La política está hecha de parches. No existe, ni con revoluciones ni con reformas, un momento que lo cambie todo, porque no existe algo parecido a un evento definitivo en el que se alcance el fin de la política: no puede existir la Ciudad de Dios de San Agustín, una República perfecta, una Nación purificada o un libre mercado armonioso en la Tierra. La política, por definición, excluye la posibilidad de que todo se haya logrado de manera definitiva y para siempre; esto es, excluye la posibilidad de que algo se llene por completo. Es una dialéctica eterna que nunca alcanza una síntesis y siempre permanece abierta.

Esa imposibilidad de un final que acabe con el agonismo y el antagonismo —es decir, con la disputa y con el conflicto— es lo que deja abierta la puerta a una transformación, a un avance o un retroceso. Esto no significa que los horizontes no existan y las aspiraciones carezcan de sentido. Al contrario, los horizontes proyectados son la gasolina que mueve a la política. La paradoja reside en la imposibilidad de alcanzar ese horizonte de un modo concluyente, pero es esa aproximación asintótica hacia el horizonte lo que hace posible la política: esa distancia infinita permite su construcción y avance cotidiano.

¿Cuál es la verdad de la política? El conflicto infinito entre las partes que componen una sociedad. De ahí que la democracia nunca pueda ser plena; eso es una aberración. Se avanza o se retrocede, pero nunca se alcanza su plenitud. La política, como el deseo, nunca se puede satisfacer y colmar del todo, porque siempre queda un resto. De lo contrario, el deseo dejaría de existir. El deseo existe porque se desea lo que falta, lo que no se alcanza, y se mueve eternamente por conseguir lo posible, intentando lo imposible una y otra vez.

Parches, conflicto, deseo y horizontes. ¿Qué tiene que ver todo esto con la universalidad de las políticas públicas? Que los parches se inscriben en un horizonte deseable dentro de un conflicto de fuerzas. El derecho se sustenta sobre la capacidad de hacerlo real, es decir, sobre la fuerza que lo impulsa.

Un derecho es algo que obtienes por el mero hecho de existir y una ayuda se da a cambio de cumplir unas condiciones: si eres padre o madre, permiso de maternidad y paternidad; si eres mayor de edad, puedes votar; si alcanzas determinada edad, accedes a la jubilación… Que algo sea universal no quiere decir que, necesariamente, sea para todo el mundo: si no tienes hijos, no tienes el permiso; si no tienes 18 años, no puedes votar; si no alcanzas una edad, no te puedes jubilar. Que la prestación para las gafas tenga un límite de edad no lo hace menos universal, porque incluye a todas las personas dentro de un límite de 16 años.

¿Qué se critica? ¿Que solo se garantice la prestación hasta los 16 años o que se garantice a cualquiera que tenga 16 años? La primera objeción se resuelve ahondando y ampliando a más grupos de edad la misma lógica de la universalidad. Un siguiente paso sería apuntar hacia otro objetivo: que exista un proveedor público de gafas y, así, ampliar la libertad de elección ciudadana. Otro paso, en la misma senda, sería ampliar la cartera de servicios ofrecida por el servicio público: dentista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo…, y, a partir de ahí, combinarlo con una renta básica incondicional, vivienda barata y segura, menos tiempo de trabajo… Ese sería un enfoque ambicioso que marca un horizonte deseable para ir sumando nuevos parches a la ecuación.

La segunda crítica, la de que se garantice a cualquiera acceder al derecho, lo que hace es poner en cuestión el propio horizonte. La crítica la plantean, seguramente motivados por razones diferentes, tanto neoliberales como algunas personas que se autodenominan de izquierdas. Ambos cuestionan la propia universalidad y consideran que deben establecerse ayudas solo para quienes “de verdad lo necesitan”.

Los primeros consideran una aberración la universalidad porque implica obligar a quien no quiere a asumir el coste de otros. Si el mercado lo puede proveer, aunque sea más caro, ¿para qué tiene que hacerlo el Estado? En todo caso, si alguien no puede acceder por la vía del mercado, que se le ofrezca una ayuda temporal y controlada. Es el modelo neoliberal para denigrar lo público y retroceder de la condición de ciudadanía a un modelo de beneficencia.

Los segundos también opinan lo mismo: les parece una aberración la universalidad porque implica obligar a quien no quiere a asumir el coste de otros, solo que, en este caso, se considera que es el obrero quien le paga el derecho al millonario. Lo que debe hacerse, según esta visión, es asignar una ayuda por renta, para que la obtenga quien de verdad lo necesita. Pero la universalidad funciona a la inversa: se trata de que los más ricos —tanto más cuanto más ricos— financien el derecho de aquella población que no se lo puede permitir. Si alguien gana 1.000, recibe 10 y paga 100, no se le está regalando nada. Si esa fiscalidad no opera así, entonces lo que habrá que adecuar es la fiscalidad, no poner en duda la implementación de un derecho universal.

La universalidad es la mejor forma de hacer llegar un derecho a quien más lo necesita porque se eliminan todas las trabas condicionantes. Es la mejor forma de evitar que se estigmatice a los más pobres, y es la mejor forma de evitar agravios entre quienes se ven excluidos por no ser suficientemente pobres. Lo contrario no es un derecho, es una ayuda, y se requiere que se demuestre que uno es pobre y merecedor de ella, lo cual suele dejar fuera a los más pobres que ni siquiera hacen la declaración de la renta y se ven obligados a entrar en un laberinto burocrático que, además, tiene un coste económico de control añadido.

Un derecho puede ser un servicio o una prestación: puede ser tener acceso al pediatra o puede ser implementar una prestación económica por hijo a cargo, o una renta básica universal. Que sea o no monetario no determina si es o no un derecho universal. Lo que sí importa es intensificar la ambición y el deseo por avanzar hacia ese horizonte que acelere la implantación de parches. 

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM y actualmente diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

Cuatro años después de la creación del ingreso mínimo vital (IMV), esta prestación que reciben en España más de 730.000 hogares sigue presentando problemas de funcionamiento que perjudican a las familias más vulnerables, el último de ellos la reclamación de pagos por parte de la Seguridad Social que estas familias no pueden afrontar, según informa EFE.

Para denunciarlo, una treintena de colectivos y entidades de intervención social y vecinal se ha manifestado este sábado en Madrid, como lleva haciendo los últimos tres años, en esta ocasión coincidiendo con la sentencia de un juzgado de Córdoba que ha fallado a favor de que una madre no tenga que devolver los 13.000 euros que le demandaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por cobro indebido.

Esta sentencia se basa en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece que los errores administrativos no deben ser corregidos a expensas del beneficiario, especialmente si este actúa de buena fe y se encuentra en una situación de vulnerabilidad.  

El portavoz de la plataforma que agrupa a estas entidades, Roberto Laborda, ha explicado a EFE que, dado que el INSS tarda más de un año en actualizar las prestaciones, "genera deudas que luego pide a las familias" y que estas no pueden devolver porque es el dinero que utilizan para su "supervivencia".

Laborda ha señalado que el propio INSS reconoce que este problema radica en que "no tiene actualizada la herramienta informática" y ha sostenido que "en cuatro años y medio bien podrían haber arreglado esos problemas informáticos".

La también portavoz de la plataforma Hontanares Avanza ha asegurado que una de cada cuatro familias beneficiarias está recibiendo peticiones de reembolso por fallos en el procedimiento y ha recordado que el Defensor del Pueblo se ha pronunciado a favor de que la administración no exija la devolución de cantidades cuyo importe es demasiado alto para los ingresos de la familia vulnerable.

El número de prestaciones activas del Ingreso Mínimo Votal (IMV) ha crecido en el último año un 31,2% (143.873) hasta alcanzar los 606.000 hogares en los que viven 1.820.944 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a mes de mayo y que recoge Europa Press.

La cuantía media de la prestación es de 488,7 euros por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 358,3 millones de euros. Además, en el mes de mayo hay más personas beneficiarias, ya que en los hogares conviven 484.519 beneficiarios más que los registrados en el mismo mes de 2023, un 36,3% más.

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, el Ingreso Mínimo Vital ha alcanzado a 831.905 hogares y ha protegido a las 2.465.281 personas que forman parte de ellos. Más de un millón son niños y adolescentes, en concreto 1.072.837, el 43,5% del total. Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 10.707 millones de euros al abono de las nóminas de las prestaciones del IMV.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil.

El 67,5% de las unidades de convivencia receptoras del IMV en mayo son hogares con menores (408.584). Entre ellos, hay 105.918 hogares monoparentales. Si atendemos al perfil de los beneficiarios del IMV, el 41,9% son menores: hay 750.665.

Respecto a los beneficiarios del IMV-CAPI (Complemento de Ayuda a la Infancia), este mes alcanzan los 413.025 hogares. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento este mes ha sido de 67,5 euros por cada menor.

Los beneficiarios del IMV también se caracterizan por tener un marcado perfil femenino. En mayo, el 66,8% de los titulares y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres. Por otra parte, el 82,4% del conjunto de titulares son de nacionalidad española y su media de edad se sitúa en los 45 años.

Los 197 operadores que atienden el servicio de atención telefónica de la Tesorería de la Seguridad Social gracias a una subcontrata con la empresa de contact-center Konecta BTO se quedan sin trabajo el próximo jueves, 5 de octubre. El Ministerio de Seguridad Social no va a volver a sacar a concurso el contrato, que lleva ejecutando personal externo desde hace casi una década. A partir del día 6, el teléfono lo atenderán funcionarios de la Seguridad Social, o al menos es lo que Konecta BTO ha comunicado al comité de empresa y de lo que algunas direcciones provinciales de la Tesorería General han informado internamente.

De manera que el comité de empresa de Konecta BTO, integrado por CGT, CCOO, UGT, Solidaridad Obrera y Valorian, ha convocado un día de huelga para este mismo lunes. Porque, al expirar el contrato de la Seguridad Social, los 197 trabajadores se quedan en la calle, sin indemnización ni derecho a cobrar prestación de desempleo. “En el limbo”, según explica Goyi Sánchez, representante de CCOO en Konecta. Y, a juicio de los sindicatos, no debería ser así: reclaman que la Seguridad Social cumpla la Ley de Contratos del Sector Público y el convenio colectivo del sector de contact-centers, firmado el pasado de mes de mayo, y se haga cargo de los 197 trabajadores.

La ley, en su artículo 130.3, establece que “en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba, si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”. Y eso es lo que hace precisamente el convenio colectivo en su artículo 20: determina que las plantillas se subrogarán “cuando el cliente principal extinga el contrato mercantil de la campaña o servicio para internalizar el objeto principal de dicha campaña”.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social se niega a subrogar a los operadores telefónicos, algunos de los cuales llevan atendiendo el 901 de la Tesorería General desde 2015, aunque sólo cobrando de Konecta desde 2019, cuando esta empresa se hizo con el contrato. Han ido pasando de adjudicatario en adjudicatario, como suele ser habitual en las subcontratas. El departamento que dirige José Luis Escrivá argumenta, tras “elevar las correspondientes consultas jurídicas”, que ahora “no se produce el supuesto de hecho que puede dar lugar a la subrogación”, sin precisar más. Es decir, que no le corresponde asumir a los trabajadores. Tampoco ha querido el ministerio confirmar a infoLibre si va a “internalizar” el servicio de atención telefónica para que lo presten funcionarios. Según indica, “la contratación de ciertos servicios de empresas externas para determinadas labores puntuales, así como la extinción de estos contratos, son procesos habituales en la Administración”. Konecta, concluye, “ha proporcionado un servicio y los trabajadores son de esa empresa, no son empleados de la Seguridad Social”.

Por el contrario, Lola Panero, responsable de la sección sindical de CCOO en la Seguridad Social, asegura que algunas direcciones provinciales sí han publicado instrucciones internas comunicando que la atención telefónica de la Tesorería la prestarán funcionarios del ministerio. Probablemente, algunos de los 2.000 interinos que se han incorporado a la Seguridad Social este año. “Pero no tenemos comunicación oficial”, se queja Panero, quien pide que este asunto se debata en la mesa delegada cuya convocatoria urgente han pedido al departamento. La dirigente sindical encuadra la asunción del servicio telefónico en la reestructuración que se está llevando a cabo para crear la Agencia de la Seguridad Social.

En mayo, después de que CCOO y CSIF convocaran una huelga –la primera de la historia de la Seguridad Social– en protesta por el mal funcionamiento de la atención a los ciudadanos, el ministerio firmó un acuerdo con los sindicatos donde se sientan las bases de un plan estratégico de recursos humanos. A su vez, el primer paso para reordenar las plantillas de cara a la creación de la futura Agencia. Entre otras medidas, el ministerio se compromete a acometer “un importante refuerzo de las unidades de gestión de la Seguridad Social” mediante la incorporación de los 2.000 interinos antes citados. Aunque también precisa que el empleo interino sólo podrá ser un recurso “excepcional”, sólo aceptable “para los estrictos casos indispensables, a fin de dar cobertura a nuevos servicios o para garantizar mediante un plan de choque la atención a la ciudadanía en las oficinas de la Seguridad Social”.

Este mismo viernes, el comité de empresa de Konecta y su responsable de Recursos Humanos se han reunido en los servicios regionales de mediación, en un último intento por evitar la huelga. Konecta le ha ofrecido aplicar un ERTE a partir del 6 de octubre, que presenta como una forma de que los trabajadores puedan cobrar prestaciones. Los representantes sindicales han rechazado lo que tachan de “ERTE exprés”, puesto que no tienen tiempo para cumplir en sólo unos días con los plazos de negociación exigidos por el Estatuto de los Trabajadores. “Konecta quiere saltarse la ley en su propio beneficio, reduciendo el procedimiento legal a su conveniencia económica y delegando en el SEPE lo que debería ser su responsabilidad”, critican en un comunicado público.

Este periódico ha contactado con Konecta BTO para preguntarle por el conflicto, pero la empresa se ha limitado a responder que está “trabajando en buscar una solución”. El ministerio adjudicó a Konecta en diciembre de 2019 el contrato para prestar el servicio de atención telefónica de la Tesorería General, por un importe de 16,26 millones de euros, impuestos incluidos. Tenía dos años de duración, pero fue prorrogado hasta cinco veces, la última vez el pasado 6 de julio. Por esos dos años adicionales, el ministerio pagó a Konecta un total de 9,96 millones de euros, de acuerdo con los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

El bono de justicia energética que el Gobierno creó el pasado mes de octubre para cubrir el 40% de la factura eléctrica de los ciudadanos con menos ingresos apenas se ha concedido a 2.300 hogares, un raquítico 0,15% de los 1,5 millones de la previsión oficial. Mientras, 1,24 millones de ciudadanos percibieron el año pasado el llamado bono social eléctrico, incluidos unos cuantos –cargos políticos del PP, PSOE y Más Madrid– que no eran en absoluto pobres. Tampoco llegan a quienes están destinadas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV): lo cobran 611.029 hogares, aún lejos de los 850.000 para los que está diseñada, tres años después de crearse. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 400.000 familias que tienen derecho a recibir el IMV no lo han solicitado, el 57% de sus posibles beneficiarios. Y algo parecido ocurrió con los 20 céntimos de descuento en los carburantes que el Gobierno aplicó hasta el pasado diciembre. El Banco de España advirtió de que la medida beneficiaba a las rentas más altas e incluso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera aseguró que “lo justo y lo razonable” sería “centrar cuáles son las familias y cuáles los niveles de renta que merecen más apoyo”, mediante “un sistema parecido a una tarjeta para concentrar el esfuerzo fiscal en ayudarlas”. A estas críticas, el Ministerio de Hacienda respondió esgrimiendo la complejidad de hacer una discriminación por rentas a la hora de pagar en las gasolineras.

