Al Govern se le acumulan los deberes para un final de curso minado de negociaciones y huelgas. El profesorado ha realizado un paro general en toda Cataluña y ha provocado el corte de varias carreteras. Se trata de la primera jornada de unas movilizaciones que se alargarán hasta comienzos de junio, si el Ejecutivo de Salvador Illa no lo impide con la aprobación de los presupuestos de este año, que previsiblemente anunciará con ERC la próxima semana (pasadas las elecciones andaluzas), después de meses encallados y al borde de fechas críticas.

Las nuevas finanzas prevén una inversión de 8.356 millones de euros en Educación, lo que representa un incremento del 24,4% respecto a 2023, pero apenas un 2,65% del PIB catalán, muy lejos del 6% que reclaman los sindicatos en una Iniciativa Legislativa Popular que se discute en el Parlament desde el mes de mayo pasado. "Quieren darnos 50 euros por noche de campamento, es decir, tres euros la hora. Y con eso se creen que es suficiente. Queremos que nos bajen el ratio por clase y reconozcan nuestro trabajo", pide una de las portavoces de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Cati Morros, en la multitudinaria manifestación de Barcelona. "Països Catalans, en peu de guerra per la pública!" ["¡Los Países Catalanes, en pie de guerra por la pública!"], se lee en su pancarta. 

De momento, tampoco ha aplacado las protestas la improvisada reunión con sindicatos que ha convocado la consellera d'Educació, Esther Niubó, para el jueves. "Llega tarde y sin propuestas concretas", se queja la maestra de música, al igual que el sindicato mayoritario, la USTEC, que se desvinculó en marzo del acuerdo de la conselleria con UGT y CCOO. El Govern confía ahora en que la inminente aprobación de los presupuestos, con aumentos salariales y mejoras en infraestructura escolar, sirva para desactivar las huelgas.

"Los límites al presupuesto en Educación tienen un problema de base: el sistema de financiación Estado-Cataluña. Los mismos límites que tiene ERC a la hora de conseguir algo más de dinero para rascar alguna concesión", asegura a infoLibre el politólogo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Marc Guinjoan, sobre las borrascosas negociaciones del PSC para lograr el apoyo de ERC a las cuentas de este año. Las cifras irán acompañadas de tres pactos políticos: la sociedad mercantil para asegurar las inversiones del Estado en infraestructura; la línea de tren orbital para conectar el cinturón periférico sin pasar por Barcelona; y el traspaso a la Generalitat de una competencia estatal, aún por definir, pero que podría ser un órgano bilateral para que la Generalitat participe en la gestión de los aeropuertos catalanes.

Aunque, de momento, todo es papel mojado. Por eso los republicanos han supeditado su apoyo a que los acuerdos se ratifiquen en una Comisión Bilateral Estado-Generalitat que evite distorsiones entre lo anunciado y lo implementado. "Hay un largo historial de incumplimiento de los acuerdos de ERC con el PSOE y pocos se materializan, como ya se vio con la transferencia del IRPF", indica el profesor de la UAB. Desde el verano de 2024, los republicanos pactaron con los socialistas que Cataluña gestionase plenamente la recaudación del IRPF, algo que todavía no se ha implementado. 

A pesar de ese incumplimiento, el líder de ERC Oriol Junqueras decidió retirar en marzo esa demanda del entorno de la negociación con el PSC para dar viabilidad a los presupuestos. Algo que ha vuelto a suceder con la petición de cese del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que exigieron la semana pasada tras la infiltración de dos agentes de este cuerpo en una de las asambleas de profesores para planear la huelga. "ERC juega en muchas arenas políticas (entre el independentismo y su alianza en Madrid) y no le queda más alternativa que optar por la gobernabilidad de Cataluña ante un contexto de conflicto laboral y una demanda unánime de la sociedad catalana", afirma a este medio el analista y politólogo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marc Sanjaume, sobre el pragmatismo de los republicanos, que desde hace tiempo han escogido la gobernabilidad, máxime ahora frente al avance de fuerzas antiinstitucionales materializadas en Aliança Catalana. En este planteamiento, se juega a que es mejor tener a PSC y PSOE en el Gobierno que anticipar elecciones.

"Para nadie de su electorado es una sorpresa que ERC haya cedido, aunque tenga socios poco fiables", señala el politólogo de la UPF, sobre unas comisiones que han tenido "un historial de fracasos". De entrada, la Comisión Bilateral requiere de la aprobación del Congreso y, a finales de abril, Junts ya votó en contra -junto a PP y Vox- de crear un consorcio público bilateral formado por la Generalitat y el Estado para gestionar la implantación de futuras infraestructuras catalanas. Los de Puigdemont tacharon la propuesta de ERC de "otro chiringuito" colaboracionista con España, casualmente, cuando se cumple el 30º aniversario de la firma de la entente entre el PP de José María Aznar y la CiU de Jordi Pujol. 

Precisamente, ERC ha optado por aquel antiguo sistema Pujol de el peix al cove, conseguir lo que se pueda, cuando se pueda, pactando con quien sea para no desgastarse. Y, ante esa premisa, lo único que ha tenido que hacer el PSC para no dejarse materias para septiembre ha sido poner el balón en el tejado de los republicanos, que terminan presentándose a todos los exámenes sin ni siquiera formar parte de ningún gobierno.

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

Las izquierdas no quieren perder más tiempo. La ola de las derechas sigue avanzando en cada cita autonómica. Y, tras un periodo de bloqueo, el espacio progresista se remueve. No se resigna. Y en Cataluña emerge como uno de los faros morales más simbólicos el exdiputado Joan Tardà (ERC), con una apuesta clara por la convergencia ante el nuevo ciclo electoral.

Tardà es, además, el padre político de Rufián, que se ha convertido en el catalizador de la vía de unidad con “ciencia, orden y método” para que la izquierda sea competitiva a nivel general, pensando de manera efectiva en cada provincia. Su acto con Emilio Delgado (Más Madrid) el pasado día 18 en Madrid supuso todo un revulsivo para que la izquierda deje atrás la melancolía y se ponga manos a la obra.

Pero sus propuestas no han calado en la dirección de su propio partido y ERC rechaza por el momento esas listas conjuntas. Tardà está dispuesto a dar la batalla y ya ha configurado una corriente interna bajo el nombre de Àgora Republicana con la idea de influir en la hoja de ruta que está preparando el partido independentista catalán.

¿Y a favor de qué está remando Tardà? Por un lado, el exdiputado defiende, como Rufián, la idea de que en la mayoría de provincias se produzca un entendimiento principalmente entre Sumar, IU y Podemos para maximizar los resultados. En el caso catalán, propugna tanto para las elecciones generales en 2027 como para las autonómicas de 2028 un frente amplio de izquierdas formado por partidos independentistas y soberanistas como son la propia ERC, los comunes, la CUP y Comunistes, además de integrar a referentes de los movimientos sociales y sin tener que perder las siglas.

La idea de esta papeleta en Cataluña para las generales también serviría de empuje para el resto de formaciones en toda España. Y en el caso de las elecciones catalanas cree que podría ser incluso primera fuerza o estar al nivel del PSC de Salvador Illa. Su plan siempre pasa por conformar un Govern de coalición. Frente al intento de separarse de los socialistas de algunas partes de ERC, el exdiputado es un firme defensor del apoyo en el Congreso y de cogobernar en el Palau.

Este plan choca con algunas premisas como que algunos votantes independentistas puedan dar de lado la papeleta al integrar a los comunes o viceversa. Pero, según ha ido explicando durante estas semanas Tardà, cree que la situación ahora mismo gira en torno a otros ejes y prima la unidad para hacer frente al avance de las derechas (en el caso catalán se suma el auge de Aliança Catalana, capitaneada por Sílvia Orriols).

En esa apuesta por la vía de la unidad, Tardà mira especialmente a los comunes (Sumar tuvo más votos en Cataluña el 23J que Esquerra Republicana). Ese partido está ahora mismo inmerso en la refundación de Sumar junto a Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar. En el acto del día 21, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, apeló a la necesidad de crear un proyecto político ganador porque no solo se vence en las urnas con aritmética sociológica.

Los comunes se han convertido en uno de los principales pilares para reconstruir ese espacio de la izquierda y en los últimos días ha reaparecido con fuerza la figura de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que acudió al acto de Madrid y que ya aparece en todas las quinielas como uno de los posibles nombres para encabezar una futura candidatura de unidad.

