El Partido Popular ha decidido librar una batalla contra la regularización extraordinaria de migrantes por todos los frentes: judicial, burocrático y europeo. Tras la aprobación de la iniciativa en el Consejo de Ministros el pasado martes, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha puesto en marcha una ofensiva múltiple, coordinada con las autonomías, en la que se mezclan recursos judiciales, la amenaza con acudir a Bruselas y la utilización de los propios cuellos de botella administrativos para intentar paralizar o ralentizar la medida.

El PP también está dando la batalla a nivel discursivo. Feijóo tachó de "inhumana, injusta, insegura e insostenible" la medida en un encuentro con los parlamentarios del partido en el Congreso y el Senado pese a que en abril de 2024 la formación conservadora aprobó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovía la regularización, respaldada por más de 700.000 firmas, siguiera su curso en la Cámara Baja. Feijóo se posicionó en el bloque del sí movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, en la latinoamericana. 

Este jueves, el líder de la oposición señaló en un foro celebrado por el elespañol.com que  la iniciativa “va en dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la Unión Europea” y que, por tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un “traidor” a Europa. Días antes, tras la reunión del comité de dirección del partido, la vicesecretaria Alma Ezcurra anunció que el PP no dejaría pasar “ninguna” vía política, parlamentaria o jurídica, ni siquiera en Bruselas, para combatir el decreto.

En el aspecto judicial, al menos ocho autonomías se preparan ya para ya para recurrir el recurso contra el real decreto, según ha avanzado el diario El Mundo. A la Comunidad de Madrid, Baleares y Comunitat Valenciana se le sumarán Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Por su parte, Extremadura y La Rioja, todavía no han tomado la decisión. Y solo una, Andalucía, se desmarca por ahora. Su presidente, Juanma Moreno, no discrepa de sus compañeros de partido, pero no quiere que la cuestión impacte en la precampaña andaluza.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso fue la primera en anunciar el recurso y la petición de suspensión cautelar bajo la tesis de que el eventual aumento de población regularizada podría “colapsar” los servicios públicos madrileños. “No queremos que nadie muera en la puerta de un hospital”, señaló. “Estoy en contra de regularizar sin control y, encima, a personas con antecedentes penales [es un bulo, en caso de que un migrante que ha delinquido pida la regularización, quedaría automáticamente fuera de este proceso]. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventar los servicios públicos”, argumentó en la sesión de control al Gobierno el pasado jueves. En otras ocasiones, lo ha vinculado directamente a un intento de alterar el censo electoral, otro bulo de la presidenta autonómica. 

La Comunitat Valenciana y Baleares insistieron en la misma desinformación. El president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, acusó al Gobierno de regularizar a inmigrantes por cálculo electoral y, en una línea muy similar a la de Ayuso cuando habla de “mover los censos”, lo achacó a un “tema electoral”. Sin embargo, lo cierto es que los migrantes regularizados no podrán votar en las próximas generales y autonómicas. Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, aseguró que la regularización era “irresponsable” y que provocará “un nuevo efecto llamada”, un concepto recurrente para la derecha.

En Cantabria, la presidenta María José Sáenz de Buruaga describió la regularización como  una “temeridad” y “el mayor coladero de la historia”, insistiendo igualmente en el efecto llamada, el negocio de las mafias y la necesidad de una inmigración vinculada al empleo y al cumplimiento de la ley. Con el expresidente José María Aznar en La Moncloa se llevaron a cabo 453.891 regularizaciones.

El poder territorial del PP también les permite dar la batalla a nivel burocrático. Los barones conservadores denuncian que el decreto provocará caos, pero de ellos dependen gran parte de los resortes administrativos. Es el caso de la Comunidad de Madrid. La única oficina que expide el certificado de memoria de la tarjeta de transporte, uno de los documentos para acreditar la permanencia continuada exigida por el decreto, no contratará a más personal. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, el colegio profesional de trabajo social de Castelló ya ha alertado de sobrecarga por los informes de vulnerabilidad

Desde el PP denuncian el posible colapso de servicios sociales, sanidad, vivienda o consulados, pero al mismo tiempo organizaciones sociales y profesionales recuerdan que el decreto precisamente obliga a tramitar certificados, citas y acreditaciones de vulnerabilidad a través de una red administrativa que requiere refuerzo. La saturación en el sistema es una preocupación que trasladó en su informe el Consejo de Estado.

El colapso de las administraciones y la falta de citas en Extranjería llevan años siendo denunciados por asociaciones sociales y antirracistas. Hasta el punto de que ha surgido un entramado ilegal dedicado a vender estas citas por un valor de hasta 1.000 euros, aprovechándose de la desesperación de los solicitantes y las trabas de la burocracia española.

El Partido Popular también está tratando de elevar el conflicto más allá del marco interno para presentarlo como un problema para el espacio Schengen y para la confianza entre socios europeos. Tras el anuncio de la medida, el pasado mes de enero, el líder del PP aprovechó una cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) para tratar de lograr una respuesta unitaria contra la decisión del Gobierno de Sánchez, pero no logró más que un compromiso genérico contra la “legalización masiva de inmigrantes ilegales”.

Ante sus socios lo formuló como un choque con el Pacto europeo de Migración y Asilo y las recomendaciones europeas y lo envolvió en un catálogo que incluía presión sobre los “servicios públicos”, tensión en el “mercado de la vivienda”, “problemas de convivencia” y, sobre todo, el “efecto llamada”.

El líder del PP también se topó con una rápida respuesta de Bruselas que dejó claro que el Gobierno estatal es quien tiene la “responsabilidad” para tomar la decisión de regularizar a personas migrantes. Así se manifestó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, considerado entre los partidarios de la mano dura contra la acogida, que sí aludió concretamente al caso español. Brunner dejó claro que es el país el que “tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal” para “ver si hay necesidad de mano de obra”: “Es lo que está haciendo España”, dijo.

La representación legal del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial porque entiende que el rechazo por parte de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana a su personación en la misma le genera una situación de "seria indefensión", según informa EFE.

Fuentes de su defensa han explicado que el recurso presentado ante la Audiencia se sostiene en que hay una "anomalía procesal relevante" derivada del momento en que la jueza elevó una exposición razonada para su investigación en la causa.

Además, el recurso, que incide en que "no hay responsabilidad penal alguna de Mazón", pide "dejar sin efecto todas aquellas diligencias de investigación que le afecten o le hayan afectado, de modo que su posición en la causa quedara reducida de forma efectiva a la de un mero testigo ajeno a cualquier posible afección procesal" y si se mantienen, le permita su personación "para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa". 

El Gobierno valenciano del Botànic tiene un simbolismo muy importante para la izquierda española. Fue un laboratorio para los posteriores Ejecutivos de coalición, un modelo de gestión antagónico a las derechas y un espejo de convivencia de las diferentes sensibilidades progresistas. Y ese espíritu vuelve a cobrar fuerza.

Dos miembros de aquel Gobierno valenciano copan las portadas durante esta Semana Santa. La exvicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) ha dado un paso al frente, como le llevan pidiendo en su partido meses, para aceptar el reto de competir en las próximas elecciones municipales y autonómicas en València capital. Y Arcadi España, que fue conseller dentro del ala socialista, ha sido la gran sorpresa del cambio de Gobierno al situarlo Pedro Sánchez como sustituto de María Jesús Montero en la todopoderosa cartera de Hacienda.

Con el aterrizaje de Oltra, la batalla por el Ayuntamiento de València se convierte en una de las más interesantes y competidas para las elecciones locales de 2027. El PP tiene en esta ciudad ahora uno de sus bastiones más fuertes con María José Catalá al frente, aunque depende de Vox. El partido de Santiago Abascal podría concurrir con Vicente Barrera, el extorero y hombre fuerte en la provincia.

La izquierda ha decidido echar el resto para recuperar el Ayuntamiento valenciano. Por parte del PSPV-PSOE la candidata será Pilar Bernabé, una de las principales figuras ahora mismo del partido por su papel durante la gestión de la dana desde su posición como delegada del Gobierno en la comunidad. Es uno de los perfiles más aplaudidos dentro del partido.

Y ahora Oltra vuelve a primera división. La exvicepresidenta sigue inmersa en el proceso judicial por supuestamente encubrir los abusos de su exmarido, una causa que sigue viva por las acusaciones de la ultraderecha. Ella defiende su inocencia y es uno de los principales rostros del espacio progresista que está reconstruyéndose durante estos meses. Su regreso ha sido recibido con mucho calor por parte de todo el espectro, con apoyos de toda España.