Y es que, pese a los cientos de datos que las administraciones poseen ya de los ciudadanos, éstas no son capaces de detectar a los realmente más vulnerables para proporcionarles las ayudas o servicios que necesitan. Ni de evitar que personas sin problemas para llegar a fin de mes se beneficien de prestaciones que no necesitan. Hasta ahora, su principal interés ha sido luchar contra el fraude. “Cuando las ayudas públicas son condicionadas, tienen unos controles que obligan al ciudadano a desnudarse ante la Administración, y cuando se les conceden, se les somete a controles rutinarios, que sólo terminan cuando el beneficiario deja de cumplir los requisitos”, resume Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor e investigador en Mondragón Unibertsitatea.

Todas las ayudas condicionadas tienen una tasa de no aceptación o brecha de cobertura –non take-up en inglés–, que de media en la Unión Europea se halla entre el 20% y el 60%, según el tipo de prestación; en la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco es del 30% y casi la dobla el Ingreso Mínimo Vital. Para reducirla, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha recurrido a la colaboración de Cruz Roja, Cáritas y otras organizaciones que atienden a los más precarios para que les informen y ayuden a tramitar el IMV. También ha empezado a utilizar un autobús para dar a conocer la ayuda y puso en marcha una campaña de envío masivo de SMS entre posibles perceptores.

Pero no parece suficiente. Ni muy sofisticado. Porque ya existen otras herramientas, incluidas las tecnológicas, para poner bajo el radar de las administraciones a quienes, por razones económicas, culturales o sociales, se quedan fuera de los registros. Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universitat Pompeu Fabra, cree que se podría utilizar el padrón municipal para localizar a los ciudadanos que no hacen la declaración del IRPF porque sus ingresos no alcanzan los 22.000 euros y, por tanto, son invisibles para la Agencia Tributaria. Julen Bollain apunta que se podría convertir en obligatoria la declaración de la renta, por poco que se ingresase, aunque reconoce el carácter “controvertido” de la medida.

Helder Ferreira, coordinador de un proyecto piloto sobre el IMV que está elaborando la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), precisa que la casuística de la tasa de no aceptación de las ayudas públicas es muy amplia. Así, entre quienes quedan fuera del sistema se incluyen “los que nunca se han acercado a él, porque no conocen las medidas, no las comprenden o no saben cómo tramitarlas”, pero también quienes las solicitan y no las consiguen y quienes un año no tuvieron derecho a ella por no cumplir los requisitos pero, tras un cambio legislativo, sí lo tienen pero no lo ejercen.

Carles Ramió plantea algo tan simple como que las administraciones crucen los múltiples datos que ya tienen. “La Agencia Tributaria cede los suyos a quienes se lo soliciten”, apunta. Pero Helder Ferreira replica que se trata de un “esfuerzo enorme” –menciona los datos de vivienda y patrimonio, por ejemplo– y prefiere que se den “respuestas diferentes para cada tipo de non take-up”.

Lluís Torrens Mèlich, economista y secretario de Asuntos Sociales y Familiares de la Generalitat, está de acuerdo en que hace falta un esfuerzo muy grande para detectar qué familias necesitan servicios sociales. Y lo ha hecho. Al frente del departamento de Innovación Social del Ayuntamiento de Barcelona desde 2015, llevó a cabo un “barrido de todas las ayudas” existentes para realizar un enorme cruce de datos que permitió tomar una “foto de 360 grados” de las necesidades sociales en la sexta área metropolitana de la Unión Europea. Datos sobre las prestaciones de la Seguridad Social, las del SEPE, la renta mínima autonómica, las ayudas a la vivienda, las ayudas de emergencia… fueron combinados con los obtenidos en una consulta masiva a la Agencia Tributaria y utilizados sobre la base de las 200.000 personas que recibían servicios sociales municipales y tenían un expediente activo. También hicieron una Encuesta Sociodemográfica de 4.500 hogares y 10.400 individuos, añadieron indicadores de pobreza y privación material a la Encuesta de Salud de Barcelona y elaboraron un censo de los pisos vacíos de la ciudad.

El resultado es un big data social, “centenares de miles de registros de personas y hogares vulnerables”, que deben servir para diseñar políticas sociales, explica Lluís Torrens. “Así supimos el grado de pobreza en los 40 grandes barrios de Barcelona y pudimos compararlo con los datos de quienes pedían ayudas”, añade. Y descubrieron, por ejemplo, que la probabilidad de que una familia pobre con niños pidiera la ayuda del Fondo de Infancia 0-16 –600 euros para cubrir las necesidades de menores hasta 16 años– era del 100% si residía en un barrio pobre, pero sólo del 5% si vivía en uno rico.

Porque también se reveló que un centenar de familias residentes en una sección censal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, el más rico de Barcelona, tenían menos renta que parte de los de Ciutat Vella y Nou Barris, los más pobres. En 2016, 41.000 hogares no podían llegar a fin de mes en Barcelona, excluyendo el coste de la vivienda. Si se incluye, la cifra se eleva a 100.000, según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, 37.000 hogares cumplían los criterios de ingresos para recibir la Renta Garantía de Ciudadanía. Pero esa cifra aumentaba hasta 51.000 si la cuenta se hacía con los registros de servicios sociales del ayuntamiento.

La diferencia, unas 14.000 personas, se debe, apunta Lluís Torrens, a que “las encuestas oficiales no captan bien la población con recursos insuficientes y subestiman el número total porque son personas reticentes a ser entrevistadas, con mayor movilidad o que viven situaciones complicadas”. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, 103.000 personas se encontraban ese año por debajo del umbral de riesgo de pobreza, que en la Ciudad Condal es de 933 euros al mes para un adulto, el 60% de los ingresos medios.

“Hay que ir a buscar a los usuarios de los servicios sociales”, reclama Torrens Mèlich. Como hizo Portugal, que, con los datos tributarios en la mano, ofreció el bono eléctrico a los ciudadanos por debajo de un determinado nivel de ingresos. Y luego desarrollar acciones específicas para llegar a esas familias invisibles para el sistema. Hay “pobres en ingresos, pero no en recursos”, clases medias empobrecidas que no acuden a los servicios sociales por el “estigma” o mayores que sufren pobreza energética pero, por el estigma o por desconocimiento, no se acogen a las medidas para evitar que les corten el suministro, detalla el economista.

De las necesidades sociales en una ciudad, en principio rica, como Barcelona da buena cuenta también el simulador de ayudas de que dispone el ayuntamiento en su página web: tiene 10.000 visitas al mes. Permite introducir los datos de ingresos y otros de forma anónima, sólo indicando el distrito postal, pero a su vez sirve a los servicios municipales como una “macroencuesta”. Y sobre sus resultados se está trabajando ya con inteligencia artificial, asegura Lluís Torrens. “Antes los servicios sociales se limitaban a hacer una entrevista al ciudadano que acudía a ellos, ahora con la información que se obtiene se pueden utilizar sistemas de machine-learning, con palabras clave, y elaborar un análisis de la demanda –por qué se acude a los servicios sociales–, hacer un diagnóstico del problema y dar una respuesta, qué recursos se pueden asignar”.

El machine-learning, o aprendizaje automático, permite a los ordenadores realizar tareas sin ser programados, porque “aprenden” identificando patrones en datos masivos y pueden hacer predicciones. Es a lo que se dedica el ahora famoso ChatGPT. También la Generalitat ha empezado a usar la inteligencia artificial para el mismo fin, apunta Lluís Torrens. Pero nadie más ha hecho un cruce masivo de datos con el volumen del ejecutado por el Ayuntamiento de Barcelona, añade su antiguo responsable de Innovación, quien no obstante cree perfectamente extrapolable el modelo a administraciones de mayor tamaño.

No deja de ser paradójico que la inteligencia artificial se dé la mano en el campo de los servicios sociales precisamente con el sector de la población donde la brecha digital es quizá más ancha. La falta de competencias digitales o de una buena conexión a internet son dos de las razones por las que pedir el IMV, que tiene una tramitación especialmente compleja, se convierte en un imposible para muchas personas. Sin embargo, Torrens Mèlich precisa que el 99% de quienes necesitan ayudas públicas tienen un smartphone y el 90%, acceso a internet a través de un móvil. Aunque sólo el 30% o 40% cuenta con internet fija en el domicilio. Incluso los sintecho tienen un móvil, asegura. “El verdadero problema son los inmigrantes irregulares”, concede el economista, “cuyo número ha aumentado en las grandes ciudades y no tienen acceso a la renta garantizada, ni al IMV ni a la vivienda: son un non take-up forzado por la propia ley”.

Cuestión bien distinta es lo que ocurre cuando el ciudadano se dirige a una Administración que se ha “digitalizado demasiado deprisa”, se queja Carles Ramió, y en la que con frecuencia es imposible recibir atención telefónica. España es el país número 17 del mundo por su administración digital, pero la atención que ésta presta ahora al ciudadano “está peor que nunca”, protesta. Sin ir más lejos, resulta muy complicado renovar presencialmente el carné de familia numerosa, pero imposible hacerlo digitalmente, critica el catedrático.

Para evitar tanta complejidad y tanto esfuerzo, Torrens y Bollain coinciden en una solución alternativa: la renta básica universal. “Si el sistema no es universal, se complica tanto que acaba siendo injusto”, advierte el secretario de Asuntos Sociales de la Generalitat. Es el mismo concepto que a nadie extraña cuando se aplica a la sanidad o la educación –“No estamos inventando nada”–. Y que el presidente –republicano– Richard Nixon ya propuso en 1969 y aprobó la Cámara de Representantes pero fue rechazado en el Senado, recuerda Julen Bollain, quien además enumera: el PSOE y Unidas Podemos llevaron la iniciativa en sus respectivos programas electorales, al igual que Los Verdes en Alemania, y hay cerca de 200 programas pilotos en todo el mundo.

“No se trata sólo de tener derechos, sino de poder ejercerlos, y que la Administración ponga los medios para ello”, concluye Lluís Torrens.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó para quedarse, pero ante sus limitaciones, los partidos plantean nuevas propuestas. El PSOE, en su programa para las municipales, propone agilizar la tramitación para superar los obstáculos burocráticos que han impedido que esta ayuda llegue a los hogares que más lo necesitan. Podemos va más allá y recupera la idea de una renta básica, no universal, pero sí que mejore las cuantías y triplique el número de hogares potencialmente beneficiarios. Sumar cambia el enfoque y propone una idea complementaria: la herencia pública universal. Se trata de una ayuda que recibirían los jóvenes al cumplir cierta edad, que les sirva de trampolín social. 

“El Ingreso Mínimo Vital es sin duda un avance importantísimo”, opina Juan Gimeno, miembro de la junta directiva de Economistas Frente a la Crisis y catedrático de Economía Aplicada de la UNED. “Pero es insuficiente”, añade. “Le pasa lo que a todas estas prestaciones: exceso de burocracia, lentitud, no llega a quien lo necesita…”.

El Ingreso Mínimo Vital está a punto de cumplir tres años y ha socorrido a más de 600.000 hogares, lo que supone 1,7 millones de personas. No obstante, estas cifras suponen el 20,8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, según un informe publicado este jueves por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Según el mencionado estudio, solo una de cada cuatro solicitudes son aprobadas y el Ministerio de Inclusión, incapaz de ejecutar el presupuesto, devolvió el año pasado a las arcas públicas 453 millones de euros que estaban destinados a cubrir esta prestación.

“Creo que el Ingreso Mínimo Vital no ha funcionado como se esperaba”, explica a infoLibre Mónica Melle, que imparte Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Complutense de Madrid. “Creo que cuando se piden tantos requisitos, solo el mero hecho de tenerla que solicitar ya supone un problema para muchos potenciales perceptores. No es fácil para muchas personas que están en situación de riesgo de exclusión preparar la documentación requerida y presentar una solicitud”, añade la economista. 

El Ingreso Mínimo Vital fue uno de los puntos fuertes del programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2015, las primeras de Pedro Sánchez como secretario general y en las que también se estrenaba Podemos. Desde el principio, Sánchez anunció que no se trataba de una renta básica universal, una idea que consideró “sugerente”, pero “inviable”. La propuesta se materializó en mayo de 2020, facilitada por la emergencia económica y social que provocó el coronavirus. El objetivo era llegar a 830.000 hogares en los que se esperaba beneficiar a 2,2 millones de personas.

Las familias pudieron empezar a solicitarlo desde el 15 de junio de ese año, y apenas nueve días después ya empezaron a llegar los avisos de que no iba a llegar a muchos beneficiaros potenciales. En septiembre, el Gobierno eliminó algunos trámites y amplió plazos para agilizar las ayudas. En diciembre Escrivá asumió que no iba a llegar a las familias que esperaban en un principio, “ni de lejos”. Por esas fechas se habían recibido 1,2 millones de solicitudes de las que se habían aceptado solo 160.000.

En los primeros 10 meses de vigencia de la ayuda, el Ministerio de Inclusión solo pudo ejecutar el 30% de los 3.000 millones prometidos. El balance de 2021 fue negativo: el 67,8% de los posibles solicitantes ni siquiera se había acercado a una oficina para pedir la ayuda, según datos de la Fundación Foessa. En el verano de 2022, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) certificó que solo había llegado a 284.000 hogares, 700.000 personas en total, lo que supone el 22% de los hogares en riesgo de pobreza. Según la última cifra disponible, con datos de marzo de 2023, el IMV ha llegado a 611.000 hogares, lo que supone 1,7 millones de personas, un 26% por debajo del objetivo marcado en 2020. 

“Estamos en la era del big data. Hacienda tiene datos suficientes para implantar formas automáticas”, explica la profesora Mónica Melle. “Una idea sería lo que ya hacen en otros países: que todas las personas tuvieran que hacer la declaración de la renta, independientemente de sus ingresos. Esta cultura no existe en España, pero es la única manera que tendría el Estado de tener toda la información, para saber quién está por debajo de los ingresos y poderle conceder el IMV de manera automática”, añade.

El catedrático Juan Gimeno coincide con la economista. “El salto que habría que dar es reconocer un derecho de renta básica universal”, explica. Su mecanismo sería a través de la declaración de la renta. “Sería un derecho de antemano universal para todos, pero según vas cumpliendo umbrales de renta, vas devolviendo lo que corresponda. Así llegaría solo a quien lo necesite. Para muchas personas se quedaría una medida neutral”, explica Gimeno. Defiende también no establecer un único límite de ingresos, sino umbrales. “Así se evita dejar beneficiarios potenciales si se pasa un euro”, añade. 

El PSOE, consciente de las limitaciones administrativas, y a falta de conocer si incluirá alguna propuesta de mejora de cara a las próximas elecciones generales, ha incluido un punto en el programa marco de las municipales: “Las entidades locales desarrollarán proyectos e itinerarios de inclusión con el fin de avanzar en una tramitación más ágil del Ingreso Mínimo Vital que será complementado con una atención social especializada que mejore las capacidades de inclusión de las familias”. Las mencionadas limitaciones han sido campo de abono para otras propuestas, por parte de Podemos y de Sumar.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, propuso en enero una renta básica que trascienda al Ingreso Mínimo Vital. El objetivo es llegar a 2,4 millones de hogares, es decir, unos 6 millones de personas. Es el triple de los actuales beneficiarios potenciales. También aumentaría las cuantías a entre 700 y 1.400 euros mensuales por hogar. La propuesta incluye “sencillez” en la tramitación, que sea “ágil, capaz de atender situaciones urgentes”. 