Tardà, mientras, quiere dar la batalla interna en su partido a favor de este tipo de frentes de izquierdas. ¿Tiene peso suficiente? Según varias fuentes de ERC, ahora mismo la dirección está bajo el control absoluto de Junqueras, que no comulga con el papel de Rufián. “En Madrid se sobrevalora mucho la importancia de Gabriel y de Joan”, señala un cargo republicano.

En ERC sí valoran mucho el tirón mediático de Tardà, que es habitual en tertulias y da entrevistas a medios nacionales. Pero también algunos cargos recuerdan que muchas veces se pronuncia dando solo su opinión, sin pensar en el partido o sin respetar las negociaciones en curso, como pasó durante la investidura de Salvador Illa como president. Esto ha provocado que se haya creado algún enemigo interno.

También reconocen diversas fuentes de Esquerra que Tardà cuenta con un gran peso moral en el partido y mucho tirón entre los militantes: “Tiene un papel muy simbólico y emocional”. Pero el poder lo tiene Junqueras, como indican en el partido: “Junqueras manda con Junqueras. Y se ha rodeado de una camarilla muy cerrada. Antes todo era más coral. La Ejecutiva actual tiene muy poco peso político”.

Estos movimientos por buscar un frente de izquierdas se dan en un momento en el que Esquerra Republicana ha endurecido su posición respecto a los socialistas. Los republicanos rechazan apoyar los presupuestos de Salvador Illa y de Pedro Sánchez al poner por delante la exigencia de que se ceda la gestión del IRPF a Cataluña, un aspecto que por ahora no ve claro Moncloa.

ERC mantiene su rechazo a negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026 al considerar que los compromisos del PSOE para que Cataluña recaude el IRPF no son suficientes, tras la reunión que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder republicano, Oriol Junqueras.

Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes de ERC, Sánchez y Junqueras se reunieron ayer en la Moncloa para abordar la recaudación del IRPF, una de las condiciones fijadas por los republicanos para poder sentarse a negociar las cuentas de la Generalitat, un encuentro que no sirvió para desencallar la situación al no haber obtenido un compromiso explícito al respecto.

ERC celebra este sábado una reunión de su ejecutiva y después reunirá a su consejo nacional, máximo órgano del partido entre congresos, en el que Junqueras expondrá a los dirigentes el estado de las negociaciones e intervendrá ante los medios de comunicación.

El pasado viernes, el presidente catalán, Salvador Illa, reafirmó su "compromiso total" con los acuerdos de investidura, en especial con "avanzar" en el despliegue de la hacienda catalana y que esta pueda asumir la gestión del IRPF, una medida a la que Hacienda se opone.

"Nosotros la queremos poner en valor y la agradecemos, pero es evidente que no es suficiente porque las declaraciones tienen que ir acompañadas de gestos y de decisiones. Y estos gestos todavía no han llegado y no tenemos ninguna garantía de que acaben llegando", ha subrayado Junqueras.

Fuentes de ERC consultadas por EFE han explicado que el Govern estaba al corriente desde ayer por la tarde del anuncio de Junqueras de esta mañana, y que estaban preparados para anunciar el inicio de las negociaciones.

De hecho, ERC ha retirado esta semana su proposición de ley al ver "más factible" negociar enmiendas al nuevo modelo de financiación que incluyan esta cesión, aunque Junqueras pidió el lunes que el PSOE mostrara su apoyo a esta vía.

"Alguien no ha hecho sus deberes"; "hay gente que ha dicho que tenía atados unos apoyos y finalmente no era así", coinciden en señalar las fuentes consultadas por EFE, que apuntan a la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como uno de los principales obstáculos.

No en vano, en su intervención pública de esta mañana, Junqueras ha interpelado directamente al PSC para que "convenza al Gobierno español para que cumpla sus compromisos". "Entonces sí se darán las condiciones para negociar presupuestos", ha apuntado el dirigente republicano.

La negativa de ERC a iniciar la negociación presupuestaria puede llevar al Govern a reorganizar sus planes, ya que tenía previsto convocar el lunes a los agentes sociales en el Palau de la Generalitat para que diesen su aval a los Presupuestos de 2026, con la opción encima de la mesa de aprobarlos el jueves en un consejo ejecutivo extraordinario.

Pese al no a los Presupuestos, Junqueras sí que se ha referido a los suplementos de crédito, mostrando de manera explícita su "voluntad de negociarlos" para que "aporten a la sociedad los recursos que son necesarios".

El no a las cuentas catalanas no es óbice para que los republicanos lleguen a otros acuerdos con el Gobierno central, entre ellos el consorcio de inversiones en Cataluña que reclaman y del que hoy Junqueras ha dicho que es "muy importante" y que debería servir para "acelerar, ejecutar el dinero que hay en los Presupuestos".

A este consorcio de inversiones se ha referido también el secretario general de JxCat, Jordi Turull, que ha expresado su rechazo a este organismo en su intervención ante el consejo nacional de JxCat, reunido de manera ordinaria en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

"No hace falta ningún consorcio. Que pague el Estado lo que no ha cumplido. Basta ya de crear empresas mixtas que no hacen más que confundir, y al final aquí no manda nadie. Lo que no haya ejecutado el Estado, dinero directo a Cataluña", ha sostenido Turull en su intervención.

El Govern de Salvador Illa ha pactado con el grupo de Comuns el proyecto de los presupuestos de la Generalitat de 2026, que necesita también de los votos de ERC para poder ser aprobado en el Parlament, según informa EFE.

El presidente catalán, Salvador Illa, y la presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, escenificarán esta mañana, a las 11:00 horas en el Palau de la Generalitat, la firma del acuerdo después de mantener una reunión a puerta cerrada.

Comuns ha centrado sus reivindicaciones en la vivienda y el transporte ferroviario, dos de sus prioridades de la legislatura, y ha dado su visto bueno a las cuentas tras sentarse formalmente a negociarlas hace apenas dos semanas.

ERC, por contra, todavía no se ha avenido a hablar de presupuestos con el ejecutivo. Los republicanos reclaman que se den antes avances en la carpeta del IRPF, si bien en paralelo negocian con el Ejecutivo central la creación de un consorcio de inversiones.

Comuns anunció que negociaría los presupuestos el pasado 3 de febrero y la primera reunión con el Govern tuvo lugar el día 9, de modo que el pacto se ha cerrado formalmente en apenas una decena de días.

En este tiempo ha dado a conocer diversos acuerdos sectoriales, como por ejemplo 105 millones más a la partida destinada a las ayudas al alquiler, ampliando los baremos para optar a estas; o la creación de un cheque de 25 euros para productos menstruales y otro para preservativos, destinado a jóvenes de hasta 25 años.

La prohibición de la compra especulativa de vivienda ha sido uno de los principales caballos de batalla de este grupo, que advirtió de que la negociación no se cerraría si no se alcanzaba un acuerdo en esta materia.

Comuns también ha abogado por acelerar las inversiones en Rodalies mediante el sistema de las encomiendas de gestión, es decir, siendo directamente la Generalitat la que ejecute unos trabajos financiados por el Estado.

Para que los presupuestos reúnan la mayoría necesaria en el Parlament se requiere que ERC también conceda sus votos, aunque los republicanos no han comenzado de momento siquiera a negociar. El Govern sigue manteniendo que tiene el objetivo de que las cuentas entren en vigor antes de que finalice el primer trimestre, lo que parece ya inviable dado que el trámite parlamentario se suele alargar en entre seis y ocho semanas.

En el ejecutivo de Illa esperan, sin embargo, que los republicanos acepten hablar de las cuentas en breve: la dirección de ERC ha convocado un consejo nacional este sábado que podría aportar novedades al respecto.

El pacto presupuestario alcanzado este jueves presenta cuatro claves principales.

Las dos partes han pactado diversas enmiendas en la proposición de ley ya registrada por Comuns para limitar las llamadas compras especulativas de vivienda, si bien para que esta entre en vigor será necesario, también, que ERC le dé sus votos. La intención de Comuns es tramitar la ley por el procedimiento de urgencia para que sea una realidad ya en agosto.

El texto prevé reformar la ley de urbanismo para habilitar a los Ayuntamientos de zonas tensionadas -donde se concentra el 90% de la población- a limitar las compras: con cinco o más pisos en propiedad, los fondos solo podrían adquirir edificios enteros para ponerlos a alquiler, mientras que las personas físicas solo podrían comprarlos para uso propio; por contra, podrían tenerse hasta cuatro inmuebles en estas zonas siempre que estos sean para residencia habitual de algún familiar o se pongan en alquiler.

