Bernard Arnault, director de LVMH, líder mundial del sector del lujo, es el séptimo hombre más rico del mundo, con un patrimonio de unos 150.000 millones de euros, según la revista Forbes. Pero, según él mismo afirma, el hombre más rico de Francia es también un patriota fiscal. En una comparecencia ante el Senado en mayo de 2025, Bernard Arnault afirmó que es “sin duda el principal contribuyente” de Francia, y que LVMH es el grupo “más patriota” del índice bursátil CAC 40 en materia de impuestos.

Pero para comprar barcos, Bernard Arnault prefiere los paraísos fiscales. Según documentos consultados por Mediapart, el multimillonario ha optado por comprarse un nuevo gran yate a través de una discreta sociedad registrada en Malta, de la que es propietario a través de un testaferro y una estructura con sede en Luxemburgo. Ya había utilizado el mismo montaje para adquirir su barco actual, el Symphony. La isla mediterránea de Malta es uno de los principales paraísos fiscales para yates en Europa, tal y como documentó la investigación Malta Files realizada por Mediapart y la red de medios europeos EIC.

Se trata de una operación de optimización fiscal legal y, por otra parte, muy habitual en el mundo de la navegación de recreo de lujo. Pero es sintomática de la facilidad con la que los multimillonarios pagan muchos menos impuestos que el común de los mortales.

Gracias a un nicho fiscal francés sobre las sociedades holding, Bernard Arnault paga menos del 2% de impuestos sobre los cerca de 3.000 millones de euros de dividendos que LVMH le abona cada año. Durante el debate del presupuesto en octubre de 2025, los diputados de Los Republicanos (LR) y los macronistas se negaron a gravar esas sociedades holding. Prefirieron crear un impuesto sobre los bienes de ultralujo, como los yates. Pero el texto está redactado de forma tan restrictiva que el impuesto no se aplicará a los barcos de Bernard Arnault.

Es ese dinero, en gran medida libre de impuestos, el que el multimillonario utiliza para comprar sus barcos. Según un vídeo difundido en febrero por The Yacht Report, Bernard Arnault ha encargado al astillero neerlandés Royal Van Lent, filial de su grupo LVMH, un nuevo yate de la marca Feadship de 143 metros, aún más grande que el Koru (127 metros) de Jeff Bezos, director de Amazon, o el Dragonfly (142 metros) del cofundador de Google, Sergey Brin.

Según la web especializada Luxury Launches, un barco de este tipo costaría más de 500 millones de euros. En la actualidad solo existen diecisiete yates de más de 140 metros. Cuando se entregue, el de Bernard Arnault será el duodécimo más largo del mundo, superado únicamente por los barcos de los emires del Golfo y de un puñado de oligarcas rusos.

Pero el director de LVMH apenas lo necesitaba porque ya posee un yate de 101 metros, el Symphony, también construido por el astillero neerlandés del grupo LVMH. Este palacio flotante, dotado de seis cubiertas y un helipuerto, ofrece prestaciones de gran lujo: ocho suites con capacidad para veinte invitados, jacuzzi, piscina con fondo transparente, zona de playa en la popa, cine al aire libre y un piano de cola en el salón —Bernard Arnault toca este instrumento a un nivel muy alto y su esposa es pianista profesional—.

El Symphony es también una aberración ecológica, con 5.173 toneladas de CO2 emitidas en 2023, es decir, tanto como 2.500 coches, según una investigación del programa “Cash Investigation” y del colectivo Yacht Co2 Tracker. El balance de carbono de su sucesor, mucho más grande, será, por tanto, aún más catastrófico.

Según nuestra información, el nuevo yate de Bernard Arnault fue encargado por la empresa maltesa Concerto Yachting Limited el 11 de abril de 2025. Los documentos que hemos consultado no mencionan el precio del barco, pero indican que Concerto Yachting ya ha abonado 288 millones de euros en anticipos al astillero. Es decir, más que el precio total del Symphony, que costó 228 millones en 2015.

Al ser consultado por Mediapart, Bernard Arnault se negó a hacer comentarios sobre la compra del barco. Su portavoz sospecha que hemos “consultado ciertos documentos contractuales” que considera “protegidos por el secreto comercial”. “Dado que la fuente no ofrece dudas a la vista de los elementos mencionados, nos reservamos todos nuestros derechos al respecto”, añadió (ver la respuesta completa en caja negra). 

Al consultar el registro mercantil maltés, el propietario de Concerto Yachting es oficialmente Döhle Corporate and Trust Services, una firma especializada en la administración de sociedades offshore, la optimización fiscal y la gestión de yates. Esta firma fue contratada por Bernard Arnault para actuar como accionista ficticio, es decir, como testaferro. Concerto Yachting pertenece en realidad a una empresa buzón luxemburguesa, Semyrh-Europe, controlada a su vez por Agache (antes Groupe Arnault), principal holding francés de la familia Arnault, que también posee una participación del 50% en LVMH.

Bernard Arnault no ha querido explicarnos por qué ha recurrido a un testaferro. La firma Döhle tampoco ha respondido a nuestras preguntas.

El director de LVMH conoce bien las ventajas de Malta en materia de yates. Tal y como reveló Le Monde, Bernard Arnault ya había comprado su actual embarcación, el Symphony, a través de otra sociedad local, Sonata Yachting Limited, también gestionada por el bufete Döhle. Las autoridades de Malta han situado a su país en el segundo puesto europeo en cuanto a matriculaciones de yates, en particular ofreciendo reducciones del IVA, primero en la compra del barco y luego cuando se alquila.

En la página web de Döhle, la exdirectora de operaciones del bufete, que hasta diciembre de 2025 fue una de las gestoras de Concerto Yachting en nombre de Bernard Arnault, alaba además la “eficiencia fiscal” de la que se benefician las sociedades maltesas creadas para poseer yates. Eficacia que se basa, entre otras cosas, en la ausencia de impuesto sobre los beneficios y en “la exención del IVA” para los buques de uso comercial, es decir, destinados a ser alquilados a turistas muy adinerados.

Es precisamente este estatus el que Bernard Arnault ha elegido para sus palacios flotantes, ya que permite tanto reducir los impuestos como financiar, gracias a los alquileres, una parte de los costes del barco. La única restricción es que cuando Bernard Arnault utiliza su barco debe alquilarlo a su propia empresa.

Al ser preguntado sobre las ventajas fiscales maltesas, el portavoz de Bernard Arnault se limitó a indicar que “el recurso a una sociedad de derecho maltés para poseer y explotar comercialmente un buque es una práctica habitual en la industria náutica”, ya que “Malta es un Estado miembro de la Unión Europea de reconocida experiencia marítima”.

En 2018, el mismo portavoz había afirmado en el programa Pièces à conviction que el Symphony no se beneficia de “ningún régimen fiscal ventajoso propio de Malta”, alegando que “la recuperación del IVA es la misma […] en Francia o en Malta”.

Esta afirmación es rebatida por el director de una empresa francesa de gestión de yates, que ha pedido el anonimato. Para intentar frenar la fuga de yates hacia los paraísos fiscales, Francia ha creado un nuevo régimen más ventajoso, el Registro Internacional Francés (RIF). A pesar de sus esfuerzos, Francia sigue siendo, según nuestro experto, “en general menos atractiva que Malta”, sobre todo debido a la “fiscalidad más clara y controlada en Malta”, a su “aplicación más flexible de las normas europeas” en materia de IVA y a “una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta administrativa”.

No es el único truco empleado por Bernard Arnault. Aunque su yate actual, el Symphony, es propiedad de una sociedad maltesa, enarbola pabellón de las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar, lo que determina el régimen jurídico de los contratos de trabajo y le permite contratar a la tripulación sin pagar cotizaciones sociales. Su tripulación debe pagar pues de su propio bolsillo sus seguros de cobertura sanitaria y de jubilación, aunque sean franceses y naveguen frente a la mansión de Bernard Arnault en Saint-Tropez.

El multimillonario podría haber optado por el régimen RIF de pabellón francés, que ofrece importantes reducciones de las cotizaciones sociales, así como exenciones parciales según la nacionalidad y la situación de los marineros. “Pero no se trata de un régimen de ‘carga cero’ como el de algunos pabellones extranjeros, ya que se mantiene una base de protección social francesa”, explica nuestro experto en gestión de yates. En definitiva, dada su fortuna, Bernard Arnault tendría los medios para matricular sus yates en Francia, pagar allí un IVA rebajado y cotizar a la Seguridad Social por sus marineros.

Gracias a los ingresos por alquileres, pero también a las ventajas fiscales de Malta y las Islas Caimán, Sonata Yachting Limited, propietaria y operadora del Symphony, ha obtenido un excedente bruto de explotación acumulado de 7,8 millones de euros entre 2019 y 2024, según las cuentas de la empresa analizadas por Mediapart.

Durante el mismo periodo, Sonata transfirió 3,6 millones de euros a uno de los holdings de Bernard Arnault, en concepto de intereses de préstamo. Es poco comparado con los 228 millones gastados en la compra del buque. Incluso cuando se es multimillonario, no hay pequeños ahorros.

Si dejamos de lado el recurso a sociedades con sede en paraísos fiscales, Bernard Arnault compró su nuevo superyate de forma sencilla, con su propio dinero. En 2015, la operación fue más complicada: el Symphony fue adquirido por 228 millones de euros por una sociedad maltesa perteneciente a LVMH, que fue revendida a Bernard Arnault dos años más tarde.

La operación era jurídicamente arriesgada, ya que LVMH no tenía, a priori, ningún interés en comprar el yate de su jefe. Aunque el barco tenía estatus comercial, es decir, estaba alquilado a Bernard Arnault y a otros clientes, es imposible rentabilizar una inversión de tal envergadura únicamente con los ingresos de los alquileres.

Las motivaciones de Bernard Arnault siguen siendo un misterio. ¿Quería evitar gastar 228 millones ya en 2015? ¿Evitar pagar el impuesto de solidaridad sobre el patrimonio por el barco? No nos ha respondido a este respecto.

La venta en 2017 a Bernard Arnault de la sociedad Sonata Yachting, propietaria del Symphony, plantea además un problema. La ley exige que toda sociedad que haga negocios con su director general debe celebrar un “acuerdo regulado”, que debe ser aprobado por el consejo de administración y luego sometido a votación de los accionistas en junta general.

LVMH no lo hizo para la venta del Symphony y no ha querido explicarnos por qué. El grupo optó por otro procedimiento menos restrictivo, que consiste en revelar la existencia de transacciones entre “partes vinculadas”: en julio de 2017 se incluyó una nota minimalista en el informe semestral de LVMH y, posteriormente, en su informe anual.

LVMH respondió a Mediapart que “la operación de venta de Sonata Yachting se llevó a cabo de conformidad con las normas”, se presentó al “comité de auditoría del consejo de administración” y se realizó “de conformidad con las obligaciones vigentes para las transacciones entre partes vinculadas” (véase caja negra).

Contactada por correo electrónico, la sucursal maltesa del bufete Döhle acusó recibo de nuestras preguntas, pero no respondió. Contactada a través de LinkedIn, la exdirectora de operaciones de Döhle en Malta, en el cargo hasta diciembre de 2025, no dio ninguna respuesta.

Bernard Arnault envió a Mediapart la siguiente respuesta, a través del responsable de comunicación del grupo LVMH:

“Sus preguntas no dejan lugar a dudas sobre el enfoque que ha elegido para su artículo. Pero le contesto. En el preámbulo, mencionan un artículo de prensa sobre un buque mercante encargado a un astillero neerlandés de la marca Feadship y del que indican haber consultado ciertos documentos contractuales, así como los relativos a Sonata en 2017 que detallan. Estos elementos están sujetos al secreto comercial y nos sorprende que hayan podido acceder a ellos. Dado que la fuente no ofrece dudas a la vista de los elementos mencionados, nos reservamos todos nuestros derechos al respecto.

No obstante, en la medida en que algunas de sus preguntas se refieren a la gobernanza de una sociedad cotizada, nos parece útil aportar algunas precisiones fácticas.

La operación de venta de Sonata Yachting se llevó a cabo de conformidad con las normas. Los auditores participaron en todo el proceso, los miembros del Comité de Auditoría del Consejo de Administración fueron informados periódicamente —en particular, se realizó una presentación ante dicho Comité y se entregó una nota detallada— y, como usted indica, la transacción se mencionó en los anexos a las cuentas consolidadas de LVMH, de conformidad con las obligaciones vigentes para las transacciones entre partes vinculadas. La calificación jurídica y contable adoptada fue validada por los auditores y la operación de cesión se tradujo en la extinción de los vínculos con el Grupo LVMH, incluidos los préstamos, por lo que sus suposiciones son, por tanto, falsas.

El recurso a una sociedad de derecho maltés para poseer y explotar comercialmente un buque es una práctica habitual en el sector náutico. Malta es un Estado miembro de la Unión Europea de reconocida experiencia marítima y, por ello, suele ser elegida para este tipo de actividades. Por último, estas operaciones se realizan dentro del mercado del alquiler de yates, en pleno auge, como demuestra la multiplicación de proyectos de yates de crucero en todo el mundo.

Como ya indicábamos anteriormente, sus insinuaciones sobre el cumplimiento de la normativa aplicable son inaceptables, tanto en lo que respecta a la operación pasada, tal y como se ha precisado anteriormente, como al conjunto de operaciones presentes y futuras.

Traducción de Miguel López

Opacidad, bajos impuestos, escasa colaboración con autoridades fiscales o facilidad para crear empresas fantasma. Estas son algunas las características que suelen definir a los paraísos fiscales, como se conoce a las regiones que ofrecen ventajas en cuanto a tributación o impuestos y que compiten por atraer el capital de empresas o ciudadanos que buscan contribuir menos a las arcas del estado. En España, la fuga anual de dinero por este tipo de maniobras llega a superar los 9.100 millones de euros, lo que supone un 0,7% del total del Producto Interior Bruto (PIB), según el informe Estado de la Justicia Fiscal 2024, redactado por la Plataforma de la Justicia Fiscal (PJF). En el informe señalan que si esta cifra se aplicase, por ejemplo, a la sanidad, se podría incrementar la financiación en un 8,9%. Si se destinase a la educación, en cambio, daría para contratar a 400.000 profesores de primaria.

“No pagar impuestos repercute en el gasto social y tiene consecuencias”, explica a infoLibre Juan Gimeno, coordinador de la Plataforma. Otro dato que ayuda a ponderar la magnitud de esta cifra, es que equivale al presupuesto anual total del ministerio de Trasportes y Movilidad Sostenible.

En la lista oficial de guaridas fiscales que proporciona el Consejo Europeo aparecen once países: Panamá, Islas Vírgenes, Rusia, Fiji, Trinidad y Tobago, Anguilla (un territorio británico en el Caribe occidental), Samoa Americana (dependiente de EE UU), Guam (situada en Micronesia y dependiente de EE UU), Vanatu (una isla del Pacífico Sur), Palau (Micronesia), Samoa (Polinesia). Pero desde la organización reclaman que se incluya a otros Estados que practican esta laxitud fiscal dentro de las fronteras europeas y citan a Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. “La UE debe eliminar inmediatamente las lagunas legales que permiten a los superricos y grandes corporaciones evadir impuestos, ocultando su dinero en guaridas fiscales lejanas, y dejar de hacer la vista gorda ante las que hay en sus propios Estados”, señala el coordinador. 

En Europa, los números son abrumadores. El documento señala que la fuga de capitales a nivel comunitario supera los 175.000 millones de euros. “Dentro de la propia Unión Europea existen territorios que podrían considerarse guaridas fiscales, con beneficios, con competencia desleal, con dumping fiscal, con baja tributación, con baja información, etc.”, insiste Gimeno. Entre los principales contribuyentes al problema mundial de los paraísos fiscales, el informe de la PJF señala a Islas Caimán, Hong Kong, Irlanda, EE UU y Canadá. En los datos que elaboran a partir del observatorio internacional Tax Justice, señalan que todos estos países contribuyen a generar una pérdida fiscal que va desde el 6,36% en el caso de Canadá, hasta 9,1% en el caso de las Caimán. Entre los 20 primeros hay cuatro europeos sin contar Suiza y Gibraltar. 

En otro informe, en este caso elaborado por el Observatorio Fiscal de la UE, los números son similares. Según su última actualización, España habría dejado de ingresar en 2019 cerca de 4.500 millones por el desvío de activos y estimaban que la cantidad de capital nacional que se encontraba en paraísos fiscales superaba los 140.000 millones de euros. En base a estos datos, el flujo de dinero que se escapa habría ido creciendo en los últimos años, pese a que la Comisión Europea se había comprometido a endurecer las regulaciones. “Malta, Luxemburgo, incluso Holanda o Irlanda y no digamos territorios offshore británicos, son lugares que compiten con los sistemas tributarios europeos y que restan mucha recaudación”, explica Gimeno.

Corporaciones internacionales y grandes fortunas son las fuentes de las que se alimentan estas regiones. Para acotar estos movimientos a las grandes fortunas, explica el coordinador, habría que establecer sistemas fiscales más justos y rebajar su influencia en el diseño de la fiscalidad. De hecho, una de las medidas que reclaman es un impuesto del 3% para aquellas personas con un patrimonio superior a 100 millones de euros que haga los sistemas europeos más progresivos. Con ello, explican, se recaudarían unos 121.000 millones de euros. A esto suman recomendaciones a nivel nacional como gravar el exceso de beneficios y vigilar la progresividad de los impuestos sobre el patrimonio. “Cuando se aplican con éxito, sirven para frenar las grandes desigualdades y el poder de los monopolios”, valora el documento. 

En relación con lo anterior, Gimeno explica que se pueden establecer otros condicionantes como retirar los contratos públicos a las empresas que operen en paraísos fiscales o no sean transparentes con sus movimientos. Además, desde la plataforma proponen corresponsabilizar a los asesores fiscales o entidades cuando estas maniobras se hayan producido bajo su consejo. “Muchas veces es el propio banco de inversión el que asesora al cliente y estimula que se tengan esos comportamientos evasores, por eso yo creo que hay que hacerles corresponsables como inductores y colaboradores necesarios”, concluye Juan Gimeno. 

En cuanto a las grandes multinacionales, el documento estima que estas compañías podrían estar trasladando entre 900.000 millones y un billón de dólares al año para esquivar el pago de tasas. “Estas manipulaciones también afectan directamente a las finanzas públicas al fomentar una carrera a la baja en la fiscalidad corporativa, mediante la cual los países reducen las tasas impositivas en un intento de retener o atraer filiales de empresas”, advierte el informe. Es lo que se conoce como dumping fiscal. 

Pero para un problema global, las gestiones de los Estados pueden no ser suficientes para atajar el problema. Otra de las propuestas que se lanzan es avanzar en la creación de una convención fiscal en las Naciones Unidas que audite el cumplimiento de la ley y frene los abusos fiscales. Una iniciativa, explican, que ya está en proceso, aunque cuenta con la oposición de ocho países: Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y EE UU. 

Paraíso fiscal es una expresión que proviene de una traducción errónea del inglés tax haven (refugio fiscal), que algún mecanismo subconsciente tradujo como tax heaven (paraíso fiscal), quizá, al darse cuenta de que se podía escapar del fisco en según que lugares. El error y la persistencia del mismo resultan casi graciosos, de no ser porque no pagar impuestos dinamita los sistemas de protección social. “Hace unos años hicimos un estudio sobre las comunidades que menos invertían per cápita en servicios públicos, eran Madrid y Cataluña. Curiosamente fueron esas ciudades las que mayor mortalidad registraron durante el covid. Los malos servicios públicos matan”, concluye Juan Gimeno.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Por cinco delitos fiscales y bajo la fórmula de acusación popular. Así es la querella criminal [consultar aquí el texto íntegro] que se ha presentado en las últimas horas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el rey emérito, Juan Carlos I, por parte de un grupo de periodistas y juristas. Es la primera vez que se lleva a cabo una acusación popular de este tipo contra el ex Jefe de Estado, quien, según el escrito, habría cometido cinco delitos agravados contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018. Unos hechos que, consideran los querellantes, violan “no sólo los preceptos del Código Penal sino también los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos”.