Fuentes del partido morado, consultadas por infoLibre, han aplaudido el avance que ha supuesto el Ingreso Mínimo Vital, aunque critican los problemas burocráticos que impiden llegar a toda la población potencialmente beneficiaria. Para ello, proponen reducir parte de la documentación requerida e impulsar un modelo que unifique en una sola solicitud las prestaciones a las que un beneficiario potencial tendría derecho. 

Estas fuentes destacan que para ello sería necesaria una mayor coordinación entre las administraciones autonómicas, con el fin de cruzar datos e identificar en tiempo real las necesidades de la población. No solo abordarían los problemas burocráticos: también consideran que hay requisitos demasiado restrictivos, como por ejemplo el mínimo de edad de 23 años, un umbral que ampliaría a los 18. 

“El problema que le veo a todo esto es el mismo que al Ingreso Mínimo Vital: me parece bien, pero creo que la aplicabilidad es muy compleja”, explica Mónica Melle. “Además, creo que si se amplía habría que articular algún incentivo para tener empleo, recualificar a las personas para que puedan realizarse profesionalmente. O, por ejemplo, que pudieran prestar servicios a la comunidad, como se hace en otros países. Por ejemplo, desbrozar el campo para prevenir incendios, o atender necesidades de personas mayores”, explica la economista. 

“También creo que sería necesario que los servicios públicos de empleo tuvieran un mayor nivel de personal, que pudieran hacer un seguimiento más cercano de los colectivos beneficiarios, que les ayuden de verdad a incorporarse al mercado laboral”, añade Melle.

Fuentes de Podemos consultadas no consideran que su propuesta desincentive la búsqueda de empleo y ponen como ejemplo la aprobación del mecanismo que hace compatible la percepción del IMV con algunas rentas del trabajo. Sí preocupa a este partido que cada euro ganado en rentas del trabajo suponga un euro menos de IMV, lo que a su juicio podría crear una “trampa de pobreza”: la imposibilidad de superar la precariedad pese a tener ingresos laborales y una prestación. 

“Consideramos que es fundamental generalizar el incentivo al empleo y establecer un solo tramo lineal, que evite la trampa de la pobreza sea cual sea la cuantía de ingreso por trabajo, estableciendo que, por cada euro de ingresos recibido por la persona, la renta garantizada percibida se reduzca en una proporción menor –con un límite de umbral–”, explican a infoLibre fuentes Podemos.

“Yo sí creo que el paso que hay que dar es ir hacia una renta básica”, explica el catedrático Juan Gimeno. “Aunque creo que el paso del IMV a una renta básica no es un asunto de cuantías, sino de que se convierta, como comenté antes, en un sistema automático y universal”, añade. “Según el sistema actual de Ingreso Mínimo Vital, cuando te llega igual ya no lo necesitas. O lo contrario, que no lo pides porque tienes trabajo, pero de repente te hace falta y no lo tienes. Es decir, que el Estado diga: tenemos un colchón y lo vamos a poner antes de que te caigas, no cuando ya te has caído”, explica Gimeno.  

Sumar ha dado un paso más allá en el enfoque de las políticas redistributivas y ha planteado un nuevo enfoque: una herencia básica universal. La propuesta, que sigue en proceso de diseño, podría ser una cuantía de unos 20.000 euros que recibirían los jóvenes en un pago único al cumplir cierta edad, que podría ubicarse entre los 18 y los 25. La idea puede parecer novedosa, pero tiene sus orígenes a finales del siglo XVIII. Como explica en su blog el catedrático de Economía Aplicada Juan Torres, fue propuesta por el filósofo Thomas Paine en 1795.

“[Payne] consideraba que la tierra es ‘propiedad común de la raza humana’ y que, por tanto, la mejora o renta que pudiera obtenerse al cultivarla no podía separarse de la tierra misma. Por tanto, cuando un propietario la obtiene, le debe una parte de ella a la comunidad. Paine propuso generar un fondo para repartir esa parte que es de todos, dando un capital de 15 libras a quienes cumplieran 21 años y una pensión de 10 libras por año hasta la muerte a todos los que cumplían 50 años”, explica Torres.

“El objetivo de esta medida no es abordar la desigualdad de rentas, sino la de riquezas”, explica a infoLibre el sociólogo José Antonio Noguera, uno de los investigadores que está trabajando en el diseño de esta propuesta. “La idea es atenuar la desigualdad de oportunidades de los jóvenes, al dotarles de un pequeño capital al inicio de su vida adulta. Estimamos que el IMV tiene un coste anual de unos 3.000 millones de euros, lo que supone un 0,2% del PIB. Esta medida supondría un 0,9%, si fueran cuantías de unos 20.000 euros”, explica Noguera. 

A juicio del investigador, ambas medidas podrían ser compatibles. Fuentes de Podemos consideran que esta posibilidad es “interesante”: “La medida ha sabido poner en el foco los problemas de los jóvenes. Pero como toda medida, debe ser integrada en una estrategia global que refuerce el Estado del bienestar, el acceso a la vivienda y la reducción de la desigualdad”, explican fuentes del partido a infoLibre.

En el seno de Sumar hay un equipo que está investigando cómo se podría financiar esta medida con partidas de ingresos extra destinadas a las rentas altas. Actualmente están haciendo cábalas con datos de cuatro países europeos, porque todavía no disponen de datos en España. Se trata de Alemania, Irlanda, Finlandia e Italia. “Simulamos diferentes cuantías de herencia universal y tipos impositivos sobre la riqueza que serían necesarios. Para cuantías de entre 20.000 y 30.000 euros, con un tipo entre el 5% y el 10% sobre la riqueza serían fácilmente financiables”, explican. 

“Yo creo que mejor que dar el dinero a fondo perdido, lo invertiría en becas y vivienda para jóvenes”, explica la economista Mónica Melle. “No he entendido muy bien la propuesta. Hay muchas necesidades de los jóvenes que se podrían cubrir sin necesidad de dar el dinero a fondo perdido, no veo que vaya a ser eficaz. Los jóvenes sufren un problema de precariedad, de desempleo y de problema de acceso a la vivienda y es donde hay que poner el tiro: invertir en formación, en estudios de máster, en ayudas para estudiar idiomas en el extranjero y en bonificaciones para el alquiler, mientras se construye paralelamente el parque público del alquiler”, añade. 

Para controlar el control del gasto, Noguera defiende que hay modos de poner límites. La primera que considera importante es mejorar la educación financiera de los jóvenes, para que entendieran la importancia de invertir correctamente el desembolso de la herencia universal. También contemplan una lista de usos posibles, al estilo del cheque cultural. “Aún no se ha concretado, es una posibilidad”, explica el investigador, que participa en el diseño de la medida. 

“Esta vieja idea pone el foco en algo evidente: las herencias están detrás de la desigualdad”, indica el catedrático Juan Gimeno, que afirma que el 70% de la desigualdad está causada en España por las herencias. “No obstante, me parece más bonita en la teoría que en la práctica. Es relativamente cara y no sé si es del todo eficaz. De la renta básica tenemos una gran cantidad de experiencias, casi en su totalidad positivas. No sé qué efecto tendrían las herencias en los jóvenes, pero creo que nada garantiza que cinco años después de recibirla [quien la perciba] no siga en una situación de miseria”, incide Gimeno. 

José Antonio Noguera, que coincide en el diagnóstico de los problemas burocráticos del IMV, defiende que la herencia universal sería, como su nombre indica, universal, y por lo tanto, automática: “Cuando cumples la edad establecida, la recibes”, resume. El investigador cree que el Ingreso Mínimo Vital ha supuesto "un avance muy importante”, pero tiene un amplio margen de mejora, como así defiende Sumar en sus propuestas. Por ejemplo, ampliar los perfiles de beneficiarios, aumentar las cuantías y asegurar un sistema que compatibilice esta prestación con las rentas mínimas autonómicas. 

“Es curioso que la idea de la herencia universal haya suscitado tantos titulares, una medida a la que le dedicamos cuatro líneas en el documento. Las propuestas para mejorar el Ingreso Mínimo Vital no han recibido tanta atención, cuando le dedicamos cuatro páginas”, ironiza el investigador, entre risas.

La Seguridad Social abrió un total de 680.707 expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2022, pero sólo fue capaz de resolver 364.349. El pasado diciembre, los ciudadanos detrás de los restantes 316.358 estaban aún a la espera de saber si se les concedía o no la ayuda de los 484 euros. Es decir, casi la mitad de los expedientes –el 46,74%– se encontraban en el limbo burocrático. Las cifras proceden del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que hace y publica un seguimiento mensual de indicadores y objetivos para cada una de las prestaciones que concede. En el correspondiente al IMV figuraba como meta para el ejercicio pasado “conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados)” del 100%, que obviamente no se ha cumplido. Y por mucho.

Para medir el volumen de trabajo pendiente, se puede comparar esa cifra con la de los 595.511 hogares beneficiados con el IMV desde que comenzó a pagarse, en junio de 2020, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de la Seguridad Social.

Entre esos indicadores y objetivos no se incluye en el caso del IMV ninguno relativo a tiempos medios de tramitación, a diferencia de otras prestaciones. Para las de incapacidad permanente se fija un objetivo de 60 días en 2022, pero la espera media se situaba en diciembre en 89 días, casi tres meses. Para tramitar una pensión de jubilación, se pretendía llegar a sólo 12 días, pero se quedó en 21. El derecho a las de viudedad y orfandad debería haber sido reconocido en 10 días, pero no baja de 23. Aunque el INSS no haya fijado ningún objetivo de tiempo de resolución para los expedientes del IMV, en la solicitud en PDF para solicitar la ayuda sí que destaca en su primera línea que “el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento iniciado es de seis meses”. El doble que el actual para reconocer una incapacidad permanente, por tanto.

El problema es que la tramitación supera ampliamente ese plazo. “Pueden ser 10 meses o incluso más”, lamenta Ana Herrero, que trabaja con estos expedientes en el INSS de Soria y es delegada del sindicato CGT. Las causas de semejante demora son múltiples. “Es una prestación más complicada que las demás, ha habido muchas modificaciones en la ley desde que se creó, utilizamos programas informáticos que no están preparados y no hay personal suficiente”, resume.

En los indicadores y objetivos del IMV, el INSS hace constar que la plantilla dedicada a tramitar estos expedientes debería haber sido el año pasado de 1.275 funcionarios, para los que se había presupuestado un gasto de personal de 49,8 millones de euros. En enero de 2022, los empleados públicos al cargo del IMV eran 1.131, un número que creció hasta llegar a 1.239 en septiembre, pero que se quedó en 1.219 al acabar el año, 56 funcionarios por debajo del objetivo presupuestado inicialmente.

“Tocamos a 400 expedientes por funcionario”, explica Ana Herrero, “y tramitamos unos 10 o 15 al día”. El volumen nunca baja, añade, porque cada nuevo día entran otros tantos como los resueltos la víspera.

La falta de personal en la Seguridad Social, así como su envejecimiento, han sido una denuncia constante de los sindicatos de la función pública desde hace una década. El propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, cifra en un 20% la reducción de las plantillas desde 2012, que achaca a la falta de cobertura de las vacantes. Llamadas y citas previas desatendidas, colas en las oficinas, interrupciones en el pago de prestaciones, demoras en el reconocimiento del derecho, el cierre de las oficinas de atención desde la pandemia, el paso de la atención presencial a la telemática para trámites muy complejos… son sólo algunas de las quejas sindicales y ciudadanas que han llegado al Defensor del Pueblo.

En su último informe, hecho público el pasado día 13, Ángel Gabilondo destaca las “cuantiosas” quejas recibidas por “la dificultad que encuentran los ciudadanos para conseguir cita en la Seguridad Social”. Además, es el IMV la prestación social sobre la que el Defensor recibe más denuncias desde que se creó la ayuda en mayo de 2020, “por encima incluso de la pensión de jubilación”. En el Congreso, José Luis Escrivá minimizó estos datos señalando que eran sólo “3.500 quejas de los 17 millones de interacciones” que la Seguridad Social tiene cada año con los ciudadanos. Según el informe del Defensor del Pueblo, Seguridad Social y Empleo es el área de la que recibe más quejas, un 13,2%. De los 31.452 expedientes abiertos por la institución, 4.151 proceden de esos dos territorios. Por lo que a la Seguridad Social se refiere, el Defensor del Pueblo constata el “lastre” que para la asistencia al ciudadano supone la “carencia de personal” en la red de oficinas del INSS, la dificultad para dotarlas de más funcionarios y la brecha digital, toda vez que se fomenta la asistencia no presencial.

Nada más aprobarse el IMV, el Ministerio de Seguridad Social firmó una encomienda de gestión con Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, para que le apoyara en la gestión de los expedientes. Fueron dos encargos: uno para tramitar las solicitudes y otro para proporcionar atención telefónica a los solicitantes de la ayuda. Las encomiendas, de cuatro meses de duración, se prorrogaron hasta diciembre. Pero no se renovaron en 2021. Para ayudar en la gestión de los expedientes, Tragsatec aportó 500 empleados en régimen de teletrabajo –España se encontraba todavía en plena pandemia–. En total, la Seguridad Social se gastó 9,31 millones de euros para lanzar el IMV.

Además, el ministerio puso a 3.380 interinos a trabajar con los expedientes, según la cifra facilitada a infoLibre por el departamento. Ana Herrero recuerda que el contrato de esos interinos terminará en septiembre. Preguntada por la falta de personal y las demoras en la tramitación de los expedientes, la Seguridad Social responde que la mayoría de los 316.358 no resueltos “requieren documentación adicional, que deben expedir otras administraciones, como el certificado de servicios sociales, y muchos se encuentran a la espera de recibirla”. Pero no explica a qué se debe el retraso, si la causa es la falta de personal, cuánto tiempo se tarda en resolver una solicitud o por qué no se renovaron las encomiendas con Tragsatec.

En efecto, la tramitación del IMV resulta especialmente compleja debido a que es necesario “incorporar de forma automatizada mucha información procedente de otras administraciones públicas”, reconoce el Defensor del Pueblo en su informe. Los funcionarios deben cruzar datos de la Agencia Tributaria, del padrón –que elabora el Instituto Nacional de Estadística–, de los ayuntamientos –que emiten los certificados sociales— y a veces del Ministerio del Interior si es necesario un certificado de residencia legal en España al tratarse de un ciudadano extranjero.

En definitiva, el IMV ha supuesto un aumento de la carga de trabajo para una administración “ya tensionada por la disminución y adelgazamiento de su plantilla”, subraya el Defensor del Pueblo. Pero, además, los funcionarios se encuentran con problemas adicionales. Según denuncia Sergio Álvarez, delegado de CGT en el INSS, la gestión del IMV está “deslocalizada”, por lo que una solicitud puede tramitarse en la delegación de una provincia distinta a la de residencia del futuro perceptor. “Y los programas informáticos son tan malos que, por ejemplo, no te permiten incluir el acuerdo derivado de una sentencia de divorcio o, como no es obligatorio incorporar el DNI de los menores, la Intervención te para el expediente porque ellos sí los exigen. Entonces tienes que cancelar el expediente y enviarlo a lo que llamamos la ‘rueda’, donde se le vuelve a asignar a una delegación provincial del INSS y empieza de nuevo la tramitación… con el consiguiente retraso”, describe Ana Herrero.

