Quedan pocos días para una fecha crucial para España y también para muchos europeos, después de que la Unión Europea gobernada por Alemania y los bancos acallara a Grecia y cuando vuelven a surgir los monstruos del odio en todo el continente.

Por fin puede que cambien las cosas para los que han sufrido el ninguneo de los que mandan sobre sus vida, el señor del banco que los desahució, los jefecitos del trabajo que seguían de copas y les explicaban con “harto dolor de corazón” que tenían que echarles o rebajar sus sueldos. Un cambio para los ancianos que esperan meses para ser operados, las abuelas que comparten pisos y pensiones con los hijos que volvían a casa porque no llegaban a fin de mes, o de los que se iban a buscar trabajo a Londres o Berlín. Mientras tanto, los que gobernaban subían el IVA, votaban [PSOE y PP] el artículo 135 y por supuesto les amordazaban si se atrevían a quejarse. Por fin, de la mano de una gran confluencia popular en torno a Pablo Iglesias, Ada Colau y muchos más, los sueños de las mareas ciudadanas multicolor que tanta envidia provocaron en Europa pueden volver a hacerse realidad.

Hay que entender la importancia del 20-D y la responsabilidad que cada uno tiene frente a esa fecha. Recordemos lo que ha cambiado en el campo de los que queremos una transformación social y ecológica en favor de la gente.

Todo se ha acelerado en muy poco tiempo. Hace apenas dos años, como representante de una fuerza francesa amiga y residente en España, fui citado por Willy Meyer para acudir a la fiesta del PCE. No conocía muy bien las fiestas del PCE ni al "camarada Meyer”, pero su recorrido me inspiraba mucho respeto. Alguien que ha conocido la clandestinidad, los calabozos y ha sentido sobre su cuerpo los golpes del torturador franquista Billy el Niño solo puede inspirar respeto. ¿Por qué quedaba el camarada responsable internacional de IU con un insignificante profesor francés instalado en Madrid? Resulta que se me había ocurrido organizar un acto entre dos jóvenes promesas de la izquierda europea, Alberto Garzón, que atraía todas las miradas en aquella época, y François Delapierre, exsocialista al que todos admiraban en el campo de las fuerzas transformadoras.

El “camarada Meyer” no había sido informado “debidamente” y, como vigilaba muy de cerca todos los movimientos del joven Garzón o de los que como yo procedían de fuerzas no comunistas, intentó vetar el acto. Me acuerdo de la escena, en un municipio de la periferia de Madrid, sentados en esas sillas de jardín blancas de las que hay en las cafeterías de pueblo, aunque en las del PCE se han sentado tantos republicanos, antifranquistas clandestinos y mujeres luchadoras que las sillas se han hecho sillones con el peso de la historia. Ahí iba yo a negociar mi acto, a que la burocracia del aparato autorizara un modesto encuentro entre un francés desconocido y Garzón. Por supuesto, tuve que humillarme y aceptar sus condiciones: Meyer nos estropeó el encuentro imponiendo un presentador elegido entre su corte de burócratas del que ni quiero acordarme. Ese fue mi primer contacto con la dirección de Izquierda Unida como activista francés en España.

Hay que recordar lo que era Izquierda Unida en aquel momento, el centro de todas las miradas, la herramienta hacia la que se giraban todos los que pensaban que un cambio era posible. Acariciaba en los sondeos entre un 15% y un 17% del voto y se le abrían unas perspectivas enormes de cara a las elecciones europeas. En estas citas bilaterales, entre “aliados”, siempre hay un intercambio de análisis sobre la situación del país de cada uno. Por mi parte, le comenté a Meyer que en Francia y Europa se esperaba mucho del resultado de esas elecciones europeas en España. Me quedé atónito cuando me libró su visión de la situación. “Yo no me creo las encuestas. Con un 10% nos conformamos, será un resultado mucho mejor que en las anteriores”. Yo no entendía cómo era posible que de ese contexto tan positivo, una fuerza supuestamente “revolucionaria” no estuviera dispuesta a poner en marcha todas las opciones para conseguir superar el bipartidismo. ¡No! La idea era obtener un “buen resultado”, un 10%, el resultado de una fuerza que solo se concibe como marginal. Poco tiempo después, la cúpula de IU abortó con arrogancia la negociación con las plataformas sociales y partidos que se querían agregar al mapa político de 2014 y se replegó sobre ese horizonte del 10% y una lista encabezada por Willy Meyer.

No entender la importancia de esa ruptura es no entender nada de lo que ha sido la política española desde entonces. En ese contexto nació Podemos y en unos meses consiguió casi el mismo resultado que IU. Meyer obtuvo su 10% porque, con su experiencia, había puesto en primera fila de la campaña a jóvenes figuras trasversales que no entraban en los puestos elegibles, por supuesto, como el activista Javier Couso o la joven “exiliada” en Berlín Lara Hernández. Pero ya nadie pararía a Podemos y su despegue. Esa época nos parece hoy la prehistoria en blanco y negro, está sobrepasada: como el debate Sánchez/Rajoy, cuyos códigos son propios de Cuéntame como pasó.

Desde aquel 25-M han cambiado cosas en todos los partidos: la aceleración de Podemos y la victoria de las candidaturas municipales han forzado un cambio en IU, que seguramente no se habría producido sin esos avances. Muchos pensaban que, por fin, la experiencia de una antigua organización juntándose con la capacidad de conmover a una amplia mayoría social de Podemos podría tener sentido. Salió por fin en primera fila Alberto Garzón, el que era hasta ahora el opositor interno a los bloqueos propios del PCE. Pero salía tarde y muy tocado: ni siquiera hizo campaña con Manuela Carmena, no pudo quitarse de encima a la vieja guardia que sigue copando la dirección (Reneses, que tapó el caso de las tarjetas black, y el propio Willy Meyer, que en teoría había sido eliminado, pero siempre está ahí y forma parte hoy en día del equipo del candidato).

Poco a poco, Izquierda Unida se ha vaciado de los que aportaban novedad, de los más atrevidos y brillantes que tanto se sacrificaron: Hugo Martínez Abarca, Jorge García Castaño, la propia Tania Sánchez o más recientemente Raúl García, Carlos Martínez Núñez y tantos y tantos más. Uno de los fundadores de IU, el hombre que pensó antes que nadie que algo grande se jugaba en Europa y en España, Manolo Monereo, al que Pablo Iglesias siempre supo escuchar e interpretar, estaba hace unos días en la Caja Mágica, lejos de los mítines de IU.

Lo más triste para toda esta gente que forma parte de esa gran tradición y que se pasa la vida en manifestaciones y luchas en la calle es que se le prohibió formar parte de la remontada, de juntarse a la locomotora ilusionante que ha formado Podemos con Barcelona en Comú, ICV, Anova, Equo, Compromís y curiosamente hasta dos federaciones como EUiA y Esquerda Unida. Muchos de los que hemos participado en las negociaciones estatales, sabemos que había un principio de acuerdo entre Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Pocos, salvo Juantxo Uralde, de Equo, que fue como yo testigo de ello, contaron lo que pasó. Desde dentro de IU, se hizo presión para que fracasara el acuerdo, exigiéndole a su candidato que planteara a Podemos garantías absurdas, un órdago extraño por parte de una organización que se había equivocado en todo hasta ese momento. Desde de la dirección, se presionó al candidato Garzón para que una vez más diera marcha atrás. Y él acató.

La historia pone a cada uno en su sitio. El partido del cambio se juega ya muy lejos de la calle Olimpo. Se juega con ilusión, con discursos nuevos, con alcaldes y alcaldesas del cambio, se juega en color morado.

A la vieja guardia del aparato, la historia la sigue poniendo en un sitio parecido al de siempre aunque menos confortable, en los pasillos de la dirección de lo que fue un gran partido. Seguramente con sus redes y apoyos, ha sido, una vez más, la que exigió que la organización fuera contra el sentido del tiempo y de la historia. Pero no seamos demasiado duros con el aparato oxidado, el que sigue mandando de verdad. Al final, todo esto, esta aceleración, la ilusión de ver a una España pintada en morado rozando la posibilidad de un cambio real, se lo debemos a él. Sin su capacidad para no cambiar nunca nada, no hubiera cambiado nada.

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Un 14 abril más, las banderas republicanas volvieron a llenar el centro de Madrid. Con motivo del 84º aniversario de la proclamación de la II República, varios miles de personas hicieron el ya tradicional recorrido desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol para pedir una nueva experiencia republicana en España.

Así, la movilización, convocada por la Junta Estatal Republicana, ha contado el apoyo de algunas organizaciones políticas, donde Izquierda Unida y el Partido Comunista han tenido el protagonismo, debido al gran número de seguidores. Tras las cabeceras, estaban dirigentes de primera fila, como Cayo Lara, José Luis Centella o el exeurodiputado Willy Meyer. También estaban presentes algunos movimientos sociales y sindicales, como los trabajadores afectados por el ERE en Coca-Cola, Yayoflautas o colectivos en defensa de la memoria histórica.

Entre los partidos que no han secundado la convocatoria destaca Podemos. Los de Iglesias explicaban este lunes que durante la manifestación estarían "trabajando para echar al PP del Gobierno, que es el mejor homenaje que podemos hacer a la república". 

No obstante, esta manifestación –que se repite cada año– no alcanzó el seguimiento de las anteriores ediciones. Especialmente, las de los dos últimos años, cuando se consiguió abarrotar la madrileña Puerta del Sol.

"¿Felipe quién te ha votado?", "Queremos la bandera que tiene tres colores, queremos la república de los trabajadores", "Felipe acelera, que llega la tercera" o el clásico lema "España, mañana, será republicana", fueron alguno de los cánticos más repetidos por los manifestantes que, recordando la anterior experiencia republicana, coincidían en una misma propuesta: la abdicación de Felipe VI y la proclamación de la III República española.

"Aquí hay cainismo desde hace mucho tiempo". "Así no se puede continuar. Así no se puede continuar. ¡Esto es una vergüenza de organización!". "Nos estamos destruyendo". "Nos estamos matando, nos estamos comiendo". "¿Pero creéis que podemos estar pegándonos de hostias durante cinco meses con mensajes negativos de esta organización y decir que queremos porcentajes de subida de voto? ¿Quién se ha creído eso?". 

Las frases, las preguntas y hasta los exabruptos QUE PUEDES ESCUCHAR AQUÍ reflejan la difícil situación que vive Izquierda Unida. Y el cabreo y la indignación proceden de una misma persona, de su líder. De Cayo Lara. Son palabras textuales suyas, pronunciadas este pasado domingo, 29 de marzo, en su última intervención ante la Presidencia Federal, la cita de la que salió el rechazo a la candidatura de IU al Ayuntamiento de la capital, encabezada por Raquel López, en una votación ajustada (21 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones). Habló sobre las tres de la tarde. Pero lo hizo a puerta cerrada, ante la cuarentena aproximada de dirigentes que aún quedaban en la sede nacional, y como cierre de la reunión. No había medios delante, y el coordinador federal pudo hablar con absoluta sinceridad, decir lo que pensar. Apelar de nuevo a la unidad. Contestar a unos y otros, tanto a la dirección de IU-CM como a aquellos que pedían más mano dura con la cúpula madrileña o los que reclamaban una asamblea federal extraordinaria para antes de las generales, con el fin de renovar la dirección. 

El audio de la intervención de Lara, de casi 11 minutos y al que tuvo acceso infoLibre refleja la desesperación del coordinador con la guerra interna en Madrid, que a su juicio está "destruyendo" la organización y condenándola, tal vez, a unos pobres resultados en las municipales y autonómicas del 24 de mayo. Implora unidad. Hace visible la preocupación por una IU que puede irse al "garete" si su sangría le lleva a perder el grupo parlamentario en el Congreso, su malestar con la desobediencia de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) y con los críticos, y sus recelos hacia el fenómeno Podemos y a la posibilidad de que pueda encabezar el "cambio" en España. Pero también alerta a los suyos de que el partido de Pablo Iglesias está "rebañando" los votos a IU, de que quiere engullirla. Y finalmente reta a aquellos que le quieren ver fuera de la dirección a organizar la asamblea que piden, incluso antes de noviembre, cosa que él cree un error. Su voz, vehemente, denota irritación, igual que los manotazos repetidos sobre el atril. Los miembros de la Presidencia escuchan su alocución casi en silencio. 

"Hay cainismo. Cada uno está en su trinchera"

Lara comienza su discurso de cierre con un lamento. Él había expuesto ante sus compañeros, al comienzo de la reunión, su informe político. Y sólo un integrande de la Presidencia, de la cuarentena que había pedido la palabra, se refirió a él. "¿Qué más da que el coordinador haga un informe? Yo estoy avergonzado, yo no vine de coordinador a esta organización para esto", se queja. Había escuchado un debate, cada vez más enconado, sobre qué hacer con la candidatura de IU al Ayuntamiento de la capital, si era mejor no reconocerla –como había propuesto Alberto Garzón y secundado las federaciones afines– o validarla –como pretendía IU-CM–. Y es que la guerra en la federación lleva anegando la reunión de los órganos federales desde hace cinco meses, cuando estalló el escándalo de las tarjetas black. La cita del domingo se había desarrollado de forma muy tensa y bronca. "Hay cainismo. Cada uno está en su trinchera, en su posición. No sé si esto tiene pinta de posible reconciliación, no lo sé", señala con desconfianza. 

Y entra en materia. Recuerda que hace un año, cuando las encuestas sonreían y Podemos no aparecía en ninguna de ellas porque acababa de nacer, las expectativas de un 15% o un 20% de los votos sabían a poco para muchos dirigentes. "Y ahora nos hemos conformado con un 21% entre Podemos e IU en Andalucía", donde se suponía que existía el "caldo de cultivo" para que se abriera el salto al proceso constituyente, la apuesta estratégica de la cartera que pilota el diputado Alberto Garzón, candidato a la Moncloa. "Ese porcentaje ya lo tuvimos en Andalucía hace unos cuantos años [en 1994, cuando llegó a 20 diputados]. ¿Y para eso creamos una guerra interna en la organización, una guerra tan tremenda? Aquí hay cainismo desde hace mucho tiempo", denuncia. 

Lara se remonta a unos meses atrás, cuando tras las europeas, en las que IU triplicó sus resultados de 2009 –pasó de 2 a 6 escaños– se empezó a "teorizar" que habían sido un "desastre", que había "problemas". "Y luego salieron las malditas tarjetas black, a principios de octubre". Entonces comenzó la crisis en Madrid, cuando se intentó la depuración de responsabilidades políticas por el rol que IU-CM tuvo en Bankia. "Y efectivamente, no colaboró como debería haber colaborado la dirección de Madrid. Por supuesto que no, porque debía haber estado al loro de un mensaje que lanza tu organización. Que dejen las portavocías: eso es lo que se pidió a dos personas". A Ángel Pérez y Gregorio Gordo, portavoces de IU en el Ayuntamiento de la capital y en la Asamblea regional, y ambos excoordinadores de IU-CM. Ambos luego fueron "expulsados", recuerda. Respondiendo a, entre otros, Garzón, que había subrayado que Pérez, el tradicional hombre fuerte de la federación, "sigue como portavoz y sigue estando en IU", Lara recalca que los dos ya están de baja como militantes, y aunque sigan en sus escaños, "hoy no representan a esta organización federal". 

"¡Esto es una vergüenza de organización!"

A continuación lanza la llamada de atención más elocuente: "¿Pero creéis que podemos estar cinco meses pegándonos de hostias con mensajes negativos de esta organización y decir que queremos tener porcentajes de subida de voto? ¿Pero quién se ha creído eso?". 

Lara salta después al estudio cualitativo que encargó la Secretaría de Acción Electoral, pilotada por Ramón Luque, y que IU hizo público la semana pasada, en el que reflejaba sus debilidades y fortalezas a la hora de competir con IU. Documento que desvela que "no tiene política económica ni de comunicación" y que "está dividida y que no tiene cohesión ni coherencia". El coordinador brama contra los que creyeron que era positivo publicarlo: "¿Para eso hemos pagado un estudio cualitativo, para pegarnos tortas a nosotros comunicativamente?".

El líder estalla: "¡Así no se puede continuar, así no se puede continuar! ¡Esto es una vergüenza de organización! Y aquí todo el mundo tiene todas las razones, pero habrá que buscar la síntesis". 

"Si es que yo represento a algo"

En Madrid, por ejemplo, Lara se muestra de acuerdo con que el conflicto se resuelva vía asamblea extraordinaria, aunque advierte a los críticos con la cúpula regional de que si se van no podrán participar en ella. El coordinador, echando un capote a la federación, insiste en que Tania Sánchez, la ganadora de las primarias autonómicas, "se fue" por su propio pie, no se la echó. También tira de las orejas a IU-CM, por no haber "sometido a referéndum" el acuerdo de integración en Ahora Madrid –el partido instrumental creado por Podemos y Ganemos– en los términos que pidió el federal. "Algunos tendrán responsabilidades, las dos partes", concluye. "Asamblea extraordinaria –rubrica–. No hay otra salida, pero a ver si somos capaces de llegar con un poquito de paz a las elecciones".

"Pero nos estamos destruyendo", clama.

Después, Lara advierte de que Podemos no puede verse como un compañero de viaje, sino que rivaliza por el mismo espectro que IU. No cree que el partido de Pablo Iglesias sea "el sujeto de transformación social que cambie este país". "Y estamos compitiendo, ¡y quien nos está rebañando votos se llama Podemos! Nos guste o no nos guste –abronca–. Y si no reaccionamos de verdad de otra manera, tendremos un problema muy serio, muy serio". Por la mañana, en su intervención ante los medios, ya había avisado de que IU no puede competir en "demagogia" con la formación morada. 

El coordinador adelanta que no va a "tomar posición" en el conflicto, que no se quiere "quemar" para preservar su papel neutral. "No quiero quemar a lo que pueda representar en esta organización, si es que represento a algo", desliza. 

