El interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en comprar Groenlandia choca con un muro legal: Dinamarca no puede vender este territorio autónomo y la operación sólo se podría realizar cuando éste fuese un Estado independiente, para lo que sería necesario primero una negociación entre Copenhague y Nuuk y un referendo.

"Mientras Groenlandia forme parte de la Mancomunidad del Reino de Dinamarca, junto a Dinamarca y las Islas Feroe, no se puede vender. Nadie tiene competencias para venderla", explica a EFE Frederik Harhoff, catedrático emérito de Derecho Internacional de la Universidad del Sur de Dinamarca.

La Casa Blanca ha insistido en que la diplomacia es la primera opción de Trump para controlar Groenlandia, que considera necesaria para la seguridad nacional, aunque sin descartar una acción militar. Y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tiene previsto reunirse la próxima semana con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, y la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Moztfeldt, para discutir la cuestión.

Harhoff considera "embarazoso" que miembros del Gobierno estadounidense muestren tal "ignorancia" y hablen de comprar esta isla ártica, desconociendo la realidad jurídica del Reino danés. "Si Estados Unidos presenta una oferta de compra, la única respuesta que le puede dar Dinamarca es 'lo siento, pero no tenemos competencia' y Groenlandia le diría que tampoco puede vender su país, sólo que podría iniciar un proceso de independencia", afirma.

Ya en el primer Estatuto de autonomía de 1979 queda reconocida la condición especial de Groenlandia dentro del reino y se inicia la transferencia de competencias. El nuevo Estatuto groenlandés aprobado en 2009 resalta en su primer artículo que "el pueblo groenlandés es un pueblo en relación a las leyes internacionales con derecho de autodeterminación" y su artículo 21 establece cómo sería el camino hacia la independencia, un proceso complicado que tardaría "varios años", estima Harhoff.

Si Groenlandia activa ese artículo, los gobiernos danés y groenlandés deberían iniciar una negociación antes de que la cuestión fuese sometida a referendo, una parte del proceso en la que habría que analizar "muchas cuestiones técnicas" y que Harhoff calcula que duraría alrededor de dos años.

Entre los elementos más problemáticos estarían acordar cómo eliminar la ayuda anual de Copenhague a Nuuk de 4.000 millones de coronas danesas (unos 535 millones de euros), que sumada a otras partidas que las autoridades danesas transfieren para sanidad, infraestructuras, bienestar, defensa, policía y sistema judicial suponen casi la mitad del presupuesto anual de Groenlandia.

Al hipotético acuerdo seguiría una campaña de información antes del referendo -cuyo resultado Dinamarca se ha comprometido a respetar-, y la aprobación del acuerdo por ambos parlamentos. Sólo entonces, cuando fuese independiente, Groenlandia podría aceptar una oferta económica de Washington, bien en forma de dinero para integrarse en EEUU, bien en forma de tratado de libre asociación.

"Independientemente de la cantidad que Estados Unidos pueda llegar a ofrecer, no creo que se pueda comparar con lo que Groenlandia ya tiene con el ordenamiento actual", apunta Harhoff. Según un sondeo realizado hace unos meses, la mayoría de los groenlandeses está a favor de la independencia, aunque no a costa de perder nivel de vida, a la vez que rechaza formar parte de EEUU.

Las recientes declaraciones del jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, asegurando a que Dinamarca no tiene derecho a controlar Groenlandia y a tenerla como "colonia", han provocado perplejidad en este país nórdico.

Dinamarca inició la colonización de esta isla ártica hace tres siglos, su soberanía fue reconocida hace más de cien años por el propio Estados Unidos y han pasado siete décadas desde que Groenlandia dejó de ser una colonia, para pasar a ser parte integral del reino danés.

El acuerdo de venta de las Islas Vírgenes de Dinamarca a Estados Unidos, firmado en 1916, incluye una cláusula en la que Washington acepta que Dinamarca amplíe sus intereses políticos y económicos a todo el territorio groenlandés, incluyendo una parte del norte y del oeste de la isla sobre la que no tenía control legal, lo que equivale a un reconocimiento a su soberanía sobre la isla ártica.

Cuando la ONU, después de la II Guerra Mundial, elaboró una lista con territorios por descolonizar, Dinamarca se tomó como "algo humillante" figurar en ella a causa de Groenlandia, explica Harhoff, por lo que impulsó una reforma constitucional para incluir definitivamente la isla como parte integrada en el reino danés.

Sus dictámenes no son obligatorios. Tampoco puede imponer sanciones, algo que corresponde exclusivamente a los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial. Pero las resoluciones de la comisión de ética del órgano de gobierno de los jueces tienen una especial trascendencia en comportamientos excéntricos y extravagantes de los jueces y magistrados que, cada vez con más frecuencia, generan perplejidad en amplios sectores de la población. Posicionamientos políticos –casi siempre de derechas–, faltas de respeto a autoridades o participación en foros, debates y cursos que pueden afectar a la apariencia de imparcialidad que deben guardar pero que no son castigados –porque se dan en un proceso concreto, en el que el Consejo tiene vedado el acceso, o a por puro corporativismo–, sí son abordados desde este órgano deontológico que responde a las dudas de los miembros de la judicatura.

Esa especial trascendencia de sus dictámenes se debe a dos factores. El primero, que la comisión de ética es el único órgano del Consejo no formado por vocales, sino por jueces y magistrados elegidos directamente por sus compañeros que, a su vez, eligen a un catedrático especialista en Filosofía del Derecho, Ética o Filosofía Moral. También porque su encargo es aplicar los Principios de Ética Judicial, un conjunto de valores y reglas de conducta que, entre otras finalidades, buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento que los jueces se comprometen a cumplir. Esos principios, además, se basan en textos aprobados en organizaciones internacionales de las que España forma parte, como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, que velan por los estándares democráticos de sus Estados miembros con sus recomendaciones.

Potenciar la comisión de ética es una de las propuestas que jueces y exvocales consultados por infoLibre proponen para abordar los excesos de los jueces que no pueden o no quieren sancionarse. El Gobierno ha recogido la iniciativa y ha incluido en una de sus reformas judiciales en curso su regulación en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y su ampliación “por su labor fundamental tanto en la interpretación tanto de los principios de independencia, imparcialidad e integridad”, como en valores como “la cortesía, la diligencia y la transparencia”. “La confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del poder judicial es de extrema importancia en nuestra sociedad”, explica la exposición de motivos de la reforma, incluida en el proyecto que democratizará el acceso a la carrera judicial y fiscal, ya en el Congreso.

De sus siete miembros actuales, la comisión pasará a tener nueve, cuatro de los cuales serán catedráticos relacionados con la Ética. Dos serán elegidos por el Congreso y otros dos por el Senado. El objeto es dar entrada en el órgano, además de a la visión corporativa que otorgan sus miembros judiciales (que serán elegidos directamente por sus compañeros, como hasta ahora), al pluralismo político de la sociedad española que refleja la composición de ambas Cámaras.

Desde que echara a andar en 2018, la comisión de ética ha elaborado pronunciamientos de especial relevancia social sobre el comportamiento de nuestros jueces y magistrados. Pese a su falta de obligatoriedad y escaso eco en medios de comunicación, sus dictámenes han sido especialmente valiosos para evaluar, conforme a principios reconocidos en las democracias más avanzadas del mundo, conductas como la participación de tres de los magistrados que condenaron al fiscal general del Estado en cursos organizados por el colegio de abogados de Madrid, que era parte acusadora en ese proceso; o la intervención de la jueza decana de Madrid y presidenta de la asociación judicial con mayor número de asociados (la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura) en un acto del PP, entre otros. Estos son algunos de sus informes más destacados:

El pasado 10 de febrero, la jueza decana de Madrid y presidenta de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, participó en el Congreso de los Diputados en un acto organizado por el PP inaugurado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y cerrado por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. El encuentro, titulado Contra la impunidad, contó con Del Barco que cargó contra las reformas judiciales planteadas por el Gobierno y el PSOE. Lo hizo pese a que la comisión de ética del Consejo estableció en 2023 que el hecho de que los jueces participen en actos políticos, “aun en su condición de ciudadanos”, afecta a su “apariencia de independencia, integridad e imparcialidad".

A lo largo del año otros magistrados han participado en encuentros y jornadas muy marcados ideológicamente. Como el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y el magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo Antonio García Martínez, que intervinieron en sendos actos de Neos, la fundación ultracatólica del exministro del PP Jaime Mayor Oreja. El magistrado más tuitero de la Audiencia de Madrid, Luis Sanz (@MagistraThor) acudió al acto fundacional del think tank Atenea, impulsado por el exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros y con vocación de buscar criterios y contenidos políticos comunes para todas las formaciones de derechas.

En uno de sus dictámenes, aprobado en septiembre de 2023, la comisión de ética judicial desaconsejó a los jueces acudir a “mítines políticos” porque constituyen “un acto de propaganda y marketing que los partidos utilizan para difundir sus mensajes, captar partidarios y organizar estrategias de campaña electoral”. La asistencia a estos actos, según los miembros de la comisión, “identifica a los asistentes con la militancia o simpatía hacia sus postulados”.

“La presencia de un juez o magistrado, aún en su condición de ciudadano, en un mitin, como acto de partido político, implica un riesgo evidente de que pueda ser identificado como tal” añadía el documento, y lleva “a la identificación del juez o magistrado con los postulados de un determinado partido político, lo que es contrario al principio de neutralidad política” que contiene el Código de Ética Judicial. La presencia de un juez en un acto de este tipo, prosigue el dictamen, “contribuye a la percepción pública de que la justicia está politizada, generando en los ciudadanos desconfianza en la justicia y en el funcionamiento de los órganos judiciales".

Fue justo después de que terminara el juicio del año, el que acabó con la condena e inhabilitación del anterior fiscal general del Estado. Tres de los magistrados que apoyaron esa condena –el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo– participaron en un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Esta última entidad fue la primera en denunciar a la Fiscalía en el caso y actuó como acusación popular contra su máximo responsable durante toda la instrucción y el posterior juicio en el Supremo.

La cercanía a las acusaciones tocó especialmente a Del Moral, que además fue presidente de la comisión de ética del Consejo entre 2022 y 2024. Tras el juicio se conoció que el magistrado había codirigido la tesis de Gabriel Rodríguez-Ramos, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, la acusación particular contra Álvaro García Ortiz. También la de Álvaro Bernad, uno de los abogados del equipo de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la acusación popular que reclamó la pena más alta: seis años de cárcel.

La comisión de ética no se opone a la participación de los jueces en actividades docentes, una de las pocas que pueden compatibilizar con su función. Pero lleva años avisando de que la participación en cursos, seminarios, mesas redondas y otros actos formativos puede comprometer la apariencia de imparcialidad, una garantía fundamental del proceso que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede conllevar la anulación de una condena, aunque no coincida con una causa concreta de abstención o recusación.   

“La imparcialidad afecta directamente a los vínculos que pudiera tener el juez con las partes y con el objeto de la decisión”, afirmó en uno de sus dictámenes la comisión de ética en 2019. “No puede desconocerse que la apariencia de imparcialidad puede verse afectada por la relación y trato que se tenga con los profesionales que intervienen en el proceso”, añadía. El dictamen concluía que el juez "debe comprobar si puede verse afectado por un prejuicio o predisposición originado por la intervención del director del departamento y, en caso afirmativo, tratar de superarlo para evitar que tanto en la tramitación del procedimiento como la dirección del juicio y la consiguiente decisión se vean influenciadas por aquel". Sobre el nombramiento de administradores concursales –que cobran por su labor–, la comisión advertía de que "puede poner en riesgo la apariencia de imparcialidad e integridad".

La comisión también tuvo ocasión de analizar un caso prácticamente idéntico al de los tres magistrados del Supremo, el de un juez que había participado en cursos de seguridad vial y formaciones para la policía local de un municipio a cuya alcaldesa debía juzgar. El organismo concluyó que resultaba evidente que la participación en esos seminarios conculcaba “el principio de imparcialidad que ha de presidir la actuación de juez”. “Aunque aquella vinculación [con el Ayuntamiento] no fuera directa sí lo es al menos indirecta, toda vez que la policía local depende orgánicamente del Ayuntamiento”, afirmaba. "Daña la confianza en la justicia", afirmó de manera rotunda el dictamen.

Sus denuncias y querellas suelen tener muy poco recorrido, pero generan gran ruido mediático. Nada más terminar las campanadas de 2025, Abogados Cristianos denunció junto a Hazte Oír a David Broncano y Lalachús por mostrar durante el programa de esa noche una estampita como las de los santos o las vírgenes pero con la vaquilla del Grand Prix. También han actuado contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por el cartel de las fiestas de La Mercè o contra presentadores de TV3 por una parodia sobre la Virgen del Rocío. También contra el humorista Héctor de Miguel, Quequé, por un chiste sobre dinamitar la cruz del Valle de Cuelgamuros.