Las candidaturas de Bernabé y Oltra evidencian que la izquierda va a por todas en el Ayuntamiento de València, que también es esencial para poder recuperar la Generalitat en las elecciones en las que se medirá el desgaste del Partido Popular por la actuación de Carlos Mazón durante la dana y el clima de crispación agitado por los espacios relacionados con la ultraderecha.

La Comunitat Valenciana será una de las autonomías clave en esos comicios. El PSOE llevará como número uno en la papeleta a Diana Morant, la actual ministra de Ciencia y Universidades. Por parte de Compromís concurrirá Joan Baldoví. La lucha entre bloques está muy igualada en estos momentos. El PP espera que Juanfran Pérez Llorca se asiente durante este tiempo, mientras que Vox espera recoger en votos a muchos votantes de los populares y a los antisistema desencantados por el papel de los políticos durante la dana.

Los socialistas valencianos cercanos a Puig pisan fuerte además en estos momentos en el Gobierno y en Ferraz. Arcadi España es ya el nuevo ministro de Hacienda. Él fue precisamente conseller de Hacienda en el Gobierno del Botànic y fue el encargado de realizar la reforma fiscal en la Comunitat Valenciana. Por eso, llega entrenado para formar parte de un Gobierno de coalición donde las almas del PSOE y de sus socios a la izquierda suelen chocar en materia de impuestos. 

Pero, además, España es un convencido federalista, como lo es Ximo Puig, su padre político. Esto le aporta un plus en un Ejecutivo que debe armar mayorías con partidos como el PNV, ERC, Junts, EH Bildu, BNG y el propio Compromís durante todas las semanas en el Congreso. Además, su experiencia en el Govern le sirve para poder hablar en el mismo lenguaje con las comunidades autónomas, un tema en el que además ha profundizado en los últimos años desde su anterior puesto como secretario de Estado de Política Territorial.

El socialismo valenciano ha alcanzado cotas de poder en el PSOE nunca vistas hasta ahora. Después de la irrupción del caso Cerdán, Sánchez eligió a Rebeca Torró como secretaria de Organización. Ella también proviene del Botànic, donde ejerció como consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat en la última etapa.

Pero no se queda ahí solo el poder valenciano. Bernabé también tiene un pie a nivel federal, ya que, además de delegada del Gobierno en la comunidad y candidata a la Alcaldía de València, es la número cuatro en el partido como responsable de Igualdad, un puesto al que ascendió en el último congreso del PSOE celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.

El socialismo valenciano acudió en masa a la toma de posesión de España en el Ministerio de Hacienda el viernes pasado. Allí también estaban, por ejemplo, Lydia del Canto, actual secretaria de Estado de Comunicación y una de las más estrechas colaboradoras de Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Es una persona muy cercana a Puig, del que fue directora de comunicación y también pasó una breve temporada por el Govern.

En esa instantánea en el Palacio de la Aduana estaba también Zulima Pérez, que actualmente es la comisionada del Gobierno central para la reconstrucción tras la dana. ¿Su procedencia? Fue alto cargo en los gobiernos de Puig, ejerciendo puestos como subsecretaria de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico y directora general de Coordinación del Diálogo Social.

En las pasadas elecciones valencianas, el PSPV creció cuatro escaños, pero la suma fue insuficiente frente al PP y Vox. En la cita electoral del 28M, la izquierda alternativa, que acudió dividida, fue menos competitiva: Compromís bajó dos escaños y EUPV-Podemos desapareció del Parlamento autonómico, al no lograr ni el 4% de votos, perdiendo sus ocho diputados.

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido personarse en la causa judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Se trata de un giro en su estrategia tras rechazar en tres ocasiones declarar voluntariamente a petición de la jueza que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, que se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara investigarle, como pidió la jueza, al no considerarle "garante" de la seguridad de la ciudadanía durante la emergencia del 29-O. Tras esta decisión, Ruiz Tobarra acordó la citación de Mazón como testigo —todavía sin fecha— y le pidió que aportara —voluntariamente— los mensajes de WhatsApps que intercambió la tarde de la dana.

Este lunes, el letrado que ejerce la representación del exjefe de Consell, Ignacio Gally, presidente del Colegio de Abogados de Alicante, ha presentado un escrito ante el juzgado con la misma premisa que la magistrada que mantiene las diligencias abiertas “sobre él [Mazón], aún después de la resolución del tribunal competente". Al personarse, su defensa busca acceso a las diligencias, al contenido completo del sumario y a la capacidad de intervenir en una investigación que sigue examinando decisiones, tiempos y omisiones que afectan de lleno al papel del expresidente valenciano durante la emergencia, en la que fallecieron 230 personas.

Fuentes del PP explican a infoLibre que Mazón y su equipo jurídico consideran que Ruiz Tobarra sigue investigándole de facto pese a la decisión del TSJCV y que ha dirigido una "investigación prospectiva" sobre él durante los últimos meses pese a no estar investigado y "no poder defenderse". Por ello, su defensa se acoge al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que extiende a diputados y senadores —y, por analogía, a aforados en situaciones equivalentes— determinadas garantías de defensa cuando se les atribuye un hecho punible. Ahora, la jueza deberá pronunciarse sobre si acepta la personación de Mazón.

Este movimiento puede interpretarse como una "declaración voluntaria como imputado" por parte de Mazón, que le permitiría estar acompañado de su letrado, no tener obligación de contestar a todas las partes y tampoco de decir la verdad, aunque en el PP no lo ven de ese modo y señalan que únicamente quiere personarse como "interesado" en el proceso. Se trata, en todo caso de una situación sin precedentes que deberá dirimirse, en primer lugar, en el juzgado de Catarroja. Si Ruiz Tobarra no acepta su personación, el exjefe del Consell puede presentar un recurso a la sección segunda de la Audiencia de Valencia, que sería la encargada de decidir si Mazón puede estar en el proceso sin estar imputado ni perjudicado.

Con esta decisión, Mazón trata de blindarse jurídicamente y, sobre todo, ganar tiempo dilatando su declaración ante la jueza, a la que no se ha puesto fecha. Según el escrito presentado por su defensa, hasta la fecha su "posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia" pese a haber tenido "conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

Es el argumento que utiliza su defensa para justificar que en estos meses Mazón haya evitado ir a declarar ante la jueza, como sí ha hecho su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al igual que cargos de la Generalitat. Ahora, el exjefe del Consell busca conocer qué piezas maneja la causa, qué testigos han hablado, qué han dicho, qué documentos pesan sobre su actuación y qué margen tienen las acusaciones para volver a dirigir el foco sobre él. "Es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del Tribunal competente".

Para las acusaciones particulares, la decisión del TSJCV ha reforzado a Mazón, pero creen que todavía es pronto para que el actual diputado del PP cante victoria. A mediados de febrero, la jueza de Catarroja reclamó a Telegram y WhatsApp los mensajes del jefe de Gabinete con Mazón, el ex secretario autonómico de Presidencia, la exconsellera de Justicia y la cúpula de Emergencias. Si en uno de esos mensajes de demuestra que Mazón dio algún tipo de orden directamente, a través de su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, o de la exconsellera Salomé Pradas, actualmente imputada, su situación procesal cambiaría rápidamente.

Con todo, la decisión del TSJCV no ha cerrado el debate político sobre el papel del entonces jefe del Consell. Al contrario. Las asociaciones de víctimas han seguido situándolo en el centro de las exigencias de responsabilidades, hasta el punto de reclamar que renuncie a su escaño para perder el aforamiento, al que se aferró para evitar los tribunales. Una posibilidad que descartan desde el PP. El propio Pérez Llorca defendió públicamente que "el acta de diputado no se la da el partido sino la soberanía popular" y aseguró que, cuando concluya la instrucción judicial, se adoptarían "las medidas oportunas" conforme a los estatutos.

Los estatutos del PP contemplan el expediente disciplinario en su artículo 20 a un afiliado cuando "se tenga conocimiento de que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial". Si, finalmente, la justicia acepta que se persone en la causa pero a cambio de que se declare como investigado, los conservadores deberán decidir si le piden o no su acta en Les Corts.