El Govern se compromete a destinar 1.250 millones de fondos propios a política de vivienda. Otro punto del pacto es ampliar las coberturas de ayuda al alquiler, de modo que lleguen a más población (en dos años, al 25% de inquilinos) y se incrementen los criterios para su concesión.

En materia de movilidad, se ha acordado dar impulso al traspaso de Rodalies a la Generalitat, asumiendo la R1 e iniciando el proceso de las otras líneas acordadas -R3, R2 Sur y R4 Norte-, así como una dotación presupuestaria para el estudio del cuarto túnel ferroviario en Barcelona.

También se contempla mantener las bonificaciones del 50% en los abonos de transporte T-Usual y T-Jove durante toda la legislatura, algo ya anunciado hace unas semanas por el Ejecutivo.

Comuns también hace énfasis en que han consensuado el desarrollo e impulso de varias líneas de tranvía en Cataluña, como el de la comarca del Bages (Barcelona), el de Girona o la conexión del TramBaix entre Esplugues de Llobregat y Sant Just Desvern, en el área metropolitana de Barcelona.

Un objetivo que Comuns ha reconocido no haber alcanzado es el compromiso de que las listas de espera en todos los ámbitos del sistema sanitario, desde las primeras visitas hasta las pruebas diagnósticas, se reduzcan en un 50%.

El Govern sí ha aceptado que "ningún médico ni ningún equipo directivo de centros de atención primaria vean reducidas sus condiciones económicas por la duración o cantidad de las incapacidades temporales (bajas)", una cuestión que había suscitado las críticas también de ERC y la CUP.

Bajo el epígrafe de Salud, el acuerdo recoge asimismo los vales para preservativos para jóvenes entre 16 y 25 años, por valor de 25 euros anuales, y también el de productos menstruales desde los 12 hasta los 25 años, por el mismo importe.

En materia de educación, destaca el abono de 100.000 nuevas becas comedor, para que estas alcancen al 30% de los alumnos, así como una serie de medidas para mejorar la comprensión lectora que incluyen la incorporación de 158 psicopedagogos.

Asimismo, está previsto que incrementar hasta los diez millones el presupuesto dedicado a políticas de memoria democrática para, entre otros objetivos, crear una oficina de atención a las víctimas.

Este acuerdo contempla poner en marcha un plan de choque contra el sinhogarismo con una dotación de 30 millones y que el presupuesto para batir las violencias machistas alcance los 11,2 millones, un 49% más.

Otra jornada de paralización de Rodalies en Cataluña. Suma y sigue. La crisis en el servicio de trenes de cercanías y los problemas con el AVE entre Madrid y Barcelona han desembocado en un asunto de enorme trascendencia política tanto para el PSOE como el PSC en un lugar sagrado ahora para el socialismo. Y clave para el ciclo electoral.

Cataluña lo es todo ahora para el socialismo. Es la comunidad más poblada que controlan, Salvador Illa es uno de los grandes referentes del partido, Barcelona es la ciudad más importante en manos de la formación y es una región esencial para que Pedro Sánchez pueda aguantar en las próximas elecciones generales. El pasado 23J, el PSC logró un resultado excepcional en esa autonomía, llegando hasta los 19 escaños (siete más que en 2019).

Asimismo, Cataluña se ha convertido en el gran modelo de referencia de gestión del PSOE, erigiéndose como el contrapeso del ultraliberalismo que rige la Comunidad de Madrid en manos de Isabel Díaz Ayuso. Es el ejemplo para Ferraz de cómo llevar las riendas de una comunidad con medidas como la aplicación de la ley de vivienda para declarar zonas tensionadas y rebajar el precio de los alquileres. Y, además, Illa se presenta como líder de un Govern de eficiencia tras los años de descontrol del procés.

La situación de Rodalies ha tensionado incluso internamente al Palau con el Ministerio de Transportes, lo que ha provocado hasta el momento que hayan sido cesados dos cargos medios. Ha sido el primer roce entre dos Ejecutivos que van de la mano, algo que preocupa dentro del propio partido. Desde Madrid se envió a Barcelona de nuevo este martes al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para supervisar la crisis, una exigencia que llegó desde la propia Generalitat.

Rodalies supone un gran problema para la imagen del Ejecutivo central, que tiene las competencias, y el Govern. En esta red se mueven diariamente unas 400.000 personas (una frecuencia que ha bajado respecto a 2018, cuando la cifra era de unos 40.000 usuarios más en cada jornada).

Están siendo días muy complicados para la Generalitat de Cataluña, según confiesan fuentes del socialismo catalán. La consellera de Territorio y Vivienda y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, puso voz este martes a esa sensación, tachando de “lamentable” el estado de Rodalies y trasladando la exigencia al Ministerio de Transportes, a Adif y a Renfe de que arreglen la situación “lo antes posible”.

Asimismo, mandó este mensaje a los ciudadanos: “Estamos trabajando intensamente y no dejaremos de trabajar para revertir la situación. Lo vamos a resolver, con el camino trazado con inversiones, el traspaso y la mejora de la gobernanza”. Paneque se ha convertido, además, en una diana política en estos momentos en Cataluña, con parte de la oposición exigiendo su dimisión. Hasta cuatro mociones de ERC, Junts, PP y la CUP se estudiarán la semana que viene en el Parlament para solicitar su cese y cuentan con los votos suficientes para salir adelante.

Este malestar dentro de espacios afines al socialismo lo evidenció el responsable de UGT en Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, que participó este martes en la concentración en Madrid de las organizaciones sindicales ante el Ministerio de Transportes para exigir responsabilidades y medidas en la red después de los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Allí afirmó que lo que sucede en Rodalies es “un desastre” y supone un problema “estructural”.

Desde el Gobierno central se reconoce ese déficit de inversión durante décadas, mirando especialmente a la época de Mariano Rajoy al frente del Palacio de La Moncloa. Pero esta crisis ha hecho que también el Ejecutivo anuncie que se va a dotar con más presupuesto el plan puesto en marcha en el servicio con el horizonte de 2030, que se va a incrementar en 1.700 millones de euros (lo que elevará hasta 8.000 millones el monto total durante esta década).

Puente se ha convertido en una pieza a batir en estos momentos por la mayor parte de los partidos catalanes. Esa exigencia la hace incluso Esquerra Republicana, socio del Gobierno en el Congreso. Asimismo, los republicanos y Junts van a unir fuerzas para que en el Senado acuda el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Desde Esquerra, además, se negocia con el Gobierno un paquete de medidas para facilitar el teletrabajo para las personas afectadas por los paros en el servicio.

Junts está siendo muy duro durante estos días contra el Gobierno y contra la Generalitat, encontrando la principal vulnerabilidad de gestión de Illa desde que llegó al Palau. El propio Carles Puigdemont ha cogido Rodalies como una de sus banderas y ha llamado a los catalanes a “despertar” ante el “colapso” que está sufriendo la comunidad. Para él, el Ejecutivo autonómico es mera “propaganda”.

A pesar de esta situación, fuentes de la Generalitat consultadas por infoLibre señalan: “Tenemos claro que de esta crisis saldremos”. Y recuerdan las palabras del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en las que dijo: “Este debe ser un punto de inflexión para arreglar de una vez por todas la situación de Rodalies en Cataluña”.

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este martes que su formación está abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, retocando el texto que pactaron PSOE y JxCat, una vez se haya aprobado la regularización extraordinaria de migrantes, según recoge EFE.

Así lo ha dicho Montero en declaraciones a SER Catalunya, un día después de haber anunciado un acuerdo con el PSOE que tiene como objetivo regularizar a cerca de medio millón de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

Montero ha admitido que ese pacto con los socialistas incluye una contrapartida que deberá asumir Podemos y que no ha desvelado: "Es evidente que hay algo a cambio, estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción con ello. Nosotras vamos a respetarlo porque es parte del acuerdo que nos ha permitido tener una regularización encima de la mesa".

Lo que sí ha explicado es que en su partido hay predisposición a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, "modificando" el texto que acordaron hace meses PSOE y JxCat –y que Podemos bloqueó en el Congreso–, para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado.

La ley de delegación de competencias en inmigración permanece en el cajón de compromisos pactados entre PSOE y JxCat pendientes de cumplir, desde que el pasado 23 de septiembre el Congreso rechazó esta iniciativa, con los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y de un diputado de Compromís y otro la Chunta Aragonesista. Montero ha señalado que este voto en contra de Podemos no es inamovible: "Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un texto modificado, para que no tenga ningún contenido racista".

