Mientras el Gobierno avanza para volver a Telefónica tras el desembarco del grupo saudí de telecomunicaciones STC y en el seno del Ejecutivo se debate sobre la participación pública que debería haber en empresas estratégicas, también se dan pasos para salir de Bankia, ahora Caixbank. La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha contratado un servicio de asesoramiento en la estrategia de desinversión de la participación que dicho ente ostenta en Caixabank. Se lo ha adjudicado por 80.000 euros a la empresa británica STJ Advisors Group Limited, aunque el valor estimado del contrato es de 540.000, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El FROB requiere de la asesoría financiera externa especializada “con el objetivo de maximizar el retorno de los fondos públicos inyectados” en el rescate a la banca que se produjo tras la crisis económica de 2008 y la orientación comprenderá tanto “la ejecución de la estrategia de desinversión adoptada, en el caso de que ésta se lleve a cabo", como "el análisis y seguimiento de las alternativas posibles y de aquellas decisiones que puedan influir significativamente" en el descuelgue, de acuerdo a lo reflejado en la memoria justificativa de la contratación. En la misma línea, el candidato a presidir el FROB, Álvaro López Barceló, ha aseverado durante su comparecencia este martes en la Comisión de Economía y Comercio del Congreso que el plan del Estado respecto a Caixabank aúna el mandato de desinversión y la maximización de la recuperación de los fondos públicos. "Cada decisión que se toma en este ámbito se opta por aquello que incremente el valor de la participación y así se deberá hacer cuando se escoja el momento, el instrumento y el tipo de operación para llevar a cabo esa desinversión y teniendo en cuenta no sólo el valor de la acción", sino además "sus perspectivas de evolución futura, su valor relativo y la capacidad de absorción de la demanda que haya en cada momento", ha resumido.

En concreto los fondos inoculados por el FROB en Bankia para evitar su hundimiento ascendieron a 22.424 millones de euros. Desde junio de 2012, como consecuencia de esas ayudas públicas que fueron necesarias para no dejar caer la entidad financiera, el FROB se convirtió en el accionista único de BFA, que, a su vez, era accionista mayoritario de Bankia, con el 68,69%. Tras la fusión por absorción con Caixabank en 2021, el FROB obtuvo una participación de 16,12% en el capital de la última, que se elevó al 17,3% tras un programa de compra de acciones y una reducción de capital aprobada por la entidad. Cuánto logre recuperar el Estado de aquella inversión es todavía una incógnita. La cifra dependerá del valor de las acciones de Caixabank cuando se lleve a cabo su venta. La mejor estimación de lo que el FROB considera "valor recuperable" de su participación en BFA parte del patrimonio neto de dicha entidad, que al terminar 2022, el último ejercicio cerrado, era de 4.959 millones de euros. Esa cifra incluye los 2.122 millones cosechados en las desinversiones realizadas por el FROB, la última en 2017, así como los dividendos cobrados por BFA hasta 2022, que sumaban otros 1.407 millones. A los mencionados 4.959 millones hay que agregar otros 1.385 en plusvalías de la participación no reconocidas en el patrimonio de BFA a esa fecha. En total, el "valor recuperable" sería de 6.344 millones, según se recoge en las cuentas del FROB a 31 de diciembre de 2022 -las de 2023 aún no están cerradas-.

Los 6.344 millones de euros que el FROB estimaba “recuperables" a finales de 2022 se sitúan en el entorno del 29% de los 22.424 millones insuflados por el Estado para esquivar la quiebra de Bankia. Con todo, dicha cuantía se actualizará previsiblemente al alza, cuando BFA y FROB sellen sus cuentas del ejercicio 2023. Pero ese valor no es el que el FROB recuperará. El montante final dependerá no del valor en libros de la participación en BFA, sino del del patrimonio que tenga BFA cuando se liquide y que se verá impactado por el precio al que se traspasen las acciones de CaixaBank. En principio, dicha operación ha de producirse antes de que se escurra 2025, según acordó el Consejo de Ministros en 2022, si bien esa fue la cuarta ampliación del plazo inicial de venta que se realizaba, tras una primera en diciembre de 2016, la segunda en 2018 y la última en febrero de 2021, con lo que un nuevo acuerdo podría prorrogar otra vez el tiempo restante. La decisión sobre el momento óptimo para la desinversión la adoptará la comisión rectora reducida del FROB, tratando de maximizar el dinero recuperado, como ha apuntado López Barceló.

En 2022 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria consiguió unos beneficios contables de 2.217 millones de euros, derivados principalmente de la positiva evolución del valor de mercado de la participación de BFA en Caixabank, que ocasionó un ingreso contable de 1.851 millones. La acción de dicha entidad financiera acumulaba una revalorización de un 142,8%, desde el anuncio de la operación de fusión con Bankia hasta el final de aquel ejercicio y un 146,6% hasta diciembre de 2023. Si bien, aunque 2024 se prevé que será positivo para la banca, el complejo contexto geopolítico internacional implica ciertas dosis de incertidumbre.  

Lo que ya es una realidad es que Caixabank consiguió en 2023 un beneficio neto atribuido de 4.816 millones, frente a los 3.129 que atesoró en 2022, lo que supuso un alza del 53,9% y posibilitará la distribución de un dividendo de 2.890 millones. El grupo, que presta servicio a 20,1 millones de clientes a través de una red de alrededor de 4.200 oficinas en España y Portugal, supera los 600.000 millones de euros en activos.

Sobre el desembolso de dinero público para sacar a flote a la banca tras la crisis financiera de 2008 sobrevuelan muchos números. Entre ellos varios sobre lo que será posible o no retornar a las arcas del Estado. El Banco de España cifró en 2019 en 5.225 millones lo recuperado de “las ayudas en forma de apoyo de capital” que alcanzaron los 54.353 millones de euros en fondos públicos aportados por el FROB y 9.745 procedentes del Fondo de Garantías de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), esta última cuantía es capital privado, al salir de las facturas de los propios bancos. Una parte de esos recursos “ha sido recuperada a través de reembolsos, venta o resolución de entidades”, de los que el FROB ha recobrado 4.477 millones y el FGDEC unos 748, a la luz de lo reflejado por el ente regulador en aquella actualización de datos. En 2022, los cálculos se elevaron hasta el entorno de los 6.000 millones y Bankia, cuyo agujero, perforado a golpe de excesos, detonó el rescate, se ha convertido en una esperanza para mejorar el balance.

A la espera del resultado de la operación de desinversión, López Barceló ha querido dejar claro en el Congreso que el FROB no interviene en la gestión ordinaria del día a día de Caixabank, al entender que "corresponde a los gestores de la entidad, incluido cualquier asunto relativo a la sede", después de que el diputado de Vox Pablo Sáez Alonso-Muñumer, preguntara sobre la petición de Junts de que se incentive el traslado de sedes empresariales a Cataluña.

Durante mucho tiempo fue uno de los grandes símbolos del Partido Popular. Tanto, que el todopoderoso José María Aznar llegó a pensar en él como su sucesor. Todo el mundo reivindicaba su figura. La de un hombre al que se vestía como artífice del llamado "milagro económico español". La de un político que lo fue casi todo: vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía y director gerente del Fondo Monetario Internacional. Pero hoy, Rodrigo Rato Figueroa solo es un exmilitante de la formación conservadora. Su caída a los infiernos comenzó con las tarjetas black y el caso Bankia. Y culminó una tarde de mediados de abril de 2015, cuando efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera se presentaron en su domicilio. De aquella jornada quedó una imagen para la posteridad: la del exvicepresidente siendo introducido en un coche tras su detención.

Ocho años después, este último procedimiento judicial aún lo persigue. Y Rato se tendrá que sentar desde este viernes en el banquillo de la Audiencia de Madrid acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Bajo la lupa, la fortuna en el exterior que el exmandatario habría ocultado al fisco. Tras una compleja instrucción prolongada durante más de un lustro, con más de 70.000 documentos acumulados, la vista oral será larga. Primero se celebrarán cuatro sesiones de cuestiones previas. Y la segunda semana de enero arrancarán las testificales, que se prolongarán hasta mediados de febrero, cuando empezará la prueba pericial. Abril será el mes de los interrogatorios a los acusados. Y mayo pondrá la guinda final al proceso.

El llamado caso Rato es una historia de supuestas comisiones, millones ocultos en el extranjero, una maraña societaria y cuentas en paraísos fiscales. Ese es, al menos, el dibujo que trazan tanto el instructor de la causa como la Fiscalía Anticorrupción, que pidió para el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar decenas de años de prisión. "Ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades", señalaba el Ministerio Público en su escrito de acusación, en el que también ponía de manifiesto "incrementos patrimoniales no justificados" de 15,63 millones de euros entre 2005 y 2015 y "rendimientos de capital mobiliario en el exterior" que tampoco habrían sido declarados al fisco.

La causa se centra, por un lado, en varios contratos de publicidad que Bankia firmó con las empresas Publicis Comunicación España y Zenith Media durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, con Rodrigo Rato presidiendo la entidad financiera. Con el "fin de conseguir" esos trabajos, según plasmó el instructor en su auto de procesamiento, ambas mercantiles habrían abonado una "comisión" de 2,02 millones de euros a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento. "Y esta, a su vez, en virtud de un contrato del 3 de junio de 2011, transfirió a la sociedad Kradonara 2001 SL, controlada por Rodrigo Rato, la cantidad de 835.024,64 euros", completaba aquel escrito de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado.

Esas "comisiones", según detalló la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, fueron posteriormente "transferidas" por el exvicepresidente del Gobierno a las cuentas de otras dos sociedades. Una de ellas era la germana Bagerpleta Gmbh, "participada", según el instructor de la causa, por Rato y dedicada a la explotación de un hotel en Alemania, en concreto en la capital, Berlín. La otra, la española Arada, mercantil también vinculada al exdirigente político. De esta manera, y siempre según el relato que realiza el Ministerio Público, el que fuera mandamás del Fondo Monetario Internacional habría logrado "difuminar el origen del dinero".

En su auto de procesamiento, el magistrado Antonio Serrano Arnal también dibujaba al detalle la estructura societaria de la que se habría valido Rato para introducir en España desde el extranjero algo más de 7,8 millones. Un "canal" con el que consiguió "alejar los fondos de su origen, con el objeto de ocultar su persona". En la causa afloran nombres como los de las panameñas Red Rose Finantial Enterprise y Westcastle Corporation, firmas, según el instructor, "tituladas por testaferros". O los de la irlandesa Red Rose Investment o la británica Vivaway Limited. Entidades con las que Rato, según Anticorrupción, habría realizado "continuas actividades de inversión financiera" mediante "cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido o Mónaco".

La documentación obtenida en los diferentes registros llevados a cabo aquella tarde de abril de 2015 también ha permitido conocer, tal y como describió el Ministerio Público en su escrito de acusación, que el exvicepresidente del Gobierno, entre otras cosas, habría "titulado" cuentas desconocidas para el fisco en Estados Unidos o Suiza. U "operado" a través de cuentas "en territorios de baja tributación", como la Isla de Man, Kuwait o Curaçao. O que se habría servido de "estructuras financieras" para realizar "movimientos transfronterizos de dinero encubiertos" a través de trust y sociedades opacas. "Todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de mecánicas de blanqueo", defienden los fiscales, que describen en su escrito hasta ocho mecanismos distintos.

Además de la corrupción y el blanqueo, el Ministerio Público acusa a Rato de hasta once delitos fiscales, con una cantidad defraudada total de 8,58 millones de euros. En este sentido, el juez instructor pone el foco en su auto de procesamiento en las "maniobras de ocultación" y "societarias" para retornar parte de su patrimonio exterior "de manera oculta". Pero también en la "percepción" a través de "sociedades meramente instrumentales" de servicios profesionales que Rato prestaba, a fin de, por una parte, "minorar la cuota resultante" a favor del fisco "por el menor tipo de tributación del Impuesto de Sociedades" frente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

"Haciéndolo, además, a través de sociedades bajo su control con bases imponibles negativas en cuanto al Impuesto de Sociedades, lo que determinó la ausencia de las percepciones derivadas de dichos impuestos por parte de la Hacienda Pública", remataba el magistrado Serrano en este sentido.

El llamado artífice del "milagro económico español", uno de los muchos españoles que se acogieron a la famosa amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, ha disparado sin piedad desde su detención contra varios miembros de aquel Ejecutivo conservador, a los que acusa de estar detrás de una suerte de maniobra para hundirle. "A mí me tira quien me tira. Vigilancia Aduanera depende del Ministerio de Hacienda y el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales), del ministro de Economía", deslizaba en una entrevista reciente con el diario El País. En el momento en el que fue arrestado, al frente de Hacienda se encontraba Cristóbal Montoro. Y Luis de Guindos, de la cartera de Economía.