Mazón es, de hecho, la mochila política que sigue acompañando al PP y que Pérez Llorca quiere quitarse de encima. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Algo que también se refleja en las encuestas, ante la imposibilidad de desprenderse de un lastre que sigue pesando demasiado. En la formación conservadora aseguran que una imputación de Mazón sería "nefasta" para el partido, pero añaden que su situación actual tampoco es la ideal, porque genera titulares y debates incómodos en la esfera pública.

El concejal de Compromís en el ayuntamiento de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó, detenido el pasado domingo por agredir y causar lesiones leves a su pareja sentimental, ha renunciado este martes a su acta en la corporación municipal, según informa EFE.

En un comunicado, el ayuntamiento ha informado de que la renuncia del hasta ahora edil delegado de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio ha sido aceptada por el alcalde, Diego Zaragozí, también de Compromís y que gobierna el consistorio junto al PSPV-PSOE.

En la nota, el equipo de gobierno municipal ha expresado "la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas".

"No cabe concluir que infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal". El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha tumbado el intento de la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de que se investigara al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por la dana de 2024. La Sala de lo Penal ha rechazado la exposición razonada elevada por la instructora. Y lo ha hecho al entender que no se pueden atribuir penalmente al exlíder del Ejecutivo autonómico los 230 muertos que dejaron las inundaciones. El auto, y la argumentación que contiene, blinda judicialmente al exdirigente conservador. Al menos, mientras no aparezcan nuevos indicios que lo incriminen.

La instructora tocó la puerta del Tribunal Superior de Justicia hace tres semanas con un extenso escrito bajo el brazo en el que calificaba los hechos como constitutivos de delitos de homicidio imprudente en comisión por omisión, algo que se regula en el artículo 11 del Código Penal: "Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación". En la exposición razonada, se mencionaba la posición de garante del aforado en cuanto president de la Generalitat. O la "pasividad" del mismo ante las "obligaciones propias de su cargo".

Los magistrados comienzan recordando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo deja claro que no tiene cabida una simple responsabilidad penal por elevación. "Para que se pueda considerar autor a un determinado directivo o autoridad administrativa [es necesario] que haya intervenido directa o mediatamente en la realización del hecho punible, sin que se le pueda atribuir esa condición por el simple desempeño de un cargo", recoge en una de sus sentencias. El mismo razonamiento que el Alto Tribunal desplegó cuando archivó, por ejemplo, varias querellas interpuestas por colectivos ultras contra miembros del Gobierno central también por la dana: "De hacerlo así vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad".

Con esto apuntado, la Sala de lo Penal entra a valorar si se puede responsabilizar a Mazón de los homicidios imprudentes por omisión. Y, para ello, deja claro que la "comisión por omisión" requiere que se cumplan una serie de requisitos. "Sin la presencia de todos y cada uno, decae", explican los magistrados. Así, tal y como ha establecido la doctrina del Supremo, es necesario, entre otras cuestiones, que el sujeto "se encuentre en una posición de garantía, normativamente prevista". Y que ese "deber de actuar en garantía" tenga "naturaleza jurídica y no meramente moral o social". Es decir, que debe derivarse "de fuentes normativas jurídicamente reconocibles como la ley". Y todo eso, concluye el TSJCV, no se da en el caso de Mazón.

Los magistrados hacen una repaso de las diferentes normas que la instructora pone sobre la mesa para apuntalar dicha posición de garante: Ley de Gobierno Valenciano, Ley de Protección Civil o Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. Sobre la primera, dice que los "deberes jurídicos" que recoge son, en relación a los hechos investigados, "genéricos por no decir inexistentes". Y lo mismo ocurre en relación a las otras dos. "Pese a la especificidad de una y otra normativa, tampoco su literalidad autoriza apreciar en el aforado esa condición de omitente en posición de garante. En ningún caso atribuyen competencia específica en materia de protección civil y gestión de emergencias al president".

La única que se le atribuye de alguna manera viene recogida en el artículo 12.4 de la Ley de Protección Civil, que otorga al líder del Ejecutivo valenciano la capacidad de "declarar la situación de emergencia catastrófica" y asumir el mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia. Se trata de un mecanismo que nunca llegó a activarse, permaneciendo, por tanto, inalterada la cadena de mando. Una "omisión" que, sin embargo, tampoco sería delictiva. "En el ámbito en el que nos encontramos no cabe confundir facultades discrecionales con obligaciones legales", recogen los magistrados, que recuerdan que la norma no obliga, sino que permite –"podrá declarar"–.

La Sala, del mismo modo, apunta que la convocatoria del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) o el envío de la alerta a la población –Es-Alert– tampoco eran competencia de Mazón. Y responde a otras cuestiones planteadas para apuntalar la actitud negligente. Sobre la comparecencia en la que dijo que el temporal se desplazaba a la Serranía de Cuenca, apunta que no se puede decir que estuviera "eludiendo el peligro". Y sobre la comida en El Ventorro, que "poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas". "Pero no nos corresponde analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", completa.

En relación con el envío tardío del Es-Alert, los magistrados creen que no hay pruebas de su participación en el proceso. Consideran que las informaciones sobre eso "se mueven en el terreno de la mera conjetura". Ni siquiera ven indicios de ello en los mensajes que el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, envió a la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, a las 19.54 horas de aquel trágico 29 de octubre: "Salo. De confinar nada". "No cabe entender ni el tono de los mensajes remitidos por el jefe de Gabinete, ni la proximidad personal y profesional de éste con el aforado, ni la propia lógica, más cuando permite una interpretación y la opuesta. Ninguna de estas apreciaciones autoriza, desde luego, verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de su participación".

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia blinda, al menos por ahora, al expresident. Alguna de las acusaciones reconoce en privado que la resolución cierra la puerta a una investigación penal contra Mazón solo por la posición que ocupaba en el organigrama y por su pasividad durante la emergencia. Ahora bien, rechazan que sea un cerrojazo definitivo. "Lo único que queda es poder demostrar que diera algún tipo de orden directamente o a través de Cuenca o Pradas", exponen las fuentes consultadas. A mediados de febrero, la jueza de Catarroja reclamó a Telegram y WhatsApp los mensajes del jefe de Gabinete con Mazón, el ex secretario autonómico de Presidencia, la exconsellera de Justicia y la cúpula de Emergencias.

"La única que puede acreditar eso es Pradas", conceden otras fuentes jurídicas pulsadas, para las que tampoco supone un mazazo la decisión del TSJCV, que tildan de "previsible y lógica": "La prioridad era que la instrucción continuara. Y si el TSJ se hubiera quedado a Mazón y, viendo alguna de las cosas que dice en el auto, era posible que incluso hubiera dicho que no había ningún delito y que se archivaba la causa contra todos". Las mismas fuentes recuerdan que en poco más de un año están previstas unas nuevas elecciones autonómicas. Y habrá que ver si Mazón continúa entonces como aforado. Porque, por el momento, calculan que la instrucción puede alargarse un par de años más: "Aún quedan por declarar decenas de alcaldes, bomberos, peritos".

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana considera que “en este momento no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación" del expresident Carlos Mazón en la causa de la dana.

La Fiscalía solicita al Tribunal Superior de Justicia valenciano la devolución del procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, para que continúe con la investigación, según informa en un comunicado.

Lo hace en un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunitat Valenciana, en el que la jueza considera que hay indicios de responsabilidad penal contra Mazón por la gestión de la dana.

En su informe, la fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones" o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis" de que el expresident "hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”, en la que fallecieron 230 personas.

La fiscalía, según el comunicado tras las alegaciones que ha presentado ante el TSJCV, "no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana" pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación" de Mazón.

Y por ello estima, en consecuencia, que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.

Este lunes, a las 15:00 horas, finalizaba el plazo dado a las partes por el TSJCV para presentar alegaciones a la exposición razonada de la jueza de Catarroja que pide que se investigue a Mazón por su gestión de la dana, algo que han ido haciendo varias de ellas desde la semana pasada.

Entre esas partes que las han presentado este lunes, la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha planteado al TSJCV que decrete el sobreseimiento libre de la causa penal sobre la gestión de la dana que se investiga en ese juzgado de Catarroja y donde ella figura como imputada, y de forma subsidiaria expone que, de estimarse la existencia de indicios para investigar a Mazón, sea el TSJCV el que asuma "sin más dilación toda la causa".

