparecencia ante la Asamblea, el 1 de junio de 2020: “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia”. En la Comunidad de Madrid no se hizo ni lo uno, ni lo otro.

Pero Alberto Reyero puede aportar muchos más datos sobre la falta de auxilio a las personas mayores enfermas. En el libro que escribió sobre lo que ocurrió en las residencias durante la primera ola de la pandemia, Morirán de forma indigna, desvela que en el Consejo de Gobierno telemático celebrado el 25 de marzo pidió ayuda para los geriátricos: “Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. «La situación es límite», les resumí. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones”.

En tercer lugar es relevante entender lo que pasó con el hospital de campaña creado en Ifema, que el aparato de propaganda del Gobierno Ayuso bautizó como el “hospital milagro”. En las seis semanas que estuvo abierto, murieron en las residencias madrileñas más de 5.000 personas sin recibir atención hospitalaria. Ni una de ellas fue trasladada a Ifema, donde solo se trató a 23 residentes con síntomas leves, como publicó infoLibre.

También sobre este asunto se pronunció Carlos Mur ante la comisión de investigación parlamentaria, con una claridad inusitada: “En aquel momento los criterios que a nosotros nos habían trasladado el día 19 de marzo para poder ingresar a una persona en el Ifema era que fueran pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Lógicamente no lo cumplían muchísimos residentes en las residencias de mayores”. Es decir, que alguien en el Gobierno de Ayuso decidió que al hospital del Ifema no podían ir los pacientes que realmente necesitaban tratamiento hospitalario para no morir. Sin duda, Mur podría explicar ante el juez quién fue la persona que le transmitió dichos “criterios” de no derivación a Ifema.

Pero es que el hospital milagro tuvo otro efecto que contribuyó a la hecatombe en las residencias: todo el personal de Atención Primaria que podría haberse encargado de medicalizar las residencias fue enviado a Ifema. “Otros profesionales fueron reclutados desde Atención Primaria para ir a Ifema e ir a hospitales, hasta 621 médicos y 800 enfermeras”, según recordó Carlos Mur ante la Asamblea. El propio Gobierno de Ayuso presumió de que “más de un millar de profesionales de Atención Primaria integran la plantilla” del hospital en Ifema.

En cuarto lugar hay que señalar que la Comunidad de Madrid tampoco utilizó los hospitales privados para atender a las personas mayores que estaban enfermas en las residencias. Ni un solo residente fue derivado a un hospital privado… salvo que tuviera seguro privado, en cuyo caso sí pudo saltarse el Protocolo de no derivación. Y ello a pesar de que el Gobierno de Ayuso creó un mando único de la sanidad en Madrid, que puso bajo las órdenes de Ruiz Escudero a los 34 hospitales públicos y 68 privados de la Comunidad.

Por último, también se impidió el acceso de las personas mayores que vivían en residencias a los hoteles medicalizados, otro recurso de emergencia creado por el Gobierno regional para atender a los enfermos de covid. También sobre este asunto se pronunció Mur, quien desveló que había hablado del tema con el consejero Ruiz Escudero y que éste le transmitió “que ni existían determinadas camas articuladas, ni auxiliares o gerocultores para atender a personas mayores con un alto grado de dependencia”.

En definitiva, a la hora de analizar si se produjo una denegación del deber de socorro, los hechos conocidos son los siguientes: se aprobó un Protocolo que impedía llevar a la inmensa mayoría de residentes a los hospitales bajo la premisa de que las residencias serían medicalizadas. Pero el personal de Atención Primaria que podría haber realizado esa medicalización no se envió a las residencias, sino que se destinó al hospital del Ifema. Y, a su vez, también se prohibió que los residentes fuesen tratados en ese hospital de campaña. Además, en vez de enviar médicos a las residencias, lo que hizo Sanidad fue llamar a personal médico que estaba en geriátricos para que fueran a trabajar a otros lugares. Y, por último, tampoco se permitió que los mayores accediesen ni a los hospitales privados (salvo que tuvieran seguro privado), ni a los hoteles medicalizados.

El tercer delito que alegan las querellantes es el de prevaricación omisiva. El delito de prevaricación lo puede cometer “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”; se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público”. 

El elemento más complicado de demostrar habitualmente es que el funcionario dictase una resolución “a sabiendas de su injusticia”. En cuanto a los hechos que fundamentarían esa acusación, son en buena medida los mismos que los narrados con anterioridad, desde la aprobación del Protocolo a las decisiones de no utilizar todos los medios alternativos que existían para tratar a los residentes enfermos.

En todo caso, hay que recordar que la causa no se dirige de momento contra nadie que ocupase altos cargos en el Gobierno de Ayuso. Mur y Reyero comparecen como testigos. Además, si el magistrado Arturo Zamarriego tuviera interés en interrogar a alguno de los superiores de Mur, tendría que dejar el procedimiento porque todos ellas están aforados: la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila-Ponce de León, es diputada autonómica del PP; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, está blindado en ese cargo y lo seguirá estando porque en pocas semanas será nombrado senador por designación autonómica, e Isabel Díaz Ayuso está aforada como presidenta madrileña ante el Tribunal Supremo.

Mil cien días después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobase el conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impidió el traslado a los hospitales de las personas que vivían en residencias, por primera vez declarará ante un juez el firmante de aquel documento. Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, está llamado a comparecer como testigo ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, que investiga el fallecimiento de tres mujeres que residían en el centro DomusVi Albufera. La cita es este jueves, 23 de marzo.

Tres hijas de las respectivas residentes fallecidas presentaron querella por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación. Al igual que otras cientos de víctimas, articularon la iniciativa judicial a través de los abogados de Marea de Residencias.

Las mujeres fallecieron los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril de 2020, respectivamente, en la propia residencia. En esas fechas, tras la aprobación del Protocolo el 18 de marzo, los traslados a los hospitales se habían desplomado. Ese frenazo también afectó de lleno a DomusVi Albufera, como prueban los datos obtenidos por infoLibre a través del Portal de Transparencia del Gobierno madrileño.

Entre el 18 de marzo, fecha de aprobación del Protocolo, y el 8 de abril, día en que murió la última de las tres residentes cuyo fallecimiento se investiga en la causa judicial, sólo se produjeron tres derivaciones desde DomusVi Albufera al Hospital Infanta Leonor. Tres traslado en 22 días, es decir, una media de una derivación hospitalaria a la semana.

Para poner esta cifra en contexto, es interesante analizar qué ocurría antes de la pandemia. Pues bien, en los primeros 22 días de enero de 2020 fueron derivadas al Hospital Infanta Leonor diez personas desde DomusVi Albufera.

En otras palabras: los traslados al hospital se hundieron un 70%, cuando lógicamente se tendrían que haber multiplicado por dos o por tres respecto a una situación de normalidad, puesto que eran muchas más las personas que estaban enfermas en plena pandemia que a principios de año cuando no existía crisis sanitaria.

El desplome en las derivaciones tuvo como consecuencia que se disparara el número de personas fallecidas en el propio centro. En marzo y abril de 2020, murieron 30 personas que vivían en DomusVi Albufera, y 29 de ellas lo hicieron en la residencia sin recibir atención hospitalaria. ¡El 96%! En términos porcentuales es una de las cifras más altas de toda la Comunidad de Madrid, donde la media de muertes sin derivación se situó en el 77% del total de fallecimientos.

Los datos de la residencia donde vivían las tres mujeres son fiel reflejo de lo que ocurrió en toda la Comunidad de Madrid. En marzo y abril de 2020, murieron en los geriátricos madrileños 7.291 mayores sin ser trasladados a un hospital. Los centros tampoco fueron medicalizados, como anunció entonces el Gobierno regional que se haría de inmediato. En aquellos dos meses perdieron la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en la propia residencia.

El magistrado Arturo Zamarriego, que investiga la querella por los fallecimientos en DomusVi Albufera, es el primer juez que decide citar a declarar a un alto cargo del Gobierno de Ayuso, aunque sea como testigo. Carlos Mur, cuando compareció ante la comisión de investigación creada en su día en la Asamblea de Madrid, admitió que había firmado el Protocolo, pero defendió que su aplicación se produjo siempre atendiendo a criterios clínicos y que no existió discriminación pese a afectar sólo a las personas que vivían en residencias.

Este jueves 23 de marzo también está citado a declarar como testigo Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales durante la primera ola de la pandemia, que mostró su rechazo al Protocolo desde el primer momento. Reyero escribió un relato demoledor de lo ocurrido en el libro Morirán de forma indigna, donde entre otras cuestiones desvela cómo el Gobierno presidido por Ayuso se negó a facilitarle los medios que solicitaba para ayudar a las residencias, donde entonces fallecían cada día cientos de personas mayores.

No son naves en llamas más allá de Orión, pero en los tres últimos años se han visto cosas en la Comunidad de Madrid que eran muy difíciles de creer. El Gobierno regional aprobó un Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias y 7.291 mayores murieron en los geriátricos durante los dos primeros meses de la pandemia de covid. Lejos de investigar una hecatombe humana de dimensiones gigantescas, la Justicia ni siquiera se ha tomado la molestia de preguntar a nadie de ese Gobierno por qué se dictó y se ejecutó dicho Protocolo, a pesar de que uno de sus miembros escribió incluso un libro denunciando lo ocurrido. La fiscal superior de Madrid fue todavía más allá y justificó por escrito la pasividad del Ministerio Fiscal con una serie de mentiras flagrantes que chocan con la realidad de todos los datos oficiales que ella debía conocer.

Hoy, 18 de marzo de 2023, se cumplen tres años de la aprobación del conocido como Protocolo de la Vergüenza y cientos de familiares de víctimas resisten en su batalla por que se conozca la verdad y se haga justicia. Este sábado está convocada una vigilia en el centro de Madrid, entre las 19.00 y las 23.00 en la calle Alcalá, “en homenaje a las 7.291 personas mayores y dependientes que fueron llevadas a una muerte segura a causa de la firma de ese protocolo”. La organizan Marea de Residencias y Verdad y Justicia, que junto a Pladigmare son las tres entidades que luchan por la memoria y dignidad de los fallecidos.

Después de acumular malas noticias, afrontan con cierta esperanza el inicio del Año IV del Protocolo de la Vergüenza: el próximo 23 de marzo, por primera vez, un juez interrogará a Carlos Mur, el alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que firmó el Protocolo, y a Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales que escribió un relato demoledor de lo ocurrido en el libro Morirán de forma indigna. Ambos declararán como testigos, y por tanto con la obligación legal de decir la verdad, ante el magistrado Arturo Zamarriego. Ese 23 de marzo se habrán cumplido 1.100 días desde la aprobación del Protocolo. 1.100 días sin noticias de jueces y fiscales.

infoLibre analiza a continuación los hechos y la reacción ante ellos en tres ámbitos clave: los tribunales, la Fiscalía y la política.

La Comunidad de Madrid aprobó, el 18 de marzo de 2020, un Protocolo que restringía al máximo la posibilidad de trasladar a los hospitales a las personas mayores enfermas que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física –que iban por ejemplo en silla de ruedas­– o que sufrían un deterioro cognitivo importante. Otras tres versiones del mismo documento se aprobaron los días 20, 24 y 25 de marzo [Puedes consultar aquí los documentos íntegros desvelados por infoLibre]. Todos los Protocolos están firmados por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno Ayuso. Minutos después de firmar cada una de las versiones del Protocolo, Mur los envió por correo electrónico a todos los altos cargos de la Comunidad de Madrid que tenían que aplicarlo [aquí puedes ver esos correos].

El resultado fue que, en marzo y abril de 2020, murieron en las residencias madrileñas 7.291 mayores sin ser trasladados a un hospital. Los geriátricos tampoco fueron medicalizados, como anunció entonces el Gobierno regional que se haría de inmediato. En aquellos dos meses perdieron la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en la propia residencia.

Una de las excusas más ampliamente difundidas en estos tres años por el aparato de propaganda del PP madrileño es que “en todo el mundo ocurrió lo mismo”. A priori puede parecer una disculpa absurda: ni en el Código Penal ni en ningún régimen sancionador del ordenamiento jurídico se establece que si un delito o una infracción se comete en muchos lugares al mismo tiempo, esa actuación queda exenta de castigo. Pero lo cierto es que el recurso al “y tú más” es utilizado ampliamente en política. Pero la pregunta relevante desde el punto de vista periodístico es otra: ¿es verdad que pasó lo mismo en todas las comunidades?

Es cierto que en otras tres comunidades se produjo durante la primera ola de la pandemia un frenazo brutal a las derivaciones hospitalarias, lo que disparó el número de personas fallecidas en las propias residencias. Madrid encabeza esa fúnebre clasificación, con el 77% de los mayores muertos en aquellos meses de marzo y abril sin ser trasladados a un hospital. Un porcentaje que en Cataluña fue del 72% y en Castilla y León del 69%. En Castilla-La Mancha, aunque el Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) sostiene que no tiene el dato, el porcentaje también se situó en torno al 70% según apuntan otros indicadores del impacto de la pandemia en los geriátricos.

Pero esa cifra se situó, por ejemplo, en el 6% en Canarias, en el 37% en Cantabria y en el 50% en Galicia, de forma que es falso afirmar que ocurrió lo mismo “en todo el mundo”.

En todo caso, la excepcionalidad de lo ocurrido en Madrid no se basa en que tuviera el mayor número de víctimas mortales sin recibir atención hospitalaria, sino que se fundamenta en otros tres hechos:

1.  El Gobierno de Ayuso no utilizó las alternativas que tenía para tratar a los residentes enfermos. En las seis semanas que estuvo abierto el hospital de campaña en Ifema, sólo trasladó allí a 23 residentes con síntomas leves. En ese periodo fallecieron en los geriátricos madrileños más de 5.000 personas, y ninguna fue trasladada a Ifema para intentar salvar su vida. Y lo mismo ocurrió con los hospitales privados, que pasaron a estar bajo el mando único del consejero de Sanidad, en teoría para tratar allí a quien lo necesitase. Pero, en la práctica, no se trasladó a esos hospitales privados a ningún residente con seguro público.

2. El Protocolo no se aplicó a los mayores que vivían en residencias y tenían un seguro privado. Esas personas sí fueron derivadas a hospitales privados.

3. El Protocolo no afectó únicamente a residentes con covid, sino que se aplicó a enfermos con otras patologías. Una prueba de que el objetivo básico era evitar el traslado a los hospitales de las personas que eran dependientes, por razones físicas o de deterioro cognitivo.

Cientos de familiares de residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia han presentado querellas, muchos de ellos agrupados en Marea de Residencias. Más de 40 procedimientos continúan abiertos, pero la mayoría han sido archivados.

Lo primero que llama la atención es que en ningún procedimiento se haya llamado a declarar a Carlos Mur, el firmante del Protocolo, o al exconsejero Alberto Reyero, que ha denunciado públicamente que el Gobierno le negó la ayuda que pedía para salvar vidas en las residencias. Es más, en una de las causas que llegó a la Audiencia Provincial de Madrid, ésta consideró “improcedente por exceder del ámbito del derecho penal, la petición de que vinieran a declarar los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos donde se recogían los motivos para aconsejar el traslado o no de los residentes en los hospitales y los motivos de exclusión, pues conforme señaló el Ministerio Fiscal dichas testificales quedan al margen de este procedimiento penal, siendo una cuestión de carácter administrativo, que excede de los concretos hechos denunciados por los que se admitió a trámite la querella”.

El próximo 23 de marzo, por primera vez, un magistrado tiene previsto interrogar a ambos como testigos. Se trata del titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien está investigando la querella interpuesta por tres familiares de personas fallecidas en el centro DomusVi Albufera.

Los abogados de Marea de Residencias aseguran que, cuando llega el momento en que el instructor tiene que decidir si archiva o transforma la causa en procedimiento abreviado, de momento los jueces siempre han optado por el archivo.

Al principio lo hicieron sin practicar ni una sola diligencia de investigación. Ante los recursos presentados, la Audiencia Provincial fue dando la razón a los familiares al señalar que era necesario realizar cierta actividad instructora. Pero el resultado ha sido el mismo: los jueces han vuelto a archivar tras realizar alguna diligencia de investigación. Y ese segundo archivo ya está siendo ratificado por la Audiencia Provincial. De momento sólo hay una excepción: en una causa que se sigue por el fallecimiento de 29 personas en residencias de Leganés, la Audiencia Provincial ha levantado el archivo en dos ocasiones.

Los tribunales suelen apoyarse para su archivo en informes de médicos forenses. Algunos destacan por su brevedad, otros por los argumentos empleados. Por ejemplo, en un procedimiento abierto por la muerte de dos personas en la residencia pública Adolfo Suárez, el médico forense emitió un informe en noviembre de 2022 donde señala: “No se puede garantizar que de haber sido derivados a centro hospitalario y de haber recibido otro tipo de tratamiento disponible, el resultado final (evolución hacia el fallecimiento) hubiera sido otro”. Resulta evidente que nadie puede “garantizar” que un enfermo se salvará si es tratado en un hospital. Ni un anciano con covid, ni un joven tras un accidente de tráfico. Además, la jurisprudencia establece con claridad que la obligación del médico es de medios –actuar de forma diligente conforme al estado de conocimientos de la profesión–, no de resultados. El archivo de esta causa también ha sido ratificado por la Audiencia Provincial en un auto dictado el pasado mes de febrero.

Tras la ratificación de los archivos por la Audiencia Provincial, en una veintena de casos los familiares han interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido si los admite a trámite.

En todo caso, en la Comunidad de Madrid aún están abiertas más de 40 causas judiciales por fallecimientos en las residencias, en distintas fases del procedimiento. Entre ellas, la que llevará a Mur y a Reyero a declarar como testigos ante el juez.

Si las decisiones de los tribunales causan desazón en los familiares de las víctimas, su indignación es mayor si cabe con la Fiscalía, ya que esperaban que impulsase las investigaciones en el ámbito penal y ha ocurrido todo lo contrario.

En 2020, la asociación Pladigmare presentó 59 denuncias ante la Fiscalía por hechos ocurridos en residencias de Madrid donde la mortalidad fue especialmente alta. En 39 casos se incoaron diligencias preprocesales civiles, todas ellas archivadas. De los otros 20 asuntos, en los que se abrieron diligencias de investigación penal, 16 se archivaron sin ni siquiera haber llamado a los familiares denunciantes para que pudieran declarar o aportar pruebas. La Fiscalía sólo ha llevado a los tribunales dos denuncias, sobre la residencia pública Adolfo Suárez y el centro de Orpea en Carabanchel, mientras que en otras dos el Ministerio Público dejó de investigar porque ya estaban abiertos procedimientos penales en los juzgados, por lo ocurrido en Orpea Valdemarín y DomusVi Usera. “La decepción no puede ser mayor”, resumen desde Pladigmare.