En su libro Hasta aquí hemos llegado, el exdirigente carga con dureza contra la Fiscalía y el juez: "Acabaría acusándome de delitos por hechos por los que a los demás les hacen una simple inspección. Aprendí que la justicia en España no es que sea ciega, es que es distinta según quién seas". Su defensa argumenta que los hechos objeto de la acusación "no se ajustan a la realidad" y que en el momento en el que se presentó la denuncia contra su cliente "la totalidad de su patrimonio" había sido puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria, por lo que no existió "opacidad ni ocultación". Además de Rato, se sentarán en el banquillo otra quincena de personas físicas y jurídicas, entre ellas su ex cuñado, un asesor fiscal y quien fuera secretaria personal del exvicepresidente.

Con esta ya son tres las veces que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional se ha enfrentado a un juicio. Primero lo hizo por las tarjetas black de Caja Madrid, un caso por el que fue condenado a cuatro años y medio de prisión. "Acepto mis obligaciones con la sociedad y asumo los errores que haya cometido. Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas", dijo Rato justo antes de entrar a cumplir condena en la madrileña cárcel de Soto del Real. Luego, lo hizo por el fiasco de la salida a Bolsa de Bankia, un asunto por el que finalmente fue absuelto. Ahora, una década después de su caída en desgracia, hace frente a su último infierno. El de su fortuna en el extranjero.

Estos días se está hablando de la función que tuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como consejero de Caja Madrid entre 2004 y 2010. En las cajas de ahorros hay dos tipos de “consejeros”: quienes son miembros del Consejo de Administración y quienes forman parte de la Asamblea General, a los que se denomina “consejero general” y sólo tenían derecho a percibir dietas por las reuniones. Ambos órganos son diferentes y las funciones de sus miembros son distintas.

Pedro Sánchez fue consejero general de la Asamblea General de la caja de ahorros durante esas fechas, pero no formó parte del Consejo de Administración de la entidad. La Asamblea General de las cajas de ahorros es “el órgano de gobierno y decisión” de las entidades y, entre sus funciones, aprueban la gestión del Consejo de Administración de la caja de ahorros. Realizando un símil con el Estado, la Asamblea General de una caja de ahorros es como el “parlamento” de la entidad, mientras que el Consejo de Administración sería el “Gobierno”.

Pedro Sánchez fue propuesto como consejero de la Asamblea General de Caja Madrid por el Ayuntamiento de Madrid el 29 de junio de 2004, según se puede comprobar en el acta del pleno celebrado ese día. El Grupo Municipal Socialista lo propuso en sustitución de Elena Arnedo Soriano, concejal socialista en el ayuntamiento madrileño entre 2003 y 2004.

Las asambleas generales de las cajas de ahorros están conformadas por una variedad de representantes del ámbito público, privado y de la sociedad civil. Los consejeros generales que provienen de instituciones públicas, como los ayuntamientos, son designados por estas (artículo 2 del Real Decreto 2290/1977).

Los consejeros de la asamblea general de una caja de ahorros tienen varias funciones, entre las que destacan el nombramiento de vocales del consejo de administración y la aprobación de la memoria, el balance anual, la cuenta de resultados y la gestión del consejo de administración (artículo 4 del Real Decreto 2290/1977).

La asamblea general de las cajas de ahorro es “el órgano de gobierno y decisión” de las entidades. Según recoge la ley de cajas de ahorro de la Comunidad de Madrid, de 2003, la asamblea general está representada por un mínimo de 50 consejeros generales y un máximo de 400. El 25% eran elegidos por las corporaciones municipales.

El presidente, vicepresidente y secretario de la asamblea general es un puesto que compatibilizan en el consejo de administración. En el caso de Caja Madrid, en 2004 había 320 miembros en la Asamblea General, de los cuales 70 provenían del Ayuntamiento de Madrid (incluido Pedro Sánchez).

El consejo de administración se ocupa de la gobernanza y administración de la entidad en sus aspectos financieros. Este órgano está compuesto por un presidente, que lo será también de la entidad y uno o varios vicepresidentes. En las cajas de ahorros fundadas por instituciones públicas puede haber vocales que representen a estas corporaciones fundadoras, salvo si ocupa la presidencia de la corporación.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

La operación que quiso ser un pelotazo urbanístico de los años del boom inmobiliario y se quedó en pufo millonario para la Sareb, el banco malo, tenía también una historia política. Como desveló en su día infoLibre, una finca rústica y “especialmente protegida” de 14,5 hectáreas, valorada en 504.000 euros, fue hipotecada por 20,7 millones a la espera de una recalificación que iba a servir para levantar 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial. Y que nunca se produjo. En principio, sólo otro cuento de la lechera más de los muchos que jalonaron aquella década de euforia inmobiliaria. Ocurrió en 2006 en Torrelodones, un pueblo de la sierra norte de Madrid entonces gobernado por el PP. Tras el pinchazo de la burbuja y el rescate a Bankia, el préstamo que concedió Caja Ávila a la promotora del proyecto terminó en la cartera de activos tóxicos de la Sareb. Allí sigue. Proyectos Inmobiliarios Burke no ha devuelto ni un euro de lo que, 17 años después, se ha convertido en una deuda de 44,4 millones. Pero el PP ha colocado como número dos de su lista a la alcaldía de Torrelodones a Sagrario Cillero, la apoderada de la inmobiliaria que firmó el préstamo con Caja Ávila.

El partido la presenta como militante del PP local desde hace “más de una década” y como actual directora jurídica de PNG Desarrollos, una promotora inmobiliaria de la que fue administrador único Eduardo Morales Santiago hasta 2013. Morales también era el administrador único de Burke y de Proyectos Styx Dos, los compradores de la finca en 2003 y 2006, respectivamente –la primera se la pasó a la segunda–. Según un informe que la Sareb encargó a la consultora FTI Consulting Spain y entregó a la Fiscalía en 2016, Eduardo Morales poseía “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, expresidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó con el PP este consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011. La lista del PP la encabeza Almudena Negro, diputada en la Asamblea de Madrid.

Además, como publicó El País, Eduardo Morales se sentaba en el patronato de una fundación, denominada Escuela Superior de Arte Dramático, junto al alcalde Carlos Galbeño y el diputado autonómico del PP Juan Van Halen. Su presidente era Mario Mingo. Eduardo Morales también era propietario de C-15, entonces una de las mayores constructoras de Torrelodones y la empresa que aparece como “fiadora solidaria” de Burke en la compra de la finca. 

El Ayuntamiento del PP no tuvo problemas para aprobar la recalificación del terreno en 2006, pese a estar “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid se negó a ratificar el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”. El proyecto se volvió inviable.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar el informe a FTI Consulting Spain, la Sareb presentó su propia denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado.

La finca de Torrelodones es uno de los múltiples cadáveres que ha dejado la burbuja inmobiliaria, pero también una buena muestra de la lentitud de la maquinaria judicial y de la ineficacia de los procedimientos puestos en marcha para que el contribuyente recupere el dinero perdido en el rescate del ladrillo tóxico. El informe de FTI Consulting apreciaba en el caso los delitos de estafa “de especial gravedad, debido a la elevada cuantía del préstamo”, y de tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado trasladó la investigación a la Fiscalía de Madrid, que incoó diligencias el 19 de diciembre de 2016 y lo mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Las diligencias, finalmente sólo por administración desleal, fueron archivadas un mes después porque el delito había prescrito.

Pero el banco malo no se dio por vencido y encargó en 2018 un nuevo informe, esta vez a Ejaso ETL Global, el despacho del que fue consejero el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y cuya unidad de Derechos Fundamentales dirige la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico apreciaba en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluía que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarían prescritos hasta 2022, por lo que recomendaba a la Sareb que interpusiera “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente –Ávila o Villalba– o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firmaba el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establecía que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconsejaba al banco malo que ejerciera, “al menos”, acciones civiles.

Esa fue la vía escogida por la Sareb, pero hubo que esperar hasta julio de 2021 para que presentara una demanda de ejecución dineraria hipotecaria contra Proyectos Inmobiliarios Burke. Según recoge el documento, al que ha tenido acceso este periódico, le reclama 44,44 millones de euros: 20,7 millones por el capital del préstamo, 4,14 millones por los intereses remuneratorios y otros 19,6 millones por los intereses de demora. No obstante, el banco malo ha pactado una liquidación de 25,35 millones por la “responsabilidad hipotecaria”, tras reducir los intereses. “Lo que no significa que se renuncie a cobrar los 44,4 millones”, precisan fuentes de la Sareb tras recordar que está obligada a obtener “los máximos ingresos con la venta de sus activos para cancelar el mayor importe posible de su deuda, que se encuentra avalada por el Estado, y, recuperar así el dinero los contribuyentes”.

De momento, sin embargo, la demanda se encuentra atascada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado Villalba, a la espera de que su titular tome una decisión y determine la salida a subasta de la finca. En cualquier caso, el precio que se pague entonces no servirá para cubrir ni una ínfima parte de la deuda: en 2015 una valoración encargada por la propia Sareb tasó el terreno en sólo 915.082 euros. Además, es muy improbable que ese precio suba, teniendo en cuenta que el suelo seguirá calificado como rústico al encontrarse en un “espacio especialmente protegido”, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Por si fuera poco, Proyectos Inmobiliarios Burke quedó extinguida en diciembre de 2022 después de que el concurso de acreedores en que había entrado se cerrara por la falta de patrimonio de la empresa.

Por lo que se refiere a la vía penal que el despacho de Castresana recomendaba a la Sareb, ésta ya la consideró cerrada después de que la Fiscalía de Ávila considerara prescritos los delitos. “No tiene recorrido”, aseguran fuentes del banco malo.

En resumen, las posibilidades de recuperar el dinero del contribuyente son escasas además de lejanas en el tiempo.

Tras la publicación de esta información, el PP ha emitido un comunicado en el que no desmiente ni uno solo de los datos y hechos publicados por este periódico sobre la operación urbanística. El partido se limita a afirmar que Sagrario Cillero es actualmente empleada de PNG Desarrollos, tal y como reseña infoLibre, y precisa que en 2006, cuando ella firmó la solicitud del crédito que luego resultaría impagado, era "empleada de C-15" y "apoderada de forma mancomunada, junto a otras personas, de dicha empresa". También explica que Cillero "no tiene propiedad alguna en el área homogénea norte que se menciona en la noticia, ni hay ni ha habido contra ella procedimiento judicial alguno".

El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución de los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

En una sentencia, en la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal ha desestimado los dos únicos recursos que se presentaron contra la decisión que la Audiencia Nacional adoptó en septiembre de 2020. En concreto, ha rechazado los argumentos de Bochner España SL y de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Sociedades Cotizadas (AEMEC).

La sentencia inicial aseguraba que no había ni un solo dato que pudiera conducir a albergar siquiera la mera creencia fundada de que los acusados hicieron dejación de sus funciones. Los magistrados del Supremo han confirmado estas conclusiones, por lo que la absolución de los 34 acusados, incluidos José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma, ha pasado a ser firme.

La Sala de lo Penal ha asegurado que "no se advierte error palmario alguno, ni argumentos apodícticos o absurdos" que pudieran llevar al Supremo a anular la decisión de la Audiencia Nacional, tal y como piden los recurrentes.

En 178 folios, el Alto Tribunal ha repasado los argumentos de los recurrentes y ha indicado, entre otras cuestiones, que la deliberación, votación y fallo de la sentencia que absolvió a Rato y al resto de acusados es correcta.

Además, ha rechazado que la resolución de la Audiencia Nacional no estuviera lo suficientemente motivada o que hubiese un error en la valoración de la prueba que se practicó durante el juicio.

Los magistrados han insistido en que su labor no se trata de valorar cuál hubiese sido la sentencia más "idónea o acertada", sino "comprobar" que la decisión adoptada por la Audiencia Nacional "no ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones", algo que, a su juicio, no ha ocurrido.

Así, el Supremo ha ratificado la sentencia que fijó que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores y que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera.

La Audiencia Nacional destacó que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos, por lo que lo que correspondía era absolver a los acusados.

Para aquel tribunal, resultó "evidente a todas luces" que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de Bankia fue "intensamente supervisado" con éxito por el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones.

Según señalaron los jueces en 2020, tanto la decisión de debutar en el mercado, como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco, fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban.

La Audiencia Nacional concluyó que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera "más que suficiente" para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando.

El tribunal hizo suyas las declaraciones de la fiscal, Carmen Launa, que decía que la información financiera "no puede calificarse materialmente de falsa en la medida de que no vulneraba la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables aunque no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente".