El escrito está firmado por una docena de personas, aunque desde fuentes de la acusación se asegura a infoLibre que la apoyan muchas más. Entre los firmantes aparecen el exfiscal y exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el periodista Josep Ramoneda, el jurista y activista por los Derechos Humanos Joaquín Urías, la periodista y viuda del escritor José Saramago, Pilar del Río, y el escritor Santiago Alba Rico. 

Los hechos se circunscriben a las actividades que realizó presuntamente el rey emérito mediante dos fundaciones, Zagatka, con sede en Liechtenstein y Lucum, en Suiza, con el objetivo de ocultar sus ingresos y así evitar pagar impuestos en España. Según expone la querella, con estas fundaciones, Juan Carlos I habría financiado gastos personales, como por ejemplo viajes de lujo, vuelos e incluso la compra de armas. La cuantía total de esos delitos sería de más de tre millones y medio de euros, divididos entre cinco ejercicios fiscales y significarían unas penas de cárcel que irían de los 2 a los 6 años por cada uno de los delitos además de tener que pagar en concepto de multa seis veces el importe defraudado.

El escrito encuadra la actividad ilegal del rey emérito entre los años 2014 y 2018, es decir, con posterioridad a su abdicación, la cual se produjo el 19 de junio de 2014. De esta forma, los hechos que exponen no se encontrarían amparados por la inviolabilidad que llevaba aparejada su condición de Jefe de Estado y que ha hecho en el pasado descarrilar otros procedimientos en su contra. Aún así, y pese a su abdicación, Juan Carlos I sigue disfrutando de condición de aforado por su título de rey emérito, lo que hace que solo le podría juzgar el Tribunal Supremo. En este sentido, en el caso de ser admitida la denuncia, los querellantes solicitan la declaración de Juan Carlos I, la cual podría llevarse a cabo mediante videoconferencia desde su residencia en Abu Dhabi.

Otro de los aspectos que aborda querella es la posible prescripción de los delitos fiscales expuestos, ya que estos, según la ley, prescriben a los cinco años de haberse cometido. Los querellantes argumentan que los delitos del rey emérito se deben considerar como agravados por haber superado la cuantía defraudada los 600.000 euros en los ejercicios y haber usado fundaciones, asociaciones y paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. Esto significaría que el plazo de prescripción aumentaría de esos cinco años a los 10, por lo que todos los delitos podrían ser aún juzgados. También los del 2014, pues, argumentan, se tendría que tener en cuenta no la fecha en la que se cometió el delito, sino el periodo en el que se debía declarar el impuesto defraudado, que en ese caso sería 2015.

Aunque si hay un punto que es realmente clave es el de las regularizaciones fiscales que hizo el rey Juan Carlos I durante los años 2020 y 2021 para normalizar su situación con la Hacienda Pública. Según los querellantes, estas no debieron haber tenido validez por haberse producido en condiciones irregulares y, por tanto, la acusación penal sobre el rey emérito se tendría que haber mantenido vigente.

¿Y por qué no habrían sido válidas esas regularizaciones? En primer lugar, hay que saber que para que sea efectiva una figura de este tipo debe realizarse antes de que el contribuyente tenga conocimiento formal de que está siendo investigado. En este caso, exponen los querellantes, el rey emérito habría recibido dos notificaciones por parte de la Fiscalía en junio y noviembre de 2020 sobre la existencia de diligencias de investigación en su contra por posibles irregularidades fiscales. Teniendo en cuenta que ambas regularizaciones llevadas a cabo por Juan Carlos I fueron después de esa notificación, en diciembre de 2020 y febrero de 2021, significaría que estas fueron forzadas por las investigaciones y, por tanto, eliminaría la “espontaneidad” que recoge la ley como requisito indispensable para que la regularización sea válida.

La cuestión en este punto es si la argumentación de los querellantes es la válida o, si sin embargo, prevalece la interpretación que en su día se dio para admitir la regularización de la situación fiscal de Juan Carlos I. Esta consideraba que las notificaciones enviadas al rey emérito no incluían detalles específicos de los hechos investigados ni advertían claramente que las irregularidades fiscales detectadas podrían ser constitutivas de delito, lo cual pudo hacer pensar a Juan Carlos I que aún estaba a tiempo de realizar esta regularización, aunque realmente no fuera así. Este extremo es algo que los querellantes niegan: “La Fiscalía sí le dijo que había investigaciones con relevancia tributaria, lo cual impide la regularización. Dicen que no tenía detalles pormenorizados, pero es que la Fiscalía nunca puede tenerlos, debe recibirlos de la Agencia Tributaria que es la que los conoce en toda su complejidad”, comentan fuentes de la querella.

Con todo ello, otra de las preguntas que suscita toda esta actuación con respecto al rey emérito es por qué no se han tomado medidas con anterioridad con respecto a estos presuntos delitos. “La que tendría que haber actuado es la Agencia Tributaria, la Fiscalía actuó en el año 2022 porque antes no sabíamos lo que había pasado con respecto a este tema, al menos por vía judicial. Y es ahí cuando empieza a tener relevancia legal. De hecho, hacemos referencia en la querella a que resulta escandalosa la inacción de la Agencia Tributaria”, comenta una fuente de los querellantes.

Nadie habría apostado a que Giorgia Meloni se atrevería a introducir una medida tan alejada de sus referencias políticas. A principios de agosto, la presidenta del Consejo italiano anunció su intención de gravar –un poco– a los ricos. En un momento en que Italia, al igual que Francia, está sometida a un procedimiento europeo por déficit excesivo, el gobierno, en el marco de su próximo presupuesto, propone duplicar el impuesto fijado sobre las rentas extranjeras de las personas adineradas que vayan a vivir al país: de 100.000 euros, pasará a 200.000 euros, sea cual sea el nivel de riqueza.

La medida es bastante simbólica, pero representa un giro de 180 grados, al igual que la retórica política que la ha acompañado. Si hasta ahora Italia se había declarado hostil a cualquier imposición sobre las personas más ricas, el ministro italiano de Economía, Giancarlo Giorgetti, admitió que era muy difícil de evaluar el impacto de esa medida, introducida en 2017 y destinada a atraer a las grandes fortunas.  Se mostró además contrario a cualquier política fiscal que favorezca a los más ricos: “Rechazamos la competencia fiscal, porque países como Italia, que tienen un margen de maniobra presupuestario limitado, solo pueden perder”, reconoció en rueda de prensa.

En el otro extremo del espectro político, el nuevo gobierno laborista británico se plantea seguir el mismo camino. Nada más ser nombrado, el primer ministro, Keir Starmer, puso en marcha una auditoría de las cuentas públicas. Los resultados fueron desastrosos: el gobierno de Rishi Sunak, considerado por definición un buen gestor por ser de derechas, dejó un agujero de 22.000 millones de libras (25.800 millones de euros). La ministra de Economía, Rachel Reeves, no ocultó sus intenciones: esta vez, el Gobierno no sólo iba a hacer recortes en los presupuestos sociales y en los hogares, sino también en las grandes fortunas. Con ello, prometía poner fin a la política de cuarenta años de favorecer a los más ricos.

La reacción ha sido inmediata y todos los interesados se apuntan ya a la competencia fiscal: Singapur, Dubai y Abu Dhabi, convertidos en los nuevos paraísos fiscales de los multimillonarios –y ahora en los centros mundiales del dinero negro– están encantados de acoger a los ricos y así lo hacen saber.

Muchos auguran ya una huida desbocada de capitales de Gran Bretaña, el descontento de los inversores con la City y el hundimiento del mercado inmobiliario londinense.

En Estados Unidos reaparece la misma amenaza tras la presentación del programa económico de Kamala Harris. Retomando un plan presentado por Joe Biden, la candidata presidencial demócrata ha prometido intensificar la lucha contra la evasión y la elusión fiscales y aumentar los  impuestos a los más ricos.

La perspectiva de tener que pagar algún día más impuestos que sus secretarias, como señaló el multimillonario Warren Buffet hace más de una década, hace temblar a muchos multimillonarios. Aunque algunos de ellos lanzaron en Davos el movimiento "Tax us", no son muchos los que están dispuestos a contribuir al gasto público. Entre bastidores, grandes fortunas, financieros de Wall Street y asesores de todo tipo que llevan décadas trabajando en la evasión fiscal y la gestión discreta de las grandes fortunas empiezan a movilizarse para cortar de raíz la idea.

Pero esta vez podrían fracasar. Las colosales deudas acumuladas en todo el mundo, los crecientes déficits presupuestarios y las gigantescas inversiones necesarias para llevar a cabo la transición ecológica obligan a los gobiernos a tomar medidas que no pueden apoyarse únicamente en las clases medias, cada día más pobres.

Según un estudio de la Tax Justice Network, publicado el domingo 18 de agosto, un impuesto global sobre la riqueza de los ricos, inspirado en el impuesto de solidaridad sobre el patrimonio introducido por el gobierno socialista español, podría recaudar dos billones de dólares (1,8 billones de euros). Los gobiernos difícilmente pueden descartar una medida semejante sin estudiarla, en un momento de desafíos financieros y climáticos, aunque el rendimiento sea mucho más limitado que las sumas presentadas por el estudio.

Además, la acumulación sin precedentes de riqueza en unas pocas manos y la ampliación histórica de las desigualdades han alcanzado tales proporciones que constituyen ya una amenaza que va mucho más allá de la injusticia fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es un riesgo para la estabilidad financiera y un peligro democrático que los gobiernos no pueden seguir ignorando.

Año tras año, ONG como Oxfam, Transparency International y otras revelan las cifras cada vez más asombrosas de la acumulación de riqueza por parte de los más ricos. Desde la crisis financiera de 2008, ha sido una auténtica explosión: la comunidad financiera y los ricos han acaparado más del 90% de las políticas monetarias ultra acomodaticias utilizadas para rescatar el sistema financiero y económico mundial.

Los bancos centrales que alimentaron el fenómeno no pueden eximirse de sus responsabilidades invocando su independencia y neutralidad. Miles y miles de millones de dólares offshore, no taxados, vagan ahora por la esfera financiera, moviéndose a la velocidad de la luz en busca de las ganancias más fáciles, a riesgo de provocar una catástrofe.

El último temblor, el 5 de agosto en la Bolsa de Tokio, ilustra perfectamente las amenazas que se ciernen sobre la estabilidad financiera de todo el sistema: el movimiento de cientos de miles de millones de dólares fuera de los mercados japoneses en el espacio de unas horas –porque el Banco de Japón había osado subir los tipos de interés un 0,25%– estuvo a punto de desencadenar un pánico general y provocar un auténtico terremoto, si no se hubiera frenado a tiempo. Gravar ese capital para recuperar su control es una necesidad y corresponde a los bancos centrales decirlo y tomar medidas para hacerlo posible.

Pero más allá de eso, estas acumulaciones sin precedentes de riqueza en pocas manos, fuente de inestabilidades socioeconómicas, son una amenaza creciente para la democracia.

Las cifras de los individuos más ricos del mundo ya están dando que hablar. Sólo los diez mayores multimillonarios –encabezados por Elon Musk (Tesla, SpaceX), Jeff Bezos (Amazon) y Bernard Arnault (LVMH)– suman una riqueza conjunta de 1,6 billones de dólares, equivalente al PIB de España, según la última clasificación de Bloomberg.

Cada año son más ricos y poderosos. Al ritmo al que crecen sus fortunas (+20% de media), algunos apuestan a que las fortunas de ciertos multimillonarios, principalmente del sector digital, podrían alcanzar el billón de dólares en una década, lo que les llevaría a superar a muchos países ricos del mundo.

Sin esperar, esos multimillonarios ya están dejando sentir su influencia en las decisiones gubernamentales. Aunque Elon Musk está muy por delante de los demás, los otros no se privan de hacer sentir su poder, y van mucho más allá de los juegos de influencia de los grupos de presión. Tanto es así que el senador Bernie Sanders expresó recientemente su preocupación por que la democracia esté dando paso a la oligarquía.

Este temor es cada vez más compartido. Asociaciones de Suiza han lanzado un debate sobre la creación de un impuesto federal de sucesiones: por encima de 50 millones de francos suizos (52,5 millones de euros), el Estado deduciría la mitad de la fortuna. La propuesta debe someterse a referéndum. El Gobierno ha indicado que se opone a la propuesta, que amenaza su reputación de paraíso para los ricos. Pero la cuestión dista mucho de estar zanjada, dada la exasperación de la opinión pública ante las prebendas concedidas a los poderosos.

El debate se ha globalizado. En la última reunión del G20 en Río (Brasil), los ministros de Economía dieron su apoyo al estudio del principio de un impuesto global sobre las mayores fortunas del mundo.

Invitado por el presidente brasileño Lula a asesorar al G20 sobre esta cuestión, el economista Gabriel Zucman elaboró un informe detonante: según sus cálculos, los multimillonarios, aprovechando todas las lagunas legales y los fallos de los sistemas fiscales, pagan una media del 0,3% de impuestos sobre su fortuna. Gravar la riqueza de las 3.000 personas más ricas con sólo un 2% cada año reportaría entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales.

Mientras gana terreno en muchos países la idea de gravar a los más ricos en nombre de la igualdad fiscal y la equidad democrática y social, sólo un país parece negarse a debatir la cuestión y resistirse a cualquier cambio: Francia.

En mayo, durante la reunión del G20 en Río de Janeiro, Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas ahora en funciones, no fue el último en subir al estrado y presentarse como ferviente partidario de gravar a los ricos. Debió ser sólo para ser el centro de atención por poco tiempo, porque a su regreso él mismo descartó cualquier revisión del sistema fiscal, especialmente para los más ricos, aunque fuera temporal, incluso para hacer frente al deterioro de las cuentas públicas.

A pesar de su fracaso en las elecciones legislativas, la posición del gobierno francés dimisionario, como la de Emmanuel Macron, no ha cambiado. Desde confidencias hasta pequeñas frases susurradas al oído de sus invitados a cenar, el presidente hace saber que está fuera de toda duda cambiar su política, a pesar de haber sido desautorizado en las urnas, o modificar los grandes ejes presupuestarios fijados desde que llegó al poder. Y acogió con indisimulada satisfacción el "pacto legislativo" de la derecha, rechazando categóricamente cualquier aumento de la fiscalidad o del impuesto sobre el patrimonio (ISF).

Según explican la derecha y los macronistas, retocar el ISF, revisar el “impuesto único” sobre las rentas del capital, incluso modificar ligeramente la escala del impuesto sobre la renta, destruiría irremediablemente el atractivo de Francia, ahuyentaría a los inversores y a los capitales, y provocaría un nuevo éxodo de las grandes fortunas.

Esos argumentos, usados hasta la saciedad, nunca se han podido concretizar. En sus distintos informes, France Stratégie, aunque no muy iconoclasta, ha dicho que era incapaz de medir los efectos beneficiosos de la supresión del impuesto sobre el patrimonio sobre el atractivo de Francia. Tampoco ha podido cifrar cuántos exiliados fiscales han regresado a Francia tras la supresión de los distintos impuestos sobre el capital, presentados como “confiscatorios”. En cuanto a las inversiones extranjeras, se trata principalmente de inversiones financieras que se van tan rápidamente como llegaron a la primera de cambio, como lo demuestra la multitud de quiebras de empresas en la actualidad, abandonadas de la noche a la mañana por sus accionistas.

Las consecuencias de esta política también son bien conocidas: una reducción sin precedentes de los ingresos públicos que conduce a déficits importantes, políticas de austeridad que se traducen en la destrucción de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, y de las conquistas sociales.

Incluso derrotado, Macron está más decidido que nunca a hacer frente a esta competencia fiscal internacional. Aunque sea suicida, aunque otros países, dándose cuenta de sus errores pasados, estén en proceso de cuestionar sus dogmas, para él su opción es la ganadora: Francia tiene 827.000 millonarios, según un estudio de Capgemini. Ocupa el quinto puesto mundial en número de multimillonarios.

Mientras, el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído un 3% entre 2022 y 2023 y Francia tiene más de 9 millones de hogares por debajo del umbral de la pobreza, su nivel más alto desde los años setenta.

Traducción de Miguel López

“No existe tal cosa como un buen impuesto”, dicen que dijo el primer ministro británico Winston Churchill. A nadie le gusta pagar impuestos, ese mal necesario –también lo dijo Churchill– que no sólo es la fuente principal de ingresos de los Estados sino además materia habitual de violenta controversia política. Véase si no cómo, en un último intento desesperado por evitar la derrota que anticipaban todas las encuestas, Rishi Sunak recurría al miedo a los impuestos que los laboristas supuestamente iban a subir en cuanto entraran en Downing Street.

Tras aumentar en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y recortarse desde la década de los 80 con el ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en EEUU y Reino Unido, las políticas de austeridad utilizadas como cura para la Gran Recesión pusieron de nuevo la política fiscal en el centro del debate político. A los recortes en el Estado del Bienestar desde 2008 les sucedió una lluvia europea de fondos públicos para sostener la economía tras el parón del covid. Y las llamadas de los organizaciones internacionales para tapar los agujeros que los paraísos fiscales perforan en las maltrechas arcas de los Estados y para aplicar tipos impositivos mínimos tanto a las multinacionales como a los milmillionarios.

Un estudio de dos investigadores de las universidades de Viena y Zurich, Björn Bremer y Reto Bürgisser, confirman que, en efecto, los impuestos no son muy populares: hasta un 65% de los europeos apoyan las bajadas fiscales. Al menos los españoles, alemanes, británicos e italianos. Una encuesta a 1.200 contribuyentes de esos cuatro países en 2018 arrojó una respuesta que no sorprende a nadie. Pero Bremer y Bürgisser fueron un poco más allá en sus preguntas. Primero, quisieron saber si estaban a favor de que les bajaran el impuesto sobre la renta, el tipo máximo a los que más ingresan y el IVA. Después indagaron si creían que el Gobierno debería reducir esos impuestos aunque esa medida implicara un recorte del gasto público o un aumento de la deuda pública.

La respuesta fue que el apoyo a una rebaja de impuestos, cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias y se les enfrenta a lo que los autores llaman “disyuntivas fiscales”, disminuye de forma significativa. Hasta 15 puntos porcentuales.

En el caso de los españoles, pasa del 65% inicial al 54% si la rebaja fiscal en el IRPF se traduce en un recorte del gasto público, al 45% si resulta en un aumento de la deuda pública y cae hasta el 40% si va a suponer un alza del IVA. Cuando se les plantea un recorte del IVA, el 70% inicial que se muestra a favor cae hasta el 45% si va a suponer menos gasto público y al 49% si aumenta la deuda del Estado.

Porque subir los impuestos es una medida antipática, pero el Estado del bienestar incluye beneficios también muy valorados por la ciudadanía. Incluso en Estados Unidos, recuerdan los autores, las encuestas señalan que los ciudadanos se muestran “orgullosos de cumplir con sus obligaciones fiscales, que perciben como un deber moral y una responsabilidad cívica”, y en Reino Unido respaldan aumentos de su factura fiscal de hasta un 7% para sostener el gasto gubernamental. En otro estudio, Bremer y Bürgisser subrayan que los ciudadanos quieren que los gobiernos “proporcionen una red de seguridad a las personas cuando enferman, envejecen o se quedan sin empleo”, también que las apoyen para conseguir una mejor educación y un puesto de trabajo si pierden el suyo. Esa “inversión social”, dicen, atrae a “una amplia coalición de votantes de clase media con un buen nivel educativo”, además de estar muy bien valorada.

Y, para hacer todo eso, son necesarios los impuestos.

En los cuatro países analizados, el 63% apoya que se baje el IRPF, y aún más, el 67%, que se reduzca el IVA. Pero sólo un 20% quiere que se recorte el tipo máximo de la renta; el respaldo a que paguen menos impuestos los más ricos se ve como un cambio regresivo y es mínimo. Ahí no hay grandes diferencias entre unos países y otros. Sí son un poco más pronunciadas respecto al IRPF y al IVA. Los italianos son los que más apoyan los recortes fiscales: un 83% está a favor de que se baje el impuesto sobre la renta y un 80% el IVA. Los británicos, que tienen impuestos relativamente más bajos que el resto, son los menos entusiastas de las reducciones, sólo el 48% se muestra a favor de que se recorte el IRPF y el 58% de que se suavice el IVA. Si aumentara la deuda pública, sólo el 42% de los alemanes aceptaría una bajada del IRPF y únicamente el 40% la del IVA.

