Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular hace ya más de cuatro años prometiendo una forma distinta de hacer política. En el congreso que le proclamó líder —sin adversario enfrente— , habló de recuperar la centralidad, rebajar el tono, abandonar la bronca permanente y de practicar una “política para adultos”. Repetía que no venía “a insultar a nadie” y que el PP debía recuperar la credibilidad precisamente diferenciándose de la crispación que atribuía tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a Vox.

Hoy buena parte de esas líneas rojas han desaparecido. El último ejemplo se produjo en el pleno de esta semana. Feijóo decidió utilizar la figura del padre de Patxi López, el histórico dirigente socialista y víctima del franquismo y del terrorismo de ETA, Eduardo López Albizu, para atacar al portavoz del PSOE. “Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás”, le espetó el líder del PP. 

No es la primera vez que el jefe de la oposición se sirve de un familiar fallecido para arremeter contra un miembro del Gobierno o del PSOE, ya que suele mentar de forma habitual tanto al padre de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, como al exlíder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero la referencia a Eduardo López supuso un salto cualitativo en el terreno de la confrontación personal, y el PP, de hecho, se reafirmó horas más tarde. “Que se acostumbren. No les vamos a dejar pasar una”, señalaron fuentes del partido.

Se trata precisamente del tipo de política de la que el líder del PP aseguraba querer alejarse cuando aterrizó en Génova. Feijóo se ha ‘madrileñizado’, tanto en el fondo como en las formas, y aunque se presentaba como antídoto frente a la política de trazo grueso y sin miramientos, ha acabado instalado en ella, traspasando así una de sus líneas rojas.

Pero no es la única. El giro más profundo que ha protagonizado Feijóo y, en consecuencia, la dirección nacional del partido, tiene que ver con Vox. Durante años, el conservador intentó construir una imagen de dirigente incompatible con la extrema derecha. Su experiencia en Galicia, gobernando siempre en solitario, se presentaba como un modelo exportable al conjunto de España. Pero pronto descubrió que no era así y ha acabado instalado en la misma guerra que le reprochaba a su antecesor, Pablo Casado.

Aunque nada más llegar dio el visto bueno al pacto de la ultraderecha con el PP en Castilla y León en 2022, que inició un ciclo político de normalización de los de Santiago Abascal en gobiernos autonómicos y municipales, Feijóo había renegado de esa fórmula a nivel nacional en diversas ocasiones, tanto en público como en privado. Es más, en el congreso nacional del PP, celebrado en julio del pasado año, lanzó un mensaje inequívoco: su compromiso era no gobernar con Vox. Aquella promesa buscaba tranquilizar al electorado moderado y reforzar la idea de que el PP no permitiría a los ultras llegar a La Moncloa.

Ese compromiso ya no existe. En una reciente entrevista en El Hormiguero, el propio Feijóo admitió que aceptará “lo que digan las urnas” y dejó abierta la puerta a gobernar junto a Vox si los números lo hacen necesario. Ya no se trata únicamente de apoyos parlamentarios puntuales o de un pacto de investidura, como siempre han defendido en Génova. El líder conservador ha dejado de excluir expresamente una coalición con Santiago Abascal, un cambio de enorme calado respecto al discurso con el que reconstruyó su liderazgo, porque considera que hacerlo ya no le penaliza. Y que sus votantes lo prefieren frente a la posibilidad de que Sánchez vuelva a gobernar en 2027.

La relación con Junts constituye otro ejemplo significativo. Durante los años posteriores al procés, el PP convirtió a Carles Puigdemont en uno de los principales símbolos del desafío al Estado. Feijóo mantuvo un discurso especialmente duro hacia el expresident, criticó cualquier intento de normalización política y acusó reiteradamente al Gobierno de depender de quienes habían protagonizado el intento de secesión. Es más, aseguró que él nunca viajaría a Waterloo para “blanquear” a un “prófugo de la Justicia”, como sí hizo el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de cara a negociar su investidura.

Con todo, el PP sí estuvo dispuesto a sopesar un “indulto condicionado” a Puigdemont e incluso llegó a plantearse, durante 24 horas, la amnistía. Pero el cambio en los últimos meses ha virado hasta acabar reconociendo que el momento actual nada tiene que ver con el del procés, según afirmó el número dos de Feijóo, Miguel Tellado, en una entrevista en la Cadena Ser. “Lo que sucedió en Cataluña en 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”, señaló.

Así, el veto político absoluto se ha transformado en una relación pragmática en función de las mayorías disponibles, aunque no todos en el partido comparten esa estrategia, empezando por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y acabando con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que este sábado será ratificado en un congreso que llevaba años pendiente por las críticas de Fernández a la dirección nacional del partido.

Las líneas rojas del PP se han difuminado también en la denominada “prioridad nacional”, la consigna racista que defiende la ultraderecha y que defiende que los españoles tengan más facilidades para obtener determinadas ayudas públicas y acceso a vivienda que los extranjeros. Génova no solo la ha asumido en primera persona, aunque trata de maquillarla, sino que ha presionado al presidente andaluz para que él también lo haga.

Este lunes arranca el debate de investidura de Juanma Moreno y el martes está prevista la primera votación. El presidente andaluz necesita los votos de Vox y ambas formaciones negocian ya un acuerdo acelerado, con la presión añadida de cerrar el pacto antes de que el foco político nacional vuelva a concentrarse en otros asuntos como las investigaciones judiciales, el Tribunal Supremo o la batalla política en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ambas cuestiones benefician a Moreno, que se quedó a dos escaños de reeditar su mayoría absoluta y se metió en el “lío” que quería evitar.

Durante la campaña, Moreno insistió en que aspiraba a gobernar sin depender de Vox y trató de mantener distancias con las exigencias de Abascal. Sin embargo, la aritmética parlamentaria apunta a un acuerdo rápido y, previsiblemente, nuevas concesiones a la formación ultra para garantizar la investidura, entre ellas la citada prioridad nacional.

“No basta con nombrar personas con trayectoria profesional: hace falta que esa trayectoria sea adecuada a la entidad que van a dirigir y que el proceso de selección esté basado en reglas objetivas”, señala Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y directora del informe que ha evaluado la adecuación de los directivos del sector público nombrados por el ejecutivo andaluz con los cargos que desempeñan. El análisis, que la fundación ha realizado ya sobre otras comunidades autónomas, da a Andalucía un aprobado “por la mínima” y critica cuestiones como la “ausencia de requisitos claros, la falta de procedimientos competitivos, elevada rotación y nombramientos que no siempre guardan una relación suficiente con la complejidad técnica”, recoge el documento. El informe no evalúa el desempeño de su trabajo, sino cuánto se ajusta su perfil al puesto para el que han sido nombrados.

Para llegar a esta conclusión, los autores del informe establecen un baremo basado en la experiencia y la formación de los directivos a los que asocian valores numéricos y que van completando en función del currículum de cada uno. El resultado final, que obtienen tras analizar un total de 153 directivos de 40 entidades, se queda en un 5,4 sobre diez. Entre las conclusiones que obtienen, destacan que “30 de las 40 entidades analizadas no establecen requisitos materiales claros para el nombramiento de sus máximos responsables, más allá de determinar qué órgano tiene la competencia para designarlo” y hablan de déficits en “la experiencia de gestión” de algunos perfiles. “Este dato resulta especialmente relevante porque muchas entidades analizadas gestionan presupuestos elevados, plantillas amplias y políticas públicas de alta complejidad”, concluyen.

La administración de la Junta de Andalucía es una de las más grandes de España y suma 128 entidades, siendo el segundo sector público institucional autonómico más grande del país, solo por detrás de Cataluña. En el lado positivo, el análisis de Hay Derecho destaca que las entidades mejor paradas son la Agencia para la Calidad Científica (ACCUA), que ofrece estatutos, concursos públicos reglados y requisitos técnicos estrictos a los candidatos; y el Consejo de Transparencia, que obtiene resultados altos porque su diseño institucional incluye un mandato fijo de cinco años y una designación por mayoría absoluta del Parlamento, lo que blinda la dirección frente a la discrecionalidad del Ejecutivo y de las posiciones partidistas.

Por la cola, de las peor valoradas es la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), que pierde puntos porque su director general acumula solo dos años de experiencia y formación en un ámbito no relacionado con el tema. También, por la mayor presencia de perfiles más políticos que técnicos en su estructura directiva. Por otro lado, entre las organizaciones peor paradas está la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que cuenta con más de 120 millones de presupuesto y 500 empleados, pero que, de acuerdo con el análisis, tiene “problemas recurrentes de gestión del parque público de vivienda” que han llegado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz y también pierde puntos por la “designación de responsables cuya experiencia en vivienda era limitada o indirecta”, recoge el informe. 

“Cuando no hay requisitos claros ni procesos competitivos, el nombramiento depende demasiado de la confianza política. Y eso genera una dirección pública más vulnerable a las presiones políticas, generando rotación e improvisación. Y ahí falla la continuidad estratégica en sectores claves”, afirma Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, quien insiste también en que para mejorar este indicador “se necesitan reglas estables, transparencia y evaluación” que reduzcan la dependencia de los nombramientos políticos. 