Y el hecho de haber pactado la regularización con el PSOE puede allanar el terreno: "Antes de hablar de competencias, teníamos que garantizar derechos. Antes de hablar de competencias y de cómo modificar ese texto que habían pactado PSOE y Junts para que quede libre de racismo, teníamos que regularizar a personas migrantes". Ese era, según la eurodiputada, un elemento "fundamental para que el traspaso de competencias no refuerce el racismo y la violencia institucional contra las personas migrantes".

Sobre la contrapartida pactada con el PSOE a cambio de la regularización de personas migrantes que pedía Podemos, no ha revelado de qué se trata, porque los socialistas han exigido "discreción", pero sí ha asegurado que "no tiene que ver con temas de defensa ni de los presupuestos". Tampoco tiene que ver, ha remarcado, con el voto a favor de Podemos a la convalidación del decreto-ley de subida de las pensiones que se debatirá este martes en el Congreso y que incluye, además, una moratoria de los desahucios.

"Lo que hoy va a pasar es gravísimo. PP y Vox, junto a Junts, van a hacer que 60.000 personas puedan quedarse sin sus casas y ser desahuciadas sin alternativa habitacional", ha denunciado. Sobre la negociación presupuestaria, ha advertido de que Podemos exigirá, entre otras cuestiones, "bajar los alquileres por ley" y "dejar de gastar en armas": "No vamos a votar unos presupuestos de guerra", ha afirmado.

El portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, ha dado este martes la "bienvenida" al cambio de posicionamiento de Podemos sobre la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, después de que la formación morada se haya abierto a negociarlas.

"Siempre hemos reclamado poder tener las competencias de inmigración en Cataluña y lo que teníamos es que Podemos nos vetaba. Ahora mueven su posición, bienvenidos sean, ya tendrían que haberlo hecho desde el primer momento", ha asegurado Vergés en una rueda de prensa en el Parlament.

Además del cambio de posición de Podemos, Vergés se ha referido al acuerdo para que Cataluña tenga asiento en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), Vergés ha asegurado que este paso "confirma" que no ha sido hasta que JxCat se ha "plantado" en el Congreso que el Gobierno "se ha empezado a mover", y ha reclamado que cumplan la totalidad de lo pactado en el acuerdo de Bruselas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, han firmado este lunes un acuerdo para oficializar que Cataluña pase a disponer de un asiento en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo).

Se trata de dos compromisos que el PSOE había asumido con JxCat y que figuran en los acuerdos de investidura de los socialistas con ERC, pero que aún estaban pendientes de materializarse y que ahora finalmente toman cuerpo, según ha avanzado La Vanguardia.

Alrededor de 400.000 personas se mueven al día en el servicio ferroviario de Rodalies. El accidente de Gelida (Barcelona), que le costó la vida a un maquinista el martes por la noche, ha vuelto a impactar a la sociedad española en un momento de profunda consternación por el choque en Adamuz (Córdoba). Y ha puesto, además, en primera línea política un servicio muy cuestionado en Cataluña, tanto por los partidos como por los usuarios.

Los problemas en Rodalies se llevan acumulando años, hasta el punto de que su mejora es una de las principales cuestiones demandadas por la sociedad de esa comunidad y por la mayoría de formaciones. Esta vía de transporte, de competencia estatal, se encuentra además en un proceso de negociación de transferencia a la Generalitat tras constituir uno de los principales puntos del acuerdo para que Esquerra diera su voto a favor para la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones de 2023.

De hecho, el lunes de la semana pasada se dio un importante paso en ese tránsito hacia la transferencia total a Cataluña con la firma por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la creación de la empresa mixta para gestionar Rodalies.

La nueva operadora, según el acuerdo entre las dos administraciones, sigue teniendo participación mayoritaria de Renfe, con un 50,1%, mientras que la Generalitat tiene un 49,9%. No obstante, en el consejo de administración, integrado por nueve miembros, tiene más asientos el Ejecutivo autonómico (cinco) que el Gobierno central (cuatro). Esquerra ha logrado una de las plazas correspondientes al Palau. Pero esta empresa no empezará a gestionar el 100% de los servicios hasta el año 2027.

El servicio de Rodalies acumula incidencias casi a diario y es un quebradero de cabeza para muchos usuarios, que llevan quejándose décadas de su mal funcionamiento, principalmente por la falta de inversión. En Cataluña, las manifestaciones de ciudadanos como forma de protesta se producen de manera habitual, como sucedió en las cuatro provincias en marzo del año pasado. Desde 2018 hasta 2024 el sistema ha perdido 42.798 pasajeros en días laborables como muestra de la falta de confianza.

El Gobierno defiende el aumento de inversión a través del Plan de Rodalies, que se puso en marcha en 2020 y que tiene como marco hasta el año 2030. Según los últimos datos del departamento de Puente, esa hoja de ruta contempla invertir 6.300 millones de euros, con prioridad para las partidas destinadas a la modernización de la infraestructura, la mejora de la capacidad de la red, la renovación de estaciones, el refuerzo de información al viajero y la ampliación del material rodante.

Hasta la fecha, se han ejecutado más de 2.500 millones de euros y se han adjudicado trabajos por 4.152 millones, incluyendo la compra de trenes de gran capacidad para modernizar y ampliar la flota. Además, en estos cinco años se han construido o renovado 41 estaciones de la red de Rodalies y se está actuando en otras 25.

Pero, a pesar de esas inversiones, las quejas e incidencias son habituales en toda la red en Cataluña. Por eso, una de las mayores aspiraciones de los partidos catalanes es asumir esa competencia. En el caso del accidente del martes, aunque las causas parecen relacionadas con el temporal, el propio líder de ERC, Oriol Junqueras, señaló este miércoles que “la falta de inversión y la dejadez del Estado en el servicio hace que se detenga toda Rodalies por miedo, desconfianza e incapacidad de la propia compañía para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios”. 

“El traspaso es una necesidad de país, la única solución sobre la mesa que avanza en la dirección de mejorar unas infraestructuras y un servicio clave para la vida de los catalanes”, indicó. Los republicanos llevan tiempo advirtiendo a los socialistas de que Rodalies será clave para negociar los presupuestos tanto en el Parlament como en el Congreso, con la vista puesta en el traspaso de las vías y de los trenes.

Desde el accidente, Junts ha lanzado una ofensiva política con el tema y ha solicitado de manera urgente las comparecencias de Puente en el Congreso y de la consellera Sílvia Paneque (máxima responsable de la Generalitat en la recién creada empresa mixta) en el Parlament por la “mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña".

El partido de Carles Puigdemont ha sido muy crítico durante estos días con la recién creada empresa mixta. Su portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, llegó a decir que se trata de un “engaño ante el drama que se vive en este país con el servicio de trenes”. “Que alguien pueda pensar que la solución pasa por hacer una empresa mixta de Rodalies en la que siga participando Renfe, y además con mayoría absoluta, nos parece una estafa", enfatizó.

Rodalies se ha convertido además en otro punto de fricción entre ERC y Junts, que mantienen una dura pugna dentro del soberanismo. A lo largo del miércoles se evidenció con el cruce de reproches entre el posconvergente Josep Riu y la republicana Elisenda Alemany, quien afeó que los de Puigdemont critiquen la negociación del traspaso: “En general, estaría bien que la gente dejara solo de denunciar e hiciera cosas”. A lo que él respondió: “En general, estaría bien que la gente dejara solo de aceptar traspasos fake de Renfe, que no resuelven los problemas, y de hacer siempre de muleta de los socialistas”.

Pero las críticas al Gobierno han llegado también, y de manera furibunda, por parte de la extrema derecha. Aliança Catalana, que está en pleno ascenso en las encuestas, dejó este mensaje en la red social X: “Rodalies ya no falla. Rodalies mata. La gestión socialista mata”. De manera similar se pronunció el secretario general de Vox y diputado en el Parlament, Ignacio Garriga: “La gestión del PSOE es una amenaza para la vida de los españoles”.

El ambiente de tensión se trasladó a la reunión que mantuvieron maquinistas de Rodalies en un hotel en Sants (Barcelona) con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany. La muestra de malestar se evidenció cuando un representante sindical lanzó un chaleco amarillo a los pies de los directivos.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y ha sido trasladado a una habitación en planta, tras haber pasado una buena noche y evolucionar favorablemente, según informa EFE.