Es decir, cuando se les pregunta a todos ellos si les parecerían bien esas mermas de la factura fiscal aun cuando implicaran un recorte del gasto público, un aumento de la deuda del Estado o una subida de otros impuestos, el respaldo ciudadano cae por debajo del 50% en todos los países. En el caso del Reino Unido, apenas supera el 30% si la bajada del IRPF o del IVA se convierte en más deuda pública o tiene que compensarse con la subida de otro impuesto.

Bremer y Bürgisser también han analizado el papel que tienen el interés propio y la ideología en la escala de prioridades fiscales de los europeos. Y concluyen que la segunda predomina sobre el interés material, al menos entre los contribuyentes de izquierdas.

Aun así, destacan que los individuos con más ingresos son “ligeramente más partidarios” de las rebajas fiscales “regresivas” que los menos pudientes. Y los contribuyentes de derechas y los de ingresos más bajos –tanto de derechas como de izquierdas– son menos partidarios de rebajas en el IRPF si la contrapartida es una subida del IVA –un impuesto indirecto cuyo aumento se considera regresivo pues se aplica a todos los consumidores independientemente de su renta– o un aumento de la deuda pública. En Italia, Alemania y Reino Unido a los ciudadanos más pobres no les importa que les suban el IRPF si les bajan el IVA, pero en España no quieren ni oír hablar de más impuestos sobre la renta por mucho IVA que les perdonen.

Cruzando ideología y renta personal, los autores han descubierto también que los encuestados de izquierda con altos ingresos son más partidarios de subir los impuestos –o al menos de no recortarlos– que los encuestados de izquierda más pobres.

A juicio de Bremer y Bürgisser, estas sorpresas se explican por cómo los ciudadanos perciben subjetivamente los efectos distributivos de los impuestos y en qué medida están alineados con sus efectos distributivos objetivos. “El apoyo a impuestos más bajos es condicional y no absoluto”, concluyen.

A su juicio, estudiar cómo interpretan los contribuyentes los efectos distributivos de los impuestos, así como las disyuntivas fiscales, servirán para conseguir los recursos necesarios con los que abordar el cambio climático y las desigualdades, el próximo –y costoso– reto.

Cuando los médicos extirparon el tumor de la axila de Miriam Staunton hace seis años, le dijeron a esta irlandesa de 51 años que tenía un 70% de posibilidades de recaer. Sin embargo, en los meses siguientes a la operación, sólo le ofrecieron radioterapia local y revisiones periódicas, pero ningún tratamiento farmacológico.

"Recuerdo cuando conocí al oncólogo y me dijo que no estaba en condiciones de ofrecerme nada sistémico en ese momento", cuenta Staunton. "En aquel momento no entendí exactamente a qué se refería", añade.

Lo que Staunton no sabía es que tendría que esperar a que el melanoma reapareciera un año más tarde para tener derecho a unos medicamentos eficaces, pero caros. Después de que el cáncer hubiera progresado a un estadio cuatro en febrero de 2019, comenzó a recibir tratamiento con Opdivo y Yervoy, fármacos de vanguardia aplicados en lo que se conoce como inmunoterapia, que entonces estaban restringidos en Irlanda a las formas más graves de cáncer debido a su precio elevado.

En otras partes de Europa, Staunton podría haber recibido Opdivo poco después de su cirugía. En julio de 2018, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) amplió la indicación de Opdivo a pacientes con melanoma en estadio tres. Algunos países europeos lo financiaron de inmediato, pero Irlanda no. "Una cosa es cuando no hay cura, pero cuando el tratamiento existe y la gente no puede acceder a él, eso está fundamentalmente mal", critica Staunton, que ahora está libre de cáncer.

El motivo de este retraso es que Irlanda y la farmacéutica estadounidense Bristol-Myers Squibb (BMS) no se pusieron de acuerdo sobre el precio de Opdivo. Cuando la EMA aprueba nuevos medicamentos para su uso en la UE, cada Estado miembro tiene que llegar a acuerdos de reembolso con los fabricantes individualmente. Las negociaciones pueden ser largas, ya que las empresas suelen dar prioridad a los mercados ricos y los gobiernos aceptan negociar cada uno por su cuenta descuentos confidenciales.

Mientras tanto, la industria farmacéutica utiliza de forma sistemática paraísos fiscales para acumular beneficios y reducir al máximo los impuestos que paga. Investigate Europe ha analizado las estructuras corporativas de las 15 mayores farmacéuticas europeas y estadounidenses, a las que ha localizado 1.306 sociedades en paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Esta información forma parte de la investigación realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe sobre el negocio de las grandes farmacéuticas, un proyecto en el que participan más de 20 medios europeos. infoLibre publica en exclusiva en España la investigación completa (puedes consultar aquí los artículos de la serie ya publicados).

Estas jurisdicciones ofrecen a las empresas bajos impuestos o formas de trasladar los beneficios (a veces ambas cosas). En Europa, investigadores y activistas coinciden en señalar a Irlanda, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo. Según el informe de este año del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un grupo de reflexión financiado por la UE, dichos países se encuentran entre los principales destinos mundiales para el traslado de beneficios.

Esas estructuras opacas en paraísos fiscales y territorios de baja tributación han contribuido a que las 15 empresas farmacéuticas amasaran unos beneficios de 580.000 millones de euros en los últimos cinco años.

Esta cantidad supera sus costes de investigación y desarrollo (I+D), a pesar de que la industria afirma con frecuencia que los altos precios de los medicamentos son imprescindibles para innovar y diseñar nuevos fármacos.

"La evasión fiscal de las empresas no carece de víctimas, menos impuestos significa menos inversión en sanidad en Irlanda y también repercusiones negativas para los países del Sur Global", afirma Aideen Elliott, de Oxfam Irlanda. "Nada de lo que hacen estas empresas es ilegal, pero se están aprovechando de las normas del impuesto de sociedades", explica.

Investigate Europe contactó con todas las empresas citadas en este artículo para recabar sus comentarios. AstraZeneca, Bayer, Eli Lilly, Novartis, Novo Nordisk, Roche y Sanofi respondieron para decir que cumplen con todas las normas fiscales. Sanofi argumentó que su presencia en jurisdicciones de baja tributación estaba justificada por las necesidades de los pacientes locales. Bayer indicó que, como empresa alemana, tributa por sus beneficios extraterritoriales y añadió que algunos de los países mencionados en este artículo no deberían considerarse paraísos fiscales.

En Irlanda, BMS entabló negociaciones con las autoridades sanitarias con un precio de partida de 1.311 euros por una dosis de 100 miligramos de Opdivo. Estimaciones de académicos indican que se pueden fabricar anticuerpos similares por menos de 20 euros. Opdivo se empezó a reembolsar en Irlanda en febrero de 2021. El precio final pactado entre el Gobierno y la farmacéutica es un secreto.

Irónicamente, BMS fabrica Opdivo en Dublín, en una instalación cercana a la casa de Miriam Staunton. Aunque el tratamiento no era accesible para algunos pacientes irlandeses debido a su coste, el proveedor estaba obteniendo pingües beneficios gracias a las atractivas normas fiscales de Irlanda.

El moderno campus de BMS en la capital irlandesa pertenece a una filial que facturó 17.200 millones de dólares en 2022 (unos 16.000 millones de euros al cambio actual), más de un tercio de los ingresos mundiales del fabricante ese año. Sin embargo, a pesar de estar registrada en Irlanda, Swords Laboratories es una entidad suiza a efectos fiscales.

Su matriz directa, Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, disfruta de una doble residencia similar y posee patentes de varias terapias de BMS. En 2022, el holding valoró los activos en más de 1.000 millones de dólares (932 millones de euros) y se embolsó 4.500 millones de dólares en royalties vinculados a fármacos producidos por Swords Laboratories, como Eliquis, un anticoagulante superventas. Además, el holding recibió casi 9.000 millones de dólares (unos 8.400 millones de euros) en dividendos de la planta de Dublín en sólo dos años.

El acuerdo se asemeja a un tristemente célebre agujero fiscal que Irlanda se comprometió a cerrar. Conocido como "doble irlandés", ha sido una herramienta habitual de los grupos tecnológicos y farmacéuticos para recortar su factura fiscal efectiva por debajo del actual tipo del 12,5% del impuesto de sociedades irlandés. El esquema consiste en crear dos empresas en Irlanda: una con fines operativos y residencia fiscal en dicho país, y otra dueña de las patentes y derechos de propiedad intelectual y con sede en un paraíso fiscal como las islas Bermudas. La primera paga cánones a la segunda y traslada de esa forma la práctica totalidad de sus beneficios al paraíso fiscal.

"Irlanda introdujo cambios en sus normas de residencia fiscal de las empresas en la Ley de Finanzas de 2014 que están específicamente diseñados para prevenir tales estructuras, como la llamada «doble irlandés»”, indica a Investigate Europe un portavoz del Departamento de Finanzas. "Estas normas garantizan que no sea posible que las empresas exploten los desajustes en las normas de residencia fiscal", añadió.

Sin embargo, James Stewart, profesor adjunto de Finanzas en el Trinity College de Dublín, sostiene que estas estructuras fiscales pueden seguir existiendo porque Irlanda tiene un tratado de doble imposición con Suiza. "Estas empresas tienen activos y flujos de fondos muy grandes, no suelen tener empleados y son muy rentables. Es probable que sean una fuente de extracción de beneficios", señala.

El principal accionista directo de BMS Holdings Ireland es precisamente una sociedad irlandesa con residencia fiscal suiza. Los dos holdings y Swords Laboratories no sólo canalizan las ganancias fuera de Irlanda, también las aparcan allí. A finales de 2022, el trío societario había acumulado más de 30.000 millones de dólares de patrimonio (casi 28.000 millones de euros).

Albergar la propiedad intelectual en paraísos fiscales es una práctica habitual en BMS. Sus patentes de Opdivo y Yervoy se encuentran en Delaware, un estado norteamericano que no grava los derechos de autor. Los dos fármacos supusieron una cuarta parte de los ingresos de 45.000 millones de dólares del grupo en 2023 (casi 42.000 millones de euros). Ese año, BMS registró 135 filiales en paraísos fiscales: 81 en Delaware, 15 en Suiza, 13 en Irlanda y 12 en Países Bajos.

Estas estructuras ayudaron a la empresa a alcanzar un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 4,7%, muy por debajo del tipo legal estadounidense del 21%. Parte de ello se debió a una resolución fiscal favorable, pero la mayor reducción resultó de los diferentes tratamientos fiscales en Irlanda, Suiza y Puerto Rico, según el informe anual de BMS.

La empresa no respondió a las solicitudes de los periodistas para conocer su versión.

BMS no es un caso único. Investigate Europe analizó las cuentas presentadas por los 15 mayores grupos farmacéuticos estadounidenses y europeos en los últimos cinco años. En conjunto, declararon 1.306 filiales en paraísos fiscales. Es muy probable que la cifra real sea mayor, ya que las normas de información sólo obligan a las multinacionales a enumerar aquellas empresas que consideran "significativas".

Delaware ocupa el primer puesto, con 700 entidades, por delante de Países Bajos, donde existen cerca de 170. Le siguen Suiza e Irlanda, con casi 120 cada una.

Nueve de los diez mayores grupos farmacéuticos del mundo operan en Irlanda y el mayor "probablemente sea Pfizer", sospecha el profesor Stewart. "Digo probablemente porque no se han publicado las cuentas de ninguna filial irlandesa. Casi todas las filiales de Pfizer en Irlanda operan como sucursales de una entidad holandesa".

En los Países Bajos, Pfizer registró tres cuartas partes de sus ingresos mundiales de 100.000 millones de dólares (uno 93.000 millones de euros) con un holding holandés al frente de una miríada de filiales. CPPI CV, una sociedad limitada, es "fiscalmente transparente", lo que significa que sus accionistas pueden obtener beneficios sin pagar impuestos. En 2022 y 2023, CPPI CV envió 35.000 millones de dólares a sus sociedades matrices en Delaware. Follow the Money, un medio de investigación, publicó varios artículos sobre los asuntos holandeses de Pfizer y describió cómo la sociedad se convirtió en la empresa más rentable de los Países Bajos. Pfizer tampoco respondió a la peticiones para conocer su versión.

"Las empresas estadounidenses históricamente han atesorado efectivo en jurisdicciones de baja tributación para evitar los impuestos que normalmente pagarían si repatriaran las ganancias a Estados Unidos", explica Reuven Avi-Yonah, profesor de derecho de la Universidad de Michigan. "En 2018, una reforma estadounidense intentó cambiar esto con un impuesto del 10,5% sobre los ingresos extranjeros, pero en realidad alentó a las grandes farmacéuticas a mantener aún más ganancias en el extranjero, ya que estarían sujetas a esta tasa atractiva en lugar de la tasa legal estadounidense del 21%", explica.

"Todos los que tienen ingresos quieren limitar la exposición fiscal de esos ingresos y las empresas no son una excepción", afirma Paul Fehlner, antiguo responsable del departamento de propiedad intelectual de Novartis, un gigante farmacéutico suizo. "Así que si se coloca la titularidad de los derechos de patente en una jurisdicción de baja tributación y luego los fondos fluyen internamente hacia una entidad de tenencia de patentes, se consigue reducir la carga fiscal global", indica.

Las patentes son registradas por empresas o inventores de nuevos productos para evitar la competencia. A los titulares de las patentes se les conceden derechos exclusivos para fabricar y comercializar el medicamento durante un periodo determinado, normalmente 20 años.

Los genéricos suelen ser hasta un 85% más baratos una vez lanzados al mercado, pero mientras duren sus monopolios, las farmacéuticas pueden imponer precios elevados a gobiernos y aseguradoras. Para justificarlo, los directivos de las farmacéuticas aducen a menudo los caros costes de I+D.

Sin embargo, los datos recopilados por Investigate Europe muestran que la industria, analizada colectivamente, obtiene más beneficios netos de las ventas de los medicamentos existentes de lo que invierte en desarrollar otros nuevos.

En los cinco años analizados, las 15 multinacionales ganaron 580.000 millones de euros después de impuestos, mientras que dedicaron 572.000 millones a I+D. Las ganancias se destinaron en su mayor parte a retribuir a los accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones por un total de 558.000 millones de euros.

Como resultado, los siguientes grupos gastaron más en recompensar a los inversores que en I+D: Abbvie, Johnson & Johnson, Novartis, BMS, Pfizer, Novo Nordisk y Amgen. En otras empresas, como AstraZeneca, Merck y Bayer, la cantidad invertida en I+D fue más alta que el importe de los beneficios.

La fortuna amasada por las grandes farmacéuticas convive con la desigualdad en el acceso a los fármacos. Por mucho que Irlanda atraiga a las farmacéuticas con sus ventajas fiscales, los pacientes irlandeses a menudo tienen que esperar más que sus homólogos de Europa occidental para obtener medicamentos innovadores.

"Las farmacéuticas dejan claro que los mercados más grandes son más importantes para ellas y que no quieren hacernos un descuento por ser pequeños", afirma un antiguo funcionario sanitario irlandés que habla bajo condición de anonimato. "Muchas empresas se toman su tiempo incluso para solicitar la autorización de comercialización en Irlanda. Algunas me han dicho a veces literalmente que Irlanda es tan insignificante que a sus jefes les da igual que sus medicamentos estén aquí o no".

La Irish Pharmaceutical Healthcare Association (IPHA), un grupo de presión del sector, calcula que pasan más de dos años de media entre el inicio de la evaluación de un nuevo medicamento por el organismo irlandés de control y su aprobación para el reembolso.

También en los Países Bajos, un país fiscalmente ventajoso para las empresas, se repite el mismo panorama. Auditores del Estado han sugerido al Gobierno que negocie mayores descuentos para salvaguardar su presupuesto, destacando que no todas las terapias aprobadas son rentables.

Los tribunales holandeses están a punto de convertirse en un nuevo campo de batalla. En 2023, la Pharmaceutical Accountability Foundation (PAF), un grupo de interés público, presentó una demanda contra la empresa estadounidense Abbvie por abuso de posición dominante. La PAF alega que la empresa obtuvo unos beneficios excesivos de 1.200 millones de euros en 14 años por sus ventas en Holanda de Humira, el medicamento que más ingresos ha generado en el mundo durante las dos últimas décadas y que se usa para tratar diversas enfermedades, desde la artritis a la psoriasis o la enfermedad de Crohn.

"Esperamos que la sentencia sirva de advertencia a las empresas farmacéuticas: pueden pedir el precio que quieran, pero si se pasan de la raya, quizá reciban un golpe y tengan que devolverlo", afirma Wilbert Bannenberg, presidente de la PAF.

"Rechazamos las acusaciones infundadas de la Pharmaceutical Accountability Foundation, que, como se ha indicado al tribunal, pone en entredicho el sistema de fijación de precios de todos los medicamentos, lo que podría obstaculizar la innovación futura", responde por su parte un portavoz de AbbVie.

Antes de que surgieran las críticas en los Países Bajos, la empresa ya era objeto de un intenso escrutinio en su país de origen. En 2022, un comité del Senado estadounidense descubrió que Abbvie eludía impuestos por valor de miles de millones de dólares al mantener su propiedad intelectual en las Bermudas y fabricar sus productos en Irlanda y Puerto Rico.

Ese mismo año, la organización I-Mak reveló que el grupo presentó el 94% de sus 166 patentes estadounidenses sobre Humira cuando el medicamento ya estaba en el mercado. El ardid retrasó la aparición de genéricos más baratos.

"Tenían todas estas patentes que cubrían todas estas variaciones, diferentes dosis, incluso diferentes tamaños de agujas en las plumas que administran el medicamento", indica Tahir Amin, director general de I-Mak. "Todo esto se acumuló para bloquear la competencia, porque cuando vas a juicio, pagas millones de dólares para eliminar una sola patente", señala. Esta práctica, conocida en inglés como "evergreening", es criticada por I-Mak como un defecto del sistema de patentes que permite a las empresas prolongar lucrativos monopolios.

Paul Fehlner, el antiguo ejecutivo de Novartis que ahora trabaja como director general de una biotecnológica que reutiliza medicamentos existentes, destaca que corresponde a los gobiernos imponer condiciones que reduzcan los precios y apoyen la competencia a la hora de firmar contratos con los grupos farmacéuticos: "¿Deberían hacer ciertas cosas las propias compañías? No lo sé, están organizadas para maximizar su beneficio, así que no creo que las haga responsables. ¿Se responsabiliza al león por comerse a la cebra? No".

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Investigate Europe contactó con las 15 multinacionales para conocer su versión. Las respuestas íntegras de las empresas que respondieron pueden leerse aquí (en inglés).

Con información de Catrien Spijkerman.

Edición: Chris Matthews.

La Agencia Tributaria, la Policía Judiciária portuguesa y Europol han desmantelado la trama societaria que uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang había organizado en Mallorca para desviar 10 millones de euros procedentes de mordidas pagadas a cambio de contratos de obras públicas en Guinea Ecuatorial. Ocho personas han sido imputadas y dos de ellas detenidas, incluido el diseñador de todo el esquema societario para blanquear el dinero desviado desde el país africano, un holandés llamado Donald Frank van der Horn van den Bos, a quien los investigadores consideran el testaferro de Gabriel Mbega Obiang, que además de ser hijo del presidente ejerce de ministro de Planificación y Diversificación Económica. Uno de los investigados es el propio Gabriel Mbega Obiang, según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. 

Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con actividades de corrupción en negocios internacionales. El caso, cuyo secreto de sumario se ha levantado tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada.

La operación Run Out arrancó en 2021, cuando el diario portugués Expresso y el periódico guineano Diario Rombe, en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) analizaron una serie de documentos –contratos, facturas y extractos bancarios– a los que también tuvo acceso infoLibre. Este periódico publicó entonces en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Parte de los documentos habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha SA –Filipe Rego– y contra Van der Horn. La policía portuguesa llevó a cabo entonces 21 registros domiciliarios y abrió una investigación penal contra cuatro personas físicas y una sociedad. Al tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares empezó a investigar al holandés, que residía en Palma. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear se ha encargado del caso desde entonces.