En las conclusiones del análisis, los autores señalan que muchos de los problemas que detectan en la Junta responden a tendencias que se dan a nivel nacional, pero insisten en la necesidad de establecer “condiciones verificables” para el acceso a los cargos más allá de conceptos genéricos como la solvencia profesional. “Este rasgo estructural se traduce en una variabilidad muy elevada en la calidad de los perfiles nombrados. El análisis muestra alternancia entre directivos con trayectorias altamente cualificadas —especialmente en etapas recientes o en determinados organismos— y otros con una adecuación más débil a la misión de la entidad”, señalan. Esto provoca, advierten, “un alto grado de incertidumbre en la dirección pública”. 

Finalmente, el informe, titulado El Dedómetro, edición Andalucía. Estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público institucional en Andalucía, señala que la comunidad se encuentra en “una posición intermedia dentro de la serie de dedómetros” realizados en otras comunidades. Y aunque comparte con otros territorios la ausencia de un marco generalizado de profesionalización de la alta dirección pública, presenta también singularidades que invitan a ser positivos, como “la aparición reciente de dinámicas de mejora” en los nombramientos que podrían consolidarse si se acompañan de reformas estructurales. 

Además del análisis, el documento recoge una serie de recomendaciones que se resumen en seis ejes principales. El primero, es la creación de procesos de oposición abiertos y competitivos cuando se trata de entidades estratégicas. El segundo, pide blindar legalmente ciertos requisitos mínimos relacionados con el cargo que se va a desempeñar para poder disponer de criterios objetivos y verificables a la hora de juzgar el desempeño.

En relación con el cumplimiento de sus responsabilidades en el puesto, el tercer eje en el que insisten es la creación de "contratos de desempeño" que especifiquen los objetivos a alcanzar y permitan evaluar su trabajo. En la misma línea, piden también más responsabilidad individual en materia de transparencia, exigiendo que se considere como una infracción la "omisión o falta de actualización de su perfil profesional".

Finalmente, las dos últimas propuestas aluden a la necesidad de crear modelos de currículum normalizados para optar a los puestos y un registro en el que aparezca el listado de las personas que han ocupado la dirección en los últimos diez años. "Esta medida no solo mejora la transparencia institucional, sino que favorece el control público sobre la evolución organizativa, permitiendo detectar posibles dinámicas de politización o rotación excesiva", concluye el documento.

La primera prueba para el Partido Popular y Vox en Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo se saldó esta semana sin acuerdo. La extrema derecha no estará en el órgano de gobierno del Parlamento andaluz— también ocurrió en Extremadura y Aragón — yaunque eso no equivale a una ruptura de la negociación, retrata el pulso entre el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla y el de Vox, Santiago Abascal, antiguos compañeros de Nuevas Generaciones del PP, que distintas fuentes apuntan a que será “largo”.

Desde el partido de Santiago Abascal aseguran que su prioridad es el contenido del acuerdo — de gobierno o de legislatura—  con medidas, garantías de cumplimiento y una traducción andaluza de sus banderas nacionales, desde la "prioridad nacional" con la que pretenden discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas, tachada de “eslogan vacío” por el presidente andaluz, a las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el niqab y el  rechazo a la Agenda 2030, entre otras cuestiones.

Con todo, en Vox ya hay voces de la dirección del partido que admiten en privado que es un “marrón” gobernar en comunidades con “mucho presupuesto”, como es el caso de Andalucía. La duda acompaña a Vox desde su salida de los ejecutivos autonómicos compartidos con el PP en julio de 2024. Aquella ruptura le permitió volver al terreno en el que mejor se maneja la ultraderecha, con la confrontación y la denuncia del "sistema” por bandera. Y sus propios dirigentes reconocen que es más cómodo no responsabilizarse de problemáticas inherentes a la gobernabilidad como las listas de espera, el campo, la vivienda o la seguridad. 

Desde entonces, distintas lecturas dentro y fuera del partido coinciden en que Vox se mueve mejor cuando influye desde fuera que cuando debe responder por la letra pequeña de la administración y así lo reflejan también los sondeos. Su etapa en gobiernos autonómicos con el PP coincidió con una fase de debilidad: tras caer al 12,4% y perder 19 escaños en las generales de 2023, la mayoría de encuestas lo situaron durante meses en torno al 9%-12%, y en las europeas de junio de ese año obtuvo un 9,6%, por debajo de su resultado del 23J, además de sufrir la competencia de Se Acabó La Fiesta en el espacio ultra. La salida de los ejecutivos autonómicos en julio de 2024 le permitió recuperar posiciones. 

Con todo, según aseguran fuentes de la formación ultra, entre sus planes sí está pedir entrar en el Ejecutivo andaluz, aunque reconocen que, en ese caso, aplicarían la “proporcionalidad debida”, ya que Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Aun así, también contemplan la posibilidad de no entrar en la Junta y apoyar desde fuera pero siempre “con un acuerdo” tangible que tiene que incluir su consigna racista de ‘los españoles primero’, que el PP vincula sin embargo con el arraigo.

En el caso andaluz, Juanma Moreno reprochó a Vox su falta de capacidad de gestión durante la campaña. Llegó a afirmar que "no quieren gobernar porque no saben" y que la formación ultra no tenía “equipos preparados” para ello, además de calificar la "prioridad nacional" de eslogan vacío e incluso ilegal cuando implica discriminar por nacionalidad en el acceso a recursos públicos. Ese discurso buscaba movilizar al electorado conservador en busca de una mayoría absoluta que finalmente no se produjo. Pero también generó un efecto boomerang que también alimentó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que Abascal se vio empujado a demostrar que no huía de las responsabilidades. 

El líder de Vox no quiere aparecer como la muleta del PP ni tampoco como el líder de una formación que no sabe gestionar, sobre todo si su objetivo es llegar a La Moncloa de la mano de los conservadores. “El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir sí vamos a gobernar en las tres regiones", señaló tras las elecciones de Castilla y León. Vox decidió entonces entrar a gobernar en coalición en esa comunidad, en Extremadura y Aragón. Unos pactos que, en realidad, son papel mojado porque determinadas promesas exceden las competencias autonómicas y dependen de la legislación estatal, europea o de los tribunales.

Andalucía, sin embargo, es harina de otro costal, según admiten fuentes cercanas a Abascal. La Junta maneja uno de los mayores presupuestos autonómicos del país y competencias de alta exposición pública. Para Vox, asumir una consejería implicaría entrar en la gestión de una comunidad con más de ocho millones de habitantes y un presupuesto que supera al de las tres comunidades anteriormente citadas. Concretamente, son 51.597,9 millones de euros en 2026: 5,8 veces el de Extremadura, 5,6 veces el de Aragón y 3,3 veces el de Castilla y León. Incluso comparado con la suma de las tres —unos 33.714,6 millones de euros—, Andalucía gestiona 17.883,3 millones más, es decir, 1,5 veces más que Extremadura, Aragón y Castilla y León juntos.

Por su parte, hay sectores del PP — aunque Moreno no es uno de ellos—  que creen que es peor dejar fuera a Vox fuera de las instituciones, porque de esa manera capitalizan el enfado social sin pagar peaje por la gestión. Algunos conservadores consideran que es más inteligente hacer el llamado  “abrazo del oso” a su socio de gobierno, teniendo ellos la posición mayoritaria lo que implica apropiarse de los “éxitos”. Esto, a su vez, implica que los de Abascal entren, gestionen y se desgasten, aunque sea a costa de ceder en cuestiones como la “prioridad nacional” y tener menos sillones para los suyos, especialmente si eso lleva consigo que Vox pierda fuerza a nivel electoral de cara también a las próximas generales.

La tesis, especialmente compartida en Génova, es que mientras Vox permanezca fuera de los gobiernos, puede presentarse como una fuerza libre de contradicciones, dedicada a agitar agravios y denunciar las supuestas tibiezas de la "derechita cobarde" o el "PSOE azul", en palabras de una fuente del equipo de Feijóo. En cambio, una vez dentro de los ejecutivos, los ultras se convierten en corresponsables de la gestión de los servicios públicos y los presupuestos. Esto supone también un giro para el planteamiento del líder del PP, que siempre ha reivindicado los gobiernos en solitario, y ahora asume que el futuro pasa por incorporar a Vox al gabinete, si no le queda más remedio, auto enmendado su supuesta moderación.

Tras años de vaivenes con la ultraderecha, el PP ha concluido, según admiten fuentes de la dirección, que su problema no es pactar con Vox, sino dejarlo crecer al margen de las instituciones. Una decisión que no responde solo a una necesidad aritmética, sino a una estrategia política de largo alcance. El objetivo final de Génova es frenar el ascenso de los ultras replicando la estrategia de 2023 tras las autonómicas y municipales, aunque también existe el temor de que se vuelva a repetir un escenario en el que ambas fuerzas no sumen. Lo ideal, creen en Génova, es que el PP “triplique” en escaños a Vox.