Así, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso infoLibre, el pasado septiembre en Barcelona se estaban tramitando aún las solicitudes de febrero. Y en Madrid, de las 61.113 solicitudes recibidas en 2021, 4.118 fueron canceladas y 10.746 inadmitidas, una calificación que sólo existe para el IMV, pero para ninguna otra prestación. Las primeras son aquellas que aparecen duplicadas o a las que se pide documentación y no se entrega. Las segundas no llegan a pasar el primer filtro, el de la renta y el patrimonio. En total, casi una cuarta parte de las solicitudes del IMV en Madrid fueron rechazadas sin llegar a ser tramitadas o se hallaban en “la rueda” tras ser canceladas y a la espera de reanudar su tramitación. Muchas más, 21.174, el 34,6%, fueron denegadas y sólo 13.910, el 22,7%, fueron aprobadas. Otras 2.831 fueron reconversiones de prestaciones familiares y las restantes 8.334 estaban a la espera de ser resueltas.

Otra disfunción del sistema, tal y como revela Ana Herrero, es que desde que la Seguridad Social concede también el complemento de ayuda para la infancia –100 euros para los menores de tres años, 70 euros para quienes tienen hasta seis años y 50 euros hasta los 18– no se hace distinción entre éste y el IMV. El ingreso mínimo no tiene prioridad en la tramitación respecto al complemento, pese a que la ayuda a la infancia la pueden cobrar familias con mayores ingresos y patrimonio que los fijados para el IMV. Se tramitan ambos al mismo tiempo.

¿Qué ocurre cuando la solicitud del IMV pasa más de seis meses en tramitación? El ciudadano puede preguntar al INSS. Pero se encontrará con “importantes dificultades para obtener cita previa en la mayoría de las provincias, por no estar disponibles, o por significativas demoras en su concesión”, advierte el informe del Defensor del Pueblo, “lo que conduce a reiterados intentos, en sucesivos días y horas, a acudir a una provincia menos saturada que no corresponde a su domicilio o a recurrir a gestorías privadas, con el consiguiente abono del servicio”.

De nuevo según al informe sobre indicadores y objetivos del INSS, la atención a los usuarios se ha reducido un 38% entre 2019 y 2022. En 2019 la Seguridad Social pretendía atender a ocho millones de personas, pero en 2022 los atendidos de forma presencial y por teléfono sólo fueron 4,95 millones de ciudadanos. El resto contactó con el INSS a través de internet, o no contactó en absoluto. La asistencia telemática es desde 2021 el canal que prioriza el ministerio. Según las cifras facilitadas a este periódico, las “atenciones” a través de la web superaron los seis millones en 2022.

Pero, si la consulta es sobre el IMV, puede que el interesado no obtenga una respuesta satisfactoria. Para empezar, el teléfono de asistencia para esta prestación atiende sólo por las mañanas, de nueve a dos y media de la tarde, mientras que para el resto de las prestaciones el horario de atención se prolonga hasta las ocho. infoLibre ha preguntado al ministerio por el motivo de esta diferencia, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Además, desde que dejaron de ayudar los 150 empleados de Tragsatec, en diciembre de 2020, sólo se han añadido cinco funcionarios a este servicio, por lo que ahora únicamente 20 personas atienden a los solicitantes del IMV de toda España por teléfono, lamenta Sergio Álvarez. Además, en algunas provincias el funcionario al otro lado de la línea no puede abrir una incidencia; no se permiten, asegura. O, a diferencia de lo que ocurre con otras prestaciones, no puede comprobar en su ordenador los datos de la solicitud para informar al ciudadano de cuál es el problema con su expediente. “No existe una aplicación informática propia para el IMV”, resume.

Así que no es de extrañar que las llamadas al teléfono de atención al IMV se desplomaran de las 813.055 de 2020 a sólo 136.609 en 2021, último año del que el INSS publica datos en su memoria.

En su lugar, el ministerio potencia el trámite electrónico. Que no está exento de dificultades. El PDF que ofrece el INSS para solicitar la prestación tiene nada menos que 19 páginas y requiere adjuntar múltiple documentación. Un buen ejemplo de la brecha digital que se abre para muchos posibles perceptores del IMV. El ministerio asegura a infoLibre que intenta hacer “más ágiles” los trámites y permitir “fórmulas de autenticación sencillas”. Por ejemplo, ahora los ciudadanos pueden solicitar el IMV haciéndose un selfie donde aparezca con su DNI. “Pero hay veces”, cuenta resignada Ana Herrero, “que en la foto el número del carné aparece tan borroso que no podemos leerlo y hay que pedirle al solicitante que lo vuelva a mandar…”. La Seguridad Social asegura que el 25% de las personas que se han acercado al autobús informativo que recorre España desde el pasado mes de octubre preguntaban por el IMV que tenían en tramitación.

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** Una vez publicada esta información, el Ministerio de Seguridad Social confirma que "los datos de solicitudes resueltas que figuran en el artículo se han extraído del informe de seguimiento de indicadores y objetivos" que publica el propio departamento,  pero precisa que no son "coincidentes con los datos de gestión internos que permiten valorar la gestión real, puesto que no incluyen los expedientes "inadmitidos", los que se rechazan tras cruzarlos con los datos de renta de la Agencia Tributaria. Según el ministerio, las cifras reales de gestión son más elevadas: 512.910 expedientes fueron resueltos en 2022, lo que supone más de un 75% de los expedientes iniciados.

Además, asegura que el final del año 2022 fue "especialmente intenso", con 130.000 solicitudes en noviembre y diciembre, por lo que muchas de ellas, "al requerir cierta documentación", no quedaron resueltas al terminar el ejercicio. En enero de 2023, por el contrario, se resolvió un volumen mayor, "probablemente muchas de la solicitudes que se presentaron en noviembre y diciembre de 2022".

“El próximo 26 de junio, 255.000 ciudadanos de nuestro país recibirán el Ingreso Mínimo Vital en sus cuentas bancarias”, anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa el verano de 2020, nada más aprobarse la ayuda destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Sánchez se refería a los 74.119 hogares que iban a percibir de oficio el IMV porque ya estaban cobrando la prestación por hijo a cargo, cuya cuantía varía, según la edad y el grado de discapacidad, de 83 a 679,9 euros al mes. Siempre que ésta no superara la fijada para el IMV, entonces entre 701,5 y 1.015 euros al mes dependiendo del tipo de hogar y número de hijos, sus beneficiarios pasaban a ingresar la ayuda creada por José Luis Escrivá.

Como con fecha del 1 de enero de cada año deben revisarse los expedientes del IMV para actualizar la prestación en función de los ingresos obtenidos el ejercicio anterior, en octubre de 2021 se cruzaron los datos de los perceptores de 2020 con los datos sobre sus rentas facilitados por la Agencia Tributaria. El resultado fue que, de 69.259 expedientes revisados, 4.706 superaban el límite de renta y, por tanto, debían darse de baja del IMV. Además, estos perceptores tenían que devolver las cantidades cobradas de forma indebida. En algunos casos, las cantidades podían alcanzar los 10.000 y los 15.000 euros, un desembolso considerable para quienes ya de por sí deben lidiar con dificultades económicas severas.

Los datos proceden de un correo con fecha de 27 de octubre de 2021 al que ha tenido acceso infoLibre y donde el subdirector general de Incapacidad Temporal y Prestaciones Económicas no Contributivas, Daniel Sánchez García, informaba a las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del resultado del cruce con la Agencia Tributaria de los expedientes de la “primera conversión” de prestaciones por hijo menor a cargo en “IMV transitorio”. Así, de los 69.259 expedientes revisados, el importe de la mayoría, 57.138, era inferior a la renta garantizada para 2020 y el de 4.613 era idéntico. Otros 807 tenían que ser dados de baja entre junio y diciembre de 2020, pero dados de alta a partir del 1 de enero de 2021 porque sí cumplían la situación de vulnerabilidad ese año. A 1.995 se les iba a reconocer de oficio el IMV con carácter excepcional, o se les daba la opción de cobrar la prestación por hijo a cargo, porque entraban en situación de vulnerabilidad económica sobrevenida.

infoLibre ha pedido al Ministerio de la Seguridad Social el número final de perceptores del IMV a los que se trasladó de oficio desde la prestación por hijo a cargo, pero el departamento asegura que carece de ese dato. Tampoco ha querido facilitar la cifra de cuántos han devuelto las cantidades percibidas indebidamente ni a cuánto ascendía cada caso individual. Pero si el número final de devoluciones se mantiene en la misma proporción que resultó a fecha de octubre de 2021, para el total de los 74.119 perceptores de la prestación por hijo a cargo reconvertidos en IMV, la cifra de beneficiarios que tuvieron que reintegrar la ayuda puede ascender a unas 5.000 personas.

El Defensor del Pueblo ha incluido en sus informes de los dos últimos años numerosas quejas sobre la tramitación del IMV, una ayuda compleja dirigida a personas para las que resultan doblemente dificultosos los trámites burocráticos y las operaciones digitales. En el informe de 2021, la institución que dirige Ángel Gabilondo explicaba que había preguntado a la Seguridad Social por los resultados del cruce de datos con la Agencia Tributaria para actualizar la prestación. El INSS le contestó que esa revisión había comenzado en octubre de 2021 precisamente con los expedientes del IMV reconvertidos de oficio desde la prestación por hijo a cargo, un proceso que, según decía, se iba a prolongar durante el último trimestre de ese año con el resto de los expedientes de la ayuda. Sin embargo, destaca el Defensor, la Agencia Tributaria le había informado de que había facilitado a la Seguridad Social, ya en julio de 2021, “los datos de renta, imputaciones e información patrimonial del ejercicio fiscal 2020”. Es decir, tres meses antes de que el INSS empezara el cruce con sus datos.

Así que el informe reprocha a la Seguridad Social la “demora” para actualizar y revisar la prestación, a efectos de 1 de enero de 2021, a los beneficiarios del IMV reconocido en 2020, puesto que algunos de ellos, añade, pudieron recibir –durante 2021– esa ayuda “en exceso y, por tanto, indebidamente”. Por ese motivo, el Defensor solicitó al INSS información sobre “la repercusión de la deuda que se hubiera podido generar por dicha circunstancia”.

En su informe de 2022, el Defensor del Pueblo repite su “preocupación” por los “perjuicios” que ocasiona el sistema de actualización del IMV. Vuelve a señalar que la demora en el cruce de datos es excesiva: la resolución no se ejecuta hasta finales de noviembre. Por tanto, los beneficiarios de la ayuda “están recibiendo durante casi todo el año una cuantía que no refleja su situación económica”. Y se les pide el reintegro cuando superan el nivel de renta establecido en la ley. El informe describe muy bien el perjuicio ocasionado: “Los ciudadanos no son conscientes de la deuda que han podido acumular y se encuentran con graves dificultades para reintegrar la prestación que han cobrado durante prácticamente todo el año, pues su situación económica sigue, en muchos casos, en el umbral de la pobreza”.

El Defensor del Pueblo entiende la “complejidad de gestión” del IMV y el “gran volumen de trabajo que genera”, por lo que concede que se produzca una “demora razonable” en las revisiones anuales de la ayuda. Pero critica el método utilizado por el INSS para actualizarla. En 2021, asegura con cifras de la Seguridad Social, 99.690 expedientes del IMV generaron prestaciones indebidas. En este momento, cobran la ayuda un total de 595.511 hogares, de acuerdo con las cifras publicadas por el ministerio el pasado viernes.

Para resolver estos problemas, el INSS modificó el sistema de devolución de las ayudas cobradas de más. Ahora, explica el ministerio a este periódico, se compensa el importe adeudado en los siguientes pagos “de manera sencilla y menos burocrática que la que existía con carácter general para las deudas del resto de las prestaciones”.

Sin embargo, no se ha adelantado el cruce de datos con la Agencia Tributaria y, por tanto, la revisión de las rentas. “Sigue existiendo el mismo problema cuando cambia la renta o la unidad de convivencia, el procedimiento no es lo bastante ágil”, lamenta Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. Según explica, la creación del complemento de ayuda para la infancia ha sido un acierto y mejora la prestación por hijo a cargo, pues ha aumentado la cobertura al aplicar umbrales de renta más altos, hasta 27.000 euros para dos adultos y dos niños. La antigua prestación es ahora una ayuda a extinguir en la que no entrarán nuevos beneficiarios.

Pero aun así, la cifra de beneficiarios, lejos de los 850.000 hogares que apuntó José Luis Escrivá cuando se aprobó el IMV, indica claramente que existe “mucho margen de mejora”, subraya Ricardo Ibarra. A su juicio, el objetivo debería ser atajar no sólo la pobreza severa, sino la pobreza sin más. Y el ministerio debería trabajar para que tenga acceso a la ayuda todo el que debería, “y menos en que no se cuele nadie”, advierte. Es decir, pagar la prestación y comprobar después si se ha dado correctamente. La dificultad burocrática y de requisitos, recomienda, puede eludirse con una deducción fiscal reembolsable para la infancia, que considera una medida más adecuada.

En sus informes, el Defensor del Pueblo sugería al INSS que permitiera a los beneficiarios obligados a declarar el IRPF presentar “declaraciones voluntarias tempranas” de sus rentas e hiciera después las comprobaciones pertinentes.

El efecto tractor de la Semana Santa ha impulsado la creación de empleo en marzo hasta hacer de este mes de 2023 el mejor de la serie histórica, que comienza en 1996. La Seguridad Social registra 206.410 nuevos afiliados, un crecimiento del 1% respecto al mes anterior. Pese a que el responsable del departamento, José Luis Escrivá, ha disociado las buenas cifras de empleo de ese tirón estacional, lo cierto es que el mayor aumento de cotizantes, tanto en cifras absolutas como relativas, se ha producido en la hostelería, que genera 71.808 nuevos empleos, un aumento del 5,67% respecto a febrero. Le siguen, pero a mucha distancia, los 14.957 nuevos afiliados del comercio o los 14.938 de la administración pública. En volúmenes semejantes ha crecido el empleo en sanidad –13.624 cotizantes más– y educación –12.728–, con alzas que no superan el 1,5% mensual.

De esta forma, la Seguridad Social alcanza los 20,37 millones de afiliados, que es también el mejor dato desde 1996. En el último año, el empleo ha crecido en 542.049 cotizantes, un 2,73%. Desde la pandemia, hay 1,1 millones de afiliados más. De ahí que el ministerio destaque la mejora que eso supone en la relación entre número de cotizantes y de pensionistas, que ahora es de 2,41 afiliados por cada jubilado, “el nivel más alto de la década”, asegura el departamento de José Luis Escrivá nada más aprobar la reforma del sistema de pensiones.

El mismo buen tono muestran las cifras del paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), que han bajado en 48.755 personas, un 1,67%. Tras subir en enero –70.744 nuevos parados– y febrero –2.618–, el descenso del número de desempleados en marzo de este año es superior al registrado en ese mismo mes en 2018, 2019 y 2022, pero menor al de 2021. La mayor parte de la bajada se debe al sector servicios, donde hay 42.789 parados menos. También se ha reducido más el desempleo femenino en cifras absolutas, 25.897 mujeres menos en el paro, que el masculino, con una caída de 22.858 hombres.

Aun así, en España quedan todavía 2,86 millones de parados. El Ministerio de Trabajo destaca que es la cifra más baja, en un mes de marzo, desde 2008, justo antes de estallar la crisis financiera desatada por la quiebra de Lehman Brothers.

Este año, en cambio, los malos vientos augurados por la caída de Credit Suisse y las dudas sobre Deutsche Bank en medio de la crisis de precios y la guerra de Ucrania no han podido con los buenos presagios del consumo para la Semana Santa. Y ese comportamiento se refleja en el hecho de que todas las comunidades autónomas han ganado en empleo, pero con Baleares y Andalucía a la cabeza, que aumentan su número de afiliados en un 6,4% y un 1,36%, respectivamente. Todos los territorios reducen igualmente sus cifras de desempleados, menos la Comunidad de Madrid, que gana 1.013 nuevos parados. En cambio, son Andalucía y Canarias las que lideran la bajada del desempleo, con 15.284 y 5.775 parados menos.