Fruto de esas investigaciones, la Policía detuvo a Van der Horn en marzo de 2022 y registró su domicilio. Allí se incautaron de más de 13.000 documentos, además de extraer información de 43 dispositivos electrónicos, que albergaban casi cuatro terabytes de datos. Según detalla la Agencia Tributaria, los agentes también intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros e incluso unos derechos de uso vitalicio de un club de golf por otros 100.000 euros más. Además, se embargaron 11 inmuebles en Mallorca, registrados a nombre de las sociedades con las que se blanqueaban las mordidas guineanas, cuyo valor supera los cinco millones de euros.

Los imputados crearon una “elaborada estructura societaria internacional” para desviar, y posteriormente blanquear, comisiones ilegales cuyo importe equivale al 10% de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. En la documentación confiscada, asegura la Agencia Tributaria, se han encontrado facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría que prueban las mordidas y su canalización a través de fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos.

Después, esas comisiones ilegales terminaban en inversiones controladas por el testaferro holandés tanto en España como en Países Bajos. El vértice de la trama para desviar y ocultar el origen de los fondos era un fideicomiso en Liechtenstein, del cual colgaba otro cuyo supervisor y beneficiario era el propio Van der Horn, explica la Agencia Tributaria.

Un porcentaje “relevante” del dinero ilegal guineano se ocultó en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habían cedido al testaferro holandés de Gabriel Mbega Obiang el control de los inmuebles de una urbanización que costaron 3,5 millones de euros. La parte de las mordidas invertida en Países Bajos, siete millones de euros, terminó en una marca de cosméticos a través de sociedades pantalla con las que se intentaba disfrazar el origen del dinero.

La investigación de OCCRP destapó en su día buena parte de esa “elaborada estructura societaria internacional” que menciona la Agencia Tributaria y que va de Belice a Chipre pasando por Cabo Verde y Palma de Mallorca. Así, casi la mitad de los 10 millones de euros en comisiones ilegales pagados a la trama guineana por la portuguesa Armando Cunha SA entre 2009 y 2015 fueron ingresadas por dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Y ambas estaban vinculadas al intermediario holandés.

Pero el origen de la operación se sitúa en enero de 2010, cuando Armando Cunha SA consiguió el contrato público para construir un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). El contrato, el primero para la constructora portuguesa en ese país, fue firmado por el propio ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE. El presupuesto de la obra ascendió a 106,6 millones de euros. Una cantidad enorme para un país como Guinea Ecuatorial: su presupuesto para educación en 2020 apenas superó los 91 millones de euros.

Según la documentación a la que tuvo acceso OCCRP, el dinero del contrato fue ingresado en una cuenta de Armando Cunha SA abierta en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde. En los cinco años posteriores a la adjudicación, salieron de esa cuenta bancaria más de 10 millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de una sociedad registrada en Chipre y denominada Gabangare, o bien a través del presunto testaferro Frank van der Horn. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

La chipriota Gabangare debe su nombre a las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Es propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc.

Por lo que respecta a Bellezzavecchio SL, inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha SA. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle SA.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, constituida en septiembre de 2013 y que también tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha SA. El intermediario holandés es su administrador y socio único.

Hay una tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que igualmente recibió dinero de la constructora portuguesa: Flojust Holding BV y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha SA.

Gabriel Mbega Obiang no es el único hijo del dictador ecuatoguineano perseguido por la justicia europea. En 2021, su hermano Teodorín fue condenado en Francia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, con los que había adquirido propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París. Además, el pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, que además de hijo de Obiang es secretario de Estado de la Presidencia, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras.

Mientras tres de los vástagos del presidente se dan a conocer en Europa tanto por sus actividades ilegales como por su extravagante e indiscreta forma de gastar dinero, el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures.

Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía. Los Obiang han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

Massoud Zandi Goharrizi se codeó durante años con las familias más ricas de España. El financiero Alberto Cortina, Rafael del Pino (Ferrovial), la familia Martínez Berrocal, el empresario Javier Merino y el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián son sólo algunos de los primeros espadas con los que hizo –o intentó hacer– negocios. Entre sus contactos políticos, Felipe González, Rodrigo Rato, o los exministros Miguel Sebastián y Javier Gómez Navarro.

De origen iraní, tiene la nacionalidad española desde 1997 y acaparó titulares en 2016 cuando su nombre apareció en los Papeles de Panamá: el despacho Mossack Fonseca le había ayudado a montar un entramado de sociedades en paraísos fiscales como Seychelles y Samoa, a través de las cuales controlaba Star Petroleum, una empresa a caballo entre Luxemburgo y Madrid con la que Massoud Zandi intentó dar un pelotazo gracias a un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur.

Pero muchos de los que se embarcaron en negocios con el hispanoiraní, un experto comisionista con domicilio en La Finca, la hiperlujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid), salieron escaldados. De modo que Massoud Zandi empezó a acumular demandas por estafa en los tribunales. Una de ellas, interpuesta por la familia Martínez Berrocal, ganaderos y antiguos propietarios de la empresa de autobuses La Sepulvedana, llevó al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid a emitir una orden internacional de búsqueda y captura en enero de 2022, que sigue viva, según confirman fuentes judiciales. La Interpol lo busca desde entonces, porque quien fue bautizado como “el conseguidor del Íbex” se encuentra, en teoría, en paradero desconocido.

O quizá no tanto. Mientras hacía negocios en España, aseguraba que su residencia fiscal era Dubái. De hecho, en septiembre de 2016, unos meses después de que su nombre saliera a la luz con los Papeles de Panamá, la Fiscalía le denunció por simular que no residía en España en 2010: como vivía en Dubái, ese ejercicio no había presentado la declaración a Hacienda. Al año siguiente, la denuncia se amplió a dos ejercicios fiscales más, hasta 2013. El ministerio público le acusaba de cometer tres delitos fiscales por importe de 126,48 millones de euros. El procedimiento sigue desde entonces paralizado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, según explicó a infoLibre el abogado de Zandi, Luis Ugarte.

Si Interpol quiere localizar a Massoud Zandi, quizá debería buscar en el emirato. OCCRP ha encontrado a su nombre una vivienda de 338 metros cuadrados y cuatro habitaciones en World Trade Centre Residences, que fue adquirido en 2009 por 7,8 millones de dirhams, 1,96 millones de euros. El inmueble se encuentra embargado desde el pasado mes de enero por las autoridades de Dubái, pero no porque las autoridades dubaitíes hayan actuado contra un individuo buscado por la Interpol, sino por una deuda de 118.000 dirhams –29.722 euros–.

El de Zandi es uno de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

Su abogado asegura que Zandi Goharrizi “siempre ha vivido en Dubái” y que “no pisa España desde hace ocho o nueve años”. Sólo con ocasión del nacimiento de su hijo, matiza después, volvió a territorio español, “porque allí, si tienes un hijo sin estar casado, puedes ir a la cárcel”. Precisamente su residencia fiscal es uno de los asuntos que se dirimen en la causa que Hacienda sigue contra el comisionista hispanoiraní. “Como no residía en España no tenía por qué presentar declaración aquí”, sostiene Luis Ugarte, quien carga las tintas sobre el modelo 720, la declaración de bienes y derechos en el extranjero que deben presentar los residentes fiscales en España y cuyo régimen sancionador fue anulado por el Tribunal de Justicia de la UE en enero de 2022. “Casi todo lo que le pide Hacienda, 105 millones, tiene relación con el 720”, añade.

Ese modelo, creado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2012, establece la obligación de declarar los bienes en el extranjero por valor superior a 50.000 euros. Su régimen sancionador fue modificado por el Gobierno para adecuarlo al dictamen del TJUE. En consonancia, las multas impuestas hasta entonces tuvieron que ser anuladas. Por eso, Luis Ugarte se muestra convencido de que Massoud Zandi ganará la demanda de Hacienda. Además, dice que el hispanoiraní “no tiene ni un euro”, pese a que, en su día, recuerda, llegó a alquilar “toda una planta en el hotel de la vela”, como se conoce al Burj Al Arab, el único de siete estrellas del mundo, para albergar a sus invitados. Una noche en una de sus suites puede costar 1.800 euros.

OCCRP ha hecho llegar a Massoud Zandi unas preguntas también sobre su residencia fiscal y sus problemas judiciales, sin obtener una respuesta.

Con dinero o sin él, el rastro judicial que Massoud Zandi dejó en España no es despreciable. Alberto Cortina, uno de los hombres más ricos de España, propietario del 50% de la Corporación Financiera Alcor, le demandó por estafa en un negocio fallido con otra de sus empresas, SP Mining, con domicilio fiscal en Singapur y propietaria de una licencia para explotar una mina en Chad. Le pedía 18 millones de euros, según publicó en su día El Confidencial. infoLibre ha preguntado al financiero por el estado actual del litigio, sin obtener una respuesta.

Otro financiero, Juan Pablo Rodríguez Castejón, que antes de trabajar en SP Mining lo hizo en Rothschild y después se asoció con Dimas Gimeno, el expresidente de El Corte Inglés, en la cadena de tiendas Wow, le demandó porque dejó de abonarle la nómina. Tampoco ha querido responder a este periódico sobre el resultado del pleito. Igualmente lo denunció en los juzgados de lo Social un buen número de trabajadores de sus empresas por impago de salarios.

Sus huellas en España también pueden seguirse a través de sus empresas. O lo que queda de ellas. La luxemburguesa Star Petroleum –en cuyo consejo de administración se sentó Juan Luis Cebrián– fue liquidada en 2018, mientras su homónima española ha figurado en la lista de morosos de Hacienda desde 2015, su primer año de publicación, hasta 2022, con una deuda que superaba el millón de euros. El negocio por el que prometía un beneficio de 5.000 millones de euros en Sudán del Sur, un país fallido en perpetua guerra civil, quedó en nada.

En 2019 Javier Merino, exsocio de Zandi, aún seguía litigando en la Audiencia Nacional para demostrar que la Star Petroleum española seguía activa. No lo consiguió. En realidad, no tenía actividad mercantil desde finales de 2008. Primero la Agencia Tributaria y después el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y la Audiencia Nacional confirmaron la liquidación de la sociedad y la declaración de responsabilidad subsidiaria por una deuda de 947.000 euros por impago de IVA.

Por lo que respecta a Golden Vending, otra de las empresas españolas de Zandi pero también con matriz en una sociedad del hispanoiraní en Luxemburgo, sigue activa. O al menos el pasado 20 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a su favor en el recurso que interpuso contra un pago de 29.376 euros en concepto de impuesto de sociedades de 2016.

No tuvo tanta suerte cuando el mismo tribunal confirmó la legalidad del registro que la Agencia Tributaria llevó a cabo el 1 de junio de 2015 en las sedes sociales de las empresas citadas en este reportaje, así como en la oficina de Trade Petroleum, otra sociedad que había creado en Luxemburgo. Todas ellas estaban domiciliadas en el Paseo de la Castellana, 42, de Madrid, la misma dirección que facilita Massoud Zandi en el Registro de la Propiedad de Dubái para inscribir su vivienda en World Trade Residences. También fue registrada la mansión que era entonces su residencia en Madrid, situada en La Finca. Los jueces dictaminaron que la autorización para los registros fue “fundada”, “justificada” y “proporcional”.

Pero quien más arrepentido debió de terminar por su relación con Massoud Zandi fue el expresidente de Prisa, que demandó a El Confidencial en los tribunales por publicar con todo detalle su relación, empresarial y personal, con el hispanoiraní. Perdió en el juzgado en 2019 y en la Audiencia Provincial de Madrid, donde recurrió, un año más tarde. Cebrián llegó a poseer el 2% de la Star Petroleum luxemburguesa, mientras que su entonces esposa, Teresa Aranda, fue nombrada vicepresidenta de la Fundación Atman, creada y presidida por el propio Massoud Zandi en 2005. En su constitución también participaron Javier Merino y el asesor fiscal Joaquín de Arespacochaga, igualmente administrador de la Star Petroleum luxemburguesa. Su misión, según consta en sus estatutos, era “contribuir a la difusión de la cultura, de la paz entre los hombres y los pueblos del mundo, con especial hincapié en el diálogo entre las civilizaciones”. Fue disuelta en 2014.

Se ha puesto el esqueleto, pero queda camino por recorrer en el combate contra los paraísos fiscales. Es la conclusión a la que han llegado los miembros de la Plataforma por la Justicia Fiscal que se han unido a la recogida de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea Tax the rich, armada para reclamar a la Comisión que se grave a las grandes fortunas para financiar la transición ecológica y social. Se plantea por primera vez una agenda coordinada entre los Estados miembros de tributación sobre la riqueza y que se establezca un impuesto europeo sobre las grandes fortunas. La pretensión es que la recaudación de ese gravamen se destine a combatir el cambio climático y las desigualdades, pero para sacarlo adelante se necesitan más de 156.000 firmas procedentes de toda Europa, 41.600 de ellas recabadas en España.

Desde la plataforma recuerdan que hoy, 3 de abril, es el Día Internacional Contra los Paraísos (o Refugios) Fiscales y apuntan a un estudio, el Informe de 2024 sobre la Evasión Fiscal Global, elaborado por el EU Tax Observatory, en el que se recoge que “un gran número de milmillonarios tienen unos tipos impositivos efectivos muy bajos, de entre el 0% y el 0,5% de su patrimonio, significativamente inferiores a los de todos los demás grupos de población”. De acuerdo a ese análisis internacional, sólo en España, el valor de la riqueza financiera offshore, es decir, enviada fuera del país y que acaba en guaridas fiscales, ha aumentado en un 75,8% en dos décadas, pasando de 89.000 millones de euros, en 2001, a más de 156.000 millones, en 2022. Con relación al Producto Interior Bruto (PIB), esa riqueza financiera a la fuga ha supuesto en promedio alrededor del 9% de aquél desde el año 2001.

Más allá de España, en el mencionado informe se plasman seis conclusiones a nivel mundial significativas: para arrancar, que gracias al intercambio automático de información bancaria, la evasión fiscal en paraísos fiscales se ha reducido aproximadamente a un tercio en menos de 10 años, si bien, una cantidad persistentemente elevada de beneficios se sigue desplazando a paraísos fiscales: en concreto un billón de dólares en 2022. Junto a esto, aunque en 2021, más de 140 países y territorios acordaron aplicar un impuesto mínimo pionero del 15% sobre los beneficios de las multinacionales, ese aporte global se ha visto muy debilitado por una creciente lista de lagunas.

De acuerdo al estudio, han surgido además nuevas formas de competencia fiscal con efectos adversos sobre los ingresos públicos y la desigualdad, lo que se suma a los tipos impositivos efectivos muy bajos para los multimillonarios, cuando un impuesto “sobre el patrimonio de los milmillonarios equivalente al 2% de su riqueza, abordaría esta evasión y generaría cerca de 250 mil millones de dólares procedentes de menos de 3.000 individuos”.

En otro informe, el rotulado Estado de la Justicia Fiscal 2023, de la Red de Justicia Fiscal -TJN por sus siglas en inglés-, se calcula que se pierden al año en el mundo 480.000 millones de dólares de impuestos a causa de la elusión y la evasión fiscal, de los que 311.000 se deben al traslado de beneficios de las multinacionales y 169.000 millones corresponden a personas con grandes fortunas que ocultan su renta o patrimonio en paraísos fiscales.

En ese contexto, Miguel Alba, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, organización miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal, se muestra satisfecho de que “se empiece a hablar en ámbitos como el Foro de Davos sobre la necesidad de avanzar en importantes reformas fiscales, especialmente vinculadas a las grandes fortunas”. “Las personas más acaudaladas -sostiene- han de contribuir mucho más al sostenimiento de las arcas públicas y del sistema social en el que estamos, porque estamos viendo que en los momentos de crisis económicas, en los que la media de la población se ve afectada y su nivel de vida baja, las grandes fortunas a veces consiguen incluso más beneficios, en gran parte procedentes de esas empresas que pueden controlar”.

Aboga por que, en España, por ejemplo, “se puedan recuperar de una forma más armonizada territorialmente -su gestión es desigual por comunidades- y que exijan un mayor esfuerzo figuras como el Impuesto de Patrimonio por la lógica de que han de aportar más quienes más se han podido beneficiar de situaciones desventajosas para el resto de los ciudadanos”, argumenta.

Fuentes de la órbita económica anotan que “la batalla contra los paraísos fiscales es muy compleja, al requerir el acuerdo de muchos países” y añaden que la propia Unión Europea “tiene limitadas competencias en materia fiscal , sobre las que sólo puede acordar por unanimidad”.

Desde la Plataforma indican que Brasil, que ostenta la presidencia del G20, “ha dado un paso histórico abriendo el debate para una nueva agenda global de tributación a los ultrarricos”. Destacan que “el reconocido economista Gabriel Zucman ha sido invitado a presentar un informe que incluye propuestas como una tributación global mínima del 2% a los ultrarricos, que estima podría recaudar hasta 250.000 millones de dólares en todo el mundo”. Entienden que “esta iniciativa permitiría luchar de manera efectiva contra la evasión y la elusión fiscal de los más ricos y abordar los grandes desafíos a los que se enfrenta el planeta, como el cambio climático”.

Con esa convicción, demandan el apoyo ciudadano para repetir el éxito del año pasado, cuando la Plataforma lanzó una petición de firmas online para que la Real Academia Española (RAE) cambiara la definición de “paraíso fiscal”. La campaña logró el respaldo de más de 30.000 personas y su objetivo: en la actualización del Diccionario de la Lengua Española (DLE) del pasado noviembre se modificó la definición de “paraíso fiscal” y se incorporó una expresión equivalente, pero menos complaciente, como es “refugio fiscal”.

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años y nueve meses de cárcel para Carlo Ancelotti, el entrenador que le ha conseguido 11 títulos al Real Madrid, por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. En esos dos ejercicios fiscales, el técnico italiano no tributó por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en las Islas Vírgenes Británicas, un notorio paraíso fiscal.

Ancelotti se suma así a la ya larga lista de jugadores y entrenadores de fútbol que han sido procesados por intentar ocultar al fisco los millonarios ingresos que perciben por vender a las marcas su nombre, imagen o incluso su voz. Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Luka Modric, Angel Di María, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, del Real Madrid; Leo Messi, Samuel Eto’o, del Barça; Radamel Falcao y Diego Costa, del Atlético de Madrid… Son sólo algunos de los que fueron condenados por delito fiscal. Por el contrario, Gerard Piqué –Barça–, Juanfran Torres –Atlético de Madrid– y Xabi Alonso –Real Madrid–, el más reciente, han sido absueltos del mismo delito.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, ha necesitado casi cuatro años para presentar el escrito de acusación, donde este miércoles repite las cifras y argumentos de su primera reclamación. La instrucción de la causa ha estado todo este tiempo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá.

La Audiencia de Madrid le dio la razón al Ministerio Público, que ahora pide cárcel para Ancelotti por haber creado un “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen. Ese esquema fue desvelado por infoLibre en 2021 gracias a los documentos de Football Leaks, la filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC). Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. Y pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo hacía con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La gestión fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó el pasado diciembre hasta 2026.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión.

La Fiscalía denuncia que el entrenador “simuló” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano firmó aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es sustantivo: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera pagado el IRPF.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador italiano debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizarle al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como una sociedad “durmiente”. No ha tenido actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela ahora la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explica un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pide que acuda a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que fue contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le había supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a los seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos por la presunta estafa de Nueva Rumasa, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de cárcel para cada uno de ellos.

En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público también pide condenar a otro nueve acusados –todos ellos responsables del grupo– a penas que van de los 3 años de cárcel a los 15 años y 6 meses de prisión por delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía sostiene que todos ellos "venían trabajando durante años colectivamente en el ámbito de dirección de un complejo entramado societario conocido públicamente como Grupo Nueva Rumasa, denominación e imagen que utilizaban recurrentemente en su publicidad con el fin de presentarlo ante la opinión pública como un sólido holding empresarial".

"Aunque todos ellos desempeñaban su trabajo bajo la dirección última de José María Ruiz Mateos, cada uno de los acusados ejercía en sus respectivos ámbitos de actuación un poder de decisión propio cuyas consecuencias eran recíprocamente aceptadas por todos", explica el escrito.

El Ministerio Público apunta que "lo que se conocía y se daba a conocer como Grupo Nueva Rumasa estaba constituido por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal, a pesar de hacerlo constar así en su publicidad, pues esas sociedades carecían de una matriz común".