Cientos de familiares agrupados en Marea de Residencias presentaron directamente querellas en los tribunales de la Comunidad. Su relato sobre la actuación de los fiscales en dichos procedimientos es demoledora: no han solicitado ningún tipo de diligencias de investigación, muchas veces ni siquiera han acudido cuando hay declaraciones u otro tipo de actuaciones en los juzgados, y si acuden mantienen una actitud pasiva. Una actitud, añaden, que ha empezado a cambiar en los dos últimos meses, después de un decreto dictado por el fiscal general en octubre del año pasado pidiendo que se escuchase a las víctimas. Claro que ese cambio llega tarde en la mayoría de los procedimientos, que ya están archivados.

No es sólo una percepción que tengan los familiares de las víctimas. Amnistía Internacional, en un informe de enero de 2022, lo resumió así: “La mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias”. Como consecuencia de ello, “no se está garantizando la verdad para las víctimas” y “se está extendiendo la impunidad”. El informe hacía referencia a la actuación de la Fiscalía en toda España, aunque Madrid es la comunidad donde más querellas se han presentado.

Hay decenas y decenas de ejemplos que se pueden poner para respaldar la denuncia de Amnistía Internacional. Sirva uno especialmente significativo. El Ministerio Público defendió cerrar la investigación iniciada tras la presentación de dos querellas por parte de los familiares de 29 personas fallecidas en cuatro residencias de Leganés. Y lo hizo mediante un escrito, desvelado por infoLibre, de apenas tres folios de extensión y en el que la fiscal Raquel Fernández Alonso obvia por completo el elemento central que denuncian los familiares: que los mayores que caían enfermos no eran trasladados a los hospitales como consecuencia del Protocolo aprobado por el Gobierno Ayuso.

Ningún fiscal ha considerado tampoco necesario interrogar a Carlos Mur o a Alberto Reyero. Y eso que, en el caso del exconsejero, el Ministerio Público prometió lo contrario. En enero de 2021, este periódico publicó las cartas que Reyero envió en plena primera ola de la pandemia al consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– reclamando que se adoptaran medidas para impedir que miles de mayores muriesen en los geriátricos sin recibir asistencia médica adecuada. Peticiones de Reyero que fueron desatendidas. Pues bien, cuando se publicó esa información, la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, afirmó lo siguiente al ser preguntada en una rueda de prensa por las cartas del consejero: “Todas y cada una de las denuncias van a ser objeto de la oportuna investigación. No tenga ninguna duda de que se va a investigar hasta sus últimas consecuencias”. Nunca más se supo.

Pero si hay algo que ejemplifica la actuación del Ministerio Público es lo ocurrido con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. En la Memoria anual correspondiente a 2020, Lastra llegó a incluir tres falsedades flagrantes: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que restringía el traslado al hospital de residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones, afirma que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados” y asegura que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole”. Todos los datos que se conocen sobre esos tres hechos desmienten a la fiscal.

Eso en cuanto a mentiras evidentes. Luego están las omisiones por parte del Ministerio Público. Almudena Lastra achicó el campo de la investigación de forma tan exagerada, que al final se centró únicamente en la actuación de los directores o del personal médico de los geriátricos una vez que un residente se había contagiado. Cualquier decisión adoptada desde el poder político ha sido obviada a la hora de investigar. A la vista de estos hechos, infoLibre envió a la fiscal 38 preguntas para que pudiera aclarar su versión. No contestó a ninguna.

Lógicamente, el Gobierno de Ayuso se ha apoyado en la Memoria con falsedades de Lastra para exculparse. "La Fiscalía ha hablado y ha establecido que nunca hubo un Protocolo que impidiera la derivación de mayores de las residencias a los hospitales", aseguró por ejemplo Enrique López, consejero de Justicia, en octubre de 2022. Es sólo un ejemplo, hay múltiples declaraciones similares de dirigentes del PP madrileño.

La respuesta política en este asunto lo marcó la propia Isabel Díaz Ayuso pocas horas después de que infoLibre desvelara el contenido exacto del Protocolo. El 28 de mayo de 2020, el portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, se interesó por la noticia: "Nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su Gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencias de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid". Ayuso respondió con estas trece palabras: "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo".

Durante años, Ayuso y sus colaboradores han repetido la falsa teoría del borrador. El Protocolo está firmado digitalmente por el director de Coordinación Sociosanitaria, se envió con instrucciones para su aplicación a decenas de altos cargos y a responsables de los hospitales de la Comunidad, hay cientos de comunicaciones de personal de las residencias con familiares haciendo referencia al documento. En la comisión de investigación que estuvo abierta unos meses en la Asamblea de Madrid, el propio Carlos Mur confesó que el Protocolo no era un borrador y una directora de un centro de Amavir señaló que lo había recibido y que el hospital rechazó a sus enfermos durante 27 días. Pues bien, casi tres años después, Ayuso sigue sin confesar la verdad ni pedir disculpas por mentir primero en la Asamblea y luego reiteradamente en declaraciones públicas.

La segunda gran mentira del Gobierno de Ayuso fue asegurar que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales durante la primera ola de la pandemia. De nuevo, hay múltiples declaraciones de políticos del PP y de fake news en medios subvencionados por el Gobierno madrileño, repitiendo esa falsedad. En una fecha tan temprana como el 29 de abril de 2020, la propia Ayuso ya aseguró lo siguiente en la Asamblea de Madrid: “¿Qué ha hecho el gran Pablo Iglesias? ¡Salir corriendo! El que tenía el mando único, el que iba a destinar 300 millones de euros a las residencias, ¿dónde está? ¡En la suya!, ¡en casita!; eso sí, sin protegerse, ¡pero en la suya!”. Lo cierto es que Iglesias nunca tuvo “el mando único” y las competencias sobre las residencias siempre fueron de las comunidades autónomas.

La teoría del borrador y la del mando único de Iglesias son las mentiras más repetidas desde el Gobierno de Ayuso. Pero no las únicas. Otras comunes han sido afirmar que en todas las comunidades autónomas se actuó igual que en Madrid o que los 7.291 residentes hubieran fallecido igual si los hubieran trasladado a tiempo a un hospital, en contra de la evidencia que muestra un desplome de las muertes en cuanto se reanudaron las derivaciones.

Además de las mentiras, llama también la atención la falta de empatía de los dirigentes madrileños con las víctimas y sus familiares. En tres años, Ayuso no se ha reunido con ninguna de las tres asociaciones que las representan. Consejeros como Enrique Ossorio directamente han humillado a esos familiares afirmando que ya habían “superado” las muertes de sus seres queridos. Y es habitual que, cuando la oposición pide que se investigue lo ocurrido, desde el PP les acusen de “politizar el dolor” de los familiares. La verdad es que no se conocen declaraciones de familiares pidiendo que se deje de hablar del tema, pero sí hay decenas de testimonios denunciando que lo que les provoca dolor es que no se investigue o se mienta desde el poder político.

El PP, en fin, enterró en cuanto pudo –con la ayuda de Vox­– la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid. La actual legislatura se inició tras las elecciones del 4 de mayo de 2021. Una de las primeras iniciativas de la oposición fue pedir que se reactivase la comisión de investigación sobre las residencias, que estaba funcionando antes del adelanto electoral. El PP y Vox lo rechazaron. Eso ocurrió el 16 de julio, a los pocos días de constituirse la Asamblea. Los familiares lo consideraron “una puñalada trapera a las víctimas”.

Alberto Reyero no llegó a declarar en esa comisión, pero sí lo hizo Carlos Mur. Pese a que tenía la obligación legal de decir la verdad, mintió en varios asuntos, como demostró documentalmente infoLibre. El próximo 23 de marzo, ambos declararán como testigos ante el magistrado Arturo Zamarriego. Los familiares de las víctimas mantienen la esperanza y casi no se pueden creer que, con tres años de retraso, haya aparecido al fin un magistrado interesado en interrogarlos.

El lema, si fuese cierto, no podría ser más acertado: “Mi residencia es mi casa”. El problema es que la campaña publicitaria se refiere a los geriátricos de Madrid, donde se vivió una verdadera hecatombe al inicio de la pandemia y donde tres años después son constantes las quejas de familiares y residentes por la situación de desatención que padecen. En ese contexto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha considerado oportuno lanzar una campaña de propaganda que tendrá un coste de 917.821 euros, según los documentos oficiales de la Comunidad de Madrid a los que ha tenido acceso infoLibre.

El Gobierno regional describe su campaña publicitaria en los siguientes términos: “Mi residencia es mi casa muestra los testimonios de personas mayores residentes en centros de la Comunidad de Madrid, que narran cómo sus experiencias, actividades y relaciones sociales han convertido a estas instalaciones en sus hogares generando unos vínculos que refuerzan su autoestima y les ayudan a combatir los efectos perniciosos de la soledad no deseada”. Además, el Ejecutivo de Ayuso sostiene que busca “poner en valor la importancia de la atención especializada que reciben los mayores por parte de los profesionales de los centros para garantizar su bienestar físico y emocional”. La operación propagandística se lanzó el 6 de marzo y se prolongará hasta finales de este mes.

Un portavoz oficial del Gobierno madrileño confirmó los datos sobre el coste de la iniciativa, pero no quiso aclarar a preguntas de este periódico cuál es la justificación para destinar 917.821 euros a una campaña de publicidad y no a inversiones para mejorar la situación actual en las residencias.

La Consejería de Presidencia, cuyo titular es Enrique López, autorizó el pasado 14 de febrero un gasto de 17.908 euros para contratar a la empresa Darwin & Verne los trabajos de creatividad de la campaña. A preguntas de infoLibre, el portavoz del Gobierno regional confirmó que dicho contrato “se hizo mediante una adjudicación directa, tal y como está prevista en la Ley de Contratos del Sector público”. Una adjudicación directa es lo que se conoce como un contrato a dedo.

“La idea creativa y la producción de los vídeos se realizaron con medios propios mientras que para los gastos que se generaron (grabación de cuñas, necesidades de producción (un sofá), fotografía, diseño de cartel y adaptaciones a los medios se adjudicó mediante un contrato menor a la agencia Darwin”, indicó el portavoz, quien también destacó que “esta campaña se hace con testimonios reales, no intervienen actores, solo personas reales que cuentan su experiencia vital en cada una de sus residencias”.

Un par de semanas después, el 1 de marzo, la Consejería de Familia que dirige Concepción Dancausa adjudicó el contrato para comprar los espacios publicitarios a la empresa Irismedia. Se trata de dos lotes: uno por importe de 494.913 euros para prensa, radio y televisión, y otro de 404.999 euros para medios online. En total, 899.912 euros.

El contrato de la campaña sobre las residencias de mayores forma parte del acuerdo marco que el Gobierno de Ayuso firmó con Irismedia, a finales de 2022, para dedicar 27,5 millones de euros a publicidad institucional en doce meses.

Más allá de operaciones propagandísticas, lo cierto es que las residencias de Madrid llevan tres años en el ojo del huracán.

Durante la primera ola de la pandemia vivieron una auténtica hecatombe. El Gobierno de Ayuso aprobó, el 18 de marzo de 2020, un Protocolo que impedía trasladar a los hospitales a las personas mayores que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física –que iban por ejemplo en silla de ruedas­– o que sufrían un deterioro cognitivo importante. El Protocolo afectaba tanto a personas con covid como a pacientes con otras patologías.

El resultado fue que, en marzo y abril de 2020, murieron en las residencias madrileñas 7.291 mayores sin recibir atención hospitalaria. Los geriátricos tampoco fueron medicalizados, como anunció entonces el Gobierno regional que se haría de inmediato. En aquellos dos meses perdieron la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en el propio centro donde vivían.

El final de la crisis sanitaria no ha supuesto el final de las críticas por el funcionamiento de las residencias madrileñas. De hecho, existe mayor conciencia de la realidad, lo que ha multiplicado las denuncias públicas. En julio de 2022, por ejemplo, familiares y residentes denunciaron la falta de personal, la mala comida y el calor en el centro de Peñuelas, titularidad del Gobierno regional aunque gestionado por la empresa Aralia. Uno de los residentes, Tomás Plaza, de 82 años, dio la cara con un testimonio contundente: “Aquí existe un maltrato en el sentido de que mi mujer es capaz de tirarse una hora y pico llena de caca hasta las narices y cuando localizas a la auxiliar dice que está llevando a los que van a comer en el segundo turno y que eso es más importante. Mi mujer, por culpa de cosas como esta, estuvo ingresada en la UCI con una infección de orina".

Unas semanas antes se había producido una concentración delante del Centro Alzheimer Reina Sofía, gestionado por Mensajeros de la Paz, la asociación que dirige el sacerdote conocido como Padre Ángel. El actor y director Tristán Ulloa, cuya madre reside en dicho centro, leyó un manifiesto. La principal queja de los familiares era la falta de personal. Nueve meses después, el pasado 10 de marzo, la Comunidad de Madrid anunció que rompía el contrato con Mensajeros de la Paz ante las “incidencias” detectadas.

En el centro de gestión pública Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares, son constantes las quejas de empleados y familiares. La representante de las trabajadoras calificó en febrero de “insostenible” la situación y exigió que se cubran las bajas de cerca de un 25% de la plantilla. La portavoz de los familiares de residentes denunció el "empeoramiento" de las condiciones de vida de los ancianos en el último año y destacó especialmente la falta de aseo: "con suerte", tres duchas a la semana.

Son solo algunos ejemplos del malestar con la situación de las residencias madrileñas. No hace falta decir que ninguno de esos casos se mencionan en la campaña propagandística del Gobierno Ayuso. Una campaña que se ha tragado 917.821 euros de dinero público.

La simple lectura de los títulos de las conferencias impresiona y da miedo al mismo tiempo: herramientas para hackear aplicaciones como Telegram o WhatsApp, móviles Android y los sistemas operativos Windows y MacOS; sistemas para tomar el control de móviles y portátiles de forma invisible; tecnología para el “control de masas”… Es solo una muestra del catálogo de presentaciones realizadas por la empresa española Mollitiam Industries, los tres últimos años, en los congresos ISS World celebrados en Praga, Dubai y Panamá. Dichos eventos se presentan como el “mayor encuentro mundial de analistas de las fuerzas del orden, los servicios de inteligencia y la seguridad nacional” responsables de “la investigación de la ciberdelincuencia, la vigilancia electrónica y la recopilación de información”.

Uno de los productos estrella comercializado por Mollitiam es la plataforma Phoenix. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos) y que firma entre otros uno de los socios de la compañía, se afirma lo siguiente: “Como parte de la plataforma Phoenix que está desarrollando Mollitiam Industries para la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional, hemos creado un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. ¿Pero quién es un radical? ¿Un obrero de ideología anticapitalista o un rey adicto al fraude fiscal?

La respuesta, obviamente, la decide quien maneja la plataforma. Y eso deja abierta una puerta por la que se pueden colar todo tipo de abusos. Mollitiam Industries ya estuvo en el centro de un escándalo desvelado en 2020 por la revista colombiana Semana, conocido allí como carpetas secretas: un centenar de periodistas y activistas fueron espiados de forma ilegal por el Ejército. Reporteros sin Fronteras incluyó aquel año a la empresa española entre los veinte depredadores digitales de la libertad de prensa. Las empresas de ciberinteligencia que fabrican software espía invasivo, como la israelí NSO Group (en el centro del escándalo conocido como caso Pegasus), la italiana Hacking Team y la alemana FinFisher reciben regularmente acusaciones de activistas en favor de los derechos humanos por facilitar herramientas que regímenes represivos utilizan contra ciudadanos a los que tienen en su diana.

Ahora, una nueva filtración de correos internos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, muestra su interés por adquirir herramientas que le permitan “estar a la vanguardia” para identificar amenazas en redes sociales. Unas herramientas que desarrolla la industria de la vigilancia masiva en Internet. Pues bien, una de las siete empresas contactadas por las Fuerzas Militares colombianas para adquirir ese tipo de tecnología fue de nuevo la española Mollitiam Industries [puedes leer aquí una información detallada sobre este tema].

La filtración de correos ha sido obtenida por el colectivo de hackers Guacamaya y analizada por diversos medios internacionales, entre ellos infoLibre, en un proyecto periodístico coordinado por el consorcio Forbidden Stories.

Pero, ¿quién está detrás de Mollitiam Industries? Se podría argumentar que esta empresa es un ejemplo de vino nuevo en odres viejos. La compañía fue constituida en Toledo hace menos de cinco años, en mayo de 2018, pero sus creadores llevan muchos años en el campo de la ciberinteligencia. Los socios mayoritarios son los hermanos Esther y Samuel Álvarez González, quienes en 2007 crearon el Grupo In-Nova para trabajar en el sector, y el otro accionista principal es Antonio Ramos Varón, personaje con cierta proyección pública porque fue presentador de un programa de televisión llamado Mundo Hacker, emitido en 2013 en Discovery Max y en 2016 en TVE. También se ha difundido en Canal 13 de Colombia. Los hermanos Álvarez controlaban a finales de 2021 el 45% de la compañía a través de la sociedad Time to Change SL, mientras que Ramos disponía en la misma fecha del 35% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez es la presidenta de Mollitiam.

En sus pocos años de existencia, llaman la atención dos cuestiones: el apoyo económico recibido de fondos de inversión y la importante cantidad de dinero público que financia sus proyectos.

Entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial del cuarto banco de España para invertir en proyectos de emprendedores en su fase inicial; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo que agrupa dinero de algunos de los principales empresarios asturianos.

infoLibre se dirigió a las tres entidades para saber qué porcentaje del capital de Mollitiam mantienen en la actualidad, preguntar si eran conocedores de que alguno de los productos comercializados por esta empresa se han utilizado para espiar a periodistas al menos en Colombia y conocer si este tipo de tecnología para el espionaje masivo choca con posibles políticas éticas o corporativas que deban tener en cuenta a la hora de seleccionar sus proyectos de inversión.

La única de las tres que respondió fue Sabadell Venture Capital. Un portavoz explicó que la entrada en el accionariado de Mollitiam se produjo en diciembre de 2020 y que en la actualidad ostenta un 6,8% del capital. “No tenemos ningún tipo de control, no somos consejeros y nuestra inversión es puramente financiera”, destacó, motivo por el que añadió que Sabadell Venture Capital no había tenido conocimiento del escándalo de espionaje a periodistas en Colombia. Por último, en cuanto a la política de inversión, dicho portavoz señaló que al comercializar Mollitiam productos de ciberinteligencia, “la venta de este software debe tener la validación de la Secretaría de Estado de Comercio”.