En cuanto a la información no financiera suscrita, la sentencia original indica que se describieron hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de Bankia que eran destacados en el primer punto del resumen de su contenido, cuya descripción era "exhaustiva, clara y que cualquiera entendería".

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

La economía se recupera del cerrojazo impuesto por el covid, con ganas y muchos titubeos, pero la gran banca va disparada. Tras el batacazo de 2020, en que las pérdidas del Santander dejaron en unos números rojos de 5.535 millones a las seis grandes entidades españolas –hoy cinco tras la fusión de Caixabank y Bankia–, el rebote de los gigantes financieros ha sido espectacular en 2021. Santander y BBVA presumen de beneficios “históricos” y el segundo anuncia el mayor reparto de dividendos de la última década.

En efecto, los cinco grandes bancos –Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter y Sabadell– ganaron 19.866 millones de euros en 2021, un 46,16% más que en 2019, antes de la pandemia, y un 19,13% por encima de sus resultados de 2018. Es más, la gran banca no acariciaba los 20.000 millones de beneficio desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja financiera. Aunque entonces la composición de la cabecera era ligeramente distinta, porque incluía al Banco Popular y Bankia aún no había nacido.

Cierto también que los excelentes resultados de Caixabank se deben en buena parte a la fusión con Bankia. La entidad ganó 5.226 millones de euros en 2021. Pero, aun sin la aportación extraordinaria del banco de José Ignacio Goirigolzarri, el resultado es de 2.359 millones, un 70,8% por encima de 2020 y un 38,35% mayor que el de 2019. También debe sus números de récord Bankinter a otro extraordinario, la salida a Bolsa de la aseguradora Línea Directa, que le ha proporcionado una plusvalía de 895,7 millones. El banco que preside Dolores Dancausa tuvo el año pasado unos beneficios de 1.333,1 millones de euros, que cuadriplican los obtenidos en 2020 y multiplican por 2,5 los previos a la pandemia, unos 550,7 millones que entonces Bankinter aplaudía como todo un récord.

Si se excluyen estos extraordinarios, el beneficio conjunto de la gran banca se queda en 16.103 millones, aún un 18,5% por encima de los resultados conseguidos en 2019.

Santander, el mayor banco español, registró el año pasado unos beneficios de 8.124 millones de euros, por lo que ha dado un vuelco a sus números de 2020, cuando cerró el ejercicio con unas pérdidas históricas de 8.771 millones. Entonces todas las entidades se vieron forzadas a hacer grandes provisiones para hacer frente a la crisis del coronavirus. Además, el banco de Ana Patricia Botín tuvo que actualizar su fondo de comercio, asumiendo un deterioro contable de sus filiales en Reino Unido y Polonia.

En el primer año de la recuperación, Santander ha aumentado su beneficio atribuido un 25% respecto a 2019. Ni siquiera los 530 millones que le ha costado al banco el ERE cerrado el pasado mes de julio y que afectará a 3.572 empleados, han magullado los excelentes números del ejercicio. De hecho, el beneficio del cuarto trimestre, 2.275 millones de euros, es el mejor de los últimos doce años, según ha destacado el propio banco.

El BBVA también celebra un año de récord: multiplicó por 3,6 sus ganancias de 2020, con un resultado positivo de 4.653 millones de euros en 2021. E incluso mejoró en un 32,5% los beneficios de 2019. Los problemas reputacionales que el caso Villarejo ha supuesto para el banco de Carlos Torres no parecen haber impactado en sus cuentas. Tampoco las han sangrado los 696 millones de euros que le ha costado a la entidad el ERE que el año pasado supuso el despido de 2.725 trabajadores y el cierre de 480 oficinas. Por el contrario, el beneficio obtenido en el cuarto trimestre, 1.341 millones de euros, supera las ganancias de todo 2020, 1.305 millones. El propio banco resalta que, excluyendo estos impactos, el beneficio ha sido aún mayor y duplica el de 2020: 5.069 millones de euros, el mayor de los últimos 10 años.

En el caso de Caixabank, 2021 ha sido el primer ejercicio tras la fusión con Bankia, que implica una aportación contable de 4.300 millones a su fondo de comercio, aunque la integración también le ha supuesto un coste de 1.433 millones. En esa cifra se incluye el ERE que ha afectado a 6.452 empleados y está cerrando 1.500 sucursales. La nueva entidad fusionada ha cerrado su primer ejercicio con unos beneficios de 5.226 millones de euros, lo que la convierte en la segunda entidad en ganancias, por delante del BBVA. Para hacerse una idea de lo que ha supuesto la operación en la cuenta de resultados de Caixabank basta con recordar que los resultados de ambas entidades en 2019 sumaron 2.246 millones de euros. Es decir, en 2021 el nuevo banco los ha más que duplicado. Sin ese impacto extraordinario, el resultado se reduce a 2.359 millones, aun así un 38,35% más de lo que ganó Caixabank sola en 2019.

Bankinter exhibe igualmente números formidables. Ganó 1.333,1 millones de euros el año pasado, lo que supone multiplicar por 2,4 sus beneficios récord de 2019. Detrás de ese aumento se encuentra la plusvalía de 895,7 millones de euros que le ha reportado la salida a Bolsa de la aseguradora Línea Directa

Finalmente, Banco Sabadell, que cerró 2020 con un resultado exiguo de dos millones de euros, remontó el ejercicio pasado hasta los 530 millones y es el único de los cinco grandes que no recupera las cifras previas a la pandemia. En 2019 sus beneficios llegaron a los 768 millones de euros. El año pasado, la entidad que preside César González Bueno también ejecutó dos ERE, uno en el primer trimestre, para 1.800 trabajadores, y otro para un máximo de 1.605 que aún no se ha cerrado. En total, el banco ha recortado sus oficinas en un 25% y su plantilla en un 22%.

Como resultado de estos números superlativos, la gran banca se ha lanzado no sólo a recuperar, sino incluso a disparar los dividendos. “En 2021, hemos logrado unos excelentes resultados, que nos permiten incrementar significativamente la remuneración a nuestros accionistas, con el dividendo por acción en efectivo más alto de la última década y uno de los programas de recompra de acciones más grandes de Europa”, ha anunciado el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. La entidad ya pagó ocho céntimos brutos por acción en octubre de 2021 y ahora aprobará en la junta general de accionistas otro dividendo de 23 céntimos para abril de este año. Esos 31 céntimos totales a cuenta del pasado ejercicio constituyen, resalta el BBVA, su mayor dividendo por acción en efectivo de los últimos 10 años. Además, ha puesto en marcha un programa de recompra de acciones de 3.500 millones de euros, otra manera de retribuir al accionista.

Este año es el primero en que el Santander ofrece recompra de acciones, de forma que sumada al reparto de dividendos en efectivo, el 40% del beneficio ordinario se distribuirá entre los accionistas, tal y como explicó Ana Patricia Botín durante la presentación de los resultados. La recompra ha sido por importe de 841 millones de euros, mientras que el dividendo en efectivo alcanza los 4,85 céntimos por acción y ya fue abonado en noviembre de 2021. En total, Santander ha repartido ya 1.700 millones, pero a final de este año anunciará una retribución adicional.

Caixabank tampoco se queda atrás y repartirá 1.179 millones en dividendos –a razón de 0,1463 euros brutos por acción--, el 50% del beneficio consolidado y sin impactos extraordinarios, además de ejecutar un programa de recompra de acciones a lo largo de este ejercicio.

Bankinter también ha vuelto a repartir dividendos. En octubre pagó 119,78 millones a sus accionistas y en diciembre, 46,26 millones más, el 50% de su beneficio.

Nada más estallar la pandemia, en marzo de 2020, el BCE pidió a los bancos que dejaran de repartir dividendos y recompraran acciones, a fin de aumentar su capacidad para absorber pérdidas. En diciembre atenuó la recomendación para que limitaran el pago de dividendos. Finalmente, el pasado julio decidió suspender esa limitación a partir del otoño, pero sin dejar de advertir a las entidades financieras de que deberían seguir siendo “prudentes” en la remuneración al accionista. Pero los grandes bancos españoles se han apresurado a recuperar el dividendo en vista de los excelentes resultados.

Porque, aparte de los extraordinarios y de la liberación de las provisiones por el covid, el negocio comercial de los bancos se ha beneficiado inmediatamente del impulso de la recuperación económica. Por ejemplo, el Santander ha aumentado sus préstamos un 4% y los depósitos un 6%, además de mejorar la calidad del crédito –menos insolvencias–. El BBVA hace gala de un aumento del 47% en el número de sus clientes, de los que en 2021 captó 8,7 millones –otra “cifra récord”, resalta–, el 40% de ellos digitales.

Así que no es de extrañar que también hayan crecido los ingresos por comisiones, en los que se ha basado buena parte de los resultados de los bancos en estos años de tipos de interés negativos que les dejaban sin márgenes. En el caso del BBVA, subieron un 21,5% en 2021 respecto al año de la pandemia; en Bankinter, un 21%. En el Santander, aumentaron un 8% de media, pero hasta un 26% los ingresos por operaciones con tarjeta y un 38% por operaciones con datafonos. Los ingresos por comisiones de Caixabank mejoraron un 6,7%, mientras que los del Sabadell lo hicieron un 8,7%.

La nacionalización del banco malo, como se dio en llamar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que acaba de decidir el Consejo de Ministros en un decreto ley, es sólo el penúltimo caso en que los contribuyentes terminan pagando sumas milmillonarias por fiascos que, en principio, no les iban a costar “ni un euro”. Esa fue la promesa del Gobierno respecto al rescate financiero, en palabras del exministro del PP Luis de Guindos. También la que repitió su compañera de partido y exministra Ana Pastor sobre las autopistas radiales quebradas. Pero la compra del banco malo resulta ser especialmente escandalosa no sólo por su cuantía, unos 35.000 millones de euros, sino porque, además, el desembolso viene a sumarse a los 66.577 millones de euros públicos que ya ha costado el rescate financiero entre 2012 y 2018, según los últimos cálculos del Tribunal de Cuentas.

Otros pufos sonados, aunque de menor volumen, saltan a la memoria, la mayoría relacionados con infraestructuras acometidas bajo la fórmula de la colaboración público/privada por constructoras a las que ha tenido que rescatar o indemnizar el Estado. Es decir, el contribuyente. Las autopistas radiales, el proyecto Castor, el túnel del Pertús o la AP-7 son los casos más sangrantes.

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, no quiere llamarla “nacionalización”, pero la compra por un precio simbólico de las participaciones del resto de los accionistas de la Sareb supone su toma de control por el Estado. Desde que Eurostat obligó a España a reclasificar como sector público al banco malo e incluir sus 10.500 millones de patrimonio neto negativo como déficit público y sus 34.918 millones pendientes de devolver como deuda del Estado, el cambio de su régimen jurídico era obligado. Aunque también hay otra realidad imperiosa: la Sareb se encuentra en quiebra técnica. Ni siquiera la conversión de 1.429 millones de euros de deuda subordinada en capital el pasado julio –hubo otra en 2016, por 2.170 millones–, que debería haber servido para restablecer el equilibrio patrimonial y compensar las pérdidas de 2020 –1.073 millones– ha conseguido salvar al banco malo.

Según admite la Sareb en el informe de actividad del primer semestre de 2021, los números rojos han consumido íntegramente sus fondos propios, incluida la deuda subordinada. Pero, como desde marzo de 2020 y mediante real decreto-ley, al banco malo no se le aplica el artículo de la Ley de Sociedades de Capital que obliga a una sociedad a disolverse si su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, se le permite seguir trabajando “incluso con insuficiencia de recursos propios”.

La Sareb fue una idea controvertida desde su nacimiento. Cuando en 2012 adquirió los más de 200.000 activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas –inmuebles y préstamos morosos– lo hizo por un precio inflado: 50.781 millones de euros. La Comisión Europea calculó que se habían pagado 19.000 millones por encima de su valor de mercado. En sus nueve años de vida ha conseguido vender el 40% de esa cartera y cancelar el 31,2% de la deuda que emitió para adquirir el ladrillo tóxico. Mientras acumulaba unas pérdidas que rozan los 6.000 millones de euros. En ese último informe semestral, la Sareb reconoce que le va a resultar “imposible” generar flujos de caja suficientes” hasta 2027 –el plazo fijado para vender todos los inmuebles– con los que amortizar íntegramente la deuda emitida.

Ésa es la sociedad que compra ahora el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ya ha hecho una oferta a los 26 bancos y aseguradoras con los que se reparte el capital social de la Sareb: un céntimo por cada 39.710 acciones. Lo que supone valorar el banco malo en 360 euros. El FROB compraría las participaciones de las entidades privadas por un máximo de 194,35 euros.