Illa, según ha informado el hospital en un comunicado, "ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor. Su evolución es favorable y hoy se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico".

El presidente catalán, ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores, padece una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae, según explicó ayer lunes el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.

Se trata, según indicaron los doctores que lo atienden, de una patología infecciosa poco frecuente pero con buen pronóstico, pues los pacientes suelen tener una recuperación completa, no solo de la infección, sino también de la disfunción motora.

Por prescripción médica, debe guardar reposo y no caminar durante unos días, y se prevé que pueda estar unos quince días ingresado, aunque este período podría variar en función de su evolución.

El tratamiento que seguir es el antibiótico, acompañado de analgésicos para el dolor, y deberá seguir con el trabajo de fisioterapia en el hospital para recuperar la totalidad de la movilidad de las extremidades inferiores.

La responsable de enfermedades infecciosas del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, Dolors Rodríguez, ha negado este martes, en RAC1, que Illa haya recibido un trato médico especial, ya que éste ha sido "idéntico" al de cualquier otro paciente con su patología.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estará un día más en la UCI antes de pasar a planta y, a la espera de acabar de afinar el diagnóstico, todo apunta a que el origen de los síntomas que padece es una patología inflamatoria, según el gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, según recoge EFE.

Illa está ingresado en este hospital barcelonés desde el pasado sábado tras sufrir una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores. 

En declaraciones a Catalunya Ràdio este lunes, Salazar ha dicho que "lo más prudente es que hoy seguro que esté en la Unidad de Vigilancia Intensiva y que pueda pasar mañana" a planta. 

El gerente de Vall d'Hebron ha señalado que, a la espera de poder afinar el diagnóstico en las próximas horas y tras haber descartado enfermedades más graves, "todo apunta" a que el causante de los síntomas que sufre el president sea "un proceso inflamatorio".

Salvador Illa ingresó este sábado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona después de sufrir un fuerte dolor en las piernas mientras corría a primera hora de la mañana. El equipo médico ha descartado patologías graves vasculares o tumorales en el president de la Generalitat que permanecerá ingresado dos semanas tras sufrir una "pérdida de fuerza" en músculos de las extremidades inferiores, según informa EFE.

Los sanitarios del hospital barcelonés no han podido determinar el motivo de la perdida de fuerza en las piernas, informa El País, y seguirán haciéndole pruebas.

(En ampliación)

La Generalitat de Cataluña negocia con el Ejecutivo central, en base al acuerdo de investidura que selló con ERC para la investidura de Salvador Illa, entrar a formar parte de la gobernanza del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en 2026, tras pactar en 2025 la ampliación de esta infraestructura.

En declaraciones a EFE, Ferrer Dalmau, conseller de Presidencia, ha señalado que "el primer paso" que había que dar era "desbloquear la ampliación", lo que el Govern pactó en junio con Aena, el gestor aeroportuario.

El siguiente paso es definir cómo puede participar la Generalitat en la gobernanza de este aeropuerto: "Estamos en conversaciones con ERC y con el Gobierno de España para poder avanzar en una mayor participación de Cataluña", ha explicado.

El ejecutivo de Illa trabaja con el objetivo de poder avanzar en esta carpeta durante 2026.

En el marco de la investidura de Illa, ERC y el PSC acordaron en 2024 crear un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña para que la Generalitat tenga "un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán".

Ese pacto también contempla constituir la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña para dar apoyo al "nuevo modelo de gobernanza que centralizará las competencias propias de la Generalitat que tengan relación con la política aeroportuaria".

Dalmau ha reivindicado la apuesta de Illa por ampliar El Prat pese al rechazo de sus socios, ERC y Comuns.

"Los gobiernos están para tomar decisiones y hemos de ser capaces de no mantener al país bloqueado por la incapacidad de las formaciones políticas", ha defendido.

Según Dalmau, la ampliación es necesaria para "coger la velocidad de crucero que Cataluña necesita para afrontar una década de gran transformación".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho este miércoles que una mejor financiación de Cataluña está "más cerca" tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, al tiempo que ha instado a Junts a abandonar la "queja" y a defender los intereses de los catalanes, según informa EFE.

En la sesión de control al president en el Parlament, Illa ha rebatido así a la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, que le ha acusado de "conformarse" con la propuesta en la que trabaja la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "¿Tiene usted voz propia o sencillamente hace de altavoz del PSOE?", le ha preguntado.

Sales, que se ha estrenado en esta sesión de control como presidenta de Junts en el Parlament en sustitución de Albert Batet, ha anunciado que su grupo ha registrado una solicitud de comparecencia de Illa para que "presente y explique su propuesta de financiación".

El president ha lamentado que "desde 2014 no ha habido ningún avance" en esta carpeta y ha recordado que Junts ha gobernado durante "mucho de este tiempo": "Pueden exhibir mucha queja, pero ningún resultado".

"En materia de financiación estamos más cerca que ayer y solo un poco más lejos que mañana de resolver un problema que ustedes durante muchos años de gobierno han sido incapaces de resolver", ha resuelto Illa.

El diputado de Junts en el Parlament Antoni Castellà ha tendido este miércoles la mano al Govern para "enmendar la plana" a la ministra Montero, en lo que respecta al nuevo modelo de financiación autonómica y tejer "un gran acuerdo de país a favor del concierto económico".

Durante la sesión de control al Govern, Castellà ha emplazado a la consellera de Economía, Alícia Romero, a que sea "valiente" y "dé un paso adelante" para "abandonar la oscuridad del Estado español y volver a la luz del catalanismo político".

El lunes, Montero avanzó a los consejeros autonómicos que presentará dentro de unos meses su propuesta para reformar el sistema de financiación para las comunidades de régimen común, en la reunión que celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Para Castellà, este anuncio de Montero representa "una enmienda a la totalidad" a la financiación singular pactada con ERC, porque se trata de "un modelo bilateral en el que todos ganan y todos están por encima de la media", mientras los catalanes siguen "pagando impuestos".

Y es que el diputado de Junts ha reprochado a la consellera que prometiese este acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica "antes de acabar el año" y todavía no se ha materializado.

Además, en su intervención, Romero ha anunciado que el Govern publicará las balanzas fiscales junto a la ley de presupuestos, tal y como estipula la ley.

El Gobierno ha mostrado su "total respeto" a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell de no respaldar de forma mayoritaria la opa formulada por el BBVA, que no sale adelante, según informa EFE.

"Total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que es a quienes les correspondía valorar la operación", han señalado fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Estas fuentes han destacado "la impecable actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso", el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell al obtener menos del 26% del capital de la entidad catalana, con lo que pone punto y final a su intento de hacerse con su control.

El banco vasco ha anunciado que retoma "de manera acelerada" su plan de retribución al accionista y su estrategia en solitario.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de "buena noticia" este fracaso del BBVA.

"Lo dijimos desde el principio: la OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera", ha publicado Díaz en BlueSky.

Para la vicepresidenta del Gobierno, que la opa "no siga adelante es una buena noticia para el país".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegura en un mensaje en X que el desenlace de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell "confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial", y añade que "ahora hay que mirar adelante".

"Contamos con el papel importante que BBVA y Banco Sabadell deben continuar teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña", asegura Illa, haciendo gala de un tono conciliador.

Illa, que a lo largo de este largo proceso se mostró contrario a la opa, destaca también el "papel ejemplar" que han tenido durante esta opa los órganos y las autoridades reguladoras, y menciona tanto al Banco de España, como a la CNMC y a la CNMV.

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado este jueves que no haya prosperado la opa: "El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado", ha asegurado en un mensaje en la red social X.

"El Banco Sabadell no será absorbido por el BBVA. Era importante que la opa no prosperase; ahora es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña. Es la mejor prevención para tentaciones de absorción futuras", ha añadido Puigdemont en su mensaje.

El presidente del grupo de PSC-Units en el Parlamento de Cataluña, Ferran Pedret, ha descartado un adelanto electoral aunque el Govern de Salvador Illa no pueda aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2026.

Así lo ha dicho en una entrevista con la Cadena Cope -según un comunicado de la emisora- en la que ha añadido: "Preferiríamos que no fuese necesario prorrogar los presupuestos y, por tanto, trabajaremos hasta el último minuto para disponer de una herramienta fundamental como son los presupuestos".

Haya o no presupuestos, Pedret da por hecho que la legislatura continuará: "Ya le puedo decir que no habrá elecciones, aunque no se aprueben los presupuestos. El Govern de Salvador Illa es un gobierno estable, sólido y solvente", ha recalcado.