Easo Ventures y Torsa Capital optaron por la opacidad absoluta, al no responder a ninguna de las preguntas de infoLibre. En el caso del fondo vasco, uno de sus ejecutivos –Jon Blázquez– fue nombrado consejero de Mollitiam Industries en diciembre de 2020, de forma que está directamente implicado en la gestión de la compañía.

Más allá de preocupaciones éticas por los productos que comercializa Mollitiam Industries, lo que está fuera de toda duda es la intención de los inversores en la compañía de hacer el mayor negocio posible. En el acuerdo de diciembre de 2020, cuando entraron en el capital de la empresa Sabadell Venture Capital y Easo Ventures, incluyeron una cláusula por la que podrían forzar la venta de la sociedad si recibían “una oferta igual o superior a 26 millones de euros”, transcurridos dos años desde aquella fecha. Las expectativas de dar un pelotazo eran altas.

Entre 2019 y 2021, Mollitiam facturó una media anual de 1,12 millones de euros. El número medio de empleados fue de 24 durante 2021, último año cuyas cuentas figuran depositadas en el Registro Mercantil.

Luego están los fondos públicos que subvencionan todos los proyectos importantes de Mollitiam Industries. Dinero europeo, dinero español y dinero de Castilla-La Mancha, donde tiene su sede la compañía.

El proyecto Phoenix, por ejemplo, contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –por medio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)– y por el Gobierno español, a través del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación). La subvención le fue concedida en 2019, la duración del proyecto era de dos años y el objetivo fue crear una plataforma que logre el análisis de la información y el tratamiento de grandes volúmenes de datos (big data) obtenidos a partir de fuentes abiertas. Es la herramienta que, según sus creadores, sirve “para la detección de posibles radicales en las redes sociales”.

La implicación del Gobierno español no se limita a este proyecto estrella. El CDTI destinó 450.000 euros, en mayo de 2021, para invertir directamente en Mollitiam. En la operación también coinvirtió el fondo vasco Easo Ventures. En la nota de prensa donde informó sobre esta apuesta, el CDTI definió así la actividad de la empresa: “Desarrolla tecnología software y servicios especializados en el área de la ciberinteligencia con un triple enfoque: automatizar los procesos para captar, analizar y transformar en inteligencia la información disponible en las redes sociales incluida la Darknet; interceptación de comunicaciones; y detección de potenciales vulnerabilidades ante posibles ciberataques en las redes IT y con el objetivo de mejorar la ciberresiliencia”.

El CDTI, por otra parte, entregó otros 410.394 euros a la compañía en subvenciones a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2021 de Mollitiam.

La entrada de dinero público en la caja de la sociedad no se detiene ahí. Una subvención de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel “de resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a cibertataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía FEDER, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones entregaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma OSINT de inteligencia artificial”. OSINT se refiere a inteligencia de fuentes abiertas (Open Source Intelligence por sus siglas en inglés).

El Gobierno regional de Emiliano García-Page le otorgó además una subvención de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión.

En total, más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes para ayudar a Mollitiam Industries a desarrollar sistemas de ciberespionaje que permiten, por ejemplo, interceptar comunicaciones o perfilar a usuarios de redes sociales.

Los clientes principales de una empresa como Mollitiam son servicios de inteligencia, fuerzas militares y aparatos policiales, aunque el negocio también es creciente en el ámbito empresarial.

Como informó en su día El Salto, la Guardia Civil adquirió a Mollitiam Industries un “sistema de monitorización remota de comunicaciones de terminales móviles”, destinado a la UCO (Unidad Central Operativa). La adjudicación del contrato se produjo en diciembre de 2019 y el coste ascendió a 302.500 euros. Un año antes, en octubre de 2020, la Guardia Civil ya le había comprado una “herramienta de monitorización de redes sociales”, por un importe de 18.059 euros.

En el ámbito internacional, Mollitiam Industries cerró al menos dos contratos en Colombia. El ya mencionado con el Ejército, que se desarrolló entre 2019 y 2022 y que estuvo en el centro del escándalo carpetas secretas. En marzo del año pasado, la compañía obtuvo la licencia para la transferencia de material de defensa y doble uso, expedida por la Secretaría de Estado de Comercio española. Con ese permiso, Mollitiam puso a disposición del Ejército colombiano la tecnología, aunque hasta 2024 seguirá prestando actuaciones de soporte y mantenimiento.

Además, en 2021y 2022, trabajó para la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional en un proyecto conjunto con la empresa colombiana Newsat. Mollitiam Industries aportó el software OSINT y dispone del 40% del capital de la unión temporal de empresas constituida en el país sudamericano y denominada Phoenix. La licencia para transferir el material a la Policía Nacional colombiana se concedió por parte del Gobierno español en enero de 2022 y la compañía española prestará actividades de mantenimiento hasta finales de 2026.

Como se indicó con anterioridad, aunque Mollitiam Industries es una empresa joven que aún no ha cumplido cinco años, sus principales accionistas llevan años trabajando en el sector y comercializando productos similares, especialmente en el caso del Grupo In-Nova, de los hermanos Esther y Samuel Álvarez González.

En la Plataforma de Contratación del Estado aparecen cuatro adjudicaciones del Ministerio de Defensa español a In-Nova, entre 2018 y 2022, por un importe total de 134.950 euros. Buena parte de ese dinero se destinó a adquirir un “prototipo sistema interceptador” para el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.

Con anterioridad, en 2015, se publicó que el Ministerio de Defensa había concedido a In-Nova el desarrollo del prototipo nacional de una red de comunicaciones tácticas impulsado por varios países de la OTAN.

Fuera de España, el propio Samuel Álvarez admitió públicamente que su empresa había trabajado con el Ejército de Brasil antes de los Juegos Olímpicos de Río de 2016 para formar a un grupo de élite especializado en luchar contra el cibercrimen.

Pero de nuevo es Colombia donde más clientes tiene la compañía de los hermanos Álvarez, hasta el punto de que decidieron crear la empresa In-Nova Colombia SAS, que tiene por ejemplo un proyecto de consultoría con el Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército (COATE). En 2016, In-Nova participó en un proyecto de cooperación tecnológica entre España y Colombia para la transferencia de conocimiento en relación a los sistemas autónomos de navegación y plataformas aéreas, con aplicación a vehículos aéreos no tripulados (UAVs), que estuvo dirigido a oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas.

Los tentáculos de In-Nova en Colombia no se quedan en el ámbito militar o policial, sino que se extienden hasta la Fiscalía General de dicho país. Un equipo de dicha empresa realizó, a principios de febrero de 2022, una “demostración de equipos” en la Sección de Control Telemático de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación. Entre las personas a las que se autorizó la entrada a las instalaciones de la Fiscalía General estaba Samuel Álvarez.

La conexión sudamericana de In-Nova viene de lejos. Hace ya más de una década, en 2011, Esther Álvarez participó en unas jornadas del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia como representante de In-Nova. En 2012 es posible rastrear a la empresaria española en Perú y ese mismo año la Fundación In-Nova firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) peruano. En 2014 viajó a Ecuador, donde expuso sus conocimientos sobre ciberdefensa. Cuatro años después, In-Nova figuraba como habilitada en el Registro de Proveedores de Bienes Estratégicos del Gobierno ecuatoriano.

La otra empresa que, junto al Grupo In-Nova, está en el origen de Mollitiam también recibió adjudicaciones públicas en España, relacionadas en su caso con temas de formación. Stack Overflow SL, cuyo accionista único es Antonio Ramos, obtuvo cuatro contratos del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, entre 2015 y 2018, por un importe total de 55.122 euros. También logró en 2017 un contrato menor del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Que Mollitiam Industries es vino nuevo en los odres viejos de In-Nova no solo lo prueba la identidad entre las personas que lideran ambas compañías, sino también los productos que comercializan.

A principios de 2017, más de un año antes de la constitución de Mollitiam, In-Nova participó en Homsec, una feria internacional que reúne en Madrid a vendedores y compradores del sector de la defensa y la seguridad nacional. Lo hizo, por cierto, gracias a su colaboración con Escribrano Mechanical Engineering, uno de los gigantes españoles de la industria militar. En aquella reunión, según relató en detalle la prensa especializada, Samuel Álvarez, “mostró un equipo portátil del tipo tablet al que se le había conectado un dispositivo hardware o ‘sonda’ con el que se realizó un rastreo de las comunicaciones y dispositivos inalámbricos que se encontraban en la feria, mostrando los diferentes niveles de seguridad en función de las configuraciones y vulnerabilidades detectadas. […] Como nos demostró Samuel Álvarez, la sonda, altamente portátil, cómoda y de sencillo manejo, permite rastrear el entorno, explorar las diferentes redes inalámbricas, tanto visibles como ocultas, así como explorar todos los dispositivos en un entorno cercano (varias decenas de metros), logrando información sobre éstos sin necesidad de interceptarlos. Por otro lado, y dentro del modo ‘misión’, de una forma sencilla de operar, se pueden construir operaciones de interceptación y captura de información de los dispositivos seleccionados”.

Una descripción de las capacidades de un dispositivo de espionaje invisible que recuerda a las que a partir de 2018 empezará a vender Mollitiam Industries en los grandes eventos internacionales, como las conferencias ISS World. Y unas herramientas que perfeccionará gracias al dinero público que empezó a entrar en la compañía poco después de constituirse.

En octubre de 2019, cuando apenas tenía año y medio de vida, Mollitiam Industries ya realizó en el congreso ISS World celebrado en Panamá tres demostraciones, según consta en el folleto informativo de aquel evento: una sobre “el control invisible de smartphones Android y Google Clouds”, otra sobre “el control invisible de sistemas Windows/MacOS” y una tercera sobre “una demostración real: de Telegram a la Darknet y ciber herramientas activas para neutralizar los objetivos”.

En enero de 2020, la revista colombiana Semana puso por primera vez en el mapa informativo a Mollitiam Industries, como empresa proveedora del software de espionaje utilizado de forma irregular por el Ejército. Y, en junio de 2021, la revista Wired tuvo acceso a materiales de marketing de la compañía donde promocionaba herramientas capaces de la "interceptación anónima y el control remoto e invisible de objetivos conectados a Internet", diseñadas para quienes desean "investigar objetivos en operaciones tácticas".

Mollitiam presumía en ese material de que sus productos, apodados "Invisible Man" (Hombre invisible) y "Night Crawler" (Rastreador nocturno), eran capaces de acceder de forma remota a la ubicación y los archivos de un objetivo y de encender de forma encubierta la cámara y el micrófono de un dispositivo. Además, aseguraba que su software espía está equipado con un registrador de pulsaciones de teclas, de forma que todo lo que se escribe en un aparato infectado puede ser rastreado, desde contraseñas a mensajes cifrados. La compañía también tenía en venta una herramienta para la "vigilancia masiva de perfiles e identidades digitales" en las redes sociales y la web oscura.

Antonio Ramos, uno de los principales socios y ejecutivos de Mollitiam Industries y conocido por su pasado como presentador de Mundo Hacker, acudió en abril de 2019 a La Resistencia de David Broncano. En el tono desenfadado propio del programa presumió de trabajar para los Ministerios de Defensa de distintos países, que no identificó pero que “siempre son países amigos de Occidente”, y aseguró que había recibido una medalla blanca al mérito policial por ayudar a desarticular una red de pederastas. En otras intervenciones públicas, afirmó que había sido asesor internacional para la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington y se presentó así: “Soy un hacker, lidero un grupo de hackers internacionales y hackeamos cosas para hacer la vida digital tanto de los ciudadanos como de las organizaciones más segura”. Es improbable que las víctimas del uso irregular que autoridades represoras hacen del software espía invasivo que comercializa Mollitiam Industries compartan esa definición.

El Gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán, se niega a publicar datos clave sobre fallecidos en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia. En una orden firmada por la consejera de Sanidad, Sira Repollés, rechaza la solicitud de acceso a información pública realizada por infoLibre, que entre otros datos pedía conocer el número de muertes desglosado por centros.

En su resolución, fechada el pasado 25 de enero, el Ejecutivo aragonés basa su negativa básicamente en dos argumentos: la mala de calidad de los datos que obran en su poder, lo que en su opinión conlleva que la información no sea “útil”.

La información de la que se disponía durante la primera ola de la pandemia, indica Sanidad, “desde un punto de vista epidemiológico no era completa y exhaustiva, sino aproximada y sólo válida para poder tener una idea de la magnitud de la afectación y su evolución”.

El Gobierno de Lambán dibuja en su resolución un sistema lleno de lagunas: “No siempre fue posible registrar la información de una manera estandarizada, reproducible y comparable, debido a la presión por establecer medidas de prevención y control. También es posible que hubiera casos en que la afectación por Covid pasara más o menos desapercibida confundiéndose con otros problemas de salud y que no se solicitara intervención, con lo que es posible que la información disponible no sea exhaustiva”.

Por todo ello, el Ejecutivo aragonés entiende que basta con ofrecer datos globales, pero no desglosados por residencias: “No se consideró que los datos a nivel desagregado dieran información útil, ni a nivel interno ni de cara a la petición de información. Tampoco tenía sentido intentar recuperarlos, revisarlos y actualizarlos a posteriori con las nuevas exigencias que fueron surgiendo en la pandemia. A todos los efectos se consideraba que no había datos exactos para cada residencia individual, y que la información disponible daba sólo una aproximación a la situación, tanto a su magnitud como a la evolución”.

Sanidad sostiene que esa información global “da suficiente idea de la situación epidemiológica de la afectación por Covid 19 en el período considerado”, y realiza afirmaciones ciertamente peculiares, como la siguiente: “Los datos individuales de cada residencia no tienen valor a nivel individual”.

La orden del Gobierno de Lambán no fundamenta su negativa a facilitar los datos ni en los límites al derecho de acceso a información pública, ni en las causas de inadmisión de solicitudes, recogidos ambos en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. infoLibre presentó su solicitud al amparo de esta ley.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece con claridad que la negativa a ofrecer información sólo puede justificarse en alguno de los supuestos contemplados en la ley –límites o causas de inadmisión–, que en todo caso se deben “interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva”.

Lo que no contempla en ningún caso la Ley 19/2013 como posibilidad para negar el acceso a información pública es que la Administración decida que no la facilita porque no es “útil” conocerla.

En la orden de Sanidad se ofrecen únicamente los datos globales que ya hizo públicos en su primera orden, el 25 de junio de 2020: entre el 1 de marzo y el 30 de abril de aquel año, fallecieron con covid confirmado o síntomas compatibles 589 personas que vivían en residencias de la región. El número de contagios ascendió a 2.390, incluyendo tanto a residentes como trabajadores. En ese periodo se investigó la presencia del virus en 124 centros. Por último, Sanidad afirma que desconoce si los residentes fallecieron en el hospital o en el propio centro.

En los primeros días de mayo de 2020, infoLibre planteó idéntica solicitud de acceso a información pública a los dieciséis Gobiernos autonómicos y las tres diputaciones forales vascas con competencias en materia de residencias. Un año después, todos los Gobiernos salvo el de Aragón habían resuelto la solicitud. En 15 casos facilitaron los datos –la mayoría tras resoluciones de los órganos de Transparencia ordenando que así se hiciese–, mientras que en Asturias, Galicia y Castilla y León el tema terminó en los tribunales.

Más allá de la decisión sobre el fondo del asunto, todo el procedimiento administrativo en Aragón ha sido una suma de incompetencia, retrasos y desobediencia por parte de la Administración autonómica.

Primero, el Gobierno de Lambán dictó una resolución sin motivarla. Por la vía de hecho, decidió conceder un “acceso parcial” a los datos, que consistía en dar cifras globales y no desglosadas. Una actuación que ya le afeó en un día el Consejo de Transparencia de Aragón: “No se motiva el acceso parcial concedido, como exige con claridad el artículo 20.2 de la Ley 19/2013; acceso parcial que solo puede basarse en la concurrencia de alguno de los límites recogidos en los artículos 14 y 15, o en una causa de inadmisión de las previstas en el artículo 18 de la legislación básica de transparencia”.

Segundo, el Gobierno de Lambán alegó ante el Consejo de Transparencia una causa de inadmisión que había ocultado en su resolución inicial. Dicho órgano, tras recibir la reclamación de infoLibre, pidió al Ejecutivo autonómico que “informara acerca de los fundamentos de la decisión adoptada y realizara las alegaciones oportunas”. El Departamento de Sanidad respondió que no había facilitado la información porque “dichos datos no se encuentran trasladados a ninguna base de datos con referencia singularizada para cada residencia”, de forma que “dicha tarea de singularización exigiría una acción previa de reelaboración, recogida como causa de inadmisión de la solicitud” tanto en la ley estatal como autonómica sobre Transparencia.

Una respuesta que tampoco pasó desapercibida en el Consejo de Transparencia, puesto que cualquier límite al derecho de acceso debe alegarse como fundamento de la resolución denegatoria, y no en el marco de la reclamación presentada por el solicitante. Ese defecto, según la doctrina, es motivo suficiente para no entrar ni siquiera a analizar la concurrencia o no de la causa de inadmisión alegada por la Administración. Lo cierto es que ni en la primera y defectuosa orden de Repollés del 25 de junio de 2020, ni en la segunda y definitiva orden de la consejera de 25 de enero de 2023 se hace mención alguna a dicha causa de inadmisión.

Tercero, el Gobierno de Lambán incumplió su obligación de dar un trámite de audiencia a las empresas titulares de las residencias, antes de dictar la resolución sobre la solicitud realizada por infoLibre. El objetivo de dicho trámite era permitir que presentasen las alegaciones oportunas, en caso de que considerasen que la publicidad de los datos podía afectar a sus derechos o intereses. La falta de audiencia es un grave defecto formal y el Consejo de Transparencia le ordenó al Ejecutivo aragonés que lo realizase.

En definitiva, tras recibir la solicitud de acceso a la información de infoLibre, la Administración regional sólo tenía que hacer dos cosas: abrir un trámite de audiencia y dictar una resolución motivada. El Gobierno de Lambán hizo todo al revés: no dio trámite de audiencia a las residencias, dictó una resolución sin motivar y alegó ante el Consejo de Transparencia una supuesta causa de inadmisión que había ocultado en su decisión inicial.

Hasta aquí los ejemplos de incompetencia. Pero lo peor estaba aún por llegar.

Tras la decisión inicial de la consejera Repollés de mantener ocultos los datos, infoLibre presentó el 17 de julio de 2020 una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón. Este órgano estuvo más de año y medio sin pronunciarse, hasta el 28 de febrero de 2022. La ley establece un plazo máximo de tres meses para resolver.