En el caso del otro imputado en esta causa, la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha solicitado al Tribunal Superior que, en caso de admitir la investigación contra Mazón, se quede con la totalidad de la causa.

La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que no aplique el aforamiento del expresident de la Generalitat y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja.

La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 en la causa penal por la gestión de la dana ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obvie el aforamiento de Carlos Mazón y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja (Valencia), recoge EFE.

Según consta en el escrito que esta acusación ha remitido al alto tribunal valenciano para adherirse a la exposición razonada que elevó la jueza instructora de Catarroja, esta parte pide que no se aplique el aforamiento del que sigue gozando el expresident por mantener el acta de diputado autonómico. Esta parte recuerda la resolución del TSJ extremeño, que rechazó recientemente el aforamiento del líder socialista regional, Miguel Ángel Gallardo, "por adquisición sobrevenida".

"El aforamiento actual -de Mazón- como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso. La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell, y el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la Ley", sostienen las víctimas.

En el caso extremeño, sostiene esta parte, "la secuencia fáctica de los hechos fue valorada judicialmente como un fraude de ley por la adquisición sobrevenida del aforamiento", de modo que se pregunta si "el 'íter' -camino- seguido por Mazón no se puede apreciar también como un fraude de ley por el mantenimiento espurio de la condición de aforado".

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Fuentes del PSPV-PSOE han explicado a EFE que esa "amenaza velada" contra la líder de los socialistas valencianos hace referencia a unas declaraciones en las que el alcalde habría dicho: "Juro que como le pase algo a mi familia, Diana Morant se las verá conmigo".

Las mismas fuentes han señalado que el expediente también se ha abierto por "deslealtad al proyecto socialista", al asegurar que el alcalde ha reconocido que "está en conversaciones con otros partidos" para presentar una alternativa política en el municipio.

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, mantiene el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista, por lo que tiene que responder a la disciplina interna del partido, según las mismas fuentes socialistas, que también han dicho que son "varias" las denuncias por acoso sexual presentadas internamente contra el alcalde.

El alcalde, por su parte, en declaraciones a EFE, ha negado las acusaciones de acoso y asegura que no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte del PSOE de que se haya presentado una segunda denuncia contra él.

De hecho, ha remitido un burofax a la dirección nacional del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, para que le informen de la existencia o no de esa segunda denuncia "con el fin de ejercitar, si fuera necesario, el derecho de defensa".

González ha asegurado que toda esa situación obedece a una guerra interna del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, "que está abierto en canal", según ha dicho.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales González ha señalado que "la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado, sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo" contra su persona, que se inició hace más de cuatro años para menoscabar su imagen política, personal, familiar y profesional.

"Ante la falta de pruebas en mi contra y las pruebas y testimonios de mi inocencia que yo sí he aportado ante mi partido, resulta incomprensible que el caso no haya sido archivado", afirma el alcalde, y añade que luchará "en todos los frentes posibles" para defender su honor y su imagen.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los periodistas en Les Corts Valencianes, ha manifestado que ella va a estar siempre "del lado de la víctima".

La causa judicial sobre la muerte de más de dos centenares de personas durante la dana de València de 2024 entra en una nueva fase. Un año después del inicio de las pesquisas, la titular del Tribunal de Instancia de Catarroja nº3 considera que ya tiene elementos suficientes para escalar el caso. Y, por primera vez, ha solicitado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la imputación del expresident de la Generalitat Carlos Mazón –ahora diputado raso en Les Corts–, que se ha negado hasta en tres ocasiones a declarar voluntariamente en la causa. En una extensa exposición razonada, la magistrada, que investiga 230 homicidios imprudentes y lesiones por imprudencia, aborda ampliamente la "inactividad negligente" del exlíder del Ejecutivo valenciano. "Ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante", lanza la instructora.

La magistrada sostiene que hay indicios suficientes de una "grosera negligencia" en la "coordinación y gestión" de la emergencia en el "nivel supremo de capacidad de decisión". "Las negligencias de quienes asumían la gestión de la emergencia en el nivel dos –la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas– y en el nivel cero y uno, como es el caso del secretario autonómico, no pueden borrar la absoluta pasividad, ajenidad ante la gravedad de lo sucedido", desliza la instructora, al tiempo que recuerda que el expresident de la Generalitat, "conforme a la normativa legal", podía "dar órdenes e instrucciones" y "llevar a cabo tareas de coordinación" ante la "evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda" para hacer frente a la emergencia.

La exposición razonada sostiene que "carece de sustento" lógico y legal la "afirmación" de que Mazón "podía permanecer ajeno" a todo. Y detalla la negligencia del exlíder del Ejecutivo valenciano en tres planos. En primer lugar, apunta a la "minimización pública e ilógica de la gravedad de la emergencia". En este sentido, la instructora recuerda la comparecencia pública que dio el expresident a las 13.00 horas del fatídico 29 de octubre, en la que afirmó que el temporal se desplazaba hacia la Serranía de Cuenca y que iría remitiendo a lo largo de la tarde. "En la hora en que se produjeron dichas declaraciones ya había constancia de un desaparecido y la situación en Utiel era de una población completamente anegada por el agua", recoge la jueza.

Por otro lado, el escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se centra en la desaparición durante casi seis horas –entre las 14.30 y las 20.28 horas– del expresident en aquella jornada. La instructora habla en repetidas ocasiones de la "prolongación injustificada de la sobremesa" en el restaurante El Ventorro, donde compartió comida con la periodista Maribel Vilaplana. "No se puede banalizar la permanencia en el restaurante, en una sobremesa interminable, mientras la población sufría los desbordamientos y ya habían padecido un auténtico infierno", sostiene. Y añade: "Una breve lectura de los fallecimientos muestra que las horas más críticas y mortales se produjeron durante su estancia en el reservado y su viaje a La Eliana –sede del Cecopi–".

"Ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante, convertido en una oficina en la que le llevaron para firmar incluso algunos papeles, pero que no sirvió de centro directivo, dado el escaso intercambio de las llamadas, la escasa duración de las mismas, la falta de interacción con los responsables autonómicos", prosigue la exposición razonada. Por eso, la instructora sostiene que desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, "de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado".

La magistrada también cree que hay indicios de una "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del envío del sistema de alerta a la población –el ESAlert–, que se lanzó por primera vez a las 20.11 horas a pesar de que existía una primera propuesta de mensaje a las 17.20 horas que decía lo siguiente: "Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos avisos". "Hubiera sido plenamente efectivo al objeto de salvar vidas, hasta el punto que aconseja subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua", resalta la instructora.

La jueza conecta a Mazón con el proceso de ESAlert a través de los whatsapps que intercambió el jefe de gabinete del primero, José Manuel Cuenca, con la exconsellera Pradas. Para la instructora, es "inverosímil" que los mensajes enviados por el primero sean simples consejos. "Son órdenes lo que expresa", señala el escrito, en el que se detalla que expresiones como "de confinar nada, Salo" poseen "un carácter claramente imperativo".

"La posibilidad de que el president fuera ajeno a las órdenes expresadas por su jefe de gabinete resulta ilógico", vuelve a insistir la magistrada, que considera que "la insistencia" de Cuenca en el "control de la emergencia" solo puede responder "de forma lógica" a que "obedeciera instrucciones de su superior". Y completa: "Todo ello indicaría una participación en el envío con retraso del mensaje".

La jueza también abunda en la falta de coordinación entre departamentos en aquella jornada. En este sentido, señala que la Consellería de Justicia e Interior no remitió al resto "ni orden ni comunicación en relación con una emergencia" de tal calado. Y recoge graves errores en departamentos como Servicios Sociales o Educación. Así, sostiene, por ejemplo, que el sistema de teleasistencia falló, sin que nadie alertase de lo que sucedía a sus usuarios, una población especialmente vulnerable. O que "no se estableció la suspensión de las clases".

"El menor Neizan Garrido Pagan junto con sus padres Jorge Garrido Rosa y Raquel Pagan Romero fallecerían tras recoger estos últimos a su hijo del centro escolar en Aldaya. También fallecería José Martínez Toral, director del Instituto de IES de Cheste. Permaneció en el instituto hasta que todos lo hubieran abandonado. Dicha acción le costaría la vida", recuerda la instructora.