Precisamente el portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña, Juan Fernández, en una entrevista con EFE, ha invitado al presidente de la Generalitat a "dimitir" si el 1 de enero de 2026 su Govern no ha podido presentar los presupuestos para el próximo año.

Sobre el futuro sistema de financiación autonómica, Pedret ha defendido que "hay que evitar plantear la reforma como un juego de suma cero", porque "Cataluña puede mejorar sin que nadie pierda".

El dato ha impactado a la mayoría de la clase política de Cataluña. Aliança Catalana no dejaba de subir en las encuestas, pero el sondeo de La Vanguardia publicado este domingo ha supuesto un enorme salto cualitativo al darle hasta 19 escaños en el Parlament, muy por encima de los dos que tiene actualmente y situando al partido de Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, como cuarta fuerza.

La subida de Aliança, un partido de extrema derecha, independentista y contra la migración, bebe especialmente de una teórica fuga de votos desde Junts. Los de Carles Puigdemont sienten ya el aliento de un sorpasso, al obtener en el barómetro 21 representantes, lo que supone una caída de hasta 14 escaños respecto a los 35 que obtuvieron en las pasadas elecciones catalanas.

Junts no quiere oficialmente hacer valoraciones sobre el sondeo y en la dirección del partido reiteran: “No comentamos encuestas”. En la órbita posconvergente incluso tratan de rebajar en redes la fiabilidad del estudio. Y el partido de Carles Puigdemont decidió guardar silencio y no informar tras la reunión, este lunes, de la Ejecutiva Permanente en Bruselas con el expresident al frente de la cita.

A pesar de ese silencio, internamente hay preocupación, según fuentes posconvergentes. Especialmente entre cargos medios y locales, que ya llevan tiempo avisando a la cúpula de lo que están viendo y escuchando en las calles. Y, además, el sondeo ha dejado otro aviso: Aliança Catalana supera a los de Puigdemont en Girona y Lleida, las dos provincias donde tiene más tirón el independentismo y donde se impuso Junts en los comicios autonómicos. Sus feudos están en peligro.

A pesar de que en las pasadas elecciones Puigdemont dijo que nunca pactaría con Aliança, ahora en Junts no hay una estrategia clara definida ante un partido que le está robando parte de la tarta electoral. Lo que sí ha provocado esta competición es que los posconvergentes hayan endurecido su postura respecto a la migración.

Pero, si no hay sorpresas de última hora, Junts se va a llevar un chasco en el Congreso de los Diputados donde no tiene visos de prosperar este martes la votación de admisión a trámite de la proposición de ley pactada con el PSOE para la transferencia de las competencias de migración a la Generalitat. Esta fue una exigencia de Junts al PSOE para dar su apoyo a varios decretos en el Senado al inicio de la legislatura.

El ‘no’ viene principalmente por Podemos. Los dos partidos han cruzado durísimas acusaciones en las horas previas a la votación de este martes por la tarde. El secretario general de Junts, Jordi Turull, acusó a los de Ione Belarra de “anticatalanistas”: “Ni las peores cloacas se atrevieron a llamarnos racistas”. Los morados, a través de Pablo Fernández, contestaron este lunes: “Que este señor venga a llamarnos catalanófobos es infame, una estupidez y una absoluta gilipollez de este personaje, al que se le tendría que caer la cara de vergüenza. Fuimos el único partido que fue a visitar a los políticos catalanes encarcelados por reclamar la independencia”.

Desde el PSOE tratan de desinflamar la votación en el Congreso. En La Moncloa y en Ferraz repiten que ellos han cumplido con su parte del trato con Junts, pero que no pueden comprometer el voto de otros partidos como Podemos. Por ello, insisten en que este posible rechazo no tiene que suponer una ruptura de relaciones con los de Puigdemont. Fuentes del núcleo duro socialista trasladan que seguirán aplicando la fórmula actual: diálogo y discreción. En el PSOE saben que Junts negocia “carpeta a carpeta” y no se atreven a aventurar por dónde irá el aire de ese partido al calor de las encuestas.

En el PSOE reconocen que es muy “preocupante” el dato que arroja la encuesta con el incremento tanto de Aliança Catalana como de Vox (que superaría incluso al PP en las catalanas). Por eso, subrayan los socialistas que, ante este panorama, hay que dejar claro que ellos son los que pueden garantizar que la ultraderecha no llegue a los gobiernos.

Desde el Govern de Illa, según declaró el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, se enmarca el auge de Aliança Catalana en la frustración generada por el procés: "Hemos prometido helado de postre todos los días, hemos prometido 'Magia Borrás' y que lo solucionaríamos todo, y después de todo, una inmensa frustración. Hombre, tampoco sé por qué nos sorprende tanto que haya algunas personas que se hayan lanzado al independentismo radical".

La política catalana es un vaso comunicante ahora mismo con lo que pasa en el Congreso, donde el PSOE necesita a Junts y a ERC para sacar las leyes. En la reunión de la semana pasada, Puigdemont trasladó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que no va a apoyar los presupuestos generales del Estado si no se cumplen todos los compromisos adquirido para la investidura de Pedro Sánchez.

Este fin de semana llegó un nuevo aviso de Junts a La Moncloa a través de Jordi Turull, quien emplazó a las bases del partido a "prepararse" para el "nuevo ciclo que puede empezar" tras las decisiones que Junts "debe tomar sí o sí bien pronto".

"Será un ciclo donde los independentistas seremos motivo de muchas presiones, una brutal prueba de resistencia. Nuestro país y nuestro partido tendremos que jugar la partida que definirá nuestro futuro. De nuestros éxitos dependerá que Cataluña ponga freno a la estrategia desnacionalizadora del president Salvador Illa", lanzó Turull, quien hizo una metáfora sobre el “tiempo de barbecho” que se ha vivido para “reponer” la tierra: "Después de la cosecha, hay que dejar el campo, y cuidarlo para que se vuelva a nutrir".

Este domingo, el periódico La Vanguardia publicaba esta encuesta de Ipsos con intención de voto para elecciones autonómicas en Cataluña. Lo que venía gestándose hace años ha emergido en números: Junts se desangra en beneficio de Aliança Catalana y Vox ya pasa al Partido Popular. Entre los dos partidos de ultraderecha sumarían 35 escaños, uno menos que el PSC, que se mantiene en primera posición, pero a la baja, perdiendo tres puntos y 6 escaños.

Aliança Catalana sería primera fuerza en escaños en Girona y Lleida, antaño plazas fuertes de los convergentes, que pierden nada menos que 8 puntos y 14 diputados. Los ultracatalanistas reciben uno de cada 5 votos de los que obtuvo Junts en las pasadas elecciones, y cosechan apoyos de todas las edades, mientras que Vox lo hace, fundamentalmente, entre los jóvenes, que lo eligen como primera fuerza hasta los 34 años y gana apoyos en las franjas hasta 54. Podría decirse que la prueba de que el eje nacionalista sigue vivo en Cataluña es que a ambos lados han crecido partidos ultras: ultraespañolista y ultracatalanista.

El mapa de la encuesta de Ipsos deja una Cataluña ingobernable, pero no hay elecciones a la vista, el marco electoral aún no se ha activado y variaciones en uno u otro sentido podrían alumbrar alguna mayoría; siempre compleja y precaria por lo fragmentado del parlamento, pero alguna posibilidad. Por eso, más que mirar los números concretos y los escaños, hay que enfocar el fondo de la cuestión.

El Procés terminó, y el post-procés, sea lo que sea eso más allá de la normalización, no está consiguiendo poner en marcha un proyecto político que dé respuestas a los descontentos de hoy. En ese sentido, Cataluña ya se ha normalizado, ya vota como tantas otras democracias, con una peculiaridad: a las fuerzas de ultraderecha españolistas se unen fuerzas de ultraderecha catalanistas, que comparten más de lo que parece. En primer lugar, la inmigración como bandera. No en vano, según esta encuesta, la inmigración es el tercer problema para los catalanes, a sólo dos puntos de los dos primeros, que son “La política” y la vivienda. La preocupación por los migrantes se ha multiplicado por cuatro en el último año. En efecto, los ultras están ganando la batalla del marco. El segundo tema que comparten es la antipolítica, primera preocupación junto con la vivienda. El rechazo a la política institucional, a los políticos y a todo lo que suene a sistema instituido. ¿Los veremos votar juntos en el próximo Parlament?