Este retraso es un hecho inaudito en España, que no se produce ni en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, ni en ninguno de los órganos equivalentes que existen en diversas comunidades autónomas. La responsabilidad de la situación es, por ley, del Gobierno de Lambán. La normativa autonómica establece que el Consejo de Transparencia “actuará con independencia orgánica y funcional”, pero atribuye al Ejecutivo regional la obligación de poner “a disposición del Consejo los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones”. Dicho órgano se constituyó en mayo de 2016 y casi siete años después continúa sin una estructura de personal propia.

Por último, el Gobierno de Lambán mantuvo una actitud de rebeldía abierta y reiterada para no cumplir con sus obligaciones legales.

En su decisión del 28 de febrero de 2022, el Consejo de Transparencia ordenó al Ejecutivo regional poner en marcha “de forma inmediata” el trámite de audiencia, que como hemos visto se había saltado de forma ilegal. ¿Y qué hizo el Gobierno de Lambán? Incumplir esa orden, dejar pasar el tiempo sin hacer nada. Ante esa actitud de desobediencia, infoLibre presentó el 26 de mayo un escrito ante el Consejo de Transparencia instándole “a adoptar las decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento” de lo que había dictado. A finales de junio, dicho órgano ordenó de nuevo al Gobierno de Lambán que cumpliese con su obligación legal.

Unas semanas antes, el Departamento de Repollés había remitido un informe a Transparencia en el que admitía “la paralización del procedimiento de ejecución” de su resolución del 28 de febrero, “debido a un problema de coordinación y seguimiento interno”. En otras palabras: a la suma de irregularidades cometidas inicialmente, ahora Sanidad añadía su incapacidad para cumplir algo tan elemental como poner en marcha un trámite de audiencia. Prometía, eso sí, solucionar su descoordinación “de manera urgente”.

Lo cierto es que el Gobierno de Lambán se mantuvo instalado en la desobediencia. El ordenamiento jurídico contempla una vía específica para acudir a los tribunales en caso de que una Administración no realice una actuación a la que está obligada: el recurso contencioso por inactividad. La regulación establece que, antes de ir a los juzgados, el ciudadano tiene que presentar una reclamación previa ante la Administración rebelde. Es una forma de darle una última oportunidad para que cumpla. Si no lo hace, dos meses después de presentar la reclamación previa, el ciudadano ya tiene vía libre para presentar el recurso judicial.

El pasado 10 de agosto, infoLibre registró en el Gobierno autonómico la reclamación previa, para que se pusiera en marcha el plazo de dos meses. Ante la perspectiva de un contencioso judicial, el Gobierno de Lambán decidió por fin cumplir con lo ordenado por el Consejo de Transparencia. El 8 de septiembre puso en marcha el trámite de audiencia a los titulares de las residencias. En la orden de Repollés se explica que “se han recibido 81 escritos de centros residenciales en los que se proporciona algún tipo de información, y 86 escritos de oposición”.

De las 19 Administraciones a las que infoLibre solicitó los datos a principios de mayo de 2020, han facilitado la información 17. Las únicas excepciones son Asturias y Aragón.

En Aragón, la orden dictada por la consejera Repollés pone fin a la vía administrativa, después de casi 33 meses. Para poner esta cifra en contexto baste decir que en todas las demás comunidades la fase administrativa terminó como muy tarde en la primavera de 2021. Tras la decisión del Gobierno de Lambán de mantener oculta la información, este periódico puede reclamar de nuevo ante el Consejo de Transparencia o interponer directamente un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Para esto último tiene un plazo de dos meses.

En tres comunidades ya se han pronunciado los tribunales: Asturias, Galicia y Castilla y León.

El TSJ de Asturias falló en contra del acceso a la información pública. El Gobierno asturiano, que preside Adrián Barbón (PSOE), hizo públicos los datos de fallecidos por residencias desde el 9 de abril de 2020 en adelante, pero se negó a ofrecer esa misma información del periodo del 1 de marzo al 8 de abril. infoLibre presentó un recurso de casación contra la sentencia del TSJ asturiano, que está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si lo admite o no a trámite.

En Galicia, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo (PP) se opuso inicialmente a hacer públicos los datos. La reclamación de este periódico fue atendida por la Valedora do Pobo y entonces el Gobierno gallego resolvió conceder el acceso a la información, pero esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por DomusVi, el principal grupo geriátrico de España y en cuyos centros se produjo una auténtica hecatombe durante el primer año de la pandemia. El TSXG dictó sentencia el pasado 23 de mayo, ordenando a la Xunta que entregase a infoLibre la información solicitada.

En la misma dirección se pronunció también el TSJ de Castilla y León, que en una sentencia dictada el pasado 28 de septiembre “estimó en su integridad” el recurso contencioso planteado por este periódico tras negarse el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) a entregar la información. En su fallo, el TSJ recuerda que la jurisprudencia del Supremo “obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva” tanto las limitaciones al derecho de acceso a la información pública como las causas de inadmisión de solicitudes, “sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información". Y, en relación con la concreta solicitud de infoLibre, destaca que “concurre un interés público prevalente en la divulgación de la información desagregada”.

La familia francesa Perrodo, dueña de la petrolera Perenco y una de las principales accionistas en la promotora inmobiliaria Kronos Homes, una de las más conocidas en España después de que la rica heredera e influencer Tamara Falcó se convirtiera en su imagen de marca. El multimillonario griego Spiros Latsis, con negocios que van desde el transporte al petróleo o los centros comerciales. Y por supuesto los principales fondos de inversión del mundo, con el gigante Blackstone a la cabeza, que controla más de 20.000 viviendas en España. Todos ellos tienen algo en común: utilizan sociedades en Luxemburgo para canalizar sus inversiones inmobiliarias en Europa.

La elección del Gran Ducado obedece básicamente a razones tributarias. El dinero entra en la UE desde paraísos fiscales sin mayores problemas y, tras invertir en proyectos inmobiliarios de toda Europa, regresa multiplicado a los territorios de baja fiscalidad.

El experto alemán Christoph Trautvetter, miembro de Tax Justice Network y autor de un reciente estudio sobre el papel de Luxemburgo en la ingeniería fiscal que busca reducir a cero la factura fiscal de los grandes capitales, lo explica así: “Los inquilinos de muchos países europeos, especialmente en las ciudades más grandes, están sufriendo la explosión de los precios de la vivienda y el alquiler. Estas explosiones de precios están impulsadas en parte por los inversores profesionales de los mercados financieros mundiales que descubrieron los bienes inmuebles residenciales como una inversión lucrativa. Muchos de ellos canalizan sus beneficios del sector inmobiliario europeo fuera de la UE prácticamente sin pagar impuestos. Para ello, suelen utilizar los pagos de intereses intragrupo canalizados a través de Luxemburgo”.

Pero, ¿cómo funciona esa ingeniería fiscal? Vamos a explicarlo en cinco sencillos pasos, tomando como ejemplo un reciente proyecto inmobiliario de Kronos.

Este reportaje forma parte de una investigación sobre los privilegios fiscales del sector inmobiliario en los países de la UE realizada por el consorcio internacional Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español.

La compañía Kronos utiliza Luxemburgo como base de operaciones para realizar sus inversiones inmobiliarias en España y Portugal.

Luxemburgo sirve como vía de entrada del dinero utilizado en los diversos negocios de Kronos, procedente en su mayoría de paraísos fiscales, y también juega un papel fundamental para reducir el pago de impuestos por los beneficios obtenidos.

Vamos a ver cómo funciona el sistema con un ejemplo: el proyecto H2O, que consistió en la construcción de 252 viviendas, 372 garajes y 18 locales comerciales en la zona del puerto de Badalona, una ciudad a poco más de diez minutos de Barcelona.

Para poner en marcha dicho negocio se constituyó una empresa en Luxemburgo, llamada Barkeno Sàrl, única propietaria de una filial en España denominada Barkeno Developments SLU.

De acuerdo con el Registro Mercantil de Luxemburgo, el 68,04% del capital de Barkeno Sàrl pertenece a cuatro miembros de la familia Perrodo, una de las más ricas de Francia gracias a la empresa petrolífera Perenco, de la que son dueños. Los Perrodo realizaron su inversión desde compañías en Bahamas, que en 2021 fueron trasladadas a Guernsey, una de las islas del canal de la Mancha que funciona como paraíso fiscal.

El resto del accionariado de Barkeno Sàrl pertenece a compañías con sede en Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Guernsey y Suiza, propiedad de los socios de los Perrodo. Todos ellos son territorios de nula o baja fiscalidad.

El proyecto H2O se inició en 2015 y la práctica totalidad de las viviendas, garajes y locales fueron entregados a sus compradores en 2020 y 2021. Estaba previsto que los últimos se vendiesen en 2022.

Barkeno Sàrl fue constituida el 30 de julio de 2015 en Luxemburgo.

En diciembre de 2015, Barkeno Sàrl recibió 15,8 millones de euros procedentes de una compañía de Bahamas, llamada Tchak Limited y que pertenece a la familia Perrodo.

Para recibir ese dinero, Barkeno Sàrl emitió un producto financiero propio de Luxemburgo: certificados de participaciones preferentes convertibles o CPECs por sus siglas en inglés (Convertible Preferred Equity Certificates). Este producto ha sido muy utilizado desde hace años para invertir en sociedades de Luxemburgo desde otros países.

El motivo es que, a efectos fiscales, los CPECs se consideran deuda para la empresa de Luxemburgo que recibe el dinero y fondos propios (equity) para quien lo presta. Eso significa que los intereses que paga la sociedad de Luxemburgo son deducibles fiscalmente y, al mismo tiempo, quien recibe ese dinero en otro país no tiene que declararlo como ingreso financiero.

Ese mismo mes de diciembre de 2015, Barkeno Sárl prestó su vez 15,7 millones a su filial española (Barkeno Developments SLU).

En definitiva, el dinero viajó en pocos días desde Bahamas a España con parada en Luxemburgo.

En los dos años siguientes, 2016 y 2017, Barkeno Sàrl prestó otros 3,3 millones de euros a su filial española. El dinero también llegó a Luxemburgo a través de préstamos de los Perrodo y sus socios en el negocio.

La sociedad española Barkeno Developments SLU recibió, en total, 19 millones en préstamos de su matriz luxemburguesa.

El tipo de interés pactado fue del 8%, un porcentaje desorbitado entre 2015 y 2017, que fue cuando se suscribieron los préstamos.

La mejor prueba la encontramos en la propia sociedad española. Además de recibir 19 millones de su dueña luxemburguesa, recibió un préstamo de 8 millones del Banco Sabadell a finales de 2015, que dos años después se amplió mediante una línea de crédito de 59,4 millones. Pues bien, el tipo inicial pactado con la entidad financiera fue del 3,08%, que se redujo incluso al 2,5% tras la novación en 2017.

En otras palabras, Barkeno Developments SLU estuvo pagando en intereses tres veces más por el dinero que recibió de sus accionistas en Luxemburgo que por el que le prestó el Banco Sabadell en España.

Pero, ¿por qué razón decide una sociedad pagar esos sobrecostes financieros a sus accionistas?

La respuesta es sencilla: para pagar menos impuestos.

A finales de 2020, Barkeno Developments SLU ya había devuelto a su matriz luxemburguesa todo el dinero que le había prestado como principal, además de 5.818.731 euros en pago de intereses.

Si los préstamos se hubiesen firmado al mismo tipo de interés que con el Banco Sabadell, la sociedad española habría pagado 1.995.277 euros en intereses a Barkeno Sàrl.

Por tanto, abonó 3.823.504 euros más por el tipo de interés exorbitante pactado con sus accionistas. Como ese dinero es un gasto para la sociedad española, eso significa que los beneficios de Barkeno Developments SLU se redujeron en esa misma cantidad: 3.823.504 euros. Y dado que en España las sociedades tributan en impuestos el 25% de sus beneficios, la empresa del grupo Kronos redujo su factura fiscal en 955.876 euros gracias a la ingeniería fiscal.

Una portavoz del grupo inmobiliario, a preguntas de Investigate Europe y de infoLibre, negó cualquier irregularidad: “Las tasas de interés utilizadas para los préstamos intragrupo en las estructuras de Kronos vienen definidas por análisis de precios de transferencia, que son actualizadas anualmente por expertos independientes, siguiendo los directrices de la OCDE. Es importante señalar que dichos tipos de interés no pueden ser comparables con los préstamos bancarios, ya que estos normalmente están garantizados hipotecariamente por un activo inmobiliario, mientras que un inversor asume un mayor riesgo ya que su deuda está subordinada y no garantizada, lo que consecuentemente debe implicar una mayor rentabilidad”. Dicha portavoz añadió que “en ningún caso la intención de cualquier transacción de este tipo es incurrir en sobrecostes en nuestras empresas, ya que estas se celebran en condiciones de plena competencia y libre mercado”.

Los periodistas enseñaron las cuentas de Barkeno Developments SLU a un inspector fiscal y a un técnico de Hacienda y ambos son unánimes: los préstamos entre sociedades del grupo tienen que realizarse “por su valor de mercado”, según indica el artículo 18 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Hay hasta cinco métodos para calcular ese valor, pero básicamente se puede afirmar que sólo podría acordarse un tipo de interés del 8% para el préstamo intragrupo si la compañía no tuviese ninguna otra vía para obtener ese dinero a un tipo más bajo. Algo que a priori desmienten las operaciones realizadas por la Barkeno Developments SLU con el Banco Sabadell, que llegó a darle una línea de crédito de 59,4 millones, de los que utilizó menos de 30. “La sociedad española tendría que estar prácticamente en quiebra para pedir entre 2015 y 2017 dinero a un tipo de interés del 8%”, resume el inspector fiscal.

El dinero que llegó a España en 2015, regresará a los paraísos fiscales multiplicado y sin pagar demasiados impuestos, gracias a la estructura societaria cuyo eje se encuentra en Luxemburgo. Ese camino de vuelta del dinero se produce a través de dos vías.

La primera la acabamos de ver: el pago de intereses por los préstamos recibidos de la matriz. En total, casi 5,82 millones de euros, de los que más de 3,82 pueden considerarse beneficio traspasado gracias a los sobrecostes financieros.

La segunda es el abono de dividendos. En 2020 y 2021, la sociedad española pagó por este concepto 12,66 millones a Barkeno Sàrl.

En total, 16,48 millones de beneficio trasladado a Luxemburgo por una sola operación inmobiliaria.

Pero el Gran Ducado no es el destino final del dinero. Exactamente el mismo sistema utilizado por la sociedad española para trasladar sus beneficios a Luxemburgo, es el que utiliza Barkeno Sàrl para mover el dinero hacia las empresas en paraísos fiscales de sus principales accionistas.

En primer lugar, el pago de intereses por los préstamos recibidos. Entre 2015 y 2021, Barkeno Sàrl abonó a las empresas de sus accionistas más de 4,5 millones de euros en intereses y costes financieros.

En segundo lugar, Barkeno Sàrl pagó en 2021 a las empresas de sus accionistas 13,2 millones de euros en dividendos.

Todas esas sociedades están en países considerados paraísos fiscales o territorios de baja tributación. En el caso de los accionistas mayoritarios de Barkeno Sárl, los cuatro miembros de la familia Perrodo, sus sociedades están ahora en Guernsey.

¿Y cuántos impuestos pagó Barkeno Sàrl en Luxemburgo? Entre 2017 y 2021, poco más de 37.000 euros en total, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil del Gran Ducado.

Las grandes cifras del proyecto inmobiliario H2O dan una idea de lo rentable que puede ser el ladrillo: una inversión de poco más de 19 millones generó a los accionistas unos dividendos de 13,2 millones. O, lo que es lo mismo: lograron una rentabilidad del 69%.

Barkeno Developments SLU ingresó 81,5 millones en 2021 por la venta de viviendas, locales y garajes y pagó en total en España 4,5 millones por el impuesto de sociedades (un 5,5% respecto a sus ingresos y un 24% respecto a su beneficio bruto). En cuanto a los 13,2 millones repartidos en dividendos entre los accionistas, no fueron objeto de ningún tipo de retención fiscal ni en España ni en Luxemburgo. Se supone que los impuestos por los dividendos se pagarán cuando lleguen al bolsillo de los inversores (los Perrodo y sus socios), una vez que los distribuyan sus sociedades en paraísos fiscales. Pero sólo se supone porque la opacidad es una de las señas de identidad de esos territorios de nula o escasa tributación.

Las estructuras de evasión u optimización fiscal en Luxemburgo son muy utilizadas por las personas adineradas. Y los préstamos intragrupo son una forma habitual, aunque no la única, de trasladar los beneficios obtenidos en negocios inmobiliarios a lugares con tipos del impuesto de sociedades del 0%. "Al utilizar estructuras híbridas y permitir el anonimato total, se aseguran finalmente de que los inversores (normalmente muy ricos) paguen menos impuestos que un trabajador medio en sus países de origen o incluso evadan por completo los impuestos y el escrutinio", denuncia Christoph Trautvetter en su estudio.

Una publicación de 2019 del Fondo Monetario Internacional (FMI), The Rise of Phantom Invesments (El auge de las inversiones fantasma), destacaba que "según las estadísticas oficiales, Luxemburgo, un país de 600.000 habitantes, acoge tanta inversión extranjera directa (IED) como Estados Unidos y mucha más que China. Los cuatro billones de IED de Luxemburgo equivalen a 6,6 millones de dólares por persona. Una IED de este tamaño no refleja las inversiones de ladrillo y mortero en la minúscula economía luxemburguesa".

Los autores explican que la inversión extranjera directa puede ser “un importante motor de una auténtica integración económica internacional, estimulando el crecimiento y la creación de empleo e impulsando la productividad mediante transferencias de capital, cualificaciones y tecnología". Sin embargo, añaden, gran parte de esa inversión en Luxemburgo "es de naturaleza fantasma, es decir, inversiones que pasan a través de cascarones empresariales vacíos. Estos cascarones, también llamados entidades de propósito especial, no tienen actividad empresarial real". El objetivo es pagar menos impuestos a través de la ingeniería fiscal.

El estudio del FMI añade: "Curiosamente, unos pocos paraísos fiscales bien conocidos acogen la inmensa mayoría de la IED fantasma del mundo. Luxemburgo y los Países Bajos albergan casi la mitad. Y si añadimos a la lista Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Singapur, las Islas Caimán, Suiza, Irlanda y Mauricio, estas 10 economías acogen más del 85% de todas las inversiones fantasma".