El coordinador, Cayo Lara, durante su primera intervención ante la Presidencia Federal de IU de este 29 de marzo, ante los medios | EFE

El exeurodiputado Willy Meyer había sugerido, durante su intervención en la Presidencia, que el grado de discrepancias tan consistente en el seno de IU habría hecho conveniente la convocatoria de un congreso federal, pero no era viable por la acumulación de procesos electorales. Otros miembros de la dirección lo reclamaron. Lara está de acuerdo. "Habrá que ir a la asamblea extraordinaria que algunos queréis, habrá que ir, porque la unidad popular [que pide el sector más próximo a Garzón] no se puede hacer por la puerta de atrás", grita, dando un golpe al atril. No lo decide nadie porque tome la decisión de hacer la unidad popular y contra los acuerdos de esta organización. ¡Eso no es democracia, eso es otra cosa, y le damos todas las vueltas que queráis!", exclama, en una indirecta aparentemente dirigida a Mauricio Valiente, el ganador de las primarias municipales que acabó marchándose a Ahora Madrid, y que ya ha sido elegido, de hecho, como el número cuatro de la candidatura. 

"Dudas razonables" de "alguna persona" de la lista a la Asamblea

Se dirige a Alberto Garzón, y expresa su miedo a que la guerra en Madrid deshilache la posibilidad incluso de conseguir un escaño, lo que acabaría de hundir IU. "Es mi candidato, el candidato de esta organización. Y lo voy a defender a muerte. Pero vamos a ayudarle, porque tiene que ser el candidato y se tiene que presentar por Madrid. Vamos a ayudarle, porque si Alberto pierde, perdemos todos. Porque si no tenemos grupo parlamentario, nos vamos al garete". Después, dice, no valdrá lamentarse, ni pensar qué pudo ocurrir. "Eso no vale para nada. Nos habremos ido por las cañerías". Lara urge a apretarse "los machos", a afrontar la realidad, mucho más sombría que hace meses. De no existir Podemos, IU probablemente estuviera "en un 16, un 18%, con la vieja guardia también". "Pero ha venido Podemos. Limpios y dando caña a una organización que tiene mochila, para lo bueno y para lo malo". 

Lara dice albergar "dudas razonables" sobre "alguna persona" de la candidatura autonómica que encabeza Luis García Montero, algún integrante que no "debería estar ahí". Algunos presentes entienden que se refiere a Libertad Martínez, la número cuatro, muy vinculada política y personalmente con Ángel Pérez. 

Como se escucha en la grabación, también muestra sus reservas respecto a la lista municipal de Raquel López, porque para poder "confrontar" con los demás con garantías –y se deduce que mira a la candidatura de Ahora Madrid, capitaneada por la exjueza Manuela Carmena–, IU tendrá que "apretarse mucho los machos para sacar el 5%" exigido por la Ley Electoral para conseguir representación. Muchos dirigentes han venido expresando en los últimos días que se pudiese alcanzar ese umbral, sobre todo en el Ayuntamiento. Salir de las instituciones madrileñas sería un desastre para IU. Cree que aún queda algo de "tiempo" de acuerdos, hasta el 15 de abril, cuando comienza el plazo de presentación de las listas ante la Junta Electoral. 

"Podemos piensa que somos un lastre"

El coordinador vuelve a defender una "tregua" hasta los comicios del 24-M. "Y la asamblea extraordinaria, los que la queréis antes de noviembre, os equivocáis, pero si queréis trabajemos en la asamblea federal extraordinaria antes de noviembre". En ese cónclave se debatirá qué se ha hecho "mal" desde los anteriores congresos, el de 2008, en que salió elegido líder, y el de 2012, en el que fue revalidado y en el que se apostó por la construcción de un bloque social y político, por la convergencia. 

"Pido un acuerdo ahora y ya para llegar a las elecciones autonómicas y municipales, porque lo tenemos muy difícil, especialmente en las autonómicas. Porque podemos llamar a Podemos a la puerta todo lo que queramos, pero no quieren hablar de convergencia con nosotros. Tienen una hoja de ruta diferente, y piensan que somos un lastre", advierte. Esa frase le da pie a Lara para recordar lo que ocurrió el año pasado cuando Meyer tuvo que renunciar a tomar posesión de su acta en Bruselas después de que infoLibre descubriera que había sido uno de los eurodiputados españoles que habían disfrutado de un plan de pensiones pagado parcialmente por la Eurocámara y vehiculado a través de una sicav en Luxemburgo. Dimitió rápidamente, y tras una enorme presión interna. "No hemos dicho nada a los que nos dicen que somos un lastre. Pero sí dijimos a Willy Meyer que tenía que dimitir –denuncia, con un nuevo golpe sobre el atril–, lo dijimos con tuits públicos. La misma gente de aquí no dijo nada de [Juan Carlos] Monedero", por su contrato de asesoría con el Banco del ALBA, por el que recibió 425.000 euros y por el que dio explicaciones, aunque no respondió todas las incógnitas. 

"Disculpadme porque me he pasado de tiempo. Pero vamos a reflexionar, vamos a reflexionar. Porque si no, nos estamos matando, y nos estamos comiendo", analiza con crudeza. 

Lara acaba apremiando a sus dirigentes a "creerse" IU, porque de lo contrario no habrá forma de vender a los ciudadanos de las "bondades" de su proyecto". 

"¿Qué pinto yo aquí?"

"Y todos somos culpables [de la situación creada], de acuerdo. Y una dirección timorata, y un coordinador que no ha querido intervenir Madrid". Lara toca una fibra sensible. Una Presidencia Federal del 30 de enero en la que se planteó montar una gestora en IU-CM para zanjar la guerra, pero él se opuso y su posición ganó. Unos días después, se marchaba Tania Sánchez con un grupo de seguidores. El líder recuerda que sigue pensando que "no había que intervenir Madrid", aunque se pueda "equivocar", pero habría respetado una decisión contraria. 

"Pero vamos a mirarnos un poco –concluye–. Yo quiero seguir levantándome cada mañana y mirarme al espejo y reconocerme. Y me sigo reconociendo y me voy a continuar reconociendo, pero yo no estoy ahora mismo pensando que otro [Podemos] va a ser el actor del cambio y de la transformación revolucionaria. No. Yo sigo pensando que nosotros somos eso. Y si no, ¿qué pinto yo aquí en IU? ¿Para qué he estado aquí toda mi vida en IU?".

Garzón: "Madrid se ha pasado por el forro a IU federal"

Lara había tenido que escuchar una cadena de intervenciones. Entre ellas, la de Alberto Garzón, que había denunciado el "tacticismo" de IU-CM, porque al principio "estaba en Ganemos" y luego se reiteró, "boicoteó todo el proceso de convergencia de Ahora Madrid". Y criticó la indisciplina de IU-CM respecto a las resoluciones federales: "Madrid se ha pasado en los últimos meses por el forro todo lo que ha dicho IU federal", y "el presidente de Fundeste hasta 2014" y excoordinador regional, Ángel Pérez, "sigue mofándose y riéndose de toda IU". "Si eso ha pasado, todo lo que pase con esta resolución será desgraciadamente ignorado. Pero por legitimidad y respeto a nuestra tradición, pido a IU federal [...] que no reconozca la candidatura de IU al Ayuntamiento de Madrid".

Alberto Garzón, durante la reunión de la Presidencia Federal de IU del pasado 29 de marzo | EFE

El candidato a la Moncloa fue el que abrió fuego, y su posición fue secundada y completada por dirigentes como las coordinadoras de Galicia y La Rioja, Yolanda Díaz y Henar Moreno, las integrantes de la ejecutiva federal Marga Ferré y Lara Hernández o el número dos del PCE, Fernando Sánchez. "Unas elecciones no las ganan unas siglas, las gana un proyecto político –advirtió Hernández, secretaria de Convergencia y una de las personas de confianza del candidato a la Moncloa–, y ese proyecto político se puede decir que está en jaque". La responsable recordó unas palabras de Felipe Alcaraz, que hablaba de las dos almas de IU, de los "dos trenes que están claramente yendo en dirección contraria", y esa es una realidad "que inunda cada sitio" en IU. Se enfrentan dos modelos, dos formas de entender la realidad: o ruptura democrática o restauración, "reedición del pacto de la Transición". La "apuesta" de IU, emanada de su X Asamblea, la de 2012, es la primera, la "construcción de un nuevo proyecto de país desde abajo". 

Hernández pidió "voluntad política y determinación para evitar el choque de trenes". Una exigencia que compartió Marga Ferré, secretaria de Programa y uno de los apoyos de Mauricio Valiente. "O arreglamos el problema de Madrid o estamos lanzando un mensaje muy grave [...]. Esta Presidencia tiene que tomar una decisión hoy", avisó. Ferré subrayó que lo que está intentado hacer la dirección de IU-CM es "dar la vuelta a la X Asamblea". La dirigente se refirió expresamente a las informaciones que ha venido publicando infoLibre sobre la fundación de IU-CM, Fundeste, que Ángel Pérez presidió durante 18 años, que "opacamente" recibió dinero "procedente de Caja Madrid", un capítulo más del "cuento de terror" que ha sido la historia reciente, a su juicio, de la federación. "Es un escándalo mayúsculo ver a Ángel Pérez en el Ayuntamiento y a Mauricio Valiente fuera", al haber tenido que romper su carné por rivalizar IU-CM con Ahora Madrid.  

No hacerse "más daño"

Fernando Sánchez, mano derecha de José Luis Centella en el PCE, reveló una conversación que mantuvo con la cúpula regional, cuando esta pidió más tiempo para poder depurar responsabilidades políticas por su gestión en Caja Madrid y Bankia. "Se me dijo por parte de IU-CM antes de las primarias que había un acuerdo [por el] que al día siguiente de las primarias iban a dimitir los portavoces y se iba a arreglar todo. Lo siento. Llevo 22 años militando en Madrid, y no me creo ya nada de la dirección de Madrid. Lo siento mucho. Para mí, a raíz de cómo se nos engañó a esta dirección federal, están deslegitimados". 

A la contra de Garzón y de sus dirigentes cercanos intervinieron los representantes de Madrid –Carlos Gutiérrez, Lidia Fernández y Pepa Merín–, varias federaciones e Izquierda Abierta, el partido de Gaspar Llamazares. Su coportavoz federal, Montse Muñoz, número dos de la candidatura autonómica, defendió el referéndum que IU-CM organizó el pasado 14 de marzo para saber la opinión de las bases en la capital sobre la confluencia en Ahora Madrid, que no contó con el amparo del equipo de Cayo Lara. La única pega que vio fue que los afiliados no pudieron disponer de toda la información, "porque no se tenía". 

"Estamos en un momento delicado y muy duro. La culpa la tenemos todos. Pero si hay un desastre que no nos podemos hacer es hacernos más daño a nosotros mismos". Muñoz recordó que quedan poco más de 50 días para el 24-M, y que hay que procurar tener el mejor resultado, porque el debate del día después, si es malo, no será quién tenía razón, sino que IU estará en "unas condiciones tan malas que la posibilidad de defender el proyecto se hace inviable". Y por eso reclamó a la riojana Henar Moreno la retirada de su propuesta de no reconocer la consulta de IU-CM para "intentar salvar los trastos", que luego quedará una asamblea extraordinaria por delante "en la que habrá mucho que debatir".

Los distintos audios, a los que tuvo acceso este diario, reflejan la tensión del ambiente. Se oyen constantes interrupciones cuando un orador está en la tribuna, gritos y protestas. 

Difícil interlocución

El resultado es el conocido: el secretario de Organización, Adolfo Barrena, a la luz del debate, propuso una resolución por la que la Presidencia Federal no daba su "respaldo" a la lista al Ayuntamiento de Madrid, encabezada por Raquel López y aprobada el viernes anterior por el Consejo Político Regional. Un resumen que fue contestado por varios representantes madrileños. 21 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones. Cayo Lara y Willy Meyer no votaron. 

IU-CM consideró "carente de legitimidad democrática" el texto aprobado por la Presidencia y dejó claro que todos sus candidatos, incluida Raquel López, comenzarían a hacer campaña esta semana. Y pese a que el federal instó a la creación de una mesa de diálogo con todas las partes en conflicto, no parece que se den aún las condiciones. IU-CM cree que Barrena ha perdido toda "capacidad de interlocución" por su actuación "partidaria" y, en todo caso, según fuentes de la dirección, pondrá requisitos antes de sentarse a hablar. Pero desencallar el conflicto no será ni mucho menos fácil. 

Giro imprevisto. Cuando parecía que la batalla de Izquierda Unida en Madrid iba a apagarse, se ha reavivado. Con un golpe encima de la mesa de la dirección de Cayo Lara, después de seis meses de extenuante guerra interna y a menos de ocho semanas de las elecciones del 24-M. La Presidencia Federal de IU, que componen cerca de 70 miembros, aprobó este domingo no dar "respaldo" a la candidatura municipal, encabezada por la edil Raquel López. Eso deja en el aire la lista al Ayuntamiento de la capital, que salió validada por los órganos regionales el viernes pasado. 

La reunión en Olimpo, la sede federal, se prolongó durante más de cinco horas. Y discurrió, como relataron varios dirigentes a la salida, de manera muy bronca y tensa. Una división que reflejó la votación: 21 votos a favor de la propuesta planteada por el secretario de Organización, Adolfo Barrena, 17 en contra y 4 abstenciones. Cayo Lara, con el fin de situarse "por encima del conflicto", según subrayaron fuentes de la dirección, prefirió no votar. 

El resultado de la Presidencia sorprendió porque no se pensaba que fuera tan lejos, toda vez que hasta ahora se había pronunciado de forma más prudente y conciliadora con IU-CM. Pero el debate se fue calentando durante la reunión. Y al final acabaron venciendo las tesis más duras del candidato a la Moncloa, Alberto Garzón, respaldado por varios dirigentes y barones territoriales. 

El texto aprobado por los pelos este domingo –si se suman los noes y las abstenciones, resulta un empate a 21– [consulta el documento aquí en PDF] reconoce, primero, que la "crisis que vive la federación de Madrid", fracturada desde hace meses, "es evidente" y tiene "repercusiones negativas en la propia IU-CM y en todo el conjunto de la organización", y "no ha sido superada", de modo que se ha llegado a la precampaña de las autonómicas y municipales con el conflicto "abierto". 

Y hace memoria: IU-CM "no ha dado cumplimiento a las resoluciones" de la Presidencia, por cuanto los portavoces en el Ayuntamiento y la Asamblea, Ángel Pérez y Gregorio Gordo, no han sido ni "expulsados", ni "cesados" ni se dio traslado siquiera a los grupos institucionales, pese a que IU federal les dio de baja como militantes. "Las continuas llamadas al entendimiento, así como el ofrecimiento de mediación por parte de la dirección federal, no han surtido efecto. Han sido continuos los desencuentros que han sido, y son públicos y la imagen ciudadana de Izquierda Unida se está deteriorando".

Valiente, ya en Ahora Madrid

La Presidencia denuncia que la batalla interna "ha provocado que quienes resultaron ganadores de los procesos de primarias" del pasado 30 de noviembre, Tania Sánchez (para el Gobierno regional) y Mauricio Valiente (para el Ayuntamiento), "están fuera de la organización", "más allá de que haya sido por decisión propia", y "no son quienes van a encabezar las listas electorales". Sánchez acabó marchándose en febrero con un grupo de seguidores, y su plataforma se integró en la lista autonómica de Podemos. Valiente, mientras, es candidato en las primarias de Ahora Madrid, el partido instrumental formado por Ganemos y Podemos para las municipales. 

Por este "desencuentro en la visión de la convergencia" se están poniendo "en peligro procesos y candidaturas" en diferentes localidades, lo que lleva a la Presidencia Federal, sigue el texto, a hacer "una llamada a resolver, desde el encuentro, estas situaciones". 

En el relato de la dirección de Lara se recuerda asimismo que el pasado febrero, en el Consejo Político Federal, se creó una comisión federal de seguimiento de los procesos de convergencia, con el fin de intentar mediar en el conflicto y salvar la candidatura de Valiente. La exigencia de aquella resolución era que los militantes se pronunciasen sobre la integración o no en Ahora Madrid. Pero no hubo acuerdo entre las partes. IU-CM organizó su consulta entre sus afiliados en la ciudad de Madrid, pero "no se realizó cumpliendo todas las condiciones fijadas" por el Consejo. Los de Valiente no participaron en él. 

"Confía" en que no haya "nuevas resoluciones"

El referéndum, que no contó con el aval del federal, dijo no a la incorporación en Ahora Madrid, así que IU-CM declaró "fuera de la organización" a quienes se inscribiesen en las primarias del partido instrumental y se puso a buscar nuevo candidato. Valiente no cedió y, para cumplir con el reglamento de las elecciones de Ahora Madrid, se dio de baja como militante de IU. El pasado viernes, el Consejo Político Regional (CPR) de IU-CM ratificó a la nueva cabeza de cartel: Raquel López, edil desde 2007 en el Ayuntamiento. Ella pertenece a la vieja guardia, el sector afín a Ángel Pérez, y fue la que quedó segunda en las primarias de noviembre. 

La dirección federal reclama al aparato regional "medidas efectivas para avanzar en la resolución del conflicto, y especialmente a la crisis y al deterioro de la imagen de la organización". 

La Presidencia, desde su "firme decisión de que el conflicto acabe, se resuelva el proceso electoral" y se fije el calendario hacia una asamblea extraordinaria de IU-CM, "hace una llamada al acuerdo y a la superación del problema" e insiste en su ofrecimiento de intermediación". Para ello, recoge la propuesta, planteada durante el debate por Ramón Luque, secretario de Acción Electoral, de crear una "mesa de diálogo" en la que se sienten las tres partes (IU federal, dirección regional y el sector crítico) para buscar juntos una salida. Y advierte al final la Presidencia de que "confía" en "no verse obligada a adoptar nuevas resoluciones". 