Ya en 2017, Joan Coscubiela escribía esto en su libro Empantanados (Península): “En Cataluña, el conflicto ha hecho salir a la superficie los primeros indicios de creación de un espacio de opinión propio de la derecha ultranacionalista xenófoba…”

El PSC sigue siendo el partido que se percibe más capacitado para abordar los grandes problemas como la vivienda, la desigualdad, el crecimiento económico, la corrupción o la seguridad, pero el estado de ánimo no apunta a la gestión –la auténtica baza de Illa–, sino a la incertidumbre y la desconfianza en el futuro, un excelente caldo de cultivo para las opciones pretendidamente antisistema. Para combatir esto, no vale con el perfil bajo que ha ayudado a Illa y a los socialistas a normalizar la situación, hace falta algo más. Hace falta un proyecto que mire cara a cara al futuro.

Quien fuera el ministro que vivió lo peor de la pandemia ha conseguido en Cataluña lo que consiguió con la Covid: aplanar la curva, desinflamar, volver a la normalidad. El problema es que no ha ido más allá, no ha convencido de un proyecto para Cataluña que partiera de una lectura de lo vivido y fuera capaz de alumbrar un futuro ilusionante. Como apuntan estos números, la Cataluña post-procés está ya inmersa en la normalización, pero una normalidad que consiste, como en el resto de España y en buena parte de los países occidentales, en  cuestionamiento de la política, de la democracia y de los valores de convivencia. 

Por otro lado, y fijándonos en el bloque catalanista, quien en algún momento pensara que lo que fue Convergencia i Unió o después Junts –sí, ya sé que son distintos– albergaba matices más progresistas que conservadores, se equivocaba. Un error, por cierto, bastante común en la izquierda, que a fuerza de relacionar la derecha con el españolismo más centralista acaba situando cualquier pulsión federalista o nacionalista centrífuga en el lado progresista. Un análisis excesivamente simplista que acaba jugando malas pasadas.

Junto a esta mutación del gen convergente, la actitud de los jóvenes sigue siendo clave para entender este giro a la ultraderecha. Comprender lo que viven, cómo lo viven y cómo lo expresan, es fundamental. Y no, esto no va de batalla generacional ni de que los boomers se den La vida cañón, como titula la periodista Analía Plaza su polémico ensayo. Esto va de la zozobra y desesperanza con la que miran al futuro y que algunos, motosierra en mano, aprovechan para convencerles de que la culpa es de la pensión de sus padres. 

Esta Diada es la primera que organiza plenamente el Govern encabezado por Salvador Illa. Una fiesta del 11 de septiembre que no tiene nada que ver con aquellas jornadas multitudinarias de protestas que sacudieron el tablero político durante los años álgidos del procés. Este jueves el Ejecutivo catalán lanza el mensaje de cohesión dentro de la diversidad de la sociedad catalana.

El año pasado Illa ya presidió los actos pero heredó una festividad organizada por el anterior Govern de Pere Aragonès. Y el presidente catalán simboliza en estos momentos la hoja de ruta de reencuentro formulada a la par con el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante estos años a través de arriesgadas medidas a nivel nacional como la concesión de los indultos y la aprobación de la ley de amnistía.

La situación política catalana ha cambiado totalmente y el eje independencia-unionismo ya no marca el ritmo de esa comunidad y de la política española. El debate se centra más en temas de gestión diaria y el PSC se ha afianzado en las encuestas como la formación más arraigada en estos momentos entre los votantes.

El último barómetro del CEO (el CIS catalán) dejó la fotografía de que los socialistas ganarían de nuevo en las elecciones con entre 40 y 42 diputados (ahora tienen 42), seguidos de Junts con 28-30 (el partido de Carles Puigdemont descendería respecto a los 35 actuales). Por detrás estarían: ERC (21-23), PP (14-15), Vox (12-14), Aliança Catalana (10-11), los comuns (5-6) y la CUP (3-4).

El fenómeno que ahora surge con fuerza en Cataluña es el de Aliança, la formación de ultraderecha de carácter catalanista. Si hubiera elecciones, quintuplicaría su representación en el parque de la Ciutadella (ahora sólo cuenta con dos escaños). Los de Sílvia Orriols (alcaldesa de Ripoll) crecen especialmente en las zonas del interior de Cataluña con un claro discurso xenófobo contra los migrantes.

El incremento de los ultras de Aliança Catalana supone un trasvase de voto principalmente desde Junts. Hay una gran preocupación en el espacio posconvergente, especialmente entre alcaldes y cargos medios. Y esto está provocando que el partido de Puigdemont esté endureciendo el discurso sobre la migración y esté apretando al PSOE en el Congreso para aprobar el traspaso de materia migratoria a la Generalitat.

La política catalana tiene una casilla todavía por despejar: la posible vuelta de Puigdemont. El expresidente se encuentra en el limbo por la no aplicación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo por el delito de malversación. El líder de Junts está peleando judicialmente en el Tribunal Constitucional para lograr el amparo y la vía libre. Su regreso supondría un cambio en el panorama, aunque algunos rivales del PSC o de ERC dicen que tendría un hándicap: “Volvería a una Cataluña que es totalmente diferente a la de hace siete años”.

Tanto en La Moncloa como en el Palau de la Generalitat se quiere simbolizar con esta Diada el triunfo de la política del reencuentro. Un dato que ponen sobre la mesa tanto en el PSOE como en el PSC es que el apoyo a la independencia hoy se queda en un 40% frente al sentimiento de unidad, que supera el 52% de la sociedad catalana. Los principales problemas en estos momentos para los ciudadanos de esta comunidad son el acceso a la vivienda, la insatisfacción con la política, la migración y la seguridad ciudadana.

Si la celebración de la Diada en la última década era una demostración de la fuerza del independentismo, en estos momentos es un espejo que refleja el enfrentamiento dentro del soberanismo, que no ha logrado superar las heridas causadas por la ruptura del Govern de coalición en 2022. Puigdemont y Oriol Junqueras siguen absolutamente distanciados y los sondeos reflejan esa sensación de desánimo entre el electorado, que por primera vez en las pasadas elecciones, no dio mayoría absoluta a los partidos separatistas.

Pero esto contrasta totalmente con el grado de influencia que tienen tanto Junts como ERC en el Congreso de los Diputados, donde son imprescindibles en cada votación para que el Gobierno del PSOE y de Sumar pueda sacar adelante cada votación. Esta fuerza se refleja, por ejemplo, en la caída del proyecto de reducción de la jornada laboral (la medida estrella de Yolanda Díaz) por la enmienda a la totalidad presentada por los posconvergentes, que unieron su fuerza al Partido Popular y a Vox.

A la vez, Cataluña se ha convertido en una de las columnas vertebrales que sustentan al Gobierno central. Su aportación es enorme para Pedro Sánchez, que basó parte de su resistencia en las pasadas elecciones en el buen resultado del PSC. Según el CEO, los socialistas estarían entre 18 y 19 diputados en el Congreso por parte del electorado catalán en las generales, muy por delante de ERC (7-8), Junts (6-7) y PP (5-6).

De hecho, Pedro Sánchez es el político preferido por los catalanes para ser el presidente del Gobierno, con un 27% de respaldo; situándose en segunda posición, y con mucha diferencia, Yolanda Díaz, con un 5%, y Santiago Abascal, con otro 5%. En este sentido, es total la debilidad de Alberto Núñez Feijóo, que queda en cuarta posición, con un 4%. La Diada marca un nuevo curso político donde Cataluña tiene mucho que decir.

Odiado, amado, ignorado, bendecido, insultado, esquinado, aplaudido… Carles Puigdemont es uno de los políticos que levanta más sentimientos de todo tipo. Y en sus manos, con las que maneja de manera absoluta los hilos de Junts, está buena parte del futuro de la legislatura. Pero él y su formación también se mueven en un escenario con varias pistas muy complejas para ellos en este arranque de curso.

Y es que su papel no es el que sólo dibuja la derecha de un hombre que chantajea a Sánchez ni tampoco el que él quiere vender de moverse solo al servicio del independentismo sin tener en cuenta el contexto nacional y su situación personal. Hay muchos grises detrás de los argumentarios. A pesar de sus duras advertencias al Gobierno central, el exjefe del Ejecutivo catalán es consciente de que el socialismo busca mantener todos los puentes con él y contar con sus votos para aguantar la legislatura. Por el momento, no rompe la baraja para precipitar una convocatoria electoral que llevaría, según las encuestas, a un Gobierno del PP y de Vox.