Hasta ahora, el FROB poseía el 45,9% de la Sareb. Y no podía por ley superar el 50%. Es lo que acaba de cambiar el Gobierno para adaptarse a las exigencias de la UE. El resto del capital se lo reparten el Santander –22,23%–, CaixaBank –12,24%–, Sabadell –6,61%–, Kutxabank –2,53%–, Ibercaja –1,43%–, Bankinter –1,37%–, Unicaja –1,27%–, Cajamar –1,21%–, Mapfre –1,11%– y otras 17 entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.

La próxima duda es si los bancos venderán toda su participación, lo que les haría perder sus activos fiscales diferidos o DTA, que les permiten rebajar la factura con Hacienda por el impuesto de sociedades. También si será necesario prorrogar más allá de 2027 la vida de la Sareb, en vista de los problemas que está teniendo para cumplir con su mandato y liquidar el ladrillo tóxico que se pudre en sus cuentas.

El agujero del banco malo hará un poco más indigerible si cabe la enorme factura del rescate financiero. La última cifra sobre su coste corresponde al Tribunal de Cuentas, que eleva en 852 millones el cálculo del Banco de España. El supervisor bancario no actualiza el dato desde noviembre de 2019 y con números referidos a diciembre de 2018. Según el Tribunal de Cuentas, el coste asumido por el FROB se eleva a 45.344 millones de euros, mientras que los 21.295 millones restantes han corrido a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones de los bancos. De la cifra total, sólo se han recuperado, de acuerdo con el Banco de España, 4.477 millones de euros. Y únicamente podrán recuperarse 9.560 millones de euros cuando el FROB venda su participación en la antigua Bankia, desde marzo integrada en Caixabank.

La fusión de ambos bancos obligó al FROB, que poseía un 61,83% de la rescatada Bankia, a actualizar el valor contable de esa participación, que se convirtió en un 16,12% de CaixaBank. Esa revisión se tradujo en un impacto negativo de 3.556 millones de euros para la entidad pública. Por ese motivo sus pérdidas en 2020 se multiplicaron por 13. En resumen, otro roto más en el descosido monumental del rescate financiero. Ateniéndose sólo a las cifras previstas por el Banco de España, sólo se ha recuperado el 9,8% del dinero público empleado y, en el mejor de los casos, sólo podrá recuperarse el 31% si se privatiza Bankia al precio que prevé el FROB.

Tampoco está claro el desenlace de otro capítulo negro para las finanzas públicas, pese a que arranca incluso más atrás que la crisis financiera. Las autopistas radiales empezaron a inaugurarse en 2003 y las empresas que las construyeron a cambio de explotarlas en régimen de concesión durante 30 años –con peajes para los usuarios– quebraron una tras otra a partir de 2012. Nunca alcanzaron el tráfico mínimo que les habría permitido sobrevivir. Abertis, ACS, Sacyr, Ferrovial, Isolux Corsán, OHL, Comsa, Globalvía, Ploder, Sando, Azvi, Europistas, Budimex… vieron en la colaboración público/privada que les ofrecía el Estado una oportunidad de oro. Nada más lejos de la realidad. Todas ellas terminaron por reclamar la Responsabilidad Patrimonial del Estado, el derecho que asiste a cualquier ciudadano de ser indemnizado por toda lesión que sufra en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El procedimiento para obtener esa reparación es largo. En el caso de las nueve radiales aún no se ha cerrado. Así que, en el transcurso de la última década, los bancos acreedores de las constructoras han tenido tiempo de vender su deuda a toda una serie de fondos: King Street, Taconic, Attestor Capital, Titulización de Activos son algunos de ellos. En otras palabras, el dinero que les pague el Estado caerá en manos de estos fondos de inversión.

Y no es poco. Según los cálculos del propio Gobierno para los Presupuestos Generales de 2019, puede alcanzar los 1.800 millones de euros. Ese mismo año, el Consejo de Ministros decidió limitar la responsabilidad patrimonial por las radiales a un máximo de 3.305 millones. Pero los propios acreedores lo elevan hasta los 4.500 millones. La patronal de la construcción, Seopan, llegó a cifrar en 5.657 millones el rescate.

De momento, las radiales R3 (Madrid-Arganda) y R5 (Madrid-Navalcarnero) costarán 119,15 millones de euros de dinero público; la AP-41 (Madrid-Toledo), 52,92 millones; la M-12 (Madrid-Barajas), 46,46 millones y la AP-36 (Ocaña-La Roda en Albacete), 319,6 millones. Las liquidaciones aún provisionales de la Circunvalación de Alicante y la Circunvalación Cartagena-Vera suponen 307,5 y 282,7 millones, respectivamente. La R-4 (Madrid-Ocaña), costará cero euros, porque el Estado tendrá que pagar por expropiaciones más de lo que costó la autopista. Y la R-2 (Madrid-Guadalajara) está aún pendiente de cálculo.

En los Presupuestos Generales de este año, se ha consignado el pago de 560 millones que, sumados a los 255,4 millones destinados a este fin en los de 2021, suponen 815,4 millones como factura inicial. Aunque la batalla puede alargarse aún más porque los fondos han recurrido en el Tribunal Supremo la fórmula utilizada por el Gobierno para calcular las indemnizaciones.

Las nueve radiales son ahora gestionadas por una sociedad estatal, Seittsa, dependiente del Ministerio de Transportes, y las autopistas son gratuitas.

También está pendiente de cálculo la compensación que reclama Abertis por el fin de la concesión de la AP-7, la Autopista del Mediterráneo. En agosto de 2021 venció el contrato, uno de los que el Gobierno decidió no renovar para que las autopistas pasaran a ser gratuitas. Acesa, filial de Abertis y ésta, a su vez, propiedad de la española ACS y la italiana Atlantia, reclama 3.826 millones al Estado por la ampliación y mejora de la autopista, que sufragó en la confianza de que el aumento del tráfico haría más que rentable la inversión. Ambas partes firmaron un convenio en 2006 que obligaba al Estado a compensar a la empresa si esa expectativa de tráfico e ingresos no se cumplía. La crisis de 2012 estalló y se llevó por delante los peajes de la AP-7. Pero el Ministerio de Transportes sólo está dispuesto a pagar a Abertis 1.291 millones. Preguntada por infoLibre al respecto, la empresa asegura que se encuentra a la espera de que la Administración se pronuncie. Por su parte, el departamento de Raquel Sánchez explica que está “terminando de calcular la cifra” y que ésta “no es objeto de negociación con la concesionaria”. “El resultado que se obtenga”, apunta, “será el de aplicar las directrices previstas en los reales decretos, los convenios firmados, las normas, etcétera, interpretados de acuerdo con los criterios jurídicos de la Abogacía del Estado y los criterios de los técnicos del departamento”. El ministerio tenía seis meses para contestar, un plazo que acaba este mismo mes de febrero.

Si el nombre de Abertis se repite en la reclamación al Estado por las autopistas radiales y por la AP-7, el de ACS, la constructora de Florentino Pérez, aparece por duplicado en otros dos fiascos pagados por el contribuyente: el proyecto Castor y el túnel del Pertús.

El cierre del almacén de gas que Escal UGS, una empresa propiedad de ACS y la canadiense UGS, construyó frente a las costas de Castellón, ha costado a las arcas públicas 1.350 millones de euros. Es la cantidad que la firma pidió al Estado en 2014 después de que los múltiples seísmos que se atribuían a la instalación pusieran en pie de guerra a los vecinos de Vinarós y forzaran su clausura. La inyección de gas en el depósito submarino había encendido las alarmas de ecologistas y partidos políticos. Pero la revelación de que, además, el Estado había firmado con la empresa una compensación millonaria por el fin abrupto de la concesión –30 años– desató el escándalo.

Aún faltaban más detalles para redondear la operación. El Gobierno adjudicó el almacén a la semipública Enagás, que además debía encargarse de pagar a Escal UGS. Y para cubrir ese desembolso, le permitió utilizar una cantidad a cuenta de los peajes y cánones del gas: 80 millones al año. De manera que sería el consumidor quien abonara en sus recibos la indemnización.

Pero Enagás transmitió ese derecho de cobro a tres bancos, Santander, Caixabank y Bankia, que le adelantaron el dinero para pagar a Escal UGS. A su vez, las tres entidades pasaron a recibir los abonos procedentes de los peajes y cánones del gas, que les ingresaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hasta que el Tribunal Constitucional anuló ese derecho de cobro en diciembre de 2017, atendiendo a un recurso presentado por el Parlament y la Generalitat de Catalunya, junto con 50 diputados nacionales del PSOE. Los bancos acudieron al Tribunal Supremo y éste les dio la razón en octubre de 2020.

Sin embargo, ACS no se da por satisfecha y, según publicó Cinco Días, está estudiando presentar un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica por el lucro cesante de la concesión otorgada en 2008 por 30 años. La empresa de Florentino Pérez no ha querido confirmar a infoLibre si, en efecto, va a demandar al Gobierno por la clausura de Castor.

El contrato que otra filial de ACS, TP Ferro, constituida al 50% con la francesa Eiffage, firmó con el Gobierno también incluía una cláusula de rescate en caso de que el negocio no cumpliera sus expectativas de lucro. Lo suscribieron en 2004 para construir y explotar el tramo ferroviario entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia), que incluye el túnel del Pertús y por donde debería pasar el AVE. Para la obra, TP Ferro recibió una subvención de la UE de 636 millones de euros, la mitad del coste.

Al igual que ocurrió con las autopistas, las previsiones de tráfico de TP Ferro en ese tramo no se cumplieron. La empresa se declaró en concurso de acreedores en septiembre de 2015 y fue liquidada un año después. En cumplimiento del contrato, pide una indemnización al Estado de 450 millones de euros, más otros 250 millones por daños y perjuicios. Pero ni España ni Francia quieren pagar. Así que TP Ferro acudió en 2020 al tribunal arbitral de Ginebra para conseguir la compensación. La empresa culpa de la falta de tráfico en el tramo fronterizo a los retrasos en la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo. Desde que se liquidó TP Ferro, son las empresas públicas española y francesa, Adif y SNCF, las encargadas de gestionar los 44,4 kilómetros de vías, a través de una sociedad constituida al 50% y llamada Línea Figueras Perpignan SA.

Sumando sólo este puñado de grandes fiascos, el coste para los contribuyentes de la socialización de pérdidas empresariales durante la última década puede alcanzar los 72.871 millones de euros.

El Observatorio Fiscal de la Unión Europea, una iniciativa de la Paris School of Economics cofinanciado por la Unión Europea y dirigido por el economista Gabriel Zucman, ha analizado la actividad de 36 bancos sistémicos europeos en paraísos fiscales, cuántos beneficios contabilizan en esos territorios de baja o nula tributación y gran opacidad fiscal y cuántos millones se ahorran en el impuesto de sociedades cada año gracias a esos negocios. En la lista se incluyen cuatro bancos españoles: Santander, BBVA, Bankia BBVABankiay Sabadell. Entre los cuatro sumaron una media anual de 17.698 millones de euros en beneficios antes de impuestos entre 2014 y 2020, el periodo analizado, por los que pagaron 4.837 millones a Hacienda. Según el estudio, el BBVA contabilizó en paraísos fiscales el 0,9% de sus beneficios brutos entre 2014 y 2016, que crecieron hasta el 1,9% entre 2018 y 2020. Los duplicó. El Santander registró offshore el 0,5% de sus ganancias antes de impuestos en esos dos primeros años del análisis, para aumentarlos hasta el 1,3% en los dos siguientes. Casi los dobló. Ni Sabadell ni Bankia tienen negocios en paraísos fiscales.

Los autores del informe, Giulia Aliprandi, Mona Barake y Paul-Emmanuel Chouc, calculan también el déficit fiscal de los bancos, la diferencia entre los impuestos que pagan y los que deberían pagar si se les gravara con una tasa mínima efectiva del 15% –tal y como acaba de aprobar la OCDE para las multinacionales–, del 21% y del 25%. Las 36 entidades analizadas contabilizan un total de 20.000 millones de euros, el 14% de sus beneficios, en paraísos fiscales. El estudio ha incluido a 17 paraísos fiscales en sus cuentas: Bahamas, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Kuwait, Luxemburgo, Macao, Malta, Mauricio, Panamá y Catar. Según sus cifras, el 25% de los beneficios registrados por los 36 bancos –desde HSBC y Barclays hasta Deutsche Bank pasando por ING, BNP Paribas o Intesa Sanpaolo– se contabilizan en países con tipos efectivos por debajo el 15%. En paraísos fiscales, la media es del 20%, aunque hay bancos que no los usan y en otros, como el HSBC, el campeón en esta liga, el 58% de sus ganancias proceden de estos territorios offshoreoffshore. De Hong Kong, en concreto.