En marzo de 2023, la comisión de ética del Consejo analizó la consulta de un juez que quiso formar parte de esa asociación ultracatólica. “Me planteo la idea de pertenecer a dicha asociación en ejercicio de mi libertad ideológica y de expresión, defendiendo los principios cristianos desde el mundo del derecho y dar opiniones al respecto sobre las leyes y el derecho natural”, explicaba el magistrado. “Solicito a la comisión que estudie este caso, si se verá afectada mi independencia judicial por el mero hecho de pertenecer a una asociación privada de ideas religiosas cristianas. ¿Es correcto y posible como juez pertenecer a tal asociación?”, preguntaba.

La respuesta de la comisión fue la obvia: que “es desaconsejable desde un punto de vista ético la pertenencia del juez a una asociación entre cuyas actividades o fines figura en un papel significativo la litigación ante los tribunales (…) en tanto que puede dañar la percepción de imparcialidad del Poder Judicial por parte de la ciudadanía”. El dictamen añadía que los miembros de la judicatura deben “guardar equidistancia entre las partes y velar por salvaguardar la percepción de equidistancia” y, con su conducta, “tanto en el proceso como fuera de él, debe reafirmar la confianza de la sociedad en la imparcialidad de la justicia”.

El dato ha impactado a la mayoría de la clase política de Cataluña. Aliança Catalana no dejaba de subir en las encuestas, pero el sondeo de La Vanguardia publicado este domingo ha supuesto un enorme salto cualitativo al darle hasta 19 escaños en el Parlament, muy por encima de los dos que tiene actualmente y situando al partido de Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, como cuarta fuerza.

La subida de Aliança, un partido de extrema derecha, independentista y contra la migración, bebe especialmente de una teórica fuga de votos desde Junts. Los de Carles Puigdemont sienten ya el aliento de un sorpasso, al obtener en el barómetro 21 representantes, lo que supone una caída de hasta 14 escaños respecto a los 35 que obtuvieron en las pasadas elecciones catalanas.

Junts no quiere oficialmente hacer valoraciones sobre el sondeo y en la dirección del partido reiteran: “No comentamos encuestas”. En la órbita posconvergente incluso tratan de rebajar en redes la fiabilidad del estudio. Y el partido de Carles Puigdemont decidió guardar silencio y no informar tras la reunión, este lunes, de la Ejecutiva Permanente en Bruselas con el expresident al frente de la cita.

A pesar de ese silencio, internamente hay preocupación, según fuentes posconvergentes. Especialmente entre cargos medios y locales, que ya llevan tiempo avisando a la cúpula de lo que están viendo y escuchando en las calles. Y, además, el sondeo ha dejado otro aviso: Aliança Catalana supera a los de Puigdemont en Girona y Lleida, las dos provincias donde tiene más tirón el independentismo y donde se impuso Junts en los comicios autonómicos. Sus feudos están en peligro.

A pesar de que en las pasadas elecciones Puigdemont dijo que nunca pactaría con Aliança, ahora en Junts no hay una estrategia clara definida ante un partido que le está robando parte de la tarta electoral. Lo que sí ha provocado esta competición es que los posconvergentes hayan endurecido su postura respecto a la migración.

Pero, si no hay sorpresas de última hora, Junts se va a llevar un chasco en el Congreso de los Diputados donde no tiene visos de prosperar este martes la votación de admisión a trámite de la proposición de ley pactada con el PSOE para la transferencia de las competencias de migración a la Generalitat. Esta fue una exigencia de Junts al PSOE para dar su apoyo a varios decretos en el Senado al inicio de la legislatura.

El ‘no’ viene principalmente por Podemos. Los dos partidos han cruzado durísimas acusaciones en las horas previas a la votación de este martes por la tarde. El secretario general de Junts, Jordi Turull, acusó a los de Ione Belarra de “anticatalanistas”: “Ni las peores cloacas se atrevieron a llamarnos racistas”. Los morados, a través de Pablo Fernández, contestaron este lunes: “Que este señor venga a llamarnos catalanófobos es infame, una estupidez y una absoluta gilipollez de este personaje, al que se le tendría que caer la cara de vergüenza. Fuimos el único partido que fue a visitar a los políticos catalanes encarcelados por reclamar la independencia”.

Desde el PSOE tratan de desinflamar la votación en el Congreso. En La Moncloa y en Ferraz repiten que ellos han cumplido con su parte del trato con Junts, pero que no pueden comprometer el voto de otros partidos como Podemos. Por ello, insisten en que este posible rechazo no tiene que suponer una ruptura de relaciones con los de Puigdemont. Fuentes del núcleo duro socialista trasladan que seguirán aplicando la fórmula actual: diálogo y discreción. En el PSOE saben que Junts negocia “carpeta a carpeta” y no se atreven a aventurar por dónde irá el aire de ese partido al calor de las encuestas.

En el PSOE reconocen que es muy “preocupante” el dato que arroja la encuesta con el incremento tanto de Aliança Catalana como de Vox (que superaría incluso al PP en las catalanas). Por eso, subrayan los socialistas que, ante este panorama, hay que dejar claro que ellos son los que pueden garantizar que la ultraderecha no llegue a los gobiernos.

Desde el Govern de Illa, según declaró el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, se enmarca el auge de Aliança Catalana en la frustración generada por el procés: "Hemos prometido helado de postre todos los días, hemos prometido 'Magia Borrás' y que lo solucionaríamos todo, y después de todo, una inmensa frustración. Hombre, tampoco sé por qué nos sorprende tanto que haya algunas personas que se hayan lanzado al independentismo radical".

La política catalana es un vaso comunicante ahora mismo con lo que pasa en el Congreso, donde el PSOE necesita a Junts y a ERC para sacar las leyes. En la reunión de la semana pasada, Puigdemont trasladó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que no va a apoyar los presupuestos generales del Estado si no se cumplen todos los compromisos adquirido para la investidura de Pedro Sánchez.

Este fin de semana llegó un nuevo aviso de Junts a La Moncloa a través de Jordi Turull, quien emplazó a las bases del partido a "prepararse" para el "nuevo ciclo que puede empezar" tras las decisiones que Junts "debe tomar sí o sí bien pronto".

"Será un ciclo donde los independentistas seremos motivo de muchas presiones, una brutal prueba de resistencia. Nuestro país y nuestro partido tendremos que jugar la partida que definirá nuestro futuro. De nuestros éxitos dependerá que Cataluña ponga freno a la estrategia desnacionalizadora del president Salvador Illa", lanzó Turull, quien hizo una metáfora sobre el “tiempo de barbecho” que se ha vivido para “reponer” la tierra: "Después de la cosecha, hay que dejar el campo, y cuidarlo para que se vuelva a nutrir".

La lluvia ha deslucido y condicionado este jueves una Diada del 11 de septiembre con menor afluencia de manifestantes independentistas que en años anteriores y con momentos puntuales de tensión por la presencia de seguidores de Aliança Catalana en las convocatorias unitarias, según informa EFE.

Para esta Diada, la ANC y otras entidades convocantes habían diseñado una movilización descentralizada, con tres manifestaciones simultáneas: en Barcelona, Girona y Tortosa (Tarragona).

La lluvia que ha caído en Barcelona durante buena parte de la mañana (ha obligado a cancelar diversos actos), sumada a la progresiva desmovilización en el independentismo (desde hace un año no tiene mayoría en el Parlament ni está al mando de la Generalitat, ahora presidida por el socialista Salvador Illa), ha propiciado que las calles de la capital catalana hayan registrado la cifra más baja de manifestantes desde el inicio del 'procés', a excepción de los tiempos de la pandemia de covid.

Según la Guardia Urbana, han sido unas 28.000 las personas que han participado en la manifestación independentista en Barcelona, que ha arrancado a las 17:14 horas en Pla de Palau y ha recorrido poco más de un kilómetro, hasta el monumento a Colón, con una pancarta en la cabecera con el lema "Más motivos que nunca. Independencia".

La cifra queda muy lejos de los años más intensos del procés y se sitúa incluso por debajo de la mitad de los 60.000 manifestantes del año pasado en Barcelona.

Sumando los asistentes a las manifestaciones en Girona (12.000) y Tortosa (1.500), la cifra total de participantes en la movilización independentista de esta Diada ha sido de 41.500 personas, si bien la estimación de la ANC ha elevado la cifra hasta más de 100.000.

Una de las novedades de esta Diada ha sido la mayor visibilidad de los seguidores de Aliança Catalana, la formación de extrema derecha independentista que lidera Sílvia Orriols, en pleno auge en las encuestas y cuya presencia en las convocatorias unitarias ha provocado momentos de tensión.

La propia Orriols ha participado en la movilización de Barcelona, rodeada de centenares de partidarios con 'estelades' y banderas del partido, que coreaban "Sílvia Orriols es la solución" y "Puigdemont, botifler (traidor)", contestados por otros manifestantes con gritos de "Puigdemont, president".

Con agentes de los Mossos d'Esquadra desplegados para evitar incidentes, los seguidores de Aliança Catalana no se han podido integrar en el cuerpo central de la manifestación y han sido abucheados por otros asistentes a la marcha, al grito de "Fuera fascistas de nuestros barrios".

"Hoy la extrema derecha ha intentado entrar dentro del bloque independentista, y los independentistas no les hemos dejado pasar. Hoy, la mayoría democrática pacífica a favor de la independencia de Cataluña ha dicho no a la extrema derecha, no al identitarismo reduccionista, no a la xenofobia", ha destacado David Minoves, presidente del Ciemen, una de las entidades convocantes.

En declaraciones desde la manifestación, Orriols se ha mostrado decidida a "dar la cara frente a los sectarios que quieren echar a parte del independentismo".

Por otra parte, la defensa del catalán, tras la última la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha centrado el grueso de las ofrendas florales de partidos e instituciones al monumento a Rafael Casanova en Barcelona, en un lluvioso arranque de las celebraciones oficiales de la Diada.

Tanto la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, como el presidente del Parlament, Josep Rull, como representantes de los diferentes partidos que han intervenido en las ofrendas han reivindicado la defensa del catalán, después de que el TSJC haya anulado varios artículos del decreto de régimen lingüístico de la Generalitat que blinda el catalán como lengua vehicular de las escuelas.

Al final de la manifestación independentista, el presidente de la ANC, Lluís Llach, ha puesto voz al manifiesto de los organizadores, que llama a desobedecer la sentencia del TSJC sobre el catalán en las aulas: "Defendamos nuestra lengua", reclamó.

Las celebraciones de la Diada se cierran con la manifestación de la CUP por el centro de Barcelona y el acto institucional organizado por la Generalitat, a las 20:00 horas, en el Teatre Nacional de Catalunya.

La ponencia sobre la ley de amnistía ya está en manos de los jueces del Tribunal Constitucional. Avala la mayoría del texto y, especialmente, no toca el núcleo central de la norma aprobada por el PSOE y sus socios de investidura en el Congreso frente a los ataques furibundos de la oposición, que presentó un recurso para tumbarla.

La ley de amnistía fue una de las exigencias principales por parte de los grupos independentistas para dar su voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones de julio de 2023. El Gobierno, desde entonces, defendió este texto como una vía para culminar la hoja de ruta para la normalización política y social en Cataluña después de una década de enfrentamientos que tuvieron su máxima expresión en el referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia acordada por el Parlament.

En el Gobierno hay satisfacción por ese aval a la ley, que previsiblemente se concretará en el Pleno del Constitucional que se celebrará durante los últimos días del mes, pero, especialmente, se señala que la norma ha contribuido de manera notable a cerrar heridas y a dar una solución política a una situación que no supieron resolver durante sus mandatos el Partido Popular en La Moncloa y el independentismo en el Palau de la Generalitat.

Como señala una fuente del Gobierno: “Un año después de su aprobación, ya ni el PP pregunta en las sesiones de control por la ley y nadie cuestiona que la situación en Cataluña está mucho mejor”. De hecho, creen en el Ejecutivo y en el PSOE que ese “encaje” catalán se ha conseguido con distintos factores, desde medidas como los indultos y la ley de amnistía hasta la victoria de Salvador Illa en las elecciones autonómicas pasando por iniciativas como el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y su defensa ante las instituciones europeas.

Desde el Partido Popular se ha hablado de nuevo de la ley como algo “inmoral”, como señaló su portavoz, Borja Sémper, en tanto que la ‘número dos’ de los conservadores, Cuca Gamarra, indicó que esa ponencia es un motivo más para salir a manifestarse contra el ‘sanchismo’ el próximo sábado: "Así empezó esta legislatura, amnistiando a delincuentes para acabar en estos momentos persiguiendo, por parte del Gobierno, a aquellos que persiguen a los delincuentes". Asimismo Vox denunció que, en su opinión, el Constitucional está “mutando” la Carta Magna y apuntó también que el PP pactó con el PSOE la composición del mismo: "No se puede decir que el Gobierno es una mafia y, a la vez, llegar a acuerdos con esa mafia".