Puede que las inversiones sean fantasma, pero quienes se embolsan finalmente el dinero que transita por las estructuras societarias opacas no lo son. Tienen nombres y apellidos, pero eso no significa que siempre se les conozca. A veces, consultando Registros sobre los titulares reales de las empresas, como el que era de acceso público en Luxemburgo hasta que fue cerrado a finales de noviembre tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se pueden descubrir algunos de estos nombres. Así fue como Investigate Europe e infoLibre encontraron decenas de empresas del grupo Kronos en Luxemburgo y su vinculación con los cuatro miembros de la familia Perrodo.

El exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno Ayuso y el firmante del Protocolo que impidió trasladar a miles de residentes al hospital tendrán que declarar como testigos ante un tribunal. Alberto Reyero y Carlos Mur están citados como testigos el próximo 23 de marzo, de acuerdo con una providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, a la que ha tenido acceso infoLibre.

Después de dos años y medio intentando sin éxito que el responsable del conocido como Protocolo de la Vergüenza tuviera que comparecer ante un tribunal, los familiares agrupados en Marea de Residencias han logrado por fin que un juez lo cite en una de las causas abiertas, aunque sea como testigo.

El magistrado, Arturo Zamarriego, investiga la querella presentada por los familiares de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera y que fallecieron a finales de marzo y principios de abril de 2020.

Además de citar como testigos a Reyero y a Mur, el magistrado también solicita a la médico forense adscrita al juzgado que, analizada la documentación médica obrante en autos, indique si las pacientes tuvieron “una atención médica que haya sido inadecuada”, fueron “desatendidas” por alguno de los profesionales encargados de su cuidado “y si la omisión de la diligencia debida a la finada pudo provocar su fallecimiento”.

Una portavoz de Marea de Residencias mostró a infoLibre su “alegría” por la noticia y señaló que a los abogados “hay que hacerles un monumento porque llevan años trabajando a destajo, gratis, con decenas de querellas archivadas… Y por fin se ve un rayo de luz”. Los dos principales abogados son Carlos Vila y José Luis González del Moral.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el 18 de marzo de 2020 un Protocolo que frenó casi por completo el traslado al hospital de las personas que vivían en residencias y tenían dependencia física o deterioro cognitivo alto. La gran mayoría de residentes se encuentran en esa situación. Se trata además de dos criterios que no están relacionados con la esperanza de vida de una persona, que no depende de ir en silla de ruedas o tener un deterioro cognitivo avanzado.

El Protocolo lo firmó Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño. Los días 20, 24 y 25 de marzo se firmaron otras tres versiones del mismo documento. Nada más firmarlo, el Protocolo se envió desde la Consejería de Sanidad a los altos cargos del Gobierno Ayuso que tenían que ejecutarlo. Y los datos oficiales demuestran que se aplicó de forma masiva: 7.291 personas fallecieron en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, sin ser trasladadas a un hospital, lo que supuso el 77% del total de residentes muertos aquellos dos meses.

El frenazo a las derivaciones hospitalarias fue total en muchas residencias. En concreto, en DomusVi Albufera fallecieron 30 personas en aquellos dos meses y 29 lo hicieron en el propio centro. ¡El 96,6% del total!

Carlos Mur tuvo que comparecer ante la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid, en febrero de 2021, antes de que PP y Vox decidieran cerrar dicho órgano. Mur intentó lógicamente defender su actuación, pero admitió la veracidad del Protocolo de exclusión hospitalaria, desmontando así la versión de que había sido un simple “borrador”.

La presidenta Ayuso, cuando infoLibre desveló el contenido íntegro del Protocolo en mayo de 2020, mintió en la Asamblea de Madrid con las siguientes palabras: "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo". Este periódico publicó pocos días después las cuatro versiones del Protocolo, todas ellas firmadas digitalmente por Carlos Mur. infoLibre también publicó copia de los correos electrónicos enviados desde Sanidad a quienes tenían que aplicar el Protocolo.

Al contrario que Mur, el entonces consejero de Políticas Sociales mostró desde el primer momento su rechazo al Protocolo y a la falta de medicalización de las residencias. A principios de junio de 2020, Alberto Reyero declaró en la Asamblea: "Considero que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo y para que se me entienda: o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia". Las comunicaciones a las que se refiere con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, son varias cartas y correos que le envió en plena primera ola de la pandemia [las puedes consultar aquí].

Alberto Reyero publicó hace dos meses un libro, Morirán de forma indigna, en el que relata su experiencia durante aquellos meses. Reyero sostiene que fue precisamente la imposibilidad de contar su versión en la Asamblea, después de que PP y Vox cerrasen la comisión de investigación, lo que le animó a escribir el libro. Entre otras muchas cuestiones, Reyero desvela cómo en un consejo de gobierno celebrado el 25 de marzo de 2020, pidió 50 médicos y 50 enfermeras para que pudieran prestar asistencia sanitaria en las residencias. Ayuso no atendió la petición.

Las querellas y denuncias de los familiares de las víctimas se han encontrado hasta ahora con un muro en los tribunales, donde se han archivado decenas de causas, y especialmente en la Fiscalía. Salvo contadísimas excepciones, los representantes del Ministerio Público han tenido una actuación completamente pasiva en los procedimientos relacionados con las residencias, sin pedir ningún tipo de pruebas y sin acudir ni siquiera a las declaraciones de testigos o imputados. En la Memoria anual correspondiente al año 2020, la fiscal superior de Madrid intentó justificar esta actitud mediante una serie de mentiras, afirmaciones que carecen de cualquier sustento fáctico y la omisión de hechos fundamentales. infoLibre le envió 38 preguntas a la fiscal Almudena Lastra para que ofreciera su versión, pero se negó a responder todas las cuestiones [puedes consultar aquí las 38 preguntas].

Fiscal y empresaria al mismo tiempo. Esa es la situación de Manuela Fernández Álvarez, fiscal de Delitos Económicos de Madrid y administradora de la empresa Claudinova SL, tal y como prueban los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre. La fiscal no ha querido responder a las preguntas de este periódico sobre su actividad y patrimonio (puedes consultar las cuestiones planteadas al final de este artículo).

La sociedad fue constituida el 2 de marzo de 2021 y tiene su sede en el domicilio particular de la fiscal. Con un capital de 10.000 euros, Manuela Fernández Álvarez es socia y administradora única. En la escritura pública de constitución de la compañía se hace referencia expresa a que la fiscal declaró que no era incompatible para ejercer el puesto de administradora: “La nombrada, presente, acepta su cargo y manifiesta no estar incurso en las incompatibilidades y prohibiciones a que se refieren las leyes relacionadas anteriormente”.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 57.8, establece que el ejercicio de fiscal es incompatible “con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género”. Los fiscales sí pueden administrar, a través de una sociedad mercantil, su patrimonio personal o familiar.

El objeto social de Claudinova SL, tal y como se detalla en la escritura de constitución, es “la tenencia de valores (fondos de capital riesgo) y la compraventa y arrendamiento de inmuebles”. Una actividad que sin duda no es desconocida para Manuela Fernández Álvarez, dado que está especializada en la persecución de delitos económicos.

Manuela Fernández Álvarez optó, en octubre de 2020, a una de las ocho plazas abiertas para incorporarse a la Fiscalía Anticorrupción. La entonces fiscal general, Dolores Delgado, no la propuso para el cargo. En la votación que se produjo en el Consejo Fiscal, Manuela Fernández Álvarez contó con el apoyo de los cinco vocales que tenía en aquel momento la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Fuentes de la UPF indicaron a infoLibre que la fiscal no figura entre sus asociadas.

Este periódico preguntó al fiscal general del Estado, Álvaro García, si tenía conocimiento de que Manuela Fernández Álvarez administra una sociedad mercantil y si entiende que dicha actividad es incompatible con el cargo de fiscal. Su portavoz no respondió a dichas preguntas, “porque afectan a datos personales que no podemos hacer públicos”. En todo caso, dicha portavoz se remitió al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para saber cuáles son las actividades incompatibles y aclaró que es el Consejo Fiscal quien “tiene atribuidas en exclusiva las declaraciones de compatibilidad”. Por último, indicó que “realizar una actividad incompatible es objeto de sanción disciplinaria”.

La fiscal de Delitos Económicos de Madrid ha incrementado su patrimonio de forma considerable durante los últimos años.

En enero de 2017, adquirió a medias con su marido un piso de 308 metros cuadrados en el barrio de Recoletos en Madrid, que es el más caro de España. De acuerdo con los mapas de valores publicados por el Ministerio de Hacienda, el precio medio en la zona donde tiene su piso la fiscal es de 8.000 euros el metro cuadrado. El valor de mercado del inmueble sería de 2,46 millones de euros.

Cuando lo adquirió, hace casi seis años, el matrimonio recibió un préstamo hipotecario de un millón de euros con un plazo de devolución de veinte años. En aquel momento, el piso fue tasado para subasta en 1,59 millones.

En octubre del año pasado, la fiscal y su esposo acordaron donar la nuda propiedad del piso a su hija, mientras que ellos se quedaron con el usufructo “universal, vitalicio y simultáneo” del inmueble. Además, fijaron una limitación de disposición puesto que la donataria no puede enajenar, gravar o de cualquier otra forma transmitir la nuda propiedad, salvo con el consentimiento expreso de sus padres.

Un mes antes, en septiembre de 2021, Manuela Fernández Álvarez y su marido adquirieron una vivienda unifamiliar en Málaga, que tiene una superficie construida de 316 metros cuadrados y cuenta con una parcela de 1.144 metros. En la zona de jardín dispone de una piscina de 34 metros. Está situada en la zona de los Jardines de San Antón. La fiscal adquirió el 80% de la propiedad, mientras que su marido compró el 20% restante.

Los compradores recibieron un préstamo por importe de 850.000 euros y un plazo de devolución de 15 años. La vivienda fue tasada para subasta en 1,18 millones.

Por tanto, tomando como referencia las tasaciones realizadas para recibir los préstamos hipotecarios, el valor de la parte de los inmuebles que pertenece a la fiscal asciende a 1,74 millones de euros (797.000 euros la mitad del piso de Madrid y 945.000 el 80% de la vivienda de Málaga).

El matrimonio asumió dos hipotecas que en conjunto responden de préstamos por un importe total de 1,85 millones de euros. Salvo que las amorticen antes, está previsto que terminen de devolver el dinero a los bancos en 2036 y 2037.

ACLARACIÓN: El 13 de febrero de 2024, casi 15 meses después de que se publicase la información, el abogado de la fiscal se puso en contacto con infoLibre para indicar que se había incoado un expediente gubernativo a raíz de la noticia y que Manuela Fernández Álvarez había aportado "la documentación pertinente" para demostrar que Claudinova SL es "una mera sociedad patrimonial", cuya finalidad "es exclusivamente la tenencia de valores y de inmuebles". Por ello, su actividad como administradora de la sociedad no es incompatible con su cargo de fiscal al no realizar actividad mercantil alguna. Al "no existir actividad incompatible", la Inspección Fiscal archivó el expediente gubernativo el 2 de febrero de 2023.

En el expediente gubernativo se indica que Manuela Fernández Álvarez es la única accionista de Claudinova SL y que la empresa es "exclusivamente tenedora de valores en la entidad Banca March", que han sido adquiridos "con recursos personales derivados de su ejercicio profesional y de recursos propios de su cónyuge".

Tras recibir copia del expediente gubernativo, infoLibre añadió a la noticia esta aclaración y editó el resto del texto para que sea plenamente congruente con los hechos que en él se recogen.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utiliza a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid como una de sus grandes coartadas para sostener que no hay nada que investigar sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia. El último en echar mano del comodín de la fiscal ha sido el consejero de Justicia, Enrique López, quien el pasado fin de semana afirmó: "La Fiscalía ha hablado y ha establecido que nunca hubo un protocolo que impidiera la derivación de mayores de las residencias a los hospitales". En realidad, de acuerdo con los datos oficiales del Gobierno madrileño, 7.291 personas fallecieron en las residencias sin ser trasladadas a un hospital durante marzo y abril de 2020.

Cuando los dirigentes del PP aseguran que la Fiscalía “ha hablado”, se refieren básicamente a la Memoria correspondiente a 2020 presentada por la fiscal superior, Almudena Lastra. Un documento que contiene múltiples omisiones de hechos relevantes, afirmaciones sin ningún tipo de apoyo fáctico e incluso otras que son directamente falsas, tal y como se explica en esta información.

infoLibre envió a Almudena Lastra, el pasado 19 de octubre, 38 preguntas sobre su actuación y sus afirmaciones. Dado que se trata de un cuestionario amplio, este periódico le indicó desde el primer momento a su portavoz que no había problema de tiempo para responder, que prefería “la precisión a las prisas”. La contestación llegó nueve días después, el viernes 28 por la tarde: “La fiscal superior no va a responder a las preguntas porque ya está todo explicado en la Memoria anual”. Lo cierto es que ninguna de las cuestiones está respondida en dicho texto, que se puede consultar aquí.

A continuación, infoLibre reproduce de forma literal el cuestionario que envió a Almudena Lastra.

En la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2020 se afirma que “se han investigado más de 130 fallecimientos”. (pág. 186)

De acuerdo con datos oficiales de la Comunidad de Madrid, solo en marzo y abril de 2020 fallecieron 9.470 residentes, 7.291 de ellos sin ser trasladados a un hospital.

1. ¿Es correcto afirmar que la Fiscalía ha investigado el 1,78% de las muertes producidas en las residencias durante esos dos meses de 2020?

2. De las investigaciones realizadas por la Fiscalía, ¿cuántas se produjeron de oficio y cuántas como consecuencia de denuncias presentadas por familiares de las víctimas?

3. De las 42 diligencias de investigación archivadas, ¿en cuántas de ellas ha llamado la Fiscalía a declarar a los familiares que presentaron las denuncias, de acuerdo con el Estatuto de la Víctima del Delito y la Instrucción de la Fiscalía General del Estado núm. 8/2005?

En la Memoria de la Fiscalía se afirma lo siguiente:

“En cuanto a los problemas de recursos humanos, las dificultades no solo vinieron como consecuencia de las bajas producidas durante la pandemia –ésas, con medidas de diversa índole, se fueron solventando–, sino que se produjeron por la inadecuada dotación de origen de unos centros que no estaban diseñados para atender sanitariamente a sus usuarios” (pág. 190).

Un estudio de la patronal CEAPS sostiene que, durante la primera ola de la pandemia, en la Comunidad de Madrid llegó a estar de baja el 40% del personal.

En una de las misivas enviadas por el entonces consejero de Políticas Sociales ­–Alberto Reyero– al consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– se quejaba precisamente de la falta de personal, especialmente de médicos:

“En lo que se refiere al apoyo sanitario en residencias, no se trata de otra cosa que de poner en marcha la tan anunciada ‘medicalización’ de las residencias, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias... La solución que hasta ahora habéis ofrecido de enviarnos listados de personal sanitario para que los reclutemos nosotros no funciona porque competimos con Sanidad y eso nos impide contratar adecuadamente”.

4. ¿Cuál es la fuente en la que se basa la Fiscalía para afirmar que “las bajas producidas durante la pandemia se fueron solventando con medidas de distinta índole”?

5. ¿Dispone la Fiscalía de datos sobre el número de médicos y enfermeras que estuvieron de baja en cada una de las 475 residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia? En caso afirmativo, ¿cuáles son esos datos?

6. ¿Dispone la Fiscalía de información sobre cuántas residencias estuvieron sin personal médico durante la primera ola de la pandemia y durante cuánto tiempo? En caso afirmativo, ¿cuáles son esos datos?

7. De acuerdo con la legislación autonómica aplicable, las residencias con menos de 50 plazas autorizadas no tienen obligación de tener equipo médico contratado. ¿Dispone la Fiscalía de datos sobre cuántas residencias no contaban con equipo médico en marzo de 2020?

En la Memoria de la Fiscalía se afirma lo siguiente:

 “El protocolo en sí contiene una serie de recomendaciones, que todos los geriatras hospitalarios que informaron señalaron que tenían valor meramente orientativo y no excluían la valoración integral de cada paciente” (pág. 191)

“En todo caso, conviene volver a incidir –desde otra perspectiva– en la relevancia de la consideración del protocolo como un elemento orientativo que requería de una adecuación caso por caso” (pág. 192)

infoLibre ha enseñado el Protocolo a diversos jueces y catedráticos de contencioso-administrativo y les ha pedido su valoración sobre la naturaleza jurídica del documento. Todos ellos coinciden en que se trata de una “orden de servicio” o “instrucción”, que deben cumplir obligatoriamente todas aquellas personas que dependen jerárquicamente del órgano que las dicta. A su entender, el Protocolo encajaría en el artículo 6 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: “Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio”.

8. De acuerdo con la Fiscalía, ¿quién decide la naturaleza jurídica del Protocolo: los geriatras hospitalarios que “señalaron que eran recomendaciones con un valor meramente orientativo” o el ordenamiento jurídico y, en concreto, la Ley 40/2015?

9.a. En caso de que la Fiscalía entienda que la naturaleza jurídica (su carácter vinculante o meramente orientativo) de un Protocolo aprobado por una Administración autonómica lo deciden aquellas personas que van a aplicar dicho Protocolo (los geriatras hospitalarios), ¿podría indicar en qué normativa o regulación se basa para llegar a dicha conclusión?

9.b. En caso de que la Fiscalía entienda que la naturaleza jurídica de un documento aprobado por una Administración se fija en la Ley 40/2015, ¿considera que el Protocolo de no derivación hospitalaria debe considerarse una “orden de servicio” o “instrucción”?

10. Si la Fiscalía entendiese que estamos ante una “orden de servicio” o “instrucción”, ¿es correcto afirmar que ese tipo de documentos son de obligado cumplimiento para las personas que dependen jerárquicamente del órgano que los dicta?

En la Memoria de la Fiscalía se afirma lo siguiente:

“En los casos en que, como consecuencia de la interconsulta, se decidía que el usuario permaneciera en el centro, se ha observado que en la información a las familias solía ponerse el acento en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados”. (pág. 191)

 “Lección aprendida 11. Tratamiento sanitario en la residencia: el elemento esencial que ha conducido al archivo de la mayoría de las DI ha sido el verificar que había una atención médica y de enfermería permanente, sin especiales demoras entre la aparición de los síntomas (teniendo en cuenta los que se consideraban específicos del COVID-19 en cada momento) y la interconsulta”. (pág. 192)

El 12 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad anunció un Plan de Acción contra el coronavirus, entre cuyas medidas destacaba el establecimiento de un mando único sanitario y la medicalización de las residencias. El principal redactor, Antonio Burgueño, reconoció meses después públicamente que “la medicalización de las residencias no se llevó a cabo”.