Gracias a esos tipos efectivos tan bajos, tanto en el extranjero como en paraísos fiscales, lo que pagan los bancos analizados es de un 20% de media. De hecho, siete de ellos consiguen tributar por debajo del 15%: RBS, Barclays, Bayern LB, Nord LB, HSBC, KBC e Intesa Sanpaolo. De forma que el estudio calcula que el déficit fiscal de las 36 entidades asciende a entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales con un tipo efectivo del 15%. Si la cuenta se hace con un tipo efectivo del 25%, la cifra alcanza la horquilla de 10.000 a 13.000 millones de euros que escapan de las arcas públicas europeas cada año. Esas cantidades equivalen a entre el 6% y el 10% del déficit fiscal que el propio Observatorio ha calculado para el conjunto de las multinacionales europeas. La recaudación procedente de los bancos debería igualar, una vez alcanzado ese 15% mínimo, a la que se esperaría también de las compañías petrolíferas.

El tipo nominal que grava a las entidades financieras en el impuesto de sociedades es en España del 30%. Pero el tipo real es inferior. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria sobre la recaudación de ese impuesto en 2019, las últimas publicadas, los grupos bancarios pagan un tipo efectivo sobre su base imponible del 20,61%, 10 puntos menos del nominal, y sólo un 2,11% sobre sus beneficios.

infoLibre tuvo acceso a las declaraciones del impuesto sobre sociedades de los principales bancos españoles y esto fue lo que encontró.

Santander, número uno en 'déficit fiscal' en 2014

Aunque el HSBC es el banco que lidera el ranking del estudio –registra el 60% de sus beneficios en Hong Kong a un tipo efectivo del 11% y acumula un déficit fiscal de 2.394 millones de euros–, el Santander fue la entidad que tuvo mayor déficit fiscal en el extranjero en 2014, 984 millones de euros. El doble que el británico. En 2015 fue el segundo –345 millones– sólo por detrás del HSBC. En 2018 fue el cuarto –190 millones– y el tercero en 2019. Pero, si el déficit fiscal se mide como porcentaje de los impuestos realmente pagados, el Sabadell resultó ser el tercer banco con mayor deuda tributaria en 2015, un 46%.

De hecho, de acuerdo con los cálculos del Observatorio Fiscal de la UE, el déficit fiscal de Santander y BBVA por los beneficios contabilizados en paraísos fiscales asciende a 133,9 millones de eurosdéficit fiscal, la cantidad que habrían tenido que pagar si hubieran sido gravados con un 15% en el impuesto de sociedades. La cifra es aún superior si se hace la misma estimación con los beneficios obtenidos fuera de España, en territorios no considerados paraísos fiscales por estos dos bancos, junto a Sabadell y Bankia: 2.112,2 millones de euros. Además, si hubieran tributado efectivamente al 15% en España, deberían haber pagado 621 millones más de los que realmente ingresaron en las arcas de Hacienda. En total, su déficit fiscal, nacional e internacional, entre 2014 y 2020 asciende a 2.867,2 millones de euros.

Beneficios por empleado y márgenes disparados

El método que utiliza el Observatorio Fiscal de la UE para sus cálculos se basa en el desajuste existente entre la rentabilidad por empleado de los bancos en sus filiales situadas en paraísos fiscales, en las filiales en otros países y en sus propios territorios. Para empezar, pese a que obtienen de media el 14% de sus beneficios en paraísos fiscales, allí sólo tiene el 4% de sus empleados. De forma que la rentabilidad por empleado en territorios offshore es de 283.000 euros, mientras que en el resto de sus filiales en el extranjero cae a 68.000 euros y en el país donde tienen su sede se queda en sólo 63.000 euros.

Además, sus márgenes se disparan en los paraísos fiscales: mientras que en casa el margen oscila entre el 20% y el 25% de media, y en el extranjero se eleva hasta el 34% o el 35%, en los territorios offshore se dispara a entre el 52% y el 58%. Esa discrepancia, explican los autores, puede deberse al gran volumen de depósitos atraídos por los paraísos fiscales o bien al desvío de beneficios, que no puede calcularse con los datos sobre activos de los informes país por país que están obligados a publicar los bancos.

El año de la pandemia los usuarios de banca aumentaron sus reclamaciones ante el Banco de España en un 45,6% respecto a 2019, y sus consultas telefónicas aún más, un 54%. El pico de las llamadas se produjo precisamente en abril, con el estado de alarma recién activado y el confinamiento en su momento más duro. La tendencia al alza, además, parece que va a continuar, puesto que en los primeros cuatro meses de este año el Banco de España ya ha recibido 13.000 reclamaciones. El organismo supervisor no descarta que en 2021 la cifra de quejas de clientes roce los máximos históricos de 2013, 2014 –cláusulas suelo– y 2017 –gastos de las hipotecas–. Es lo que prevé el Banco de España en su Memoria de Reclamaciones, que cifra en 21.320 el número de reclamaciones recibidas el año pasado, de las que el 27% se refieren a hipotecas. Pero donde se ha experimentado una auténtica explosión de quejas ha sido en las tarjetas, que se han disparado un 114,7% respecto a 2019 y ya suponen casi tantas –un 26,4%– como las hipotecas, hasta ahora las reinas de las denuncias.

Es más, si las reclamaciones sobre tarjetas han crecido en ese volumen ha sido porque las quejas sobre supuestas operaciones fraudulentas se han multiplicado en un 138,6% en un año, de tal forma que se han convertido en el segundo motivo de queja, pero también porque las denuncias sobre tarjetas revolving han crecido aún más, un 212%. En total, el Banco de España recibió en 2020 5.725 reclamaciones por hipotecas –un 28% más que en 2019–, pero nada menos que 5.622 por tarjetas. Y de ellas 1.942 eran por presuntos fraudes.

Las cuentas corrientes suman 4.912 reclamaciones, la mayoría por las comisiones cobradas. Las transferencias también han supuesto un 70% más de quejas y, de nuevo, aparece el fantasma del fraude: se han disparado un 236% al pasar de 97 a 326.

Como es lógico por su volumen de negocio y cuota de mercado, Santander, Caixabank, BBVA y Bankia –recién fusionada con Caixabank– acumulan también el mayor número de reclamaciones, el 51,6% de las recibidas por el Banco de España. Contra el banco de Ana Patricia Botín se presentaron en 2020 un total de 3.849 quejas, contra Caixabank 2.696, BBVA fue objeto de 2.405 reclamaciones y Bankia, de 2.301. Les siguen Banco Sabadell, con 1.091, y Wizink, con 1.035. Las reclamaciones dirigidas al supervisor por las operaciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha tenido un papel protagonista durante la pandemia por los préstamos y avales concedidos a empresas, sólo han supuesto el 0,47%.

Un 58,7% de rectificaciones para el Santander, un 89% para el Sabadell

Para que un cliente reclame ante el Banco de España si considera que su entidad financiera ha incumplido las normas de transparencia o, en general, las buenas prácticas bancarias, debe haberse quejado primero al servicio de atención al cliente de la propia entidad. Después, el supervisor elabora un informe. En 2029 fueron 7.094 los redactados, de los cuales el 33% fueron favorables a la entidad reclamada y casi el 37% favorables al cliente. Además, en 2.143 ocasiones –el 30,2%– el banco rectificó antes de que el supervisor emitiera su informe. Es decir, el Banco de España destaca que siete de cada 10 reclamantes vieron “satisfechas sus pretensiones” tras acudir a sus servicios, “una tendencia constante de 2017”. No obstante, el porcentaje de informes a favor del cliente se situó el año pasado como el segundo más bajo desde 2012, lo que el supervisor interpreta de forma positiva, como un indicio de que los bancos cada vez asumen en mayor medida las buenas prácticas bancarias.

En cualquier caso, el Banco de España ajusta las cifras absolutas de informes favorables a los reclamantes según la cuota de mercado de la entidad financiera denunciada, al tiempo que mide la respuesta de ésta a su dictamen: si rectifica o no su comportamiento. Así, Bankinter, Kutxabank y Cajasur resultan ser los bancos con peor comportamiento frente al cliente y frente al supervisor. Son los que más quejas recibieron en 2020 y los que menos rectificaron respecto de la media. Las tres fueron objeto de más de un 60% de informes a favor del reclamante y rectificaron –antes de que el Banco de España emitiera su dictamen– sólo entre un 14,5% –Cajasur– y un 22,2% –Kutxabank–. Tampoco lo hicieron mucho mejor los más grandes del sector:el Banco Santander sólo rectificó en un 22% de las ocasiones y recibió un 40,3% de informes en su contra, por lo que es la entidad entre los mayores que menos modificó sus decisiones, en un 58,7% de las quejas admitidas. Por el contrario, el Sabadell llegó al 89% de rectificaciones –sumadas las previas y las posteriores al informe–.

Por su parte, Liberbank, Ibercaja y Cajamar tienen un porcentaje de quejas superior a la media, pero también rectifican más. Al revés, ING, Evo Banco, Cetelem y Servicios Prescriptor y Medios de Pago –antigua Evo Finance–, rectifican menos y suman menos reclamaciones que la media. Sobre ING, el Banco de España admitió 166 quejas, de las cuales el banco holandés rectificó el 62% –un 23% antes del informe–, mientras que sobre Cofidis fueron sólo 18. Rectificadas antes del informe quedaron cuatro y otras siete terminaron con dictamen a favor del cliente.

Casi se duplican las quejas por productos vinculados y comisiones

Si la comparación se hace teniendo en cuenta el tipo de producto, Cajamar, Santander y Liberbank son los que han recibido más informes del Banco de España favorables a los clientes que se quejaron por sus hipotecas. En general, los usuarios reclaman sobre todo por los gastos para formalizar estos préstamos y por la contratación de productos vinculados, cuyo número ha crecido un 89% el último año. También se han desbordado las quejas por la aplicación del IRPH –una materia aún en sede judicial–, un 247,3%. Por los depósitos, las entidades más denunciadas son Deutsche Bank e Ibercaja. Sólo las quejas por las comisiones se han disparado un 91%. Y por las tarjetas, Bankinter Consumer Finance, Wizink y de nuevo Ibercaja. En el caso de la primera, recibió 17 informes en contra, lo que equivale a 14 veces más de lo que le correspondería por su cuota de negocio. El Santander tiene el mayor número absoluto de informes desfavorables por sus tarjetas, 225 –2,4 veces más de lo que debería por su cuota de mercado–. De ellos, 172 tienen su origen en operaciones donde el cliente denuncia que ha sido víctima de un fraude.

El resultado de estas rectificaciones se tradujo el año pasado en que los bancos devolvieron a sus clientes casi 3,1 millones de euros, el mayor importe en la última década y un 20,5% más que en 2019. Eso sí, el importe medio reembolsado no es muy elevado: sólo 431,74 euros.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha acordado mantener el embargo de bienes al ex ministro de Economía Rodrigo Rato por no abonar la fianza de 65,1 millones fijada en el auto de procesamiento en el que se le envía al banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que el ex ministro no ha abonado la caución que impuso el juez para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponerse al exministro en sentencia y que –tal y como avisó el magistrado en su auto– al no aportarse el dinero en el plazo previsto "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Las mismas fuentes han recordado que el juez ya había fijado un embargo de bienes a Rato en 2015 a raíz de una denuncia que presentó la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En aquel momento la suma embargada llegó a los 18 millones de euros e incluía hasta la pensión del Fondo Monetario Internacional que percibe en su calidad de ex director de la institución.

Así, el titular del juzgado mantendrá el embargo preventivo hasta que se dicte sentencia firme por un tribunal, que fijará la cifra definitiva –que podrá ser mayor o menor–.

Notificación personal

Rato acudió el pasado viernes a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para recibir personalmente la notificación de procesamiento del juez, una formalidad "dada la naturaleza de la pena solicitada" por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama para él 70 años de cárcel.

El ex ministro lamentó a su salida del juzgado –en declaraciones a la prensa– que "ninguno" de los tres delitos principales por los que se le detuvo en 2015 figuren en el auto en el que se le envía a juicio.

Además, alegó que los delitos fiscales por los que ahora se le acusa "se refieren todos a trabajos profesionales a través de sociedades", lo que considera una "práctica habitual" por las que "personas muy relevantes como expresidentes de Gobierno nunca han sido llevados por la vía penal sino por la vía administrativa".

8,5 millones defraudados

La investigación dirigida por el juez instructor concluye que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

En las pesquisas se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para Rato, pero deberá ajustar su petición al final de la vista oral ya que el ex ministro no será juzgado por delitos de insolvencia punible y falsedad documental.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que los inversores cualificados también pueden exigir responsabilidades a BankiaBankia por las inexactitudes contenidas en el folleto de información sobre su salida a Bolsa en 2011, según recoge Europa Press.