Hay un dato que ponen sobre la mesa en el PSOE: sólo el 38% de los catalanes quiere hoy la independencia (el mínimo histórico de la serie), según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (el CIS de la Generalitat). Además, el 54% de los ciudadanos de esa comunidad está en contra de la soberanía (lo que también supone el dato más alto en la última década). 

Ese estudio deja el dato de que la mayoría de los catalanes (un 53%) aprueba las medidas del Gobierno central para reconducir el conflicto políticos, mientras que el 40% se opone a ellas. Se impone como situación predilecta de Cataluña ser una comunidad autónoma (36%), por encima del Estado independiente (28%), un Estado dentro de una España Federal (22%) y una región de España (8%). 

Otra de las realidades que refleja el barómetro es que la relación entre Cataluña y España ha dejado de ser una de las preocupaciones para los ciudadanos de esta comunidad, que sitúan esta cuestión en octavo lugar (sólo citado por un 5%). Ahora mismo, la sociedad catalana está mucho más preocupada por la vivienda, la inmigración, la insatisfacción con la política, la economía, la sanidad y la precariedad laboral. Para el conjunto de los españoles, la independencia de Cataluña solo representa el problema número 47, según la última encuesta publicada en mayo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El actual Parlament, surgido de las elecciones del año pasado, muestra una composición novedosa: por primera vez no existe una mayoría de diputados pertenecientes a fuerzas soberanistas. La Presidencia de la Generalitat recae en Salvador Illa, que se ha marcado como gran lema el “Cataluña ha vuelto”, tanto en presencia institucional como en recuperación económica. El también líder del PSC ha querido trasladar esa idea con gestos como la vuelta del máximo representante de la comunidad a los actos del 12-O en Madrid o acudiendo a las audiencias con el rey al Palacio de la Zarzuela.

Otro gesto simbólico se producirá este viernes cuando Barcelona se convertirá en la sede de la Conferencia de Presidentes, el órgano que reúne al jefe del Ejecutivo junto a los líderes autonómicos (una iniciativa que surgió en la época de José Luis Rodríguez Zapatero para dar más calado al diálogo multilateral y territorial). Hasta allí acudirá también el rey Felipe VI para saludar a los dirigentes políticos en el Palacio de Pedralbes, aunque el PP sopesa la posibilidad de dar algún plantón al Ejecutivo al no estar de acuerdo con el orden del día planteado por el momento por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres.

Cataluña se ha convertido, además, en el principal motor de votos para Pedro Sánchez. En las últimas elecciones generales, el PSC logró un gran resultado con hasta 19 escaños en el Congreso de los Diputados (siendo clave para que la izquierda aguantara en La Moncloa). Esa victoria en Cataluña podría ampliarse, según la propia encuesta del CEO, que da a los socialistas incluso 21 escaños si hubiera comicios anticipados. Después estarían ERC (7-8), Junts (6-8) y el PP (5-7). En el caso de unas urnas autonómicas, Illa volvería a ganar, mejorando su resultado con una horquilla entre 41 y 43 asientos en el Parque de la Ciutadella, mientras los de Carles Puigdemont seguirían en segunda posición, pero bajando a 27-29 asientos por el trasvase de votos hacia la ultraderecha de Aliança Catalana.

La noticia sobre la ponencia que avala la mayoría de la ley de amnistía llega un año después de la aprobación de la ley y con la legislatura rozando su ecuador. A pesar de la ponencia, no está garantizado que se aplique a Carles Puigdemont, ya que dependerá del Tribunal Supremo y su interpretación sobre la malversación. El apoyo de Junts es primordial para que pueda seguir adelante el Gobierno de coalición. A pesar de la presión también que ejerce durante estos días el PP con una manifestación este sábado, en La Moncloa y en Ferraz descartan anticipar elecciones y mantienen su intención de llegar hasta 2027. 

La puerta abierta por la Audiencia de Sevilla a llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las sentencias del Tribunal Constitucional que impusieron importantes rebajas en las penas a los políticos andaluces implicados en el caso de los ERE se interpreta en el órgano de garantías como el prólogo a la cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo que podría imponer el Supremo sobre la amnistía en caso de que no le guste lo que resuelva sobre ella el máximo intérprete de la Constitución. Pero expertos constitucionalistas y en derecho europeo consultados por infoLibre apuntan a que la doctrina de la justicia comunitaria es clara en este ámbito y que, de confirmarse, podría imponer sendos varapalos a la Sala de lo Penal, por lo que el alto tribunal español se arriesga al descrédito europeo en materia de protección de derechos fundamentales.

La maniobra del tribunal sevillano, alentada por el PP, que actúa como acusación popular en el caso de los ERE, e inspirada en los votos particulares discrepantes de tres magistrados del Constitucional propuestos por ese partido, ha sido interpretada en el propio tribunal como un nuevo ataque de la derecha a la legitimidad de este órgano constitucional que no se cuestiona cuando el PP cuenta con mayoría conservadora. Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y el resto de magistrados progresistas consideraron tras conocer la decisión de la Audiencia de Sevilla hacer algún gesto para defender la autoridad y abrieron en el pasado pleno un período de reflexión para ello que no ha llevado a ninguna solución por la oposición del sector conservador.

La cuestión prejudicial, tal y como la plantea la Audiencia de Sevilla, trata de socavar la autoridad del Constitucional ante la justicia ordinaria. La sentencia del TJUE que invoca -sacada de los votos particulares de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa y propuesta al tribunal de los ERE por la acusación del PP- permite a cualquier juez o tribunal desobedecer o inaplicar una decisión del Constitucional si su independencia o imparcialidad no está garantizada. Eso es, precisamente, lo que el PP plantea a la Audiencia de Sevilla: que pida a Luxemburgo que le permita saltarse la sentencia de los ERE del Constitucional porque, según su visión, no es un órgano independiente. Aunque el partido nombre cada tres años a un tercio de sus magistrados. Los suyos fueron mayoría hasta 2023 y volverán a serlo a medio plazo.

La cuestión prejudicial anunciada por la Audiencia de Sevilla -y otra ya planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un asunto de arbitraje- son las primeras que cuestionan el criterio del Tribunal Constitucional español desde su creación en 1980. Pese al embate, inédito en España desde un órgano judicial ordinario como el sevillano, el órgano de garantías no puede hacer nada contra la iniciativa porque este tipo de mecanismos se pueden poner en marcha en cualquier momento del proceso judicial, incluida la ejecución de las sentencias firmes cuando ya se han dictado.

El TJUE viene manteniendo desde 2013 la posibilidad de interponer ese tipo de impugnación a los jueces y tribunales para entrar a examinar supuestas vulneraciones del derecho europeo, incluso cuando el tribunal constitucional de cada Estado ya se ha pronunciado sobre el caso concreto, como han explicado los letrados del órgano de garantías español a sus miembros esta semana. "Un órgano jurisdiccional nacional (...) está obligado a plantear de oficio ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial incluso cuando se pronuncia tras la devolución de los autos a raíz de la casación de su primera resolución por parte del tribunal constitucional del Estado miembro de que se trata", estableció la sentencia del asunto Krizan, planteado por un tribunal de Eslovaquia.

Pero, si según el TJUE, la presentación de la cuestión prejudicial es siempre posible mientras el caso esté vivo, la doctrina del tribunal europeo -al contrario de lo que plantean el PP y la Audiencia de Sevilla- deja pocas opciones de que Luxemburgo permita a este último órgano desobedecer la rebaja de las penas que impuso el Constitucional el pasado julio. Y previsiblemente le ocurrirá esto mismo al Supremo en caso de que presente una cuestión similar con la ley de amnistía.

Desde 2017, el tribunal de Luxemburgo ha establecido que esa amplitud en la posibilidad de presentar cuestiones prejudiciales por los jueces ordinarios no puede pervertir el sistema de recursos ni el de protección de derechos fundamentales que, en última instancia, corresponde al Tribunal Constitucional. Es en recursos de amparo para la protección de estos derechos en los que el tribunal de garantías anuló las sentencias de los ERE de la Audiencia y el Supremo. El mismo tipo de recurso servirá para que el tribunal decida si Carles Puigdemont y sus exconsejeros condenados y procesados tienen derecho a que se les aplique la ley de amnistía que el alto tribunal, pese al tenor literal de la norma, se niega a ejecutar.

Así se estableció en un conjunto de sentencias denominadas saga Taricco sobre un caso penal italiano de delito fiscal en materia de IVA, parte de cuya recaudación sirve para financiar a la UE. Ante el riesgo de que los delitos prescribieran, el juez italiano que lo juzgaba preguntó al TJUE si podía dejar de lado las reglas de caducidad de los delitos en una causa en la que se investigaba un fraude cometido contra fondos e intereses de la Unión.

Luxemburgo, en una primera respuesta, dio el permiso al juez italiano en 2015. Desde ese momento, el Tribunal Supremo de ese país aplicó ese criterio a todos los casos de corrupción sobre fondos europeos que le llegaban. El problema surgió cuando los procesados por esos delitos decidieron acudir al tribunal constitucional italiano, alegando que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y el de legalidad penal (que la conducta delictiva esté recogida como tal en la ley), directamente relacionados con la prescripción. El constitucional italiano preguntó por ello al TJUE y este corrigió su criterio: obligó a todos los tribunales ordinarios, también al Supremo, a seguir el criterio del tribunal constitucional.

En España, el caso de los ERE y los recursos de amparo presentados por los condenados y procesados en el procés por la negativa a aplicarles la ley de amnistía, reproducen ese esquema. En el caso de corrupción andaluz, el Constitucional apreció que que tanto el Supremo como la Audiencia de Sevilla habían vulnerado el derecho de legalidad penal de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como de otros exconsejeros y ex altos cargos de la Junta.

La razón es que sus condenas por prevaricación y malversación se basaban en la elaboración de proyectos de ley Presupuestos, es decir, de textos que no tienen ningún valor hasta que los aprueba el Parlamento, y nadie los había impugnado después de que se hubieran votado en la Cámara convirtiéndose en leyes. Lo que vino a decir el tribunal de garantías es que ese derecho fundamental de los condenados se había vulnerado porque la ley penal no prevé como delictiva esa conducta, la de la iniciativa legislativa.

En el caso de la inaplicación por la Sala de lo Penal de la ley de amnistía, pese a la literalidad de la norma y a su intención expresa tanto de su articulado como del legislador de hacerla efectiva para Puigdemont y los demás procesados en la causa del procés, nos encontramos en un caso similar: la supuesta vulneración del derecho de legalidad penal (la ley establece que los delitos están perdonados), pero también la retroactividad de las normas más favorables para el reo o el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías. Se trata de derechos fundamentales básicos para la actuación de cualquier penalista, lo que, según los expertos, anticipa en ambos casos que el posible correctivo europeo contra la máxima instancia penal española sea especialmente severo.

Pero, además, en materia de fraude, la doctrina del TJUE para que el tribunal europeo se declare competente, exige que los delitos afecten a fondos o intereses de la UE. En el caso de los ERE, los fondos malversados no tenían origen comunitario y la afectación del interés europeo no aparece en ninguna de las sentencias. En el caso de la ley de amnistía, la supuesta afectación que apreciaron los magistrados del Supremo respondía a una hipótesis que ellos mismos negaron y que jamás se produjo: que en caso de que Cataluña se hubiera independizado de España, el presupuesto de la UE se hubiera resentido.

Pese a los precedentes del tribunal de Luxemburgo, el PP y la Audiencia de Sevilla, inspirados por tres magistrados del Constitucional, han preferido descalificar a este último órgano como no independiente y parcial. Lo han hecho mediante una sentencia sobre un caso de fraude del IVA en Rumanía, un país con un problema endémico de corrupción y cuyo sistema judicial y de lucha contra este tipo de delitos está permanentemente monitorizado por Bruselas desde su incorporación al club comunitario en 2007.

Lo que algunas fuentes del Tribunal Constitucional (TC) llevaban semanas avanzando, su presidente lo confirmó en un acto público este lunes. Cándido Conde-Pumpido anunció en un desayuno en el Ateneo de Madrid que el tribunal que preside pretende tener lista antes del verano la primera sentencia sobre la ley de amnistía, la que resolverá el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario del PP. Esa primera resolución será la base para resolver en el mismo sentido el resto de recursos de inconstitucionalidad, las cuestiones presentadas por la Sala de lo Penal del Supremo, por el Tribunal Superior de Cataluña y por la Audiencia de Madrid; y los recursos de amparo de los procesados o condenados por el procés. Expertos constitucionalistas y fuentes del TC aseguran que, en caso de que se avale la ley, Puigdemont y el resto de dirigentes huidos podrían, en teoría, volver a España, y los condenados obtener su perdón, aunque no descartan alguna maniobra en el Supremo que la pueda retrasar aún más.