Ahora, tras la presentación de la exposición razonada, la pelota queda sobre el tejado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que deberá decidir si asume la investigación, si pide una mayor argumentación a la instructora o si rechaza la solicitud.

Representantes de dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han asegurado que no les mueve ni el "odio" ni la "venganza" sino la justicia por unas muertes creen "evitables", y han pedido al PP que deje de proteger al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, informa EFE.

Así lo han afirmado las presidentas de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, y de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, Mariló Gradolí, en su comparecencia este martes ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las inundaciones.

La primera en comparecer ha sido Rosa Álvarez, quien ha afirmado que su organización no busca venganza sino justicia, y ha asegurado que 230 personas no murieron "por un hecho meteorológico imprevisible" sino por la "negligencia" del Gobierno valenciano, que "solo tenía que hacer su trabajo y, al menos, mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo".

En la misma línea, Mariló Gradolí ha asegurado ante la comisión que "no habrá normalidad" mientras se siga "protegiendo al principal responsable de la muerte de 230 personas", Carlos Mazón, y ha asegurado no estar aquí "por odio", sino "por responsabilidad, porque detrás de cada cifra hay una familia y detrás de cada decisión no tomada hay una consecuencia".

Esta comparecencia ha tenido lugar el mismo día en el que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra el expresident valenciano, que es aforado por ser diputado en Les Corts Valencianes.

La reacción de la oposición no ha tardado en llegar. El PSPV-PSOE y Compromís han instado este martes al Partido Popular a reclamar el acta de diputado autonómico a Mazón y, si no la deja, expulsarle del grupo popular y del partido, al considerar que es "una vergüenza" que siga siendo diputado autonómico.

La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha afirmado que "al PP se le acaban las excusas para seguir protegiendo" a Mazón y ha aseverado en un mensaje en X que ni manteniéndole como diputado "podrán tapar tanta negligencia" y cada día se está "más cerca de que se haga justicia".

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado en los pasillos de Les Corts que hoy se ha dado "un primer paso importante" hacia la imputación del expresident y parece que "ni el aforamiento" va a impedir que Mazón acuda los tribunales a declarar por su "inacción fundamental" el día de la dana.

Para Muñoz, "no tiene sentido que la democracia valenciana siga aguantando" a Mazón como diputado autonómico, y por ello el president de la Generalitat y presidente del PP, Juanfran Pérez Llorca, debe exigirle el acta, y si no la deja debe expulsarle del grupo y del partido, o seguirá siendo "el encubridor" de su antecesor. Además, ha conminado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a actuar.

El síndíc de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que la decisión de la jueza de Catarroja llega después de haber escuchado a 500 testigos y "ratifica lo que todo el pueblo entiende, y es que hay indicios suficientes para que Mazón esté imputado", por lo que la "única salida digna" que le queda es dejar el acta e irse de Les Corts.

El Gobierno de España también se ha sumado a la presión al PP para exigir el acta del expresident. Fuentes del Ejecutivo señalan a EFE que con el caso de Mazón y el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual, se demuestra que al Partido Popular siempre le tiembla la mano cuando se trata de casos que afectan a sus dirigentes.

Desde el Congreso de los Diputados, otros portavoces políticos han coincidido en que la decisión de la jueza demuestra que Mazón debe dejar su escaño.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que "hacía muchísimo tiempo que debería haberlo dejado", mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha afirmado que "es lógico" que la jueza pida la imputación y que Mazón "debería dejar el escaño para que no hubiera otras competencias y facilitar la investigación".

"Parece que los hechos son más graves de lo que parecen, pero tengo que leerlo con detenimiento. ¿Tendría que dejar el escaño? Pues sí, posiblemente sí", ha asegurado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha asegurado que el expresident "debe dejar el escaño le imputen o no, porque es una indignidad". "Feijóo puede decirle a los suyos que lo expulsen del Grupo Popular y se vaya al Grupo Mixto; no lo hará porque, en el fondo, al señor Feijóo ese día solo le preocupaba la comunicación", ha concluido Ibáñez.

Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha rechazado comentar u opinar la decisión de la jueza Catarroja de este martes.

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, Pastor ha dicho que el PP no comenta las decisiones judiciales, ni las que le favorece ni las que no le favorecen. "No somos como ellos y además no queremos serlo", ha manifestado en referencia a los partidos de izquierdas.

"Siempre hemos huido de censurar o de aplaudir las decisiones judiciales según nos favorezcan o nos perjudiquen", ha manifestado Pastor, quien ha apuntado que no caerán ahora en ese error "porque sería renunciar" a uno de los principios del PP, que es "no opinar sobre las causas judiciales abiertas".

Ha afirmado que eso les diferencia de lo que hacen otros, y como ejemplo ha señalado que "cuando el juez Peinado instruye alguna cuestión que afecta a la mujer del presidente -del Gobierno-, salen tres ministros a decir que es un juez facha".

"Nosotros no somos iguales y no queremos serlo", ha indicado, y por eso ha añadido que no opinarán sobre la decisión de la Audiencia de Valencia de que se abra juicio contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor ni sobre lo que han leído esta mañana sobre la jueza de la dana y su marido.

Preguntado por si desde el PP se va pedir el acta a Mazón, Pastor ha pedido no hablar "de futuribles", pues todavía no se sabe ni siquiera lo que decidirá el Tribunal Superior de Justicia, y ha señalado que él no está en estos momentos para "para descartar o dejar de descartar".

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, que es aforado por ser diputado en Les Corts, según informa EFE. Debido a su posición, el juzgado de instrucción no puede investigarle, pero sí puede hacerlo el TSJCV.

Hasta ahora solo dos altos cargos en el momento que se gestionó la crisis de la dana estaban siendo investigados: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; y su número dos, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. Ahora, la jueza ha tomado esta decisión después de escuchar más de 500 declaraciones.

Será ahora el alto tribunal valenciano el responsable de decidir si investiga formalmente al expresident, que dimitió del cargo el pasado 3 de noviembre pero que sigue siendo diputado autonómico, y por tanto aforado y por ello no puede ser investigado por un juzgado de instrucción. En caso afirmativo, la instrucción pendiente de esta causa penal, en la que se investigan 230 posibles homicidios y lesiones imprudentes, pasaría a desarrollarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La jueza cree que la "exclusión voluntaria" de Mazón en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo", una "omisión equiparable a la acción" en los fallecimientos y en las lesiones que dejó aquel 29 de octubre de 2024.

Según detalla la instructora en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de 109 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, "el nexo causal ante la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que habrán de imputarse los fallecidos".

"El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos, insiste la jueza, conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del president, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante".

La jueza Nuria Ruiz Tobarra considera indicios contra Mazón también el "escaso intercambio de las llamadas" que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, "la escasa duración de las mismas o la falta interacción con los responsables autonómicos".

Dicha pasividad cabe "calificarse como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada", añade la instructora.

"En realidad -según la jueza-, desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante. Se mantenía en el interior del restaurante durante el peor momento de la emergencia y las llamadas que se pudieron haber hecho no revisten ningún resultado positivo, ni ninguna actuación".

A juicio de la instructora, el president "estuvo ausente en la gestación del envío de una alerta", es decir, de forma presencial en el Cecopi, pero cree también que intervino en aquel proceso a través de quien fue su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y de las instrucciones que éste trasladó a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas (investigada en la causa).

Según detalla la jueza, "existen indicios" de la "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del mensaje masivo Es-Alert por varios motivos: "La condición de Cuenca de secretario autonómico, jefe de gabinete y persona de estrecha confianza convierte sus mensajes no en meras opiniones o consejos, sino en órdenes".

Además, la expresión "de confinar nada, Salo” (en un WhatsApp de Cuenca a Pradas) posee en opinión de la instructora un "carácter claramente imperativo". "En definitiva, una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior", remarca.

También señala la instructora el aviso que Cuenca dio a Pradas respecto a la llegada inminente del president al Cecopi aquella tarde, que "es en definitiva una forma de decirle que se espere", y eso es algo que "solo puede producirse si había una comunicación constante entre Mazón y su jefe de gabinete".

Recuerda la jueza que "el confinamiento, pese a los mensajes del jefe de gabinete de Mazón, está previsto en el plan especial frente al riesgo de inundaciones" y reprocha a la exconsellera Pradas que "tenía en un principio importantes dudas sobre sus propias competencias, lo cual generó una parálisis en los momentos decisivos y sería decisiva en el resultado mortal en la gestión de la emergencia".