El tribunal de Luxemburgo responde de esta forma a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo. La conclusión del fallo coincide con la opinión publicada a mediados de febrero por el Abogado General que estudió el caso. El Alto Tribunal español buscaba aclaraciones antes de pronunciarse sobre el recurso de Bankia contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó la responsabilidad de la entidad con respecto a un inversor cualificado por el folleto de la oferta de suscripción de acciones (OPS).

El caso enfrenta a Bankia con la Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS), un inversor cualificado que acudió a la salida a Bolsa del banco y suscribió una orden de compra de 160.000 acciones, a un precio de 3,75 euros por acción. UMAS persigue que se declare la nulidad por error en el consentimiento en la compra de acciones y que se declare con carácter subsidiario la responsabilidad de Bankia por falta de veracidad en el folleto de la emisión. En este contexto, el Supremo preguntó al Tribunal de Justicia de la UE si la acción de responsabilidad por el folleto ampara a los inversores minoristas y cualificados cuando se dirige a ambos, o solamente a los primeros.

La sentencia conocida este jueves determina que, en el caso de una oferta pública de suscripción de acciones dirigida tanto a inversores minoristas como a inversores cualificados, la acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto "no ampara solamente a los inversores minoristas sino también a los inversores cualificados". Los jueces europeos argumentan que "no cabe deducir" de la directiva comunitaria que los inversores cualificados "carezcan de la posibilidad de ejercitar la acción de responsabilidad" porque, en el caso de una oferta mixta, todos los inversores a los que se dirige "con independencia de su condición, disponen de ese documento, que supuestamente contiene información completa y fiable que es legítimo invocar".

De esta forma, siempre que exista un folleto "debe poder iniciarse una acción de responsabilidad civil por la información de dicho folleto cualquiera que sea la condición del inversor que se considere perjudicado".

En segundo lugar, el TUE avala la normativa española que permite a un juez tener en cuenta si un inversor cualificado "tiene o debe tener conocimiento" de la situación económica de una entidad que sale a Bolsa "en función de sus relaciones con ésta y al margen del folleto" e incluso "obliga al juez a tomar en consideración ese hecho". No obstante, añade que esto será posible siempre que no deriven en un trato "menos favorable" que el que otorgan acciones "similares" previstas en el Derecho nacional "ni surtan el efecto práctico de hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de la acción de responsabilidad".

El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex ministro de Economía Rodrigo Rato por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. Le da además un día de plazo, desde el momento en el que sea notificado formalmente de esta decisión, para prestar fianza por un total de 65.132.961 euros, con el fin de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponérsele en sentencia, y con el apercibimiento de que de no aportar esta cantidad "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada", según informa Europa press.

El magistrado Antonio Serrano-Arnal entiende que no ha lugar a la apertura de juicio oral por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, por lo que no será juzgado por estas conductas.

En esta resolución, contra la que no cabe recurso y que tiene fecha de 1 de junio, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid. Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras quince personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.

Según el resultado de la instrucción de este asunto, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

Menos delitos y cita el 11 de junio

Por los dos últimos delitos no será finalmente juzgado, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral. Sobre ese extremo, el auto dado a conocer este miércoles señala que en su escrito pidiendo la transformación en procedimiento abreviado el fiscal no señalaba dichos delitos, que si aparecieron posteriormente en el escrito de conclusiones provisionales.

"Se trata, por tanto, de evitar acusaciones sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de los acusados", apunta el juez.

Serrano-Arnal ha notificado su decisión a todos los acusados requiriéndoles que designen abogado en el plazo de tres días o les designará letrado de oficio, y les da veinte días más para presentar escrito de defensa proponiendo "las pruebas de que intenten valerse".

"Dada la naturaleza de la pena solicitada", el magistrado ha citado a todos los acusados el próximo 11 de junio ante la letrada de la administración de justicia del Juzgado para que le sea notificados personalmente los requerimientos acordados. El auto también declara extinguida la responsabilidad penal de uno de los investigados, Miguel Ángel Furones, que ha fallecido.

En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción calcula que las cuotas defraudadas suman 7.470.163,96 euros, a los que hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de los servicios profesionales prestados por Rato a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, que sería el caso de los trabajos a Telefónica o la celebración de conferencias después de regresar a España tras dejar el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional.

Un enjanbre societario y un ex cuñado

La Fiscalía menciona como especialmente relevante la participación en tal operativa de Santiago Alarcó, ex cuñado de Rato que habría manejado sus cuentas en el extranjero y gestionado las estructuras societarias, y del asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, como administrador de la empresa española Kradonara –filial de la británica Vivaway– y organizando la repatriación del dinero blanqueado a través del trust gibraltareño Finsbury.

Conforme al escrito de acusación, Rato también habría titulado cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza desconocidas para la Hacienda Pública, que ha operado a través de otras cuentas en la Isla de Man, Curaçao o Kuwait, y se ha servido de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas.

El Ministerio Público ha detectado hasta ocho mecanismos de blanqueo de capitales de los que se habría beneficiado el ex vicepresidente del Gobierno, entre ellos el llamado crédito lombardo, que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores; las propias inversiones de las sociedades de Rato en la mercantil alemana Bagerpleta Gmbh; o las millonarias ampliaciones de capital en Kradonara y Vivaway.

Se acogió a la amnistía fiscal

Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal declarando ser el propietario de Red Rose Finantial, pero omitiendo cualquier referencia a otras sociedades suyas, con lo que reconoció un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros por el que pagó a Hacienda 11.533,35 euros.

A juicio del Ministerio Fiscal, "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente (...), utilizó en realidad la DTE como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior".

Durante la instrucción también han aflorado indicios de que Rato cobró comisiones indebidas por los contratos de publicidad firmados por Bankia con las empresas Publicis y Zenith de cara a la salida a bolsa de la entidad bancaria cuando él era su presidente.

Las comisiones se habrían canalizado desde la sociedad interpuesta Albisa, propiedad del también acusado Alberto Portuondo, que además habría sido contratado como asesor de Bankia. Albisa habría cobrado el dinero y enviado parte del mismo a Kradonara –una de las empresas de Rato– con la cobertura de un supuesto contrato de asesoría a la otra mercantil.

Otros acusados

El juez ha propuesto juzgar, además de a Rato, a Miguel Ángel Montero –administrador de varias empresas del ex vicepresidente del Gobierno– y al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados, por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

Además, por corrupción en los negocios ha apuntado a la que fuera secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano; a Alberto Portuondo, uno de los 'hombres' de Montero; a las empresas Publicis y Zenith y a siete personas relacionadas con ellas.

El empleado de banca tal y como se conoce está al borde de la extinción. Los enormes ERE que han presentado las principales entidades financieras españolas en los últimos meses no sólo se ceban en la red de sucursales, sino sobre todo en un determinado perfil de trabajador que está quedando en desuso ante el auge de la gestión digital. El BBVA ha planteado el despido de 3.798 personas, de las que 3.025, el 80%, trabaja en su red de oficinas en España. Y de ellas, el 82% serán gestores comerciales –1.412– y gestores de atención al cliente –1.070–. Eso significa que la mitad de los integrantes de ambas categorías –el 47% de los primeros y el 56% de los segundos– van a desaparecer de la plantilla del segundo banco del país.

Las cifras son significativas por cuanto, aun siendo el ERE del BBVA menor en número de despidos respecto al presentado por Caixabank –7.791–, el impacto sobre la red de sucursales será mucho mayor en el caso del banco presidido por Carlos Torres: ese 80% de despidos en las oficinas está 10 puntos porcentuales por encima de los que pretende ejecutar la entidad catalana. El cierre de sucursales planeado por el BBVA, 530, llevará aparejado además el despido de 543 directores, el 23% de los actuales. En el resto del banco, el recorte será mucho menos intenso: 155 empleados en las estructuras intermedias, un 13,5%; 258 en los servicios centrales, el 9,7%, y 360 en el centro corporativo, un 8,1%.

A diferencia del ERE de Caixabank, el BBVA sí aduce causas económicas, además de las organizativas y productivas, para recortar la plantilla. Aunque en el primer trimestre de este año ha vuelto a los beneficios, 1.210 millones de euros, una cifra que el propio banco reconoce como próxima a los niveles prepandemia, el informe técnico del ERE, al que ha tenido acceso infoLibre, sólo cita las pérdidas de 2020, 2.182 millones. Y destaca que su resultado antes de impuestos ha caído un 89,8% desde 2017, de 2.439 a 248 millones de euros. También subraya que tanto sus ingresos por intereses como por comisiones, el negocio puramente bancario, siguen recortándose en el primer trimestre de este año, un 6,5%, y que su márgenes bruto –el conjunto de sus ingresos financieros y de cualquier otro tipo– y de explotación –descontados los gastos operativos del margen bruto– continúan en 2021 por debajo de los que registraba en el primer trimestre de 2020, antes de irrumpir el coronavirus.

Además, su ratio de eficiencia –la relación entre los gastos y el margen bruto– se ha deteriorado en 13,8 puntos entre 2017 y 2020, con una diferencia de 8,6 puntos respecto al resto del sector bancario. Es peor que las de Santander, Caixabank y Bankia, resalta el documento para justificar la necesidad de recortar personal.

Esa reducción de los ingresos, referida a las sucursales y a los empleados, se traduce en una pérdida de productividad que el informe cifra en un 11,2% del margen bruto por oficina desde 2017 y en un 21,7% por trabajador. Es más, las transacciones realizadas en las sucursales se han desplomado en un 70,6% entre 2017 y 2020. Si la comparación se hace hasta 2019, eliminando el año del confinamiento, el descenso es del 45,4%: hace cuatro años se realizaban 42,9 millones de operaciones en las oficinas del BBVA en España. En 2019, sólo 23,4 millones. Y el año pasado, apenas 12,6 millones. Las que más han caído son las transferencias –un 82,4%– y las transacciones en efectivo –un 73,6%–.

Al mismo tiempo, las operaciones digitales se han disparado un 49,2%: 264 millones en 2020. Las transferencias y traspasos online, por ejemplo, se han quintuplicado. Y el 40% de la operativa digital se hace a través de la aplicación del móvil. El BBVA tiene 5,8 millones de clientes digitales, lejos aún de los siete millones de Caixabank, líder español en este ámbito. Santander cuenta con 5,4 millones y Sabadell con 5,1.

Asistentes virtuales y nuevos perfiles laborales

Con la digitalización en plena fase desarrollo y la creciente competencia de nuevas fórmulas de financiación –desde el crowfunding hasta las operaciones de deuda para las empresas– y de nuevos financiadores –Amazon, Google, Facebook, Apple…–, el BBVA quiere convertir las sucursales en “centros de negocio especializado”, un “espacio totalmente diferente” a las oficinas actuales, donde “la tecnología y la innovación sean protagonistas”, explica el informe. Unos locales futuristas –o ya no tanto– con “asistentes virtuales” y “espacios interactivos de asesoría” para “anticiparse a las necesidades de los clientes”. Éstos, al gestionarse digitalmente sus operaciones, permitirán al gestor bancario ahorrar un 10% de tiempo y aumentar su cartera de una media de 1.190 clientes por empleado a 1.311.

Así, las sucursales podrán “abandonar las tareas transaccionales en beneficio de las tareas de asesoramiento y de mayor valor añadido”, además de ser más “flexibles” para adaptarse a los distintos tipos de usuarios y ofrecerles servicios a medida. Las nuevas oficinas exigen, por tanto, nuevos “perfiles de gestión de personas más orientados a la venta y a la relación con el cliente”.

Cataluña se lleva la peor parte

Las sucursales que se van a cerrar serán las ubicadas a menos de 500 metros de otra en ciudades a menos de 1.500 metros en poblaciones rurales, un total de 281. También otras 242, con menos de 3.000 clientes y consideradas no estratégicas, así como siete oficinas más que prestan servicio a organismos y entidades mediante convenio. Del total de 530, el grueso del recorte se lo va a llevar Cataluña, con 204 sucursales –122 en Barcelona–. Equivalen al 58,3% de la red. En Madrid cerrarán 84 y 20 en Sevilla. No se van a tocar, en cambio, las oficinas de la red de Banca de Empresas y Corporaciones, como tampoco la red de Consumer Finance.

El informe destaca el “sobredimensionamiento” de su red de sucursales en Cataluña tras la integración de CatalunyaCaixa y Unnim. Asegura que la ratio de clientes por gestor en Cataluña es un 32% inferior a la del resto del país. También esa comunidad autónoma sufrirá la mayor sangría laboral: 1.197 despidos, casi un tercio del total. De ellos, 836 en Barcelona. En Madrid serán 357. De los 543 directores de sucursal que perderán sus empleos, 170 serán de Cataluña. De los 1.412 gestores comerciales que figuran en la lista de despidos, la mitad trabaja en esa comunidad autónoma, así como el 30% de los gestores de atención al cliente.