La paradoja es que tanto PP como Vox tienen incentivos contradictorios. Moreno quiere gobernar en solitario para preservar su perfil de “gestor moderado”, pero necesita a Vox para reeditar en la Junta, si bien ambas formaciones descartan el escenario de una repetición electoral. Los ultraderechistas quieren imponer el programa y condicionar la acción de la Junta, con el temor de quemarse si asumen la gestión de áreas complejas. Y, aunque una parte del PP, cree que les viene bien que los ultras entren para que se desgasten, una coalición también puede reforzarlo como partido de gobierno. Y Vox puede preferir quedarse fuera, pero después de meses de reproches por "no saber gobernar", una negativa abierta alimentaría la crítica que Abascal intenta desactivar. El “lío”, como diría Moreno, está hecho.

Durante años, una parte significativa del debate político y mediático español aceptó como una verdad casi incuestionable la existencia de un "sector moderado" dentro del Partido Popular. Era la corriente que, teóricamente, encarnaban dirigentes como el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente andaluz Juanma Moreno y otros de sus homólogos presentados como gestores pragmáticos, alejados de la confrontación ideológica y capaces de ocupar el espacio del centro político. Frente a ellos estaba el "sector duro", identificado con dirigentes como José María Aznar, el antecesor de Feijóo en el cargo, Pablo Casado, o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, lo ocurrido en  los últimos años obliga a plantear si realmente existió alguna vez ese sector moderado, los “halcones frente a las palomas”, o fue más bien una construcción discursiva útil para ampliar la base electoral del partido. La diferencia entre Moreno y Ayuso, o entre Feijóo y otros dirigentes considerados más duros, parece residir más en las formas que en los límites políticos. Así, cuando llega el momento de decidir si la extrema derecha de Vox es un socio aceptable para gobernar, las diferencias no existen.

La llegada de Feijóo a la presidencia nacional del PP, en abril de 2022, evidencia incluso ese cambio discursivo. Durante más de una década, el entonces presidente de la Xunta fue presentado como el ejemplo de una derecha templada, autonomista y alejada de los excesos de la política madrileña. Buena parte de los análisis interpretaron su desembarco en Génova como un giro hacia la moderación tras la defenestración colectiva que acabó con Pablo Casado tras su enfrentamiento abierto con Ayuso.

En enero de 2019, todavía como presidente de la Xunta, Feijóo situó a Vox en "el ámbito de la extrema derecha" y defendió que el PP seguía ocupando el "centro político": "Si nos hubiésemos ido a la extrema derecha no habría nacido Vox o nos habríamos cambiado el nombre", afirmó entonces. Sin embargo, tras alcanzar la presidencia nacional no solo asumió los marcos discursivos de la derecha más conservadora en cuestiones como la memoria democrática, la inmigración o las alianzas parlamentarias, sino que normalizó los acuerdos con Vox allí donde resultaban necesarios para acceder o conservar el poder. 

La hipótesis de que existe una corriente moderada enfrentada a otra más radical se debilita aún más cuando se observa el comportamiento de otros líderes territoriales. Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo en Galicia, no necesita actualmente a Vox para gobernar gracias a su mayoría absoluta. Pero nada indica que mantuviera una actitud diferente si las matemáticas parlamentarias fueran otras. La trayectoria de Feijóo y del conjunto de la organización apunta precisamente en sentido contrario.

Sobre Vox, la verdad se impuso muy temprano. Aún no había llegado Feijóo a Génova en 2022 cuando dio su bendición a la decisión de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, de meter por primera vez a los ultras en un Ejecutivo autonómico. Aquí el actual líder del PP sí se distinguió de su predecesor. Casado marcó una frontera nítida con los de Santiago Abascal en la primera moción de censura que los ultras presentaron contra Pedro Sánchez, en el otoño de 2020, votando ‘no’ y mostrándose extremadamente crítico con ellos.

Justo al revés que Feijóo, impulsor de una relación mucho más complaciente, que ordenó a su grupo parlamentario abstenerse en la segunda, votada en marzo de 2023, en la que los ultras presentaron como candidato al economista Ramón Tamames.  Feijóo, a diferencia de Casado, mantuvo transitables todos los puentes con Vox hasta el punto de que no dudó en transformarlos en sólidas alianzas después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 con tal de asegurarse una inmensa cuota de poder. Una operación que se ha repetido en este nuevo ciclo electoral.

Esto contrasta con su primer discurso como presidente del PP, en abril de 2022, cuando no citó expresamente a Vox, pero a los que dirigió mensajes inequívocos: "No creo en adanes, ni en caudillos, ni en salvadores", "Guárdense sus carnés de patriotas, guárdense las soflamas", apuntó.  Tres años después, el contraste es evidente. En el congreso nacional del PP de julio ya rechazó un "cordón sanitario" a Vox, defendió que sus votantes "merecen respeto" y asumió varios de sus marcos, desde la inmigración hasta el "adoctrinamiento" o la crítica al feminismo. 

La evolución, con todo, no es únicamente terminológica. El presidente del PP que se presentaba como antídoto moderado frente a la extrema derecha en la Xunta de Galicia acabó tratándola como socio legítimo y necesario cuando la aritmética del poder lo exigió. Una estrategia que han seguido los barones autonómicos de su formación cuando lo han necesitado.

Entre ellos, el presidente andaluz Juanma Moreno, que ha sido presentado como la cara amable del PP, un dirigente dialogante cuya gestión contrastaba con la agresividad política de otros barones territoriales. Sin embargo, de él también puede afirmarse que fue el primer líder regional en pactar con la ultraderecha en España tras su espectacular resultado en 2018. El cordón sanitario no llegó a estrenarse. El PP ya firmó acuerdos asumiendo exigencias de la ultraderecha en inmigración, género, memoria histórica o educación.

Ya en enero de 2019, el propio Moreno, entonces en busca de votos para su investidura, firmó un acuerdo que llegó de la mano del entonces secretario general, Teodoro García Egea (PP), y de Francisco Serrano y Javier Ortega Smith (Vox). El pacto obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'" y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental" [...]". Siete años después las exigencias de los ultras se han endurecido todavía más.

La imagen de moderación no impidió entonces el pacto. Tampoco parece hacerlo ahora. La reunión mantenida esta semana entre PP y Vox en Andalucía para la constitución del Parlamento este jueves vuelve a evidenciar que, cuando se trata de garantizar acuerdos institucionales o presupuestarios, la supuesta distancia ideológica desaparece rápidamente.

El patrón se repite en otros territorios. María Guardiola, que llegó a afirmar tras las elecciones de 2023 que no podría gobernar con Vox por sus posiciones sobre violencia machista o derechos LGTBI, terminó firmando un acuerdo con Vox para llegar a la presidencia e incorporó a la formación ultra al Gobierno autonómico. Recientemente ha asumido fórmulas como la llamada "prioridad nacional" para volver a ser presidenta, una exigencia rebautizada por los conservadores como "arraigo real, duradero y verificable" para intentar darle encaje legal.

El caso de Jorge Azcón en Aragón siguió un modelo similar. El PP pactó con Vox un gobierno de coalición que dio a la extrema derecha una vicepresidencia y dos consejerías. No fue solo un acuerdo de investidura ni un apoyo externo, fue una entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, con capacidad para condicionar políticas públicas y para proyectar su agenda ideológica desde dentro de la Administración. También allí acabó apareciendo la "prioridad nacional" como uno de los ejes pactados entre ambas formaciones.

Alfonso Fernández Mañueco fue incluso más lejos en Castilla y León tras abrir la puerta al primer Gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox. Y ahora, en su nuevo acuerdo con la extrema derecha, ha asumido de nuevo esa lógica, con Vox en el Ejecutivo y con la "prioridad nacional" situada en el centro del pacto. La pretensión de la ultraderecha es condicionar el acceso a recursos públicos en función de su origen, una manera de incorporar al lenguaje institucional una de las grandes obsesiones políticas de Vox en materia migratoria.

Ahí se desmonta buena parte del relato. Los llamados moderados del PP no se diferencian de los "duros" por levantar un cordón sanitario frente a Vox, sino por la forma de justificar el pacto. Los primeros lo envuelven en palabras como estabilidad, gestión, responsabilidad o arraigo; los segundos lo reivindican de forma más explícita y combativa. Pero el resultado es el mismo: Vox entra en los gobiernos, condiciona las agendas y consigue que parte de su marco ideológico sea asumido por el PP. La diferencia, por tanto, no está en los límites, sino en el tono. Pero cuando la aritmética obliga a elegir entre mantener el poder o rechazar a Vox, la supuesta moderación desaparece. 

Leo que el Servicio Murciano de Salud anda preocupado porque en los hospitales públicos y privados de esa región se han utilizado prótesis no homologadas o caducadas en cirugías vasculares con sospecha de varias muertes. Una trama corrupta se ha embolsado alrededor de siete millones de euros con la “operación stent” y al gobierno murciano, tras cesar al consejero de salud, le preocupan más los millones que las víctimas. Ya saben, lo del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Siendo muy grave, no es preocupante por no ser el único caso y estar legitimado por los votos de la ciudadanía afectada. Votan en modo ruleta rusa.

Leía hace poco que técnicos, facultativos y sindicatos han denunciado la orden dada para aprovechar los “culillos” de reactivos caducados en el Hospital de La Axarquía de Málaga. La Junta de Moreno Bonilla, carga contra los sindicatos lo mismo que cargó contra AMAMA por los cribados del cáncer de mama: la ciudadanía ha respaldado esa gestión sanitaria con sus votos. Hoy escucho, en un centro de salud andaluz, a una vecina repetir una de las mentiras del PP: con “los otros” la cosa no iba mejor. Más votos a la ruleta rusa.