Que se conozca, el único intento de medicalizar las residencias fue la conocida como Operación Bicho, que fue un completo fiasco, según admitieron sus máximos responsables en la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura.

El entonces consejero Alberto Reyero denunció por escrito, en dos cartas al consejero de Sanidad, que las residencias no se habían medicalizado. Así lo denunció también en la Asamblea de Madrid, el 1 de junio. Y lo vuelve a explicar con todo tipo de detalle en un libro de reciente publicación, Morirán de forma indigna, donde aporta abundante información sobre la no medicalización de las residencias.

También hay resoluciones judiciales concretas en las que se determina que las residencias no estaban medicalizadas. Por ejemplo, en un auto del TSJM del 6 de mayo de 2020, dictado en un procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Leganés, se indica que de los documentos aportados por el Gobierno autonómico “no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario” a cada una de las residencias “en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos […] El personal médico y de enfermería que se hace constar como enviado a las residencias en los diferentes informes es claramente insuficiente para la atención del número de ingresados y enfermos existentes en las mismas”.

11. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza la Fiscalía para afirmar que los residentes “iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados”?

12. Lógicamente, para recibir un tratamiento similar al de un hospital, era necesario que las residencias estuvieran medicalizadas. ¿Dispone la Fiscalía de información sobre cuántas residencias estaban medicalizadas en la Comunidad de Madrid en marzo y abril de 2020?.

13. En marzo y abril de 2020 se produjeron fallecimientos en 341 de las 475 residencias que estaban operativas en Madrid, según datos oficiales del Gobierno regional. ¿Sostiene la Fiscalía que en esas 341 residencias era posible recibir por parte de los residentes “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido en caso de ser derivados”? En caso afirmativo, ¿puede indicar en qué datos o documentos apoya dicha afirmación?

14. Dado que las afirmaciones sobre la no medicalización de las residencias tanto de Alberto Reyero como de Antonio Burgueño son públicas, y contradicen la idea de que en dichos centros se podía recibir un tratamiento médico similar al de un hospital, ¿por qué no los ha llamado a declarar la Fiscalía? ¿Considera que los posibles testimonios del consejero responsable de las residencias y de la persona que elaboró el Plan de Actuación del Gobierno autonómico no son relevantes para ayudar a aclarar lo ocurrido?

15. ¿Considera la Fiscalía que el TSJM no está en lo correcto cuando, en su auto de 6 de mayo de 2020 sobre las residencias de Leganés, asegura que el personal médico es “claramente insuficiente para la atención del número de ingresados y enfermos existentes en las mismas”?

En la Memoria de la Fiscalía se afirma lo siguiente:

 “De los datos estadísticos aportados se desprende que los criterios llamados de exclusión, no funcionaron como impedimentos para las derivaciones, pues fueron objeto de traslado hospitalario usuarios de edades avanzadas y con muy diversas patologías basales y altos grados de dependencia”. (página 192)

Para analizar con rigor si el Protocolo funcionó como impedimento de las derivaciones hospitalarias es necesario tener en cuenta dos cuestiones: cuántas derivaciones había antes de la pandemia y cuántas se produjeron cuando estalla la crisis sanitaria. Y, para ser más precisos aún, hay que analizar los datos por días y por residencias, porque el impedimento a las derivaciones se produjo en un periodo de tiempo muy concreto (tres o cuatro semanas de marzo y abril) y no todos los centros se vieron afectados por igual por el virus.

La Comunidad de Madrid ha aportado, a través del Portal de Transparencia, los datos oficiales de los 18.895 traslados realizados en los seis primeros meses del año 2020 en la Comunidad de Madrid, incluyendo la residencia de origen y el hospital de destino.

El análisis de esos miles de datos permite llegar a una conclusión clara: en las cuatro semanas críticas de la pandemia, entre el 9 de marzo y el 5 de abril, no sólo no aumentaron de forma significativa las derivaciones hospitalarias como sería lógico al multiplicarse el número de enfermos, sino que se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro semanas previas a la pandemia. Y ese frenazo fue mucho más brusco precisamente en los geriátricos más azotados por el virus, hasta el extremo de que ni uno solo de los 82 centros con mayor número de fallecidos llegó a trasladar un paciente al día de media durante esas cuatro semanas. Los tres días con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo. 

En los días críticos, más del 80% de los fallecimientos se produjeron en la residencia, un porcentaje que en situación de normalidad no llega al 20%.

16. ¿Cuáles son los datos estadísticos analizados por la Fiscalía para llegar a la conclusión de que el Protocolo “no funcionó como impedimento para las derivaciones”? ¿Cuál es la fuente de esos datos?

17. ¿Considera la Fiscalía que no son correctos los datos aportados por el Gobierno de Madrid, que demuestran que, entre el 9 de marzo y el 5 de abril, mientras se multiplicaban exponencialmente los enfermos en residencias se desplomaban las derivaciones al hospital?

18. ¿Dispone la Fiscalía de datos estadísticos sobre qué porcentaje de personas fallecían en una residencia antes de la pandemia? ¿Considera correcto afirmar que ese porcentaje no llegaba al 20%? ¿A qué factores atribuye la Fiscalía que ese porcentaje se disparase a más del 80% en las semanas posteriores a la puesta en marcha del Protocolo?

19. Si el Protocolo “no funcionó como impedimento” para el traslado de residentes enfermos al hospital, ¿por qué motivo cree la Fiscalía que las 82 residencias con mayor número de fallecidos en la Comunidad de Madrid dejaron de enviar enfermos al hospital? ¿Fueron los responsables de esas residencias los que decidieron que se quedaran en el propio centro?

20. A partir del 5 de abril, se recuperan paulatinamente las derivaciones a los hospitales y se reduce de forma significativa el número de residentes fallecidos. ¿Cree la Fiscalía que puede existir alguna relación de causalidad entre ambos hechos? ¿O, por el contrario, considera que responde a una casualidad que el número de fallecidos disminuya cuando reciben tratamiento médico adecuado en un hospital?

En la Memoria de la Fiscalía se afirma lo siguiente:

 “En consecuencia, lo que cambió fue que esa valoración integral la realizaba el geriatra mediante una interconsulta, en forma paralela a lo que ocurría con las consultas de los centros de salud, que en las mismas fechas eran telefónicas”. (pág. 191)

 “En esas consultas cobraba mucha importancia la historia clínica que tuvieran del paciente, pero, sobre todo, la información que facilitaba el equipo médico de la residencia”. (pág. 191)

“Ahora bien, estos criterios generales [del Protocolo] –así lo han informado todos los geriatras de referencia– no eximían de hacer una valoración de cada usuario en caso de sospecha de contagio. Esa evaluación, que correspondía, según su criterio clínico, al geriatra del centro hospitalario, tomaba en consideración múltiples factores físicos, psíquicos, y también relacionados con las condiciones de la residencia”. (pág. 193)

La implementación del Protocolo seguro que se realizó con variaciones formales según cada hospital. infoLibre tiene pruebas documentales, por ejemplo de un hospital del norte de Madrid, que pidió a los directores de las residencias que tuvieran preparados una serie de datos del paciente antes de llamar al hospital. Para ello, les enviaron un cuestionario con varias preguntas, que eran la plasmación de lo que ponía en el Protocolo. De forma que, si de la respuesta a esas preguntas se concluía que el residente entraba en alguno de los criterios de no derivación, pues no se le derivaba.

Hay múltiples testimonios, incluidos los de una directora de residencia en la comisión de investigación creada en su día en la Asamblea de Madrid, diciendo que durante algunas semanas se impedía la derivación de los residentes de forma sistemática y no atendiendo a criterios médicos individuales.

También existen testimonios en procedimientos judiciales que indican que los hospitales estaban tan desbordados que a veces ni siquiera cogían el teléfono. Por poner solo un ejemplo, de una persona que vivía en Vitalia Home Leganés, un caso que está judicializado: “El 19 de marzo de 2020 amanece en malas condiciones en general. Con fiebre, y disnea. En el Severo Ochoa no les cogen el teléfono. La doctora de la residencia recomienda comenzar con paliativos, morfina, buscapina y midazolán y no derivar al hospital porque está colapsado (Doctora Esther). Diagnóstico ITU. Se suspende el resto de la medicación. Fallece ese mismo día. Nunca fue diagnosticada de covid”.

21. La Fiscalía asegura que en las interconsultas cobraba mucha importancia “la información que facilitaba el equipo médico de la residencia”. ¿Quién facilitaba la información en aquellas residencias donde no había equipo médico, bien porque no existía la obligación legal de disponer de él o bien porque estaba de baja?

22. De las 7.291 personas que fallecieron en su residencia en marzo y abril de 2020, ¿está la Fiscalía en disposición de afirmar que siempre que se llamó desde la residencia al hospital, el geriatra realizó una evaluación clínica individual de cada paciente antes de decidir sobre la derivación?

23. En la Memoria de la Fiscalía se indica que “los centros hospitalarios usualmente dejaban constancia de la interconsulta”. ¿Ha realizado la Fiscalía un estudio independiente de lo que consta por escrito en esas interconsultas, más allá de las declaraciones realizadas por los propios geriatras hospitalarios?

24. En la Memoria de la Fiscalía se concluye que siempre había una interconsulta individual puesto que “así lo han informado todos los geriatras de referencia”. Dado que es evidente que los geriatras son en este caso juez y parte, ¿ha recabado la Fiscalía información sobre este tema entre familiares o directores de residencias? Por ejemplo, entre los que públicamente han denunciado que no se produjeron esas consultas individuales basadas en un criterio clínico.

25. Los criterios de no derivación fijados por el Protocolo eran básicamente tres: que el residente fuese un enfermo terminal, que tuviera una gran dependencia (ir en silla de ruedas, por ejemplo) o que sufriese un alto grado de deterioro cognitivo. ¿Considera la Fiscalía que existe alguna relación entre el segundo y el tercer criterio y la esperanza de vida de una persona?

26. En caso de que la Fiscalía entienda que no existe relación entre esos dos criterios y la esperanza de vida de una persona, ¿no considera la Fiscalía que se debe investigar cuáles fueron las razones para incluirlos en el Protocolo como criterios de no derivación hospitalaria?

En la Memoria de la Fiscalía se afirma lo siguiente:

 “Finalmente se verificó que varios de los fallecimientos denunciados no estaban directamente relacionados con el Covid-19, sino con otras patologías o problemas de atención sanitaria que se produjeron durante la pandemia, en un contexto de ausencia de control familiar y de mayores dificultades de personal.

Lección aprendida 13. Otras patologías: debería llamarse la atención a todos los implicados –residencias, Administración y hospitales– sobre la alta incidencia de problemas de desatención de usuarios que derivaron en otras patologías, que debían haber recibido la misma atención que el COVID-19, en cuanto al protocolo de derivación se refiere, a fin de evitar que esta situación se repita en caso de una nueva crisis sanitaria”. (página 194)

De hecho, en el Protocolo de no derivación, se indica expresamente que se debe aplicar tanto a personas “con infección respiratoria” como a pacientes con “otra patología”.

27. Además de “llamar la atención” sobre los problemas de desatención de usuarios, ¿no considera la Fiscalía que debe investigar esos casos para saber si merece reproche penal el hecho de “no haber recibido la misma atención” que los pacientes con covid-19?

28. ¿Ha investigado la Fiscalía por qué se incluyó a dichos pacientes con otras patologías en el Protocolo de no derivación, algo que no ocurrió en ninguna otra comunidad autónoma? Más allá de evitar un hipotético colapso hospitalario, ¿sabe la Fiscalía si existe alguna razón clínica para no prestar atención médica a pacientes con “otras patologías”?

29. ¿Ha realizado la Fiscalía alguna investigación específica para conocer cuántas personas fueron víctimas de esa situación, “que debían haber recibido la misma atención” que quienes tenían covid-19 y no la recibieron? En caso afirmativo, ¿cuáles son las conclusiones de dicha investigación? En caso negativo, ¿por qué ha decidido no investigar?

De la lectura de la Memoria de la Fiscalía, y de las investigaciones que terminó judicializando, se deduce que el principal énfasis en la investigación del Ministerio Fiscal se ha puesto en la actuación de los responsables de las residencias. Entre otras cosas, se ha analizado si la residencia “disponía de un servicio suficiente para atender a los usuarios” o si “mantuvo un correcto nivel de coordinación con los responsables sanitarios designados”. También “se procedió a comprobar si existían otros tratamientos o actuaciones médicas a su alcance que se dejaron de implementar”.

En cuanto a los geriatras de enlace, que aplicaron el Protocolo de no derivación hospitalaria, no parece que se haya analizado su actuación por parte de la Fiscalía, más allá de lo que ellos mismos han informado. No consta que dichas declaraciones hayan sido sometidas a contraste, por ejemplo, con las versiones ofrecidas por directores de residencias o familiares de fallecidos.

Por último, no consta que se haya realizado ningún análisis sobre la actuación de las autoridades competentes, que fueron quienes aprobaron el Protocolo y decidieron cómo se utilizaban las infraestructuras sanitarias que tenía la Comunidad o que se crearon exprofeso para combatir la pandemia.

30. ¿Ha realizado la Fiscalía alguna investigación sobre la actuación de los geriatras hospitalarios, más allá de preguntarles cuál era en su opinión la naturaleza jurídica del Protocolo o si realizaron consultas individuales de los pacientes? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron esas investigaciones?

31. ¿Ha solicitado la Fiscalía al Gobierno de Madrid información sobre los motivos por los que se aprobó el Protocolo de no derivación, por qué se decidió aplicar a todo tipo de pacientes (tuvieran covid o no), cuándo y por qué se dejó de aplicar y quién adoptó las decisiones relacionadas con dicho Protocolo?

32. ¿Ha solicitado la Fiscalía al Gobierno de Madrid información sobre qué residencias se medicalizaron y en qué consistió exactamente esa medicalización, como por ejemplo cuánto personal se destinó a cada centro y qué material le fue aportado?

33. La Comunidad de Madrid creó un hospital de campaña en Ifema, que estuvo operativo durante seis semanas. El Gobierno madrileño informó de que tendría capacidad para 5.500 camas. Durante el periodo en que estuvo abierto Ifema, fallecieron en las residencias de Madrid más de 5.000 personas sin ser trasladadas a un hospital.

¿Ha requerido la Fiscalía información al Gobierno de Madrid sobre los criterios utilizados para decidir qué enfermos se derivaban a Ifema y por qué se excluyó a las personas mayores que vivían en residencias?

34. El Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió, a mediados de marzo, crear un mando único sanitario por el que todos los hospitales públicos y privados pasaban a depender del consejero de Sanidad. Según declaró la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid: “Quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la Comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras”. Sin embargo, de acuerdo con la información oficial facilitada por el Gobierno madrileño a través del Portal de Transparencia, no se derivó ni un solo paciente desde una residencia a un hospital privado (salvo que tuviera seguro médico privado).

¿Ha requerido la Fiscalía información al Gobierno de Madrid sobre los criterios por los que se decidió no trasladar a los residentes enfermos a los hospitales privados, que en todo momento tuvieron camas disponibles, según declaración de la patronal del sector?

35. Por el contrario, aquellos residentes que tenían seguro médico privado, sí pudieron saltarse el Protocolo: llamaban a una ambulancia privada y eran atendidos en un hospital privado.

¿Ha requerido la Fiscalía información al Gobierno de Madrid para saber cuál fue la razón para no aplicar el Protocolo de exclusión hospitalaria a quienes tenían un seguro médico privado? ¿Dispone la Fiscalía de información sobre cuántos residentes con seguro médico privado fueron trasladados a hospitales privados durante la primera ola de la pandemia?

36. ¿No considera la Fiscalía que, en una situación en la que todos los recursos hospitalarios estaban bajo las órdenes del Gobierno autonómico, puede constituir una discriminación contraria al principio constitucional de igualdad poner parte de esos recursos (los hospitales privados) solo al servicio de determinados pacientes (los residentes que tenían seguro médico privado)?

37. En caso de que la Fiscalía no haya pedido información al Gobierno autonómico sobre ninguno de los aspectos mencionados –Protocolo, medicalización, Ifema, hospitales privados y uso de seguro médico privado para evadir el Protocolo–, ¿podría indicar cuál es la razón para no investigar esos hechos?

38. En un libro de reciente publicación, el entonces consejero Alberto Reyero ofrece información detallada sobre decisiones del Gobierno regional de denegación de auxilio a las residencias. Por citar solo una: explica cómo, en el Consejo de Gobierno del 25 de marzo de 2020, solicitó 50 médicos y 50 enfermeras para que pudieran atender a las residencias más golpeadas por el virus, petición que fue desatendida.

Dado que se trata de un testigo absolutamente privilegiado para aclarar lo que ocurrió en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia, ¿piensa la Fiscalía llamar a declarar a Reyero para aclarar si conoce hechos o tiene en su poder documentos que puedan ser relevantes desde un punto de vista penal?

Mentiras, afirmaciones solemnes que carecen de cualquier sustento fáctico, omisiones de hechos fundamentales. No es lo que se puede esperar del escrito de una jurista, pero es lo que el lector encuentra en las trece páginas que dedica la fiscal superior de Madrid a explicar la actuación del Ministerio Público ante la hecatombe en las residencias de la región, incluidas en la Memoria correspondiente al año 2020. Ese texto fue presentado por Almudena Lastra en octubre de 2021, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes del PP acuden cada vez con más frecuencia a él para justificar que no se investigue lo ocurrido en los geriátricos madrileños, donde 7.291 residentes fallecieron sin recibir atención hospitalaria en los dos primeros meses de la pandemia. "La Fiscalía ha hablado y ha establecido que nunca hubo un Protocolo que impidiera la derivación de mayores de las residencias a los hospitales", dijo este mismo fin de semana Enrique López, consejero de Justicia de Ayuso.

infoLibre realizó una minuciosa recopilación de todo lo que se sabe sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid en aquellos dos meses fatídicos y lo contrastó con el escrito de la fiscal superior. A la vista de las lagunas de la investigación y de las contradicciones entre la realidad y lo que sostiene Almudena Lastra, este periódico le envió el pasado 19 de octubre un cuestionario con 38 preguntas, para que pudiera aclarar su versión con todo detalle, indicar en qué fuentes se basa para realizar determinadas afirmaciones y explicar las razones de la actuación del Ministerio Público. El viernes 28 de octubre por la tarde llegó la respuesta del portavoz de Almudena Lastra: “La fiscal superior no va a responder a las preguntas porque ya está todo explicado en la Memoria anual”. Una afirmación que también es falsa, como puede comprobar cualquier persona que lea la Memoria de la Fiscalía Superior [páginas 183 a 195 de este documento] y las 38 preguntas planteadas por infoLibre [reproducidas de manera literal en este artículo].