En el BBVA va a ocurrir como en Caixabank: la peor parte de los despidos se la van a llevar los territorios donde estaban asentadas las entidades que fueron absorbidas por ambos bancos, CatalunyaCaixa y Unimm, por un lado; y Bankia –en Madrid y la Comunidad Valenciana–, por el otro.

El ERE del BBVA también va a consolidar otra tendencia reveladora de cómo están cambiando los bancos en el empleo y en la atención al cliente. El BBVA ha ofrecido a los sindicatos en la mesa de negociación reducir a 3.331 los despidos mediante la recolocación de 467 trabajadores en los centros de atención remota. Algo parecido terminó pactando el Santander en el ERE que firmó el pasado mes de diciembre y está ejecutando a lo largo de este año. Trasladó a 400 empleados a Santander Personal y 450 a Santander Customer Voice, desde donde antiguos empleados de las sucursales gestionan ahora por teléfono las operaciones de los clientes. Caixabank ha ofrecido el trasvase de 500 afectados por el ERE a su filial tecnológica CaixaBank Tech.

Caixabank tiene previsto plantear a los representantes sindicales con los que negocia estos días el despido de 7.791 trabajadores una propuesta para homologar las dispares condiciones laborales de quienes conserven sus puestos de trabajo, una vez integrada la plantilla de Bankia. La próxima reunión se celebrará el día 19. Pero el informe técnico del ERE, al que ha tenido acceso infoLibre, cifra en 231 millones de euros el coste anual de esa futura homologación, lo que supondría recortar un 35% los 662 millones que la entidad bancaria pretende ahorrar con los despidos. “La homologación supondría consolidar, para una plantilla de mayor dimensión, una situación que minora significativamente la competitividad de Caixabank”, advierten los autores del documento, porque el banco ya tiene unos costes salariales medios “muy superiores” a los de sus competidores.

El coste salarial medio en Caixabank alcanza los 86.300 euros, mientras que en Bankia es mucho menor, 68.200 euros, según consta en el informe mencionado. Además, está un 21,9% por encima de la media de las principales entidades españolas, que es de 70.800 euros. Por eso, sus autores consideran “imprescindible” que Caixabank adopte “medidas” para “reducir sensiblemente el diferencial de coste de personal” respecto de sus competidores, con el fin de no perder “una parte relevante de las sinergias y ahorros” de la fusión y “no incurrir con carácter estructural en unos sobrecostes salariales” que, a su juicio, comprometen “la eficiencia y la competitividad del banco”.

“La homologación es una pieza clave de la negociación del ERE”, subraya Óscar Bayona, secretario general de la sección de UGT en Caixabank en la Comunidad Valenciana. Pero la prioridad sindical, asegura, es preservar el empleo. La homologación, que se opte por las prejubilaciones en lugar de los despidos forzosos y el carácter voluntario de la adhesión al ERE son “vasos comunicantes”, explica Bayona. “El problema es que, por el momento, no tenemos nada en ninguno de ellos”, describe gráficamente. Los 15.950 empleados de Bankia llevan años conviviendo con los problemas de homologación de las diferentes entidades que la constituyeron: Cajamadrid tenía mejores condiciones salariales que Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja y Banco Mare Nostrum. En Caixabank, hasta ahora, la integración de Banca Cívica, Banco de Valencia, Barclays y el portugués BPI se ha hecho “de forma progresiva, hasta igualar al 100% las condiciones [de la entidad catalana] en cinco años”, detalla Joan Sierra, secretario general del sector financiero de CCOO. “Ahora puede ser que extiendan aún más ese plazo”, aventura.

Pero lo que el dirigente de CCOO descarta es que se rebajen los salarios de los 35.434 trabajadores procedentes de Caixabank, pese al llamamiento que hace el informe a rebajar los costes de personal frente a los otros grandes bancos. Cuando hay una sucesión de empresas, como es el caso de la fusión con Bankia, deben mantenerse las condiciones de la plantilla. “Otra cosa es que se decida, por ejemplo, suspender las aportaciones de la empresa a los planes de pensiones de los trabajadores”, advierte Joan Sierra. Manuel Marino Peche, responsable de la sección sindical de CGT en la antigua Bankia, cree que el peligro de desaparecer lo corren los complementos como las ayudas por hijos, pero que no se podrán tocar los sueldos base. “No es de recibo que una entidad que ha ganado 1.381 millones el año pasado y 514 millones este primer trimestre recorte plantilla y lo haga, además, a coste del Estado, después de triplicarse el sueldo sus directivos”, resume Manuel Marino la indignación sindical. Caixabank justifica el ERE en causas organizativas y de producción, no en causas económicas. La fusión con Bankia le ha reportado un impacto extraordinario de 4.272 millones que, sumado a los 514 millones antes citados, se traduce en un beneficio de 4.786 millones de euros sólo hasta marzo.

El triple de cargos por mantenimiento de las cuentas

Unos 400 trabajadores de Caixabank protestaron este viernes contra los despidos ante al Palacio de Congresos de Valencia donde se celebraba la junta general de accionistas de la entidad, que aprobó las cuentas de 2020, el reparto de 216 millones de euros en dividendos y los sueldos de sus principales ejecutivos. No obstante, este último punto del orden del día contó con el voto en contra del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que posee una participación del 16,11% en Caixabank a través de su participación en Bankia, entidad rescatada y nacionalizada durante la crisis financiera. El expresidente de Bankia y ahora presidente ejecutivo de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, cobrará en su nuevo puesto 1,65 millones de euros al año más una retribución variable de 200.000 euro. Triplica así los 500.000 euros que ingresaba en su anterior puesto, donde tenía el sueldo limitado por la participación pública en el banco, entonces del 61,78%.

El FROB expresa de esta manera las críticas que antes formularon tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, a las elevadas retribuciones de los banqueros mientras planean miles de despidos. También el BBVA ha anunciado un ERE para 3.798 trabajadores tras haber ganado 1.210 millones de euros en el primer trimestre de este año. En su intervención ante los accionistas, Goirigolzarri ha defendido sus emolumentos, que se sitúan “en la línea con los esquemas tradicionales de CaixaBank”, ha dicho, y son “inferiores a las referencias comparables del mercado”.

En el informe del ERE, Caixabank reconoce que, para compensar la caída de los ingresos por intereses, ha aumentado “el asesoramiento y comercialización de productos y servicios financieros” para elevar los ingresos por comisiones. Éstos han crecido un 4,5% desde 2018, hasta situarse en 3.390 millones de euros en 2020. En Bankia, los cargos por el mantenimiento de las cuentas de los clientes casi se han triplicado entre 2019 y 2020, al pasar de 64,2 a 175,9 millones de euros, mientras que los ingresos por cuotas de las tarjetas de crédito se han elevado un 47,4% y por las transferencias un 70%.

Los sindicatos también critican que Caixabank haya planteado “por primera vez” que la mitad de los despedidos deban tener menos de 50 años. Su primera propuesta de indemnización, además, es del mínimo legal por despido objetivo, 20 días por año trabajado. De esta forma, la entidad se ahorra las penalizaciones de la llamada Enmienda Telefónica, que deben pagar las empresas con más de 100 trabajadores que despidan a mayores de 50 años con beneficios.

Menos negocio por oficina y por empleado que la media 

“No hay argumentos objetivos para despedir”, replica Óscar Bayona, “lo peor ya ha pasado, suben en la Bolsa y el sector ya está ajustado”. No son ésas las conclusiones del informe técnico que ha presentado Caixabank para justificar el enorme volumen de despidos: propuso 8.291 inicialmente para luego rebajar 500 –cambiados por recolocaciones–, el mayor ERE de la banca hasta el momento.

El documento dibuja un escenario catastrófico por culpa de los bajos tipos de interés, la escasa demanda de crédito solvente, el repunte de la morosidad, la baja rentabilidad del capital, las crecientes exigencias regulatorias, las elevadas inversiones necesarias para la digitalización, y la “proliferación” de nuevos competidores –Google, Apple, Facebook, Amazon, PayPal y Samsung–. Comparando los números de 2018 con los de 2020, el año de la pandemia, el resultado de la actividad de explotación cae un 63,5%, aunque en esa caída el banco incluye 1.502 millones de euros en provisiones extraordinarias por el covid-19. Igualmente empeora su ratio de eficiencia en más de tres puntos. Es más, el margen bruto por oficina –todos sus ingresos, incluidos las comisiones– de Caixabank y Bankia en 2020, 1,6 millones de euros, fue muy inferior al del sector, 2,1 millones, y al de sus más cercanos competidores, 3,2 millones. Lo mismo ocurre con el margen bruto por empleado, que fue de 0,23 millones, en comparación con los 0,33 millones de los grandes bancos y con los 0,28 millones de media del sector bancario español.

También destaca el informe que las operaciones realizadas en las sucursales de Caixabank se redujeron un 9,2% y los procesos administrativos un 25,4%, mientras que las transacciones cayeron un 62,1% en las de Bankia. Una vez más, la comparación se realiza entre 2018 y el año de la pandemia, 2020. Por el contrario, las operaciones a través del móvil se dispararon un 78,9% en el banco catalán y los clientes digitales han pasado de representar en Bankia el 37,3% al 60,5%.

Cerrarán 664 sucursales rurales

Si a este cambio en el consumo de productos y servicios bancarios se le suman los “solapamientos geográficos, duplicidades e ineficiencias funcionales en las direcciones territoriales y servicios corporativos” que el informe dice haber detectado en las estructuras del banco como resultado de la fusión con Bankia, la consecuencia es la supresión de 5.742 empleos en la red de oficinas, 250 en las direcciones territoriales, 1.611 en los servicios corporativos y 630 en las filiales. Además, no podrán reincorporarse a sus puestos 58 empleados que disfrutaban de excedencias incentivadas. En total, se cerrarán 1.534 oficinas, el 27,2%.

El informe no precisa cuántos de esos trabajadores y sucursales corresponderán a Caixabank y cuántos a Bankia. “Sería discriminatorio si eliminaran por origen, los tribunales lo rechazarían”, advierte Óscar Bayona. Pero sí detalla cuántas oficinas van a desaparecer en cada provincia y comunidad autónoma. Y las que más van a sufrir van a ser Madrid, con 401 sucursales menos, y la Comunidad Valenciana, con 259. Precisamente donde más peso tenía hasta ahora Bankia. En Cataluña serán menos, 224.

También se concreta el número de supresiones por tipo de oficina. El ERE cerrará 664 sucursales rurales. Como tales se consideran aquellas oficinas con menos de cinco empleados situadas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Como tienen “menores niveles de eficiencia y rentabilidad”, dejará de ser obligatorio que cuenten con un subdirector, y los salarios y pluses de sus trabajadores tendrán una regulación específica, adecuándose “a la responsabilidad y márgenes” de estas sucursales. Que podrán ser unipersonales y tener un horario de atención al público reducido o incluso cerrar en algunos periodos de tiempo.

Del total, 134 oficinas se reconvertirán en “ventanillas”, puntos de atención al cliente que abren sólo dos o tres veces a la semana en horario limitado y dependen de una sucursal matriz. A su vez, 12 de las ventanillas actuales desaparecerán. Sin embargo, se mantendrán los 14 ofibus, vehículos para atender pequeñas poblaciones rurales, puesto que los 12 de Bankia y los dos de Caixabank cubren zonas geográficas distintas.

Los cuatro grandes bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell) han reducido su plantilla en 5.306 personas y su red de oficinas en 1.514 sucursales durante el primer trimestre de 2020, según informa Europa Press. 

En comparación con diciembre de 2020, la diferencia es de 4.100 empleados y de 593 oficinas menos. En total, hasta marzo, se contabilizadan 115.213 trabajadores y 12.478 oficinas, según los datos publicados por las entidades bancarias y recopilados por Europa Press.

Los datos de cierre de marzo muestran, en comparación con el mismo periodo de 2020, que Santander cuenta con 1.884 trabajadores menos (-6,8%) en España, hasta 25.470; que BBVA tiene 976 empleados menos (-3,3%), hasta un total de 28.777, y que Sabadell cuenta con 2.330 trabajadores menos (-14%), hasta 14.336, después de aplicar un plan de bajas voluntarias que implicó la salida de 1.817 empleados.

En el caso de CaixaBank, se produce un aumento debido a la fusión con Bankia. De esta forma, a finales de marzo la entidad contaba con 46.630 trabajadores, de los que 15.911 procedían de Bankia. Esto supone que la plantilla del grupo se incrementó en casi un 52%. Sin embargo, si se descuentan los empleados de Bankia, la plantilla de CaixaBank disminuyó un 0,06%.