"La forma en que tuvieron lugar los fallecimientos, en los domicilios, garajes, en accidentes in itinere, así como en la vía pública. En todos ellos era factible lanzar un aviso a la población que alertara y evitara la producción del resultado", según el escrito.

Por ello, "la omisión equivalente al resultado, que se atribuiría al president de la Generalitat, se desprende del hecho de que en todos y cada uno de los casos referidos es relevante que no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo, desde un organismo el Cecopi, y desde una Conselleria a la cual podía el president, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones y llevar a cabo tareas de coordinación ante la evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda".

Por todo lo anterior, la "negligencia" en la que supuestamente incurrió Mazón es "grave" en opinión de la instructora, "por la permanencia, falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba y el resto de circunstancias descritas en la presente exposición".

Y como tuvo un "resultado mortal y lesivo, su conducta podría ser incardinable en el artículo 142 bis del Código Penal", es decir, el que permite "elevar en uno o dos grados la pena por homicidio imprudente si el número de fallecidos fuere muy elevado".

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 15 abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según informa EFE.

La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valorada "razonablemente" por ellas como delictiva, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El citado Juzgado de Instrucción desestimó en diciembre los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra Oltra y acordaba el sobreseimiento provisional de esta causa. El asunto volvió a ser elevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial -que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución-, al haber formulado las acusaciones (María Teresa Tanco, Vox y la asociación Gobierna-te) recurso de reforma y subsidiario de apelación.

La Audiencia debía resolver estos recursos y decidir si finalmente se enjuiciaba o no a Mónica Oltra y a varios miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana (María Teresa Tanco) por parte del exmarido de la exvicepresidenta (hechos por los que fue condenado).

En el escrito de alegaciones, Oltra se apoyaba en el auto de sobreseimiento provisional de la causa, de abril de 2024, y en el que deniega la apertura de juicio oral, de junio de 2025, así como en los diversos escritos del Ministerio Fiscal en los que "tampoco aprecia indicio de racionalidad alguno contra ninguno de los acusados".

Señalaba asimismo que el proceso inculpatorio "no puede continuar si la instrucción no ofrece sólidas razones para ello", y destacaba que "más allá de consideraciones genéricas, los recurrentes no invocan hecho alguno que justifique la existencia de algún indicio racional de criminalidad ni la equivocación del juzgado en lo que se refiere a Mónica Oltra".

"Las acusaciones introducen hechos nuevos, reformulan el relato en clave distinta, añaden elementos típicos no determinados en los hechos, creando un escenario donde el juez acertadamente no puede abrir juicio oral", afirmaba. En este sentido, defendía que "no existen indicios racionales de criminalidad respecto de los hechos finalmente acusados, resultando obligado el sobreseimiento y la denegación de la apertura del juicio oral".

El escrito señalaba, además, que la resolución de la Audiencia Provincial "en ningún momento ordena acordar la apertura de juicio oral" sino que, una vez abierta la fase intermedia y formuladas las acusaciones, el instructor "recupera plenamente su función de garantía pudiendo -como ha realizado- acordar el sobreseimiento si aprecia inexistencia de indicios". Por todo ello, la defensa de Oltra pidió impugnar los recursos de apelación interpuestos por María Teresa Tanco, Gobierna-te y Vox, "con expresa imposición de costas a los recurrentes por su temeridad".

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió, el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la referida causa judicial.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consellera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral.

El que fuera asesor externo de Carlos Mazón el día de la dana, Josep Lanuza, ha afirmado este lunes, durante su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la emergencia, que el expresident de la Generalitat llegó al Palau entre las 19:32 y las 19:42 de aquel 29 de octubre y estuvo en su despacho unos 25 minutos antes de salir hacia el Cecopi, según recoge EFE.

Lanuza acompañó a Mazón en el trayecto en coche del Palau de la Generalitat al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre y accedió con él al edificio a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío del primer mensaje Es-alert a la población de las 20:11 horas.

La jueza que instruye la causa citó a Lanuza para conocer si oyó durante el trayecto en coche "cualquier comunicación sobre el envío de la alerta" o llamadas esa tarde entre el expresident y la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. 

Lanuza, asesor político externo en estrategia de comunicación que trabaja para el PP de Valencia, ha señalado ante la jueza que el 29 de octubre coincidió con Mazón en un acto por la mañana y quedaron de nuevo por la tarde a partir de las 19:00 horas, la hora habitual en la que se reunían para hablar de temas de comunicación, según fuentes conocedoras de la declaración. 

Ese día, ha añadido, habló por la mañana con Mazón de una encuesta reciente del CIS y ha señalado que no tuvo conocimiento de la alerta roja hasta más tarde, cuando se grabó el vídeo con el president para las redes sociales diciendo que la alerta se acababa a las 18:00 horas y que la tormenta se iba hacia Cuenca. Ha relatado que acudió al Palau de la Generalitat por la tarde de nuevo sobre las 18:30 horas y ha asegurado que Mazón llegó al edificio pasadas las 19:30 horas. Lanuza se encontraba en el patio Gótico y cuando llegó el president, solo y en una actitud normal, subió con él a su despacho.

Ha señalado que no tiene el minutaje pero serían entre las 19:32 y las 19:42 horas y que en el despacho le dijo que no podrían hablar de los temas que tenían previstos porque se acababa de inundar el metro. Según su declaración, estuvieron en el despacho entre 20 y 25 minutos, hablando y Mazón atendiendo llamadas en ese rato, pero que no le escuchó hablar de la emergencia.

Cuando colgó una de las llamadas le contó que había un problema con una presa, la de Forata. Ha señalado asimismo que sobre las 19:45 horas recibió una llamada de Pradas, que no le dijo nada más en relación a la dana y que sobre las 20:00 horas salieron del Palau.

La jueza instructora ha hecho ver al exasesor que este relato no coincide con el testimonio de los escoltas de Mazón, que en su declaración en el juzgado situaron la llegada del president al Palau cerca de las 20:00 horas y que estuvo en su despacho unos diez minutos. Lanuza ha mantenido su versión y ha insistido en que salieron del Palau a las 20:00 horas y acompañó a Mazón a la sede del Cecopi en l'Eliana, aunque de camino recogieron en las Torres de Serrano de València a la jefa de prensa de Presidencia, Maite Gómez.

Justo cuando pasaron las torres, al otro lado del río, cuando habían transcurrido unos 5 u 8 minutos desde que salieron del Palau, sonó en los móviles el Es-alert de las 20:11 horas, ha relatado. Lanuza también ha manifestado que durante el trayecto oyó a Mazón hablar con la consellera de Interior, Salomé Prada, a quien le dijo que estaban de camino y volvió a hablar con ella justo antes de llegar a l'Eliana.

En el trayecto llamó también la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero no consiguieron transferir la llamada desde la Secretaría al teléfono del president por lo que le llamaron a él y pasó el teléfono a Mazón.

Ha señalado que Mazón solo comentó la preocupación por la presa de Forata y cuando recibieron el Es-alert comentaron que debía ser como el que se recibió en Madrid durante el temporal de Filomena. Por otra parte, el exasesor ha afirmado que es "falso" que él dijera "presidente, hay muchos muertos" cuando Mazón llegó esa tarde al Palau de la Generalitat, y ha aseverado que delante de él no oyó a nadie decir esta frase ni tampoco en alguna llamada.

El juzgado número 1 de la sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar a su ex pareja sentimental, el pasado lunes, en el Centro de Salud de Benicàssim.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato.

Ana, enfermera de 64 años y madre de dos hijos, fue asesinada a mediodía del lunes por su expareja, de 70, mientras trabajaba en el centro de salud de la localidad. La víctima fue asistida por sus propios compañeros y trasladada al Hospital General de Castellón, pero finalmente falleció.

El Ministerio de Igualdad confirmó el martes la naturaleza machista del crimen, lo que la convierte en la séptima víctima mortal de violencia machista en 2026, y la primera de este año en la Comunitat Valenciana.

Según Igualdad, no figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que fue detenido tras apuñalarla.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años, cuyos cuerpos han sido hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense de Xilxes, según han confirmado a EFE fuentes del Ayuntamiento de la localidad.

El aviso se ha recibido esta tarde por un posible doble crimen y hasta el lugar se han desplazado con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que la mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio".