"Si la sentencia es lenta, no es justicia", dijo el presidente del TC durante el acto del lunes. Después, explicó que la intención del tribunal es sacar adelante la primera sentencia antes de que se cumpla un año desde que se presentó el recurso, es decir, en unas cuantas semanas y antes de las vacaciones de verano. Conde-Pumpido recordó que el caso de la amnistía son en realidad 30 asuntos. Al recurso de inconstitucionalidad del grupo parlamentario del PP en el Congreso, se suman otros 15 presentados por gobiernos y parlamentos autonómicos –a los que el tribunal deja actuar pese a que la amnistía no está entre sus competencias–, las seis cuestiones de inconstitucionalidad procedentes de los tribunales y los ocho recursos de amparo de procesados y condenados por el procés a los que estos órganos judiciales se han negado a cancelar sus delitos.

El método es el mismo que el Constitucional ha seguido con otras leyes declarativas de derechos, como la del aborto o la de la eutanasia. Tal y como explicó el presidente del tribunal, primero se resuelve lo que los magistrados denominan en su jerga un "recurso de cabecera", es decir un recurso de inconstitucionalidad lo suficientemente amplio como para abordar, de forma abstracta y sin referirse a ningún caso concreto, el encaje general de la ley en la Constitución y los conflictos que puedan plantear sus preceptos con la norma fundamental. Una vez resuelto, se espera que el resto de impugnaciones se resuelvan sucesivamente en el mismo sentido o directamente decaigan o se retiren por falta de objeto.

Conde-Pumpido explicó este lunes que el "recurso de cabecera" elegido en este caso fue el del PP, del que alabó su "rigor" en la exposición de los conflictos "con el principio de igualdad, la seguridad jurídica y la separación de poderes" que plantea. El borrador de sentencia, cuya redacción corresponde a la vicepresidenta del Constitucional, la progresista Inmaculada Montalbán, está ya muy avanzado después de que un grupo de letrados del órgano haya trabajado durante meses exclusivamente en el asunto y relevado del resto de recursos sobre otros temas que les corresponderían.

Hasta el momento, el tribunal de garantías ya ha sacado adelante las múltiples abstenciones y recusaciones. En la deliberación final del recurso no estarán ni el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que se ha apartado voluntariamente, ni el exvocal del Poder Judicial a propuesta del PP José María Macías, inicialmente ponente del caso pero al que sus compañeros han apartado, pese a su resistencia, por haberse pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley en su etapa en el gobierno de los jueces.

Fuentes del Constitucional aseguran que, en condiciones normales, esa primera resolución, en caso de que avale la norma como con toda probabilidad hará, debería acabar con las dudas de los tres tribunales que han planteado las cuestiones. Recuerdan, además, que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la obligación para los jueces y tribunales de aplicar la ley "según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos". Así, pues, en caso de que el tribunal certifique su encaje en la Constitución, nada impediría la vuelta a España de los procesados por el Supremo en rebeldía, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Tampoco la amnistía de Junqueras y los demás condenados.

El problema está en que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una decisión muy controvertida, decidió el pasado julio no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. El alto tribunal, también en contra del sentido literal de la ley y de las intenciones del Parlamento al aprobarla –exonerar de responsabilidad penal a todos los investigados o condenados por la intentona secesionista–, se negó a levantar las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de dirigentes huidos. La razón para hacerlo es que, según sus magistrados, los independentistas se habrían lucrado con ese delito, algo que no apreciaron en la sentencia por la que los condenaron.

La primera sentencia del Constitucional sobre la norma vaciaría de contenido la cuestión de inconstitucionalidad que planteó contra ella la Sala de lo Penal, ya que es muy similar al del recurso de inconstitucionalidad del PP. Pero, en los casos concretos de los cuatro exconsejeros condenados por malversación, nada impide que el alto tribunal siga adelante con su criterio e insista en no amnistiar la malversación. En ese caso, obligaría al Constitucional a resolver alguno de los recursos concretos presentados por cada uno de ellos o cualquier otro afectado por una decisión judicial de no aplicar la ley. Los miembros del órgano de garantías se verían obligados entonces a desautorizar los razonamientos de los magistrados de la más alta instancia penal española.

Pero, incluso si el Constitucional tuviera que conceder el amparo a Puigdemont o a algún otro dirigente o damnificado por los tribunales ordinarios, la Audiencia de Sevilla ya ha mostrado el camino a seguir llevando al Tribunal de Justicia de la UE el caso de los ERE, en el que el órgano de garantías ya tuvo que corregir al tribunal andaluz y al Supremo en algo tan básico como que un gobernante no puede delinquir al redactar una iniciativa legislativa porque es al Parlamento y no al Ejecutivo a quien corresponde dar fuerza de ley a ese texto a través de su aprobación. Los magistrados sevillanos han decidido no aplicar las sentencias del TC y elevar sus argumentos a Luxemburgo. Los expertos no vaticinan mucho éxito a la jugada, pero permite dilatar el caso al menos dos años más.

Una vez que se ha comprobado que el Constitucional no puede hacer nada en estos casos para defender su autoridad –porque el TJUE permite que los jueces le presenten cuestiones prejudiciales incluso cuando el órgano de garantías ya se ha pronunciado sobre un caso concreto– la Sala de lo Penal tiene el camino despejado para presentar su propia cuestión ante la máxima autoridad judicial comunitaria en los casos de los líderes soberanistas. De esa manera, podría alargar la solución definitiva y mantener vivas las requisitorias para detener a Puigdemont, Comín y Puig en caso de que pongan un pie en territorio nacional.

El escenario puede ser un poco forzado, pero todo ha sido forzado en la interpretación de la amnistía por el alto tribunal según gran parte de expertos juristas, la Fiscalía e incluso uno de los miembros de la Sala, la magistrada Ana Ferrer, que redactó un voto particular muy duro contra la decisión de sus compañeros de no aplicar la norma. "Podemos discutir la constitucionalidad de la ley o su adaptación al derecho comunitario, pero lo que no podemos los jueces es hacer interpretaciones que impidan la vigencia de la norma", dijo Ferrer en su voto, en el que mantuvo que prescindir de la voluntad del legislador al aprobarla y de la propia voluntad de la ley significa, de hecho, derogarla o dejarla "vacía de contenido", algo que los jueces tienen vetado.

El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva-Fenoll, en un artículo publicado en El País, llegó a considerar que esa resolución del alto tribunal era un ejemplo de lawfare, "aunque podría recibir denominaciones mucho más tradicionales que gustarían todavía menos". Se refería, claro está, al delito por antonomasia por el que los jueces, en el ejercicio de su cargo, pueden llegar a ser condenados. "Confío en que el alto tribunal, de algún modo y en algún momento, rectifique lo que no es sino un indebido, desgraciado y manifiestamente erróneo suceder", añadía el profesor. Lo podríamos ver antes del verano si se cumple el anuncio de Conde-Pumpido del pasado lunes.

La Audiencia Nacional (AN), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Tribunal de Cuentas tienen dudas sobre la legalidad de la ley de amnistía y han empezado a preparar el camino para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudie si la norma que busca perdonar una década del 'procés' choca o no con el Derecho de la Unión.

Hasta ahora, los magistrados de procedimientos relativos al 'procés' -como el 'caso CDR' o el del expresidente catalán Quim Torra- han planteado la posibilidad de consultar al TJUE por la aplicabilidad de la norma a hasta cuatro delitos: terrorismo, desobediencia, prevaricación y malversación.

El Tribunal de Cuentas (TCu) -órgano fiscalizador ajeno al Poder Judicial- fue el primero en preguntar a las acusaciones y las defensas de 35 excargos encausados por el presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del 'procés' su postura ante una eventual consulta al TJUE sobre el ajuste de la ley en la lucha contra el fraude y los principios de igualdad y de no discriminación.

Tanto la AN, como el TSJC y el TCu permanecen a la espera de la mayoría de los escritos de acusaciones y defensas, aunque algunos ya han contestado o adelantado sus posturas. Vox se ha mostrado a favor de acudir al TJUE, mientras que la Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal de Cuentas pregunte al órgano comunitario.

Hasta no tener todas las alegaciones, los tribunales no podrán fijar si plantean o no una cuestión prejudicial. En caso de que se presenten, se verían afectadas unas 80 personas, involucradas todas en los casos sobre los que se baraja preguntar al TJUE.

Esta misma semana, la AN ha preguntado a la Fiscalía y las defensas de los 12 presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) si ven pertinente consultar al TJUE.

Los magistrados han planteado esta posibilidad ante las dudas que tienen de que esta norma pueda contravenir "gravemente" el Derecho comunitario y que pueda suponer "una infracción patente" del mismo.

Según han explicado, en la causa de los CDR se investigan hechos que las acusaciones han tipificado como 12 delitos de pertenencia a organización terrorista, ocho de tenencia, depósito, así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y otros ocho de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.

Los magistrados entienden que -desde el punto de vista temporal y objetivo- los hechos sí serían amnistiables porque ocurrieron entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 y son actos cometidos o vinculados a la independencia de Cataluña.

Sin embargo, no comparten con las defensas que esos hechos no estén incluidos en la Directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo y que la ley de amnistía recoge en su artículo 2 como causa de exclusión.

A su juicio, la ley de amnistía resulta "en cierta forma contradictoria" al pretender excluir los actos con finalidad terrorista, pero limitando esta exclusión a aquellos que supongan una violación grave de los derechos humanos, en particular los que atenten contra el derecho a la vida.

"Limitar la exclusión de la amnistía a las violaciones más graves de derechos humanos en materia de terrorismo es contrario a lo que un Estado de Derecho debe perseguir siempre y en todo momento, la erradicación y la eliminación de toda forma de terrorismo", ha señalado. Así, tiene dudas de si la distinción entre terrorismo de 'baja intensidad' y resto de terrorismo pueda compaginarse con el Derecho de la UE.

Al margen, tanto la instructora del 'caso Tsunami' en el Tribunal Supremo como el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional plantearon la posibilidad de consultar al TJUE sobre la aplicabilidad de la amnistía al delito de terrorismo.

El expresidente catalán Carles Puigdemont contestó al Supremo que no tenía inconveniente en que se planteara una cuestión prejudicial, pero ese mismo día la magistrada archivó la causa. La juez Susana Polo adoptó aquella decisión tras recibir el auto por el que el juez de la AN Manuel García Castellón archivó el caso.

El instructor dio carpetazo al procedimiento después de que la Sala de lo Penal invalidara todas las diligencias acordadas en los últimos tres años –al haberse prorrogado la investigación 24 horas fuera de plazo- incluida la exposición razonada que en 2023 dio origen al procedimiento en el Supremo.

Además de las dudas relativas al terrorismo, algunos tribunales también han cuestionado que se pueda amnistiar la desobediencia sin que ello represente un choque con el Derecho de la UE.

El TSJ catalán ha preguntado a la defensa de Quim Torra si considera que se debe consultar al TJUE sobre la aplicación a su caso de la ley de amnistía. Ha hecho lo propio con las acusaciones en la causa.

A diferencia de los CDR que aún no han sido juzgados, Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación y a pagar 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia al no retirar una pancarta en favor de presos políticos y exiliados de la fachada de la Generalitat.

Cabe recalcar que el Supremo sí ha considerado amnistiable la desobedencia y no ha planteado la posibilidad de consultar al TJUE, sino al Tribunal Constitucional (TC). Vox, sin embargo, ha pedido al Supremo que reconsidere su decisión y plantee una cuestión prejudicial por el delito de desobedencia.

En el TSJ catalán también han visto amnistiable la desobediencia que se le atribuye al exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové, al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó y a la consejera de Cultura Natàlia Garriga por la organización del 1-O. Asimismo, ha entendido que en encajan bajo el paraguas de la ley la prevaricación y malversación que también pesa sobre ellos.

No obstante, los magistrados han manifestado sus dudas de si la norma se adecúa a "principios y valores protegidos constitucionalmente", como la seguridad jurídica, el derecho de igualdad y la "exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional".

Así, han pedido a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas que digan si ven pertinente o no consultar al TJUE.

Al margen, figura también el caso de una treintena de excargos del Govern investigados en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona por presuntos delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación por la organización del 1-O.

Aunque los hechos se investigaron en dicho juzgado, su titular ha entendido que el órgano pertinente para pronunciarse sobre la aplicabilidad de la amnistía era la Audiencia de Barcelona, que esta semana ha planteado a las acusaciones y defensas la posibilidad de consultar al TC o al TJUE.

A la lista de casos que los propios tribunales barajan llevar al Tribunal de Justicia de la Unión se sumarían los eventuales recursos que los propios encausados o condenados en causas relativas al 'procés' podrían llevar a Luxemburgo en caso de no contar con el amparo del Constitucional a sus pretensiones.

Fuentes jurídicas han asegurado a Europa Press que varias defensas pretenden recurrir al TC la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros, a Puigdemont, a su exvicepresidente Oriol Junqueras, a los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, y a los exconsejeros huidos Toni Comín y Lluís Puig.