Centella vota 'sí'

Alberto Garzón y varios dirigentes y barones de su cuerda –como la riojana Henar Moreno y la gallega Yolanda Díaz– plantearon durante la reunión de la Presidencia que no podía reconocerse el referéndum de IU-CM puesto que no había participado el sector de Valiente y no había sido amparado por la dirección federal. Una postura de la que discrepaba radicalmente Madrid, cuya coordinación colegiada estaba representada por Carlos Gutiérrez, Julián Sánchez Urrea (hasta ahora, el número dos de la lista al Ayuntamiento) y Pepa Merín. En los primeros compases del debate, parecía que podría prosperar una vía intermedia: que se tirase de las orejas a IU-CM y no se validase expresamente la lista de Raquel López, con el fin de ganar algo de tiempo. Pero el debate se fue enconando. 

Barrena explicó a los medios que, a la luz de las numerosas intervenciones, planteó una propuesta bastante contundente, mucho más taxativa que otras anteriores. Y ese texto fue el que se sometió a votación, y ante el que Lara optó por no inclinarse hacia ningún lado. Sí lo respaldó el coordinador de la Presidencia y líder del PCE, José Luis Centella, uno de los principales avales de Garzón. Izquierda Abierta (IzAb), el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, que en este viaje apoya a la cúpula madrileña, denunció que se había "aprovechado" que se habían marchado varios dirigentes del órgano para ganar la votación. Según fuentes asistentes a la reunión, apoyaron a Barrena los dirigentes del PCE, Cataluña y Andalucía (Antonio Maíllo, su coordinador); en contra, Madrid, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León e Izquierda Abierta, y se abstuvieron dos responsables de Navarra, el representante de Melilla y Manuel Fuentes, secretario de Política Municipal de la ejecutiva y hombre muy cercano a Lara. El andaluz Willy Meyer no votó, como el coordinador federal.

Willy Meyer y la reflexión de una asamblea federal

Hay que tener en cuenta otro elemento del contexto: en la noche de este domingo se cierra la votación de las primarias de Ahora Madrid, en las que concurre Valiente como candidato a la Alcaldía. Algunos responsables comentaban en pasillos que también se quería ver la composición final de la candidatura que muy probablemente encabezará la exjueza Manuela Carmena, la apuesta de Podemos. Era una forma de ganar tiempo. Pero al final se aparcó la tibieza de otras veces y se optó por una solución rotunda. 

La cuestión de la confluencia y la relación con el partido de Pablo Iglesias están generando auténticos estragos dentro de IU, que afronta un ciclo electoral con perspectivas más que sombrías, como se vio en las andaluzas del 22-M. Tanto que está alcanzando al liderazgo de Cayo Lara. Un dirigente tan próximo a él como el exeurodiputado Willy Meyer comentó en la Presidencia que el grado de desencuentro es tal que lo lógico es ventilar el debate en una asamblea federal extraordinaria, aunque ahora no podría celebrarse por la proximidad de las municipales y autonómicas. Más vehemente fue la gallega Yolanda Díaz, que manifestó su malestar con una dirección que, a su juicio, no controla, no tutela, no dirige, lo que exigiría un cónclave antes de tiempo. La siguiente asamblea ordinaria está prevista para finales de 2016.

IzAb denuncia la "voladura controlada de IU por el PCE"

El manotazo sobre la mesa, sin embargo, no implica que sea acatado de forma automática. Barrena insistió en que la mesa de diálogo ha de crearse "lo antes posible", de manera "urgente", porque para el 20 de abril todas las candidaturas han de estar registradas en la Junta Electoral Central. Pero no será fácil reconducir la situación, a la vista de la respuesta de IU-CM que se produjo apenas dos horas después: la decisión de la Presidencia, dijo, "carece de legitimidad democrática" y no hay razón ni "política ni estatutaria" para cuestionar a Raquel López. No se dio por enterada: empezará a hacer "campaña" ya en la Comunidad "y en todos los ayuntamientos". 

Los representantes madrileños que acudieron a la Presidencia pidieron la palabra después de que Barrena presentase la propuesta "y se les negó", según fuentes de la cúpula regional. Dirigentes como Lidia Fernández, secretaria de Comunicación de IU-CM le apuntaron como responsable del "suicidio político" en una plaza clave como Madrid. 

Quien también lanzó su respuesta fue Izquierda Abierta, cuya coportavoz federal, Montse Muñoz, es la número dos de la candidatura autonómica que lidera Luis García Montero. En un comunicado, denunció "la voladura controlada de IU por una parte del PCE, acomplejada por Podemos", un "golpe de Estado", directamente. La dirección comunista (o sea, Centella), "se siente incapaz de competir ni en lo político y externo" con el partido de Pablo Iglesias, "ni en lo orgánico e interno con las posiciones constructivas de la pluralidad, o de las minorías, como tampoco de reconocer el resultado de votaciones anteriores". IzAb adelantó que "medita su salida de los órganos electorales de IU, como la Comisión Electoral Federal o la Comisión Federal de Convergencia" y convocará con carácter extraordinario sus órganos políticos".

Además de la propuesta de Barrena, la presidencia votó el informe político de Lara (salió adelante por 37 votos a favor, uno en contra y una abstención) y el presupuesto para el 24-M (40 a favor, ninguno en contra y 1 abstención). 

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, pidió explicaciones al número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, por el cobro de 425.000 euros por contratos de asesoría con gobiernos latinoamericanos, pese a tener un contrato de dedicación exclusiva con la universidad, y afirmó que el exeurodiputado Willy Meyer "dimitió por menos".

Lara aludió así al que fue cabeza de listas de IU en las elecciones europeas Willy Meyer que renunció a su escaño por la polémica creada por su participación en un fondo voluntario de pensiones del Parlamento Europeo, formalizado a través de una sicav en Luxemburgo, caso que destapó infoLibre.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Lara señaló que "no se puede predicar una cosa y hacer la contraria" porque eso "significa que se pierde la coherencia". "Estamos hablando de un representante de una administración pública, que trabajaba en ella, y la vara de medir tiene que ser igual para todos en ética, en política y en honestad pública", dijo.

No asistirá a la marcha de Podemos 

Por otro lado, el coordinador federal de IU confirmó que no asistirá a la marcha convocada por Podemos el próximo sábado 31 de enero en la Puerta del Sol, puntualizando que ha estado "en centenares de manifestaciones", "en todas las mareas". Así, remarcó que su formación estará en las movilizaciones en las que se cuente con todo el mundo y el método para organizarlas no sea el de "yo convoco y quien quiera que venga". No obstante, aseguró que respeta "profundamente" a los militantes que acudan, apostillando que "eso queda en la conciencia de cada uno".

Preguntado por la posibilidad de pactos electorales con Podemos, Lara recordó que su formación está dispuesta a coaliciones porque es una figura que su partido tiene aprobada, pero si "se respetan las identidades de todos los actores y se converge en el programa". "En el Parlamento nosotros estamos dentro de la Izquierda Plural. Nadie ha perdido su identidad y estamos en torno a un proyecto común y esto parece razonable, nadie pierde su identidad porque todo el mundo la quiere tener y nos ponemos de acuerdo en el programa porque es lo que les interesa a los ciudadanos, qué es lo que se va a hacer el día después de las elecciones", explicó.

No hacer juicios de valor sobre Tania Sánchez

Lara no quiso hacer "juicios de valor anticipados" sobre si Tania Sánchez tiene que dejar su candidatura en IU-CM a la Comunidad de Madrid tras la polémica surgida por las adjudicaciones a la cooperativa de su hermano en el Ayuntamiento de Rivas. Así, explicó que cuando la Justicia dé su veredicto "la dirección federal se pronunciará". Preguntado por la situación de IU Madrid, el coordinador federal reconoció que es evidente que hay problemas, pero que el incendio, "sea mayor o menor", "se apaga si hay voluntades".

Por otro lado, explicó que no se presentó como candidato en las primarias de IU porque "entendía que era el momento de que otras caras aparecieran en primera línea para la presidencia". "Ha sido un gesto de que algunos no nos pegamos a los sillones", subrayó. Además, negó que exista riesgo en la bicefalia entre el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, y él mismo porque van a "trabajar en sintonía". En este sentido, dijo que Garzón es como si fuese su "hijo", por la edad, y que es un "buen chaval", que tiene "mucha cabeza" y "una persona de presente y de futuro que dará mucho que hablar".

Susana Díaz "no puede tomar el pelo" a la gente

Lara avisó además a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que "no se puede tomar el pelo" a la gente, en referencia al adelanto electoral en la comunidad en la que PSOE e IU han gobernado tres años en coalición, y que eso se "castiga en las urnas".

Lara recalcó que no existen "causas objetivas en función del interés de Andalucía" en la decisión de Díaz y aseguró que se trata de una "irresponsabilidad" por sus "ambiciones electoralistas de otro nivel", convencido de que esas aspiraciones están "en su cabeza".

Lara afirmó que su formación es "responsable" y que han cumplido con lo que firmaron en el pacto de Gobierno andaluz, dando "estabilidad". "Quien lo ha desestabilizado ha sido Susana Díaz en función de sus propios intereses electoralistas", dijo. En este sentido, acusó a la presidenta de la Junta de pasarse "por el forro" las leyes que estaban en el acuerdo de la coalición de izquierdas, entre el PSOE e IU.

Preguntado por si recomendaría a IU volver a pactar con el PSOE andaluz tras las elecciones de marzo, Lara subrayó que eso lo elegirán los ciudadanos porque son quienes "deciden cómo se tienen que conformar los Gobiernos" con sus votos. De esta manera, opina que, tras el paso de la ciudadanía por las urnas, se pactará en "función de la aplicación de los programas".

"Nosotros pusimos en un documento 30 leyes y 256 medidas y quien lo vulnera es el PSOE. Tomamos nota y esperaremos a la siguiente elección a ver a quién le da más poder el pueblo andaluz", apostilló.

La coalición electoral Izquierda Plural, liderada por IU, acabó las elecciones europeas de mayo de 2014 con una deuda de casi 350.000 euros con sus proveedores, más otros 1.500 euros con Hacienda, lo que acabará implicando un incumplimiento de la Ley Electoral (LOREG). En la misma situación se encuentra la alianza Primavera Europea que encabezaron Compromís y Equo, en su caso por más de 370.000 euros.

Así se recoge en el informe de fiscalización de los gastos de los partidos en las últimas elecciones europeas que el Tribunal de Cuentas acaba de remitir a las Cortes, ya disponible en la web de la institución y que te puedes descargar aquí en PDF.

Izquierda Plural, que sumó a partidos como IU, ICV, Confederación Los Verdes, Anova y Batzarre, que encabezó Willy Meyer y que logró seis escaños en el Parlamento Europeo (un 10,03% de los votos), remitió al órgano fiscalizador un resumen de sus cuentas electorales en el que declaraba 5,4 millones de recursos, la mayoría por operaciones de endeudamiento.

En su informe, el Tribunal de Cuentas indica que la coalición, una vez concluido el proceso electoral, tenía una deuda de 349.116,30 euros con proveedores pero ya no contaba con fondos en las cuentas bancarias creadas específicamente para este proceso electoral, como establece la legislación.

Esto hace que, según señala el órgano fiscalizador, la coalición tenga que pagar estas deudas recurriendo a sus cuentas ordinarias o aportando nuevos fondos a las cuentas creadas para las elecciones. Ambas opciones incumplirían diferentes artículos de la LOREG.

Además, a pesar de haber abierto estas cuentas bancarias específicas para el proceso electoral, pagó 34.877,68 euros en dinero en efectivo, incumpliendo de nuevo la ley electoral. También pagó en efectivo una factura de 3.950 euros cuyo importe además fraccionó en varios pagos, no respetando en este caso la ley sobre prevención del fraude fiscal. Además, el Tribunal de Cuentas avisa a Izquierda Plural de que no puede financiar como subvención electoral más de 28.000 euros correspondientes a encuestas electorales y estudios sociológicos.

Pese a todas estas deficiencias, en su informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas decide no proponer ninguna reducción de la subvención electoral que corresponde a la coalición en función de los seis escaños obtenidos.

Deudas de Primavera Europea y Coalición por Europa

También finalizó el proceso electoral con deudas la coalición Primavera Europea, en su caso por 372.000 euros, lo que también llevará a la alianza de Compromís, Equo y CHA a tener que incumplir la ley electoral. 

El informe del Tribunal de Cuentas revela que Primavera Europea, lista que lideró Jordi Sebastià, también tiene pendientes de pago sueldos y salarios por casi 14.500 euros, deudas con Hacienda por 3.900 euros y con la Seguridad Social por 7.350 euros. Mientras, en sus cuentas bancarias electorales sólo tenía disponibles poco más de 3.600 euros.

El órgano fiscalizador también apreció problemas de tesorería en Coalición por Europa, la alianza de CiU, PNV y Coalición Canaria que capitaneó Ramon Tremosa. Según señala, su tesorería disponible (23.000 euros) era inferior a la deuda con proveedores (28.300 euros), aunque fue subsanado por la propia CiU, que aportó 20.000 euros aunque incumpliendo los plazos para el pago de los gastos electorales.

"Sigue habiendo más de 400 eurodiputados con fondos de pensiones en una sicav". Fue la denuncia que hizo hace unos días el coordinador general de IU, Cayo Lara, en referencia a la información que publicó a este respecto infoLibre en junio. Y es que, de los más de 100 parlamentarios y exparlamentarios españoles que en algún momento figuraron en la sociedad que gestionaba el fondo en Luxemburgo, sólo cinco se han dado de baja o han pedido hacerlo en los últimos meses.

Hace cinco meses, este diario publicó que cientos de eurodiputados y antiguos parlamentarios europeos –entre ellos más de 110 españoles– participaban o lo habían hecho en algún momento –varios se dieron de baja hace años– en un fondo de pensiones gestionado a través de una sicav luxemburguesa, una sociedad con una tributación de sólo el 0,01% de sus activos netos. Precisamente esos activos, al cierre del ejercicio 2012, ascendían a 164,7 millones de euros. Pero no todos habían salido de las aportaciones de los eurodiputados. Solo entre 2000 y 2009, el Parlamento Europeo puso casi 100 millones de euros públicos: dos por cada uno que ingresaban los parlamentarios.

La aparición de esta información provocó la dimisión como eurodiputado del recién reelegido Willy Meyer, cabeza de lista de IU. Pero otros nombres muy destacados también estaban incluidos en la relación. Del PP eran 43 los miembros, entre los que destacaban Ana Mato, Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete, ministros todos ellos durante esta legislatura. Los dos primeros fueron eurodiputados entre 2004 y 2008, cuando abandonaron la asociación. Por contra Cañete, ahora comisario de Cambio Climático y Energía y eurodiputado también entre 1986 y 1999, ha continuado en el listado e incluso administró la sicav en 1996.

Eran los socialistas, no obstante, los que más representantes tenían en la lista de miembros o exmiembros del fondo: hasta 49. Y entre ellos también había nombres ilustres: la eurodiputada Elena Valenciano, que encabezó las listas del PSOE en los pasados comicios europeos, Soraya Rodríguez, exportavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y europarlamentaria entre 1999 y 2004, o Joan Calabuig, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia y que fue eurodiputado entre 2004 y 2008.

Los eurodiputados alegan desconocimiento

De todos los eurodiputados y exeurodiputados españoles que seguían inscritos en el fondo, sólo cinco de ellos han pedido abandonarlo tras las revelaciones de infoLibre. Además del propio Willy Meyer (IU), lo han hecho cuatro políticos socialistas: Elena Valenciano, Soraya Rodríguez, Joan Calabuig e Inés Ayala. Los tres primeros, de hecho, ya anunciaron en su día que iban a darse de baja, y en algunos de los casos alegaron desconocer que el fondo lo gestionaba una sicav.

Ese es precisamente el argumento que ofrecen Valenciano y Ayala en la carta que enviaron al Parlamento Europeo el 25 de junio para desligarse de esta sociedad. "Quiero solicitar mi baja en el Fondo de Pensión Complementaria en el Parlamento Europeo, al haber tenido constancia de que la fórmula escogida por la entidad gestora para este sistema es una sociedad de inversión de capital variable con sede en Luxemburgo", pide la misiva de Valenciano, una carta que también señala que, si la eurodiputada suscribió el fondo en 1999 fue, "como muchos otros colegas", por la ausencia de "un régimen de cotización común ni ningún régimen de pensiones común".

Este argumento también fue el que utilizó el Parlamento Europeo en un comunicado publicado tras destaparse el funcionamiento del fondo, del que dijeron que estuvo abierto hasta el año 2009, cuando entró en vigor el nuevo estatuto del eurodiputado que supuso que salarios y prestaciones sociales –y por tanto, también las pensiones– de los miembros de la cámara comunitaria pasaran a depender de las instituciones europeas. "Desde ese instante cesan las aportaciones al fondo, así como la incorporación de nuevos eurodiputados al mismo", señalaba la nota.

Rodríguez espera la liquidación y Calabuig no ha recibido respuesta

Soraya Rodríguez, por su parte, también motiva su carta –fechada el pasado 30 de junio– en el desconocimiento de que el fondo estaba gestionado por una sicav, si bien asegura que "desde hace diez años no tenía una vinculación consciente" con el mismo, por lo que durante ese tiempo no ha realizado "ninguna aportación". La exeurodiputada, en declaraciones a infoLibre, explica que en octubre el Parlamento le ingresó 46.500 euros en concepto de liquidación a su nombre pero en una cuenta errónea, por lo que ha tenido que enviar otra carta a la Eurocámara para corregir estos datos, recibir el dinero y desvincularse completamente.