La reforma laboral sigue notándose en el cambio de modelo de contratación, según subraya el Ministerio de Trabajo: el 46,82% de los contratos firmados en marzo fueron indefinidos, casi un punto y medio más del porcentaje de febrero, mientras que los temporales se reducen en un 39,6% respecto a hace un año. Su traducción en términos de cotizantes a la Seguridad Social es la caída de los afiliados con contrato temporal hasta el 14%, la mitad de los que había antes de la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021. Es, apunta el ministerio, el mínimo histórico.

De los 1,31 millones de contratos registrados en marzo, 284.208 son a tiempo completo, 180.909 son fijos discontinuos y 150.557 a tiempo parcial. Los primeros han aumentado un 23,23% respecto a febrero, los segundos un 28,03% y los terceros un 24,16%. En comparación con el mismo mes de 2022, los de jornada completa han crecido un 8,97%, los de tiempo parcial un 2,52% y los fijos discontinuos, un 70,67%. Según el Ministerio de Seguridad Social, también sigue aumentando la duración media de los contratos, con un alza de 47 días entre enero y marzo respecto al mismo trimestre de 2019.

Otro cambio, pero éste recién estrenado, es el aumento de la base reguladora del 50% al 60% a partir del séptimo mes de cobro de la prestación por desempleo. Trabajo siempre publica los datos sobre prestaciones con un mes de retraso respecto de las cifras de paro, por lo que este mes se conocen los de febrero. Y la subida de la base reguladora se empezó a aplicar en enero. La cuantía media de la prestación de paro ha crecido un 7,3% en febrero, y se sitúa en 961,6 euros al mes. En España, 1,86 millones de personas la cobran, un 1,1% más que hace un año. La cobertura de la prestación alcanza el 68,11%, el porcentaje más alto en un mes de febrero desde 2012. La menor fue en febrero de 2016, cuando sólo protegía al 54,8% de los desempleados. Pero aún queda lejos del 80,6% al que se llegó en ese mismo mes de 2010.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han elogiado las buenas cifras de empleo. “Crear 206.000 empleos en un mes y concretamente en el mes de marzo es un dato extraordinario, que no tiene precedentes”, ha asegurado Escrivá, quien subraya el “complicado contexto” económico. Ambos ministros han presagiado que la misma tónica optimista continuará en los próximos meses, pese a reconocer que “ir a un ritmo de 100.000 empleos al mes no es sostenible”, en palabras de Escrivá en la Cadena Ser. “Queda aún mucho por hacer para dejar atrás la cultura de la precariedad”, advirtió en todo caso Yolanda Díaz en su cuenta de Twitter, tras atribuir el mérito de la “robustez” del mercado de trabajo a la reforma laboral, que “protege mejor el empleo en situaciones de crisis”.

El sindicato UGT también ha celebrado el “éxito” de la reforma laboral, pero reclama medidas contra el “despido barato”, reformando sus causas y costes, y que se recuperen todas las garantías que perdieron los contratos indefinidos con la reforma laboral de 2012. Además, pide más recursos para los servicios públicos de empleo y que se mejore la cobertura de las prestaciones de paro.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo ha advertido frente a los “mensajes triunfalistas” cuando la tasa de paro aún se mantiene en el 12%. En una entrevista en TVE, Sordo ha tachado de un “poco apresurada” la idea de que el modelo productivo ha cambiado en España, a tenor del empleo que se está creando en sectores de alto valor añadido, como le gusta destacar al Ministerio de Seguridad Social. “Aunque la correcta utilización de los fondos de recuperación europeos puede contribuir a acelerar esa transformación”, ha matizado.

Finalmente, la CEOE sostiene que los datos de empleo de marzo constatan la “mayor resiliencia” de mercado laboral, pese a “la incertidumbre económica derivada del conflicto bélico en Ucrania, la inflación y el encarecimiento generalizado de los costes laborales y de producción”. Pero también cree que “las empresas de pequeño tamaño están sufriendo” y pone como ejemplo que se han perdido más de 6.000 autónomos y más 13.000 empresas han cerrado desde principios de año.

El fin de las rebajas no ha impedido que febrero haya terminado con 88.918 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. No sólo se ha invertido el descenso de afiliación con que se estrenó 2023 el pasado enero, cuando se perdieron 215.047 ocupados –una caída del 1,06% mensual–, sino que además nunca se había creado tanto empleo en un mes de febrero de 2015. La razón de este auge está en las alzas experimentadas en la educación –26.798 nuevos cotizantes–, la hostelería –25.073 más– y la construcción –22.411 más–, que han compensado con creces los 11.781 trabajadores perdidos en el comercio. También ha caído la afiliación de forma considerable en la sanidad, donde han desaparecido 9.934 ocupados.

A pesar de estas buenas cifras de afiliación, el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado este último mes, aunque poco: hay 2.618 desempleados más que en enero. El alza, del 0,09% es mucho menor que la de enero, cuando el paro creció en 70.744 personas, un 2,49%. También es mucho menor que la media de los últimos 15 años, 35.280 parados, según destaca el Ministerio de Trabajo. De esta forma, en España hay aún 2,91 millones de desempleados, la menor cifra en un mes de febrero desde 2008, añade el departamento.

No obstante, en las estadísticas del paro registrado destaca este mes el aumento del paro entre las mujeres, 4.135 desempleadas más que en enero, frente a un descenso de 1.517 desempleados entre los hombres. Es quizás el resultado de la mayor cuota de empleo femenino en el comercio, que ha soltado lastre laboral tras las rebajas. También ha crecido el paro de quienes se incorporan al mercado de trabajo por primera vez, 10.139 nuevos desempleados, un aumento del 4,1%. Y de los menores de 25 años, 11.862 más, un 11,8%. El Ministerio de Trabajo apunta en todo caso que los 215.366 jóvenes registrados en las oficinas del SEPE constituyen la cifra más baja en un mes de febrero desde 1996. En perspectiva anual, el descenso del paro alcanza las 200.669 personas, una caída del 6,4%.

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, se sitúa en febrero en 20,17 millones de cotizantes, también la más alta en este mes desde 1996. Por tanto, el sistema ha ganado 475.870 afiliados en el último año, un aumento del 2,42%. Se trata de una mejora superior a las de los dos meses anteriores –2,31% y 2,38%–, pero por debajo de la de noviembre –2,69%– y lejos de la subida interanual de febrero de 2022 –4,48%–. Es decir, se ha contenido ligeramente la ralentización del mercado laboral que se viene acusando desde el verano pasado. En total, la ocupación ha crecido en 920.948 cotizantes desde que comenzó la crisis de la pandemia.

También continúa a buen ritmo el empleo indefinido. El 45,46% de los contratos firmados en febrero eran de ese tipo, un punto y medio por encima de los de enero. De ellos, 230.635 son de jornada completa, un 32,6% más que en febrero de 2021, y 141.305 son fijos discontinuos, casi el triple que hace un año. Los indefinidos a tiempo parcial, 121.260, han aumentado un 27,2%. El número de los contratos temporales se ha reducido un 47,5% en los últimos 12 meses. Traducidos los contratos en términos de afiliación, los cotizantes temporales han pasado de representar el 30% antes de la reforma laboral a quedarse en el 14%. Los menores de 30 años con contrato temporal, destaca el Ministerio de Seguridad Social, han bajado del 53% al 22%. Según el departamento, de los cuatro millones de trabajadores que tenían un contrato temporal entre enero y marzo de 2022 –antes de la plena entrada en vigor de la reforma laboral– y que a día de hoy siguen de alta en la Seguridad Social, el 53% han pasado a tener un contrato indefinido: 1,73 millones un contrato ordinario y 407.688 uno fijo discontinuo. Además, los contratos duran más, una media de 50 días más respecto a 2019, asegura el ministerio.

Por comunidades autónomas, en febrero ha crecido el empleo en todas ellas, pero el paro ha subido en ocho. Donde más, en Madrid, con un aumento de 5.040 personas en cifras absolutas y un 1,63% en términos relativos, el segundo mayor tras Murcia –un 1,72%–. Donde más ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social ha sido en Cataluña, con 25.603 nuevos ocupados, un alza del 0,72%, más del doble de lo que han mejorado Baleares –11.792, un 2,6% en cifras relativas– y Madrid –11.690, un 0,33%–.

Los trabajadores protegidos por un ERTE continúan reduciéndose: quedan 14.624 –15.010 en enero–, de los que 13.025 estaban acogidos a suspensión de empleo o reducción de jornada por causas económicos, organizativas o de producción, mientras que por fuerza mayor son sólo 1.599.

Finalmente, los desempleados que perciben una prestación comenzaron el pasado enero a incorporar en su nómina el aumento del 50% al 60% en la base reguladora aprobada por el Gobierno, lo que ha aumentado un 8,1% la cantidad cobrada. Asciende de media a 965,7 euros, según el Ministerio de Trabajo. En España, perciben una prestación por desempleo 1,9 millones de personas, el 69,3% de quienes carecen de trabajo. Trabajo dice que es la mayor tasa de cobertura desde 2012.

Por el contrario, UGT cree que esa cobertura debería mejorarse, pues se sitúa 11,6 puntos por debajo de la registrada en 2010, cuando alcanzó su máximo histórico. Para su secretaria de Política Institucional, Cristina Estévez, los registros de febrero reflejan que se mantiene el “dinamismo” del mercado de trabajo, como también la calidad del empleo, toda vez que los contratos indefinidos siguen “aumentando su peso mes tras mes”. Para la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, los datos de febrero no son “malos”, porque “el empleo aguanta bien pese al ligero aumento del paro". Sin embargo, advierte contra el “triunfalismo” porque la tasa de desempleo en España sigue siendo muy alta.

La CEOE, en cambio, cree que se está produciendo “una importante destrucción de tejido empresarial que se traduce en la pérdida de 17.300 autónomos desde principios de año y el cierre de 16.764 empresas solo en el mes de enero”. Aunque la patronal reconoce que el mercado laboral “está en volúmenes de afiliación que encabezan la serie histórica”, advierte de que esa destrucción del tejido empresarial puede terminar destruyendo empleo a medio plazo.

Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha dudado en calificar de “fantástica” la cifra de empleo de febrero. A su juicio, es la consecuencia de que “las empresas españolas se están desenvolviendo en un entorno de confianza y de certidumbre que les permite tomar decisiones de inversión muy fuertes y además contratar a mucha gente”.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha lamentado la dureza de los datos de paro en España, ha puesto en valor el hecho de que, tras la pandemia, con una caída del PIB de 11 puntos, y una guerra, la tasa de paro se sitúe en el 12,9%.

El mercado de trabajo termina reluciente el mes de mayo, en las puertas de la temporada alta de la contratación. A tenor de las cifras tanto de paro como de afiliación a la Seguridad Social, en España hay más ganas de verano que miedo a los efectos económicos de la guerra en Ucrania. De modo que el empleo se sostiene por encima de los 20 millones de cotizantes, cota que alcanzó ya en abril, tanto en cifras estacionalizadas –20.025.089– como sin descontar los efectos del calendario –20.232.723–. Y el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha bajado de los tres millones de personas por primera vez desde noviembre de 2008. En España quedan aún 2,92 millones de personas sin empleo. En mayo han salido de esa lista 99.512 desempleados, un descenso del 3,29% respecto a abril, pero del 22,7% respecto a hace un año. Desde mayo de 2021 el número de parados ha caído en 858.259 inscritos.

Esa cifra es consistente con el casi millón más de ocupados –965.502— que revelan las estadísticas de la Seguridad Social para el último año. Tras crecer en 213.643 afiliados en mayo, ya hay 539.226 cotizantes más que antes de la pandemia, en febrero de 2020. Este último aumento es el mayor volumen desde 2006. El número de ocupados ganados el último mes está ligeramente por debajo de las mejoras de 2018 –237.000 cotizantes– y 2017 –223.192–, pero supera las de 2019 –211.752–, 2021 –211.923— y por supuesto los de 2020 –97.462–, en pleno confinamiento.

Además, continúa el cambio de tendencia de los contratos, con un aumento de 730.457 nuevos indefinidos, la cifra más alta desde que hay registros, según se encargó de destacar el Ministerio de Trabajo. La reforma laboral ha multiplicado por cuatro el número de contratos indefinidos respecto a los registrados en mayo de 2019. Y si se tienen en cuenta todos los inscritos desde enero, suman 2,49 millones, el triple que en el mismo periodo del año pasado. Mediado el año, los indefinidos representan el 44,52% de los contratos, lo que supone un descenso de 3,66 puntos porcentuales respecto de la cuota de abril, quizá porque aumentan los temporales para la campaña de verano.

La mejora de la calidad del empleo también se deja ver en los registros de la Seguridad Social: los afiliados con contratos indefinidos crecieron un mayo un 16% respecto a 2021, seis puntos más de lo que habían aumentado en abril sobre el año anterior. En total, el 79% de los cotizantes tienen uno de estos contratos, ocho puntos más que antes de la pandemia. Según resalta el Ministerio de Seguridad Social, incluso en la construcción, la hostelería, el turismo y las actividades administrativas se está afianzando el empleo fijo. Otro tanto ocurre con los menores de 30 años, una franja de edad abonado a la temporalidad. El 60% de ellos cuenta ahora con un contrato indefinido, cuando lo habitual era que no superaran el 39%.

Entre los contratos indefinidos, los fijos discontinuos son los que más han crecido, multiplicando por 13 los que había hace un año. Los de jornada parcial también están en pleno auge, pues se ha cuadriplicado su número en un año. Lo que deja entrever que hacia estas dos modalidades se está trasladando la contratación temporal. Ésta ha caído un 34,5% desde mayo de 2021, obligada por el cambio normativo tras la reforma que entró en vigor en abril.

Aunque el descenso del paro registrado este último mayo es inferior a los 129.378 desempleados que salieron de las listas del SEPE en 2021, supera los datos de ese mismo mes en 2019. La caída se extiende a todos los sectores, desde el 5,9% de la agricultura y el 4,1% de la construcción hasta el 3% de los servicios. También a los menores de 25 años, con un descenso del 38,1% desde mayo de 2021. La Seguridad Social afina más en el desglose y revela que la hostelería es la rama de actividad que más empleo ganó en mayo, 83.427 afiliados, un 6,22%. También en perspectiva anual: un 30,85% –335.758 cotizantes más–. Le siguen la agricultura, con un 3,46%, y las actividades administrativas, con un 1,53%.

El reparto territorial del empleo refleja igualmente la reactivación del sector turístico de cara a la temporada alta. Donde más ha bajado el paro y crecido la afiliación a la Seguridad Social es en Baleares, con una caída del 52% en el número de desempleados en el último año y un aumento de los cotizantes del 24,29%. En Canarias también ha sido significativo el descenso del paro, un 30,2% desde mayo de 2021, y de la afiliación, un 8,28%. En Cataluña, la bajada del número de desempleados es del 27,4% y en Madrid, del 25,4%, con alzas de cotizantes más modestas, del 4,78% y el 5%, respectivamente.

Transcurridos más de dos años del estallido de la pandemia, aún quedan en ERTE un total de 27.380 trabajadores, pero la mayoría se encuadran en el mecanismo ETOP –causas económicas, técnicas, organizativas o de producción–. Sólo quedan protegidos por causas de fuerza mayor 1.215 asalariados. Otros 3.711 pertenecen a agencias de viajes y están amparados por el nuevo mecanismo RED para sectores en dificultades.