A lo largo del periplo judicial que han atravesado los encausados del 'procés', sus defensas han insistido en que agotarán todas las vías legales en España para poder llevar sus casos ante el TJUE.

El pleno de la Diputación de León ha aprobado este miércoles la moción por la autonomía leonesa con los votos a favor de PSOE y UPL y los votos en contra de Partido Popular y Vox.

La moción, presentada por Unión del Pueblo Leonés, solicita a la Junta de Castilla y León que se inicien los trámites para la formación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, "amparada en el artículo 2 de la Constitución Española" que reconoce el derecho a la autonomía de las regiones.

Este voto positivo se suma a los de los 63 ayuntamientos de la provincia de León que ya aprobaron iniciativas similares en los últimos años y entre los que se encuentran poblaciones como León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre o Valverde de la Virgen.

El Partido Popular, que ha votado en contra, ha presentado una moción alternativa en la que han llamado a un "leonesismo útil" y en la que instaba a las administraciones a incrementar sus inversiones en la provincia.

La propuesta alternativa ha sido rechazada con los votos en contra de UPL y PSOE, que han criticado a sus adversarios por atribuir los problemas territoriales "a todas las administraciones menos a la que ha gobernado la comunidad durante 37 años".

Un sector crítico de las bases de ERC ha exigido este martes una "renovación total" de la cúpula del partido en el Congreso Nacional de los republicanos agendado para el mes de noviembre, y cambiar la estrategia de la formación para volver, dicen textualmente, a la senda de la independencia, tal y como ha recogido Europa Press.

"Ante la convocatoria del Congreso Nacional en noviembre defendemos una renovación total de la cúpula del partido. Esta renovación no la pueden reivindicar los mismos grupos que durante años han participado de la estrategia del partido que se ha demostrado errónea", ha afirmado el colectivo Col·lectiu Primer d'Octubre, un grupo de militantes de ERC que se formó hace cinco años con la finalidad de "reivindicar el mandato del 1 de octubre, buscar la unidad estratégica del independentismo y para evitar acuerdos con los partidos del 155", en un comunicado difundido a través de su cuenta en X, recogido por Europa Press.

El comunicado llega dos días después de que unos 300 militantes de ERC pidieran una renovación de la cúpula de la formación, entre ellos, algunas figuras destacadas del Govern o caras conocidas de la organización.

Los críticos también han solicitado un cambio en la estrategia política de ERC para que el partido vuelva a defender la independencia "como lo hizo hasta el 2017".

El colectivo ha defendido que el objetivo de ampliar el apoyo y la confianza electoral pasa por poner en primer lugar, dicen, la necesidad de la independencia como única vía para conseguir el bienestar de la ciudadanía. "Más soberanía se traduce en mejores servicios públicos, en más justicia social, en mayor convivencia, mejor respecto a nuestra lengua y mejores soluciones para nuestros sectores económicos y sociales que no tendrán que depender de los intereses de Madrid", han remarcado.

Hasta que se celebre el Congreso Nacional en noviembre, el colectivo ha pedido a los actuales "gestores" del partido que en las negociaciones del próximo presidente de la Generalitat antepongan el reconocimiento al referéndum del 1 de octubre de 2017 y, en caso de repetición electoral, hacer un proceso participativo para elegir a los nuevos candidatos de ERC a las elecciones.

En la sede de la calle Génova saben que ETA desapareció hace años y que el independentismo catalán perdió el domingo el control de la política catalana. Pero siguen convencidos de que la agitación de esos dos fantasmas, la pervivencia de la organización terrorista y del procés independentista, son esenciales para agitar a los votantes conservadores de cara a las elecciones europeas del 9 de junio. Y atraer, de paso, a los de Vox.

La explicación hay que buscarla en que, para Feijóo, las europeas son unas elecciones cruciales. Necesita ganar con una amplia diferencia sobre el PSOE para borrar de la memoria de todos, propios y extraños, la victoria tan corta que obtuvo en las generales del año pasado, cuando el PP se impuso por apenas 1,3 puntos. Sin un resultado contundente será difícil justificar la vigencia de liderazgo.

Y eso implica activar a sus votantes y atraer a los de Vox. De ahí la radicalización de sus mensajes y la estrategia de señalar tanto la existencia de supuestos pactos secretos con Bildu como la voluntad de Sánchez de hacer presidente a Puigdemont.

El propio Feijóo lideró esta semana el cambio de narrativa. Para combatir el consenso general en torno a que el retroceso del independentismo y su pérdida de control de la política catalana es consecuencia directa de la política de diálogo impulsada por Pedro Sánchez, el PP impulsa la idea de que el procés no ha muerto. De manera que, si sigue vivo, es gracias precisamente al presidente del Gobierno.

“El procés no ha muerto”, “porque el sanchismo lo necesita para subsistir en Moncloa”, enfatizó el martes ante sus barones, entre los que se encontraba el candidato del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, que minutos antes había sostenido precisamente lo contrario y que, desde entonces, se ha visto obligado a adaptar su discurso al del líder.

Para construir ese discurso, los dirigentes de Génova llevan toda la semana profetizando, sin ninguna prueba que lo sustente, que Sánchez sacrificará a Salvador Illa y acabará haciendo president a Carlos Puigdemont, el candidato de Junts. Cuando se les pregunta en qué se basan para hacer semejante afirmación, que tanto el PSOE como el PSC y el propio Illa ya han desmentido categóricamente, responden con una afirmación que tampoco se corresponde con la realidad: Sánchez concede a Puigdemont todo lo que el expresident le pide con tal de seguir contando con el respaldo de Junts en el Congreso.

Da igual que los socialistas ya hayan desvinculado la legislatura española de los que pase en Cataluña. O que el propio Puigdemont haya dicho que, salvo que el PSC pacte con el PP, lo que suceda en el Parlament no condicionará los acuerdos en el Congreso.

Dar a entender, contra todos evidencia, que el PSOE hará presidente a Puigdemont, no sigue una lógica racional, pero sí emocional. Tiene que ver con la necesidad que apremia a Génova de resucitar el tema de la Ley de Amnistía como principal reclamo electoral para las europeas. El PP quiere volver a hacer de la agitación territorial el eje de su discurso con el objetivo de maximizar la movilización de sus seguidores. Sobre todo aquellos que necesitan motivación para acudir a las urnas en una convocatoria europea, tradicionalmente poco atractiva. Y quiere seducir, al mismo tiempo, a todos los partidarios de Vox que pueda, convencido de que son muy sensibles a cualquier mensaje que tenga que ver con cesiones, reales o inventadas, a los partidos soberanistas.

En realidad, hacer girar la campaña en torno a la amnistía y Puigdemont no es muy distinto de lo que hizo el PP hace cinco años, en la campaña de 2019, con Pablo Casado a los mandos de la calle Génova. Entonces, también con Dolors Montserrat como cabeza de cartel, el mensaje del Casado era: “Sánchez quiere volver a pactar con Torra y con Junqueras”. Y eso era algo que lo incapacitaba, decía, para seguir siendo presidente del Gobierno, de manera que, en las europeas, no habría “nada más patriótico en España que echar a Sánchez”.

El procés se une así a ETA en la lista, cada vez mayor, de fenómenos inexistentes que el Partido Popular trata de mantener vivos en el imaginario de sus votantes para alentar su participación electoral. El comodín de la banda terrorista ha sido agitado con frecuencia por Feijóo y los suyos. Afirmando, sin reservas y contra toda evidencia, que ETA y EH Bildu son lo mismo, o sacando a relucir la violencia de la desaparecida organización hasta en los debates más inopinados. 

Del mismo modo que ahora el PP sostiene sin pruebas que el PSOE hará presidente a Puigdemont, consciente de que podrá sostener esa afirmación durante toda la campaña de las europeas porque, cuando se demuestra que es mentira, ya habrá tenido lugar la votación, Feijóo lleva años insistiendo, sin nada en qué apoyarse, que Sánchez tiene acuerdos “secretos” con “los herederos de ETA”. Y sugiriendo que debe su investidura a la organización terrorista con lemas como el ya célebre “Que te vote Txapote”, que ha encolerizado a las víctimas de la violencia. De nuevo, en eso Feijóo tampoco es original. Es una estrategia ideada y puesta en marcha por su antecesor, Pablo Casado, siguiendo la hoja de ruta que le marcaba José María Aznar desde la fundación FAES.

Como parte de esa enfoque, el PP ha organizado un gran acto en Madrid para el domingo 26, ya en plena campaña de las europeas, en el que —sin el respaldo de Vox— tratará de demostrar que el tema de la amnistía sigue siendo una preocupación para una parte de los ciudadanos y hacer, de paso, una demostración de fuerza tras la movilización que una semana antes protagonizarán Santiago Abascal y los ultras españoles con el presidente argentino, Javier Milei, como estrella invitada. 

Génova ya trabaja intensamente en la preparación de esa manifestación, que implicará el desplazamiento en autobuses de miles de simpatizantes desde diferentes localidades españolas. 

Su intención es comparar la asistencia de ese día, que esperan muy elevada, con la que tuvo lugar en la calle Ferraz cuando Sánchez amagó con dimitir, cansado de los efectos que los bulos están teniendo para su familia. En realidad, la comparación hay que hacerla con las últimas concentraciones que convocó el PP en torno a la amnistía. 

La última vez, el 28 de enero, reunieron entre 45.000 y 70.000 personas en la Plaza de España de Madrid. Algo más que en la protesta organizada en diciembre en el madrileño Tempo de Debod, que se quedó entre 15.000 y 3.000 (la primera cifra corresponde a cálculos de Génova; la segunda, a la Delegación del Gobierno). El máximo lo lograron quince días antes, en noviembre. Entonces el PP aseguró haber reunido a un millón de personas en la Puerta del Sol, (80.000 según la Delegación del Gobierno), una cifra disparatada teniendo en cuenta cálculos precedentes de autoridades del PP en otros eventos.

Feijóo tardó muy poco en abandonar el apenas esbozado proyecto de catalanismo constitucional con el que llegó a Madrid —del que no ha hecho mención en la reciente campaña catalana— y subirse al carro de la explotación de Cataluña con fines electorales. Su primera campaña de agitación social con Cataluña como tema central comenzó en noviembre de 2022 con la reforma del delito de sedición como excusa.

En realidad es una estrategia —utilizar la política catalana como palanca con el objetivo de conseguir votos fuera de Cataluña— que dura ya 20 años: comenzó con Mariano Rajoy en 2005 con el objetivo de atraer la España monolingüe, donde los electores tienen a menudo más dificultades para entender las demandas identitarias que los que tienen una lengua diferente al castellano.

Menos de siete años después del fallido intento de declaración unilateral de independencia de 2017, el independentismo catalán ha perdido por primera vez el control del Parlamento de Cataluña. Junts, con Carles Puigdemont a la cabeza, ha ganado la batalla interna a Esquerra, pero el hundimiento de los republicanos hace imposible una alianza de ambas fuerzas con la CUP. Las cuentas no dan aún en la hipótesis de incluir en la ecuación a la ultraderechista Aliança Catalana.

Con el escrutinio al 99%, Junts sube tres escaños (35), ERC pierde 13 (20) y a CUP cinco (4). En total suman 49 diputados, una cifra nunca vista en la historia del Parlament de Cataluña, a 9 escaños de la mayoría absoluta.

El fracaso del independentismo sigue a una etapa de división y enfrentamiento entre las dos grandes formaciones que se ha saldado con un refuerzo de las posiciones de Junts y una derrota sin paliativos de los republicanos.

Pero el resultado lo han leído de manera muy diferente en Esquerra y en Junts. El candidato republicano, Pere Aragonès, reconoció su fracaso, renunció a negociar una alianza con el PSC y los Comuns y anunció que su partido pasa a la oposición, Según él, corresponde los dos partidos que lideraron la oposición a su gobierno, PSC y Junts, buscar una solución a la gobernabilidad de Cataluña. Ahora es el turno de PSC y de Junts de “liderar una nueva etapa” en Cataluña tras unos resultados republicanos afectados por la “polarización”, declaró.

En sus primeras declaraciones tras las elecciones, Puigdemont rechazó la posibilidad de un tripartito de izquierdas PSC-ERC-Comuns y se manifestó en contra de que Illa sea elegido president. Y, poniendo como ejemplo la investidura de Sánchez, elegido a pesar de que el PSOE fue la segunda fuerza, planteó su intención de explorar un acuerdo, se supone que con el PSC, para asumir él la presidencia de la Generalitat y evitar así una repetición electoral.

El candidato de Junts dejó clara su disposición a construir “un Govern sólido de obediencia netamente catalana. A eso dedicaremos las próximas horas con el objetivo de que haya un Govern coherente, con un buen liderazgo en el Parlament y evitar la repetición electoral, que sería una mala noticia para el país”, declaró en una breve comparecencia junto a la plana mayor del partido y de la candidatura en Argelès-sur-Mer (Francia).