Según explica una portavoz del PSOE en Bruselas, tanto Valenciano como Ayala pidieron presencialmente su baja del fondo con posterioridad a haber enviado la carta y ya no están vinculadas al mismo. Estas fuentes no han podido aportar documentación que acredite esta baja definitiva porque aseguran que las eurodiputadas no recibieron ningún escrito al desvincularse del fondo, si bien apostillan que Ayala sí ha solicitado y está a la espera de recibir un documento que sustente su renuncia. Calabuig, por su parte, señala que la carta que envió a finales de junio al Parlamento Europeo aún no ha recibido respuesta.

La eurodiputada valenciana de Izquierda Unida Marina Albiol sustituirá a veterano Willy Meyer como portavoz de la delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo, que cuenta con cinco escaños y está adscrita al grupo político de la Izquierda Unitaria Europea. El sexto escaño conseguido en los comicios del 25-M es el de Ernest Urtasun, de ICV, que se sumó al grupo de Los Verdes. 

La propuesta se trasladará a los órganos competentes de Izquierda Unida, según informó la federación en un comunicado en el que anuncia dicha sustitución.

Albiol apostó por "llevar a cabo un trabajo colectivo, que permita a aprovechar la enorme valía de cada uno y orientar el trabajo diario a través de la elaboración colectiva" tras destacar "el compromiso, la experiencia y dedicación" de los cinco eurodiputados que integran la delegación de la Izquierda Plural (IU-ICV-Anova).

Presiones para que Meyer dimitiera

Meyer dimitió recientemente de su escaño en la Eurocámara tras haber participado en un fondo de pensiones del Parlamento Europeo formalizado a través de una sicav, una noticia destapada por infoLibre. Meyer aseguró desconocer ese hecho, pero consideró que debía marcharse "por coherencia" con su discurso y el de IU y para no dañar a su organización. Lo cierto es que las presiones para que diera ese paso, desde dentro de la federación, fueron muchas. Su vacante fue cubierta por el activista Javier Couso.

Se esperaba que fuera Albiol quien reemplazase a Meyer en la portavocía de la delegación, aunque también se puso sobre la mesa el nombre de quien concurrió como número dos de la lista, Paloma López, exdirigente de CCOO.

Este martes el CIS ha hecho pública su encuesta postelectoral de las europeas [consúltala aquí en PDF], un sondeo realizado a partir de 2.464 entrevistas, entre el 29 de mayo y el 16 de junio, cuando aún estaban calientes los efectos de los comicios. En el estudio se demuestra la pujanza de Podemos en varias preguntas. La más llamativa es la valoración de la campaña. Un 33,6% considera que hizo una buena o muy buena campaña. Puede sonar a poco, pero esa misma calificación es mucho más baja para el resto de formaciones. Así, el 9,9% juzga como buena o muy buena la campaña del PP, un 7,1% la considera así la del PSOE, un 9,2% la de UPyD y un 11,6% la de Izquierda Plural (suma de IU, ICV y Anova). La diferencia, por tanto, es muy notable. Por añadidura, un 47,7% tacha de mala o muy mala la campaña del PP, por un 45,5% que desaprueba la del PSOE y un 25,3% la de Podemos. 

Lo mismo ocurre cuando se pregunta a los ciudadanos cuál es su opinión de la campaña de los aspirantes. Un 30,9% aprueba la de Iglesias. El resto cosecha peores porcentajes. Así, un 9,4% ve bien la campaña de Miguel Arias Cañete, el número uno del PP, y un 7,1% aplaude la de Elena Valenciano, cabeza de lista del PSOE. Willy Meyer, el candidato de IU, queda aún peor: sólo un 5,5% de los encuestados juzga como buena o muy buena su campaña. El 3,2% respalda, por su parte, la de Francisco Sosa Wagner, el elegido de UPyD. A un 44% no le gustó nada la campaña de Cañete, a otro 38,2% no le convenció la de Valenciano, al 17,4% le pareció mal o muy mal la de Meyer y a un 13,2% le disgustó la de Iglesias. 

El 20,6% de los españoles considera que el tema más debatido por partidos y candidatos en la campaña de las europeas fue la economía (20,6%), seguido, de lejos, por el paro (7,1%) y por el machismo (4,7%), cifra esta última que se debe a la polémica por las declaraciones de Cañete y la ofensiva que siguió el PSOE contra él y el PP. A los encuestados se les pregunta qué formaciones son las que tienen una posición más cercana a la suya en esos asuntos. El 16% menciona al PP en primer lugar. Y un 15,8% cita a Podemos, por delante del PSOE (14,3%) y de IU (5,8%). 

El potencial de voto

El 19,6%, según el CIS, dudó qué votar el 25-M. De entre ellos, un 9,8% vaciló entre Izquierda Plural y Podemos, otro 5,8% se debatió entre PSOE y Podemos, un 5,6% entre PP y PSOE, otro 5,2% entre el PP y la abstención y otro 5,2% entre el PSOE e Izquierda Plural. Apenas el 3,1% no tenía claro si elegir a la formación de Iglesias o a UPyD. Ello manifiesta el empuje de Podemos entre los electores de IU y PSOE.

El estudio da algunos porcentajes relativos a la participación. Un 29,9% declara que no quiso ir a votar el 25-M, y otro 6,8% que no pudo. Una cifra muy baja si se compara con la abstención real registrada, 56,19%. Pues bien, dentro de ese 29,9%, un 18,9% cuenta que nunca acude a las urnas. En torno a un 20% se confiesa harto de la política o considera que las elecciones no sirven para nada. Ahí está el volumen de desencanto. 

El CIS pregunta a continuación a los que no fueron a votar por quién habrían apostado. Un 15,1% dice que lo habría hecho por el PP, un 19,9% por el PSOE y un 7,2% por Podemos. Sólo un 4,2% habría optado por IU. Las cifras dan buena cuenta del potencial de voto de cada formación. 

Desplome de UPyD

Muy revelador resulta el recuerdo de voto. Al PP le eligió el 26,09%, pero sólo dice haberlo votado un 18,5% (la diferencia es de 7,59 puntos). El PSOE convenció al 23,01%, y en cambio sólo recuerda haberlo votado el 18,3% (-4,71 puntos). IU recibió el 10,03% de los sufragios, cosa que rememora el 8,8% (-1,23). UPyD se quedó con el 6,51% de las papeletas, y confiesa haberlo elegido el 4,8% (-1,71). Con Podemos sucede lo contrario. Fue la opción del 7,98% de los electores, y en cambio recuerda haberlo votado más gente, el 12,7% (+4,72 puntos). El parámetro de recuerdo de voto funciona en ocasiones como un anticipo de lo que se votará después.

Otro indicador de la buena acogida de la formación de Iglesias es la simpatía. Un 25,1% se siente cercano al PP y, casi en el mismo porcentaje (24,4%) se confiesa próximo al PSOE. Pero la tercera fuerza en volumen de simpatizantes es Podemos (14,6%), por delante de IU (11%). Es muy significativo el desplome de UPyD. Tan sólo un 2,8% dice sentirse en sintonía con el partido magenta. 

Un 21% ubica al PSOE en el centroderecha y derecha

La mayoría de los ciudadanos (58%) se reafirma en su opción el 25-M y un 40,5% valora "más bien positivamente" los resultados de las europeas, unos comicios en los que el bipartidismo sufrió un enorme varapalo (PP y PSOE sumaron un 49,1%), el espectro político se fragmentó y la izquierda en su conjunto creció. 

También resulta llamativa la ubicación ideológica. En una escala del 1 al 10 –el 1 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha–, los ciudadanos sitúan al PP muy escorado: lo colocan en el 8,22. Al PSOE, en el 4,67. A IU, en el 2,67 y, más a la izquierda, Podemos, en el 2,46. Es destacable que el 39% de los ciudadanos sitúan a partido de Rajoy en el 9-10 de la regla, y otro 20,6% emplazan a los socialistas en el centroderecha o derecha (posiciones 6 a 10). 

La encuesta aborda asimismo la campaña y los factores de decisión del voto. Así, un 30% siguió con mucho o bastante interés la campaña de las europeas. Un 43,5% dice haber visto por televisión alguno de los debates entre candidatos. Un 16% comentaba los comicios del 25-M "habitualmente" en casa y con la familia y otro 13,4% con los amigos. Un 39,8% cuenta que recibió información por cualquier medio (correo postal o electrónico, por teléfono o en persona) donde se le pedía el voto. Un exiguo 10,6% reconoce no haber remitido a ningún amigo o conocido algún mensaje o WhatsApp relacionado con las europeas, pero un 15,5% señala que sí lo recibió. Hasta un 11,5% confiesa que esos mensajes los tuvo muy en cuenta. ¿Para qué? Un 39,5% señala que, sobre todo, le animaron a ir a votar.

¿Cuándo se decidió el voto? Un 60,9% lo tenía decidido antes del inicio de la campaña, un 8,8% lo decidió al comienzo de la misma, un 17,1% unos días antes de los comicios y hasta un 12,7% lo decidió el mismo 25-M. 

La Sexta, la preferida para el 17,2%

El CIS interroga por el seguimiento de las elecciones en los medios de comunicación. Un 59,9% no sigue "nunca o casi nunca" la información política y electoral a través de los periódicos de información general (sea en papel o en la web). ¿Y qué diarios se consultan? Un 20,6 responde que El País –el primero de la lista–, un 10,2% El Mundo y un 2,8% el ABC. En el listado aparecen sólo rotativos en papel. Por eso llama la atención que un 1,5% conteste Público, que desde febrero de 2012 sólo subsiste en la web. 

La televisión sigue siendo el medio estrella. Un 42,1% se informa de las noticias políticas a través de ella, "todos o casi todos los días". La cadena preferida es La 1 de TVE para el 27,9%La 1 de TVE, seguida de Antena 3 (18%). La Sexta ocupa la tercera plaza –es la favorita para el 17,2%–, bastante por delante de Telecinco (12,3%) o Cuatro, que sólo es una referencia para el 4,4% de los ciudadanos. 

Un 13,3% sigue la actualidad política o electoral por la radio prácticamente a diario. La Ser es la cadena reina para el 33,3%. Bastante alejadas, Onda Cero (16,8%) y Radio Nacional (12,4%). 

La inmensa mayoría, un 79,7% se conecta "todos o casi todos los días" a Internet. Y un porcentaje similar, un 70,4% tiene en cuenta Facebook, por un 28,1% que se inclina por Twitter. Un 37% siguió la campaña a través de páginas web de medios de comunicación, por un 23,1% que lo hizo a través de las redes sociales. 

Posiciones hacia la UE

Un último bloque lo ocupan las opiniones sobre la Unión Europea. En una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que la UE no tiene ninguna responsabilidad sobre la situación económica de España y el 10 toda, los encuestados se sitúan en el 7,53. Es decir, que es vista como la culpable de los males de España. 

Sólo un 7,2% se siente "sobre todo ciudadano europeo", por un 55,3% que se identifica como español y un 28,3% que se etiqueta como europeo y español. 

A la hora de decidir su voto, un 62,9% tuvo más en cuenta los temas relacionados con la situación política española, y a sólo un 9,9% le influyeron los asuntos vinculados con la UE y el Parlamento Europeo. Además, el 75,2% de los consultados cree que los eurodiputados españoles deben representar los intereses del país, con independencia del partido al que pertenezcan. El 43,5% considera que "lo normal" es votar a la misma formación en las europeas y en las generales. Otro 39% juzga que puede ser "conveniente" apostar por partidos distintos en ambas convocatorias. 

En España, el fondo voluntario de pensiones de Luxemburgo no tiene parangónLuxemburgo . Hasta enero de 2012, el Congreso y el Senado hicieron aportaciones a un fondo privado de pensiones para parlamentarios creado en el verano de 2007, pero esas aportaciones se limitaron al 10% mensual de la llamada asignación constitucional (el salario base de un diputado o senador), es decir, unos 280 euros.

Al fondo de los eurodiputados, y según datos oficiales de 2007, la Eurocámara aportaba una cifra que multiplica por ocho la del Congreso: 2.236 euros al mes por cada miembro cuyo fondo de pensiones voluntario sigue gestionando la sicav de Luxemburgo. Este saco de las pensiones voluntarias tiene necesariamente suelo y fondo. Pero, de momento, el Parlamento da tratamiento de secreto de Estado al asunto de cuánto dinero público ha destinado en total a esa iniciativa, voluntaria y adicional, como la definen los documentos oficiales.

Aportaciones congeladas

También los funcionarios españoles tienen un fondo privado de pensiones. En 2011, el Gobierno congeló sus aportaciones por la crisis. Hasta entonces, equivalían al 0,5% de la masa salarial.

En el caso de Estrasburgo, y tomando como fuente la información oficial del Parlamento sobre el ejercicio 2006, la institución aportaba en esas fechas 2.236 euros al mes por cada eurodiputado adscrito al fondo. Según el diario Expansión, hasta la entrada en vigor del sistema único de retribuciones en 2009, cada eurodiputado recibía los siguientes ingresos: el sueldo que le pagaba la administración de su país –en el caso español, en torno a 2.800 euros, que era el salario base establecido para un diputado al Congreso-; dietas de alojamiento y manutención por 287 euros al día (7.462 euros si se computan 26 días de trabajo por mes), más dietas de 4.052 euros por mes para gastos generales (oficina, teléfono, correos, equipos informáticos, etc.).

Una aportación al fondo que equivalía casi al 20% de los emolumentos

Si se tienen en cuenta solo esos 11.514 euros abonados por el Parlamento Europeo –por gastos de manutención y alojamiento y gastos generales-, la conclusión es la siguiente: la institución aportaba al fondo “voluntario” de pensiones de Luxemburgo un porcentaje equivalente al 19,4% de los emolumentos públicos percibidos por cada eurodiputado.

Los 2.236 euros que la Cámara desembolsaba por cada diputado equivalían a dos tercios de los ingresos totales que el fondo debía recibir al mes por cada uno de sus miembros. Pero, en realidad, el porcentaje de aportación pública al fondo era mayor: porque el otro tercio ni siquiera salía del bolsillo del eurodiputado sino de las dietaslas dietas para gastos generales. Varios documentos del Parlamento Europeo muestran la preocupación de la Cámara por que se garantizase el reembolso de esas dietas.

Pero las diferencias entre el fondo de los eurodiputados, el del Congreso y el de los funcionarios no se limitan al abismo de aportación de dinero público que media entre el primero y los otros dos.

En los últimos días, analistas económicos y medios tradicionalmente críticos con la figura de la sicav como refugio fiscal de grandes fortunas han puesto el acento en subrayar que todos los fondos invierten en sicav. Y en que Luxemburgo, por supuesto, es un país honorable y ajeno a los usos y costumbres de los paraísos fiscales.

No comparte información

Pero Luxemburgo es, junto con Austria, el único país de la UE que todavía no comparte con sus socios información sobre cuentas, fondos de pensiones y otros productos bancarios mantenidos por ciudadanos de otros países de la Unión. A esa seña de identidad, ampliamente conocida por expertos en ingeniería tributaria, se une otra igualmente típica de los territorios offshore: una bajísima tributación con la que difícilmente pueden competir los restantes países de la UE. Si se cumple la directiva aprobada en marzo, tanto Luxemburgo como Austria terminarán con el secreto bancario a lo largo de 2015.

Pero, además, no se trata de que el fondo de Luxemburgo invirtiese en una sicav como podría haberlo hecho el fondo de pensiones de los funcionarios. O el de los diputados al Congreso, gestionado por el BBVA por encargo directo de la Cámara. La diferencia sustancial estriba en que la sicav de Luxemburgo tiene un solo y único propietariosicav de Luxemburgo: la asociación sin ánimo de lucro formada por los europarlamentarios que pertenecen al fondo.

Es decir, la sicav vehiculaba todas las inversiones del fondo por decisión de su asamblea y su consejo de administración. Ambas entidades, la asociación y la sicav, comparten nombre: Fonds de Pension-Députés au Parlement Européen. La asociación va acompañada de las siglas asbl (que en francés significa asociación sin ánimo de lucro) y la sicav lleva, claro, el sufijo sicav.

En Luxemburgo, las sicav como la europarlamentaria, que pertenece a la categoría FIS (Fondos de Inversión Especializados), solo pagan un impuesto. Y ese impuesto equivale al 0,01% de sus activos netos. En la primavera de 2013, el Parlamento difundió un documento titulado “Comentarios sobre el balance 2012”.

La Nota J de ese documento dice lo siguiente en su tercer párrafo: “Existe no obstante una obligación general para el Parlamento Europeo de garantizar el pagoParlamento Europeo de esas pensiones a los beneficiarios aun en el caso de que los haberes del Fondo de Pensiones no lo permitieran en el futuro”. El documento puede consultarse aquí (en francés).

Paulo Casaca, eurodiputado socialista portugués hasta 2009, fue el autor del informe que aprobó el pleno del Parlamento Europeo el 23 de abril de ese año y cuyas conclusiones incluyen una negativa tajante a que la institución garantice con dinero público el pago de las pensiones “adicionales y voluntarias” establecidas para los eurodiputados del fondo voluntario de Luxemburgo cuyas inversiones gestiona una sicav. El martes, infoLibre contactó con Casaca para recabar su opinión tras la polémica generada a raíz de las informaciones de este diario sobre la existencia del fondo y de la sicav de su propiedad, creada en 1994 para gestionar las inversiones y que en Luxemburgo solo tributa el equivalente al 0,01% de sus activos netos.

Cuando Casaca supo que, pese al acuerdo adoptado por el Parlamento y que validó las conclusiones de su informe, la Mesa de la institución decidió garantizar con dinero público el pago de esas pensiones si el fondo de Luxemburgo no pudiera hacerlo por sí mismo, Casaca se pronunció con dureza. Tras una conversación telefónica, el exeurodiputado y ahora directivo del laboratorio de ideas South Asia Democratic Forum, Casaca envió un email a este diario donde sostiene que el Parlamento se ha guiado por la misma filosofía que explica por qué son los ciudadanos quienes hoy viven el “drama” de pagar “los excesos financieros del sistema bancario”.