Algo que se evidenció de manera explícita este martes con la reunión entre Salvador Illa y Puigdemont en Bruselas, un paso que en el PSOE saben que es necesario para conservar los lazos. Una manera de rehabilitarlo políticamente, que tendrá su punto culmen cuando en el otro lado de la mesa esté Pedro Sánchez. 

El presidente del Gobierno ha confesado varias veces a los periodistas que está dispuesto a ese encuentro. No obstante, ese as lo guardan bajo llave en el Palacio de La Moncloa hasta que se tenga que usar para un objetivo de gran alcance, como podrían ser los presupuestos generales. La relación entre el PSOE y Junts se vio tocada por el caso Cerdán, al ser el ex secretario de Organización el que negociaba directamente con los independentistas. Ahora juega un papel crucial el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En Junts siempre insisten en que su apoyo está condicionado al cumplimiento de los acuerdos de investidura y que deciden punto por punto en cada sesión en el Congreso de los Diputados. En el Gobierno han asumido también que los posconvergentes necesitan ganar casi siempre en el relato ante su electorado y han digerido en Moncloa que la mayoría de veces Junts venderá su enfoque sobre los acuerdos. Ni los suyos saben hasta el último minuto qué decisión tomará Puigdemont.

El análisis que hacen ahora mismo en la cúpula socialista es que en Junts también pesa el contexto social en Cataluña, a pesar de que en público no lo mencionen. Un Gobierno del PP y Vox en La Moncloa serviría para la confrontación y los de Puigdemont podrían crecer en ese contexto, pero también está el riesgo de que si aparecen como los culpables de ese Ejecutivo de ultraderecha, el electorado catalán podría dar la espalda a los posconvergentes para intentar frenar con el voto útil la posibilidad de victoria de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Pero, a la vez, hay una constante que se está adueñando desde hace semanas de los cargos medios y locales de Junts: el “nerviosismo” por el auge de Aliança Catalana. Según reconocen fuentes independentistas, esa sensación se está apoderando de muchos alcaldes del interior de Cataluña, que ya están advirtiendo a la cúpula del partido del terremoto electoral que puede suponer en las próximas autonómicas y municipales el partido de Sílvia Orriols. “Puede haber más Ripolls”, como indica una persona que ha estado en la dirección de la formación junto a Puigdemont. 

Entre cargos de Junts se comparte cómo ven que sube esta formación en zonas como Girona y Lleida, además del norte de Barcelona. Esos enclaves son decisivos, por ejemplo, para formar mayorías en el Parlament en virtud de la ley electoral. Esto lleva a un dilema interno dentro del partido sobre endurecer todavía más su discurso sobre la migración. Aunque surgen las dudas de si los votantes prefieren al original o a la copia. “Como le pasa a Feijóo con Vox”, señalan fuentes soberanistas.

En el último barómetro del CEO (el CIS catalán) publicado el pasado mes de julio se reflejó que el partido de ultraderecha catalanista quintuplicaría hoy sus resultados en el Parlament, pasando de dos a diez u once escaños al obtener ya un 7,6% de los votos (creció 1,4 puntos respecto a la anterior encuesta del mes de marzo). En el estudio se refleja el alto grado de fidelidad en torno al partido de Ripoll y, sobre todo, que ese incremento llega por trasvase desde Junts. 

Uno de los debates dentro del partido posconvergente que se abre de cara al futuro es la relación con Aliança una vez se celebren nuevos comicios, pues podrían tener la llave para que volviera un Gobierno independentista, además de poder ser la suma clave en muchos ayuntamientos del interior de la comunidad. Hasta el momento, Puigdemont se ha negado a llegar a acuerdos con Orriols. “Nunca negociaré con la ultraderecha”, ha señalado en alguna ocasión el expresidente en relación a esa formación.

Pero, además, en todas las decisiones políticas que pueda tomar Puigdemont pesa lo que pase con su situación judicial. Está previsto que en el primer pleno del Tribunal Constitucional se estudie la admisión a trámite del recurso de amparo que presentó el ex jefe de la Generalitat contra la decisión del Supremo de no amnistiarle por el supuesto de malversación. Diversos dirigentes de Junts reconocen que la estrategia política cambiará una vez el expresident pise Cataluña de nuevo si se aplica esa amnistía.

Otro de los puntos de mira de Junts está puesto en Esquerra Republicana, su histórico rival por la hegemonía dentro del independentismo. Una de las tónicas que seguirá es marcar el perfil por parte de Puigdemont de que es más duro con el Gobierno central que los de Oriol Junqueras. De hecho, dentro de Junts hay voces que dicen que les beneficia el papel que ahora quiere jugar Gabriel Rufián en clave izquierda española porque les deja más campo abierto dentro del soberanismo. 

Cuando se decide volar la conversación nacional por los aires es difícil hablar de casi nada. La reunión de Salvador Illa y Carles Puigdemont es una de tantas metáforas. Las hay más dolorosas e igualmente deliberadas. Los diez años de la muerte en la orilla del pequeño Aylan quedan sepultados por Vox llamando a hundir el Open Arms, símbolo y salvador de tantos Aylanes. El derecho humanitario de la acogida de menores se discute en términos de devolución cual paquetes de mensajería despojados de toda humanidad y derechos. O salta Feijóo uniendo inseguridad y migraciones. Hay unos incendios salvajes y solo quieren hablar de quién paga la factura del avión que apaga el fuego. La quita de la deuda –“aunque les beneficie”, dice Miguel Tellado sobre las trece comunidades del PP–, más de lo mismo. Se carga contra la ley de Vivienda para no aplicarla. La oposición frontal manda. Aplastar el debate es destruir la convivencia. La irresponsabilidad y la asimetría sabemos de dónde vienen.  

Salvador Illa no es quien ha dado protagonismo a Carles Puigdemont. Ni le pone una alfombra roja, ni rinde pleitesía. Ni humillación al Estado, ni rendición. No es un mandado, ni un indepe. Los términos delatan a quien los usa. Porque de esta cruzada se ha bajado antes el que llaman ‘el prófugo’ que el PP. Hay varios triunfos para los no independentistas en el detalle de la reunión. Primero, el encuentro en sí. Porque si Illa reconoce a Puigdemont con el diálogo, su adversario político y presidente del principal partido de la oposición en el Parlament hace lo mismo. 

En la guerra de banderas, Junts ha pasado de colocar una fotografía de tamaño descomunal del 1-O en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez a quitarlas todas por falta de acuerdo. El 1-O sucedió con Rajoy, la retirada de banderas con Illa. En Catalunya Radio, los procesistas criticaban a Puigdemont por “pasar a formar parte del pesebre español”. Y si repasamos sus mensajes en X, va de las “trincheras y obligación de defender a Cataluña, como ha ocurrido desde los Borbones" (escrito en el verano de 2023) a agradecer la “amabilidad” de una conversación que “habría tenido que producirse hace muchos meses”. Puigdemont en modo Adolfo Suárez. 

El expresident es el elefante en la habitación catalana y nacional desde su fuga. También lo fue en el Europarlamento y lo es en el Supremo. Hay mucho de revancha judicial contra Pedro Sánchez que respira por la herida del procés y sus indultos. En lo político, Puigdemont despierta tan poca sintonía en la izquierda como las consignas de su portavoz Miriam Nogueras. Defensa de la identidad y el independentismo unido a la corriente antimigratoria en su competición con Aliança Catalana. Pero el intercambio de opiniones entre Illa y Puigdemont solo puede mejorar el ambiente político. Junts es un partido de gobierno con dos almas. El rescoldo independentista de quien lideró el procés y el Puigdemont del apretón de manos. 

El líder de Junts paga un precio por el encuentro ante su vertiente independentista. Apuntala al PSOE/PSC a pocos días de la Diada. Y elige escuchar al ala posconvergente de la normalización. Es decir, hace política. Y con esta, sus cesiones. Hay mucho camino hecho para llegar a ese apretón de manos que tanto solivianta. El PP sigue atrapado en el PP del 23 de julio. Aislado en el Congreso y torpedeando toda relación con el otro salvo VOX. No votar ninguna iniciativa del Ejecutivo le ha llevado a triturar su capacidad de diálogo. Han elegido ganar las batallas de los jueces. Cuesta debatir con el PP sobre Cataluña tanto como de inmigración, reparto de menores o cambio climático. Está dejando su papel de oposición y gobierno en manos de los informes de la UCO como dejó el procés en manos de los jueces.