El mayor número de trabajadores aún en ERTE, pero por causas económicas o técnicas sigue correspondiendo a los hoteles –2.980—y hostelería –2.328–, por delante del transporte aéreo –1.564– y el comercio –1.676– Pero se les han sumado los 2.010 del sector automovilístico, afectado por la rotura de las cadenas de suministro internacionales. Con la salida de los trabajadores de los ERTE, las prestaciones que se les abonan no dejan de descender. En abril –las cifras de prestaciones se publican con un mes de retraso respecto de las de desempleo– el SEPE pagó 47 millones de euros a estos trabajadores con los contratos suspendidos o la jornada reducida. Hace un año, el desembolso se elevaba a 591 millones de euros.

Los sindicatos han aplaudido los buenos datos de empleo de mayo. “Sabemos que una parte de ellos corresponden a la propia estacionalidad, pero no hay ninguna duda de que la reforma laboral ha tenido un impacto muy importante”, sostiene Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO. Para UGT, es “fundamental” que, en un momento en que se crea empleo y con la inflación en cotas muy elevadas, se suban los salarios. “No puede ser que la media de subida salarial sea del 2,4% mientras los precios crecen por encima del 8%, no puede ser que los trabajadores pierdan poder adquisitivo mientras las empresas siguen aumentando sus beneficios”, ha advertido la responsable de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez.

Por su parte, la CEOE enfría el optimismo y opta por la “cautela en la valoración del funcionamiento del mercado laboral y de su evolución en los próximos meses”, advirtiendo de la próxima bajada de las previsiones de crecimiento. Aun así, reconoce como “dato más relevante” el alza de la contratación indefinida, que no duda en atribuir a la reforma laboral. Al tiempo, pide que no se introduzcan “elementos que conduzcan a espirales inflacionistas”, en alusión, aunque sin nombrarlos, a los salarios.

Los españoles destinan el 39,3% de su salario bruto a pagar IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social. Al menos ésa era la cuña fiscal de España en 2021 según el informe Taxing wages que ha publicado este marte la OCDE. Son apenas tres décimas más que en 2020, el año de la pandemia, pero aún se encuentra dos décimas por debajo de la que cargaba sobre los sueldos españoles en 2019.

Ese porcentaje sitúa a España en el puesto 16 de la lista de los 36 países de la OCDE, el club de los más desarrollados. Por encima, con presiones fiscales más elevadas, se encuentran los principales miembros de la UE. Bélgica es la nación donde sus trabajadores pagan más en el IRPF y las cuotas sociales, un 52,6%, seguida de Alemania, con 48,1%. En Francia se destina a ese fin un 47%, en Italia un 46,5% y en Portugal un 41,8%. Por debajo, además de Estados Unidos –28,4%– y Reino Unido –31,3%–, aparecen desde los países bálticos e Israel hasta Japón. En Colombia no se paga nada, en Chile sólo un 7% y en México un 19,6%. No obstante, España queda por encima de la media de la OCDE, el 34,6%, un porcentaje que ha crecido 1,4 puntos desde 2019, siete veces más que el promedio español, por tanto.

Si la clasificación atiende a los costes laborales, España baja aún más en la tabla, hasta el puesto 21. La OCDE los calcula en 57.802 dólares en paridad de poder adquisitivo –53.859 euros– de media, muy por debajo de Suiza, con los más caros –89.841 dólares—o Alemania –85.370–, Italia –68.848— y Estados Unidos –68.077 dólares–. También quedan incluso por debajo de la media de la OCDE, que es de 58.270 dólares.

De ese 39,3% de carga fiscal, 11,3 puntos corresponden al impuesto sobre la renta, 4,9 puntos son cotizaciones a la Seguridad Social por parte del trabajador y los 23 restantes a las que aporta la empresa. Tanto en el IRPF como en las cuotas de los trabajadores, España queda por debajo de las medias de la OCDE –13 y 8,2 puntos, respectivamente–, pero supera en 10,5 puntos la de las cotizaciones empresariales.

El informe de la OCDE evalúa el impacto de la pandemia sobre la cuña fiscal y los salarios, para llegar a la conclusión de que las medidas sobre el IRPF y las cotizaciones sociales fueron un “componente menor” en la respuesta que los gobiernos dieron a la crisis del coronavirus. El análisis del organismo internacional no incluye mecanismos públicos como los ERTE, tampoco las prestaciones de desempleo o las subvenciones para determinados sectores, pero sí las ayudas directas a las familias con bajos ingresos. En todo caso, las medidas contra el impacto económico y social del covid sí que hicieron bajar la carga fiscal sobre los salarios en 2020, asegura el informe. Los sueldos, no obstante, también se redujeron ese año, y lo hicieron incluso en más países de los que sufrieron su caída en la crisis financiera de 2008, destaca.

En el año de la recuperación, los salarios subieron, pero con grandes diferencias entre naciones. En España apenas se notó la mejoría. Por dos motivos. El primero, los salarios reales antes de impuestos y cotizaciones sólo aumentaron dos décimas. Mientras, en Dinamarca el alza fue del 2,2%, en Portugal del 2,4%, en Reino Unido del 2,5%. E incluso más en Francia, con un 3,3%, y en Italia, con un 3,7%. En Estados Unidos mejoraron un 1,1%, pero en Lituania y en Letonia se dispararon hasta el 7,1% y el 8,7%, respectivamente. El segundo, en España, al igual que en Bélgica, EEUU, Luxemburgo, Estonia, Israel y Turquía, el tipo impositivo subió más –un 1,8%– que la retribución real bruta –ese 0,2% antes citado–, por lo que cayeron los salarios reales netos.

Fruto de las medidas de los gobiernos para amortiguar el impacto del covid, la carga fiscal para un trabajador soltero sin hijos que gana el salario medio español –28.632 euros– se alivió en dos décimas entre 2019 y 2021, muy poco si se compara con el 1,2% de Estados Unidos y Alemania, o el 1,4% de Italia. Pero lejos de países donde incluso aumentó, como Luxemburgo –1,7%– o Portugal –0,5%–. Para las familias monoparentales con un sueldo igual al 67% del salario medio, la presión fiscal se ha reducido en España tres décimas desde 2019, lo que la sitúa también muy lejos de, por ejemplo, Estados Unidos, donde cayó nada menos que un 10,2%. En ese país las medidas contra el covid se centraron en dar prestaciones directas a las familias con menores ingresos.

Al aumento de este tipo de ayudas, de un punto porcentual en su aportación a los costes laborales, atribuye la OCDE la caída de la cuña fiscal entre 2019 y 2021 en la mayoría de los países miembros, tanto para las familias monoparentales como para las que tienen un solo perceptor de salarios. De hecho, 33 de las 36 naciones analizadas concedieron prestaciones para familias monoparentales con dos hijos y salarios equivalentes al 67% del sueldo medio. En Polonia representaron el 31,7% de sus ingresos. De forma que, por ejemplo, la cuña fiscal fue negativa para estas familias en Chile, Nueva Zelanda, Colombia, Australia y Estados Unidos. En el IRPF, el tipo también fue negativo en siete países, uno de ellos España, con un -4,5%, gracias a las deducciones de 1.200 euros. Para parejas con dos hijos, el tipo impositivo fue negativo sólo en tres: Chequia, Eslovaquia y Alemania.

La OCDE también calcula cuánto dinero gana un trabajador con la carga fiscal que se le aplica en cada país: “el dinero que se lleva a casa”. Donde más, en Suiza, 69.359 dólares con paridad de poder de compra para un soltero sin hijas que gane el salario medio. En Reino Unido son 49.396 dólares. En España, la mitad que un suizo: 35.112 euros. Por debajo de la media, tanto de la OCDE como de la Unión Europea –35.773–. Claro que en México se queda en 12.554 dólares, el más bajo de la organización. Si la clasificación se hace con lo que se lleva a casa una pareja con dos hijos en la que sólo trabaje uno de sus miembros, Suiza también es la más generosa, con 80.283 dólares, seguida de Luxemburgo, con 71.239. España, de nuevo, se queda a la mitad, con 38.249 dólares. Una vez más, por debajo de la media de la OCDE –43.116– y de la UE –42.959–. Colombia y México son aquí también los más pobres, con 14.567 y 12.554 dólares.

La reforma laboral pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal consolida como un mecanismo permanente de protección del empleo los ERTE, que se han erigido en el elemento diferencial de esta última crisis económica respecto a las anteriores, por lo menos en lo que al mercado de trabajo se refiere. Ya sólo quedan 84.000 trabajadores amparados bajo estos esquemas públicos, de los 3,6 millones que llegaron a estar acogidos en lo peor de la pandemia, en mayo de 2020. Gracias a las prestaciones públicas para los asalariados y a la rebaja de cotizaciones para las empresas, la tasa de paro se ha contenido en el 14,57%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre. En el primer trimestre de 2013, en el punto más negro de la crisis financiera, España rozó el 27%.

“Es la primera vez que hemos gestionado una crisis sin dejar a las empresas y sin despidos masivos”, se congratuló la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un foro el pasado mes de octubre. Entonces cifró en más de medio millón las empresas que se habían salvado gracias a los ERTE y se comprometió a transformarlos en mecanismos “estructurales”, que aquellas podrán utilizar “cuando sufran crisis coyunturales”.

Los ERTE ya existían antes del covid-19 –no sólo en España, sino también en el resto de los países de la UE– pero su utilización e impacto habían sido hasta entonces limitados. De hecho, cuando las empresas sufrían problemas, la solución (española) inmediata era recortar plantilla deshaciéndose de los empleados temporales. Entre 2007 y 2011, en España se quedaron sin trabajo 1,44 millones de trabajadores eventuales, según un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal (Agett). Esa cifra representa el 90% del empleo temporal destruido en toda la UE en esos años. Como se sabe, la tasa de temporalidad española es la segunda más elevada de la UE, sólo superada por Polonia: el 26% también según la última EPA. Cada mes, el 90% de los contratos que se firman tienen una duración determinada. Una dinámica que no ha variado desde que en 1984 se permitió el uso del contrato temporal como “medida de fomento del empleo”, desligándolo de una causa –repuntes de producción o demanda–.

Pues bien, según un estudio recién publicado por Victoria Osuna y José Ignacio García Pérez, profesores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, sin ERTE la tasa de paro en España se habría disparado hasta casi el 42%. Es más, los ERTE han sido especialmente efectivos a la hora de frenar la destrucción de empleo temporal, hasta ahora el primer pagano de cualquier crisis económica.

Pese a que la cifra del 42% puede parecer brutal, Osuna y García Rey destacan que es similar a la que calculan los investigadores de Fedea Juan José Dolado, Florentino Felgueroso y Juan Francisco Jimeno utilizando el mismo método que emplea la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU para medir la infrautilización de la mano de obra: un 40,6% en el segundo trimestre de 2020. La cifra resulta de añadir a los desempleados, tanto los trabajadores en ERTE como los inactivos dispuestos a trabajar pero que no buscan empleo.

Tomando como base la EPA, los registros del Servicio Público de Empleo (SEPE) y la Muestra Continua de Vidas Laborales, Osuna y García Pérez calculan los efectos que los ERTE han tenido en el mercado de trabajo español en tres momentos distintos. El primero, durante la fase inicial de la crisis financiera (2008), cuando apenas se utilizaron y el recorte de plantillas se llevó a cabo eliminando empleados temporales. El segundo, en los años 2012 y 2013, cuando el PP suprimió la autorización administrativa para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), incluidos los de suspensión de contrato y reducción de jornada –los ERTE–, y rebajó un 50% las cotizaciones a las empresas pero sólo durante un plazo muy limitado: 240 días. El tercero, en 2020 y 2021, cuando se construyó el esquema actualmente en vigor para combatir el covid.

En la fase con mayores restricciones, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzaban el 75% y el 85% dependiendo del tamaño de la empresa, pero podían ser incluso del 90% y el 100% en los llamados ERTE de impedimento. Según se iba recuperando la actividad, se redujeron también los descuentos en las cotizaciones, en algunos casos hasta el 60%. Desde el pasado mes de noviembre, las empresas de más de 10 trabajadores pagan un 80% menos a la Seguridad Social si imparten formación a la plantilla en ERTE y un 40% menos si no lo hacen. Para las empresas de hasta 10 empleados, el descuento es del 80% si imparten formación y del 50% si no lo hacen. Los ERTE de impedimento siguen con un 100% de exoneración.

El resultado de los cálculos de Osuna y García Rey es una aproximación a los efectos de los ERTE en esos tres momentos. Así, con los ERTE de la pandemia sólo se destruyó un 8,9% del empleo temporal en el inicio de la pandemia y un 13,6% en la fase de recuperación, mientras que en el primer escenario –sin protección pública–, la sangría fue del 33,3%. Con el más tímido esquema puesto en práctica en 2012 y 2013, la caída del empleo temporal fue del 22,1%, menor que en 2008 pero entre ocho y 13 puntos mayor que durante el azote del covid.

Es decir, España ha conseguido con los ERTE el mismo efecto amortiguador sobre el empleo que permitió el Kurzarbeit en Alemania una década antes. Entonces, 1,5 millones de trabajadores alemanes se acogieron a este mecanismo y la tasa de paro no superó el 8%. Costó al Estado alemán 5.100 millones de euros.

Además, los autores aseguran que los ERTE han ayudado también a reducir la segmentación del mercado de trabajo, porque permite a los asalariados aumentar su antigüedad. En el escenario similar a 2008, sin la protección de los ERTE, el número de quienes llevaban tres años con contratos temporales –y podían aspirar, por tanto, a un contrato indefinido– y perdían su trabajo se disparó del 16,1% al 58,5%. Con los ERTE del covid, su número cayó al 5,2% en 2020 y al 4,7% en 2021.

Los ERTE de la pandemia permitieron frenar el paro hasta una tasa que el estudio sitúa en el 19,4%, por encima de la tasa oficial de la EPA, del 14,57%, como queda dicho más arriba. En esa tasa más elevada los autores sugieren que debe incluirse también a los inactivos y a quienes se declaran dispuestos a trabajar.

Con el esquema de 2012 y 2013, menos subsidiado, la tasa de paro subió hasta el 29% y sobre todo se cebó en aquellos trabajadores fijos con menos cualificación y menos antigüedad.

“Estos mecanismos de flexibilidad interna”, resumen Osuna y García Rey, “implican un menor desempleo, menores tasas de destrucción de empleo agregado y temporal y una distribución de la antigüedad más suave”. Pero también tienen sus ineficiencias, al incentivar que las empresas mantengan en nómina a trabajadores "pocos productivos" y que, sin esos descuentos de cuotas, habrían sido despedidos. Cuanto más generosa la exoneración, mayor es el efecto de peso muerto. En la primera fase de los ERTE del covid, casi un tercio del ajuste se hizo mediante suspensión de contratos, que bajó al 25% en la fase con menor protección, pero que cayó hasta el 17% con los ERTE menos subsidiados de 2012 y 2013.

Para los profesores de la Pablo de Olavide, un esquema como el implantado esos dos años es menos dañino desde el punto de vista fiscal, pero a costa de una mayor tasa de desempleo. La elección entre un modelo u otro dependerá, dicen, de las prioridades políticas del Gobierno, o de la capacidad de presión de los sindicatos y las patronales de empresarios. A juicio de los autores, mecanismos de protección del empleo como los ERTE, acompañados de “subvenciones moderadas” de las cotizaciones a la Seguridad Social, pueden ser “un instrumento adecuado para amortiguar el impacto de shocks de demanda transitorios e imprevistos, siempre que no exijan la recolocación profesional o sectorial de los trabajadores”. Por el contrario, mantener por mucho tiempo una situación que denominan "dopaje económico" del mercado de trabajo no lo consideran "sostenible ni desde el punto de vista fiscal ni desde el punto de vista de la eficiencia económica", porque se retrasan "ajustes sectoriales y ocupacionales quizás ya necesarios antes de la crisis".