El informe elaborado por Casaca, cuyas conclusiones quedaron incorporadas al paquete de aprobación de las cuentas de 2007 y pueden consultarse en el punto 105 de la resolución, dice lo siguiente: el Parlamento "toma nota de la intención de negociar un convenio entre el Parlamento y el fondo [de pensiones de Luxemburgo]; señala que en la actual situación económica en ninguna circunstancia proporcionará el Parlamento dinero suplementario procedente del presupuesto para cubrir el déficit financiero, como hizo en el pasado, y que, para garantizar los derechos de pensión, el Parlamento debería ejercer plenamente el control del fondo y de sus políticas de inversión".

Incorporado al Balance 2012. Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera, el compromiso de pago de la institución figura bajo el siguiente epígrafe "Comentarios sobre el balance a 31 de diciembre de 2012", exactamente en la Nota J del documento.

El texto puede leerse directamente aquí, pero en francés, dado que este diario no ha logrado localizar la versión española. Y dice así:  "Una asociación sin ánimo de lucro fue constituida en virtud del derecho luxemburgués, la [denominada] Fonds de Pension-Députés au Parlement Européen [...], donde todas las contribuciones son invertidas para asegurar el pago de pensiones complementarias. Existe no obstante una obligación general para el Parlamento Europeo de garantizar el pago de esas pensiones a los beneficiarios en el caso de que los haberes del Fondo de Pensiones no lo permitieran en el futuro".

"El público –replica Casaca– no tiene nada que ver con la gestión del fondo y no puede ser responsabilizado en consecuencia por algo sobre lo que no tiene ninguna responsabilidad", añade Casaca en castellano aludiendo a cómo si el Parlamento paga –más aún– para cubrir el déficit eso será tanto como cargar sobre los ciudadanos el peso económico de un error ajeno. Y privado.

Déficit por "operaciones especulativas"

Desde 1990 y hasta 2009, cuando se estableció un sistema único de retribuciones y sistemas de previsión, el Parlamento garantizó cada año dos tercios de los ingresos del fondo de pensiones, cuyos integrantes ya tenían garantizada una jubilación en su país gracias a las cotizaciones públicas. Sólo entre 2000 y 2009 y según datos del Registro Mercantil de Luxemburgo, la Eurocámara desembolsó 95 millones de euros. Estrasburgo se ha negado a facilitar la cuantía total de gasto público destinado al fondo.

En diciembre de 2012, el fondo de pensiones de la sicav de Luxemburgo registraba 222,7 millones de déficit actuarial. Es decir, esa era la diferencia entre sus activos o bienes y sus obligaciones totales de pago, con independencia de la fecha de vencimiento.

Casaca, que “nunca” quiso participar en el fondo y que observaba su gestión como “poco transparente, nublosa”, sostiene que el advenimiento de la crisis destapó los agujeros contables del fondo. “Fue cuando se vio que el fondo estaba implicadísimo en operaciones especulativas y que había perdido muchísimo dinero”. Y entonces, añade, “se quería que el Parlamento pagase la diferencia, pero yo no estaba de acuerdo”. Aquello, conviene, era “un privilegio”.

“La gente –argumenta Casaca en castellano– no tolera que se haga justicia en causa propia”. ¿En beneficio propio? “Exacto. Es como si yo digo que a mí me asiste una razón muy poderosa para tener esto o aquello, pero nadie lo va a comprender porque el obrero dirá que también él cree que tiene una razón muy poderosa para cobrar el doble del salario y sin embargo no puede decidir por sí mismo en su favor. Ese es el principio: no podemos juzgar, o decidir, en beneficio propio”.

Luxemburgo: bajísima tributación y secreto bancario

De los 1.113 miembros del fondo contabilizados por el Parlamento en 2008, 100 son españoles de siglas y colores diferentes. Allí compartían intereses desde Willy Meyer –exjefe de la delegación europea de IU que dimitió dos días después de infoLibre desvelase la existencia del fondo y la sicav de su propiedad– a Miguel Arias Cañete y Cristóbal Montoro, del PP, pasando por la líder de UPyD, Rosa Díez, o los socialistas Elena Valenciano y Soraya Rodríguez –ambas han causado baja en el fondo–, Josep Borrell y Enrique Barón. Este último defiende a capa y espada el sistema de pensión complementaria –para los españoles será la segunda–, la existencia de una sicav y el hecho de que Luxemburgo fuese elegido como escenario de operaciones inversoras.

País fundador de la UE, Luxemburgo presenta las características más señeras de los paraísos fiscales: bajísima tributación y secreto bancario, lo que impide que sus socios comunitarios posean información automática sobre los ciudadanos de su país que poseen allí cuentas bancarias... o fondos de pensiones. Tras años de bloqueo, Luxemburgo se ha comprometido a compartir esa información a partir de 2015.

1) Dimisión de Willy Meyer

El número uno de la lista de Izquierda Unida al Parlamento Europeo presentó su dimisión y su renuncia al acta de eurodiputado. Aseguró que se enteró por infoLibre de que su fondo de pensiones estaba gestionado por una sicav, y que decidía dimitir por coherencia, puesto que el programa de IU para esas elecciones del 25-M planteaba una nueva regulación de las sicav y denunciaba su utilización como "fórmulas de elusión fiscal".

La renuncia de Meyer es un gesto de decencia política que hay que poner en valor en un país en el que parece que cuesta más dimitir que resucitar. Pero también conviene reconocer que a Willy Meyer lo esperaban en IU como a aquel pasajero que pierde el conocimiento en 'Aterriza como puedas': había una fila de gente dispuesta a despertarlo atizándole una bofetada, una patada, un puñetazo o hasta empleando una llave inglesa. Meyer (y Cayo Lara después) ha tenido que ceder poder a los jóvenes que disputan el mando de la coalición a la vieja guardia. (El tiempo dirá si se trata de una regeneración profunda o de una batalla por el poder o de ambas cosas).

2) “No sabía que era una sicav”

Ha sido una reacción muy extendida entre exeuroparlamentarios. Desde Elena Valenciano (PSOE) a Rosa Díez (UPyD), Soraya Rodríguez (PSOE) o el propio Meyer. Y no hay motivos para dudar de su sinceridad: todo el mundo puede firmar en un momento dado unos papeles sobre un fondo de pensiones que posteriormente se gestiona desde una sociedad de inversión de capital variable sin tener conocimiento de ello o sin leer la letra pequeña. Aunque el nombre de la criatura sea Fonds de Pension-Députés au Parlement Europeen Sicav. Aunque distintos exeurodiputados de diferentes partidos expliquen que todos recibían trimestralmente los extractos sobre la marcha del fondo ubicado en Luxemburgo. Aunque, como ha manifestado Ignasi Guardans, lo del fondo fuera una conversación recurrente en pasillos y cafeterías del Europarlamento.

3) “Se demoniza a las sicav por ignorancia”

Quienes desde la política o desde algunos medios han salido en defensa del citado fondo restan importancia al hecho de que esté gestionado por una sicav. Insisten en la obviedad de que es una fórmula legal (algo que aquí no se discute) e incluso argumentan que cualquier fondo de pensiones ubicado en España tributa todavía menos (cero euros) que estando en Luxemburgo bajo el paraguas de una sicav. Y que los fondos de pensiones abiertos en cualquier banco a su vez invierten después en sicav sin que el titular del fondo lo sepa.

Lo cual equivale a preguntar “¿de dónde vienes?” y que te respondan “manzanas traigo”. En primer lugar porque las comparaciones han de ser homogéneas para no ser tramposas: una sicav en España tributa al 1%, y en Luxemburgo al 0,01%. Por tanto si se elige una sicav (por la razón que fuere) es más ventajosa en Luxemburgo que en España. Si se quieren comparar los fondos de pensiones en España y en Luxemburgo, estupendo. Pero esa es otra historia.

En segundo lugar, que se utilice una sicav es algo que no provoca la menor contradicción en los representantes del PP. (¡Faltaría más!, cuando el propio Arias Cañete fue administrador de esa sicav y cuando el ministro Cristóbal Montoro presume de que siempre supo lo que firmaba y que además lo ha declarado como renta cada año). Por supuesto que suscita un problema entre quienes han defendido la eliminación o la reforma de las sicav para evitar que sean utilizadas por las grandes fortunas como vías de elusión fiscal. Así figura en las conclusiones de la Conferencia Política del PSOE o en los programas electorales de IU o en los de UPyD. Por eso es coherente la dimisión de Meyer y por eso Elena Valenciano o Soraya Rodríguez se han comprometido a renunciar a ese fondo de pensiones en Luxemburgo, como además han exigido los candidatos a la secretaría general socialista en sustitución de Rubalcaba.

Lo de Rosa Díez es caso aparte. Le vale todo. No sabía que era una sicav, pero qué más da, si las sicav ya no son tan malas como en 2011, cuando UPyD formulaba como propuesta número 79 de su programa: “eliminar los privilegios concedidos a las sicav”.

4) “Se demoniza a Luxemburgo por demagogia”

El fondo de pensiones de los eurodiputados y la sicav que lo gestiona están ubicados en una entidad bancaria de Luxemburgo. La justificación oficial consiste en que es en Luxemburgo donde tiene su sede la secretaría general del Parlamento Europeo, y por tanto era más práctico y eficaz que el fondo tuviera la misma ubicación. Como todo el mundo sabe, las instituciones de la Unión Europea están repartidas en varias sedes, y de hecho el Europarlamento está radicado en Estrasburgo (Francia). Luxemburgo no figura en la cada día más limitada lista de paraísos fiscales de la OCDE, aunque en la práctica no hay experto ni observador riguroso que no reconozca que el Gran Ducado funciona como un territorio offshoreoffshore: menor tributación, opacidad financiera y diletante cooperación judicial con terceros países. No hay más que repasar los grandes casos de corrupción político-empresarial-económica de las últimas décadas (Urdangarin o Gürtel, por ejemplo) para encontrar en todos ellos cuentas bancarias o sociedades inscritas en Luxemburgo.

¿Cómo se puede demonizar a un país como Luxemburgo, fundador de la Unión Europea? Sin ningún afán por demonizar a nadie (y menos a países enteros), el planteamiento es más bien el inverso: Luxemburgo no está definido como paraíso fiscal por ser fundador de la UE y por pertenecer a su núcleo duro, y goza de la mayor renta per cápita del mundo (104.000 dólares) precisamente por su gigantesco negocio financiero. Un exeurodiputado español titular del discutido fondo reconoce que “se eligió Luxemburgo pensando en la mejor rentabilidad posible para el fondo, como es lógico”. Pues eso.

5) “Se demoniza a los eurodiputados por antipolítica”

Vaya por delante una obviedad de carácter democrático: quien esto firma e infoLibre como medio periodístico independiente defienden como principio la absoluta necesidad de la política, y el papel imprescindible del ejercicio de la política en democracia. No está en discusión el derecho legítimo de los políticos a percibir salarios dignos, superiores incluso a los actuales, y a acumular su derecho a pensión como servidores públicos.

Se argumenta (y es perfectamente creíble) que el origen de la puesta en marcha del polémico fondo de pensiones de los eurodiputados radica en las diferencias salariales entre los europarlamentarios de los distintos países en 1990. Se trataba de equilibrar y reducir esa brecha en lo que se refería a la futura jubilación. Por entonces, y hasta 2009, cuando entró en vigor el Estatuto del Eurodiputado, cada Parlamento de cada país pagaba a sus eurodiputados lo que estimaba oportuno, incluidas las cotizaciones de su futura pensión. La ocurrencia de varios eurodiputados británicos, entre ellos el conservador Anthony Simpson, de “solucionar” esa injusticia creando un fondo privado, complementario y voluntario de pensiones, puede ser discutible pero respetable. Y hasta el hecho de que la Mesa del Europarlamento, presidida en aquella fecha por el español Enrique Barón, aceptara aportar dos euros de dinero público por cada euro que el eurodiputado invirtiera en su fondo (aceptemos un calamar gigante como animal de compañía). Pero lo que es mucho más que discutible, y de hecho no se puede calificar sino como una chapuza infumable, es la decisión de que el Europarlamento no sólo aportara oficialmente el 68,5% de los ingresos totales del fondo, sino que además la cuota “particular” de cada parlamentario saliera de la partida para gastos generales, como demuestran las propias actas de la Eurocámara. Lo cual significa que en la mayoría de los casos (la concreción no es posible tenerla por la opacidad y el descontrol de esas partidas en el Europarlamento) los eurodiputados no pusieron un euro de su bolsillo.

Lo de Rosa Díez (una vez más) es caso aparte. Ha proclamado su indignación por no saber que ese fondo se gestionaba desde una demonizada sicav, y exige al Europarlamento todo tipo de explicaciones. Se le olvida lo verdaderamente importante, y es que ese fondo se ha nutrido con más de 95 millones de euros de dinero público, en unas condiciones ventajosas para los eurodiputados. Y resulta que Rosa Díez y UPyD han sostenido como uno de sus ejes programáticos la exigencia de que se elimine cualquier privilegio de los parlamentarios, y muy especialmente la percepción de dinero público para fondos privados de pensiones (ver vídeo). De hecho el fondo para pensiones del Congreso de los Diputados (aún hoy gestionado por el BBVA) dejó de recibir aportaciones públicas (que estaban limitadas al 10% del salario mínimo) en 2011.

La indignación de Rosa Díez contra los “privilegios de la política” no le ha llevado al extremo de renunciar al fondo de Luxemburgo, como han anunciado que harán Valenciano, Soraya Rodríguez o el propio Meyer, entre otros. Díez podrá cobrar esa pensión a partir del 27 de mayo del año próximo, cuando cumpla los 63.

6) “Se demoniza algo que hacen millones de españoles”

El propio Enrique Barón, después de una semana de silencio voluntario, acudió a la SER para quejarse de las “dosis importantes de demagogia”, de las “lecciones de moral” y de “las barbaridades que se han dicho”, y comparó el fondo de Luxemburgo con “los fondos de pensiones que tienen más de seis millones de ciudadanos españoles” y que “recomienda el Pacto de Toledo para aquellos que quieran mejorar su situación”. La irritación de Barón le llevó seguramente a ese tótum revolútum. Aparte de que el Pacto de Toledo se firmara cinco años después de que él presidiera la Mesa que aprobó el fondo del Europarlamento, lo cierto es que nadie discute el derecho de cualquier ciudadano a tener un fondo de pensiones complementario, voluntario, privado… siempre que se lo pague. Y si se trata de empresas o administraciones públicas, la aportación del Estado (antes de que fuera congelada) nunca llegó al 0,7% de la masa salarial, porcentaje que nada tiene que ver con el 68,5% (como mínimo) que el Europarlamento ingresaba, por ejemplo, en el fondo privado y voluntario de Enrique Barón.

7) “Se demoniza el pasado con los ojos del presente”

Quizás esta sea la reacción o argumento más comprensible de los que se vienen empleando por parte de numerosos implicados o salpicados por este asunto. La sensibilidad ciudadana acerca de cualquier posible privilegio de un político o sobre lo que significa una sicav o una cuenta bancaria en Luxemburgo ha variado mucho en los últimos años. Claro. Es que sobran motivos para la indignación. Muchos políticos están pagando en su trasero las patadas que merecen los mayores responsables de la megacrisis financiera. Precisamente por eso, se equivoca (y mucho) Barón, porque demoniza el presente con ojos del pasado, y pareceno entender la importancia de diferenciar entre dinero público y privado. ¿En serio considera normal Enrique Barón que el Europarlamento, en nombre de los contribuyentes europeos, haya asumido el déficit que pueda sufrir ese fondo de pensiones si su intachable sicav se equivoca en sus inversiones especulativas? (Con datos de diciembre de 2012, el déficit actuarial, o sea la diferencia entre los activos del fondo y sus compromisos de pago ascendía a más de 222 millones de euros).

Los baremos exigibles de ejemplaridad pública (en el sentido que defiende el filósofo Javier Gomá) suponen que el político no sólo debe respetar la ley (eso se da por supuesto) sino actuar de forma decente, honesta, que "produzca en los demás una influencia civilizadora”. Aplicado al presente y al caso que nos ocupa, caben distintas maneras de mostrar esa ejemplaridad, desde la dimisión hasta la devolución del dinero público, y por supuesto cabe un ejercicio de transparencia muy simple: las aportaciones privadas a un fondo no son clandestinas. Sería sencillo demostrarlas. Por cierto: ya que no tienen ninguna intención de devolver nada, ¿serían tan amables Cristóbal Montoro, Rosa Díez y Arias Cañete de hacer públicas sus aportaciones particulares al fondo de Luxemburgo, o es que la ejemplaridad sólo es exigible a la izquierda?

Soraya Rodríguez, la portavoz socialista en el Congreso, también renuncia al fondo de pensiones privado que le correspondía y que suscribió en su época de eurodiputada. 

Lo anunció ella misma en declaraciones a infoLibre ayer martes. Rodríguez confesó haberse enterado por este medio de que había firmado el plan de pensiones que ofrecía el Parlamento Europeo (PE), un fondo impulsado en 1994 y que en realidad estaba vehiculado a través de una sicav (sociedad de inversión de capital variable) radicada en Luxemburgo, considerado paraíso fiscal.

La hoy portavoz en el Congreso logró su acta de eurodiputada en 1999, y la mantuvo hasta 2004. Coincidió, por tanto, con la primera legislatura de la todavía vicesecretaria general del PSOE y actual jefa de la delegación socialista en la Eurocámara, Elena Valenciano. Pues bien, Rodríguez sigue ahora los pasos de Valenciano: el lunes por la tarde, presentó un escrito ante la institución, solicitando su baja en el fondo. Ello supondrá que rescate su dinero –lo que presumiblemente le acarreará una penalización– y renuncie a la parte que ponía la Eurocámara (dos de cada tres euros que iban al fondo). Ahora esperará la respuesta de Bruselas, aunque imitará lo que haga la vicesecretaria general, cabeza de cartel del PSOE el 25-M. 