Además, el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027, según las fuentes, que han indicado que de momento no ha sido detenido.

Fuentes municipales han indicado que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad, y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

El padre habría recibido presuntamente un mensaje en su teléfono móvil alertándole de lo sucedido, según las fuentes municipales, que han confirmado a EFE que los padres estaban separados y que sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes la naturaleza machista del crimen de Ana María, la enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim (Castellón) asesinada ayer lunes por su expareja, de 70 años, un nuevo caso que eleva a 7 las víctimas mortales en 2026 y a 1.350 desde 2003, según recoge EFE.

Según ha informado Igualdad, no figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que fue detenido tras apuñalar a Ana María cuando se encontraba trabajando en el centro de salud. La víctima fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y trasladada después al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente falleció.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo crimen machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. 

El temporal de viento que ha vivido la Comunitat Valenciana da una breve tregua en la mañana de este domingo pero a partir de la tarde está prevista una reactivación en determinadas zonas, según informa Emergencias de la Generalitat a partir del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha recogido EFE.

En una nota informativa sobre el temporal, que ayer elevó las alertas a roja y naranja, el Centro de Coordinación de Emergencias ha pedido "mucha precaución" ya que aún puede seguir habiendo desprendimientos y caídas de árboles debido a los efectos del temporal.

El reciente temporal de fuertes rachas de viento ha debilitado estructuras, árboles y elementos móviles, por lo que pueden producirse caídas y desprendimientos, según matiza.

En esa nota, indica que los niveles de aviso disminuyen temporalmente, pero es una breve tregua y a partir de esta tarde pueden reactivarse los avisos en algunas zonas, una situación que podría extenderse hasta mañana lunes.

Emergencias ha establecido para este domingo la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.

A partir de hoy el temporal empieza a remitir y se va reduciendo progresivamente la intensidad de las rachas y el nivel de los avisos meteorológicos hasta alcanzar, en las horas centrales del día, una situación sin ningún aviso de viento activo.

No obstante, a partir de esta misma tarde se prevé la reactivación de los avisos, inicialmente en el interior sur de la Comunitat Valenciana, con niveles amarillos, que podrían extenderse el lunes por la mañana a zonas del litoral.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias recomienda a los municipios y organismos competentes en la gestión de emergencias mantener una vigilancia activa de todos los avisos emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias durante estos días.

Aunque los niveles de aviso por viento puedan disminuir de manera temporal, Emergencias advierte de que es fundamental mantener la precaución ya que incluso rachas moderadas pueden provocar caídas, desplazamientos de objetos o nuevos incidentes, especialmente en zonas que hayan sufrido daños significativos.

Por ello, recomienda extremar las precauciones en los desplazamientos, evitar zonas arboladas o con elementos inestables y atender las indicaciones de Meteoalerta y de los servicios municipales.

El temporal de lluvia y nieve que azota la Península afecta a las 6:00 horas de este domingo a un total de 136 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las que 67 sufren cortes en algunos de sus tramos por las inundaciones y 18 por hielo y nieve.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras de Andalucía siguen siendo las más afectadas por el temporal de lluvias, con cortes en 43 de sus vías, sobre todo en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada.

Entre las carreteras afectadas por las inundaciones destaca la nacional N-110, cortada en ambos sentidos entre San Esteban de Gormaz y Aldea de San Esteban (Soria).

La nieve y el hielo han obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 18 vías secundarias de Almería, Granada, Huesca, Teruel, Asturias, Cantabria, León, Salamanca, Barcelona, Cáceres y Navarra.

Además, en 21 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como en una está prohibida la circulación de camiones y en siete se recomienda circular con precaución.

Entre las carreteras en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno se encuentra la nacional N-260, entre Noales y Bisaurr (Huesca).

Los efectos y el impacto del temporal que golpea a Andalucía se han reducido en las últimas horas y durante la madrugada, por lo que las salas del 1-1-2 de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) sólo han coordinado un par de emergencias ocasionadas por la meteorología adversa.

La jornada del sábado, en cambio, sí motivó la atención de 789 avisos en toda Andalucía debido a las rachas de viento asociadas al paso de la borrasca Oriana por Andalucía, sobre todo en las provincias de Córdoba y Almería, según una nota de la EMA.

La cifra de emergencias atendidas por el 1-1-2 debidas al enjambre de borrascas, desde el pasado 27 de enero, alcanza ya las 13.468, de las que 2.701 han tenido lugar en la provincia de Cádiz, 2.232 en Jaén, 2.161 en Sevilla, 1.925 en Granada, 1.429 en Córdoba, 1.398 en Málaga, 1.070 en Almería y 552 en Huelva.

La Comunidad Valenciana afronta un temporal de viento que este sábado activará la alerta roja (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 km/h, y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios.

Prudencia máxima, no salir de casa si no es imprescindible y evitar desplazamientos por carretera innecesarios son algunas de las recomendaciones de Emergencias de la Generalitat, que ha emitido un aviso especial y ha pedido a los Ayuntamientos de las tres provincias y a los distintos organismos reforzar las medidas de prevención y activar protocolos.

Numerosos Ayuntamientos han reunido a sus Centros de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal), que han activado los planes municipales de emergencias y han acordado medidas como cerrar parques y cementerios, suspender actividades deportivas y aplazar mercados o celebraciones como las relacionadas con el Carnaval.

En Castellón, donde las rachas de viento del noroeste huracanadas pueden superar los 140 kilómetros por hora en el interior y los 130 en el litoral, se han suspendido todas las actividades organizadas o autorizadas en la capital por el Ayuntamiento, como los carnavales del sábado en el Grao, y todas las actividades deportivas al aire libre y de interior.

En la localidad castellonense de Almassora se ha aplazado la Feria del libro, se ha anulado el riego de los árboles situados de la vía pública para reducir el riesgo de caída ante fuertes rachas de viento, y el domingo habrá dispositivo especial de limpieza viaria.

Los carnavales también se han aplazado en Villar del Arzobispo (Valencia), en el barrio valenciano de Russafa, en Elche, Torrevieja y El Campello y en Alicante, donde además se ha cerrado el castillo de Santa Bárbara, se han suspendido los entrenamientos vespertinos de deporte escolar y se ha clausurado un circo instalado en una avenida.

La ciudad de Valencia ha suspendido la tradicional celebración del Año Nuevo Chino, ha ordenado el cierre de parques y jardines, incluido el Jardín del Túria, y ha recomendado a las comisiones falleras que no realicen montaje de las estructuras de iluminación.

Además, se han suspendido los mercados de los sábados de Alicante, Gandia o Torrent.

El temporal de viento ha dejado ya alguna incidencia, pues ha afectado a una línea aérea de media tensión de Ibedrola en Monte Picayo (Sagunto, Valencia) que ha dejado sin luz a unos 125 clientes desde las 14:30 horas, según fuentes de esta empresa, que han precisado que se intenta localizar el punto exacto de la avería para repararla.

Durante esta jornada, en la que el viento ha alcanzado rachas de 71 kilómetros por hora en Utiel (Valencia), de 69 en Alcoy (Alicante) y de 66 en Xàtiva (Valencia), los bomberos han atendido varios servicios relacionados con el viento, como la retirada de árboles o la caída de un cable de telefonía.

Mientras llegan las peores horas del temporal, la Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado el puerto de la capital valenciana a las entradas y salidas de barcos por condiciones meteorológicas adversas, después de que a las 14 horas se haya activado el aviso amarillo por fenómenos costeros por vientos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

La Generalitat ha enviado este viernes por la tarde un mensaje Es-Alert a los móviles para avisar de los fuertes vientos que se esperan este sábado y pedir que se eviten desplazamientos, las actividades en exterior y las llamadas innecesarias a 112.

La alerta de protección civil recibida a las 18:06 horas pide también seguir las indicaciones de las autoridades y que, en caso de emergencia, se llame al 112.

Por primera vez, alguien invoca ante la justicia la violación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024 y en vigor desde 2025. Un texto legal que, en España, casi nadie está cumpliendo. Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana admitió a trámite la primera demanda presentada en nuestro país basada en la EMFA. Una iniciativa que abre un frente judicial inédito que, en teoría, puede redefinir las reglas del juego en la gestión de las radiotelevisiones autonómicas.