"Sin embargo, el patrimonio y la tesorería de esas sociedades se venían poniendo durante años indistintamente al servicio de todo el grupo, que funcionaba de hecho como una sola empresa tanto a efectos financieros como de responsabilidad patrimonial", apunta.

Y es que, "aunque el grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación –fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda–, lo que unido al empleo de testaferros y de despachos fiduciarios permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad".

La Fiscalía señala que "el número de sociedades integrantes de dicho grupo no puede fijarse con exactitud, pues, aunque en su propia publicidad aludían en unas ocasiones a 107 empresas y en otras a 117, sus responsables elaboraron diversos listados internos en los que figuraban hasta 164 sociedades españolas y 48 sociedades extranjeras, mientras que los administradores concursales han podido relacionar con dicho grupo un total de 171 empresas".

Para dirigir y gestionar ese grupo societario y sus complejos flujos financieros los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos, junto con su padre, contarían con un pequeño grupo de fieles colaboradores entre los que se encontrarían los acusados Zoilo Pazos y Alfonso Barón, así como José Ramón Romero, Rufino Romero, Ricardo Álvarez y el abogado Manuel Sánchez Marín.

"Muchos otros colaboradores ejercían diversos cargos puramente nominales de administración y representación en diferentes sociedades y figuraban como autorizados en sus cuentas bancarias, o actuaban como comerciales, siguiendo siempre las órdenes de aquellos, sin que se haya acreditado en el curso de la investigación que tuvieran capacidad decisoria en el ámbito del grupo, ni que conocieran su situación económica y financiera al tiempo de las emisiones de pagarés de las que se hablará más adelante", detalla el Ministerio Público.

En este contexto, la Fiscalía explica que "a principios del año 2009 la situación económica y financiera del Grupo Nueva Rumasa era de una considerable gravedad, pues tenía deudas acumuladas por importe de 577 millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos".

"Entre tales compromisos se encontraban deudas por 197,5 millones de euros que vencían ese año y por otros 194,6 millones de euros que vencían en el año 2010", recoge el escrito.

El Ministerio Público aduce que "para paliar en parte esa situación que venía arrastrándose con anterioridad los responsables del Grupo Nueva Rumasa recurrían al descuento bancario de efectos, mediante el cual conseguían financiación a corto plazo en función de las necesidades de tesorería de las empresas".

"Para ello los acusados utilizaban un conjunto de 25 sociedades instrumentales carentes por completo de actividad y personal –sociedades fuelle según su propia denominación interna– cuyo único objeto era emitir facturas por operaciones inexistentes para presentarlas a descuento en los bancos", añade.

Todos esos efectos, señala, se descontaban a través de la sociedad Factoring Occidental, la cual entre los años 2009 y 2011 llegó a obtener mediante descuento en Banco Santander un total de 540,9 millones de euros que se destinaron a las principales sociedades productivas del Grupo las cuales, a su vez, transfirieron 538,8 millones de euros a las denominadas "sociedades fuelle" para que estas pudieran abonar finalmente las facturas que les presentaba el Banco Santander.

Según la Fiscalía, este mecanismo financiero circular de naturaleza piramidal agudizaba la situación crítica del Grupo Nueva Rumasa, pues, además de tener que devolver los fondos dispuestos, generó al grupo un coste financiero adicional de 11 millones de euros.

"Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas o las abocaban a esa situación de modo inminente, y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria, los responsables, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores, consumidores y demás intervinientes en los sectores en los que desarrollaban su actividad ordinaria, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público", relata el escrito.

El objetivo, añade, era "no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus numerosas y costosas viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros".

De los dirigentes políticos de primer nivel que dejan la política, Pablo Casado es de la rara especie que de verdad ha dejado la política. Al menos hasta el día de hoy, su salida hace casi dos años ha sido sin mirar atrás. En parte, quizás, porque en puridad no dejó la política, sino que la política, concretamente su partido, el PP, lo dejó a él después de que midiera sus fuerzas con Isabel Díaz Ayuso al pedirle explicaciones por la comisión cobrada por el hermano de la presidenta gracias a un contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid. La derrota de Casado fue total y desde abril de 2022, cuando fue sustituido por Alberto Núñez Feijóo con el aval de todos los barones, se mantiene en silencio.

Pero en silencio no significa inmóvil.

Casado se ha movido en el terreno de los negocios. Y ahora una de sus iniciativas, para la que el expresidente del PP (2018-2022) ha trabado alianzas con nombres de la élite financiera y el negocio de la defensa, ha recibido un importante impulso con la luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). ¿De qué se trata? Casado se ha aliado en un fondo de inversión con Ricardo Gómez-Acebo Botín, pujante profesional del sector inversión y sobrino de Ana Botín; José Antonio Bartrina, ex director general del principal lobby del negocio de la defensa de España; y Joaquín Ortiz, que fue miembro del gabinete de Pedro Morenés, ministro de Defensa con Mariano Rajoy.

El objetivo de Casado y sus socios es captar 150 millones de euros e invertirlos en empresas de seguridad, inteligencia artificial y defensa, preferiblemente en España y el resto de la UE aunque sin descartar otros países de la OTAN. Con el dinero obtenido se realizarán tomas de "participaciones minoritarias temporales" en empresas, con el fin de vender luego, cosechando así un beneficio para quienes han aportado el dinero –partícipes– y una comisión para quienes lo han gestionado. Hyperion Fund FCR, así se llama el fondo, prevé la posibilidad de que las inversiones se realicen a través de fórmulas encaminadas a "minimizar los impuestos", entre ellas las "sociedades holding".

Ya inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Hyperion es el "primer" vehículo de "capital riesgo en España "enfocado" en los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad, de inteligencia artificial y de defensa, "excluyendo armas y equipamiento letal", informa el propio fondo.

Hyperion analiza así sus perspectivas: "El actual escenario geoestratégico refuerza la necesidad de potenciar la soberanía tecnológica y las capacidades de seguridad en Europa, lo que ha impulsado la inversión en los sectores de aeroespacio, ciberseguridad y defensa en más del 50%".

La previsión es que el capital vaya a desarrollar drones, satélites, radares, navegadores, baterías o robots.

Los socios del equipo inversor son los ya citados Casado, en calidad de experto en "geoestrategia y relaciones internacionales", Gómez-Acebo Botín, Bartrina y Escobar. A ellos se suma Daniel Lorrain, con carrera en el mundo de la banca de inversión. En la foto de abajo aparecen los cinco.

Gómez-Acebo Botín es hijo de Paloma Botín, que es hermana de Ana Botín e hija del fallecido Emilio Botín, el gran apellido del Santander. Su padre, Ricardo Gómez-Acebo, es primo de Simoneta Gómez-Acebo, hija de la difunta infanta Pilar. En el currículo de Ricardo Gómez-Acebo Botín figura el paso como socio por los fondos de capital riesgo Longrass (2015-2018) y Curve Capital (2017-2018). Antes de todo ello, entre 2012 y 2015 trabajó en la multinacional financiera Morgan Stanley. Gómez-Acebo Botín ya ha compartido proyecto con Casado en una empresa, concretamente Archery Capital. Esta compañía inversora, Archery Capital, tiene un contrato para asesorar a Singular Asset Management, sociedad perteneciente al banco español independiente Singular Bank que tiene asignada la gestión del fondo Hyperion.

José Antonio Bartrina fue director general de la Asociación Española de empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), confirma a infoLibre Hyperion. Este periódico intentó precisar con Tedae la fecha exacta de su salida, sin éxito. En 2016 Bartrina dio una entrevista a Infodefensa en la que declaraba: "Dejo Tedae porque quiero afrontar el reto de crear un proyecto desde sus inicios". Desde entonces su nombre ha estado vinculado a la empresa privada en el ámbito de la defensa.

Otro de los socios de Casado en Hyperion, Joaquín Ortiz, fue –como confirma Hyperion a este periódico– miembro del gabinete de Pedro Morenés, que fue ministro de Defensa de 2011 a 2016 y con posterioridad ha estado vinculado al negocio en ese mismo ámbito.

Hay más nombres propios destacados con nexos con Hyperion. En el llamado "consejo asesor internacional" están el ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Dinamarca Anders Fogh Rasmussen. También colabora con el fondo el famoso inversor argentino Martin Varsavsky.

Los impulsores del fondo se muestran, en el folleto remitido a la CNMV, interesados en transmitir una imagen de compromiso social. La "sostenibilidad" de las inversiones, tanto económica como medioambiental, aparece una y otra vez en las 86 páginas del documento. El fondo no invertirá en el "desarrollo o ejecución de proyectos cuyo resultado limite los derechos individuales o viole los derechos humanos". Tampoco en aquellos que "perjudiquen la sostenibilidad o sean socialmente restrictivos".

Al mismo tiempo, el punto 27 del Anexo I del folleto, dedicado a los "factores de riesgo" que los posibles inversores deben conocer, recoge lo siguiente: "Las inversiones realizadas por el Fondo [Hyperion] se pueden realizar a través de sociedades holding u otras entidades para minimizar los impuestos aplicables o por razones regulatorias o de valores. No se garantiza que una estructura particular sea adecuada para todos los inversores y, en ciertas circunstancias, dichas estructuras pueden generar costes adicionales u obligaciones de información para algunos o todos los inversores".

infoLibre solicitó hablar con un responsable de Hyperion para conocer con mayor detalle cuáles podían ser las estructuras para minimizar los impuestos, y concretamente si se contemplaba la opción de utilizar jurisdicciones consideradas no cooperativas –es decir, paraísos fiscales– por la UE o la Agencia Tributaria. No hubo respuesta. Este periódico tampoco recibió contestación de Pablo Casado, al que se dirigió directamente a través de correo electrónico.

Dos especialistas en fiscalidad coinciden en lo esencial: el párrafo indica que Hyperion prevé que la canalización de sus inversiones pueda hacerse –aunque no tenga por qué ser así– utilizando fórmulas societarias de minimización de la factura fiscal, lo cual –al margen de consideraciones éticas– es a priori legal y frecuente en el mundo de los fondos de inversión. "Para entender lo que dice ese párrafo hay que entender primero cómo funcionan los fondos de inversión. Por un lado está el fondo, en este caso Hyperion, que cuelga de una gestora, en este caso Singular. Pero en medio puede haber sociedades para canalizar los flujos del fondo hacia diferentes empresas. Ahí es donde pueden entrar las sociedades holding, que son empresas con participaciones en otras empresas, en estructuras que favorecen la elusión fiscal. Los dividendos acaban en la cabeza del holding, que puede estar o no en un paraíso fiscal", explica un profesional con trayectoria en el sector de los fondos de inversión, que añade que este tipo de fórmulas añaden "capas societarias que hacen más opaco el funcionamiento".

El otro especialista señala que lo recogido en el folleto de Hyperion es compatible con múltiples realidades, que no necesariamente tienen por qué terminar fuera de España, aunque sí –con toda seguridad– buscando reducir la factura abonada al fisco. La redacción, señala, responde a una "cláusula tipo" que puede encontrarse en otros fondos y la aplicación de su enunciado se corresponde con la "elusión fiscal", es decir, con un intento de "aprovechar todas las posibilidades legales para pagar menos", no con la "evasión fiscal".

"Es chocante, sí. Más que sorprendente, porque sabemos que esto existe, es chocante. Actúan a las claras, sin disimulo".

Quien así habla es Miguel Alba, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, tras darse un rápido paseo por la oferta digital offshore disponible en España. A golpe de clic, uno puede montarse desde España, con unas pocas y sencillas gestiones y asistido telemáticamente, una compañía en una jurisdicción considerada paraíso fiscal por la UE y la Hacienda nacional. Sí, es como suena. Empresas privadas ofrecen servicios de constitución de compañías en jurisdicciones offsore, es decir, en el extranjero, a menudo en territorios de tributación, cooperación y transparencia bajos. Los principales alicientes están claros: pocos impuestos y mucha discreción. Se trata, subrayan empresas prestadoras de estos servicios, de una práctica legal de elusión fiscal, no de evasión.

Foster Swiss, con oficinas centrales en Ginebra (Suiza) y un cuadro de dirigentes donde se destacan las carreras en Credit Suisse, presume de ser "una de las consultoras más activas en la creación de empresas offshore a nivel internacional", con más de 10.000 clientes sobre todo en Latinoamérica y Europa, incluida España. Ofrece servicios de apertura de sociedades y cuentas bancarias en más de 120 países, entre ellos Seychelles, Vanuatu y Samoa, todos ellos destinos que figuran en el listado de "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales" de la UE y también en el catálogo de "jurisdicciones no cooperativas de la Agencia Tributaria". Otras opciones, fuera de los listados oficiales pero en el punto de mira de las asociaciones por la justicia fiscal, son Andorra, Delaware –Estado norteamericano donde hay más empresas que habitantes–, Luxemburgo y Suiza.

Con un capital muy bajo o incluso sin capital, estas firmas son ideales para fondos de inversión o sociedades de comercio electrónico. Foster Swiss expresa a las claras los alicientes. "¡Pagar menos impuestos merece la pena!", proclama en su web, que recuerda que las sociedades en los territorios y jurisdicciones offshore están exentas del impuesto sobre sociedades, sobre beneficios y dividendos, sobre sucesiones y sobre actividades económicas. Y afirma, promocionando sus servicios de "planificación holding": "Si IKEA o APPLE paga CERO impuestos, su empresa también puede". ["En IKEA cumplimos escrupulosamente con todos nuestros compromisos fiscales, que son, además, una de nuestras principales vías de contribución allá donde estamos presentes", señala la multinacional de origen sueco y remite a dos enlaces: aquí y aquí. Apple no respondió al mensaje de infoLibre].

La compañía suiza insiste en que todo es "totalmente legal", porque no se trata de "evasión", sino de "elusión fiscal", es decir, de "aprovechar todos los recursos legales para pagar menos impuestos". Aquí, aclara Foster Swiss, no hay "lavado de dinero". "La elusión fiscal se puede lograr por medios legales, siempre y cuando se cumplan las leyes y tratados existentes", señala. Entre las obligaciones que Foster Swiss especifica está la de "notificar a las haciendas locales la constitución de una sociedad y la apertura de una cuenta bancaria". Así evitaremos "encontrarnos con sorpresas", subraya.

En declaraciones por escrito a infoLibre, el director general, Manuel García, insiste en que todo es "absolutamente legal" y apunta el dedo acusador contra las grandes empresas, mencionando a Google, Microsoft e Ikea, que "sangran a las arcas del Estado" en "connivencia con los gobiernos", algo que no está al alcance de las empresas pequeñas y medianas. Sobre el ofrecimiento de destinos offshore en las listas de la UE y España, el directivo de Foster Swiss afirma: "Sí, obviamente, muchos de ellos lo están pero hay que entender qué significa esto, qué lobbies internacionales son los que marcan las directrices". A su juicio, la falta de "peso internacional" de España hace que acepte listas negras con destinos que excluyen a países como Holanda o Luxemburgo, de facto "paraísos fiscales y no cooperadores".

Offshore Company Corp, compañía con oficina principal en Hong Kong y presencia en Estados Unidos, Lituania y Vietnam, también ofrece la constitución de sociedades en jurisdicciones incluidas en los listados oficiales europeo y español, como es el caso de Seychelles. ¿Alicientes? "Los detalles de los accionistas y beneficiarios finales no están sujetos a divulgación pública. No pague impuestos, derechos de timbre u otros impuestos recaudados en Seychelles", recoge la propia promoción de los servicios de la compañía. Offshore Company Corp no responde a la comunicación remitida por infoLibre.

Si responde en cambio Foster Swiss, para quien su oferta offshore permite que se "democratice" una práctica que –según se concluye de sus respuestas– es el pan nuestro de cada día de la élite empresarial. "Nunca ha existido ninguna empresa cotizada en el IBEX que no cuente con decenas de empresas de ésta índole", asegura su director, Manuel García. Y añade: "Hoy en día es una opción para cualquier pequeño y mediano empresario español".

"Actualidades: lo que revelan los 'Paradise papers' y por qué es una buena cosa", se lee en la web de Merrit Middle East, compañía radicada en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, una escisión del grupo de Hong Kong Merrit. Se dedica a crear sociedades offshore en Emiratos, una de las más ricas petromonarquías árabes, para actuar como empresas de importación-exportación, consultoría, asesoría o cabeza de holding.

La sociedad, aclara Merrit, no puede tener actividad en Emiratos, aunque sí cuenta bancaria, y entre sus alicientes están: "Ningún impuesto: no hay impuesto de sociedades, no hay retención, no hay IVA. No hay intercambio de información con el extranjero". Más: "Los Emiratos no pondrán nunca problemas a nivel jurídico y fiscal para sus clientes y socios". De nuevo, la compañía –que no responde a las preguntas de infoLibre– defiende el carácter legal de su actividad, al tiempo que advierte a sus posibles clientes de que deberá responder a "ciertas preguntas" sobre la actividad de la sociedad en Emiratos, que no está en la lista negra de la UE ni de España pero sí de la organización Tax Justice Network.

En cuanto a Panamá, está en la lista europea, no en la española. Legal Solutions Panama, firma con sede en Panama City y oficina en Madrid, ofrece la apertura de empresas offshore en dicho país centroamericano sin moverse de España. ¿El gancho? "Cualquier profesional o pyme con beneficios superiores a 30.000 dólares puede beneficiarse de una sociedad offshore con una reducción de costes de hasta el 75%".

Preguntada por los requisitos para la legalidad, la directora general, Kathia Rivera, responde: "Esta es una muy buena pregunta, toda vez que es verdad que las personas piensan que tener una sociedad fuera de España es ilegal, cosa que no es así. Como ciudadanos tenemos el derecho de constituir una empresa en cualquier país del mundo, siempre que cumplamos los requerimientos que nos exijan las leyes del país en el cual residimos y tenemos nuestra residencia fiscal".

Rivera afirma que los conocidos papeles de Panamá, o Panama papers a nivel internacional, "hicieron mucho daño a nuestra actividad y prueba de ello fue el decrecimiento sistemático, durante los años siguientes, de la inscripción de sociedades en Panamá". "No fue justo que a la investigación se le denominara Panama papers, ya que no sólo se trataba de la filtración de documentos de una firma ubicada en Panamá, sino que lo realmente llamativo es que la firma panameña creaba las sociedades principalmente fuera de Panamá, en otros paraísos fiscales. Es decir, las sociedades estaban creadas en su gran mayoría en otras jurisdicciones [como] Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles, y si sumamos todas las sociedades offshore que fueron creadas en estas jurisdicciones, podemos afirmar que sobrepasan, con creces, las creadas en Panamá. Por tanto, Panamá no es el mayor paraíso fiscal mundial como se ha querido transmitir a raíz de los Panama papers", añade Rivera, que reivindica las medidas introducidas tras el escándalo para para evitar la llegada de "fondos opacos". "Vienen mejores días para Panamá. No perdemos la esencia pero sí establecemos mecanismos que nos alejan de proteger blanqueadores, personas políticamente expuestas y terroristas", concluye la directora de la compañía, única empresa latinoamericana en la feria de servicios jurídicos Expo Spain Legal 2022, celebrada en Madrid.

LABE, con más de treinta años de experiencia y sede en el Paseo de la Castellana, en Madrid, es un despacho de abogados dedicado –entre otras tareas– a la constitución de empresas offshore, que según la propia firma tienen como "beneficios" la reducción de impuestos –"optimizar fiscalidades"–, la privacidad y la protección de activos ante demandas, embargos y otras acciones legales. "En general, es legal tener una sociedad offshore. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes fiscales de diferentes países pueden diferir en cuanto a cómo se tratan", señala la compañía, que no responde a las preguntas de este periódico.

Desde la Agencia Tributaria, fieles a su máxima de no comentar casos concretos, se limitan a enmarcar legalmente la cuestión, sin nombrar ni valorar la actividad de ninguna empresa. "Las sociedades offshore, que es un concepto anglosajón sin traducción jurídica concreta en España, se rigen por la normativa mercantil y de toda índole del país donde se constituyen. A efectos de España, lo obligado es la adecuada declaración de todas sus rentas por parte del contribuyente español. Y para ello analizar el uso que se da a esa sociedad constituida en el extranjero. La Administración Tributaria puede utilizar los sistemas de intercambio de información internacional".