"Yo no tenía ni idea. Pensaba que, en todo caso, era un fondo del propio Parlamento Europeo, gestionado por el Parlamento Europeo. Al enterarme de que estaba incluida, he pedido mi baja automática, porque no quiero que mi nombre se asocie al de una sicav", señaló a este periódico.

Ayer por la mañana, el socialista Enrique Barón, que presidía la Cámara en 1990 cuando la Mesa aprobó la creación del fondo con dinero público, justificaba en la Ser la existencia del mismo. "No es que no esté bien, es que está muy bien. No es un plan de pensiones privado, es un fondo de pensiones de los diputados del Parlamento Europeo", alegó. Barón tampoco veía problemas en que estuviera vehiculado a través de una sicav. Rodríguez discrepa radicalmente: "Si estuviera de acuerdo con lo que dice, no habría pedido la baja. Tener un fondo de pensiones no es delictivo, y de hecho suscribí el que ofrecía el Congreso con el BBVA, pero no quiero estar ligada a una sicav". La legalidad de la fórmula no está en cuestión –era plenamente legal–, sino el privilegio privado pagado con dinero público a través de uno de los países más opacos de la UE en materia financiera: Luxemburgo.

Dietas de kilometraje y asistencia a plenos y comisiones

El Parlamento Europeo desembolsó, sólo en el decenio 2000-2009, 95 millones de euros, el 68,5% de las aportaciones totales realizadas a ese fondo de carácter "voluntario y adicional", porque en realidad cada eurodiputado ya gozaba de cobertura social en su país –en España, hasta 2009, quien pagaba la nómina y las cotizaciones era el Congreso–. Aunque, según reconocieron varios eurodiputados a este diario, su aportación al plan de pensiones salía de la partida de gastos generales de la institución, destinada a cubrir los gastos de gestión de oficina de los diputados, los gastos de teléfono y los gastos postales, así como la compra, el funcionamiento y el mantenimiento de los equipos informáticos y telemáticos. 

Rodríguez dice desconocer si lo que se le detraía para el fondo salía de esa partida. Su sueldo lo pagaba el Congreso –hasta 2009 no entró en vigor el estatuto del eurodiputado, que hizo que tanto el salario como las prestaciones sociales fueran asumidos por las instituciones europeas–, y "lo único" que le ingresaba Bruselas eran "las dietas por kilometraje y la asistencia a plenos y comisiones". "Todas las demás dietas que abonase el Parlamento iban para el partido, y no veíamos un euro de ellas, así que no sé si salía de ahí. No tenía una nómina de la Eurocámara. Sólo el pago de dietas, que como tales estaban exentas de tributación", relataba la portavoz. 

No figura en su declaración de bienes

La hoy portavoz socialista no recuerda si en las declaraciones del IRPF de los ejercicios 1999-2004 pudo consignar su pertenencia al fondo privado de pensiones. "Tengo que comprobarlo. En todo caso, jamás me desgravé y por tanto, tributaré cuando reciba el dinero en España. No tengo conciencia, en absoluto, de haber cometido fraude fiscal". La líder de UPyD, Rosa Díez, que en aquellos años era la jefa de la Delegación Socialista Española en la Eurocámara, dijo que no había pagado impuestos por el fondo –cosa que sí dijo haber hecho Valenciano–, porque decidió hacerlo al final, cuando se jubile. Argumento que le rebatió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que insistió la semana pasada en que todas las aportaciones a planes de pensiones deben consignarse en el IRPF porque son una "forma de renta" adicional. 

Rodríguez contó a infoLibre que, cuando salió del Europarlamento en 2004, ni reparó en cancelar el fondo, porque entendía que ocurría como todo lo cotizado en Bruselas: constaría en su vida laboral, con sus cotizaciones correspondientes. Y no lo consignó en las sucesivas declaraciones de bienes presentadas en el Congreso, porque no tenía "conciencia" de la existencia de ese activo. Así, en el documento colgado en la web del Congreso, la portavoz decía disponer, en diciembre de 2011, cuando arrancó esta X Legislatura, de una cuenta corriente con 130.000 euros, y dos planes de pensiones: uno suscrito con Bankinter (16.548 euros), y otro con Axa (5.800). Valenciano tampoco lo hizo constar ante la Cámara baja. 

Ignasi Guardans, eurodiputado de CiU entre 2004 y 2009, comentó la semana pasada en la Ser que la cuestión del fondo cofinanciado en dos tercios por el PE formaba parte de las "conversaciones de café" entre los diputados. "Sería en su mandato, en el mío desde luego no. Cuando entró él se impulsó ya por fin el estatuto del eurodiputado que entró en vigor en la legislatura siguiente [en 2009]. En ese contexto se hablaría del fondo, se diría que una vez entrase en vigor, se cerraría el fondo a nuevas aportaciones y suscriptores, como así ocurrió". 

En la 'lista de Simpson'

Rodríguez pertenecía al grupo de más de cien eurodiputados españoles que integran o integraron desde 2002 la llamada lista de Simpson, que contiene la relación de miembros de la asociación sin ánimo de lucro (ASBL, en sus siglas en francés) que era propietaria de la sicav mediante la que los parlamentarios comunitarios articularon el fondo de pensiones privado. El nombre se debe a Anthony Simpson, un eurodiputado conservador británico que, el 12 de junio de 1990, expuso a sus compañeros de la Mesa de la institución la iniciativa del plan de pensiones privado pagado con dinero público. 

La relación incluye a representantes del PSOE, del PP, de IU y del extinto Centro Democrático y Social. Y figuran desde dirigentes del PP que son o han sido ministros de Mariano Rajoy (Cristóbal Montoro, Ana Mato y Miguel Arias Cañete) a dirigentes socialistas como Elena Valenciano, Inés Ayala o Soraya Rodríguez. Willy Meyer, eurodiputado desde 2004 y cabeza de lista de IU el 25-M, fue el primero y el único que, hasta el momento, ha renunciado a su escaño desde que estalló el escándalo.

Soraya Rodríguez figuraba en los documentos oficiales depositados en el Registro de Luxemburgo por la ASBL. En concreto, aparecía en el estadillo de 2002, y no constaba ninguna fecha de salida de la iniciativa. "No me gustaría que nos equipararan a todos por igual, porque no tenemos nada que ver con Cañete y otros del PP. No es lo mismo políticos con una sola nómina, un solo banco, una sola cuenta de ahorros donde tienen ahí todo su dinero que quienes tienen varios ingresos, varias cuentas corrientes", subrayaba. 

Valenciano prometió renunciar a la parte puesta por el Parlamento Europeo, como han hecho la aragonesa Inés Ayala y el valenciano Joan Calabuig. Rosa Díez, en cambio, demandó a la institución que aclarase las condiciones del fondo, pero no quiso rechazar la pensión y, de hecho, manifestó su intención de cobrarla a partir de 2015, cuando cumpla 63 años, si no se descubre ninguna "irregularidad". 

Los dirigentes de Izquierda Unida no daban crédito a lo que acababan de oír por boca de Cayo Lara. "¿Queréis otro coordinador federal? Si queréis cambiar la dirección, no tengo ningún problema. Vayamos a una asamblea federal extraordinaria". 

El coordinador estalló. Fue al cierre del Consejo Político Federal de este sábado, una larga reunión de nueve horas en la que pretendía lanzar las primarias abiertas y apuntar los cambios más relevantes en la dirección. En principio, no se preveía ninguna tempestad. Todo lo contrario. Ya el viernes la cúpula había avanzado quiénes serían las nuevas caras a partir de ahora. El ganador era, claramente, el diputado Alberto Garzón (28 años), responsable de marcar la línea estratégica del futuro y la interlocución y el pacto con las demás izquierdas, desde su flamante Secretaría Ejecutiva de Proceso Constituyente y Convergencia. Y también otra joven, Clara Alonso, de 30 años, que hasta ahora se hacía cargo de Comunicación Interna y que desde hoy asumirá también Comunicación Externa, la cartera que hace tres semanas dejó vacante el diputado valenciano Ricardo Sixto, precisamente por diferencias con el líder. 

Lara abrió el debate por la mañana presentando su informe. Tras una primera exposición ante el plenario de varios coordinadores, los 200 miembros del Consejo, el máximo órgano de dirección entre asambleas, se repartieron en cuatro comisiones de trabajo. Al frente de cada una se nombró a un relator, encargado de llevar después al pleno las reflexiones vertidas en ellas. Los elegidos fueron Montse Muñoz, coportavoz de Izquierda Abierta; los barones de Galicia y Navarra, Yolanda Díaz y José Miguel Nuin, y Alberto Garzón. Donde más críticas se oyeron al coordinador fue en la comisión de la que era ponente este último, el diputado por Málaga. Fue "la más macarra", en opinión de uno de sus integrantes. "Los cambios que ahora anuncia Cayo están muy bien, pero la reflexión que se oyó era por qué habríamos de creerle ahora. Ya en la asamblea federal de 2012 se hablaba de proceso constituyente, de ir a la ofensiva, de caminar rápido... Y hasta ahora el núcleo dirigente en el que se apoya Cayo ha sido muy reticente a los cambios. El problema está en el aparato. La crítica venía más de lo hecho hasta ahora, y de que había que profundizar en los cambios", relataba a infoLibre uno de los miembros que presenció el debate. 

El papel de Garzón

Las críticas llegaron, sobre todo, de un sector vinculado a Enrique Santiago, el responsable de Convergencia Político-Social hasta el pasado 7 de junio, cuando dimitió de parte de su responsabilidad. Fue Santiago y su gente la que ya en febrero, cuando IU comenzó a confeccionar la candidatura de las europeas, se oponía a que Willy Meyer repitiera por tercera vez como cabeza de lista. Era partidario de acelerar el relevo generacional. Y este núcleo es el que se sintió ganador el 25-M, cuando la subida de IU (de dos a seis diputados, de 588.000 a 1,56 millones de votos, de un 3,71% a un 9,99%) supo a poco, a muy poco, por la fuerte irrupción de Podemos, la formación de Pablo Iglesias. 

Garzón, según las fuentes consultadas, "se limitó a hacer el relato de lo escuchado en la comisión". Y Lara lo digirió mal. No entendía cómo se le pedían más cambios, cuando había accedido a situar al joven diputado en primera línea, como gran referente del presente y del futuro de IU. Aunque en la exposición en plenario no se había pedido una asamblea federal extraordinaria, ese planteamiento sí había salido en los últimos días, de la mano de varios cuadros medios ligados a Santiago. El coordinador lanzó, a puerta cerrada, lo que algunos entendieron como "un reto": si lo que se estaba pidiendo era una renovación más profunda, e incluso se le estaba cuestionando a él mismo, no quedaba otra salida que ir a una asamblea extraordinaria. 

Fuentes próximas al líder sí reconocieron que Lara había pronunciado esas palabras –"Si queréis cambiar la dirección, no tengo ningún problema. Vayamos a una asamblea extraordinaria"–, pero subrayaron que era un enunciado "puramente retórico", un "ejemplo". "Contestaba a aquellos que habían pedido el congreso. Lo que ha venido a decir es que no se puede mantener abierta la crisis de dirección eternamente, que este asunto hay que cerrarlo ya, y ya se ha dado un paso con los nombres anunciados, y el organigrama se cerrará el 19 de julio", en la reunión de la Presidencia Federal, órgano del que forman parte unos 70 dirigentes. "Tener abierta la crisis de dirección nos lleva al abismo", insistieron estas fuentes oficiales. Desde el círculo más inmediato al coordinador protestaban por la actitud de Garzón, creían que "no había reflejado fielmente lo dicho en su comisión". "Fue más sosegada, como lo fueron todas, y de hecho los que estuvieron allí fueron a quejarse a Alberto". 

Un Consejo "reventado"

Entre los más distanciados con el líder, se calificaba su intervención final, muy "vehemente", de "desastre", de salida extemporánea, producto de su "falta de cintura". "Ha generado un problema donde no lo había. No se plantea el cuestionamiento de Cayo como coordinador, los cambios pedidos iban en la línea de que la Conferencia Política prevista para el otoño sea potente, que las primarias abiertas a simpatizantes se desplieguen al máximo, que se profundice en la renovación de la dirección... Y lo ha llevado a su terreno, como un ataque personal. Y se ha equivocado", analizaba un miembro del Consejo. El juicio de no pocos altos mandos era que Lara había "reventado la reunión", "tirado a la basura el trabajo de horas y horas de debate" con su remate final. 

Subyacen igualmente, según la lectura de varios dirigentes, recelos hacia Garzón y a su nueva proyección. El diputado suena cada vez más como candidato seguro a las primarias presidenciales, y subsiste la duda de si, en esa tesitura, Lara competiría o daría un paso atrás. "Pero si lo vive como una confrontación con Alberto, no se explica muy bien, porque su paso a primera línea tiene su visto bueno", indicaba un integrante de la ejecutiva. "Cayo sabe que su ciclo se está acabando, y está muy débil, por eso ha estallado", consideraba un miembro del sector renovador y crítico. A ello se ha sumado la dimisión súbita de Meyer, uno de sus confidentes más fieles, por el escándalo de la sicav de los eurodiputados en Luxemburgo. 

¿Qué se entiende por profundización de los cambios en la dirección? ¿Por qué algunos cuadros decían sentirse insatisfechos? A quien apuntaban con el dedo es a Miguel Reneses, secretario de Organización y hombre de la máxima confianza de Lara. Nadie ponía en duda su permanencia en la ejecutiva. Ahora hay quien cree que debe ser sustituido. La tesis del coordinador es que una modificación radical de la composición de la cúpula (y ahí se incluye un puesto clave como el del jefe del aparato) no se puede llevar a cabo sin una asamblea de por medio. La remodelación de la ejecutiva y de su funcionamiento interno, adelantada ayer viernes, no comporta realmente bajas, salidas de dirigentes, sino el reforzamiento de ciertos perfiles (caso de Garzón y Alonso) y la incorporación de algunas caras nuevas (Javier Couso, Elena Cortés, Tania Sánchez o Raúl García). 

75,17% de respaldo al informe político

Desde el núcleo más cercano a Lara, se insistía en que no se podía elevar de categoría lo que había sido una "pura anécdota". "Este Consejo ha sido un éxito", resumían. Primero, por el resultado de la votación del informe del coordinador: 109 votos a favor (75,17%), 7 en contra y 29 abstenciones (parte de ellas, de Izquierda Abierta, el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, discrepante con el método). "Cayo pilota este tiempo de renovación, de proyección de nuevos valores, lanza las primarias abiertas y la política de convergencia, y ha cerrado la crisis de dirección". 

Las consecuencias de la regañina de Lara a los suyos están por ver. Pero lo que parece cada día más claro es que las turbulencias y el nerviosismo en IU se acrecientan. La federación, que se sabía ganadora del hundimiento del bipartidismo, se encontró con que otra fuerza que acababa de nacer, Podemos, le comía terreno y la empujaba hacia un terreno fantasmal: la "casta". La modulación de la respuesta al torbellino Pablo Iglesias y a la crisis política es lo que sigue a debate.   

Willy Meyer ya se despidió de su escaño el pasado miércoles, tras las enormes presiones que se oían dentro de IU para que diese el paso, para que reaccionase después de que se supiera que él firmó un plan de pensiones privado articulado a través de una sicav y radicado en un paraíso fiscal, Luxemburgo. Noticia más que amortizada. Pero este sábado él quería explicar su dimisión a sus compañeros, reunidos en el Consejo Político Federal, el máximo órgano de dirección. Para insistir en que hizo lo que tenía que hacer, para demostrar que IU tiene un comportamiento "ético", para abundar en la idea de que no es una formación de las que Podemos llama "casta". Y los ciudadanos, dijo, "han entendido el mensaje".

El hasta ahora eurodiputado prácticamente calcó el relato que hizo el miércoles ante la prensa. La llamada de infoLibre, el lunes, cuando le informó de que él se había sumado a un fondo de pensiones privado y vehiculado a través de una sicav, un instrumento financiero que siempre ha combatido IU, desde hace años. Cuando en la Eurocámara le confirmaron que sí, que había suscrito en 2004 el fondo creado diez años antes por un grupo de eurodiputados, pidió darse de baja. Pero enseguida pudo comprobar que ese gesto no había calmado a IU. Las críticas arreciaron. Así que para despejar "toda sombra de duda", decidió renunciar al escaño que había logrado en las elecciones europeas del 25-M, en las que concurrió como cabeza de lista por tercera vez consecutiva. No había nada "ilegal", pero sí era contradictoria su permanencia en la Eurocámara "con el contrato" que la federación firmó con sus votantes. "Cada uno tiene su código de conducta. El mío es muy exigente. La renuncia al acta lo hice pensado en nuestros afiliados", que son "lo mejor de la izquierda en España". En ese momento, sus compañeros respondieron con el aplauso, repitiendo la ovación que precedió a su intervención. "La ética hay que preservarla y es lo que he intentado a hacer".

Meyer incidió en que IU tiene "tareas muy importantes" por hacer a partir de ahora: las municipales y autonómicas de mayo de 2015, las generales de unos meses después, la "acentuación" de la "crisis del bipartidismo". Y no hay que distraerse. "Este gesto quiere contribuir a situar a IU en la mejor de las direcciones para abordar las nuevas tareas y tenga esa capacidad de movilización, de concertar con otras fuerzas políticas y sociales para dar respuesta a esta crisis sin precedentes". Ayudar a IU para que no sea asociada a los partidos de la "casta". 