Y meses antes, leí un correo interno del Grupo Ribera (gestor privado de hospitales públicos como el de Torrejón de Ardoz): “Como quedamos la semana pasada, os indicamos en qué condiciones se está procediendo a reutilizar catéteres esterilizados en procedimientos de electrofisiología (...) Solo se aplica en el caso de catéteres NO irrigados. Cada catéter se reutiliza normalmente 10 veces”. Este tipo de catéteres, introducidos en la vena, se usan en procedimientos cardíacos y tienen un marcado CE de un solo uso, por lo que está prohibida su reutilización como se describe en el correo. Era la intención del Grupo Ribera ahorrar 160.000 € mediante esa práctica. El paciente paga la bala de la ruleta rusa.

La cosa viene de lejos, desde que Ana Mato y Feijóo, con amenaza de muerte para 4.000 pacientes con hepatitis C, se negaron a financiar el Sovaldi por su elevado coste, hasta las muertes recientes de 7.291 personas discriminadas en las residencias madrileñas por no tener seguro privado. La mafia privada hace caja con el presupuesto público aportado por la ciudadanía, avalada por quien vota este modelo de estafa y respaldada por eso que llaman, sin serlo, Justicia. La ruleta rusa mata con pistola política y absolución togada.

Hay políticos implicados (muchos), hay empresas sobornando a políticos para ganar dinero (mucho), hay jueces y fiscales mirando a otro lado (muchos) y… ¡hay médicos en este sucio negocio de muerte y codicia! El juramento hipocrático, base ética y deontológica de la práctica médica, ha sido sacrificado en el altar del mercado. En consecuencia, vuelven la teúrgia que encomienda la salud a dioses y santorales y la taumaturgia de los vendedores de crecepelo y de los Frankenstein que ofrecen bellezas de catálogo y elixires hormonados.

Son tiempos extraños en los que muertos de hambre con escasa inteligencia suspiran por un seguro privado, cegados por la publicidad y los escaparates de chiringuitos sanitarios que inundan pueblos y ciudades ofreciendo falsas promesas y mentiras como las de los políticos con los que se confabulan. Son tiempos de suicidio colectivo para una sociedad que da la espalda a los sanitarios y educadores vocacionales para entregarse a unos profesionales sin otro horizonte que lucrarse a costa de la incultura y la falta de salud.

Muerto Hipócrates, son tiempos de hipócritas, corruptos y asesinos con licencia para matar.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Andalucía ha revalidado en las urnas a quien ha convertido la precariedad y el deterioro de lo público en una normalidad asumida. Tras la última cita electoral, la cuestión no es solo por qué ha pasado, sino qué vamos a hacer quienes sabemos que esta victoria traerá más desigualdad. No se trata de llorar la derrota, sino de transformarla en inteligencia política y organización.

En Andalucía, la última noche electoral dejó algo más que un mapa teñido de azul: confirmó que Moreno Bonilla ha consolidado un poder construido sobre el desgaste silencioso de la sanidad, la educación y los servicios públicos. Las cifras ya se han analizado hasta la saciedad; lo que queda ahora es enfrentarse a la pregunta incómoda: ¿qué hacemos cuando una mayoría social vota a quien gobierna contra sus intereses materiales? Encajar la derrota no va de resignarse, sino de convertir este resultado en una lección estratégica.

Las encuestas lo venían anunciando: la derecha se consolidaba mientras se normalizaba el deterioro de lo público y se desplazaba el sentido común hacia la resignación y el sálvese quien pueda. No es un rayo en cielo despejado, sino el desenlace lógico de un proceso de años en el que una parte importante de la sociedad ha terminado viendo como “gestión eficiente” lo que, en realidad, es desmantelar derechos. Aquí, Antonio Gramsci sigue siendo una brújula: “el poder no se sostiene solo con votos y leyes, sino con hegemonía, con la capacidad de hacer que los de abajo asuman como natural lo que es una construcción interesada”.

El problema no es únicamente que haya ganado Moreno Bonilla; es que ha ganado una manera de mirar Andalucía. Una mirada que presenta los recortes como modernización, la privatización como colaboración y la desigualdad como oportunidad para quien “se esfuerza”. Gramsci habló de la batalla por la cultura, por las palabras, por la interpretación del mundo. Si en esa batalla entramos tarde, fragmentados o ensimismados, la aritmética electoral solo certifica una derrota anterior: la de no haber sido capaces de disputar el sentido común en los barrios, en los centros de trabajo, en los espacios donde la gente se forma una opinión sobre su propia vida.

Hannah Arendt nos ayuda a entender otra dimensión incómoda: la banalidad del mal político. No hace falta un régimen abiertamente autoritario para erosionar la democracia material de la mayoría; basta con una suma de pequeñas decisiones, de renuncias aceptadas como inevitables, de ciudadanos que “solo votan lo que sienten” sin herramientas para comprender qué hay detrás de cada sonrisa de campaña. No se trata de despreciar a quien vota, sino de asumir que sin una ciudadanía crítica, informada y organizada, la libertad se reduce a un gesto formal cada cuatro años, mientras la capacidad real de decidir sobre la propia vida se encoge.

Por eso este texto no puede permitirse el tono lastimero. Encajar la derrota implica tres movimientos: pensar, cuidar y organizar. Pensar, revisando con rigor qué errores hemos cometido: dónde no hemos llegado, qué lenguajes no han conectado, qué miedos no hemos sabido nombrar ni canalizar. Cuidar, acompañando a quienes hoy sienten que el suelo se les mueve bajo los pies, ofreciendo comunidad donde la derrota invita al repliegue individual. Organizar, volviendo al barrio, al tajo, a la asociación, a la red de apoyo, entendiendo que el nuevo ciclo empieza justo cuando se cierra el recuento.

Ahí entra Václav Havel y su idea de esperanza: no como convicción de que las cosas saldrán bien, sino como certeza de que lo que hacemos tiene sentido, incluso cuando el marcador va en contra. Esa es la esperanza que hoy necesitamos en Andalucía: no ingenua, no consoladora, sino tozuda. La que nos obliga a seguir construyendo alternativa en lo cotidiano, sabiendo que la hegemonía no se rompe en un solo ciclo electoral, pero también que ninguna hegemonía es eterna.

Moreno Bonilla ha ganado, sí. Pero no ha ganado para siempre ni en todas partes. En este momento político, la tarea es no dejar que su victoria electoral se convierta en derrota moral de quienes queremos otra Andalucía. Lo que se abre ahora es un tiempo para disputar, palmo a palmo, la manera en que este pueblo se piensa a sí mismo. Porque si hoy ha elegido al lobo, nuestro trabajo es que mañana esté en condiciones de elegir otra cosa.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

“Si Juanma Moreno quiere ser investido presidente, tiene que aceptar la prioridad nacional”. La frase no es de ningún dirigente de Vox, sino una opinión casi unánime entre sus compañeros del Partido Popular. El hecho de que el presidente andaluz perdiera la mayoría absoluta este domingo, le fuerza a negociar con la extrema derecha si quiere seguir al frente de la Junta de Andalucía. Aunque en el PP creen que Moreno tiene posibilidades de seguir gobernando en solitario, también consideran que debe aceptar a cambio de introducir la “prioridad nacional” de Vox en los acuerdos porque es lo mismo que han hecho la extremeña María Guardiola, el aragonés Jorge Azcón y previsiblemente el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en las próximas semanas.

Con todo, en la dirección nacional del PP dejan que sea el presidente andaluz quien marque los tiempos y lidie con Vox. La fórmula que trasladan fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo es que "Juanma consiga el mejor Gobierno posible" y que “hasta que no se hable de coaliciones, Génova no va a entrar", resumen en la sede nacional. Es más, el lugarteniente de Feijóo, Miguel Tellado, únicamente se implicaría si finalmente los de Santiago Abascal decidieran entrar en el Ejecutivo como condición sine qua non. Por ahora, no lo están reclamando y se centran en negociar “política a política”, descartando una abstención.

Este lunes, antes de entrar en la Junta Directiva Nacional del PP, Moreno defendió que el resultado es "lo suficientemente contundente" para que lo "sensato" es respetar que el PP gobierne "en solitario", tras haber obtenido 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta. A su juicio, eso le da un "margen de maniobra para gobernar en solitario” si bien también concedió que la “dinámica parlamentaria” le obligará a buscar acuerdos. Desde la sede nacional de Vox, Ignacio Garriga alejaba cualquier debate sobre la entrada a un futuro gobierno de coalición, pero insistía en que la “prioridad nacional” ha de estar en la negociación.

Minutos antes, Moreno avisaba de que solo aceptaría la "prioridad andaluza", aunque situaba la repetición electoral como "el último de los recursos". El andaluz no cerró la puerta a negociar con Vox sobre su propuesta estrella en campaña, que en la práctica implica priorizar a los españoles a la hora de acceder a ayudas en cuestiones como la vivienda. Durante las pasadas semanas, el candidato del PP redujo la "prioridad nacional" a un "eslogan un poquito hueco" que Vox cree que "le funciona" y sostuvo que algunas propuestas eran "irreales" y otras "ilegales", y garantizó que el PP "nunca" vulneraría la Constitución ni ninguna ley.