La gran banca española se encuentra en un proceso de transformación que deriva en planes de reestructuración que afectan tanto a las plantillas de trabajadores como a la red de oficinas. Todo ello es consecuencia, principalmente, de la baja rentabilidad, de la cada vez mayor presión en los ingresos y de la competencia en el ámbito digital.

De esta forma, tanto Sabadell como Santander ya han comenzado a aplicar o han aplicado sus planes de reestructuración. En en caso de la entidad de origen catalán, se realizó mediante un plan de bajas voluntarias que afectó a 1.817 personas, mientras que en el banco presidido por Ana Botín se acordó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá un total de 3.572 desvinculaciones. A finales de marzo, Santander había aceptado la petición de salida voluntaria de 1.823 empleados.

En cuanto a CaixaBank, se encuentra negociando con los sindicatos un ERE que contempla la salida de 7.791 empleados (inicialmente 8.291). Este pasado miércoles, el banco anunciaba que contaría con McKinsey y Lee Hecht Harrison en el plan de recolocación externa que llevará a cabo la entidad en el marco del ERE.

BBVA también plantea un expediente de regulación de empleo con 3.448 desvinculaciones (inicialmente 3.798). En su última propuesta, el banco que preside Carlos Torres ofrece prejubilaciones desde los 56 años con hasta el 65% del salario anual.

En cuanto a la reestructuración de oficinas, Santander ha reducido su red en el primer trimestre en 618 sucursales (-19,1%), hasta 2.604; BBVA en 227 oficinas (-8,8%), hasta 2.366; CaixaBank sin tener en cuenta las oficinas de Bankia en 267 (-6,6%) hasta 3.794, aunque si se contabilizan las de Bankia, aumentan hasta las 5.895 oficinas, y Sabadell en 234 (-12,7%), hasta las 1.613.

Izquierda Unida (IU) ha acusado este jueves a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de "regalar" Bankia por casi 8.000 millones de euros menos de su valor contable, tras anunciar CaixaBank un beneficio extraordinario en forma de fondo de comercio negativo.

Y es que la entidad a la que el Estado vendió la rescatada Bankia ha disparado su beneficio en el primer trimestre del año hasta los 4.786 millones de euros, una vez contabilizado un apunte contable de 4.300 millones.

"Es el regalo de Calviño y Goirigolzarri a los accionistas de Caixa a costa de los contribuyentes que hemos pagado el rescate de Bankia", ha criticado el responsable económico de IU, Carlos Sánchez Mato, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

En otra publicación, Sánchez Mato, cuya formación está integrada en el Gobierno de coalición a través de Unidas Podemos, ha explicado que esta cifra anotada en los beneficios de CaixaBank revela una venta de la entidad por 7.774 millones de euros menos del valor contable de Bankia.

El fondo de comercio surge tras descontar del patrimonio neto de Bankia (13.088 millones) el precio de adquisición pagado por CaixaBank (5.314 millones) y una serie de ajustes contables por 3.474 millones de euros.

Estos ajustes contables de 3.474 millones, unidos al beneficio registrado por el citado fondo de comercio de 4.300 millones suman los 7.774 millones, lo que Sánchez Mato encuadra como un "regalo" a CaixaBank.

CaixaBank obtuvo en el primer trimestre de este 2021 un beneficio atribuido, sin incorporar extraordinarios asociados a la fusión con Bankia, de 514 millones de euros, frente a los 90 millones del año anterior y afectados por las provisiones constituidas para anticiparse a impactos futuros asociados al covid-19, según informa Europa Press.

El resultado atribuido del primer trimestre se sitúa en 4.786 millones de euros una vez incorporados los impactos extraordinarios asociados a la fusión, al generarse un fondo de comercio negativo —badwill— de 4.300 millones de euros, ha comunicado CaixaBank este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los ingresos core de la entidad bancaria —sin integrar la actividad de Bankia— se sitúan en 2.066 millones de euros hasta marzo (+1%) y el margen de intereses se reduce hasta los 1.191 millones, un 0,7% menos respecto al mismo periodo de 2020.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concede los avales públicos para que los autónomos y las empresas obtengan de sus bancos préstamos con los que sobrevivir a las restricciones de actividad impuestas por el coronavirus. Hasta el momento, ha otorgado 1,03 millones de avales de la línea covid-19, por importe de 93.899 millones de euros. Pero son las entidades financieras las que analizan si sus clientes cumplen los requisitos de solvencia que les garantizarán la devolución del dinero prestado. Sólo para las operaciones de mayor volumen, por encima de 50 millones de euros, el ICO también hace su propio análisis de riesgo antes de conceder la garantía del Estado. Para los de menor cuantía el banco público revisará a posteriori una muestra aleatoria de los ya concedidos.

Sin embargo, esa verificación no la llevará a cabo el ICO, sino la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), a la que el banco público va a pagar 800.112 euros en dos años, prorrogables por otros tres más tras otorgarle un contrato por el procedimiento negociado sin publicidad el pasado mes de mayo. La adjudicación se llevó a cabo sin concurso y tramitada de emergencia por causa de la pandemia, según se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado.

El contrato fue autorizado por el Consejo de Ministros, que aprobó la “adjudicación directa y hasta un límite de un millón de euros” de los servicios de apoyo externo que sean necesarios para la puesta en marcha y desarrollo” de la línea de ayuda del covid-19 “lo antes posible”.

No es la primera vez que el ICO recurre a PwC para este tipo de trabajos. De hecho, desde 2014 le ha adjudicado otros seis contratos. La consultora es la encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones de las Líneas de Mediación del banco público al menos desde 2016, pero también de realizar las pruebas de eficacia de las coberturas contables del ICO, al que también ha asesorado en materia financiera y fiscal en sus operaciones de pasivo. Pero el de la Línea Covid-19 es el contrato de mayor volumen hasta ahora. En total, el ICO ha pagado a PwC 1,84 millones de euros desde 2014.

El ICO no ha hecho públicos cuántos préstamos por encima de 50 millones de euros ha concedido, pero sí que la financiación media por operación era al cierre de 2020 de 121.373 euros. Es decir, la mayoría de los créditos avalados son de escasa cuantía, ya que el 98% los han solicitado pymes y autónomos.

Un problema de tamaño

El ICO ha delegado en la banca privada la gestión de los préstamos covid porque no tiene capacidad para llegar hasta los autónomos y las empresas, carece de sucursales. Son las entidades financieras las que conocen a sus clientes y tienen “capilaridad” para acercarse a ellos y evaluar mejor que nadie su solvencia. El banco público cuenta con una plantilla de sólo 346 empleados, de los que 17 son cargos directivos. Para hacerse una idea del tamaño del ICO basta con recordar que en 2019 gestionó unos activos de 31.842,6 millones de euros. Bankinter, el más pequeño de los bancos del Íbex 35, tiene unos activos de 83.732,3 millones de euros, más del doble que el ICO, y emplea a 4.554 personas. Entre las antiguas cajas, la que más se acerca al volumen de activos del banco público es Liberbank, que con 3.084 empleados, gestionaba 42.658,5 millones de euros antes de su fusión con Unicaja.

Nada que ver, pues, con la envergadura de otras entidades estatales europeas. Como el banco público alemán, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que emplea a 6.700 personas en su sede de Fráncfort, en dos sucursales en Berlín y Bonn y en tres filiales (KfW IPEX-Bank, DEG y KfW Capital). Su volumen de activos asciende a 506.022 millones de euros, casi 16 veces más que el ICO. Bpifrance, el banco público francés, tiene 3.271 empleados, 42 sucursales regionales y unos activos de 136.739 millones de euros. El British Business Bank gestiona 1,54 billones de libras –1,79 billones de euros– en activos con una plantilla de 297 trabajadores.

El último vestigio de banca pública, a la espera de un refuerzo que no llega

Nacido en 1971, el ICO coordinaba entonces la red de bancos públicos del franquismo –Banco Exterior de España, Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito a la Construcción y Caja Postal–. Hasta que en 1988 se convirtió en sociedad estatal con consideración de entidad de crédito. En ese momento dejó de recibir dotaciones del Tesoro y empezó a captar fondos en los mercados de capitales.

Tres años después, los bancos públicos se integraron en Argentaria, que nació como banca comercial y terminó siendo privatizada e integrada en lo que hoy es el BBVA. El ICO se convirtió entonces en el único banco público de España, y se transformó en Agencia Financiera del Estado, con el objetivo de potenciar la economía. Para ello utiliza dos mecanismos. Es el banco nacional de promoción de grandes proyectos de inversión en el extranjero, apoyando a la banca privada. Y desarrolla las conocidas líneas de mediación, también en colaboración con las entidades financieras privadas: el ICO diseña las condiciones de los programas –dotación, finalidad, tipo de interés, plazos de amortización–, mientras que los bancos comercializan los créditos y asumen el riesgo de las operaciones. En estos casos, el dinero lo pone el ICO. En la línea covid-19, en cambio, el dinero lo prestan los bancos.

Durante la crisis financiera, desaparecidas las cajas de ahorro y con el crédito restringido en el resto de la banca, el ICO potenció sus líneas de mediación y el crédito directo. También gestionó el Fondo para la Financiación del Pago para Proveedores (FFPP) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con los que inyectó más de 85.000 millones de euros mediante el pago de facturas y atendió deuda financiera de las comunidades autónomas por valor de 56.000 millones más.

En su programa electoral, Unidas Podemos se comprometía a construir una banca pública alrededor de Bankia, de la que el Estado poseía el 61,78% del capital hasta su fusión con Caixabank. En febrero de 2020, antes de la pandemia, Pablo Iglesias apuntó hacia el ICO como futuro germen de una renovada banca estatal con más músculo. Sólo un par de días más tarde, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, apoyó en el Congreso el refuerzo del ICO como banco de inversión pública, mediante la integración de otros organismos públicos de financiación, como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE). Así, dijo, “se maximizaría su impacto para la movilización de inversión pública y privada necesarias”. La pandemia ha dejado la idea en el limbo.

Unidas Podemos ha reclamado que el Estado utilice su participación en CaixaBank para defender el "empleo y el interés público", frente al expediente de regulación de empleo ERE que afecta a 8.291 empleados, y promover que la dirección de la entidad cambie su actitud, según informa Europa Press. 

"La representación del Estado en la entidad no puede asentir pasivamente a esta decisión, sino que debe usar su participación para promover un cambio en la actitud de la dirección, defendiendo el empleo y el interés público", ha subrayado el responsable de Economía de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, mediante un vídeo publicado en Twitter.

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de septiembre ya manifestó su "desacuerdo" con la fusión entre Bankia y Caixabank, que calificaron entonces de "preocupante" y que hoy comprueban, ante este ERE, que había motivos para ello.

Y es que aparte de subrayar que esta operación "no era una buena noticia" para la competencia del estado, al "reforzarse la "oligopolización" del sector, también alertaron del impacto que podía tener en "términos de destrucción de empleo".

"Hoy desgraciadamente confirmamos nuestros temores. Estamos ante el mayor recorte de plantilla de la historia del sector bancario en España", ha insistido Álvarez.

No es admisible que directivos tripliquen sus remuneraciones

Además, ha relatado que la sociedad española ha hecho esfuerzos "muy importantes en el pasado" y que aún se está "pagando" para "garantizar la estabilidad de los bancos en este país". Concretamente, ha aludido a que el rescate de Bankia costó 23.000 millones rescate de euros a todos los españoles y "no puede ser que la moneda de cambio que devuelvan las entidades sea la de los despidos y los cierres de oficinas, precisamente en un momento tan dramático como el que ahora atraviesa la economía".

Tampoco ha apreciado que sea "admisible" que en, estas circunstancias, algunos directivos de la entidad lleguen incluso a "triplicar sus remuneraciones".

No es el momento de ajustes de empleo

Álvarez ha asegurado que no es el momento para llevar a cabo un "proceso de ajuste del empleo tan fuerte como el que se plantea" y recuerda que a este ERE, en caso de que continúe adelante, se le aplicará la denominada cláusula Telefónica, que impide que se destinen recursos públicos, vía prestaciones de desempleo, para financiar parte de su coste.

En consecuencia, Unidas Podemos demanda que la representación del Estado en el consejo de la entidad, que se cifra sobre el 16%, actúe para evitar estas consecuencias en el empleo.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó el pasado 24 de marzo, mediante orden ministerial, la fusión de Bankia y Caixabank tras haber recibido todos los informes de las autoridades competentes y tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Precisamente hoy la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha llamado a CaixaBank y a la banca en general a "actuar con responsabilidad" tras el ERE anunciado y ha afirmado que el Gobierno va a "seguir indicando, marcando claramente, una línea que, ahora que se abre un proceso de negociación, minimice el impacto negativo sobre el empleo".