Pero impactan más en las cuentas públicas. Porque permiten mantener a más trabajadores en nómina que, sin embargo, trabajan menos horas. Además, el coste de las prestaciones pagadas a los trabajadores en ERTE y de las cotizaciones que la Seguridad Social deja de ingresar es mayor en los mecanismos implantados durante la pandemia que en el menos generoso de 2012 y 2013. Aunque también han supuesto un ahorro considerable en prestaciones y subsidios de desempleo, cuya factura se disparó en 2008 y 2009, y fue también considerable en 2012 y 2013.

En cualquier caso, el estudio calcula que el 55% de los trabajadores sufrieron en sus ingresos alguna de estas crisis. Sólo un 8% los aumentaron en 2008 y menos de un 3% en la crisis del covid. En la aproximación al primer momento de la crisis financiera, sin ERTE, los desempleados son quienes más renta pierden, una media de 2.788 euros al año. Pero también fue entonces cuando tanto trabajadores temporales como fijos resultaron más perjudicados en sus ingresos comparados con las crisis posteriores.

Por el contrario, con los ERTE del covid, son los indefinidos quienes pierden menos renta: 1.867 euros anuales con el primer esquema de mayor protección y 2.083 euros con el segundo, menos generoso. Entre los pocos que mejoran sus ingresos en el escenario covid, un 2,7%, son los parados el grupo más numeroso –un 5,4%–, y los que mayor ganancia obtienen respecto a temporales y fijos, aunque la cantidad es mínima, 383 euros anuales. Sobre todo teniendo en cuenta que casi el 70% de ellos pierde renta, una media de 2.679 euros anuales incluso disfrutando de la protección de los ERTE.

El programa Bonos Cultura, la iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia para incentivar el consumo y el gasto en el sector cultural en la recta final del año, ha agotado completamente las descargas disponibles en menos de 24 horas. La medida del Partido Popular en Galicia han sido calificada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo como un éxito. Todo lo contrario a las manifestaciones descalificatorias de Pablo Casado a la hora de referirse al bono cultural que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, dirigido en este caso a los jóvenes y dotado con una cuantía de 400 euros.

El presidente del Partido Popular acusó al Ejecutivo de "comprar el voto" de la población joven para adquirir con el bono "videojuegos" y luego "freír a impuestos" a sus padres. En su opinión, no se puede "comprar votos" como si España fuera un país "peronista". 

En Galicia, mientras, el PP impulsa un programa similar para incentivar el consumo en cultura, en este caso sin límite de edad. Este lunes se agotaron las descargas en internet para acceder a las ayudas y el Gobierno gallego llegó a registrar picos de 150 bonos emitidos por minuto.

El plan tiene un presupuesto de casi dos millones de euros para un total de 39.000 bonos y prevé generar una movilización de recursos de cerca de cuatro millones de euros este otoño. El programa cuenta con más de 450 empresas y entidades adheridas, aunque el plazo continúa abierto hasta el próximo 18 de noviembre.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, destacó la "excelente" respuesta de los gallegos. "Las cifras constatan el interés por disfrutar de la cultura y también el interés por esta iniciativa", ha valorado, sobre una propuesta que ya califica de éxito.

"Esta es una medida que pusimos en marcha en diálogo con el sector y en la que apostamos por financiar parte de las compras a cualquier persona mayor de 18 años y residente en Galicia", añadió Román Rodríguez.

Cada usuario inscrito obtuvo un bono por valor de 50 euros que le permitirá disfrutar de descuentos del 50%  en cada compra y que podrá utilizar hasta el 31 de diciembre hasta agotar el crédito disponible.

Los bonos podrán emplearse para la compra de productos como música grabada en CD o vinilo, películas o series en formato físico, libros o videojuegos, entradas para cualquier tipo de institución cultural (museos, casas-museo...) o para salas de cine, conciertos de música y espectáculos escénicos, entre otras.

El número de personas con dependencia que se encuentran en lista de espera para valoración de grado se ha reducido un 8% entre enero y septiembre de 2021, y el número de personas con la prestación concedida se ha incrementado un 6%, 60.000 personas más, según ha anunciado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, informa Europa Press.

"Desde enero hasta septiembre de 2021, asistimos ya a una notable reducción de las personas que se encuentran en espera para ser valoradas de su grado, una reducción del 8% en estas personas; y un incremento del 6% en las personas con la prestación concedida", ha explicado Nacho Álvarez este martes durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

Así, ha añadido que, a fecha de septiembre de 2021, había 60.000 personas más con la prestación concedida en el Sistema de Atención a la Dependencia, y ha destacado que este incremento es "fruto del esfuerzo presupuestario" del Ministerio de Derechos Sociales, del Gobierno así como de la colaboración institucional con el conjunto de las comunidades autónomas.

El mercado de trabajo continúa en septiembre la tónica de recuperación: ha creado 57.387 empleos mientras 76.113 personas han abandonado los registros del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). De esta forma, el empleo lleva ya cinco meses al alza y el paro encadena siete meses de caída. Aun así, 3,25 millones de trabajadores siguen desempleados, un número que roza el de enero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia. La Seguridad Social cuenta ahora con 19,53 millones de cotizantes, prácticamente la cifra registrada en julio de 2019.

Sin embargo, en septiembre el comercio ha perdido 23.814 empleos asalariados y 16.601 la hostelería. Aunque con respecto al año pasado el primero gana aún 55.403 cotizantes –un 2,3% más– y la segunda 99.608 afiliados –un 8,3% más–. Las actividades que más empleo han creado este último mes del verano han sido, en cualquier caso, la educación, con 45.728 afiliados más, debido al inicio del nuevo curso, y las administrativas, con 26.125 nuevos trabajadores. Por el contrario, la sanidad ha reducido su músculo laboral en 13.311 personas. Aun así, cuenta con 75.371 asalariados más que hace un año, un aumento del 4,45%.

El buen ánimo del empleo también se deja notar en la contratación, que se ha disparado hasta los 1,92 millones de contratos, una cifra que no se rozaba desde 2019. Son un 17,85% más que en septiembre de 2020. En lo que va de año ya se han firmado 13,78 millones de contratos, un 19% más que hace un año, cuando la actividad aún renqueaba por las restricciones que acompañaban a cada nueva ola del virus. Además, han experimentado un considerable aumento los contratos indefinidos, que representan el 11,26%, tras crecer un inusual 82,11% respecto a agosto y un 32,77% respecto a septiembre de 2020. El número de los temporales se ha elevado mucho menos: un 32,48% en comparación con agosto y un 16,19% en variación anual.

El 31% de los trabajadores de agencias de viajes, aún en ERTE

Por lo que se refiere a los trabajadores acogidos a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), también continúa su descenso, aunque a menos ritmo. En septiembre han salido de este esquema de protección 32.960 personas. En agosto fueron 59.296. Quedan ahora bajo este paraguas público un total de 239.230 trabajadores, de los 3,6 millones que llegó a haber en lo más duro del confinamiento. De ellos, 151.605 están inmersos en ERTE por los que sus empresas disfrutan de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social. También 283.747 autónomos están cobrando la prestación por cese de actividad.

En total, el 1,6% de los cotizantes continúan en ERTE. Pero con enormes diferencias dependiendo del sector de actividad. Las agencias de viajes siguen teniendo casi al 31% de sus trabajadores acogidos a estos mecanismos de protección del empleo, mientras que las líneas aéreas mantienen al 14,65% de sus plantillas, las casas de apuestas y casinos al 12,13% y los hoteles, al 10,53%. Y la concentración sectorial se traduce en concentración geográfica por el peso del turismo. Las Palmas tiene al 4,77% de sus asalariados en ERTE, Santa Cruz de Tenerife al 4,08%. Baleares, al 3,73%.

Madrid, donde el virus más ha aumentado el paro; Baleares, donde menos

Lo que no es obstáculo para que, al mismo, donde más caído el paro en septiembre, tanto en términos absolutos como relativos, ha sido en Canarias, con 20.700 desempleados menos que en agosto, un 8,8%, seguida de Cataluña, con 12.658 personas menos registradas en el SEPE.

Por el contrario, la comunidad autónoma donde más ha crecido el desempleo desde que se desencadenó la crisis del coronavirus ha sido Madrid, con un alza del 16,6%, por delante de la Comunidad Valenciana, con un 15,5%. En Canarias, la pandemia ha aumentado el desempleo en un 2,8% y en el País Vasco, un 1,9%. En el resto de los territorios, el paro ha disminuido. Donde más, en Baleares, un 14,4%.

Al reducirse el número de trabajadores en ERTE también se ha recortado el gasto en prestaciones por desempleo, un 29,7% el pasado agosto –las estadísticas sobre prestaciones se publican con un mes de retraso respecto a las de paro– en comparación con 2020. De forma que la cobertura ha pasado del 82,3% hace un año al 62,9% actual.

Más recursos para el SEPE y para formación

A la vista de estas cifras, UGT ha pedido al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales para 2022 más recursos para el SEPE, “mermado tras años y años de recortes” y dé un “impulso decidido” a las políticas activas de empleo –formación y recualificación profesionales–, que considera necesarias para acabar con las elevadas cifras de paro de larga duración y con la precariedad “estructural” del mercado de trabajo español. CCOO, por su parte, llama la atención sobre el hecho de que el mayor crecimiento del empleo se produzca en septiembre en el sector de la educación. “El profesorado es despedido durante los meses de verano y luego contratado de nuevo en septiembre”, recuerda.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destaca la pérdida de 29.283 empleos en la Administración Pública en septiembre, de los cuales 15.972 corresponden a la educación y 13.311 a la sanidad.

El Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao ha estimado la demanda presentada por la viuda de un trabajador fallecido a causa de un adenocarcinoma pulmonar, derivado del amianto, que reclamó un recargo del 50% de las prestaciones por la falta de medidas de seguridad, contra el INSS, TGSS, Cofivacasa SA y Aceros Inoxidables Olarra. Las empresas han sido así condenadas al pago solidario del recargo del 50% de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con efectos desde 2018, informa Europa Press.

Según ha informado Asviamie, el fallecido trabajó en la fundición de Aceros Olarra desde mayo de 1976 a noviembre de 1983. En mayo de 2016, le diagnostican en el Hospital de Basurto, un adenocarcinoma pulmonar, a consecuencia del cual falleció tres meses más tarde.

En enero de 2017, el INSS emitió una resolución reconociendo el origen profesional de la enfermedad y su fallecimiento. Los diferentes puestos de trabajo que ocupó el trabajador en la planta implicaron el contacto directo con cancerígenos como el amianto, sílice cristalina y humos metálicos.

El 14 de febrero de 2019, se dictó sentencia de daños, por el Juzgado de lo Social números 8 de Bilbao, y se condenó a las empresas al pago de una indemnización de 153.000 euros por daños y perjuicios, derivado de la falta de medidas de seguridad ya que el fallecido "habría podido estar expuesto a fibras de amianto durante su vida laboral y también podría haber tenido exposición a sílice cristalina y a otros contaminantes químicos".

Pese a ello, la Inspección de Trabajo y el INSS, en resolución de 29-10-2019, rechazaron la existencia de responsabilidad empresarial por la falta de medidas de seguridad en el trabajo. Cofivacasa SA y Aceros Inoxidables Olarra se opusieron, alegando falta de legitimación pasiva, e indicando que no tenían responsabilidad alguna, dado que no era clara la relación entre el fallecimiento y la enfermedad profesional, por el hábito tabáquico del fallecido.

Sin embargo, la sentencia ahora conocida valora el aspecto positivo de cosa ya juzgada, en tanto, que fueron condenadas las empresas, al pago de una indemnización en concepto de daños y considera evidente el incumplimiento empresarial de la legislación preventiva, estimando la totalidad de la demanda planteada y condenando a las empresas al pago solidario de un recargo del 50%.

La OCDE mide cada año la cuña fiscal sobre el trabajo de sus 35 estados miembros. Suma el impuesto sobre la renta que paga cada trabajador y las cotizaciones a la Seguridad Social de éste y de su empresa, y les resta las prestaciones familiares que recibe. Después lo divide entre los costes laborales, a su vez resultado de la suma del salario bruto y las cotizaciones sociales de la empresa. Según ese parámetro, la cuña fiscal o presión fiscal sobre el trabajo era en España del 39,5% en 2019, por encima de la media de la OCDE, que se queda en el 36%. Sin embargo, se encuentra muy lejos de los países que más gravan el trabajo: Bélgica, con un 52,2% de cuña fiscal, y Alemania, con un 49,4%. La carga sobre el trabajo llega en Francia al 46,7% y en Italia es del 48%. Incluso en Portugal es superior, el 41%. Por debajo quedan el Reino Unido, con un 30,9%, y Estados Unidos, con un 29,8%. Los países que menos impuestos cobran a trabajadores y empresas son Chile, sólo un 7%; Nueva Zelanda, un 18,8%, y México, un 20,1%.

El organismo multinacional también compara a sus 35 miembros según cada uno de los componentes de la carga fiscal sobre el trabajo. Así, resulta que España es el octavo país por la cola si se miden sólo los impuestos que paga el trabajador: el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social. Equivalen a un 21,4% de su salario bruto, por debajo de la media de la OCDE, que se eleva al 25,9%. Sólo pagan menos en Nueva Zelanda, Israel, Suiza, Estonia, Corea del Sur, México y Chile. Alemania y Bélgica, en cambio, alcanzan el 39,3% del salario bruto. También Reino Unido y Estados Unidos superan a España, con un 23,3% y 24%, respectivamente. La clasificación es similar si se mira sólo el IRPF pagado por los trabajadores en cada país, que supone la mayor parte de la carga fiscal soportada.

La diferencia con el resto de la OCDE estriba, pues, en que, en España, la parte que la Seguridad Social cobra a las empresas es mayor, un 23%, muy por encima de la media de la organización, el 13,8%, y sólo superada por Italia, Francia –un 26,6%–, Suecia, Chequia, Eslovaquia y Estonia. En Nueva Zelanda no se pagan cotizaciones a la Seguridad Social y en Chile sólo las abona el trabajador –un 7%– que, por el contrario, no tributa por su salario a Hacienda.

España no sale bien parada de la comparación con el resto del club de los más ricos cuando se miden las prestaciones y deducciones fiscales de que disfrutan las familias. La OCDE analiza la diferente la carga fiscal que soportan los trabajadores solteros, las familias monoparentales y las familias con una o dos fuentes de ingresos según cobren el 67%, el 100% o el 167% del salario medio. En casi todos los países –menos en México y Chile– la presión fiscal sobre las familias es menor que sobre los contribuyentes solteros, gracias a las deducciones fiscales y a las prestaciones económicas que los gobiernos aplican a las primeras. Pero hay grandes diferencias.

En España, la suma de IRPF y cotizaciones sociales que debe pagar una familia con una fuente única de ingresos y dos hijos es sólo 5,3 puntos inferior a la que debe abonar un soltero sin hijos que cobre el salario medio: un 34,2% del sueldo bruto. Por el contrario, los países que más bonifican la paternidad son Luxemburgo –21 puntos porcentuales a favor de las familias–, Canadá –18,9 puntos–, Polonia –17,9 puntos– y Chequia –17,3 puntos–. En Alemania, la reducción fiscal es de 15,1 puntos respecto a un trabajador soltero, en Francia asciende a 9,9 puntos y en Italia, a 8,8. En Estados Unidos es de 11 puntos. La media de la OCDE –con una presión del 26,4%– es una ventaja fiscal respecto al soltero sin hijos de 9,6 puntos, casi el doble que la española.