Según Puigdemont, la distancia entre PSC y Junts en términos parlamentarios “no es diferente de la que existe entre PP y PSOE” en el Congreso. Quedan muchos días, subrayó, para ahondar en los resultados electorales, pero un tripartito "con la mayoría tan justa que tiene, aún pendiente de todo el escrutinio y del voto exterior, sigue siendo una mala opción para el país". "Es una mala opción para el Govern, y menos liderado por un partido que hoy, con este caso inexplicable de Rodalies que ha tenido afectación en los derechos electorales, ya ha demostrado su incapacidad de buen gobierno", remarcó.

"Ha habido una movilización del electorado unionista como consecuencia de la estrategia de la españolización, que hemos denunciado que ha sido promovida por el PSC, mientras una parte significativa del electorado independentista sigue sin movilizarse y en la abstención", lamentó en su primer análisis de lo ocurrido. Todo ello, según Puigdemont, obliga a los independentistas a una reflexión que, a su juicio, han pospuesto demasiado tiempo, “sobre los efectos de la desunión y la falta de estrategia compartida”.

A su vez, la candidatura de la CUP liderada por Laia Estrada obtuvo en estas elecciones 4 diputados y perdió 5 diputados de los 9 que logró en las últimas elecciones al Parlament en 2021. Los anticapitalistas lograron un 4,09% de los votos y se sitúan como séptima fuerza, por debajo de Comuns Sumar, aunque ligeramente por encima de Aliança Catalana, la candidatura de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que se estrena en el Parlament con dos diputados.

Cierre de fronteras a los extranjeros, educación monolingüe, bajada generalizadas de impuestos, adelgazamiento radical de la administración, proteccionismo económico, descalificación de las políticas verdes, más policía para luchar contra la delincuencia, desalojo exprés de okupas. No, no es el programa electoral de Vox. Son algunas de las propuestas de Aliança Catalana (AC), el partido independentista de extrema derecha al que algunas encuestas sitúan muy cerca de alcanzar representación en el Parlamento de Cataluña en las elecciones del próximo domingo.

Las coincidencias programáticas entre los dos partidos son innumerables. Y retratan a las dos formaciones como dos gotas de agua en el océano del discurso dominante entre los ultras europeos. 

Ambas son ultranacionalistas, aunque Vox lo sea en defensa de la “inquebrantable” unidad de España y AC de una “irrenunciable” declaración unilateral de independencia, esta vez sin marcha atrás. Y las diferencias son muy pocas. Apenas destacan dos: Aliança Catalana reconoce la existencia de violencia de género y declara su respeto a todos los modelos de familia. Vox, en cambio, discute que las mujeres sean víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres y rechazan la homologación de las familias formadas por padres o madres del mismo sexo. La lideresa de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defiende el derecho al aborto. Santiago Abascal lo quiere prohibir.

A partir del ahí, el resto de sus propuestas son coincidentes. Una identidad de criterio muy llamativa. AC, por ejemplo, propone un cierre de fronteras para frenar la inmigración, relaciona a la población extranjera con la delincuencia, defiende la prioridad de los catalanes en las ayudas sociales y propone multiplicar la presencia policial en toda Cataluña. Todo muy parecido a lo que defiende Vox en toda España. Un enfoque que ahora ha abrazado también el PP.

El partido de Orriols, que ha incluido en sus listas a un concejal de Junts, antiguos cargos de ERC y excandidatos de PSC y PP,s defiende abiertamente un modelo de expulsión como el que el Reino Unido trata de poner en marcha, subcontratando la acogida a países de África y Oriente Medio.

Aliança Catalana todavía no tiene cuatro años de vida y ya se asoma al Parlament. Nació en Ripoll (Girona), de la mano de Silvia Orriols, actual alcaldesa de la localidad. Orriols, de 39 años, diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Vic, madre de familia numerosa —tiene cinco hijos— y administrativa en una empresa privada hasta su llegada a la política profesional, hizo de la combinación de ideas islamófobas y xenófobas y propuestas radicalmente independentistas una fórmula de éxito en su ayuntamiento. Un logro que ahora quiere repetir en las elecciones catalanas haciéndose un hueco en el nuevo Parlament.

Su número dos es Jordi Aragonès, primo del president de la Generalitat y candidato de Esquerra, Pere Aragonès, que se ve a sí mismo como el Steve Bannon catalán (el agitador que diseñó el movimiento social y político que desembocó en la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos). Historiador de formación y profesor de secundaria de profesión, él es el que ha elegido el cuádruple mensaje con el que AC se dirige estos días a los electores: defensa de la independencia, reducción de impuestos, proteccionismo económico y rechazo a la inmigración.

Los dos, Orriols y Aragonès, llevan años militando en el independentismo radical y la defensa de la identidad amenazada que ahora nutre el discurso de los ultras de toda Europa. Ambos son, además, hijos de la decepción tras la fallida independencia de 2017 y de la manera en que Carles Puigdemont, el líder de Junts, gestionó después el movimiento soberanista.

Como Vox, Aliança Catalana considera puro marketing las políticas de defensa del medio ambiente y da prioridad a la economía. Defiende “políticas proteccionistas” para proveer a la industria catalana “del dumping laboral, fiscal, regulador y ecológico que suponen las economías del tercer mundo”. Y propone una rebaja generalizada de impuestos.

 Como sus homólogos en España, los ultras catalanes ponen el acento en la inseguridad ciudadana y, para solucionarlo, hacen la misma apuesta: más policías en las calles. “Aumentaremos la presencia policial fija y visible en zonas problemáticas, como estaciones de transporte público, centros comerciales y zonas de ocio nocturno, para incrementar y disuadir comportamientos incívicos y delictivos, delincuentes, ocupantes ilegales, gente incívica y MENAs (sic)”.

En línea con el partido de Santiago Abascal, Aliança pone en la diana la ocupación, da prioridad a los desalojos “inmediatos” y relaciona este fenómeno con la inmigración. Igual, por cierto, que está haciendo estos días Alberto Núñez Feijóo. Por eso, y para descongestionar las cárceles, explica su programa, propone “la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros”.

 El adelgazamiento de la administración también es otra de sus prioridades. Como Vox, proclaman las bondades de mantener e impulsar la energía nuclear para garantizar “la independencia energética” de Cataluña, así como por implantar en la política un modelo de decisión sobre asuntos públicos apoyado en referéndum.

“Hay que ampliar el aeropuerto y hay que ampliar las carreteras. ¿Cómo va a venir la gente? ¿En patinete?” Con un tono poco habitual en él, alejado de la imagen de moderación y pragmatismo que le caracteriza, Illa lanzaba hace un par de días esta declaración de principios en un encuentro con militantes y simpatizantes. Pretendía así situarse en el centro del tablero político en Cataluña.

Abierto a pactos transversales, como declara en cada entrevista a la que responde, el candidato del PSC se propone pactar a izquierdas y derechas –sólo excluye a la ultraderecha de VOX y Aliança Catalana– y ser un puente entre independentistas y no independentistas. Si consiguiera sellar la alianza que le lleve al Palau de la Generalitat, esta será tan compleja y frágil y vulnerable que, parafraseando su proclama, sería como llegar al gobierno en patinete.

Sabedor de su ventaja en las encuestas y de las dificultades para establecer pactos de gobierno, Illa intenta que el PSC sea el partido que recoja todos los descontentos: el de los votantes catalanistas que se sienten engañados por quienes les llevaron al Procés y el de los no independentistas desencantados con las promesas de los Comunes. A la luz de las encuestas, sólo se le resiste la derecha no independentista, con un notable avance del PP –según algunos estudios podría incluso quintuplicar pasando de 3 a 15– y el mantenimiento o incremento de Vox.

La debilidad del bloque independentista podría traducirse en uno de los parlamentos menos nacionalistas. Paradójicamente, sería la situación contraria a la vista en Euskadi hace unas semanas, donde los partidos nacionalistas consiguieron un récord de representación, precisamente cuando dejaron las cuestiones identitarias por detrás de las políticas públicas. Si esto fuera así en Cataluña, el mensaje sería claro: catalanes y catalanas habrían decidido pasar página del Procés y centrarse en los problemas cotidianos, algo que reflejan los estudios demoscópicos.

Por su parte, a la izquierda del PSC la demoscopia le pronostica el mantenimiento de sus apoyos en la provincia de Barcelona –fundamentalmente en la ciudad de Barcelona–, pero una fuerte caída en el resto. Que Illa utilice la ampliación del aeropuerto del Prat y la construcción de carreteras y cinturones de circunvalación como reclamo da idea de la escasa fuerza que tienen ya los de Colau para influir en las políticas públicas catalanas. Recordemos que fue, de hecho, la negativa a aprobar los presupuestos con el argumento del proyecto de casinos Hard Rock en la costa de Tarragona lo que llevó a un adelanto electoral que, a priori, no interesaba a nadie.

No obstante, todos los escenarios que dibujan las encuestas pasan por pactos y acuerdos que a priori se antojan difíciles por los vetos cruzados que ha anunciado ya cada formación política. De ahí que la opción de la repetición electoral no haya que descartarla, para a continuación preguntarse: ¿cambiaría algo el resultado de unos nuevos comicios?

Sea como fuere el resultado y los posibles acuerdos, el próximo 12 de mayo se formulará la gran pregunta al pueblo catalán: ¿se ha cerrado el Procés o todavía resuenan con fuerza los ecos de aquellos meses de 2017? Antes de comparar con los resultados de febrero de 2021, recordemos que en aquella ocasión aún se votó con fuertes restricciones debidas a la pandemia, por lo que un contraste acrítico podría engañar sobre la respuesta a la gran pregunta.

Las repercusiones, por otro lado, se dejarán sentir en el Congreso de los Diputados, con un Gobierno central que, como recordaba Ortuzar no hace mucho, necesita todos los votos todos los días.

Sabemos por la demoscopia que cada vez más ciudadanos retrasan su decisión de voto hasta los últimos días. Comienza la segunda semana de campaña, que en realidad opera casi como si fuera la primera, dado que la que acaba ha estado protagonizada por el retiro de Sánchez y las especulaciones al respecto. Habrá que estar atentos a los espectáculos circenses y los giros de guión que se puedan producir –o no– durante estos días.

Sin autocrítica. Y sacando pecho por haber pasado de 6 a 7 diputados en un Parlamento de 75 escaños. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reapareció este martes en Barcelona, dos días después de la jornada electoral en Euskadi, para pasar página del fiasco en Euskadi y centrarse en la campaña catalana, que empieza oficialmente el próximo viernes. Lo hizo, en plena celebración del San Jordi, aprovechando para pasear en compañía del candidato del PP, Alejandro Fernández por las calles de la capital catalana. 

En apenas unos días, Feijóo cambia de guion. En Euskadi el PP comprometió el apoyo de sus diputados para impedir la investidura del candidato de EH Bildu, lo que acabó no siendo necesario porque la izquierda abertzale, a pesar de sus buenos resultados, carece de aliados para acceder por primera vez al Gobierno vasco. Pero ahora, en Cataluña, Feijóo no está dispuesto a hacer lo mismo si en la noche electoral del 12M queda en sus manos la posibilidad de impedir que un candidato independentista, sea Pere Aragonès o Carles Puigdemont, se convierta en president. 

Y no lo hará, aseguran en el PP, porque apoyar a Salvador Illa, el aspirante del PSC, sería lo mismo que respaldar a Esquerra o a Junts. Así que su candidato, Alejandro Fernández, ha prometido no repetir lo ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona el pasado verano, cuando el PP respaldó la elección del socialista Jaume Collboni como alcalde para impedir el acceso al cargo de Xavier Trías, el aspirante de Junts. 

No es la única diferencia estratégica entre las dos elecciones. Feijóo presentaba en el País Vasco a su candidato, Javier de Andrés, un político cuidadosamente seleccionado por su equipo para intentar pilotar la renovación del partido en esa comunidad. En Cataluña, en cambio, no ha tenido más remedio que aceptar a Fernández, mucho más afín al sector radical del partido y uno de los poquísimos dirigentes que se atreve a discrepar de él en público. Feijóo hubiese preferido sustituirle por un perfil más afín, como el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, pero el anticipo electoral frustró sus planes.

La comparación entre el rendimiento en las urnas de uno y otro, de Javier de Andrés y de Alejandro Fernández, será inevitable cuando pasen las elecciones catalanas, que los más duros del PP esperan con preocupación. Si el resultado no está a la altura de lo esperado, temen que acabe afectando a las europeas del 9 de junio.