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, afirma que una clave legal está en acreditar que hay un "motivo legítimo" para montar la sociedad y que no es "una pantalla" e insiste en la necesidad de dotar a las administraciones de normas y herramientas para evitar que las jurisdicciones offshore acaben sirviendo para propósitos indebidos. ¿Como cuáles? Según Mollinedo, entre estos –que no atribuye a ninguna compañía en concreto– está la posible ocultación de activos o ingresos tributables en España, posibles tarjetas para tener acceso a dichos activos, el posible uso de sociedades tapadera para desplazar beneficios al extranjero, incluyendo la posible utilización de "facturas ficticias o cobrando de más (o de menos) en transacciones entre entidades afiliadas”. Tomando como referencia los criterios de la OCDE, Mollinedo cita como el posible mecanismos de defraudación de "mayor sofisticación" la creación por parte de multinacionales y entidades financieras de estructuras que desplazan "artificialmente" sus ingresos hacia jurisdicciones de baja tributación y gastos hacia jurisdicciones de alta tributación".

Se consulte donde se consulte, la respuesta sobre la legalidad es siempre la misma: es legal, siempre que... Es decir, si se cumplen unos requisitos. "Crear sociedades offshore no es ilegal. Tampoco lo es tener dinero en paraísos fiscales, pero sí podría llegar a serlo si su creación se produce para ocultar patrimonio (con ánimo de eludir el pago de impuestos), o la procedencia ilícita de un capital", explica la gestoría Ficotec. Obviamente, prácticas así hay que demostrarlas, no van de suyo con la mera constitución de la sociedad. Añade Ficotec en su web: "Si bien las sociedades offshore no tributan en el país en el que se domicilian, los activos y bienes con los que operan sí deben haber liquidado los correspondientes impuestos en el país en el que se originaron". Ese es el abecé de la mecánica. Pero Ficotec enciende la alerta: "La práctica nos indica que a través de estas sociedades opacas se pueden realizar múltiples operaciones económicas que se ocultan a la Administración", entre ellas "impago de impuestos y blanqueo de capitales". Ficotec afirma que para prevenir el delito el elemento fundamental es la "información", precisamente la madre del cordero.

ILP Abogados, en un apartado de su web con información que orienta a quien esté pensando en montar una sociedad offshore, recuerda obligaciones básicas para hacerlo dentro de la normativa, como las impuestas por la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establece que las empresas españolas que tengan filiales en países o territorios calificados como paraísos fiscales deben declarar y tributar por las rentas obtenidas allí, o la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que fija que las entidades financieras deben informar a la Agencia Tributaria sobre las operaciones "sospechosas" que realicen con empresas offshore.

Para Miguel Alba, de Oxfam Intermón, el gran problema está en que, más allá de las obligaciones fijadas en la letra legal, las empresas offshore se deben básicamente a las reglas del país en el que se forman, que por su propia naturaleza suele ser laxa, y se benefician de lo que a su juicio es el gran déficit: la "falta de gobernanza global" a nivel fiscal. "Los movimientos transnacionales de capitales trascienden la soberanía de los Estados. Nosotros reclamamos que sea la ONU la que asuma a papel, como también que los listados [de paraísos fiscales] sean mucho más ambiciosos de lo que son ahora".

"Pero, ¿y esto es legal?". La pregunta surge ante la lectura de la información publicada por infoLibre y titulada así: Un grupo controlado desde las Islas Caimán gestiona casi la mitad de los pisos del plan de alquiler de Ayuso. Y la respuesta, una vez analizada la legislación y recabadas opiniones de expertos, es que a priori sí. "¿Y no se puede hacer nada?". Aquí la respuesta se complica. Sí, en teoría se podría, al menos para dificultarlo. Pero hacerlo con garantías exige reformas legales que llevarían a una batalla judicial con las empresas afectadas. Mientras estas reformas no se llevan a cabo, el margen para intentar evitar situaciones como la desvelada por este periódico se reduce al mínimo.

El contraste está servido. Por un lado, una estructura empresarial con presencia en territorios de escasa o nula tributación y cooperación judicial. Por otro, un acuerdo con la Administración, la misma que tiene entre sus cometidos la recaudación fiscal. Y no tiene por qué ser un contrato lo que marca el contraste. Puede ser también una ayuda pública. Un ERTE, por ejemplo. De hecho, en España el debate se abrió en 2020, precisamente por los ERTE. Era otro contexto. La pandemia de covid-19 parecía haber anulado certezas inmutables. Se hablaba de desglobalización, de reindustralización, de intervencionismo... Y de excluir de los beneficios del Estado a empresas en paraísos fiscales.

Con el trauma económico acompañando al golpe sanitario, a los desbordados gobernantes les quedaba al menos alzar banderas de solidaridad con el pueblo sufrido. Y no había figura que encarnase mejor la insolidaridad que un paraíso fiscal. Así que se desató una especie de carrera. Empezó Dinamarca, que introdujo en un paquete de ayuda por valor de 13.400 millones de euros una enmienda que vetaba el acceso a empresas en paraísos. Ideas similares se extendieron por Francia, Italia, Polonia, Holanda, Bélgica, Austria... Y España.

Aquí la ola no llegó con excesiva fuerza, pero llegó, en parte por el empeño de Más País. El decreto-ley de mayo de 2020 de defensa del empleo recogía lo siguiente: “Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en [...] paraísos fiscales [...] no podrán acogerse a los ERTE”. Desde su misma publicación hubo dudas sobre su utilidad por dos motivos: 1) Los listados español y europeo de paraísos fiscales dejaban –y dejan– fuera buena parte de los territorios problemáticos. 2) Quedaba abierta una gatera para empresas con filiales o matrices en territorios de baja tributación. Aunque es difícil cuantificar el impacto exacto de la medida –una empresa podría autoexcluirse de la convocatoria al conocer el decreto–, todo apunta a que fue cero o irrelevante. infoLibre preguntó esta semana al Ministerio de Trabajo (Sumar), sin respuesta.

Al menos aquella iniciativa dejó un rastro. Y lo siguió Mònica Oltra. En 2021, la entonces vicepresidenta del Govern de la Comunitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas recogió el testigo al anunciar su propósito de vetar la contratación para gestionar residencias de mayores a compañías que "operen" en paraísos fiscales. Oltra entraba en un área clave: la investigación publicada por infoLibre sobre la gestión de las residencias ha evidenciado la pertenencia de algunas de las principales empresas del sector a estructuras societarias que pasan por jurisdicciones como Luxemburgo o Jersey.

Una vez pasado a la letra pequeña, el anuncio de Oltra se concretó en un decreto que establecía que la adjudicataria de un contrato debía comprometerse "a evitar la evasión fiscal en el marco de la prestación contractual, así como a garantizar la correcta tributación de las rentas derivadas del contrato". La fórmula establecida para hacerlo es la "declaración responsable". ¿En qué ha quedado aquello? La actual Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Comunitat Valenciana asegura que dicha declaración "nunca llegó a introducirse en las licitaciones" porque hubo informes jurídicos que concluyeron que "contraviene la Ley de Contratos del Sector Público", explica dicho departamento [ver aquí la respuesta completa]. No obstante, Compromís cita una licitación en 2022 para la construcción de una residencia, un centro de día y tres viviendas tuteladas en cuyo pliego venía un anexo con la declaración responsable [ver aquí la respuesta completa y aquí el pliego con el citado anexo en la página 88].

Un funcionario autonómico afirma que la cláusula valenciana "es novedosa", pero que "básicamente consiste en que la empresa diga lo obvio, que cumple la ley". Y añade que el hipotético impacto de las declaraciones responsables, aun siendo un intento de "abrir camino", queda lejos de lo que recogieron algunos titulares al anunciarse la medida, cuando se leyó que "Oltra prohíbe que empresas que operan en paraísos fiscales puedan gestionar residencias" o que "El País Valencià excluirá a empresas que operen en paraísos fiscales de la gestión de residencias de mayores". "Eso es mucho decir. Lo máximo que se puede afirmar es que la declaración lanza un mensaje interesante, que exige a las empresas un gesto de buena voluntad y que, si hay después un trabajo de supervisión, aporta transparencia", añade el citado funcionario.

Lo cierto es que el Gobierno de la Comunitat Valenciana no tenía margen para llevar mucho más lejos sus pretensiones, según los especialistas consultados. Porque cualquier iniciativa para limitar el acceso a fondos públicos a empresas vinculadas a paraísos fiscales se enfrenta a dos obstáculos. El primero, la propia definición –o más bien indefinición– de "paraíso fiscal", lo que afecta a los listados sobre los mismos. La UE trabaja con un listado de 16 "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales" y la Agencia Tributaria con otro de 24 "jurisdicciones no cooperativas". Aunque el listado español pone el listón más alto –en el de la UE ni siquiera está Islas Caimán–, lo cierto es que ni en uno ni en otro hay países de la propia UE. Esto, que puede parecer lógico, supone a juicio de grupos como Tax Justice Network (TJN) un corsé que hace inviable una acción eficaz.

El informe de TJN El eje de la evasión fiscal estima que los Estados de la UE pierden más de 24.700 millones/año en impuestos de sociedades por esquemas fiscales que pasan por Luxemburgo, Países Bajos –ambos en la propia UE–, Suiza y la red de Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona de Reino Unido. “Las jurisdicciones que figuran en la lista negra de la UE causan menos del 2% de las pérdidas fiscales mundiales”, concluye otro informe de Tax Justice Network, cuyo listado de los diez paraísos fiscales más dañinos sí incluye a Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.

Tove Maria Ryding, coordinadora de fiscalidad de la European Network on Debt and Development (Eurodad), sitúa el listado de la UE como cogollo del problema. "La UE no puede, debido a las normas de unanimidad de la UE para decisiones fiscales, criticar a los Estados miembros de la UE. También se ha mostrado muy reacia a criticar a los grandes países de la OCDE que tienen prácticas nocivas, como Suiza", explica Ryding, que incluye a Irlanda junto a Luxemburgo y los Países Bajos en el listado de países de la UE con "prácticas fiscales perjudiciales". La lista de la UE, añade, es "una broma", porque los países que la integran son "irrelevantes".

infoLibre preguntó a Eurodad se le constaba que en países de la UE se hubieran consolidado medidas de limitación de acceso a contratos, convenios o ayudas para empresas vinculadas directa o indirectamente a paraísos fiscales, haciendo firme la idea surgida con el covid-19. La "respuesta rápida y sencilla" es que no, señala. "Es muy cierto que hubo intentos en este sentido durante la pandemia, pero quedaron varados", añade.

Esta respuesta vale no sólo para los países europeos que Eurodad llama paraísos fiscales, sino también para jurisdicciones consideradas así oficialmente. Lo demuestra el caso de España, donde hay empresas con contratos con la Administración que forman parte de estructuras que pasan por jurisdicciones que la propia Agencia Tributaria considera "no cooperativas". Por ejemplo, las Islas Caimán.

¿Cómo ocurre algo así? Aquí llegamos a otro obstáculo. Si el primero eran los listados, el segundo es la legislación. Sus lagunas, más bien. La directiva europea sobre contratación no recoge la posibilidad de establecer prohibiciones ni criterios de valoración que no tengan relación con la ejecución del contrato. En cuanto a España, la ley obliga a estar al corriente con Hacienda, pero no permite negar el acceso a la contratación pública por dónde se tributa, cuánto menos por dónde tributa una filial o una matriz, siempre que sea legal. Todo ello deja "un margen escaso", explica Santiago Lesmes, abogado especialista en derecho administrativo. "Tenemos un problema jurídico de base: la elusión fiscal –no la evasión, la elusión– es legal".

A juicio de Lesmes, combatir el problema exigiría una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para dejar fuera a las empresas que practiquen la elusión y una ampliación del listado de jurisdicciones opacas o no cooperativas. Pero aquí apunta a un quid: "Eso perjudicaría a la inmensa mayoría de compañías del IBEX 35, que tienen filiales en paraísos fiscales y son contratistas de la Administración". Lesmes cita a Oxfam Intermón, que en un informe de 2023 analiza 24 empresas que han cotizado en el IBEX para concluir que sólo dos, Endesa e Indra, no tienen ninguna filial en paraísos fiscales, categoría en la que Oxfam incluye a Luxemburgo e Irlanda, pero también otras jurisdicciones como Islas Caimán, Barbados o Jersey, que la propia Agencia Tributaria recoge en su lista. El destino preferido del IBEX es Delaware, que no figura en el listado de la UE ni de la Agencia Tributaria a pesar de que hay un dato que hace sospechar seriamente de su condición: tiene más empresas que habitantes.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González coincide con Lesmes en que introducir reformas eficaces en listados y normas "perjudicaría al IBEX". A su juicio, ahí está la clave de que, durante la tramitación de la ley en 2017, el PP tumbara las enmiendas en este sentido PSOE, Podemos y ERC, como recuerda en este artículo. "Pero ahora, con la actual mayoría, tampoco se está impulsando esa reforma", recalca.

González recuerda cómo, a raíz del cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos, hubo voces que reivindicaron su exclusión de la contratación pública. "Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no? El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que pagan sus impuestos aquí", declaró el entonces portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Aquel propósito no se concretó. Parece lógico: se antoja difícil que España, un miembro de la UE, pudiera vetar a una empresa con sede en otro país de la UE y que cumple la ley. Más cabe cuestionarse que tampoco se puedan poner límites a empresas controladas por otras en destinos que sí son oficialmente opacos o no cooperadores, o que tengan filiales allí.

Este periódico preguntó a las dos fuerzas del Gobierno, PSOE y Sumar, por sus planes para limitar el acceso a beneficios públicos de empresas con vínculos con paraísos fiscales. Por parte del PSOE, no hay respuesta. Carlos Martín Urriza, portavoz de economía de Sumar, afirma que su partido tiene la voluntad, recogida en su programa, de "combatir los paraísos fiscales", aunque añade que es pronto para adelantar las medidas concretas. La reforma legal para introducir limitaciones está "dentro de nuestro ideario", así como hacer cambios para garantizar la "transparencia" y la "responsabilidad fiscal", asegura.

A falta de una reforma legal, ¿qué pueden hacer las administraciones? La organización que ha intentado facilitar respuesta a esta pregunta es Oxfam, impulsora de la iniciativa Zona Libre de Paraísos Fiscales, que ofrece a los ayuntamientos una guía para evitar la contratación de empresas con presencia directa o indirecta en territorios opacos y de baja o nula tributación. La guía incluye una cláusula, para meter en cada contrato público, que obliga a la empresa a no derivar a paraísos fiscales dinero de las rentas derivadas de la ejecución de dicho contrato. Al igual que en la vía Oltra, se tira del recurso de la "declaración responsable"

Lesmes, uno de los autores de la guía, cree que la campaña ha tenido utilidad "pedagógica", pero no le consta la exclusión de ninguna empresa de ningún proceso. "Incluso en el caso de los [más de 90] ayuntamientos que apoyan esta iniciativa, es decir, ayuntamientos que tienen una voluntad que en muchos otros casos no existe, hay un problema de dificultad técnica. Muchas veces los funcionarios de intervención tienen dudas legales", afirma. Dudas incrementadas por informes como el de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat de Cataluña, que niega la viabilidad jurídica de prohibir la contratación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, por supuesto también si el vínculo es a través de otras firmas del grupo. Pero los límites legales no son los únicos. "Un ayuntamiento que dejara fuera a una empresa se tendría que enfrentar a sus abogados. Y non todos tienen recursos para hacerlo. Es la lucha de David contra Goliat", dice Lesmes.

La penetración de un grupo propiedad de una compañía del paraíso fiscal de las Islas Caimán en el escenario de los alquileres de pisos construidos en suelo público no se ha limitado al plan del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP). Una de las múltiples filiales que ese grupo, encabezado en España por Saturn Holdco SA, se cuenta también entre las tres concesionarias elegidas por el Ayuntamiento de Madrid para construir y gestionar durante 45 años en torno a 2.000 viviendas repartidas en 11 distritos. Se trata de Redes 2 Promotora Inversiones 2018 IV SL, que en junio de 2023 recibió la concesión de dos de los cinco lotes de terreno público en liza y en los que construirá y alquilará 868 viviendas según se publicita en la web de Culmia, la rama de Saturn Holdco SA que ejerce de mascarón de proa del holding.

La información difundida en su día por el consistorio madrileño asegura que las rentas mensuales de las más de 2.000 viviendas adscritas a su programa de alquiler asequible serán inferiores hasta un 30% a las del mercado. Pero aún no hay datos exactos más allá de que, al igual que en la Comunidad de Madrid y como recuerdan los dos grupos de oposición, Más Madrid y PSOE, serán las empresas privadas beneficiarias de las concesiones de suelo las que seleccionen a los inquilinos.

De los tres adjudicatarios de terrenos municipales, el segundo es una filial del grupo Vía Ágora, que en verano ganó protagonismo cuando se supo que contrataría a quien, como concejal de Desarrollo Urbano en nombre de Ciudadanos, había tramitado el plan de alquiler asequible. El escándalo provocado por aquel fichaje hizo que Ágora diese marcha atrás y renunciase a fichar al exedil Mariano Fuentes. En la cúpula de la compañía y en su calidad de socio único se sitúa Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ACPE, la patronal de los promotores y constructores. El fichaje de Fuentes fue puesto en manos de la oficina municipal contra el fraude y la corrupción por el PSOE como un posible caso de incompatibilidad manifiesta. Pero quedó en nada porque Ágora había dado marcha atrás y no llegó a contratar a su elegido. Fuentes ostentó el cargo de delegado de Desarrollo Urbano hasta el 17 de junio, la fecha en que, por segunda vez, tomó posesión el nuevo equipo del alcalde José Luis Martínez Almeida.

En su escrito, el PSOE exponía que el concejal de Desarrollo Urbano había dirigido todo el proceso para la adjudicación de “los derechos de superficie sobre las parcelas municipales de los lotes [de suelo público para vivienda de alquiler] 1, 2, 3, 4 y 5”. El texto remarcaba que los derechos del lote 3, el de mayor importe, se adjudicaron a la empresa Spaces by Vía Ágora, administrada al 100% por Vía Ágora, por valor de 7,5 millones en enero de 2023, aunque la adjudicación no se hizo efectiva hasta el 15 de marzo.

Ese día, el Ayuntamiento sabía que Mariano Fuentes estaría fuera, por lo que fue el titular de Igualdad y Familias, José Aniorte, quien firmó finalmente la adjudicación en su condición de suplente del delegado de Desarrollo Urbano. Aniorte fue uno de los dos concejales de Ciudadanos que un mes antes de las elecciones de mayo de 2023 abandonaron el partido. Almeida los mantuvo en sus cargos y se barajó incluso la posibilidad de que pasaran a engrosar la candidatura del PP.

La tercera firma beneficiada –Avintia Desarrollos Inmobiliarios SL, que aquí va de la mano de la promotora Pecsa Real Estate SL– pertenece a Antonio Martín Jiménez, uno de los empresarios imputados en la Operación Púnica en la pieza conocida como Obrum, nombre de una de las sociedades de las que formaba parte e investigada por los contratos de obra de la Comunidad de Madrid. Fuentes jurídicas que conocen de primera mano el sumario de Púnica han confirmado que Martín continúa bajo investigación judicial. Infolibre no logró el viernes contactar con ningún portavoz de Avintia.

Como vicepresidente, el grupo de Saturn Holdco SA tiene a día de hoy a Mario Armero Montes, cuyo nombre saltó a los titulares cuando en 2015 Hacienda descubrió que años atrás la constructora de la que había sido consejero delegado, Collosa, pagó a Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte, ambos del PP, un total de 429.000 euros mientras eran diputados.

Tanto los políticos como la empresa defendieron que ambos daban un asesoramiento verbal al consejo de administración de la compañía. En declaraciones a El País y respecto a Vicente Martínez Pujalte, Armero sostuvo lo que sigue: “El que recibía el asesoramiento era yo. Es verdad que no eran informes sino que nos sentábamos y yo le preguntaba por dónde iba la economía y si creía que la crisis iba a ser pasajera o no”. “Tiene –agregó– una visión privilegiada de la economía”.