Almudena Lastra difunde al menos tres falsedades en su escrito: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que impedía trasladar al hospital a residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones, afirma que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados” y asegura que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole”.

Esas afirmaciones de las fiscal tienen un nexo común: exculpan al Gobierno de Ayuso de las dos principales acusaciones recibidas por su gestión durante la pandemia. A saber, que no medicalizó las residencias como anunció públicamente que haría y que además aprobó un Protocolo de no derivación que impidió el traslado a los hospitales de los mayores más vulnerables. Una combinación que resultó mortal para miles de personas. Y que llegó a denunciar desde dentro del propio Gobierno regional el entonces consejero de Políticas Sociales. “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia”, advirtió Alberto Reyero en junio de 2020, pero al evitar ambas cosas al mismo tiempo se dejó “indefensos a los residentes”.

Veamos cuál es la realidad sobre esos tres temas.

Primera cuestión: ¿actuó el Protocolo como impedimento para trasladar residentes a los hospitales?

Por un lado, hay múltiples testimonios que así lo confirman. Una directora de una residencia de Amavir aseguró en la comisión de investigación creada en su día en la Asamblea que el hospital rechazó a sus enfermos durante 27 días. Actas de la Policía Municipal de Madrid recogen declaraciones de directoras de residencias visitadas por los agentes que narran la imposibilidad de derivar a los residentes y se “derrumban” al contar lo sucedido. El médico de un geriátrico de la capital comunicó por escrito a los familiares de los residentes que las “autoridades sanitarias” prohibían el traslado de pacientes con covid. La médico de otro geriátrico de la localidad de Griñón explicó a una mujer la imposibilidad de trasladar a su madre al hospital en una conversación que fue grabada. Existen documentos aportados a procesos judiciales donde se reconoce que llamadas telefónicas para trasladar a enfermos ni siquiera eran atendidas por el personal del hospital que debía autorizarlo. Y, por supuesto, hay decenas de testimonios de familiares denunciando que desde los geriátricos les informaban de que no era posible derivar a residentes que caían enfermos.

Además, están los datos oficiales del propio Gobierno madrileño. infoLibre obtuvo, a través del Portal de Transparencia, la información sobre todas las derivaciones hospitalarias realizadas entre enero y junio de 2020, incluyendo la fecha del traslado, la residencia donde vivía el paciente y el hospital de destino. El análisis de esos datos permite llegar a conclusiones incontestables:

– En enero y febrero, cuando no había ningún problema sanitario en Madrid, la media diaria de derivaciones fue de 120. En marzo, esa media se redujo a 74 traslados diarios, en vez de multiplicarse exponencialmente a medida que miles de mayores caían enfermos por el virus.

– Entre el 2 de marzo, cuando falleció la primera residente, y el 30 de abril se realizaron 6.204 derivaciones. En los primeros dos meses del año, sin pandemia, habían sido 7.233.

– Los tres días con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo el 18. Esos tres días hubo 42, 40 y 35 traslados, respectivamente, mientras cientos de personas morían sin recibir atención médica adecuada en los geriátricos.

– En las semanas posteriores a la aprobación del Protocolo, más del 80% de los fallecimientos de residentes se produjeron en el propio centro. En situación de normalidad, esa cifra está por debajo del 20%.

Pues bien, frente a este aluvión de datos y testimonios, la fiscal Almudena Lastra dice que el Protocolo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones. ¿Y en qué documentos o datos apoya dicha afirmación? No se sabe. En la Memoria no cita ninguno. Y no respondió a preguntas claras y directas de infoLibre sobre este tema, entre otras, si la Fiscalía considera que no son correctos los datos aportados por el Gobierno de Madrid o qué información analizó el Ministerio Público para llegar a esa conclusión.

Segunda cuestión: ¿recibían los pacientes en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados”? O, planteado en otros términos, ¿estaban las residencias medicalizadas? De nuevo, es abrumadora la acumulación de testimonios y hechos que contradicen la versión de la fiscal Lastra.

El 12 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad anunció un Plan de Acción contra el coronavirus, entre cuyas medidas destacaba el establecimiento de un mando único sanitario y la medicalización de las residencias. El principal redactor, Antonio Burgueño, reconoció meses después públicamente que “la medicalización de las residencias no se llevó a cabo”.

El único intento de medicalizar las residencias fue la conocida como Operación Bicho, que fue un completo fiasco, según admitieron sus máximos responsables en la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura. “La verdad es que fue caótico”, confesó Encarnación Burgueño, hija de Antonio y que estaba al frente de un operativo que duró doce días. "Vimos morir a personas sin sedación y hay personas que murieron sin condiciones dignas. Los que nosotros vimos morir, sufrieron", admitió Eduardo Esteban, gerente de la empresa de ambulancias Transamed contratada por Burgueño. Este último desveló que sólo le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitaron en la región.

Alberto Reyero denunció por escrito, en dos cartas enviadas al consejero de Sanidad el 31 de marzo y el 11 de abril, que las residencias no se habían medicalizado. En esta última misiva, Reyero denuncia que no existe “apoyo sanitario” en las residencias y recuerda que es un compromiso que el Gobierno de Ayuso lleva incumpliendo ya desde hace un mes: “No se trata de otra cosa que de poner en marcha su tan anunciada ‘medicalización’, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias, a pesar de que fuera una de las medidas más destacadas del Plan de Acción contra el coronavirus, que anunciaste el pasado 12 de marzo”.

También hay resoluciones judiciales en las que se determina que las residencias no estaban medicalizadas. En un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 6 de mayo de 2020, en un procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Leganés, se indica que de los documentos aportados por el Gobierno autonómico “no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario” a cada una de las residencias “en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos”.

Frente a estas evidencias, la fiscal Lastra abronca en su Memoria a los responsables de las residencias que “en la información a las familias” ponían el acento “en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados”.

¿Qué fuentes utiliza Almudena Lastra para sostener tal cosa? ¿Acaso dispone la Fiscalía de información sobre cuántas de las 475 residencias madrileñas estaban medicalizadas? Son otras de las preguntas que se niega a responder y sobre las que nada dice tampoco en la Memoria.

Tercera cuestión: ¿es cierto que las bajas de personal producidas durante la pandemia, “con medidas de diversa índole, se fueron solventando”?

La fiscal Lastra realiza esta afirmación cuando analiza los “problemas de recursos humanos” vividos en las residencias, que en su opinión no se produjeron esencialmente como consecuencia de las bajas por la pandemia, sino por “la inadecuada dotación de origen de unos centros que no estaban diseñados para atender sanitariamente a sus usuarios”.

Es cierto que los geriátricos tienen “de origen” un serio problema de falta de personal –en especial de gerocultoras, que es la figura clave para garantizar el cuidado de los mayores–, pero nadie relevante en el sector defiende que los centros tengan que estar “diseñados para atender sanitariamente a sus usuarios”. Para eso están los hospitales. En todo caso, al asegurar que el problema está “en origen” y no se produjo durante la pandemia, la fiscal quita del foco cualquier responsabilidad de la Administración competente. Pero, ¿es o no verdad lo que defiende la fiscal?

Una de las patronales más importantes del sector, CEAPs, realizó un informe sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola, en el que desvela la magnitud del problema: “En conjunto, un número que varía entre Comunidades pero cercano al 20% del personal de atención directa de las residencias dejó de trabajar. Oscila entre el 5% en Andalucía, 18% en Cataluña, 25% en Navarra y 35%-40% en Comunidad de Madrid”.

La falta de personal médico en las residencias fue otra de las denuncias realizadas por Alberto Reyero en las cartas que envió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Y es que el Gobierno madrileño no solo no medicalizó las residencias, sino que realizó ofertas a médicos y enfermeras que estaban en geriátricos para que fuesen a trabajar a hospitales, algo que muchos aceptaron ya que las condiciones laborales eran bastante mejores. Y cuando el consejero de Políticas Sociales reclamaba personal médico, no se lo daban. “La solución que hasta ahora habéis ofrecido de enviarnos listados de personal sanitario para que los reclutemos nosotros no funciona porque competimos con Sanidad y eso nos impide contratar adecuadamente”, se quejaba Reyero en la misiva del 11 de abril.

El entonces consejero, que dimitió el 2 de octubre de 2020, ha escrito un libro publicado recientemente sobre lo ocurrido en las residencias, Morirán de forma indigna, donde ofrece su testimonio sobre lo ocurrido. Uno de los pasajes más escalofriantes es aquel donde describe lo que ocurrió en el Consejo de Gobierno del 25 de marzo, cuando pidió ayuda para las residencias, en un momento en el que ya habían fallecido casi mil personas en los geriátricos de la región: “Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. «La situación es límite», les resumí. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones”. Y concluye Reyero: “Durante aquel debate, un consejero de Ciudadanos me había escrito un mensaje de WhatsApp: «Les da igual»”.

De manera que la patronal desveló en un informe escrito en el verano de 2020 que las bajas de personal llegaron al 40% en la Comunidad de Madrid, y eso es una media de todos los centros, lo que significa que en algunos ese porcentaje fue mucho más alto. Y el consejero de Políticas Sociales denunció la situación en unas cartas publicadas por infoLibre en enero de 2021. Pero todo ello no fue obstáculo para que, en octubre de 2021, la fiscal Lastra publicase una Memoria donde sostiene que las bajas de personal durante la pandemia “con medidas de diversa índole, se fueron solventando”. ¿Y cómo lo sabe ella? ¿Dispone de datos sobre el número de médicos y enfermeras que estuvieron de baja y por cuánto tiempo? ¿Conoce cuántos centros estuvieron sin personal médico? Son preguntas que forman parte del cuestionario enviado por este periódico y que se negó a responder.

Que en un informe del Ministerio Público figuren afirmaciones falsas es sorprendente, pero en absoluto es lo más grave desde el punto de vista de la investigación fiscal. El gran problema es la relación de hechos que la Fiscalía ha decidido obviar, como si nunca se hubieran producido.

La fiscal superior de Madrid achicó el campo de la investigación de forma tan exagerada, que al final se centró únicamente en la actuación de los directores o del personal médico de los geriátricos una vez que un residente se había contagiado. Cualquier decisión adoptada desde el poder político ha sido obviada a la hora de investigar.

Veamos a continuación todo lo que ha quedado excluido de la investigación fiscal.

1. No se investiga ningún tipo de hecho antecedente. Todo lo que ocurrió antes del contagio es irrelevante en opinión de Almudena Lastra, según explica en la Memoria: “Jurídicamente, lo relevante es valorar si, producido el contagio, las acciones que llevó a cabo la residencia para evitar el resultado lesivo finalmente producido fueron las adecuadas”. En palabras de una veterana fiscal consultada por infoLibre, “es como si en un caso de desnutrición de una persona mayor, el Ministerio Público dijese que no va a indagar las causas que provocaron la desnutrición, sino que simplemente va a analizar qué ocurrió una vez que se certificó que la persona estaba desnutrida”.

2. No se investiga la actuación de los geriatras hospitalarios. El Gobierno de Ayuso creó la figura de los “geriatras de enlace”, que eran quienes debían decidir si un residente podía ser derivado al hospital o no, de acuerdo con los criterios del Protocolo. La Fiscalía se limita en su Memoria a recoger lo que los geriatras le han trasladado que hicieron, pero no consta que haya realizado una investigación independiente sobre lo que realmente hicieron. Y ello a pesar de que existe prueba documental sobre lo ocurrido porque, como admite Lastra, “los centros hospitalarios usualmente dejaban constancia de la interconsulta”; es decir, de la llamada entre la residencia y el hospital para hablar sobre el traslado de un paciente.

Por tanto, la Fiscalía podría solicitar a los hospitales la documentación sobre las 7.291 personas que fallecieron en la residencia, sin derivación, para conocer qué consta en la interconsulta de cada caso. Pero no lo ha hecho.

3. No se investiga el Protocolo de no derivación. Más allá de la existencia del Protocolo de no derivación, desvelado por infoLibre en junio de 2020, hay múltiples preguntas sin contestar en relación con dicho documento. ¿Por qué se decidió aprobar? ¿Quién participó en las reuniones donde se discutió y quién decidió su aprobación? ¿Por qué motivo se acordó incluir como criterios de no derivación la dependencia física del residente o su grado de deterioro cognitivo, cuando no están directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona? ¿Cuál es el criterio médico para excluir de la derivación a una persona por el mero hecho de vivir en una residencia? ¿Cuándo se empezó a aplicar y cuándo se dejó de aplicar?

No consta que la Fiscalía Superior de Madrid haya pedido ningún tipo de información al Gobierno regional sobre dicho Protocolo, ni que haya llamado a declarar a los dirigentes políticos o responsables médicos que participaron en su elaboración o aprobación.

4. No se investiga la desatención sufrida por pacientes con otras enfermedades. En su Memoria, la fiscal Lastra escribe: “Debería llamarse la atención a todos los implicados –residencias, Administración y hospitales– sobre la alta incidencia de problemas de desatención de usuarios que derivaron en otras patologías, que debían haber recibido la misma atención que el COVID-19, en cuanto al protocolo de derivación se refiere, a fin de evitar que esta situación se repita en caso de una nueva crisis sanitaria”.

Pero, además de “llamar la atención”, si la Fiscalía ha detectado una “alta incidencia de problemas de desatención” de enfermos que se concretó en una discriminación ya que no “recibieron la misma atención” que quienes tenían el virus, ¿no debería investigar estos hechos de forma sistemática el Ministerio Público? Son múltiples las preguntas: ¿Quién es el responsable de esa discriminación? ¿Cómo se gestó? ¿Cuántas fueron las personas afectadas?

5. No se investiga la falta de medicalización de las residencias. Como se indicó previamente, son contundentes los datos y testimonios sobre la falta de medicalización de las residencias. No consta que la Fiscalía haya pedido información al Gobierno de Ayuso sobre cuántas residencias tenían personal sanitario cuando empezó la pandemia –la normativa autonómica permite a los centros de menos de 50 residentes no disponer de médico–, cuántas bajas se produjeron en cada centro, qué profesionales y material envió Sanidad a los geriátricos, cuántos médicos y enfermeras dejaron las residencias para ir a trabajar en un hospital…

6. No se investiga la razón para no trasladar enfermos al hospital de Ifema. El Gobierno madrileño creó un hospital de campaña en el recinto ferial Ifema, que estuvo operativo durante seis semanas y que tenía capacidad para 5.500 camas, según la información oficial difundida entonces. Durante esas seis semanas, fallecieron en los geriátricos madrileños más de 5.000 personas sin ser trasladadas a un hospital. Ninguna de ellas fue enviada a Ifema. A este centro sólo fueron trasladados 23 residentes, con síntomas leves.

La Fiscalía no ha indagado nada en relación con este asunto. ¿Por qué motivo se construye un hospital de campaña y se decide no trasladar allí a los enfermos que más lo necesitan? ¿Quién decidió que los pacientes de los geriátricos no podían recibir asistencia en Ifema?

7. No se investiga el uso dado a los hospitales privados. El Ejecutivo madrileño decidió, a mediados de marzo de 2020, crear un mando único sanitario por el que todos los hospitales públicos y privados pasaban a depender del consejero de Sanidad. Así lo explicó Ayuso en la Asamblea de Madrid: “Quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!”.

Se desconoce cuántas vidas salvó dicha decisión, pero lo que es seguro es que no fueron vidas de personas que estuvieran en geriátricos madrileños, salvo que tuvieran un seguro médico privado. ¿La razón? El propio Gobierno de Madrid admitió que no se había producido ni un solo traslado directamente desde una residencia a un hospital privado. Y ello a pesar de que, según la patronal, siempre hubo camas libres en dichos centros privados.

A la Fiscalía tampoco le ha parecido relevante indagar sobre este asunto. Si, como explicó la presidenta madrileña, todos los hospitales privados quedaban bajo el mando único de Sanidad, ¿por qué no se utilizó ese recurso para atender a los residentes que caían enfermos? ¿Quién tomó esa decisión y por qué motivos?

8. No se investiga el traslado al hospital de residentes con seguro médico privado. Aquellos residentes que tenían un seguro médico privado, pudieron saltarse el Protocolo de no derivación: llamaban a una ambulancia privada y eran atendidos en un hospital privado. A priori, y dado que todos los recursos hospitalarios estaban bajo el mando único de Sanidad, podríamos estar ante un caso de discriminación al reservar parte de los recursos existentes (los centros privados) solo para atender a determinados pacientes (los residentes que tenían seguro médico privado).

Tampoco consta que la fiscal Lastra se haya preocupado por este asunto.

9. No se investigan los hechos denunciados por testigos privilegiados. Hay decenas de testimonios de personas que denunciaron hechos que, al menos indiciariamente, podrían despertar el interés de una Fiscalía en un tema con miles de víctimas. El caso más obvio es el de Alberto Reyero, pero hay otros muchos, como por ejemplo la directora de la residencia de Amavir que declaró en la Asamblea o las afirmaciones de responsables de geriátricos recogidas en actas de la Policía Municipal de Madrid. La Fiscalía no ha considerado necesario llamar a declarar a ninguna de esas personas.

La suma de todas estas omisiones en la investigación fiscal tiene como resultado, lógicamente, que los únicos culpables que podrá encontrar el Ministerio Público son algunos médicos o directores de residencia, en caso de que no actuaran con la diligencia debida tras detectar que un paciente concreto estaba contagiado. Pero excluidas de la investigación fiscal absolutamente todas las decisiones adoptadas por la Administración autonómica, es materialmente imposible encontrar algún culpable entre los responsables políticos o altos cargos.

A ello hay que sumar otra cuestión fundamental. La Fiscalía tiene la obligación legal de abrir una investigación de oficio cuando tiene conocimiento de la posible existencia de un delito. De acuerdo con los datos de la Memoria de Almudena Lastra, los fiscales en Madrid han abierto 64 diligencias de investigación. ¿Cuántas han sido de oficio y cuántas como consecuencia de denuncias de familiares de las víctimas? Es otra de las cuestiones de infoLibre que la fiscal superior ha dejado sin contestar. Pero solo la asociación Pladigmare, que agrupa a familiares de residentes, asegura que presentó 59 denuncias ante la Fiscalía. Si esos datos son correctos, son la certificación de la pasividad total de la Fiscalía ante la hecatombe de las residencias de Madrid, puesto que como mucho habría actuado de oficio en media docena de casos.