La historia que ha llevado a los tribunales valencianos a tantear este territorio inexplorado tiene todos los ingredientes de un caso paradigmático: un cambio de gobierno, una reforma legislativa exprés, unos mandatos interrumpidos sin justificación y, sobre todo, una nueva herramienta legal europea cuya eficacia real está aún por demostrar. 

Miquel Francés, expresidente del desaparecido Consejo Rector de la corporación que regula los medios públicos valencianos, junto con los vocales Lola Bañón y Javier Marzal, han decidido plantar cara a lo que consideran un cese de facto inmotivado, amparado en una ley que, según su lectura, vulnera de raíz las salvaguardas que Bruselas ha establecido para blindar a los medios públicos frente a las interferencias políticas. Los tres accedieron en su día a estos puestos en representación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

La cronología de los hechos dibuja un patrón conocido. Tras el vuelco electoral de mayo de 2023 en la Comunitat Valenciana, la nueva mayoría parlamentaria (PP y Vox) aprobó la Ley 2/2024, que suprimió la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y creó en su lugar la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA) con el único objetivo de someterla al control del Ejecutivo. En apariencia era un simple cambio de estructura corporativa. En la práctica, una vía para resetear el órgano de gobierno del ente público sin tener que esperar al fin natural de los mandatos vigentes. 

Los tres recurrentes ostentaban cargos con plazo de expiración fijado para el 15 de abril de 2029, es decir, con casi cuatro años por delante. Pero, desde el 11 de marzo de 2025, dejaron de ser convocados. Si la demanda es atendida, los tres tendrán que ser convocados a las reuniones del consejo de administración de la nueva corporación, el primero en calidad de presidente, hasta la finalización de sus mandatos en 2029.

Este tipo de operaciones a medida no es una novedad en el panorama mediático autonómico español. A lo largo de los últimos años, las radiotelevisiones públicas han funcionado en muchos territorios como botín político, con consejos de administración renovados al compás de los cambios electorales mediante reformas legislativas que permitían eludir la continuidad de los órganos de gestión. 

La novedad, esta vez, es que existe un instrumento jurídico europeo que puede frenar estas prácticas. El Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como EMFA, entró en vigor el 8 de agosto de 2025 y tiene aplicación directa en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición nacional. Es decir, desde esa fecha, cualquier decisión sobre la gobernanza de un medio público en España debe ajustarse a sus exigencias.

El núcleo de la demanda presentada ante el TSJCV se centra en el artículo 5.2 del Reglamento, que establece un conjunto de garantías diseñadas específicamente para evitar que los gobiernos puedan controlar a los medios públicos a través del nombramiento y cese de sus directivos. 

La norma europea es clara: los mandatos de los responsables de los medios de servicio público deben tener una duración suficiente para garantizar su independencia efectiva. Además, solo pueden ser cesados antes de que expire su periodo de forma excepcional, por no cumplir ya las condiciones profesionales requeridas, y nunca por razones políticas o por cambios legislativos instrumentales. Por último, cualquier decisión de destitución debe estar debidamente justificada, notificada previamente y sujeta a revisión judicial.

Los demandantes argumentan que la ley valenciana ha buscado precisamente lo que el reglamento europeo pretende impedir: acortar mecánicamente los mandatos mediante una reforma estructural que, bajo la apariencia de modernización corporativa, permite renovar el órgano de gobierno sin justificación profesional alguna y sin control judicial previo. 

En su recurso, los demandantes solicitan tres cosas: la anulación de la exclusión de sus cargos en el nuevo consejo de administración, su reposición inmediata como presidente y vocales hasta el fin de su mandato original en 2029, y el abono de las dietas y salarios dejados de percibir desde que fueron apartados.

La Sala Cuarta del TSJCV, al admitir la demanda a trámite, ha emplazado a la Generalitat Valenciana a contestar en un plazo de veinte días. Es solo un trámite procesal, pero también un hito simbólico: por primera vez en España, un tribunal examina si una reforma autonómica sobre un medio público vulnera las nuevas salvaguardas europeas. La decisión que se tome en València puede sentar jurisprudencia y condicionar la manera en que otras comunidades autónomas gestionan sus entes audiovisuales.

El caso se produce, además, en un contexto de preocupación por la deriva de À Punt. Desde el cambio de gobierno, se han denunciado decisiones como el intento de restringir las funciones del Consejo de Informativos, el desmantelamiento de servicios de documentación y un descenso en los contenidos en valenciano, elementos todos ellos que han generado inquietud entre profesionales y observadores del sector. La cuestión de fondo no es solo quién gobierna el medio, sino cómo se gobierna y con qué garantías de independencia editorial y funcional.

La EMFA representa, en efecto, un cambio de paradigma. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se introduce una regulación sustantiva sobre el funcionamiento de los medios de servicio público. Hasta ahora, su independencia era un principio reconocido en diversas directivas y recomendaciones, pero sin la fuerza vinculante de un reglamento. Con la EMFA, la independencia de los medios públicos se eleva a la categoría de requisito de cumplimiento de la legislación de la Unión, lo que permite un control judicial más estricto sobre las estructuras de gobernanza nacionales.

Las consecuencias prácticas de esta norma son de largo alcance. En primer lugar, establece un blindaje efectivo contra los ceses políticos. Los directivos y miembros de los consejos de administración de los medios públicos ya no pueden ser destituidos al albur de los cambios de gobierno o de mayorías parlamentarias. Solo caben destituciones excepcionales, por causas profesionales tasadas de antemano, y siempre con posibilidad de revisión judicial. 

En segundo lugar, la EMFA exige la aprobación de una financiación estable para los medios públicos. Los Estados miembros deben asegurar recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles, preferiblemente decididos de forma plurianual, para evitar que el presupuesto se convierta en un instrumento de presión política.

El Reglamento refuerza, en tercer lugar, la independencia editorial y funcional. Los medios públicos tienen la obligación legal de proporcionar información e ideas de manera imparcial y plural. Una manera de garantizar eso es la creación de órganos independientes de representación de los trabajadores, como los consejos de informativos que la actual corporación está intentando ahora mismo limitar. 

Y, en cuarto lugar, cada Estado debe designar una autoridad u organismo independiente, libre de influencia gubernamental, para supervisar el cumplimiento de estas salvaguardias. En España, ese papel recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo representante, de hecho, presidió en 2025 el nuevo regulador europeo, conocido como Media Board, el organismo encargado de coordinar la aplicación de la EMFA en toda la Unión. Y, a escala valenciana, en el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) que, sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre la corporación de medios públicos autonómicos y el modo en que la regulación vigente incumple lo dispuesto en el reglamento europeo.

Los cambios que la EMFA impone a la regulación española son significativos. Al ser un reglamento, tiene efecto directo y es vinculante desde su entrada en vigor, lo que obliga a España a ajustar cualquier ley interna contradictoria. Pero ningún gobierno —ni los autonómicos ni el central— lo está haciendo.

La práctica de suprimir entes públicos para crear otros nuevos con el fin de renovar sus consejos queda bajo escrutinio judicial europeo. Se espera que la regulación española deba garantizar la inamovilidad de los consejeros incluso frente a cambios estructurales de los entes, si estos mantienen las mismas funciones. Las decisiones de destitución en medios públicos españoles deberán incluir obligatoriamente la posibilidad de control judicial, permitiendo que los cesados recurran si consideran que no hay una justificación profesional válida según criterios establecidos previamente.

El caso de À Punt es, en este sentido, una prueba de fuego. Si el TSJCV concluye que la reforma valenciana vulnera el reglamento europeo y ordena la reposición de los consejeros cesados, habrá sentado un precedente que puede disuadir a otras comunidades autónomas de intentar maniobras similares. Si, por el contrario, avala la legalidad de la operación, habrá abierto una vía para eludir las salvaguardas europeas mediante cambios corporativos formales que, en el fondo, persiguen el mismo objetivo político: controlar el mensaje del medio público.

No habrá, en todo caso, una respuesta rápida. El trámite contencioso-administrativo puede demorarse varios años. Y después, cualquiera de las dos partes puede recurrir al Constitucional.

Pero lo que está en juego va más allá de tres cargos institucionales. Lo que se dirime en los tribunales valencianos es si Europa puede efectivamente proteger a los medios públicos de la captura política o si las viejas prácticas nacionales y autonómicas encontrarán siempre un resquicio legal para perpetuarse.