La de este martes era la primera intervención de Feijóo entre las dos campañas, la vasca y la catalana. Así que había cierta expectativa por conocer qué tono elegía. Acabó siendo llamativamente conciliador e hizo gala de su cara más amable. Ni una mención al proyecto de ley de amnistía, que ha sido el eje de su estrategia desde hace nueve meses. Ni siquiera una referencia, siquiera indirecta, al caso Koldo, con el que el PP quiere desbaratar la campaña del candidato socialista, Salvador Illa. En vez de eso, el líder del PP prefirió acogerse a los mensajes positivos, con encendidos elogios a la “unidad, la concordia y la pluralidad del pueblo catalán”.

La elección catalana se dirime, a juzgar por sus palabras, en términos similares a los del Euskadi: “Hay muchos partidos políticos, pero solo hay dos modelos”. El del PP y el de los demás. “El modelo constitucional, el modelo autonomista, es el modelo de la pluralidad dentro de la unidad, el modelo de la concordia y el modelo de todos los pueblos de España que con sus especificidades conviven armoniosamente como llevamos conviviendo en los últimos 45 años”. El otro, el “rupturista” y “secesionista”, en el que incluyó expresamente al PSC, “hace pequeño a los pueblos, hace pequeño a Cataluña y tensiona y fractura la sociedad”.

En vez de la “España que se rompe”, Feijóo prefirió hablar de que hay “poca inversión en educación, dificultades en el ámbito sanitario”, de deuda, de déficit, público y de ocupaciones ilegales de viviendas, una de las banderas que el PP tratará de arrebatarse a Vox durante la campaña.

El líder del PP no habló en ningún momento de llevar ante los tribunales a los independentistas, sino de “intentar reconducir la convivencia”. “Nosotros venimos a hablar aquí de Cataluña, porque entiendo que Cataluña necesita cambiar el procés por la convivencia y la división por la unidad y la pluralidad”.

E incluso se permitió decir que no tiene “ningún interés en que la gente esté en prisión”, en referencia a Puigdemont, en contra de los que pedían muchos de los manifestantes que el PP ha movilizado desde que empezó a sacar a la gente a la calle en contra de la amnistía. “Lo que sí tenemos interés es en que las leyes sean iguales para todos los ciudadanos”, prefirió argumentar. “Interés para que un ciudadano esté con problemas con la justicia, ninguno. Pero interés en que la justicia sea igual para todos, sin ninguna duda”. Y, en respuesta a la pregunta de una periodista, recomendó a Puigdemont la lectura de la Constitución: en ella “cabemos todos” dijo en actitud amigable.

Sin posibilidades de decidir nada en las elecciones catalanas, Feijóo no se ha marcado esta vez, como hizo en Euskadi, el objetivo de salir de la irrelevancia. Génova calcula que los comicios son un problema para Pedro Sánchez, bien porque acaben gobernando los independentistas con mayoría absoluta, quizá con Puigdemont al frente, bien porque se vea obligado a ceder a sus demandas para hacer president a Salvador Illa. Dos escenarios que, esperan en el PP, pueden hacer tambalear la legislatura nacional.

Así que el objetivo del PP es mucho más pragmático: recuperar el liderazgo del unionista catalán absorbiendo a los antiguos votantes de Ciudadanos y achicando todo lo posible el espacio a Vox, que en 2020 consiguió aglutinar el voto más anticatalanista. Ese ha sido siempre el plan de Feijóo: reagrupar el centroderecha bajo el paraguas del PP y acabar con Vox en las urnas.

Pero la extrema derecha se resiste. Lo hizo en Euskadi, donde el PP fracasó en el intento de atraer a sus votantes. Y los de Santiago Abascal se disponen a resistir en Cataluña con una campaña en la que uno de los ingredientes será precisamente denunciar que Feijóo quiere deshacerse de ellos para llegar a acuerdos con el PNV e incluso con el PSC. “Al Partido Popular le incomoda a Vox porque visibiliza la verdadera cara del PP”, acusó este lunes el candidato ultra, Ignacio Garriga.

Los vascos, camino de las urnas. Este domingo se celebran las elecciones más abiertas en décadas en Euskadi con una dura e histórica pugna por el primer puesto entre el PNV y EH BIldu. Y esa Cámara, a tenor de las encuestas, verá subir la representación de los diputados soberanistas (con cuotas superiores al 70%). Pero se da una gran paradoja en este nuevo escenario: el sentimiento independentista, en cambio, está en mínimos históricos.

Actualmente, en Vitoria hay una suma total de 52 escaños pertenecientes a los nacionalistas y a la izquierda abertzale, lo que supone un 69% de la representatividad. Pero ese bloque (que ahora mismo está muy alejado para un pacto de Gobierno) tiene todavía mejores perspectivas para este domingo por la creciente subida demoscópica de EH Bildu. Según la última encuesta de 40dB para El País y la Cadena Ser, las dos formaciones pueden llegar a 58 asientos (un 77% por ciento de la Cámara). En el sondeo de El Correo del pasado domingo se concretaba en 55 (lo que equivaldría al 73,3% de la representación). Unas cifras que son todavía más altas si se comparan con las de hace dos legislaturas, ya que en 2016 el espacio soberanista contaba con 46 diputados (61,3%).

Pero esto no ha supuesto una lógica de crecimiento del sentimiento independentista. Al revés, la tendencia ha sido hacia la baja en una comunidad donde el tema territorial ha ido desapareciendo de la primera línea a favor principalmente de cuestiones sociales como la vivienda, las pensiones, la precariedad laboral y el sistema público sanitario. En el último Sociómetro del mes de marzo elaborado por el Gobierno vasco se registra el nivel más bajo de partidarios de la independencia en la serie histórica desde 1998: sólo un 22% quiere la separación de España.

Esto contrasta con los niveles más altos, que se alcanzaron en 2014 en plena crisis económica, cuando un 30% de la población quería salir de España. También esa sensación alcanzó cotas muy fuertes en 2006, con un 28% a favor, en plena tensión territorial con las consecuencias de la elaboración del conocido plan Ibarretxe, que fue tumbado a su paso por el Congreso de los Diputados.

La otra cara de la moneda es que ahora mismo la opción contra el no a la independencia es la mayoritaria en la sociedad vasca con un 37%, lo que supone haber cambiado las tornas respeto a 1998 (el inicio de la serie histórica ) cuando era la tercera opción (por debajo de las respuestas de “estar o no de acuerdo según las circunstancias” y el “sí”). El rechazo a esa separación ha ido creciendo especialmente desde 2014 y dio un subidón especialmente desde la pandemia (en 2021 llegó incluso a un 40% de ‘no’ a la ruptura).

Además, según los datos del propio barómetro de marzo, el “sentimiento” mayoritario entre los ciudadanos de la comunidad, con un 40% de respaldo, es sentirse “tan vasco como español” (una opción que registra en los últimos años sus cotas más altas). La segunda opción es la de “más vasco que español”, que aglutina al 24%, mientras que sólo el 19% se siente “únicamente vasco” (una respuesta que ha bajado 12 puntos desde el año 1998). El 6% de la población se define sólo como español y un 4% más español que vasco. Todo ello en una sociedad que en la escala de cero a diez sobre el nacionalismo se autositúa en el 5 (la misma media que se viene repitiendo, décima arriba o abajo, desde el año 2010).

Esta radiografía se refleja en que el tema de la independencia no ha protagonizado la campaña. El propio candidato del PNV, Imanol Pradales, reconocía estos días que la soberanía no está en el debate público: “Este país ha vivido con tanta tensión el terrorismo de ETA que en esta fase de resaca ha hecho bajar esa pulsión soberanista”. “Otros apostaron por la ruptura y ahora han venido a las posiciones del PNV”, indicaba. EH Bildu, en su giro estratégico, ha colocado la independencia en un segundo plano. Su aspirante, Pello Otxandiano, se expresó así en el debate de El Diario Vasco: “Yo soy legítimamente independentista, pero yo no estoy planteando la independencia. Es más, en EH Bildu hay gente que no es independentista, que es federalista, pero todos convenimos en el punto del respeto a la libre decisión de la sociedad vasca”.

Los programas electorales también son la muestra de que el tema de la independencia ha quedado orillado. El PNV, en pleno descenso según las encuestas, hace toda una declaración de intenciones en su documento y pone como principales prioridades salud, educación, vivienda, reto demográfico, servicios sociales, igualdad y políticas LGTBiQ+. El apartado de Identidad y reconocimiento nacional no aparece hasta la página 67 y sitúa en el centro que la “actualización del autogobierno vasco debe incluir una renovación y adecuación de nuestro haber competencial a las actuales demandas y necesidades de la sociedad vasca”. Marca como metas: culminar el Estatuto actual, recuperar el autogobierno recortado a lo largo de la experiencia autonómica y ampliar el quantum competencial.

El texto, en su página 69, aborda la necesidad de un nuevo “estatus”, sin fijar plazos. Propone el reconocimiento “nacional” de Euskadi a través de un futuro acuerdo de actualización del autogobierno para recoger “el sentido de pertenencia a una nación ampliamente compartido en la sociedad vasca”. En todo momento habla de negociación con el Estado basándose principalmente en la disposición adicional primera de la Constitución y de la disposición adicional del Estatuto de Gernika.

Además, cree que ese nuevo estatus a negociar debe contemplar como uno de los elementos singulares y centrales el “derecho a decidir”: “Entendemos que la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”.

En el programa de EH Bildu, de 150 páginas, la soberanía no es el tema central, sino que ocupa tres páginas y no se habla en ningún momento de manera concreta de independencia. Lo que sí hace es apostar por otra relación con el Estado y exige la “concreción de procedimientos claros para el ejercicio del derecho a decidir”. Para ello marca la idea de una “consulta habilitante” para validar un marco “confederal”, además de plasmar el interés por “impulsar un ámbito institucional estable” con Navarra e Iparralde.

Además, durante estos días el PNV ha marcado especialmente el “abismo” que mantiene de modelos sociales y económicos con EH Bildu como principal arma para evitar el sorpasso y se ha evitado intentar un tándem para gobernar que lleve a la cabeza el camino hacia la independencia, a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en Cataluña durante la última década. Y es que el independentismo catalán y vasco no han ido de la mano durante el ascenso del procés y sus estrategias han sido totalmente diferentes. Ahora mismo la población catalana apuesta mucho más por el soberanismo que la vasca, con un índice a favor de la independencia del 42% (aunque le supera el no con un 51%). El PNV, ligado históricamente a CiU, no ha contado con la presencia de líderes de Junts durante la campaña. En cambio, EH Bildu sí tendrá en su mitin final al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC, que quiere subirse a la ola de la izquierda abertzale para impulsarse de cara al 12M.

El anuncio por parte del dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra de que hace casi medio año que fijó su residencia en Suiza hace que al menos la mitad de los 12 investigados por su presunta relación con 'Tsunami Democràtic' se hayan marchado de España a la espera de la aplicación de la amnistía.

Esta revelación de Serra ha provocado que otros dos investigados, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó, hayan desvelado que también se han instalado en el país helvético en los últimos meses. En Suiza viven, precisamente, tanto la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como el diputado de ERC en el Parlament, Ruben Wagensberg. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que tanto Jaume Cabani, considerado como tesorero de 'Tsunami', como el banquero italiano Nicola Flavio Giulio también habrían fijado su domicilio fuera de España, aunque sin comunicarlo de forma oficial.

Todos ellos, a excepción de Wagensberg -por su condición de aforado-, se encuentran investigados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El magistrado dictó un auto este mismo lunes en el que les daba a todos ellos 24 horas para facilitar sus "direcciones inequívocas" para que les fueran notificadas sus citaciones para declarar. Otras fuentes jurídicas señalan a esta agencia de noticias que el magistrado no ha tomado ninguna decisión acerca de nuevas diligencias después de conocer que algunos de los investigados se han marchado de España.

Cabe recordar que, de forma paralela, el Tribunal Supremo investiga tanto a Wagensberg como al expresidente catalán Carles Puigdemont -que goza de inmunidad por su condición de europarlamentario-. En el caso de este último, candidato de Junts a las elecciones catalanas, su residencia se encuentra en Bruselas desde 2017. Tanto la Audiencia Nacional como el alto tribunal investigan el supuesto papel de la plataforma independentista en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del 'procés' separatista catalán en octubre de 2019.

El periodista Jesús Rodríguez ha explicado en una entrevista en La Directa que tomó la decisión de marchar a Suiza porque "la cúpula del poder judicial español hace de partido político y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la Ley de Amnistía". "Mi imputación es una actuación preventiva contra el periodismo. Cuidado con lo que publicas y con quién hablas. Estamos vigilando los mensajes con tus fuentes y los reinterpretaremos como nos apetezca", sostiene.

Campmajó, por su parte, asegura que su decisión está motivada por el seguimiento policial y por el miedo a una posible detención y entrada en prisión. "Veía a la policía vigilándome por la calle. La veía la encargada de la cafetería a la que iba cada mañana, que me decía 'Ya los tienes allí'. Les veías, les reconocías y solo les faltaba saludar", ha explicado.