Sus compañeros de partido, sin embargo, tienen claro que lo de la “prioridad nacional” es un “concepto político” sin mayor recorrido jurídico que el andaluz debe aceptar y así se lo han trasladado en privado, según explican fuentes conservadoras. En Génova también están convencidos de que esta cuestión no “les hace perder ni un voto” y que la clave está en “rebajar” la presión de los ultras ofreciéndoles algunas victorias morales, como esta.

La más clara en público fue Guardiola, que destacó a su llegada a la sede nacional que "Moreno ya tiene medidas y ayudas que priorizan el arraigo" y le restó importancia a la propuesta estrella de Vox, que ella misma ha asumido. "Yo no he oído a Juanma criticar lo que hemos firmado", que "vale para toda España", añadió. Azcón, por su parte, señaló que es Moreno el que “tiene que gestionar” el “magnífico resultado obtenido”.

El presidente nacional del PP no hizo alusión alguna a Vox en su discurso en abierto, pero sí trasladó al barón andaluz todo su apoyo. Asimismo, aseguró que los españoles están "hartos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se lo han dicho ya con distintos "acentos", en alusión a las victorias del PP en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, las últimas cuatro elecciones autonómicas celebradas. Sin embargo, en todas ellas el PP ha aumentado su dependencia de la extrema derecha.

El discurso de Feijóo acompañaba al mensaje de la lona desplegada en la fachada principal de Génova, donde se podía leer: "El cambio está más cerca". Una lona que el PP encargó hace días y que contrasta con la mayoría insuficiente obtenida por el barón andaluz. En relación a ese eslogan, Feijóo habló de "un cambio exigente, ambicioso y con certeza” y, a puerta cerrada, pidió a los suyos “afrontar la campaña nacional” y “organizar el partido”.  Con eso en mente, Génova ha convocado el congreso del PP en Cataluña y el de Nuevas Generaciones, que se celebrarán el 27 de junio y el 11 de julio respectivamente. Sin embargo, Feijóo ha evitado poner fecha a otro congreso pendiente, el del PP valenciano.

Vox, mientras tanto, ya ha empezado a enfriar los deseos de Moreno. La formación de Abascal evita, por ahora, exigir de entrada una coalición, pero tampoco se conforma con facilitar gratis la investidura. Su secretario general marcó este lunes una negociación por fases: primero las medidas, después cómo financiarlas y, sólo al final, quién debe ejecutarlas. "Vamos a negociar medida a medida, política a política", resumió Garriga. Entre esas exigencias situó la "prioridad nacional", el fin de lo que Vox llama "inmigración masiva", la educación, la seguridad, la reducción de impuestos y el "sentido común". 

El número dos de Vox también dio por hecho que Moreno tendrá que sentarse a negociar y acabará aceptando la "prioridad nacional" bajo la premisa de que otros dirigentes territoriales del PP ya lo han hecho. "Lo han asumido todos los líderes regionales del PP, luego estoy convencido de que Moreno Bonilla no va a tener ningún impedimento en hacerlo si sus compañeros en las otras regiones han asumido este principio político", sostuvo el ultraderechista.

Otros dirigentes del partido como Javier Cortés, gerente nacional y cabeza de lista por Sevilla, llegó a afirmar en Canal Sur que no pedirían "sillones", vicepresidencias ni consejerías, sino un cambio de políticas. Pero Garriga no cerró la puerta a una entrada posterior en el Ejecutivo y aplazó esa discusión a "otra pantalla". "Medida a medida, política a política", resumió, antes de subrayar que Vox actuará "con mucha humildad, responsabilidad y conscientes de la proporcionalidad". 

La presión sobre Moreno nace de la cadena de precedentes autonómicos. Tanto Guardiola como Azcón acabaron aceptando un acuerdo con Vox que incorporó la "prioridad nacional" a la vivienda protegida, el alquiler social, las ayudas y las prestaciones públicas. En los documentos, aparece como la "asignación prioritaria de los recursos públicos" a quienes acrediten "arraigo real, duradero y verificable" en el territorio, aunque Vox lo interpreta como  una puesta en marcha de su eslogan racista de "los españoles primero".

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por un gobierno en solitario del PP en la comunidad andaluza ante los "contundentes resultados" de su formación en las elecciones de este domingo, según recoge EFE. 

Moreno ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede nacional del PP para asistir a la Junta Directiva Nacional del partido, donde ha subrayado que lo que el domingo sentenciaron las urnas les puede permitir un gobierno "monocolor", sin que Vox entre en el mismo.

Ha insistido en que el resultado, se quedaron -ha recordado- a 21.000 votos de la mayoría absoluta, le da al PP "un margen de maniobra" y una "mayoría solvente" para ese gobierno en solitario. 

Aun así, el presidente en funciones también ha matizado que la dinámica parlamentaria les llevará a buscar acuerdos en vía parlamentaria, en referencia a la formación que lidera Santiago Abascal.

"Ante la ciudadanía andaluza (...) no tendría ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón que creo no sería razonable y comprensible para una mayoría de andaluces que han optado claramente por el PP".

Preguntado si aceptaría el concepto de prioridad nacional de Vox si esa fuera su condición para apoyarle desde fuera del Gobierno, ha insistido en que su prioridad es la "prioridad andaluza".

Ha señalado además que por ahora no hay ningún tipo de contactos ya que siguen con la resaca de las elecciones de este domingo y ha recordado que hasta el 11 de junio, cuando se constituye el Parlamento andaluz, hay margen de tiempo y de maniobra para, de manera "serena", ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.

El Partido Popular vuelve a firmar una noche electoral amarga, quizá la más amarga del ciclo electoral. El presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ganó de manera clara los comicios de este domingo con 1.735.000 votos, pero no consiguió reeditar la mayoría absoluta de hace cuatro años. Las urnas han dejado finalmente al presidente andaluz justo en el lugar del que toda su campaña intentó escapar, con 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta, frente a los 58 que obtuvo en 2022. Y aunque Vox únicamente subió un diputado, los de Santiago Abascal se convierten en la llave de la legislatura.

Con el resultado de este domingo se frustra el objetivo de los conservadores de convertir Andalucía en la prueba de que había una salida al laberinto de Vox. La llamada 'vía Moreno", presentada como fórmula para ensanchar el espacio del PP sin quedar atrapado por Vox, ha fracasado precisamente en el territorio donde debía exhibir su mayor fortaleza. Desde el partido presumen de tener “más votos” que hace cuatro años —debido al aumento de la participación— pero lo cierto es que el PP es el partido que más baja en porcentaje, especialmente en feudos como Almería (2,7 puntos menos) y Málaga (3 puntos menos).

El leitmotiv de la campaña de Moreno se basó en reclamar una mayoría suficiente para evitar el “lío” que enfrentaban sus homólogos en Extremadura, Aragón y Castilla y León por los pactos con Vox y trató de establecer un cortafuegos entre el PP andaluz y los pactos suscritos por sus compañeros en otras comunidades. La operación consistía en pedir el voto útil contra Vox sin romper con la extrema derecha en el resto de territorios. Durante la campaña, Moreno apeló a la estabilidad y evitó asumir la posibilidad de un gobierno compartido con los ultras. 

En su discurso durante la noche electoral, pasadas las 23.30 horas, Moreno no mencionó a Vox y simplemente aseguró que va a "cumplir" su mandato con "cuatro años más" de "estabilidad". Con todo, sí que admitió que no se había cumplido el objetivo de reeditar la mayoría absoluta. "Nos hemos quedado muy cerquita de obtener ese resultado, iba a depender de los restos y la ley d'Hont (sic) a veces nos favorece y otras no. No hemos sacado matrícula de honor, pero hemos sacado un sobresaliente", señaló.

Aunque Moreno obtiene casi ciento cincuenta mil votos más que hace cuatro años y podrá seguir al frente de la Junta, necesita a Vox y, por tanto, pierde la autonomía política que ganó en 2022. Ya no es el todopoderoso barón que representa un modelo alternativo al de la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Aunque el presidente andaluz podrá intentar una investidura en solitario con la abstención o el voto favorable de Vox, sin meterlos dentro del Ejecutivo andaluz, la ultraderecha ha dejado claro que la “prioridad nacional” debe estar en el centro de esos pactos, como ya ha ocurrido en el resto de pactos de este ciclo electoral.

Moreno no era el único interesado en obtener la mayoría absoluta. Feijóo llegó a plantear en campaña que lo importante no era solo ganar, sino "cómo" gobernar: solo o condicionado. En sus mítines, pidió votar "en masa, más que nunca" y contrapuso la "estabilidad" del PP al "lío" de depender de varios partidos y llamó a "pelear cada voto" para que Moreno repitiera mayoría absoluta "sin depender de Vox”. Fuentes de Génova admiten que “no es un triunfo completo, pero sí un triunfo claro e incontestable”. 