Cabeza de un holding que en España agrupa a 31 filiales del sector inmobiliario y como publicó el lunes infoLibre, la información mercantil constata que Saturn Holdco SA tiene como socio único a la firma luxemburguesa OCM Redes Holdco Sarl, y así lo atestiguan sus últimas cuentas anuales, las de 2022. Documentos oficiales confirman a su vez que OCM Redes Holdco Sarl es propiedad al 100% de Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Cayman) LP, con un capital social cifrado en 512.000 euros distribuidos en 11 series de acciones y cuyos titulares resulta imposible conocer. Oaktree es la marca de un megafondo estadounidense con múltiples ramas, buena parte de ellas en las Caimán, territorio británico de ultramar caracterizado por tributación cero y cooperación judicial nula.

Este diario preguntó a la Concejalía de Urbanismo, heredera de la de Desarrollo Urbano y ahora dirigida por el PP como el resto de las delegaciones municipales, si conocía que la filial de Saturn Holdco SA concesionaria de suelo para viviendas de alquiler es en última instancia propiedad de una firma domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. La respuesta de la concejalía a través de su portavoz fue escueta: “Culmia es una empresa legal”. La adjudicataria no es Culmia –otra de las filiales de Saturn y cara visible del holding– pero en los documentos del Ayuntamiento su nombre aparece entre paréntesis junto con el de Redes 2 Promotora Inversiones 2018 IV SL.

Para la oposición, el programa de Martínez Almeida sobre viviendas de alquiler asequible presenta puntos negros que ponen en duda su carácter social. Álvaro Fernández Heredia, concejal de Más Madrid, cree que “el Madrid de Almeida es un Madrid de negocio asegurado para unos pocos. La política urbanística y de vivienda del gobierno del PP vuelve a ser un traje a medida para grandes fondos de inversión, que marcan el paso de la ciudad en el acceso a un derecho fundamental”. Fernández Heredia califica como “muy grave” que se entregue la construcción de la vivienda asequible “a unas empresas opacas que se dedican a la especulación pura y dura, y más grave todavía, que también se ponga en sus manos la libre adjudicación de esas viviendas”. Almeida, remata el edil, “es un fiel seguidor de los que dicen no querer intervenir en el mercado de la vivienda pero acaban siendo los más intervencionistas: lo que pasa es que intervienen para garantizarle el pelotazo siempre a los mismos desprotegiendo a los madrileños y madrileñas”.

Desde el PSOE, su responsable municipal de vivienda, Pedro Barrero, sostiene que “no es una actuación municipal de interés social para hacer llegar a los sectores socioeconómicos más vulnerables el derecho a una vivienda digna”. El concejal sustenta su afirmación en un argumento central: “Vuelven a imponer el límite máximo de ingresos familiares, entre 5,75 y 7,5 veces el IPREM , es decir entre 45.474 y 58.128 euros anuales, para poder tener acceso a estas viviendas dejando fuera una vez más a la mayor bolsa de demandantes, jóvenes y familias con salarios medios más bajos o más vulnerables”.

El impuesto de sociedades mínimo del 15% entró en vigor en la UE el mismo 1 de enero, en lo que constituye el primer paso para que se haga realidad el laborioso acuerdo firmado en 2021 por 136 países en el seno de la OCDE. En España, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de diciembre el anteproyecto de ley que transpone la directiva europea y lo ha colgado en su página web, para darle audiencia pública, antes de ser ratificado definitivamente en el Congreso. Aun con parte de su tramitación pendiente –dictamen del Consejo de Estado y segunda aprobación por el Consejo de Ministros–, el nuevo impuesto ya está vigente.

Y, de acuerdo con los cálculos que el Ministerio de Hacienda ha incluido en el informe sobre el impacto económico de la medida, sólo 41 grandes multinacionales españolas de las 126 que presentan el informe país por país –con el detalle de sus operaciones en el extranjero, el llamado modelo 231– tendrán que pagar al erario público nacional para llegar a ese suelo del 15% en el impuesto de sociedades. Casi un tercio de ellas, por tanto. Lo harán con un tipo medio del 6,21%. Otras 109 grandes compañías –que incluirán en su mayoría a las anteriores– tendrán que tributar en otros países donde tienen negocios. Con un tipo medio inferior, el 5,14%. De las 126 antes citadas, el 90%, asegura el ministerio, se van a ver “afectadas en algún grado” –en España o en otros países– por el nuevo tributo mínimo.

Hacienda también ha calculado el impacto del nuevo impuesto en los 30 grupos exclusivamente nacionales que superan los 750 millones de euros en facturación. De ellos, sólo 10 tendrán que pagar el nuevo impuesto para alcanzar el tipo mínimo del 15%. Pero su tipo medio efectivo será superior, un 9,2%. Esa decena, por tanto, representa únicamente un tercio de las grandes compañías nacionales que el anteproyecto denomina como “grupos de gran magnitud”.

Por contra, serán muchas más las empresas extranjeras con filiales en España que deberán tributar ante Hacienda hasta el mínimo del 15%: 707 compañías. Equivalen sólo al 28% de los 2.526 grupos de este tipo que operan en territorio nacional. Y pagarán un tipo medio efectivo mucho menor, el 2,56%.

Tal y como lo ha diseñado la OCDE, el “impuesto complementario” que deberán pagar las empresas para alcanzar el mínimo del 15% en sociedades afectará en todo el mundo a las compañías que hayan facturado más de 750 millones de euros anuales en dos de los últimos cuatro ejercicios. En España, según los datos de la Agencia Tributaria, 137 empresas cuentan con una cifra de negocio consolidado de entre 500 y 1.000 millones de euros al año, y otras 143 superan los 1.000 millones.

En cualquier caso, según las cuentas de la Agencia Tributaria, los que facturan por encima de 1.000 millones pagaban hasta ahora por el impuesto sobre sociedades una media del 4,98% de sus beneficios, muy por debajo del tipo nominal, que es del 25% –un 23% para las pymes y un 30% para banca y petroleras–, e incluso del tipo resultante de aplicar el impuesto sobre la base imponible –resultado de aplicar deducciones, exenciones y bonificaciones, y por tanto inferior a los beneficios reales–, que es del 19%. El objetivo de la OCDE, y del Gobierno, es que ese tipo efectivo sobre beneficios reales del 4,98% se triplique hasta alcanzar el 15%.

El impuesto complementario para garantizar el suelo del 15% adoptará tres formas: el nacional, tanto para multinacionales como para empresas de gran magnitud sin actividad en el exterior que tributen por debajo del mínimo; el primario, que se aplicará a la matriz de una multinacional española que obtenga rentas de filiales en el extranjero donde pagan menos del 15%; y el secundario, que se aplicará a las filiales del grupo en España por las rentas obtenidas en el exterior que no hayan sido gravadas con el 15%.

Ya en 2022 el Ejecutivo aprobó un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades que deben pagar las empresas con facturación superior a los 20 millones de euros. Hasta noviembre, Hacienda ha recaudado por este concepto 578 millones de euros. Este impuesto, que se calcula sobre la base imponible, es compatible con el nuevo, que se calcula sobre el “resultado contable ajustado”, determinado según los parámetros que marca la directiva europea y que es igual para todos los países miembros.

Cuestión aparte es cuánto podrá ingresar el fisco español con el nuevo mínimo global para las mayores empresas. En el informe de impacto económico, Hacienda asegura que “no es posible” hacer un cálculo de la recaudación, entre otros motivos porque para ello haría falta que el resto de los países donde tienen negocios las grandes empresas españolas también aprobaran su propio impuesto complementario.

Cuando presentó el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Sumar, el pasado mes de octubre, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cifró en 10.000 millones de euros la cantidad que podrá ingresar la Hacienda española una vez esté plenamente aplicado el mínimo del 15%. Pero es difícil que se alcance tal cifra. El comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, hablaba este martes de una recaudación de 200.000 millones de euros adicionales en todo el mundo gracias a la nueva medida.

En cualquier caso, el propio anteproyecto incluye cuatro vías de escape para las empresas. Así, durante los tres primeros años no deberán pagar si sus ingresos no superan los 10 millones de euros o sus beneficios antes de impuestos no llegan al millón de euros o tienen pérdidas. Tampoco tributarán durante los cinco primeros años de la fase inicial de su actividad internacional. Tampoco en los cinco primeros años a partir del primero en que una empresa entre en el ámbito de aplicación del nuevo impuesto. Se considera que una empresa se encuentra en la fase inicial de su actividad en el exterior cuando no tenga filiales en más de seis países distintos o cuando la suma del valor contable de los activos materiales que tengan en distintos países no supere los 50 millones de euros. Además, no se exigirá el pago del impuesto complementario a las empresas que ya hayan pagado en otro país “un impuesto complementario nacional admisible”, que garantice una tributación efectiva acorde con los criterios fiscales de la OCDE.

Es lo que se conoce como “puertos seguros” y la norma los establece a fin de reducir los costes de cumplimiento y administrativos para las empresas, cuyo volumen reconoce el ministerio que serán “relativamente elevados en un primer momento”, debido a la “complejidad y novedad de la regulación”. Hacienda no sólo deberá ahora diseñar un modelo específico para la declaración informativa, “especialmente exhaustivo”, sino también otro para la autoliquidación e ingreso de la cantidad en las arcas públicas. Además, destaca, hará falta intercambiar los modelos con los de otros países.

Finalmente, están excluidas del nuevo impuesto las organizaciones internacionales, las organizaciones sin ánimo de lucro, las entidades públicas, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los instrumentos de inversión inmobiliaria cuando sean la matriz última de un grupo.

Colaboración público-privada. Suena bien. Pero no siempre es fácil, porque las naturalezas del Estado y la empresa son diferentes. A veces, difíciles de conciliar. Así que juntar política y negocio puede dar resultados chocantes, conflictivos, más aún cuando en la misma ecuación en la que caben unos elevados propósitos sociales entran también un joven millonario, una poderosa saga bancaria, un fondo de inversión, una compleja estructura societaria y un territorio de baja tributación.

Vayamos al caso. Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) es una empresa mixta, conformada como sociedad público-privada en 2021 con el respaldo de la entonces alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú), la responsable institucional más asociada en España a la lucha por el derecho a la vivienda, que conquistó el bastón de mando tras dar guerra como líder de la PAH. ¿El propósito de HMB? Facilitar a miles de personas acceso a techo en alquiler a precios por debajo de mercado en la capital catalana y su área metropolitana. ¿La paradoja? Al mismo tiempo que persigue estos fines, HMB mantiene en su accionariado a una empresa de la que forma parte un holding radicado en Luxemburgo, una jurisdicción paradisíaca para los fondos de inversión que pretenden minimizar su factura fiscal.

El broche a la historia lo pone un insigne nombre propio. Porque desde el Gran Ducado hace negocio con esta colaboración público-privada –CPP, se llama a estas fórmulas en argot ejecutivo– Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautola, hijo mayor de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y nieto de Emilio Botín, que también fue presidente de dicho banco. ¿Y cómo participa en todo esto? Morenés está detrás, junto a su socio y amigo Juan Pepa, de Stoneshield, accionista luxemburgués de la promotora inmobiliaria Neinor Homes, a su vez copropietaria de la sociedad mixta HMB.

Mientras participan en esta destacada iniciativa de colaboración con las instituciones, Neinor y Stoneshield son nombres vinculados a la defensa de los intereses del sector inmobiliario frente a las políticas de intervención públicas. Ambas compañías han sido participantes en la última edición de The District, la cita inmobiliaria en Barcelona que reúne a inversores, bancos y lobistas y que ha sido boicoteada por el movimiento antidesahucios por considerar que encarna las posiciones más especulativas. El presidente de Neinor es Ricardo Martí Fluxá, que a su vez es presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), uno de los puntales del lobby del ladrillo y una destacada voz contra la Ley de Vivienda del PSOE y Unidas Podemos. Un dato más: Neinor figura, en un documento de la propia empresa de febrero de 2023, como miembro del grupo de presión a favor de los propietarios de viviendas Asval, detrás del cual se encuentra el fondo Blackstone. Neinor ya formaba parte del mismo cuando se incorporó a HMB en 2021.

¿Qué dicen los aludidos en esta información? Ni Neinor ni Stoneshield respondieron a las preguntas planteadas por infoLibre [ver al final La Caja Negra]. Tanto el Área Metropolitana de Barcelona como el Ayuntamiento, socios e impulsores públicos del proyecto, coinciden en destacar la transparencia del proceso. Desde Barcelona en Comú, el grupo al que pertenece Colau, recalcan que el contrato que fija la actuación de HMB blinda el alquiler a precio por debajo de mercado. "Bajo ningún concepto estas viviendas pueden acabar en el mercado especulativo, como sí ocurrió con otros edificios de vivienda pública en los 90 o recientemente en la Comunidad de Madrid", añade. Todo ello es así, señala la misma fuente de los comuns, "independientemente de quién sea accionista del operador" o de "qué otros negocios tengan más allá de este". Y añade: "Barcelona en Comú ha destacado precisamente por enfrentarse a fondos buitres, lobbies y especuladores, lo que nos ha llevado a declarar hasta en 15 ocasiones en una guerra sucia judicial que ha ido archivando todas y cada una de las causas, destacando la de Vauras, un fondo de inversión similar a Stoneshield".

HMB es un "operador" de "vivienda de alquiler asequible" cuyo objetivo es construir y gestionar 4.500 viviendas en arrendamiento con protección pública. Nació en marzo de 2018 como una entidad enteramente pública fundada por el Área Metropolitana y a la que se sumó sólo tres meses después el Ayuntamiento. El reparto quedó entonces 50-50, todo público. Pero ese no era el objetivo. Desde su origen HMB tuvo vocación de buscar capital privado, como recogen sus propios estatutos. Se trataba de construir una sociedad de vivienda potente, a la altura de una política de vivienda que también quería serlo.

No fue fácil encontrar a los socios. Ni rápido. La entrada de dinero privado no se encarriló hasta julio de 2021, cuando el consejo de administración de HMB adjudicó a Neinor y Cevasa la condición de accionistas para "transformar HMB SA en una sociedad de economía mixta" y en un "ejemplo de colaboración público-privada". Ambas empresas constituyeron Nicrent Residencial SL, cuya entrada en HMB se formalizó en noviembre de 2021.

El accionariado de HMB es desde entonces un 50% público y un 50% privado. Sus socios públicos son el Área Metropolitana (25%) y el Ayuntamiento (25%). El privado es Nicrent (50%). Cevasa y Neinor tienen cada una un 50% de Nicrent. Es decir, un 25% cada una de la compañía mixta. El consejo de administración de HMB expresa este equilibrio: dos miembros del Área Metropolitana, dos del Ayuntamiento, dos de Cevasa, dos de Neinor y un independiente.

HMB no ha sido un proyecto técnico, administrativo, de segunda línea. Al contrario, ha sido un proyecto de alto perfil político, una apuesta de una figura tan relevante en el ámbito de la vivienda como Colau, que fue alcaldesa entre 2015 y 2023. Desde noviembre de 2021, cuando se formaliza la entrada de Cevasa y Neinor, el Ayuntamiento publicita HMB como "el primer operador de vivienda público-privado del Estado". Aquel mismo mes tuvo lugar un acto institucional en el que los accionistas públicos y privados de HMB comparecieron juntos para detallar las distintas fases del proyecto de la "primera sociedad mixta de vivienda de alquiler asequible de España". Así promocionaba el evento En Común Podem.

La iniciativa, que según se anunció debía construir sus 4.500 viviendas en ocho años, se ponía en marcha con la aportación de 6 millones de euros por parte del Ayuntamiento, otros 6 por parte del Área Metropolitana y 12 por parte del socio privado compuesto al 50% cada uno por Cevasa y Neinor, compañía de la que aún no formaba parte Stoneshield. Los fondos aportados por los socios debían servir para la construcción de 640 viviendas. La aportación final prevista para el conjunto de los socios es de 116 millones de euros. La sociedad mixta "construirá viviendas de alquiler asequible, a precio protegido y de forma permanente, sin perder nunca esta calificación, con la garantía de control público, gobernanza conjunta y evitando que acaben en el mercado privado libre", afirmaba Colau durante aquella presentación.

Toda la retórica que envolvía al proyecto remitía a lo social, lo cooperativo, lo novedoso. No sólo en la presentación de noviembre de 2021. Un año después un folleto del Instituto de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona afirmaba que Neinor se implicaba en HMB por su "dimensión social".

Para entonces la luxemburguesa Stoneshield ya estaba dentro de Neinor.

Neinor no es una empresa cualquiera del sector inmobiliario. Nacida en 2015 y con una plantilla de 300 trabajadores, se presenta como la "compañía cotizada líder en el mercado de promoción residencial en España", con más de 1.800 millones de euros de patrimonio. Bajo la presidencia de Ricardo Martí Fluxá, presidente al mismo tiempo de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) y del lobby de la seguridad y defensa Tedae, Neinor se lanzó a la CPP optando junto a Cevasa al puesto en la sociedad mixta impulsada por Colau. Y ganó. Neinor estuvo representada en el acto de noviembre de 2021 en la persona de su directivo Jordi Argemí, que aseguró que HMB iba a ser "un referente para otros proyectos en todo el país".

Poseedora desde entonces del 25% de HMB, Neinor es la empresa que conduce ahora hasta Luxemburgo y hasta Morenés, hijo, nieto y biznieto de presidentes del Santander, que está haciendo fortuna en el negocio de la inversión. Veamos en detalle la operación que certificó la llamativa situación de que un ambicioso proyecto de colaboración público-privada acabe teniendo como participante a un holding radicado en un territorio de baja tributación. El 23 de enero de 2022, cuando ya era parte de HMB, Neinor recibió una comunicación del fondo luxemburgués Stoneshield Capital, del que son cofundadores y socios Morenés y Juan Pepa, su más estrecho aliado y colaborador. La comunicación informaba de la entrada en Neinor de una entidad del grupo, Stoneshield Southern Real Estate Holding II, con cerca de un 18,5% del capital.

Estaba hecho: Stoneshield había entrado –y sigue– en Neinor, que a su vez estaba –y está– en HMB. Es decir, la empresa público-privada de alquiler social en Barcelona quedaba –y sigue– vinculada accionarialmente al fondo luxemburgués de un hijo de la banquera más importante de España. Stoneshield no se quedó en ese porcentaje inicial. Su trozo de la tarta ha crecido hasta situarse en un 25% en agosto de este año, según el registro publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las estructuras de muñeca rusa son habituales en Luxemburgo, jurisdicción donde existen importantes beneficios fiscales respecto a las plusvalías, los dividendos, el pago de intereses a sociedades del mismo grupo o las comisiones que cobran los gestores de los fondos. La clasificación extraoficial de referencia de paraísos fiscales, elaborada por Tax Justice Network, cita a Luxemburgo como la sexta jurisdicción que más ayuda a rebajar el pago del impuesto de sociedades.

Las firmas Stoneshield ofrecen un ejemplo del tipo de madeja societaria que suele florecer en el Gran Ducado. Hay al menos seis compañías bajo la denominación Stoneshield creadas en Luxemburgo y vinculadas entre sí, según la información registral examinada por infoLibre. La primera fue fundada en marzo de 2018 por Morenés y Pepa con una distribución del 50% para cada uno. Se trata de la sociedad de control Stoneshield Holding, que es dueña del 100% de Stoneshield GP, empresa a su vez socia de Stoneshield Investment Fund, accionista única de Stoneshield Southern Real Estate Holding II.

Esta última sociedad citada, Stoneshield Southern Real Estate Holding II, es la entidad que entró en Neinor en 2022 y la que figura como titular directa de las acciones de Neinor, mientras Stoneshield Holding es es el titular indirecto, todo ello según información del registro de Luxemburgo y de la CNMV.

El 26 de enero de 2022, tres días después de que Stoneshield informase de su entrada en Neinor, Morenés pasó a ser consejero de dicha compañía por su vinculación con la compañía Stoneshield Southern Real Estate Holding II, registrada en Luxemburgo en julio de 2021. En realidad, Morenés no era nuevo en Neinor. En 2015 ya entró como consejero con el respaldo de la gestora de activos estadounidense Lone Star, uno de los tres principales fondos especulativos inmobiliarios que operan en España junto a Blackstone y Cerberus. De hecho, Morenés y Juan Pepa se habían conocido en Lone Star, firma ligada a la propia creación de Neinor, compañía surgida en 2015 de la compra por parte de la gestora de activos de la promotora de Kutxabank.