El juez de la Audiencia Nacional también investiga al empresario Oriol Soler; al jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay; al exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; y a la militante de ERC Marta Molina.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha propuesto el artículo 92 de la Constitución española como "vía óptima" para un referéndum de independencia en Cataluña.

Así se ha pronunciado este martes en rueda de prensa después de haber recibido el informe del Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) "Identificación y concreción de las vías jurídicas para la realización de un referéndum que pregunte a la ciudadanía de Cataluña sobre la independencia" de manos del director de la institución, Joan Ridao, y que parte de los trabajos del Consejo Académico para el Acuerdo de Claridad.

"Votar es posible y solo es una cuestión de voluntad política, como la amnistía", ha asegurado Aragonès, que ha explicado que la pregunta planteada por el informe es: '¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente?', con una respuesta binaria y sin requisitos de quorum.

El presidente de la Generalitat ha asegurado que el informe contempla que la vía del artículo 92 es "la prioritaria, a la vez que no exclusiva", y ha apostado por un referéndum acordado entre las partes y circunscrito únicamente a Cataluña. Además, el presidente catalán ha sostenido que la pregunta es "inequívoca y clara, para cumplir con todos los estándares internacionales".

Ha explicado que su propuesta coincide con lo expresado en el informe: "Ni porcentajes mínimos, ni umbrales de participación", y ha asegurado que este sería su punto de partida en una hipotética negociación con el Estado.

Ha explicado que ha compartido este informe con los consellers en el Consell Executiu de este martes, y lo ha definido como un texto "riguroso", que hace un análisis de los antecedentes y del marco jurídico estatal e internacional, siguiendo las recomendaciones del Consejo Académico del Acuerdo de Claridad.

Ha destacado que el informe se fija en otros casos del mundo como Escocia y Quebec, pero define una "vía propia, la vía catalana", y ha sostenido que este informe puede ser de utilidad para afrontar una nueva etapa de negociación con el Estado, que asegura que se abrirá tras las elecciones del 12 de mayo, con un nuevo Parlament y un nuevo Govern.

Aragonès ha asegurado que si la Generalitat ha negociado con el Estado en la mesa de diálogo "es gracias a este camino recorrido hasta ahora", tras lo que ha recordado la consulta del 9 de noviembre del 2014 y el 1-O. "Hitos importantísimos que demuestran la voluntad de ser de Cataluña y que nos apelan a persistir, persistir y persistir", ha defendido el presidente, que ha apostado por trabajar en positivo sobre esta propuesta, que ha calificado de tangible y viable.

Preguntado por si trasladarán este informe al Gobierno central, el presidente catalán ha afirmado que estará "a disposición de todo el mundo", tanto de los grupos parlamentarios como del Ejecutivo central, y ha insistido en que es una herramienta que podrá ser utilizada por el próximo Govern de la Generalitat surgido tras las elecciones del 12 de mayo.

En el informe del IEA, también contempla otras dos vías jurídicas alternativas para convocar un referéndum: la reforma de la Ley Orgánica 2/1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum o la delegación de las funciones estatales para autorizar referéndums, a través del artículo 150.2 de la Constitución.

Tras conocerse esta propuesta, la ministra Portavoz, Pilar Alegría, ha respondido a Aragonès que es "absolutamente antagónica" a la posición del Gobierno y "no la quiere la mayoría de la sociedad catalana", insistiendo en su rechazo: "No y no". "Si esa propuesta va en la línea que ha mantenido y ha defendido siempre este Gobierno les digo no, que es absolutamente antagónica", ha afirmado al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La también ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte ha defendido que el Ejecutivo busca "el camino del reencuentro", de la reconciliación y de la unidad, por lo que "es ahí" donde van a seguir "trabajando y caminando". Además, ha afirmado que esa posición la comparte una fracción "mayoritaria de la sociedad catalana" que quiere "una política de avance".

En este sentido, ha reiterado su "absoluto" desacuerdo con la celebración de un referéndum como propone Aragonès. "No y no compartimos en absoluto esa posición (...) nuestra posición es clara, es radicalmente contraria, es convivencia, es reencuentro, es seguir avanzando", ha recalcado.

Cuestionada sobre si el Ejecutivo cuenta con credibilidad para rechazar un referéndum después de haber estado en contra de una medida de gracia para años después apoyarla, Alegría se ha limitado a decir que la ley de amnistía que registró el PSOE en el Congreso es "muy diferente" a la que inscribieron en el pasado los partidos independentistas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la orden de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Mesa del Parlament que admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide que la Cámara catalana declare la independencia de Cataluña, según adelanta El Mundo y recoge Europa Press.

La decisión será adoptada el próximo martes en el Consejo de Ministros, aunque este lunes será validada por la Comisión Permanente del Consejo de Estado presidido por la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, recoge el citado medio.

Fue el pasado 2 de febrero cuando la Mesa del Parlament admitió a trámite esta ILP registrada por Solidaritat Catalana per la Independència, que prosperó gracias a los tres votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de la representante de ERC y el voto en contra de los dos miembros del PSC en el órgano rector del Parlament.

Todo parece indicar que esta vez será la definitiva. Tras un intenso mes de negociaciones, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde a una nueva redacción de la futura ley de amnistía. El texto, acordado a última hora del miércoles por socialistas e independentistas, introduce ciertos retoques relativos al terrorismo o los delitos de alta traición con los que se pretenden sortear los obstáculos surgidos en el caso Tsunami o el caso Volhov. Los cambios tratan de limitar el margen de maniobra de los tribunales para, agarrándose a una interpretación extensiva del terrorismo, no aplicar la ley. Los expertos, no obstante, advierten de que no garantiza un escape definitivo. Al fin y al cabo, la interpretación del mismo dependerá de los jueces. Y vaticinan una larga batalla jurídica antes de que la amnistía despliegue totalmente sus efectos.

La redacción de la amnistía, hasta este jueves, excluía de su ámbito de aplicación “los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal”. El problema, sin embargo, es que este tipo es excesivamente amplio. Desde la reforma de 2015, puede considerarse como tal "cualquier delito grave" contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, el patrimonio o el apoderamiento de medios de transporte, entre otros, siempre y cuando con ellos se busquen los siguientes fines: "subvertir el orden constitucional", "alterar gravemente la paz pública", "desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional", "provocar un estado de terror en la población", "desestabilizar" instituciones políticas o "estructuras económicas o sociales del Estado" u "obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse".

Esta redacción amplia, muy criticada desde hace años por parte de la doctrina penal, es lo que ha facilitado que tanto el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como el Tribunal Supremo hayan considerado que pueden encajarse en este tipo delictivo las protestas surgidas tras la sentencia del procés que están en el centro del caso Tsunami, por el que están siendo investigados tanto el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont como a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Una interpretación extensiva que, sin embargo, ha rechazado por activa y por pasiva el fiscal encargado del caso, que como mucho considera que determinados hechos pueden ser constitutivos de delitos de desórdenes públicos.

De esta manera, y ante el riesgo de que la amnistía no pudiese desplegar sus efectos en el marco de esta causa, el PSOE y las formaciones independentistas han acotado el margen de interpretación. Y lo han hecho sacando el Código Penal de la ecuación. De esta manera, sólo se considerarán no amnistiables las conductas incluidas en la directiva europea de 2017, más ligadas a la idea de terrorismo que está en el imaginario colectivo. Dicho texto habla de atentados contra la vida o integridad física, secuestros, explosivos, armas, apoderamiento de medios de transporte o conductas que pongan en riesgo vidas –ya sea la liberación de sustancias peligrosas, la "perturbación o interrupción" de recursos naturales o la "destrucción masiva" de instalaciones estatales o sistemas de transporte–.

Joan Carles Carbonell, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València, cree que estos cambios "limitan el margen de interpretación" sobre lo que puede o no puede ser amnistiado: "Remitiéndose al derecho europeo, se salva el problema que supone la indeterminación existente en nuestro Código Penal en relación al terrorismo y se deja claro cuál es el ámbito no amnistiable". "Con la redacción antigua, que era más abierta, García-Castellón podría haber dicho que no era de aplicación la amnistía porque lo que investiga él son hechos que pueden considerarse como terrorismo y que, los mismos, no serían amnistiables", resume, por su parte, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.

Pero la mención a la directiva europea no es el único candado que tratan de poner socialistas e independentistas en relación al terrorismo en la amnistía. Porque el articulado dice que los actos a los que hace mención el texto comunitario deben, además, haber "causado" de "forma intencionada" graves "violaciones de derechos humanos". Hace referencia, en este sentido, a los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los relativos al derecho a la vida y la prohibición de la tortura. "Aunque un juez crea que unos hechos pueden tener encaje en cualquier conducta de la directiva, tendrá que considerarlo amnistiado si no hay homicidio, torturas o lesiones terroristas", apunta José Manuel Paredes, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo.

Carbonell cree que la redacción puesta sobre la mesa, que mantiene el terrorismo en la lista de exclusiones pero en su definición europea, salva "posibles objeciones" a nivel comunitario: "Al final, excluye las conductas que se recogen en las propias normas europeas". Algo en lo que coincide Urías: "Si en algún momento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuviera que controlar si España está cumpliendo con la obligación de perseguir estos delitos de terrorismo, estamos protegidos. No se hace ninguna excepción a la hora de perseguir conductas contra la vida ajena". Paredes, sin embargo, ve peligrosa la vinculación de la directiva también a los artículos 2 y 3 del CEDH, una "hiperrestricción" que podría no superar el filtro jurídico europeo: "Un secuestro, por ejemplo, sería un caso de terrorismo según la directiva pero amnistiable porque no viola el derecho a la vida".

A pesar de los cambios, los juristas consultados por infoLibre admiten que el nuevo texto no garantiza un blindaje total. Al fin y al cabo, son los jueces los que deben determinar si la norma es de aplicación o no en un caso. "No hay forma de blindar a ninguna persona porque esta ley, por muy clara que esté, tiene que pasar por la interpretación de los tribunales", avisa Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. En este sentido, nadie descarta que determinados magistrados puedan intentar recurrir a una "interpretación original y extensiva" para torpedear la aplicación de la ley. Por ejemplo, diciendo que la directiva no es de aplicación directa y que hay que estar a lo que diga nuestro Código Penal.

"Creo que la norma está bien atada, pero nunca se puede decir que no quepan interpretaciones contrarias", señala Carbonell. Urías también insiste en que ese riesgo es inevitable. Tampoco descarta "maniobras" para tratar de esquivarla Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona. "Un sector de la alta magistratura es terriblemente hostil a la amnistía y harán todo lo posible por retrasar su aplicación", sostiene el jurista, quien cree que el nuevo texto que ha salido este jueves de la Comisión de Justicia solo supone un "cambio de envoltorio": "La única modificación notable es que se adelanta la fecha de la amnistía –en lugar de comenzar en enero de 2012 arranca en noviembre de 2011–. Lo demás, aunque con otras palabras, es exactamente lo mismo".

Los expertos, en este sentido, dan por hecho que en cuanto la norma entre en vigor se iniciará una "larga batalla jurídica". "Y dado que lo que se pretende es situarla en el ámbito europeo, va a ser tan larga como la Guerra de los Treinta Años", resalta Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, al tiempo que rechaza la inclusión de la malversación en el ámbito de la amnistía: "No es tolerable". A mediados de enero, sin ir más lejos, el colectivo Plataforma Cívica por la Independencia Judicial se encargó de distribuir entre la carrera una guía en la que se sugería a los jueces que llevasen casos relacionados al procés que acudiesen preferentemente a la justicia europea una vez que la norma entrase en vigor.

La elevación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea implicaría, en la práctica, la suspensión del procedimiento nacional –y, por tanto, la aplicación de la amnistía– hasta que el órgano resuelva sobre la misma. Ahora bien, esa suspensión, y así queda recogido en la norma de olvido jurídico, "no impedirá el alzamiento de aquellas medidas cautelares que hubieran sido acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y que implicasen la privación del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas". Efectos suspensivos que también provocan, por ejemplo, el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte de jueces que estén instruyendo causas relacionadas con el procés.

La nueva redacción de la ley de olvido jurídico, que ahora tendrá que ser aprobada por el Pleno del Congreso antes de comenzar su tramitación en el Senado, también ha introducido retoques en relación a los "delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional". Los mismos siguen estando excluidos del ámbito de aplicación de la amnistía. Eso sí, "siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas o en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970".

Este cambio tiene, en principio, su razón de ser en el llamado caso Volhov, que instruye el Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona. Dicha causa se centra en las supuestas conexiones entre el entorno del expresident Carles Puigdemont y el Gobierno ruso tanto antes como después de la famosa declaración de independencia. Un procedimiento sobre el que planea el artículo 592 del Código Penal, que castiga con entre cuatro y ocho años a quienes "con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España" mantengan "inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras". Y en el que, por el momento, no parece probado que existiese esa "amenaza efectiva y real" o "uso de la fuerza" que exige el nuevo texto para no aplicar la amnistía.