"El electorado espera de nosotros que demos un salto más"

El dirigente insistió, como hizo el miércoles, en que su paso atrás, en Bruselas y en la ejecutiva de IU (deja su Secretaría de Política Internacional), "no pretende dar lecciones a nadie". "La izquierda debe ser humilde. ¡Ay de aquel que haga un discurso de la izquierda desde la prepotencia! Pero sí pretende [la dimisión] contribuir modestamente a la coherencia y al contrato social adquirido con los electores". Meyer dijo que, tal y como le abordan los ciudadanos en la calle, ha podido comprobar que "ese mensaje se ha entendido". "La gente de toda condición me para por la calle, me felicita, me dice que soy una rara avis... No pretendo que nadie siga mis pasos. Pero a tenor de la respuesta de la sociedad, la gente ha entendido el mensaje". 

Meyer concluyó su intervención con un "ruego". Señaló que los dirigentes han de tener "al menos el mismo estado de ánimo que sus votantes". "Si hay alguno que esté por debajo, que dé un paso atrás" y ceda el puesto a quienes sí tengan más empuje, "para subir más el estado de ánimo". "Tenemos la necesidad de convertirnos en una fuerza política que dé certidumbres, con políticas, con prácticas que permitan este objetivo. Nuestro electorado está esperando de nosotros un salto más, que está satisfecho con el resultado [del 25-M, donde triplicó los datos de 2009], pero quiere tener una fuerza política que haga política en tiempo real, con rapidez", que era el objetivo de este Consejo Político.

"La lucha sigue"

"La lucha sigue, de norte a sur, de este a oeste, cueste lo que cueste", se despidió, arropado por una fortísima ovación del Consejo y un abrazo sentido de quien fue su principal avalista para repetir la candidatura el 25-M, Cayo Lara. 

Meyer abrió el Consejo –tenía que marcharse a una boda por la mañana, según él mismo confesó, entre bromas– y le siguió el coordinador. Lara se proclamó "orgulloso" de pertenecer a IU, y alabó el gesto "lleno de ética y dignidad" del eurodiputado. El "listón", dijo, lo ha dejado "alto". "Espero que mucha gente tome nota, va a marcar un antes y un después", avisó. Miraba a los dirigentes de otros partidos que también se adhirieron al fondo de pensiones gestionado a través de una sicav –entre ellos, Miguel Arias Cañete, Elena Valenciano o Rosa Díez– que no han renunciado a sus respectivos escaños ni han hecho amago de dimitir de nada. Todo lo más, darse de baja en el plan de pensiones y renunciar a la parte puesta por la Eurocámara, caso de la número dos del PSOE. 

Después de las elecciones europeas del 25-M, en las que Izquierda Unida triplicó el resultado obtenido cinco años antes pero en las que se vio sorprendida por la fuerte competencia de Podemos, el juicio interno era inapelable: las primarias abiertas eran "imparables". Por muchas reticencias que tuviera el núcleo dirigente. Empezando por Cayo Lara. Ya está claro que se van a celebrar, que participarán simpatizantes. Que se elegirá por este método al candidato a la Moncloa y que se extenderá la fórmula a las federaciones, para designar a los aspirantes a los Gobiernos autonómicos y municipales. Lo demandó así Lara este sábado en la presentación de su informe político a sus compañeros. El calendario aún no está claro, pero lo previsible es que el cabeza de lista a las generales se elija en el otoño, según coinciden varios dirigentes, y así lo dejó entrever el propio coordinador.

IU está convencida de que tiene que emprender cambios rápidos. Tanto a la hora de plantear propuestas más atrevidas, como a la hora de vender el discurso o proceder a una profunda renovación en la cúpula. Porque el 25-M demostró que no logró capitalizar todas las ansias de regeneración que hay en la sociedad. Lara prometió el pasado 7 de junio, en la reunión de la Presidencia Federal –el órgano intermedio de poder, que componen unos 70 cuadros–, una auténtica revolución interna, pero pidió someterlo a debate en los territorios. Hoy la discusión tenía que volver al Consejo Político, el máximo escalón de poder, al que se adscriben unos 200 miembros. Este es el lanzamiento definitivo de las primarias abiertas y de la remodelación de la ejecutiva. 

Lara no introdujo muchas modificaciones respecto a su informe político de principios de junio. Era consciente de que el foco estaba ya puesto en quien se convierte, a partir de ahora, en el nuevo hombre fuerte de IU, Alberto Garzón, ya que asume una cartera capital en esta etapa, la Secretaría Ejecutiva de Proceso Constituyente y Convergencia, la que debe pilotar la elaboración de una nueva propuesta política para España, más ambiciosa, y la que conduzca la interlocución con otras fuerzas políticas –singularmente, Podemos– y movimientos sociales. El diputado por Málaga fue abordado a la entrada por los periodistas (él mismo subrayó que hoy arranca "una nueva etapa" en IU) y se sentó en el Consejo a la izquierda de Lara. Él está llamado a competir, precisamente, en las primarias abiertas para elegir al candidato a la Moncloa. Garzón, de nuevo, dijo que no se descarta. 

"Armonizar" los procesos

"Lo que proponemos es las primarias abiertas a simpatizantes con la elección al candidato a la Presidencia del Gobierno en primer lugar, y en segundo lugar instar a las federaciones a procesos similares y a armonizarlo en el marco de sus propias competencias". La precisión que hacía Lara ante sus compañeros tiene su razón de ser. Las primarias ya están recogidas en los estatutos federales de IU desde hace años para la designación del pretendiente a la Moncloa. De hecho, ya se hicieron en 2007, cuando se enfrentaron el entonces coordinador, Gaspar Llamazares, y la rival auspiciada por el PCE, Marga Sanz. Pero esas primarias eran cerradas, sólo para militantes. Ahora las cosas cambian. IU federal, siguiendo el modelo que está ya en marcha en su principal territorio, Andalucía, implantará las primarias abiertas a simpatizantes para encumbrar a su candidato presidencial, consciente de que debe abrirse a la participación ciudadana. O sea, importa el modelo PSOE. 

En IU, sin embargo, las federaciones tienen amplias competencias, y pueden decidir cómo quieren nombrar a sus candidatos. De hecho, algunos aparatos regionales eran más reacios a las primarias abiertas. De ahí que lo que desea Olimpo, la sede federal, sea "armonizar" los procesos. 

El calendario y el reglamento aún tiene que debatirse y es probable que no salga hasta la reunión de la Presidencia del 19 de julio, pero sí se lleva trabajando tiempo con la hipótesis de que en el otoño se celebren las primarias presidenciales.

Un "encuentro de militantes y activistas"

Lara planteó más cambios y tareas: que la toma de decisiones sea más participada, trabajar ya hacia la convergencia electoral de cara a las autonómicas y municipales de mayo de 2015, convocar una Conferencia Político-Programática para el próximo curso... Además, propuso un "encuentro de militantes y activistas sociales de carácter estratégico, abierto a los sectores sociales que se oponen a las políticas de recortes y los ajuestes sociales". Se trata, dijo, de hacer protagonista al "mayor activo de IU", su militancia. Algunos cuadros medios, vinculados a Enrique Santiago, secretario de Convergencia hasta el pasado 7 de junio, habían pedido una asamblea federal extraordinaria, no para elegir dirección (porque se va a hacer ahora), sino para orientar los ejes estratégicos de acción. 

El coordinador pasó después a describir los cambios propuestos en la dirección. El organigrama no se cerrará hasta la Presidencia del 19 de julio, pero ya se han pactado las modificaciones más relevantes. Pasan por el paso a primera línea, en el primer anillo de poder, de Alberto Garzón (Proceso Constituyente y Convergencia) y Clara Alonso (Comunicación Externa e Interna), de 28 y 30 años. Además, ganan peso Tasio Oliver y Raúl García (Izquierda Abierta), el balear Eberhard Grosske y la madrileña Tania Sánchez (de la corriente EnComún) y se suman Lara Hernández (número 10 en las europeas) y el activista Javier Couso (el siete el 25-M, que ahora entra al Parlamento Europeo gracias a la dimisión de Willy Meyer). 

"Políticas que puedan tocar los ciudadanos"

Proceso Constituyente y Convergencia viene a ser el área clave en esta nueva etapa de IU. ¿Qué es? Comprende varios aspectos: la promoción de la "ruptura democrática", la garantía de los "derechos básicos sociales y de ciudadanía", el llamamiento a la confluencia de todas las fuerzas de la izquierda que "plantean la derrota del bipartidismo" y la "salida social a la crisis". La configuración de un bloque social y político, en fin, en el que IU "puede y debe ser el eje de la recomposición". "No vamos a ser el todo, pero sí una parte importante". Lara siempre suele apelar al orgullo de la federación, a que debe ir con la cabeza alta. Hoy también lo volvió a reivindicar: IU tiene "historia, mochila", y presencia en las instituciones. "Otros no la tienen". Una advertencia para que los suyos no se sientan aterrorizados por el efecto Podemos. "Somos el 15-M, que a nadie se le olvide", abundó, para seguir marcando perfil. 

Garzón insistió a la entrada del Consejo en que IU debe emprender el proceso de convergencia "con todas las fuerzas que desean transformar el país", entre las que se encuentra Podemos, con la que sin embargo no se han iniciado los contactos. "Nosotros lo que tenemos muy claro es que tenemos que sentarnos a trabajar colectivamente para asentar bases programáticas sobre las que poder converger y transformar el país, que es lo que nos importa". La formación de Pablo Iglesias, como otras, "tendrán que valorar si se suman al proceso".  

Izquierda Abierta, el partido coliderado por Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, aunque ha negociado con el aparato de Lara los cambios en la ejecutiva, quiso manifestar sus discrepancias. En síntesis, insistió en que la convergencia ha de ser "plural en conceptos, modos, formas y portavoces", que se haga un cambio radical en el modelo organizativo, que se acabe con la "lógica de mayorías y minorías en IU y se entienda que la pluralidad es el activo más importante" de la federación y se dé luz verde a "medidas tajantes de radicalidad democrática y regeneración política". 

El informe de Lara también cubrió aspectos más directamente vinculados a la coyuntura política: el proceso de sucesión de la Corona y la activa campaña por el referéndum monarquía-república que seguirá desplegando IU, las protestas contra los recortes y ajustes del Gobierno (la privatización de AENA, la reforma fiscal que "baja los impuestos a los más ricos", la reducción del techo de gasto...). "Se plantea una movilización para el otoño, una alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura y de los nuevos movimientos emergentes... Tiene que haber un otoño tensionado –advirtió–. Tenemos que confrontar medidas como la Ley del Aborto. Tenemos que girar más hacia la ciudadanía, hacia la calle, más todavía. Hay que combatir la interiorización de la política, hacer propuestas concretas que puedan tocar y entender los ciudadanos".

infoLibre destapó el martes que un grupo de eurodiputados de distintos partidos y de varios países se adhirieron a un fondo de pensiones articulado a través de una sociedad de inversión de capital variable con sede en Luxemburgo, un paraíso fiscal de facto, donde la tributación de estos instrumentos financieros es aún más baja que en España (1%), un 0,01%. El Parlamento Europeo puso dos de cada tres euros que salían del bolsillo de los futuros pensionistas, un 68,53% en concreto. Más de cien eurodiputados españoles integraron o han integrado la asociación propietaria de la sicav. En 2009, cuando entró en vigor el estatuto de los eurodiputados –que supuso que tanto sus salarios como sus prestaciones sociales (también las pensiones) pasaron a ser asumidos por las instituciones europeas–, el Europarlamento dejó de hacer aportaciones y cerró el fondo a nuevos suscriptores. 

En España, las Mesas del Congreso y el Senado, en una reunión conjunta el 11 de julio de 2006, aprobaron el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas. Era la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y las Cámaras las presidían Manuel Marín y Javier Rojo, respectivamente. En el artículo 16 del texto, se consignaba que las Cortes Generales, "con cargo a su Presupuesto y para todos los diputados y senadores durante su mandato, abonarán a un plan de previsión social la cantidad correspondiente al diez por ciento de la asignación constitucional". La asignación constitucional es el sueldo base de todos los parlamentarios, que en aquellos momentos rondaba los 3.000 euros brutos al mes, por 14 pagas. 

Una rentabilidad que ronda el 1,4%

Unos meses más tarde, el 26 de marzo de 2007, las Mesas de las dos Cámaras, en una reunión conjunta, aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, con los que sacaban a concurso público la adjudicación del plan de previsión social empresarial para los parlamentarios. El presupuesto para 2007 era el siguiente: para los 350 diputados, 1.480.188,28 euros; para los 259 senadores de la época (el número de estos va cambiando según la evolución demográfica de las comunidades, en 2014 hay 266), 1.095.350,58 euros. Total, 2.575.538,86 euros. Las cifras correspondían al 10% de la asignación constitucional, y ya se advertía en la licitación que podían ir variando según creciese o menguase el sueldo base. El contrato tendría carácter "indefinido".

Según las normas del concurso, se ponderaría un 30% la oferta económica, otro 30% la propuesta técnica y otro 30% la "política y estrategia de inversión aplicable al plan". Un 5% pesarían los "sistemas de control independiente y calidad" y otro 5% las mejoras que las compañías ofreciesen. El pliego indicaba que el Congreso y el Senado abonarían mensualmente la cuantía equivalente al 10% de la asignación constitucional, sin perjuicio de que cada parlamentario pudiera realizar aportaciones voluntarias por su cuenta. Los asegurados no podrían retirar su dinero hasta su jubilación. El nombre, plan de previsión social empresarial, servía de paraguas para tres productos en uno: seguro de accidentes y de vida y plan de pensiones. Privado, por supuesto.   

A la puja acudieron diez aseguradoras. Entre ellas, Vidacaixa (filial de La Caixa), Allianz, Axa, Aseval, Catalana Occidente... y BBVA Seguros. Al final, el 18 de junio de 2007, los órganos de gobierno de Congreso y Senado adjudicaron el contrato a esta última compañía, la del banco de Francisco González. La rentabilidad ofrecida por el BBVA era "muy baja", a juicio de varios diputados de distintos partidos consultados por infoLibre. En los últimos años, el interés ha oscilado entre el 1,4% y el 1,8%. Como explicaba ayer un miembro de la Mesa, lo que se pretendía era dotar a los parlamentarios de un producto "poco arriesgado, poco especulativo". "Es un fondo de pensiones, y no puede ser una sicav. Era salario en especie que, en su momento, se estableció para compensar la falta de incrementos públicos", añadía un diputado. Como cualquier otro plan pagado por una empresa para sus trabajadores. 

Los diputados de Izquierda Plural y ERC renuncian

En 2008, en los albores de la crisis, Congreso y Senado congelaron los sueldos de sus parlamentarios para el año siguiente. En 2010, tras el primer tijeretazo de Zapatero, las dos Cámaras recortaron los salarios un 10%, de modo que la asignación constitucional quedó fijada en 2.813,87 euros brutos (a multiplicar por 14 pagas). Una cantidad que se ha mantenido invariable hasta hoy, 2014. Ello implica que lo que ponían las Cortes por cada parlamentario eran unos 281 euros al mes. 

Esta legislatura comenzó con polémica respecto a los planes de pensiones. Cayo Lara y Alberto Garzón, al rellenar los formularios que les pusieron por delante como parlamentarios electos, se encontraron con la póliza que gestionaba el BBVA. Preguntaron qué era eso y los funcionarios se lo explicaron. Ambos renunciaron. Y con ellos, los demás parlamentarios de su grupo, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), y diputados de ERC, UPyD y BNG. Según decían los servicios de la Cámara en aquel momento, diciembre de 2011, hasta entonces no se había producido ningún rechazo la póliza. Lara dijo que no estaba contra los planes privados de pensiones, pero sí en contra de los "privilegios" de los representantes públicos. Gaspar Llamazares, que sí había firmado el seguro en las legislaturas anteriores, renunció a él a partir de 2011. 

Los parlamentarios pueden seguir poniendo recursos

El 25 de enero de 2011, las Mesas de Congreso y Senado acordaron suspender la aportación de las Cortes a los planes de pensiones de los parlamentarios. Ello suponía un ahorro anual de 2,4 millones (teniendo en cuenta el recorte de salarios, y por tanto de la asignación constitucional, aprobada en 2010). También se paralizaron las aportaciones de las Cámaras a los planes de pensiones de los en torno a 800 funcionarios, suscrito con Bankia. Las Cortes explicaron que ese recorte de derechos se tomó "en la línea fijada por el Gobierno", tras aprobar sus primeros tijeretazos. 

La suspensión, según rubricaban ayer fuentes oficiales del Congreso, aún se mantiene. Pero ello no quiere decir que no exista el fondo. Los diputados y senadores pueden poner dinero de su bolsillo si quieren, e incluso llevarse su póliza a otra aseguradora que les ofrezca más rentabilidad. Entre los diputados consultados ayer por este diario, había de todo: los que no habían desembolsado ni un euro y los que habían decidido hacer aportaciones, en cuyo caso pueden desgravarse fiscalmente. Todos ellos podrán rescatar su dinero cuando se jubilen. 

Entretanto, el BBVA sigue mandando trimestralmente informes a los parlamentarios. Para advertirles de la evolución del fondo. Pero ni palabra, dicen todos los consultados, de cómo el banco gestiona ese dinero.

Más de un centenar de eurodiputados españoles integran en la actualidad o han integrado desde 2002 la 'lista de Simpson', que contiene la relación de miembros de ASBL. Tras esas siglas se esconde la asociación sin ánimo de lucro propietaria de la polémica sicav mediante la que los parlamentarios comunitarios han articulado un fondo de pensiones privado en Luxemburgo.

El listado toma su nombre de Anthony Simpson, un parlamentario conservador británico que, el 12 de junio de 1990, fue el encargado de exponer al resto de miembros de la mesa del Parlamento europeo la iniciativa del fondo de pensiones privado. La iniciativa recibió luz verde poco después, y en ella ha enterrado la eurocámara casi 100 millones de euros entre 2000 y 2009, tal y como este miércoles ha publicado infoLibre.