Pero Lone Star fue sólo un peldaño en el ascenso de Morenés y Pepa, que en 2018 fundaron Stoneshield Capital, nombre de un proyecto que el hijo mayor de Ana Botín define como "mezcla de real estate, private equity e, incluso, venture capital". Desde hace ya cerca de dos años el puesto en el consejo de Neinor de Morenés obedece a su prominente posición en su propio grupo, Stoneshield. Morenés es además miembro de las comisiones de Inversiones Inmobiliarias, de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones de Neinor. Por su parte, Juan Pepa, su socio, también es consejero de Neinor por su vinculación en Stoneshield y es además miembro de la Comisión de Inversiones Inmobiliarias.

Stoneshield, que además de apostar en el sector de la vivienda tiene participación en compañías de residencias de estudiantes, innovación científica o logística, se refiere así a su "estratégica" inversión en Neinor: "Desde la adquisición de Neinor por parte de Stoneshield, la empresa ha triplicado la remuneración a los inversores". En cuanto a Neinor, parece tener fe en su posición posición en HMB. En su informe de 2022, la promotora señala que Nicrent –la empresa a través de la que participa en la sociedad mixta – obtendrá una "remuneración de mercado" por la "gestión administrativa y patrimonial" de HMB.

Lo cierto es que de momento las cosas van despacio en HMB. La sociedad mixta ha iniciado las obras de 110 viviendas en Sant Boi de Llobregat y prevé iniciar en breve tres promociones más: dos en Montgat (72+58) y otra en Sant Adrià de Besòs (56), según el balance facilitado a este periódico por el Área Metropolitana. "La sociedad de nueva creación está arrancando, a pesar de las dificultades de incremento de costes de la construcción, de aprovisionamiento de materias primas consecuencia de la situación geopolítica, y de la dificultad de acceso al mercado financiero", señalan desde esta institución.

En cuanto a la participación de Stoneshield en Neinor, el Área Metropolitana de Barcelona se limita a destacar que la selección del socio privado para HMB fue fruto de una "licitación pública" sujeta a la "normativa aplicable". Este periódico preguntó si la institución era consciente de que Stoneshield, que entró en Neinor en 2022, opera desde Luxemburgo y reclamó una valoración sobre ello. "Esta institución metropolitana no emite valoraciones subjetivas de este calibre", respondió la institución por escrito a través de un portavoz.

El Ayuntamiento de Barcelona, también en respuesta por escrito a través de un portavoz, afirma: "El proceso de adjudicación, realizado en el pasado mandato municipal con los gobiernos anteriores, se hizo de acuerdo con la normativa que regula la contratación pública y con todas las garantías aplicables". Añade que las promociones en Barcelona que levante HMB no perderán "nunca" la "titularidad 100% pública municipal del suelo".

Más extensa fue la respuesta escrita de los Comuns, grupo con el que contactó infoLibre para conocer la posición de Ada Colau, que ha perdido la alcaldía este año pero fue una de las impulsoras de la sociedad mixta en 2021. Una fuente del grupo señala que, "independientemente de las variaciones en el accionariado", el contrato entre las partes pública y privada de HMB "blinda el uso público" de las viviendas previstas, así como la "titularidad pública" del suelo, y también "limita al detalle los beneficios que obtendría la empresa de su explotación, que debe alquilar las viviendas a precio protegido –por debajo del de mercado– de manera indefinida y que no puede cobrar dividendos de los mismos".

"HMB está dirigido –añade– por un consejo de administración del que la mitad de representantes pertenecen al Ayuntamiento y al Área Metropolitana, de manera que se garantiza la gobernanza pública del proyecto y la fiscalización y transparencia de todo el proceso [...] hasta la adjudicación a los vecinos beneficiarios. Un consejo que vigila, además, que no haya una privatización de beneficios para los actores privados ni adjudicación de pérdidas a los públicos".

En la casa donde vivió Jorge Luis Borges en Ginebra hay una placa con una frase suya que dice que, de todos los lugares por los que viajó, esa ciudad fue para él lo más parecido a un paraíso. Será un paraíso fiscal, de esos en los que hoy se encuentra a buen recaudo el dinero de muchas y muchos españoles que han acumulado una cantidad récord de ciento cuarenta mil millones. Alguna de esas personas no tributan en España y, por lo tanto, no ayudan al desarrollo del país a todos los niveles, pero se llaman a sí mismas patriotas y, probablemente, crean que dicen la verdad.

A otros no les va tan bien, más que vivir sobreviven, cuando no malviven; el agua les llega al cuello porque no les da para comer decentemente, con sus sueldos, si es que los tienen, y con los precios que alcanzan los alimentos en el país donde los hipermercados más los han subido; ni que decir tiene que ser dueños de una casa digna, como manda la Constitución, es un imposible, y que al mirar los termómetros de estos días ya se echan a temblar con la llegada meteorológica del invierno, porque la factura de la calefacción, con los combustibles también disparados, pesará sobre sus espaldas como una losa. 

Por supuesto, si la propiedad no está al alcance de esas personas, queda otro recurso, el mercado del alquiler, que aquí es tan conflictivo y difícil de regular, y el resultado de ese cambio de tendencia, que entre nosotros nunca fue prioritaria pero que está en auge porque a la fuerza ahorcan, es que el dinero se mueve hacia ese negocio como los girasoles hacia la luz y los fondos de inversión toman posiciones. Hay una nueva Ley de Vivienda, pero cómo va a notarse si para ello tendrían que aplicarla las comunidades y consistorios del PP que se han opuesto a ella. Los pisos de alquiler pueden ser muy rentables, e incluso su versión más modesta y generalmente menos confortable, que son las habitaciones sueltas, un terreno en el que se producen todos los abusos habidos y por haber y que suelen quedar impunes: a qué abogado y con qué posibilidad de pagarle su tarifa acude quien ya anda tan justo y al límite que tiene que refugiarse en un cuarto individual con sus cuatro cosas y sin otro sitio mejor a donde ir. Que se lo pregunten a quienes son alojados en una habitación con escasa privacidad, sin derecho a otras zonas comunes —nada de pisar el salón— y de la que en algunos casos se le exige que se vayan los fines de semana. ¿A dónde?

La palabra es especulación, cuando entra en la fase que define cualquier movimiento inversor, es que el fin va a justificar los medios y las cosas no van a estar claras. Las empresas que se dedican a eso buscan parcelas municipales con las que hacerse a bajo coste y luego multiplicar las ganancias. En el alquiler debería haber más viviendas de protección oficial, sin embargo, no es así y cuando las ha habido se han llegado a producir movimientos vergonzantes como el llevado a cabo por el ayuntamiento de Madrid en la época en la que era alcaldesa Ana Botella y algunas de esas viviendas fueron puestas en manos de fondos buitre. Esta gente es capaz de privatizar hasta la desgracia ajena, si ve que puede darle beneficios.

A veces uno observa el guirigay político, con sus revuelos, solemnidades y discursos una veces encendidos y otras incendiarios, y se pregunta si no sería mejor que nuestros cargos públicos se dedicaran a solucionar esos problemas acuciantes y verdaderos de las y los ciudadanos, esos aspectos de nuestras sociedades que conducen al aislamiento de quienes no cuentan con ingresos suficientes como para manejarse sin privaciones elementales y pasan necesidades que no deberían tolerarse en el mismo lugar en el que otras y otros se han llevado de España al menos ciento cuarenta mil millones de euros en lugar de contribuir con los impuestos que generarían si estuviesen bajo control; podrían convertirse en hospitales o escuelas, pero en lugar de eso, volaron, nada por aquí y todo por allá, y descansan a buen recaudo en sus cuentas opacas y sus bancos casi invisibles. El paraíso fiscal tiene su cruz: el infierno en el que viven los menos favorecidos, los más modestos. Tiene su cruz, pero la llevan otros.

La actividad empresarial rara vez se sitúa en el ojo del huracán de la discusión política. Pero en los últimos meses encontramos dos excepciones: el traslado a los Países Bajos de Ferrovial y la irrupción en Telefónica de Arabia Saudí. Los dos casos tienen en común la aparición de expresiones de preocupación por la pérdida de españolidad de la compañía. En el primero, las críticas –sobre todo desde la izquierda– se dirigían contra la empresa de Rafael del Pino por una supuesta falta de compromiso fiscal con el Estado para el que tanta obra pública ha hecho. En el segundo, las alertas sonaron –sobre todo desde la izquierda– ante la condición de máximo accionista de la estratégica teleco que adquiría una operadora tecnológica, STC Group, controlada por un fondo soberano en cuya cúspide está Mohammed bin Salam, príncipe heredero del régimen de los Saúd, principal sospechoso de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y líder político de una dictadura, Arabia Saudí, señalado por constantes vulneraciones de derechos humanos.

Sí, centrándonos en el caso de Telefónica, desde luego hay asuntos para el debate. infoLibre aborda con cuatro especialistas en economía global y política económica la principal cuestión que la operación Telefónica pone encima de la mesa: la posible necesidad de incrementar la protección frente al capital extranjero de las empresas estratégicas, especialmente si proviene de dictaduras. ¿Es factible? ¿Es deseable? ¿Existen herramientas para ello?

El caso de STC y Telefónica es sintomático de al menos dos problemas, según el análisis de Roy Cobby, profesor en el King's College y coautor de un informe-propuesta para revertir la desindustralización en España. Para empezar, que en el "juego empresarial" global España participa "con las manos atadas", porque Arabia Saudí sí puede entrar en una estratégica española, pero no al revés. Además, afirma, el episodio demuestra que "no tenemos estrategia clara de política industrial" ni "que se ocupe del problema financiero". "Los fondos son cada vez más importantes en la escena internacional. No sólo para obtener beneficio pasivo, colocando inversiones en empresas rentables, sino también para articular una dirección productiva", señala. "España tiene el ICO [Instituto de Crédito Oficial] pero carece de una banca pública como la KfW alemana, que tiene una importancia participación en el Deutsche Bank, o como otros bancos de desarrollo", afirma Cobby, que reclama "una visión de portfolio de los sectores estratégicos españoles" para actuar sobre ellos y ser capaz de provocar "cambios estructurales".

Cobby cree que es interesante "valorar" si es "conveniente" que Arabia Saudí acceda a la primacía en una compañía con "bancos de datos" del valor de los que atesora Telefónica, pero puntualiza que unas trabas ad hoc a su entrada en el capital de la compañía podrían generar "problemas" con aquel país, del que nadie ignora su capacidad para hacer daño económico.

En Cobby se da un enfoque que es común a todos los consultados: al margen del énfasis que pongan en la necesidad de apurar opciones para un posible veto a esta operación, coinciden en mostrar escepticismo sobre la posibilidad de que en este caso se acabe adoptando alguna medida en contra. Los deberes, coinciden, debieron hacerse antes, y la pérdida de músculo empresarial del Estado delimita unos márgenes estrechos.

Profesora en la Universidad de Sevilla, cuando Carolina Márquez imparte la asignatura de Economía Mundial, es decir, en su día a día en el aula, fenómenos como los analizados en este artículo son "el pan nuestro de cada día". Es partidaria de abordar las cuestiones "en lo profundo" y no "quedarse en la superficie", que es donde –a su juicio– se despliegan la mayoría de críticas a la operación. "Hay mucho postureo al hablar de aplicar ahora el escudo antiopas. ¿Alguien se lo cree? Dependemos energéticamente de Arabia Saudí, les vendemos armas, les compramos petróleo, grandes empresas españolas tienen intereses allí. Cualquier obstáculo sería un gran conflicto", señala, restando credibilidad a quienes amagan con tomar medidas para evitarlo.

Los hechos parecen dar la razón a la profesora Márquez. Tras una primera reacción de cautela, de advertencia sobre la necesidad de estudiar la operación sin descartar un veto por parte del Consejo de Ministros, las valoraciones del ala socialista del Gobierno acabaron inclinándose hacia el plácet, incluso con un punto de celebración. "¡Qué bien que existan inversores tan importantes como los fondos soberanos!", ha afirmado el ministro José Luis Escrivá, que ha aplaudido que el Public Investment Fund (PIF), controlado por la familia real saudí, "apueste por España". No es una valoración unánime en el Ejecutivo. Las ministras Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero rechazan la operación. La vicepresidenta de Trabajo en funciones incluso afirma que estudia cómo pararla. Desde los partidos, se ponen los más duros calificativos. Enrique Santiago (IU) llama a impedir que Telefónica pase a manos de una "dictadura feudal". Pablo Echenique (Podemos) habla de "teocracia asesina".

Márquez cree que el debate político está instalado en el plano "superficial". ¿Y dónde estaría "lo profundo" de la cuestión? En comprender, explica, que la "función del Estado" en España viene siendo "hacer más grandes a las grandes empresas" y que la irrupción de Arabia Saudí en Telefónica es coherente con la lógica de la política económica desde las privatizaciones. "Si a una empresa le conviene la entrada de un capital, como en este caso de Telefónica, pues se le permite", añade la profesora, que recuerda que el propio Estado hace negocios con Arabia Saudí.

De hecho, es literal: Navantia y SAMI, la compañía saudí de defensa, formaron en 2019 un sociedad conjunta, Sanni, que ha obtenido casi 50 millones de beneficio en dos años. Y Cofides, una entidad en cuya composición coinciden el Estado y los bancos Santander, BBVA y Sabadell, tiene acuerdos de coinversión con fondos soberanos de autocracias como Qatar y Emiratos Árabes. A juicio de Márquez, si la irrupción de Arabia Saudí en Telefónica desvela "el precio de su privatización", la colaboración con el reino del desierto tanto de empresas como del Estado por exigencias de los negocios revelan "la exclusión de las cuestiones éticas" de los debates sobre política economía, especialmente cuando afectan a los intereses de las empresas. "Ante cualquier objeción, la respuesta suele ser: 'Es que las empresas no son hermanitas de la caridad", afirma.

Quienes rechazan tan poderosa entrada de Arabia Saudí en Telefónica suelen invocar dos razones. La primera es que, por el carácter estratégico de la teleco –con acceso a ingentes cantidades de datos personales, relevante en la oferta cultural, con contratos con Defensa–, no debe tener como accionista mayoritario a un Estado extranjero. La segunda es que ese Estado tiene como forma de gobierno una monarquía absoluta represora, que persigue la homosexualidad, discrimina a la mujer, realiza ejecuciones colectivas, tiene prohibidos los partidos y los sindicatos y encarcela a discrepantes, como alerta Amnistía Internacional. Además, Arabia Saudí practica una geopolítica multipolar en la que, sin dejar de hacer negocios con Estados Unidos, se acerca a China e invierte junto a Rusia precisamente a través del PIF, el fondo tras la operación en Telefónica.

Los defensores, o quienes al menos evitan cuestionar la operación, suelen recurrir a la carta del realismo. Arabia Saudí –argumentan– cuenta con una ingente cantidad de fondos para invertir, obtenidos por la venta de petróleo, y es inevitable –e incluso positivo– que, dentro de las reglas de la libre circulación de capitales, quiera entrar en el accionariado de compañías del valor añadido de Telefónica. Además –continúan–, si de verdad hubiera riesgo, Defensa puede vetar la operación, al superar un 5% en una compañía con contratos militares.

Una fuente del sector financiero observa el debate generado con escepticismo y lo califica de "ruido pasajero". A su juicio, "las objeciones se ponen por cumplir, para la parroquia, porque cualquiera con un mínimo conocimiento del mundo de la empresa y la política internacional puede entender que, con el poder que tiene Arabia Saudí, no podemos [el Gobierno de España] parar su entrada en Telefónica". En cuanto a los argumentos a favor, añade, "se evita poner en la mesa las explicaciones más cínicas, que son las más reales", como que "si hay mucho dinero de por medio las democracias miran para otro lado, como ha pasado en [el Mundial de] Qatar", y que en realidad "nada de lo que ha pasado es tan nuevo" como puede parecer. "Qatar también es mayoritario en Iberdrola [tiene el 8,69% a través de un fondo soberano] también es estratégica y también trabaja con Defensa y en general muchas de las principales empresas españolas son cada vez menos españolas", concluye.

Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, cree que la irrupción saudí en Telefónica ha provocado una reacción "hipócrita", sobre todo de sectores liberales que no hicieron caso a las alertas de los riesgos de las privatizaciones de empresas estratégicas, tanto de esta compañía como de otras. "Fíjate, se dijo que había que privatizar Endesa porque no podía ser pública... y ahora la controla el Estado italiano", afirma, a título de ejemplo, para no limitar su análisis a Telefónica. Torres cree que lo fundamental es que que España carece de una arquitectura institucional capaz de evitar o corregir el liderazgo accionarial en empresas clave por parte de capitales extranjeros, incluso de regímenes dictatoriales. "Cuando llega un caso como este, todo son dificultades para actuar. Porque, si lo hicieras, se te podría acusar de discriminar a unas empresas respecto a otras", dice.

En el orden práctico, Torres es partidario de endurecer las normas y aplicarlas con rigor, no de enredarse en declaraciones sin consecuencias concretas ante los hechos consumados. Pero cree que hay además un problema teórico, ideológico, incluso ético, que dificulta la respuesta institucional. "Hacer negocio con dictaduras retrógradas –no es que haya dictaduras progresistas, pero sí las hay especialmente deleznables– es una manifestación de cinismo e incoherencia y de abandono de principios", señala el autor de títulos como Econofakes o Más difícil todavía, para quien en la izquierda, a la que atribuye la responsabilidad de introducir "ideas novedosas y principios rompedores" en la discusión política, existe una "falta de pensamiento crítico".

"Ideas como el 0,7% [para los países en desarrollo] o la tasa Tobin han salido de los movimientos sociales, no de los partidos, que están instalados en el más absoluto presentismo, en el día a día, ¡en el minuto a minuto!", afirma. Según Torres, esa falta de profundidad intelectual conduce a una incapacidad para armar una respuesta política y social firme ante casos como el de la irrupción saudí.

"Hay razones para estudiar, y en su caso impedir con todo el derecho, la entrada de Arabia Saudí en Telefónica. Es planteable", afirma José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense, que cree que el Gobierno se puede acoger a la normativa desarrollada para la protección de sectores estratégicos a raíz de la pandemia. Ahora bien, se muestra consciente de los obstáculos, para empezar el de ser percibido como un poder político arbitrario. Los gobiernos, no sólo el español, "se mueven sobre una cuerda floja", ya que necesitan inversiones al mismo tiempo que quieren conservar un cierto control de sectores estratégicos, por lo que surgen conflictos, explica. "Pasa como con la fiscalidad, sobre todo en los países en desarrollo: el afán de atraer inversiones descompone los sistemas fiscales y debilita la capacidad de los Estados", afirma. Más allá de la respuesta concreta en este caso, cree que es necesario el desarrollo de un "sector público empresarial verdaderamente fuerte", así como de un "banco de desarrollo que apoye inversiones estratégicas y que ahora debería centrarse en la transición ecológica".

"Más que una renacionalización, pienso en un mayor esfuerzo inversor público" con incidencia en el tejido empresarial, afirma el profesor, que ve "falta de herramientas" para ello. ¿La SEPI? Parte de una concepción "marginal" de la política industrial", con acciones "más paliativas que proactivas". ¿El ICO? "Habría que reforzarlo como banco oficial de desarrollo sostenible, con tareas de coordinación y de creación de mercados", en la línea del "Estado emprendedor" que propugna la economista Mariana Mazzucato. ¿Cofides? Es una "gestora de fondos públicos", con "buenas capacidades técnicas", y "cualquier reformulación deberá contar" con esta entidad, dice. Sí, hay un pero: es, dice, "un animal extraño, con un problema de definición", que tampoco actúa como banco de desarrollo.

Lo que Alonso rechaza de plano es el argumento de que no se puede limitar el acceso de capitales a empresas estratégicas, ni establecer límites a la penetración de dictaduras, por temor a represalias, a pérdida de capacidad de atracción de inversiones o a trabas para hacer negocio en los países afectados. "Lo más importante para atraer inversión es la calidad institucional. En cuanto a nuestras posiciones inversoras fuera, por ejemplo en Oriente Medio, debemos tener una visión más dinámica y confiar en las capacidad de nuestras empresas para encontrar mercados", explica el profesor, que cree que fenómenos como el covid han contribuido a romper el "consenso transversal" contrario a un sector público fuerte que inspiró las privatizaciones durante los gobiernos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP). Privatizaciones que, a su juicio, siguen desplegando efectos negativos. En el caso de Telefónica, más de 25 años después.