Lo cierto es que se trata de un fracaso también para el líder del PP, porque Andalucía era el ejemplo que más convenía a Feijóo. Él mismo dijo que lograr un gobierno estable en Andalucía sería "un paso más para conseguir un gobierno estable en el conjunto de España". Es decir, vinculó expresamente a la mayoría de Moreno con su propio proyecto nacional. Antes de empezar este ciclo electoral que comenzó con el adelanto táctico en Extremadura y le siguió el de Aragón, el PP dependía de Vox en tres de las cuatro comunidades en juego; ahora depende en las cuatro, también en Andalucía, y los ultras tienen más votos y escaños.

Así, el mapa autonómico es cada vez más incómodo para la dirección nacional del partido. En Extremadura y Aragón, PP y Vox alcanzaron sendos acuerdos para garantizar la continuidad de María Guardiola y Jorge Azcón, con presencia de Vox en el Ejecutivo. Los acuerdos llegaron tras meses de bloqueo, con la “prioridad nacional” como principal cesión de los conservadores.. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco tampoco alcanzó la mayoría absoluta y ambas formaciones paralizaron las negociaciones a la espera de los resultados andaluces.

Vox, por el contrario, sale reforzado en su papel de socio incómodo, pero imprescindible. No necesita ganar elecciones para imponer agenda. Le basta con impedir que el PP gobierne solo. En Extremadura, Aragón, Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares y ahora Andalucía, la formación de Abascal puede presentarse ante su electorado como garantía de que el PP no se moverá sin mirar a su derecha. La negociación andaluza será, por tanto, una prueba de fuerza. Vox ya ha utilizado en otros territorios conceptos como el de la "prioridad nacional" y el endurecimiento de las políticas migratorias.

La ultraderecha se recupera del fracaso de  Macarena Olona en 2022, que obtuvo 14 diputados, pero quedó políticamente neutralizada por la mayoría absoluta de Moreno, que no necesitó a la extrema derecha para gobernar. La candidatura de Olona mejoró el resultado anterior, pero no logró convertirse en decisiva y ella misma acabó abandonando el partido entre críticas a la dirección nacional del partido. Unas acusaciones sobre el origen y destino de fondos públicos que también han lanzado otros dirigentes.

Ahora ocurre lo contrario. Con Manuel Gavira, Vox apenas suma un diputado más —15 frente a los 14 de Olona—, pero ese escaño adicional tiene un valor político mucho mayor porque el PP pierde la mayoría absoluta y se queda en 53 diputados, por debajo de los 55 necesarios. La aritmética convierte a Gavira en lo que Olona no consiguió ser, el el árbitro de la legislatura. Con todo, no hay un "efecto Vox" en términos de crecimiento masivo, sino un "efecto bisagra" ya que la ultraderecha apenas crece en 0,35% puntos porcentuales. En cambio, la candidata del ultra Alvise Pérez obtuvo un 2,5% de los votos.

Pese al frenazo de Vox, la sensación es de euforia. “¿Dónde está la mayoría, la mayoría dónde está?”, cantaban los simpatizantes de la formación cuando Gavira salió a hablar. “No vamos a defraudar a esos andaluces, vamos a defender cada uno de esos votos”. “Esperamos del PP que escuchen a los andaluces, porque desde luego han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quiere y quieren prioridad nacional”, planteó. En el PP no quieren, sin embargo, entrar a hablar sobre si Moreno gobernará en solitario o tendrá que tragarse ‘el sapo’ que trató de evitar toda la campaña.

Juanma Moreno se mete en el “lío”. Los andaluces han dado una holgada victoria al Partido Popular este 17M, pero el PP ha fracasado en su objetivo de mantener la mayoría absoluta que obtuvo hace cuatro años y queda ahora en manos de Vox para poder mantener la Presidencia de la Junta tras una noche electoral en la que el PSOE ha caído en su peor resultado histórico y Adelante Andalucía ha sido la gran revelación, con sorpasso incluido a Por Andalucía.

A partir de este domingo, el Parlamento andaluz quedará así repartido en sus bancadas: Partido Popular (53 escaños), PSOE (28), Vox (15), Adelante Andalucía (8) y Por Andalucía (5). El bloque de la derecha se impone en el Hospital de las Cinco Llagas, con 68 parlamentarios, aunque baja respecto a hace cuatro años, cuando los populares y la ultraderecha lograron 72 parlamentarios. La izquierda avanza ligeramente al pasar de 37 a 41.

Moreno logra una victoria muy agridulce, porque pierde esa plácida mayoría absoluta con la que ha gobernado durante toda la legislatura sin que nadie le pudiera toser en las votaciones, además de haber proyectado esa imagen de moderado capaz de gobernar de una manera diferente a la de Isabel Díaz Ayuso. El PP se deja cinco escaños y es, de los grandes partidos, el que más baja en porcentaje de voto.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía no ha logrado materializar su objetivo de evitar el “lío”, como pidió a los electores, y ahora depende de la ultraderecha, lo que supone la peor pesadilla para un dirigente que se vende como centrista. No obstante, el popular fue el primer dirigente de los populares que pactó con la ultraderecha tras las elecciones de 2018 para llegar al Palacio de San Telmo.

El Partido Popular se queda a dos escaños de esa mayoría absoluta tras una legislatura en la que la crisis de los cribados de cáncer de mama desgastó a los populares, aunque Moreno logró reflotar con la gestión de la tragedia de Adamuz (Córdoba) y de las riadas en todas las comunidades. Esta vez el PP no ha logrado imponerse de manera mayoritaria en la batalla de los últimos escaños, que hace cuatro años le sirvió para llegar hasta los 58. En esta ocasión, los populares se han llevado los de Almería, Córdoba y Málaga, pero el PSOE rascó los de Jaén y Sevilla, Por Andalucía los de Cádiz y Granada y Vox el de Huelva. El presidente de la Junta evitó durante su discurso final hablar de Vox y del posible pacto.

Pero, sobre todo, este resultado afectará a nivel nacional al Partido Popular. Aunque los populares venderán una victoria muy amplia, quedan en manos de la ultraderecha como ha pasado durante todo este ciclo electoral en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Vox lleva semanas insistiendo en que pedirá al Partido Popular que acepte la “prioridad nacional” y que hará valer caros sus votos para formar gobierno.

La ultraderecha ha conseguido subir un escaño y su grupo tendrá hasta 15 parlamentarios, aunque apenas ha subido más de tres décimas en porcentaje de voto respecto a hace cuatro años. Pero los de Abascal tienen el éxito de condicionar a Moreno, un barón del PP que siempre los ha despreciado y al que llaman en sus mítines “Juanma Moruno”. En el cuartel general del partido, su candidato, Manuel Gavira, fue recibido al grito de “¿dónde está la mayoría?”. El número uno autonómico indicó: “Ha quedado claro que los andaluces quieren prioridad nacional”.

Asimismo, el resultado le da fuerza en la negociación en Castilla y León, todavía inconclusa para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco (PP). Pero la otra cara de la moneda es que la ultraderecha ve cómo se frena su ascenso y no llega ni al 14% de los votos, muy lejos de esa barrera psicológica del 20% con la que sueña Santiago Abascal en todas las elecciones.

Uno de los principales factores del estancamiento de Vox es el resultado de Se Acabó la Fiesta, que, a pesar de no lograr diputados, es ya la sexta fuerza en la comunidad autónoma con más de 104.000 votos y superando el 2,5% de votos. Las encuestas finales señalaban precisamente que el partido de Alvise Pérez podía robarle hasta un diez por ciento a la ultraderecha entre sus votantes.

El PSOE cayó en su peor resultado histórico este 17M, pero hay cierto alivio en Ferraz y en San Vicente por dos factores: Moreno Bonilla se queda sin la mayoría absoluta y no se cumplen los peores augurios, ya que en las últimas semanas sus encuestas internas daban incluso un resultado que podía estar en torno a los 24 o 25 escaños. 

Los socialistas se quedan finalmente en 28 escaños, dos diputados menos que los 30 conseguidos por Juan Espadas hace cuatro años. Montero era una apuesta personal de Pedro Sánchez y su campaña no ha despertado ningún tipo de ilusión a pesar de haber presentado estos comicios como un referéndum sobre la sanidad pública, el principal problema para los andaluces.

El PSOE quedó en segunda posición en todas las provincias, a excepción de Almería, donde Vox le adelantó en una provincia en la que tiene muchísimo peso la agricultura y la migración a la hora de votar. Montero, no obstante, ha tenido más votos en general que la candidatura de Espadas, con más de 944.000 papeletas, frente a las 888.325 de 2022, cuando hubo menos participación. “No son unos buenos resultados”, reconoció la exvicepresidenta primera. 

En Ferraz y en Moncloa rechazan hacer paralelismos entre las autonómicas y las generales. Sobre la mesa siempre ponen encima que en las generales del 23J Pedro Sánchez tuvo un resultado que rebasó el 33% en Andalucía, quedando a poco más de tres puntos del Partido Popular, algo que fue clave para poder retener el Palacio de la Moncloa. A pesar del mal resultado, Sánchez no tiene intención de hacer grandes giros de timón y mantiene su plan de ir a las elecciones generales el año que viene.

En el espacio de la izquierda, Adelante Andalucía aparece como el gran ganador de estas elecciones, al cuadruplicar sus resultados al pasar de dos a ocho escaños en el Parlamento. La candidatura de José Ignacio García ha logrado generar ilusión, especialmente entre los nuevos votantes, con una apuesta andalucista sin dirección en Madrid y contraria a gobernar de manera conjunta con los socialistas. 