Esa relación incluye a más de 110 representantes públicos. La mayoría, del PSOE (49) y el PP (43), aunque también hay diputados de IU (6) y CDS (4). Entre los más destacados, tres ministros de Rajoy: Mato, Montoro y Arias Cañete. Los dos primeros fueron eurodiputados entre 2004 y 2008, cuando abandonaron la asociación. Cañete, cabeza de cartel de los conservadores el 25-N y eurodiputado también entre 1986 y 1999, sin embargo, ha continuado en el listado.

Nombres conocidos

Entre los diputados del PSOE implicados figuran la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, y la número uno de la lista europea, Elena Valenciano. Rosa Díez, líder de UPyD; Willy Meyer, que dimitió tras saltar el escándalo el pasado martes; el secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo (PP), y también conservadora la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, completan el listado.

A preguntas de este medio, fuentes del departamento de Montoro admitieron que el ministro ha estado vinculado a la asociación que maneja la sicav. Aseguraron, además. que el titular de Hacienda incluye este concepto en su declaración de patrimonio y en su declaración de bienes del Congreso de los Diputados, actualizada tras la victoria del PP en las generales de 2011.

Sobre el manejo de la sociedad de inversión, cabe reseñar que, al menos en 1996, dos de los administradores legales del fondo –Fond de Pensions-Députés au Parlement Européen Sicav-Fis–, fueron Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura y cabeza de lista de los conservadores al Parlamento Europeo, y la socialista Ludivina García Arias.

Uno de los miembros que aparece en la lista de Simpson, el socialista Vicent Garcés, se puso en contacto con infoLibre para "desmentir" que se hubiera unido al fondo privado de pensiones ligado a la sicav luxemburguesa. Según su versión, nunca pudo estar porque nunca cumplió "los requisitos necesarios, acumular tres años como eurodiputado". Garcés ocupó escaño en la Eurocámara de septiembre de 2007 a julio de 2009 y de diciembre de 2011 a junio de 2014. En su segunda legislatura, ya existía en estatuto del eurodiputado y la institución había cerrado el fondo a más aportaciones o suscriptores.

El escándalo del fondo de pensiones gestionado a través de una sicav y ofrecido por el Parlamento Europeo, y del que se beneficiaron eurodiputados de distinto signo, está siendo metabolizado de forma diferente por los partidos. Como poco, algunos de los que lo suscribieron están viéndose obligados a dar explicaciones, caso de Rosa Díez y Cristóbal Montoro. Otros han anunciado que renuncian a esa póliza, como Elena Valenciano. Otros no han dicho una sola palabra, la estrategia de Miguel Arias Cañete. Y sólo uno, de momento, ha dimitido, Willy Meyer. 

Tanto la vicesecretaria general y cabeza de lista en las europeas del PSOE como la hoy portavoz de UPyD dijeron desde el primer momento, cuando infoLibre se puso en contacto con ellas, que ignoraban que aquel plan de pensiones que firmaron en sus tiempos como eurodiputadas estaba vehiculado a través de una sociedad de inversión de capital variable, el instrumento de inversión favorito de las grandes fortunas y que arrastra mala fama por su baja tributación (1% en España, 0,01% en Luxemburgo) y porque las sicavs son vistas como un mecanismo para la evasión de impuestos. A medida que han pasado los días, una y otra han adoptado una respuesta diferente. Valenciano ha solicitado su baja en el fondo y sólo repescará el dinero puesto por ella misma. Lo mismo hará su compañera de filas Inés Ayala. Díez, en cambio, sí está dispuesto a cobrar lo que le corresponda, en su integridad, sin distinguir entre lo que salió de su bolsillo y lo que aportó la Eurocámara. 

infoLibre, el medio que destapó la exclusiva el martes, informaba ayer de que el Parlamento Europeo inyectó entre 2000 y 2009 más de 95 millones de euros de dinero público en el fondo privado y voluntario de pensiones que aún hoy está bajo gestión de la sicav. La institución puso dos euros por cada tres que salía del bolsillo de los futuros pensionistas. En concreto, aportó el 68,53% del total. El fondo, no obstante, fue creado en 1994. 

Presión de los candidatos

En el PSOE las voces críticas crecieron en las últimas horas. El partido está descabezado, con un Alfredo Pérez Rubalcaba ya totalmente de salida –ayer él mismo anunció que dejará su escaño en septiembre y volverá a la universidad–, y todo el mundo vuelve la mirada a todo aquello que digan (o no digan) los candidatos a la Secretaría General. De los dos aspirantes con más opciones, el más contundente fue Eduardo Madina. El diputado vasco pidió a todos aquellos eurodiputados que no se hayan dado de baja del polémico plan de pensiones "que lo hagan". "Lo lógico es que renuncien a esos fondos. Los que lo han hecho me parece muy bien, los que no lo han hecho me parece mal, así que si hay alguien que no lo ha hecho yo le pido que lo haga". Pedro Sánchez consideró "injustificable" que haya europarlamentarios beneficiarios de un fondo de pensiones ligado a una sicav radicada en Luxemburgo y emplazó a sus compañeros a resolverlo "con la mayor urgencia posible". 

José Antonio Pérez Tapias y Alberto Sotillos, los aspirantes situados más a la izquierda y que parten la carrera con desventaja, sí han sido mucho más taxativos. El segundo alabó el gesto de Meyer y reclamó a los afectados del PSOE que imiten ese paso. Pérez Tapias lo matiza algo más. Cree que "si colisiona con el que el partido está proponiendo, hay que proceder a las correspondientes dimisiones". 

Por ahora, renuncias al escaño no va a haber. Pero Valenciano dice estar dispuesta a desvincularse totalmente de la sicav y a aclarar lo necesario. Fuentes próximas a la dirigente socialista precisaron que ella "renuncia a su pensión" y rescatará "sólo" el dinero que desembolsó. Al retirar el montante antes de su jubilación –los 63 años, para el Parlamento Europeo–, perderá "casi el 50%" de lo que puso de su bolsillo, "aproximadamente". No repescará la porción aportada por la institución, los dos tercios del total inyectado. La vicesecretaria general no sabe aún la cantidad exacta, porque se reunirá con el administrador del fondo el próximo 2 de julio. Quien hará lo mismo que Valenciano es la aragonesa Inés Ayala, con escaño en Bruselas desde 2004. 

Escándalo "ficticio" para Díez

Al renunciar al fondo, significa que la vicesecretaria general "perderá" lo cotizado allí en los nueve años (1999-2008) en los que ocupó un escaño en Bruselas, ya que el Parlamento Europeo "no cotizaba a la Seguridad Social por los eurodiputados". Fue en 2009 cuando entró en vigor el estatuto del eurodiputado. A partir de entonces, los salarios y las prestaciones sociales (también las pensiones) pasaron a ser asumidas por las instituciones europeas (antes lo hacía cada Estado miembro de la UE). La Eurocámara decide terminar con las aportaciones al fondo privado y prohíbe la incorporación de nuevos firmantes al mismo. 

Valenciano ha sostenido en los últimos días que tributó "todo el tiempo" a la Hacienda española, que pagó por sus contribuciones al plan "como si fueran rendimientos del trabajo, al 43%", aunque era todo "muy confuso", porque la Agencia Tributaria "no se aclaraba, al ser un fondo extranjero". Lo que no hizo –por "olvido", según sus colaboradores–, fue incluir su participación en este activo en la declaración de bienes entregada al Congreso en el comienzo de la presente legislatura, en diciembre de 2011. Ayer, fuentes socialistas precisaron que "modificará esa declaración" para consignar su adhesión al fondo de la Eurocámara. 

La actitud de Rosa Díez ha sido distinta. Ayer miércoles subrayó a los periodistas en el Congreso que considera "ficticio" el escándalo que ha recorrido la actualidad política esta semana, porque las sicavs son "absolutamente legales" y se han "demonizado" porque se han usado "como un instrumento de fraude fiscal". Contó que ella no ha tributado nunca su participación en el fondo a la Hacienda española. Es más, a su juicio no hay por qué incluirlo en el IRPF –sí en la declaración de bienes de la Cámara baja, como ella hizo en 2011– porque no percibe nada del dinero desembolsado hasta su jubilación. En su caso, cumplirá los 63 años en 2015, y será entonces cuando tenga que pagar todos los impuestos correspondientes. Según sus cálculos, unos 400 euros al mes. "Se trata de una cotización diferida", dijo. 

El PP se centra en el IRPF

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, la enmendó. El ministro, europarlamentario entre julio de 2004 y marzo de 2008, insistió en que las aportaciones a planes de pensiones, que gozan de desgravaciones fiscales, "tienen que declararse" en el IRPF, ya que se trata de una "forma de renta" adicional. "En este caso, el Parlamento Europeo está actuando como una empresa [empleadora de los eurodiputados] y, obviamente, [las aportaciones al fondo] tienen que estar en la declaración de la renta de cada uno originariamente, durante todo el periodo en que se esté realizando esa aportación. Luego, cuando se perciban los rendimientos, por supuesto que también tienen que estar", precisó. Montoro recalcó que él siempre ha declarado ese dinero, tanto en el IRPF como ante el Congreso, y que podía haber retirado ya el dinero, por su edad –el mes que viene cumplirá 64–, pero aún no lo ha hecho. 

La línea argumental de Montoro fue seguida por otros representantes del PP. El problema no es el fondo privado y su ligazón con una sicav en sí, sino el hecho de no contribuir al fisco. "Todos los fondos de pensiones pagan impuestos", advirtió la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos. El diputado Rafael Merino juzgó "recomendable, sobre todo por la transparencia" que los parlamentarios incluyan estos activos en sus declaraciones de bienes y actividades. 

Fuentes de UPyD consultadas por infoLibre confirmaron que Díez "nunca" tributó por el fondo europeo, ni en los años en los que hizo aportaciones –de 2004 a 2007, en su segunda legislatura–, ni después. "Rosa optó por no desgravarse a Hacienda, así que pagará todos los impuestos a los 63 años, cuando reciba el dinero. Y pagará por tanto más impuestos que si lo hubiera hecho año a año", señalaban las citadas fuentes. En la formación magenta entienden, tras consultarlo con asesores fiscales, que las indicaciones de Montoro no son del todo exactas, por tanto. "No tenía por qué hacerlo constar en el IRPF si había optado por pagar todo al final. Así que no, ese fondo no existe para Hacienda". Díez, en cambio, sí disfruta de otro fondo de pensiones, firmado con la BBK, y este "sí existe para la Agencia Tributaria, porque sí se desgrava por él". 

Díez cobrará todo, sin hacer distinciones

En la declaración de bienes del Congreso de 2011, Díez consignó un saldo total en planes de pensiones de 36.203,04 euros. UPyD dijo en un primer momento que ese montante correspondía al fondo de la Eurocámara. Ayer, la versión era otra: esa cantidad corresponde a la suma de los dos activos, el de la Eurocámara y el de la BBK. 

Fuentes de UPyD agregaron que su portavoz pretende cobrar en 2015, cuando cumpla 63 años, "todo", tanto la parte que corresponda a lo desembolsado de su pecunio como a la que puso el Parlamento Europeo. Con esta matización: "Siempre que no haya irregularidades". Si se demuestra que el fondo "es legal, transparente" y no tiene problemas, retirará todo el dinero. 

Bruselas ha insistido ya en que la fórmula elegida para este sistema complementario de pensiones, una sicav, es "absolutamente legal". Y se radicó en Luxemburgo por estar en ese país la sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo, "desde donde se gestionan los fondos financieros de la institución".

La posición más cómoda ahora es la de IU, cuyo cabeza de lista en las europeas, Willy Meyer, no ocupará ya su escaño conseguido el 25-M. Cayo Lara recalcó que las aportaciones públicas a planes privados depensiones deberían abolirse. ¿Y los que se beneficien de ellas, deberían dimitir, como Meyer? "Va en la conciencia de cada uno".

El Parlamento Europeo inyectó entre 2000 y 2009 más de 95 millones de euros (95.072.280 euros) al fondo privado y voluntario de pensiones que un grupo de eurodiputados mantiene aún hoy bajo gestión de una sicav de Luxemburgo. Lo anterior significa que, en contra de la primera versión oficial, que fue rectificada ayer por sus portavoces tras una conversación con infoLibre, la Eurocámara no aportó al fondo un euro por cada dos que desembolsaban de su pecunio los futuros pensionistas. Aportó exactamente el 68,5% del total, es decir, más de dos tercios. Según el Parlamento Europeo, la decisión de crear una sicav no fue de la institución sino del fondo.

Pese a las reiteradas peticiones de este diario, Estrasburgo aún no ha facilitado datos oficiales sobre la posición de los integrantes del fondo en los órganos parlamentarios cuando en 1990 la Eurocámara aprobó dar soporte económico al plan privado de pensiones. Tampoco ha desvelado aún la cuantía exacta de dinero público que llegó a sus arcas entre 1994 y 2009.

Pero las cuentas anuales depositadas en el Registro de Luxemburgo desglosan la procedencia del dinero, aunque solo en lo relativo a los últimos 10 años de los 15 con que la sicav manejó financiación europarlamentaria. infoLibre no ha logrado localizar balances anteriores al del ejercicio 2000 en el Registro luxemburgués.

Fue una “asociación sin ánimo de lucro” nutrida por parlamentarios en activo y cesantes la que depositó esas cuentas. Porque es justamente esa asociación de fines altruistas la propietaria de “todas las participaciones de la sicav” a través de la cual se gestiona el fondo de Luxemburgo. Así figura en los balances de la asociación, disponibles año tras año para todos sus miembros.

Variación en el sufijo

El nombre de la asociación y el de la sicav es idéntico. Solo varía el sufijo mercantil: la ONG constituida por eurodiputados y exeurodiputados se llama Fonds de Pension de Deputés au Parlement Européen asbl, siglas que en francés significan “asociación sin ánimo de lucro”. Y la empresa privada finaliza con la palabra sicav, acrónimo de sociedad de inversión de capital variable, una figura que, en la modalidad Fis (fondo de inversión especializado), y esta lo es, solo paga en Luxemburgo un único impuesto: la llamada tasa de suscripción, cuyo importe equivale al 0,01% de los activos netos de la sociedad. Al cierre de 2012, la sicav europarlamentaria contabilizó 164 millones en activos.

Bajo el epígrafe "Gestión de Fondos", el balance y la memoria anual de la asociación correspondientes a 2003 dice lo siguiente en su apartado quinto: "En marzo de 1994, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) fue constituida para gestionar las inversiones del fondo". "La ASBL [asociación sin ánimo de lucro] –continúa el texto– es dueña de todas las participaciones de esta sicav, y la gestora de las inversiones de la sicav, Crédit Agricole Indosuez Luxembourg, se encarga de la gestión de las inversiones del día a día del fondo en el marco de la estrategia general establecida por el consejo de administración". Esa memoria puede obtenerse, previo pago, en el Registro de Luxemburgo.

La participación del Parlamento Europeo en la financiación de esa asociación –y, por tanto, de la sicav que posee al 100%– queda reflejada de modo inequívoco en sus cuentas anuales.

Mucho más que las Cortes Generales

Bajo el epígrafe “ingresos” (revenus, en el original), hay dos leyendas: “Cuota del Parlamento” y “Cuota de los diputados”. Junto a cada una de ellas, figura la cifra de ingresos. Es ese apartado el que confirma que la Eurocámara aportó en cada uno de esos diez años el doble que los diputados. Una vez que infoLibre expuso esos datos a los servicios oficiales del Parlamento Europeo, y previa consulta a Bruselas, de donde dos días antes partió la información original, las fuentes admitieron que se había producido un error: la aportación de dinero público no equivalía a un tercio sino a dos.

El porcentaje de aportación de fondos aplicado por el Parlamento Europeo a lo largo de la pasada década supera, muy de largo, al aprobado por Congreso y Senado para el ya desaparecido fondo privado de pensiones de los diputados españoles: el 10% de la llamada asignación constitucional, lo que en 2009 se traducía en unos 280 euros al mes. Gestionado por el BBVA, ese fondo privado de previsión social quedó extinguido a comienzos de 2012 por acuerdo de las Mesas de las dos Cámaras.

También hasta 2009, cuando el Parlamento Europeo unificó sueldos y pensiones de jubilación –y pasó a dotar esas obligacioines con fondos propios–, la cobertura de los eurodiputados españoles corría a cargo del Congreso. El fondo que gestiona la sicav de Luxemburgo es, y así lo reflejan sus documentos oficiales, “voluntario” y “adicional”. La Eurocámara dejó de financiar la sicav de Luxemburgo ese mismo año, aseguran sus portavoces oficiales.

Desde Emma Bonino hasta los Le Pen

En 2004, la “asociación sin ánimo de lucro” propietaria de la sicav europarlamentaria tenía como suscriptores a 384 eurodiputados en activo y 240 antiguos parlamentarios, según los documentos oficiales del Registro luxemburgués. De esos 640 integrantes –el Parlamento Europeo tenía entonces 730 escaños–, había 58 españoles: 35 parlamentarios en activo y 23 exeurodiputados. Entre ellos, y como ya desveló este diario el pasado martes, se cuentan el conservador Miguel Arias Cañete, que en 1996 había ocupado uno de los cargos de administrador de la sicav; la socialista Elena Valenciano; la líder de UPyD, Rosa Díez, y el dimisionario jefe de la delegación europea de IU, Willy Meyer. Tanto Valenciano como Meyer y Díez –que se pronunció a través de un portavoz– dijeron desconocer la existencia de la sicav.

La relación de miembros de la asociación europarlamentaria que posee la sicav incorpora también en 2004 los nombres del actual titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de la exministra de Educación Pilar del Castillo, ambos del PP.

Una de las europarlamentarias más célebres de la historia de la Cámara, la italiana Emma Bonino, aparece en la lista de ese ejercicio, aunque los documentos de 2006 confirman que lo abandonó ese año. El listado de 2004 también incluye a una figura en alza tras su triunfo electoral de mayo: la ultraderechista francesa Marine Le Pen, cuyo nombre flanquea al de su padre, Jean-Marie Le Pen.