La razón es que en España las familias no disfrutan de prestaciones universales por hijos de entre seis y 11 años, que son la categoría que analiza la OCDE. Tampoco las hay en Alemania, Portugal, Turquía, Islandia, Australia, Estados Unidos, México y Nueva Zelanda.

Ayudas escasas

En España existen dos millones de familias monoparentales. Si no superan determinados niveles de renta, pueden percibir una ayuda anual de 1.000 euros. La prestación por hijo a cargo, que va a ser sustituida por el Ingreso Mínimo Vital, asciende a 588 euros anuales, pero es una de las más bajas de la Unión Europea. Además, el IRPF incluye un mínimo por hijos que no está gravado, el cheque familiar –una deducción 1.200 o 2.400 euros no sólo para familias monoparentales sino también numerosas– y otras desgravaciones adicionales en los tramos autonómicos del impuesto.

La Comisión Europea ha llamado la atención a España en repetidas ocasiones por la pobreza de sus ayudas a las familias. En concreto, en los informes del Semestre Europeo destaca que España tiene el menor apoyo de toda la UE en prestaciones por hijo. No sólo su cuantía es escasa sino que, además, se dirige a los ingresos más bajos mientras que las deducciones fiscales benefician a los más ricos. En 2019 la prestación por hijo creció un 17% tras permanecer años congelada, pero a la Comisión Europea la subida le parece insuficiente.

Al hacer la comparación con una familia de dos hijos en la que los dos progenitores trabajen, uno por el salario medio y otro por el 67% de ese sueldo, la cuña fiscal española –un 36,5%, sólo tres puntos menor que la de un soltero sin hijos– vuelve a quedar por encima de la media del club, el 30,5%. Por encima, Bélgica –44,5%–, Alemania –42,5%– e Italia –41,9%–. Pero son mucho más generosos que el español también los esquemas fiscales para las familias en Dinamarca –30,7%–, Holanda –29,3%–, Reino Unido –26,6%– o Estados Unidos –24,1%–.

También se puede dar la vuelta al dato para hacerlo más gráfico: una familia de dos hijos donde los dos progenitores trabajan cuenta en Chile con un salario disponible del 93,3%, pero del 68,9% en Alemania y del 82,5% en España, pues los padres pagan por el IRPF y como cotización a la Seguridad Social un 17,5% de sus sueldos brutos. Claro que en Alemania los ingresos antes de impuestos y cotizaciones de la pareja ascienden de media a 98.228 euros y en España se quedan en 60.495. En Chile no superan los 33.732 euros.

La OCDE aclara que no incluye en el análisis ni los impuestos indirectos, como el IVA, ni los que llama “pagos obligatorios no fiscales”, tales como seguros privados o contribuciones a planes de pensiones que deben pagar las empresas por sus trabajadores.

Deducciones fiscales

Pero cuando compara los impuestos sobre la renta que paga esa familia tipo con dos nóminas, España se sitúa, con un 11,2% del salario bruto, por debajo de la media de la organización –12,3%–. Ese porcentaje de ingresos brutos que se lleva el IRPF es superior al que abonan sus equivalentes en Suiza –8,6%– y Luxemburgo –11,8%–, pero inferior al de Alemania –11,3%–, Francia –11,7%– e Italia –15,6%–. La diferencia es aún mayor en las cotizaciones sociales. La familia española abona apenas un 6,4% de su salario bruto por ese concepto, cuando la alemana se deja el 19,8%, la francesa un 11,3% y la italiana un 9,5%.

En el caso de las familias monoparentales con unos ingresos del 67% del salario medio, las deducciones fiscales consiguen que en España la carga conjunta de IRPF y cotizaciones sociales soportadas sea sólo del 2,5% de la retribución bruta, mientras que la de un soltero con esa misma remuneración se eleva al 16,8%. La media de la OCDE está apenas dos décimas por encima, un 2,7%.

Para estas familias, ofrecen prestaciones económicas 31 de los 35 países del club. En Polonia, Canadá y Nueva Zelanda son especialmente generosas: equivalen hasta el 43,3%, el 38,3% y el 34,5% de los ingresos, respectivamente. El 26,9% en Dinamarca y el 28,9% en Francia. Otros 30 países cuentan con ayudas para parejas con un solo asalariado que gane el sueldo medio y dos hijos. En Canadá llegan al 16,3% de los ingresos brutos.

La mayor parte de la ayuda a las familias monoparentales y a aquéllas con una sola fuente de ingresos provienen en España también de las deducciones del IRPF, muy superiores a la media de la OCDE –lo que les permite dedicar el 5,9% del salario bruto a las primeras y el 10,5% a las segundas–. Por su parte, una pareja española con dos hijos y una nómina sufre una carga fiscal en el IRPF que equivale al 8,1% de sus ingresos brutos, mientras que una italiana se deja el 15,5% de salario en pagar a Hacienda, una francesa el 9,5% y una holandesa hasta el 16,2%. En Estados Unidos, en cambio, no supera el 4,5%.

Los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Boiro, en la provincia de A Coruña, han creado grupos de WhatsApp para comunicarse con sus superiores en las jefaturas y en la dirección provincial del organismo. Y atienden “con lápiz y papel” a los ciudadanos que tenían cita previa para este segundo día sin ordenadores ni teléfonos. Su directora, Pilar Seoane, cuenta que han tenido que desempolvar impresos para renovar las demandas de empleo que se habían quedado “olvidadas en cajas antiguas” a fin de iniciar los trámites. El SEPE fue de los primeros organismos públicos que se convirtieron en “oficinas sin papel” cuando la Administración se apresuraba por volverse electrónica. Pero este martes ha regresado al siglo XX tras quedar inoperativo e incomunicado por culpa de un ciberataque que ha inutilizado el sistema informático de sus casi 800 oficinas en toda España, el mismo que gestiona decenas de miles de prestaciones de desempleo y de los ERTE.

Los responsables del SEPE repiten este miércoles que no ha habido sustracción de datos y que ni los sistemas operativos y de gestión ni los servidores han resultado dañados. Las nóminas de prestaciones, por tanto, no se verán afectadas. También dicen que nadie ha exigido un rescate por recuperar los archivos que los piratas informáticos han bloqueado. Sin embargo, José Lancharro, director de la división de BlackArrow, y Borja Merino, responsable del servicio de threat huting de la empresa de ciberseguridad Tarlogic, lo dudan: “Es sólo cuestión de tiempo que pidan un rescate”, destacan. Se trata del modo habitual de operar de estos delincuentes. Suelen enviar un correo electrónico a un funcionario que contiene un adjunto malicioso comprometen un ordenador. “Ya tienen un pie en el sistema”, explican, “luego pueden tardar días, o sólo horas, en conseguir los privilegios suficientes para infectar toda la red, por lo general no es un proceso instantáneo”.

Cuando han cifrado todos los ficheros, pasan a la extorsión, que puede ser doble: exigen dinero para liberar la información secuestrada y para evitar que ésta se haga pública. En este caso, pueden ser millones de datos confidenciales de ciudadanos. “Los delincuentessuelen dejar un fichero con un texto donde incluyen los datos necesarios para pagar”, advierten Lancharro y Merino. Normalmente, en criptomonedas, una forma casi anónima, barata –sin comisiones–, sin control de las autoridades e internacional, de mover dinero.

Los precios varían, según la valoración que los propios piratas hayan realizado del material secuestrado y cuyo rescate (ransom en inglés, de ahí ransomware) exigen. Merino menciona el millón de dólares que llegaron a pedir por el material bloqueado a una empresa privada europea. Pese a que la recomendación unánime de policías y expertos es que no se ceda al chantaje, se calcula que hasta un 40% de las víctimas paga. Al menos es la cifra reconocida públicamente , lo que da pie a pensar que la cifra real es superior. “Quien paga desde luego no lo dice”, apunta.

Programas a medida, comisiones por ganancias

Detrás de estos ciberataques hay un nuevo tipo de delincuentes que viven de la extorsión. Los responsables de Tarlogic aseguran que se trata de un “modelo de negocio”, y muy lucrativo. Grupos perfectamente organizados que compran un ransomware, en el caso del SEPE un programa denominado Ryuk que ya ha aparecido en múltiples ciberataques anteriores. Cualquiera, apuntan Lancharro y Merino, puede adquirir “un ejemplar, pero también toda la plataforma” a un desarrollador y luego explotarlo. El desarrollador cobra una comisión de lo que obtiene el que extorsiona. Incluso puede prepararse un malware a “medida”malware, lo que hace inútiles hasta los antivirus más actualizados, subrayan los expertos de Tarlogic.

Es lo que puede haber ocurrido en el SEPE. Sus responsables aseguran que no se ha comprometido información sensible porque cuentan con una copia de seguridad de todos los archivos realizada el día anterior al ataque. Pero José Lancharro llama la atención sobre la fecha que figuraba en un primer momento en la página web del SEPE tras el ciberataque, 2018 aunque después la fecha ha cambiado.“Quizá ese backup no es el más actualizado ni el idóneo”, advierte. Porque es posible que la entrada de los piratas se produjera antes de esa última copia de seguridad yestaría, por tanto, contaminada. 

Ahora quedan días, o incluso semanas por delante para averiguar desde cuándo están los agentes maliciosos en la red del SEPE, qué copias de seguridad están sanas y cuáles se deben recuperar, una tarea en la que están centrados los informáticos del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de la Administración Digital. Según responde esta secretaría a las preguntas de infoLibre, las administraciones públicas cuentan como mecanismo de seguridad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que detecta las intrusiones y los códigos dañinos, además de gestionar incidentes como el ocurrido en el SEPE esta semana.

El SEPE ha anunciado enseguida que los plazos de las solicitudes de prestaciones no van a computar mientras el sistema de gestión no se restablezca totalmente. De modo que no se resentirán los derechos de quienes solicitan las prestaciones y subsidios, mientras que las demandas de empleo se renovarán de forma automática mientras dure la parálisis informática. Sin embargo, Pilar Seoane, que también es secretaria general de la Sección Sindical de CCOO en el Ministerio de Trabajo, explica que el ciberataque también está perjudicando a las consejerías de Trabajo de las comunidades autónomas y a la Seguridad Social, que necesitan datos en poder del SEPE para tramitar demandas de empleo o pensiones, por ejemplo.

Los problemas del SEPE con la informática

En cualquier caso, los problemas del SEPE con la informática no son nuevos. Según denuncia Seoane, los programas de nóminas que utilizan los funcionarios “son de hace 30 años”, y soportan múltiples parches. Cuando se pusieron en marcha los ERTE, la avalancha de expedientes y su enorme complejidad de tramitación hizo estallar el pasado verano el programa informático de fabricación interna que se eligió para la tarea. Como publicó entonces infoLibre, los múltiples errores en los ficheros tuvieron que ser corregidos “a mano”, uno a uno, por los funcionarios, lo que redundó en un considerable retraso en la aprobación de las prestaciones para los trabajadores afectados.

Los presupuestos del Ministerio de Trabajo incluyen una partida de 73,6 millones de euros para digitalización, de los que 49,8 millones se destinarán al SEPE. Ya antes, los de 2016 asignaban 100 millones a la “modernización” del organismo, pero sólo se gastaron 60, según denunció en su momento UGT.

El SEPE no es el primer organismo público víctima de un ataque de este tipo, antes ya lo habían sufrido los ayuntamientos de Bilbao y Jerez de la Frontera (Cádiz). En 2019, más de 30 organismos públicos y empresasempresas españolas resultaron afectadas por ciberataques por ransomware, de acuerdo con las cifras del Centro Criptológico Nacional. En agosto de 2020 Mapfre denunció a la Guardia Civil el pirateo que dejó durante días sin servicio a sus clientes. En septiembre el objetivo fue SegurCaixa Adeslas, pero su paralización, con problemas para realizar pruebas médicas y con las pólizas de los clientes, se prolongó durante al menos mes y medio. Un año antes, los perjudicados habían sido hospitales de Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. El de Torrejón de Ardoz, en Madrid, también fue infiltrado por un programa con la extensión .ryuk en enero de 2020.

En general, según los datos del Centro Criptológico Nacional, el 23 % de las grandes empresas españolas sufrió algún incidente de seguridad en 2019. Ese año, el centro gestionó un total de 42.997 ciberincidentes, un 11 % más respecto a 2018, pero más del doble de los 20.807 que atendió en 2016. Una tendencia que durante 2020, el año del confinamiento, el teletrabajo y el acceso remoto, ha repuntado aún más, según advierten los expertos.

CCOO y UGT salieron satisfechos este jueves de la penúltima reunión para prorrogar hasta el 31 de mayo el esquema de protección de los ERTE. El texto que les presentó el Ministerio de Trabajo será sometido a la aprobación de sus respectivos órganos de dirección el próximo martes. Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo tal y como quedó redactado en el último real decreto, y ése era su objetivo. Las empresas tendrán pues que seguir devolviendo las ayudas –las exenciones de cuotas a la Seguridad Social– concedidas a toda la plantilla si despiden a los trabajadores en ERTE antes de seis meses. Esa cláusula fue el obstáculo que impidió el acuerdo el pasado lunes por el rechazo de CEOE y Cepyme, y el que puede ponerlo en peligro aún. Las patronales no darán su respaldo a este último texto hasta que lo haga su junta directiva, que se reunirá también el próximo martes.

“No se ha cambiado ni una coma [en la cláusula de mantenimiento del empleo], de lo que nos alegramos”, resume a infoLibre el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino. Su homóloga en CCOO, María Cruz Vicente, cree que la patronal va a tenerlo “complicado” para quedarse fuera del acuerdo.

La CEOE, por su parte, se remite a lo que decida la junta, pero su presidente, Antonio Garamendi, explicó claramente su postura hace escasos días a Onda Cero: “Nos guste o no, va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que [si despiden] se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE, cuando sería más lógico devolver las de quienes se quedan fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más”.

Para Gonzalo Pino, en cambio, si las empresas tienen dificultades para mantener el empleo, la solución debe estar “en la negociación colectiva”. El dirigente de UGT cree, además, que los empresarios “no se pueden quejar” después de haber recibido desde marzo un total de 182.936 millones de euros de dinero público: 150.000 millones en apoyo financiero, 8.012 millones en ayudas extraordinarias y 4.924 millones más para los autónomos, detalla. “Lo que no puede ser es que se paguen despidos con dinero público”, concluye.

Más sectores protegidos

El resto del decreto sólo incorpora pequeñas modificaciones respecto a la última prórroga, aprobada el pasado mes de septiembre. El más importante, la incorporación de nuevos sectores al esquema de protección, al elevarse del 65% al 70% el umbral de recuperación de trabajadores a la actividad por debajo del cual pueden acceder a las exoneraciones las empresas pertenecientes a sectores con más del 15% de empleados en ERTE respecto del total de sus afiliados a la Seguridad Social.

De esta forma, podrán beneficiarse de las ayudas empresas de sectores antes desprotegidos, como las artes escénicas, las salas de espectáculos o los cámpings, y se mantiene el transporte por carretera. En total, unos 50.000 trabajadores más optarán a las exoneraciones de cuotas y a las prestaciones.

Además, tendrán derecho a prestación igualmente quienes, aun no habiendo salido de un ERTE, se reincorporaron a la actividad a partir de septiembre, al igual que ya se estableció en el anterior decreto para quienes se encontraron en la misma situación el pasado marzo y el SEPE les denegaba la ayuda al exigirles un periodo de carencia.

También se ha precisado la redacción del cálculo de las prestaciones para los trabajadores a tiempo parcial contratados por varias empresas y se ha establecido un cierto “automatismo” para pasar de un tipo de ERTE a otro: bastará con informar a la autoridad laboral.