En todo caso, el dato innegable es el siguiente: la fiscal Lastra sostiene que el Ministerio Pública ha investigado “más de 130 fallecimientos”, puesto que alguna de las diligencias de investigación afecta a más de una persona. Si tenemos en cuenta que fueron 7.291 las personas muertas en las residencias sin atención hospitalaria, ello significa que la Fiscalía ha investigado el 1,78% de las muertes.

Un dato que, por cierto, lleva a plantear otra pregunta: ¿cómo puede realizar la fiscal Lastra afirmaciones generales sobre el funcionamiento del Protocolo o la medicalización de las residencias cuando el Ministerio Público no ha investigado el 98,22% de las muertes producidas en dichos centros?

La existencia del Protocolo de no derivación hospitalaria ha centrado buena parte del debate público, desde el día siguiente a que fuera desvelado por infoLibre, cuando Isabel Díaz Ayuso mintió en la Asamblea diciendo que era “un borrador”. Desde entonces, los dirigentes del PP han mantenido dos versiones falsas diferentes: la del borrador, algo que fue desmentido por el propio alto cargo firmante del Protocolo cuando compareció en la comisión de investigación, y la de que no se llegó a “activar”, tesis defendida últimamente por el consejero de Justicia en contra de la evidencia de las 7.291 muertes en residencias. Enrique López, en la misma entrevista donde apostó por la tesis de la no activación, se inventó 9.000 derivaciones que nunca existieron. Aseguró que en marzo y abril de 2020 se habían producido “más de 15.000” traslados de residentes al hospital, cuando la cifra real fue de 6.204.

La Memoria de la Fiscalía establece como un hecho cierto que el Protocolo existió y se aplicó, aunque, como se explicó con anterioridad, Lastra sostiene falsamente que no funcionó como impedimento para el traslado de pacientes.

En todo caso, el análisis sobre la relevancia de dicho Protocolo no puede realizarse de forma aislada, es imprescindible tener en cuenta otros dos hechos fundamentales. Si el Protocolo hubiese existido en los mismos términos, pero las residencias se hubieran medicalizado, no habrían fallecido residentes sin la atención médica adecuada. Y con idéntico Protocolo y residencias sin medicalizar, si se hubiesen utilizado los recursos alternativos existentes –Ifema y hospitales privados– para atender a los enfermos, tampoco se habría producido el mismo resultado. Los tres hechos son partes de un todo.

Pues bien, de los tres hechos que marcaron la hecatombe en las residencias de Madrid, la Fiscalía que dirige Almudena Lastra no ha investigado dos: la no medicalización de los geriátricos y la no utilización de los medios alternativos existentes. Y respecto al tercero, el Protocolo, ha concluido en contra de todas las pruebas y evidencias disponibles –testimonios y datos oficiales del Gobierno de Ayuso– que no fue un “impedimento” para que los residentes fuesen trasladados a un hospital.

Los datos oficiales sobre fallecidos en las residencias de Castilla y León durante la primera fase de la pandemia desmienten con rotundidad uno de los mantras que repiten las patronales del sector: que el tamaño no importa, que la afectación fue igual con independencia de cuántas personas viviesen en cada centro. La verdad es que la tasa de mortalidad fue más del triple en los grandes geriátricos que en los pequeños.

Esta realidad se reprodujo en toda España, pero los datos de Castilla y León son especialmente significativos por dos razones: fue después de Madrid y Cataluña la comunidad con más fallecimientos en los dos primeros meses de la pandemia y es la segunda con mayor número de geriátricos tras Cataluña. En marzo y abril de 2020, perdieron la vida 2.341 residentes con covid o síntomas compatibles en los 685 centros que estaban operativos en la región.

El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) hizo pública la información sobre el número de contagios y muertes desglosados por residencia la pasada semana, obligado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que estimó “de forma íntegra” el recurso contencioso-administrativo que interpuso infoLibre para lograr que los datos fuesen públicos (puedes consultarlos aquí).

La mitad de los geriátricos de la comunidad tenían menos de 50 residentes cuando llegó la pandemia. Se trata de 344 centros en los que vivían en total 10.346 personas, de las que murieron 303 con covid o síntomas compatibles. La tasa de mortalidad ­– porcentaje de fallecidos respecto al total de residentes–­ se situó en el 2,93%.

Esa tasa de mortalidad va creciendo según aumenta el tamaño de los geriátricos: es del 4,19% en los de 50 a 99 residentes, del 6,95% en los de 100 a 199, del 8,95% en los de 200 a 299 y del 13,29% en los de 300 o más. En estas dos últimas categorías hay 24 y 3 centros, respectivamente, donde vivían 5.428 personas, de las que fallecieron 519. Por tanto, en los 27 centros más grandes de la comunidad –con 200 o más residentes– la tasa de mortalidad ascendió al 9,56%, más del triple que en aquellos con menos de 50 personas.

En Castilla y León, no se produjo ni un solo fallecimiento en 445 residencias, lo que equivale al 65% del total. Pues bien, 409 de esos centros eran de pequeñas dimensiones, ya que atendían a menos de cien personas cuando llegó la pandemia. Estos datos son similares a los del conjunto de España, donde no se registró ningún deceso en el 63% de los geriátricos. Sólo hay cuatro comunidades donde ese porcentaje fue claramente peor: Cataluña (48% de centros sin muertes), Castilla-La Mancha (42%), La Rioja (41%) y, muy especialmente, Madrid (28%).

Las patronales del sector defienden con fiereza que el tamaño de las residencias es irrelevante para la calidad del servicio que en ellas se presta. Y ganaron al Gobierno una importante batalla el pasado mes de junio al lograr que el Ministerio de Derechos Sociales renunciase a su objetivo de poner fin a las macrorresidencias. En el acuerdo sobre el nuevo modelo residencial aprobado en el Consejo Territorial, donde se sientan los Gobiernos central y autonómicos, se fijó un límite de 120 plazas para los proyectos futuros, pero se indultó a todos los geriátricos de grandes dimensiones abiertos o en construcción.

Como desveló infoLibre, a finales de 2020 existían en España 856 residencias con más de 120 plazas. Y a esta cifra hay que añadirle los centros que abrieron sus puertas en 2021 y en lo que va de año, además de todas las que se encuentran en este momento en construcción. El resultado es que a finales de la década seguirán funcionando en España más de mil centros de grandes dimensiones.

En la información hecha pública por el Gobierno de Mañueco se indica quién es la entidad titular de cada residencia, pero no se ofrece el dato de quién la gestiona. En otras palabras: se explica quién es el titular del centro, pero no quién lo administra realmente. La diferencia es importante en toda España porque hay más de 750 geriátricos que son de titularidad pública, pero están privatizados, lo que en el argot administrativo se denomina “gestión indirecta”. Este fenómeno es especialmente relevante en Castilla y León, donde había 137 geriátricos privatizados cuando llegó la pandemia, 130 de ellos de propiedad municipal.

De las 685 residencias de la región, únicamente 59 eran de gestión pública, lo que supone el 8,6% del total. Las otras 626 estaban en manos privadas, bien por ser de gestión indirecta (137) o bien por tener tanto titularidad como gestión pública (489). Esta información también fue facilitada por el Gobierno autonómico a infoLibre, a través de otra solicitud presentada en su día a través del portal de Transparencia.

La mortalidad en Castilla y León fue mayor en los centros de gestión pública, que atendían al 12,32% de los residentes (5.277 personas) y registraron el 14,48% de los decesos (339). En el caso de los geriátricos de gestión privada, se encargaban del 87,68% de los residentes (37.562 personas) y en ellos se produjeron el 85,52% de las muertes (2.002).

Aunque para determinar con precisión qué factores pudieron influir se necesitaría realizar estudios más detallados, precisamente el tamaño de los centros pudo ser uno de los elementos decisivos. Las residencias de gestión pública contaban de media con 89 residentes, mientras que los de administración privada estaban en 60. En el caso de los de gestión indirecta esa cifra era aún mucho más reducida, con sólo 40 residentes, lo que se explica precisamente por ser casi todos ellos pequeños geriátricos situados en localidades poco pobladas.

La relación entre tamaño y tasa de mortalidad es directa: fue del 6,42% en los centros públicos y del 5,33% en los privados, porcentaje que se redujo al 4,58% si analizamos sólo los de gestión indirecta.

En el conjunto de España, de las 15 comunidades que ya aportaron los datos a solicitud de infoLibre, en diez fue mayor el impacto en los centros de gestión privada, mientras que únicamente en cinco la afectación fue más alta en los de gestión pública (Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi y Extremadura). Se desconoce aún la información de Asturias, donde este periódico está pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo, y Aragón, donde el Gobierno regional de Javier Lambán (PSOE) lleva más de dos años sin resolver la solicitud planteada por infoLibre.

Dentro del grupo de residencias de gestión privada existen enormes diferencias en cuanto al impacto de la pandemia, algo lógico dada la variedad en un grupo formado por 626 centros: desde el tamaño a la localización (la mortalidad fue mayor en las provincias más cercanas a Madrid) pasando por el modelo de explotación del geriátrico aplicado por el gestor. Pero, dentro de esa diversidad, en Castilla y León se cumple una pauta que es idéntica en toda España: la afectación fue mayor en las residencias gestionadas por las grandes multinacionales del sector.

Los principales dominadores del sector residencial en España son ocho grupos privados, que están en manos de fondos de inversión o multimillonarios españoles y franceses. Los ocho gestionan 62 geriátricos en Castilla y León y su tasa media de mortalidad se situó en el 6,89%, puesto que atendían a 6.095 residentes y en sus centros se produjeron 420 fallecimientos. Un porcentaje que está por encima del registrado por las residencias públicas.

El peor dato corresponde a DomusVi, con una tasa de mortalidad del 10,3%, seguido por Colisée (9,5%), Orpea (8,4) y Ballesol (7,7%). Por debajo de la media se situaron Vitalia Home (6,0%) y Clece (3,7%). No hubo decesos ni en los dos geriátricos de Sanitas ni en el único de Amavir.

También en este caso existe una relación directa entre mortalidad y número de residentes. La media era de 139 personas en DomusVi, 125 en Colisée y 121 en Orpea, mientras que sólo llegaba a 63 en Clece. La explicación de esta última cifra es que 15 de los 29 geriátricos explotados por la compañía que preside Florentino Pérez eran pequeños centros de titularidad municipal.

No obstante, ninguno de estos grupos mercantiles empeora lo ocurrido en Mensajeros de la Paz, la ONG que preside Ángel García, conocido como el padre Ángel. La tasa media de mortalidad en Mensajeros ascendió al 11,1%, a pesar de que en sus 15 residencias vivían de media tan sólo 63 mayores. Pero si analizamos los datos centro a centro comprobamos que, una vez más, el tamaño aparece como el elemento decisivo. De los 15 centros, 13 tenían menos de cien residentes y solo dos superaban esa cifra: el geriátrico emblema de Mensajeros en La Bañeza, donde vivían 234 personas, y un segundo geriátrico en la misma localidad leonesa (denominado Nuestra Señora de Castrotierra), con 106 residentes. Pues bien, en el primero fallecieron 71 mayores y en el segundo murieron 17. La residencia Mensajeros de la Paz en La Bañeza fue la que registró un mayor número de decesos en toda la comunidad y su tasa de mortalidad se situó en el 30%, una auténtica barbaridad.

La residencia que Mensajeros de la Paz tiene en la localidad leonesa de La Bañeza era en teoría el buque insignia en el sector residencial de la entidad que dirige Ángel García, conocido como el padre Ángel. Pero cuando llegó la pandemia sufrió un verdadero hundimiento: 71 de las 234 personas que vivían allí perdieron la vida en apenas dos meses. Es decir, tres de cada diez residentes murieron. De hecho, contagiarse era casi una condena de muerte, puesto que solo lograron sobrevivir nueve de los 80 mayores que tuvieron covid. De los 71 fallecidos, solo cinco recibieron asistencia hospitalaria, el resto de los decesos se produjeron en el propio centro.

Esa residencia de Mensajeros fue la que registró mayor número de muertes en Castilla y León en marzo y abril de 2020, de las 685 que estaban operativas en aquel momento en la región. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) hizo públicos los datos este jueves, obligado por el Tribunal Superior de Justicia, que estimó “de forma íntegra” el recurso contencioso-administrativo que interpuso infoLibre para lograr que la información fuese pública. El Ejecutivo regional le facilitó los datos a este periódico y, pocas horas después, los colgó en la página web de la Junta (puedes consultarlos aquí).

En aquellos dos meses fallecieron 2.341 residentes en Castilla y León con covid o síntomas compatibles, lo que convierte a dicha comunidad autónoma en la tercera con más decesos, por detrás de Madrid y Cataluña. En los tres territorios se paralizaron las derivaciones a los hospitales y se dispararon las muertes en los propios centros, que supusieron el 77,0% del total de decesos en Madrid, el 71,8% en Cataluña y el 68,7% en Castilla y León.  

El principal grupo del sector residencial en la región es Clece, parte de la multinacional ACS que preside Florentino Pérez. En marzo de 2020 gestionaba 28 residencias, 17 de ellas de titularidad pública pero que habían sido privatizadas (15 eran propiedad municipal, una del Gobierno autonómico y otra de la Diputación de Soria).

En los centros de Clece vivían 1.778 personas, de las que perdieron la vida 67, lo que supone una tasa de mortalidad del 3,7%. La peor parte se la llevó la residencia Patio de los Palacios, en Valladolid, con 23 muertes. En El Parque, en Soria, fallecieron 14 personas. En el lado opuesto destacan 16 centros donde no se produjo ningún deceso. Clece gestionaba el 4,1% de las camas residenciales de la comunidad, y sufrió el 2,8% de los decesos. Una situación a la que contribuyó el hecho de que su negocio se centra en buena medida en centros municipales de pequeño tamaño, que en general se vieron menos afectados por el virus.

El segundo grupo más potente es una congregación de monjas: las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con 13 residencias en las que vivían 1.747 mayores. En total perdieron la vida 50, de ellos 16 del centro Sagrada Familia en Aranda de Duero (Burgos). En el geriátrico San José, en Medina del Campo (Valladolid), fallecieron 9. También en su caso es menor el porcentaje de decesos (2,1% del total) que el de plazas gestionadas (4,1%).

En tercer y cuarto lugar se sitúan Colisée y DomusVi, ambas multinacionales en manos de fondos de inversión. Y ambas presentan, junto a Mensajeros, las peores cifras al comparar su tamaño con el número de fallecidos.

Colisée disponía de 11 residencias –ocho de ellas en la provincia de Salamanca–, con 1.375 camas ocupadas cuando llegó la pandemia (3,2% del total en la región). Hasta en cinco centros se registraron 15 o más decesos, siendo la tragedia especialmente grave en el de la localidad salmantina de Villares de la Reina con 44 muertes. En total perdieron la vida 131 personas en sus geriátricos, el 5,5% del total, claramente por encima del porcentaje de plazas.

DomusVi muestra unas cifras casi idénticas, con 130 fallecidos en sus nueve centros de la comunidad, donde vivían 1.255 personas cuando llegó la pandemia. También en su caso el porcentaje de muertes (5,5%) está claramente por encima del porcentaje de plazas gestionadas (2,9%). Uno de cada diez mayores que vivían en residencias de DomusVi perdieron la vida. La masacre fue especialmente cruel en DomusVi Arroyo (Valladolid), donde se produjeron 61 decesos, la segunda peor cifra de la comunidad. En el geriátrico de DomusVi en La Virgen del Camino (León) hubo 46 decesos.

La tasa de mortalidad en DomusVi se situó en el 10,3%, porcentaje que sólo logró empeorar Mensajeros de la Paz, con el 11,1%. Además de la hecatombe en la principal residencia de La Bañeza, también destacan las 17 muertes registradas en un segundo centro que la ONG del padre Ángel tiene en esa localidad leonesa. De los 954 residentes que vivían en alguno de los 15 centros de Mensajeros de la Paz, 106 habían fallecido el 30 de abril.

Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor número de residencias (685 abiertas en marzo de 2020), solo superada por Cataluña. En cuanto al número de plazas autorizadas, se sitúa en tercer lugar, por detrás de Cataluña y de Madrid. El número de camas ocupadas en aquel momento era de 42.839.

En 35 de esos centros se produjeron 20 o más decesos, una lista negra que encabeza Mensajeros en La Bañeza con 71 personas muertas. Sólo hay siete centros en toda España con mayor número de fallecimientos en dicho periodo, que fue el más fatídico para los residentes desde la llegada del virus.

Cinco de esos geriátricos cuentan con gestión pública –cuatro de la Junta y uno de la Diputación de Burgos–, mientras que las otras 30 tienen gestión privada. En el primer grupo, la situación fue especialmente dramática en la Residencia Asistida de Segovia, donde perdieron la vida 55 personas, la tercera cifra más alta en la región.

El quinto centro con mayor número de defunciones fue la Residencia San Bernabé y San Antolín, en Palencia, gestionada por una fundación católica del mismo nombre y donde se produjeron 46 decesos en aquellos dos meses.

Varios geriátricos de la lista están ligados a la Iglesia. Cáritas gestionaba dos de estas residencias –El Sotillo en la localidad segoviana de La Lastrilla y San Agustín en el pueblo zamorano de Toro–, mientras que otros dos geriátricos de Valladolid estaban en manos de congregaciones de monjas: la Casa de la Beneficencia, controlada por las Hijas de la Caridad (que dejaron esa función en junio de 2021), y el Sagrado Corazón, del que se encargan las Hermanas Angélicas. En el primero fallecieron 38 personas y en el segundo, 20.

También destaca la alta mortalidad de residencias concretas que pertenecen a los grupos multinacionales más importantes, además de los ya citados DomusVi y Colisée. Así, en Orpea Valladolid murieron 36 mayores, en Ballesol Salamanca otros 25, y en Vitalia Home de Cabezón de Pisuerga fueron 25.

En la lista también figuran dos centros sorianos del grupo Latorre, que es el más fuerte de dicha provincia.

Por último, cabe mencionar a dos residencias salmantinas que adquirieron fama en octubre de 2018, cuando se convirtieron en las protagonistas negativas de ¿Te lo vas a comer?, el programa del conocido cocinero Alberto Chicote. En Bellavista de Castellanos de Moriscos murieron 30 personas y en Bellavista de Babilafuente otras 20. En aquel momento ambos pertenecían a un empresario local llamado Rafael de la Torre Fraile, que se las vendió al grupo Albertia a finales de 2020. El hecho de que la entidad gestora de uno de esos geriátricos fuese una sociedad llamada Vistalegre Industrias Porcinas deja bien a las claras la sensibilidad del empresario con el cuidado de los mayores.

A continuación, infoLibre publica los datos esenciales de esas 35 residencias donde el impacto de la pandemia fue especialmente grave.