Adelante Andalucía ha logrado algo inaudito: consigue escaños por seis provincias, un salto para un partido que estaba radicado solo en Cádiz y en Sevilla. No logra, como le ha pasado a Por Andalucía, entrar ni en Almería ni en Jaén, dos provincias esencialmente bipartidistas y con gran penetración de Vox por el componente agrícola. Y, además, los de García se han convertido en la tercera formación en Cádiz y Sevilla, por delante de Vox.

Tras conocerse el resultado, García sostuvo: “Hoy se han puesto las bases para echar a las derechas de Andalucía. Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular. Y ha superado a los fascistas en dos provincias. Tiempo al tiempo. Los vamos a superar en todas”.

Adelante Andalucía supera, en la competición dentro de la izquierda, a Por Andalucía, el paraguas bajo el que concurrían Izquierda Unida, Podemos y Sumar. Esta candidatura, liderada por Antonio Maíllo, repite sus cinco escaños, por lo que volverá a tener grupo parlamentario, pero deja de ser la referencia a la izquierda del PSOE. Y, sobre todo, ve cómo el electorado joven se rinde a la fórmula de José Ignacio García. Otra nota que deja este domingo es que la suma de estas dos izquierdas supera a Vox, algo que no pasa en otros puntos de España.

Este 17 de mayo supone el cierre del carrusel electoral que se abrió con las elecciones anticipadas de Extremadura. Estas citas han dejado a un Alberto Núñez Feijóo más dependiente de un Santiago Abascal que no ha logrado su objetivo de resultados por encima del 20 por ciento. Los socialistas han acumulado derrotas, pero se quedan con la lectura de que recuperan votantes y que todavía pueden jugar para ganar las generales del año que viene. Y se constata ahora en Andalucía la pujanza de las izquierdas transformadoras con anclaje territorial.

La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 52,14 % a las 18:00 horas, 7,6 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 44,51 %, con los datos comunicados prácticamente por todas las mesas electorales.

Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 18:00 horas habían votado 3.336.399 personas en toda Andalucía, según informa Efe.

La provincia con más participación es Córdoba, con un 55,11 % y una subida de 6,63 puntos, y la que menos es Huelva, con un 48,07 %, aunque ha subido 8,18 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.

La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales habilitadas para los comicios andaluces sin incidencias relevantes, salvo en el CEIP Los Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz) donde las votaciones comenzaron con unos minutos de retraso.

En este último centro la Junta Electoral de Cádiz (JEC) ha acordado ampliar en diez minutos, hasta las 20:10 horas, el horario de cierre de una mesa en este colegio electoral, mientras que en el de Málaga el cierre será a las 20:14 y el de Sevilla a las 20:43 horas, justo el mismo tiempo que duró la demora en constituirse las mesas.

Ante estos retrasos en el cierre de estos colegios electorales, la Junta Electoral de Andalucía ha decidido que no podrán hacerse públicos datos de resultados de votaciones hasta las 20:43, aunque sí podrán difundirse los de los sondeos a las 20:00 horas, según ha explicado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en su comparecencia para explicar los datos de participación de las 14:00 horas.

Además, un error sobre la mesa electoral de Cuevas del Campo (Granada) en la que debía votar la cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz por Granada Olga Manzano ha llevado a la Junta Electoral de Zona a determinar la anulación, por azar, de uno de los votos contenidos en la citada urna.

Por otra parte, en su perfil en la red social X, Vox ha denunciado este domingo una presunta agresión a dos de sus apoderados en un colegio electoral del barrio de la Oliva de Sevilla

Las incidencias menores registradas durante esta jornada han sido la ausencia de papeletas, algún presidente de mesa que ha habido que sustituir y los problemas para localizar las llaves de un local, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha subrayado la normalidad de la jornada.

Todos los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos han ejercido su derecho al sufragio durante las primeras horas de este domingo.

Así, el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado, tras votar en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, que ha comprobado "ilusión" en torno a su proyecto y ha añadido que "hay muchos restos que se van a decidir hoy".

Para la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que ha ejercido su derecho al voto en un colegio del Centro de Sevilla, es "un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro".

También en Sevilla ha votado el candidato de Vox, Manuel Gavira, quien ha apostado por la necesidad de que en Andalucía haya un "gobierno que tenga claras sus prioridades" y que "saque a los andaluces del lío en el que estamos metidos".

En el Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha realizado un llamamiento a la "ilusión y movilización" para que los andaluces decidan lo que quieren en los próximos cuatro años.

En Jerez de la Frontera (Cádiz) ha votado el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha pedido el apoyo "por la clase trabajadora, por el pueblo andaluz y por la gente normal y corriente".

Los andaluces deciden su futuro para los próximos cuatro años. 6.812.861 electores están llamados a elegir a los 109 nuevos diputados en el Hospital de las Cinco Llagas. Una cita que marca el fin del ciclo electoral que se ha vivido con Extremadura, Aragón y Castilla y León y que abre la puerta ya a la gran lucha por las generales del año que viene.

La gran incógnita de este domingo es si Juanma Moreno Bonilla mantiene su plácida mayoría absoluta al frente de la Junta en el Palacio de San Telmo o si pasa a depender de la ultraderecha, lo que supondría un varapalo para un dirigente político que hace bandera de su supuesta moderación en tiempos de polarización política.

Cuando se abran las urnas, se despejarán incógnitas como el estado del PSOE andaluz. La que fuera la maquinaria electoral más potente de la izquierda durante décadas se encuentra en una situación muy complicada y la candidatura liderada por la exvicepresidenta primera María Jesús Montero se enfrenta al reto de no perforar su suelo histórico, que ahora mismo está en los 30 diputados en los que se quedó con la papeleta encabezada por Juan Espadas hace cuatro años.

Este domingo también servirá para medir si Vox tiene capacidad para seguir creciendo o si está frenando su auge después del frío resultado en Castilla y León. Asimismo, este 17 de mayo es un termómetro para ver si ha calado en la sociedad el mensaje de la prioridad nacional que ha impuesto el partido de Santiago Abascal en sus pactos con los populares en Aragón y en Extremadura.

Pero también se vive una lucha muy intensa dentro del espacio progresista. Por Andalucía es el gran laboratorio para sopesar el dinamismo de la unión conseguida para la cita entre Izquierda Unida, Sumar y Podemos. Pero resuena con fuerza la opción de Adelante Andalucía, el partido que se ha hecho con la seña del andalucismo y quiere abrir una nueva vía en la comunidad a través de un instrumento político sin dependencia de Madrid y que rechaza entrar en gobiernos con los socialistas.

Los partidos llegan a este domingo con los nervios dominando sus cuarteles generales porque el último escaño en cada una de las ocho provincias se juega por muy pocos votos. Y ahí es donde puede cambiar todo. El Partido Popular ha llamado a los electores a ir a las urnas y no pecar de exceso de confianza. Los populares saben que la izquierda no tiene ninguna posibilidad y esperan que el voto prestado de los socialistas les proporcionen los escaños suficientes para llegar a los 55 asientos que suponen la mayoría absoluta.

Todas las formaciones hacen sus cálculos. En el cuartel general del socialismo andaluz tienen estudiado que este 17 de mayo se están jugando el último escaño en Almería, Jaén, Cádiz, Huelva y Granada. Una dura lucha en la que compiten directamente con Vox, el PP y Adelante Andalucía. 

Esa batalla por el último escaño mantiene también en vilo a Adelante Andalucía, que ha sido el partido revelación en esta campaña y cuyo número uno, José Ignacio García, se ha convertido en un fenómeno viral, además de haber sido el que más ha aprovechado su aparición en los debates televisivos en Canal Sur y TVE.

Fuentes de esta formación, que ahora mismo tiene solo dos asientos en el Parlamento, trasladan que están en condiciones de lograr dos escaños en Cádiz y en Sevilla y que pelean duramente por tener un diputado por Málaga, Córdoba, Huelva y Granada.

También Por Andalucía vive con mucha intensidad esta lucha por el último escaño y señalan en la lista de Maíllo que, según sus estudios y análisis, pueden ser la fuerza que más crezca esta noche por la distribución final de los últimos restos: “Somos la candidatura con más fuerza para quitarle realmente la mayoría absoluta al Partido Popular”.

En Por Andalucía, que tiene ahora cinco escaños, trasladan que este domingo se están jugando directamente el último escaño de Cádiz, Huelva y Sevilla de manera directa. Además, calculan que están más cerca ahora de arañar el último en Almería, donde estuvieron muy cerca hace cuatro años frente a Vox, y en Málaga, “donde la batalla es tremenda entre todos”.

Y todos los partidos progresistas hablan de manera coincidente en que la otra gran batalla es la movilización del electorado frente a la abstención. El PSOE soñaría con una participación que se acercara al 65%, al estilo de unas elecciones generales. Y es que el gran problema de Montero es que su electorado no se anima en las autonómicas (en 2022 solo se superó el 24% de apoyo), en tanto que en las generales se dispara por encima del 33% el apoyo a la papeleta del puño y de la rosa. Por eso, Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero se han volcado en esta campaña, también con la intención de presentarse como el voto útil. 

Los andaluces van a las urnas con la sanidad como principal problema de la comunidad, como reflejan todas las encuestas. Moreno ha vivido su principal crisis por los cribados de cáncer de mama, aunque ha tratado de compensarla con su imagen durante el accidente de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) y las riadas en la comunidad.

En las madrileñas calles de Ferraz y de Génova estarán pegados a la televisión siguiendo el resultado. Los socialistas ya asumen un mal resultado y, por eso, muchos dirigentes creen que hay que pasar página lo más rápido posible. No obstante, en el Palacio de la Moncloa descartan que esto pueda suponer un giro de timón de Sánchez, quien sigue en la idea de agotar la legislatura y no convocar elecciones hasta 2027. A la vez, Feijóo es consciente de que la pérdida de la absoluta por parte de Moreno le debilita mucho a nivel nacional porque le deja más rehén de Vox y también posiciona a Isabel Díaz Ayuso como la líder territorial con más fuerza. 

Los andaluces van a las urnas este domingo. Juanma Moreno (PP) es el principal favorito, pero tiene un talón de Aquiles: la sanidad. Es el principal problema de los ciudadanos, según se recoge en la mayoría de encuestas, y la Junta vivió su mayor crisis durante esta legislatura con la polémica por los cribados de cáncer de mama.

Moreno evita en todo momento hablar de sanidad, como se ha podido comprobar durante los dos debates en TVE y en Canal Sur. No ha respondido ni siquiera a por qué se produjeron los fallos en los cribados. Los partidos de la izquierda han centrado, en cambio, la campaña principalmente en la situación del Sistema Andaluz de Salud (SAS), que antes era la joya de la corona de la comunidad.

En cambio, esa joya es hoy un gran problema por las listas de espera, la privatización de servicios y el aumento de los seguros privados por el colapso en los centros de salud y los hospitales. Pero, más allá de las críticas y titulares, los partidos de la oposición van al 17M con unas particulares recetas que centran sus programas electorales.

El PSOE ha llamado a convertir este domingo electoral en un gran referéndum por la sanidad y ha hecho de la defensa de los servicios públicos su eje central. De hecho, las propuestas sanitarias abren el programa y ocupan hasta 17 páginas. Si llega al Palacio de San Telmo, María Jesús Montero aprobará como primera medida un Plan de Rescate de la Sanidad Pública.

Su hoja de ruta pasa en este plan por aumentar la financiación sanitaria en tres mil millones de euros adicionales para que Andalucía pase a estar entre las autonomías con mayor dotación por habitante. También hay un compromiso para mejorar el sueldo de los profesionales sanitarios y contratar hasta 18.000. Y este rescate conllevaría otra medida estrella: tiempo máximo de 48 horas para ser atendido por el médico de familia.

El PSOE apuesta por priorizar la gestión directa pública de los hospitales y por establecer un proceso ordenado para que los conciertos y contratos vigentes con la sanidad privada vayan revirtiéndose a medida que expiren: “No plantearemos una ruptura caótica, sino una transición con seguridad jurídica y continuidad asistencial, pero con una dirección política inequívoca hacia la recuperación de capacidad pública”. Para ello, se revisarían de manera “urgente” todos los convenios con empresas privadas.

Los socialistas prevén también cambios a nivel normativo para mejorar la situación, empezando por una ley para blindar la gestión pública del SAS con el fin principal de acabar con la externalización como vía principal usada por el actual Gobierno autonómico. El programa también incluye que “cada hospital concertado que hoy sostiene una parte esencial de la atención sanitaria avance hacia su plena integración en la red sanitaria pública andaluza”.

Otra de las columnas del programa se basa en “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en la crisis de los cribados de cáncer”. Con carácter inmediato, el PSOE impulsaría la resolución de las reclamaciones patrimoniales interpuestas por las víctimas y la valoración individual de la situación clínica de cada una de las, al menos, 2.317 mujeres víctimas reconocidas por la Junta. Esto incluiría acceso inmediato a las pruebas, tratamientos y terapias necesarias, incluida la rehabilitación y la atención psicológica.

La promesa de Montero pasa también por la publicación de “forma íntegra, anonimizada y accesible” de toda la documentación relevante, incluidos informes, actas, datos oficiales y decisiones organizativas, asegurando la custodia de historiales clínicos y la trazabilidad de los registros. También aboga por poner en marcha una comisión de investigación y la creación de una figura institucional para las “víctimas de cribado y detección del cáncer”.

En este sentido, el PSOE plantea una Estrategia Andaluza de Oncología de Precisión para situar y reforzar de forma estable las plantillas vinculadas al diagnóstico oncológico, “especialmente en radiología de mama, anatomía patológica, enfermería y personal técnico y administrativo, con incentivos de fidelización y equilibrio territorial”.

Los socialistas tratan también de atraer a los votantes con promesas para reducir las listas de espera al garantizar citas en atención primaria con un plazo máximo de 24 a 48 horas, además de poner en marcha una línea directa de videollamada. El PSOE busca garantizar atención quirúrgica con tiempos máximos de espera de entre 60 y 180 días, a la vez que fija 30 días como plazo máximo para las consultas hospitalarias.

La sanidad también es la gran protagonista de la campaña y del programa de Por Andalucía, la coalición en la que están, entre otros partidos, Izquierda Unida, Podemos y Sumar. Como principal reclamo: blindaje de la atención primaria destinando a ella el 20% del presupuesto sanitario, con 8.000 nuevas contrataciones, cita médica en menos de 48 horas y un horario de atención presencial que vaya de ocho de la mañana a ocho de la tarde.

Todo ello bajo un nuevo paraguas normativo, ya que Por Andalucía planea una ley que garantice el carácter universal y de gestión pública del sistema andaluz para “poner fin a la privatización encubierta”. Con esta idea, también aspiran a una reducción “progresiva” de los conciertos sanitarios. 

Además, le da mucha importancia Por Andalucía a medidas como la creación de la Agencia Andaluza de Salud Pública (destinando progresivamente hasta el 5% del gasto sanitario), la preparación del sistema sanitario frente al cambio climático y futuras pandemias, la apuesta por la investigación pública en salud y la protección de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

En Por Andalucía le dan especial importancia a la salud mental. De ahí viene la promesa de destinar a esta cuestión hasta el 10% del presupuesto sanitario, además de adecuar las ratios de profesionales a la media europea y garantizar psicólogos en atención primaria, hospitales, servicios sociales y centros educativos. Otra de las ideas es, por ejemplo, dotar con recursos suficientes a la atención de trastornos de la conducta alimentaria, a través de unidades de día en todas las provincias.

Asimismo, el programa se detiene también en la salud sexual y reproductiva con tres grandes medidas: garantizar el acceso universal a métodos anticonceptivos y al aborto en la sanidad pública, reforzar la educación sexual y menstrual, y recuperar y fortalecer la red pública de atención a las ITS.

Adelante Andalucía pone también en primera línea la sanidad, con hasta 33 páginas dentro de su programa electoral, que tiene como eje vertebrador el compromiso de apostar en exclusiva por la titularidad pública con gestión directa, que conlleve también un modelo nuevo de rendición de cuentas para explicar todas las decisiones de gestión del SAS.

La candidatura de José Ignacio García pone en el centro la atención primaria, que se recogerá en un plan especial en el que se incluirá la recuperación de todos los servicios de urgencias en los centros de salud y la garantía de consultas de diez minutos por paciente. También se quieren dimensionar las plantillas: tope máximo de 1.500 tarjetas individuales sanitarias (TIS) por médico o médica de familia y de 1.200 menores por pediatra.

Adelante Andalucía ha ideado el llamado Plan 20.000. ¿En qué consiste? En establecer un centro de especialidades médicas principales (cirugía general, traumatología y ortopedia, ginecología y oftalmología) para las poblaciones de más de 20.000 habitantes. Asimismo, se quiere complementar con la conexión ferroviaria con estos municipios para facilitar su acceso.

Este partido ha sido uno de los más combativos en la crisis de los cribados. En este sentido, ha diseñado una ley del cáncer en Andalucía, con medidas como la monitorización de los plazos en los diferentes cribados oncológicos y la garantía de un plazo máximo de 90 días para la intervención quirúrgica de reconstrucción de la mama.

Para todo ello, se fijan especialmente en la financiación. Su plan pasa por fijar por ley un suelo de gasto garantizado del 7% del PIB andaluz para sanidad, o bien uno superior para que el gasto sanitario por persona y año en Andalucía nunca se encuentre por debajo de la media estatal. Y buscan fijar un umbral mínimo de financiación para atención primaria del 25% respecto al gasto sanitario total y del 2% para Salud Pública.

El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla llegó el lunes al debate de Canal Sur con el objetivo de reforzar una imagen de gestor moderado, proteger el flanco sanitario y repetir que su Gobierno ha fortalecido como nunca los servicios públicos. El candidato del PP volvió a desplegar la misma estrategia que en el debate de la anterior semana en RTVE al reivindicar inversión, estabilidad y gestión frente a una oposición que le acusó de haber abierto la puerta a una privatización de derechos básicos como la sanidad y la educación.

Sendos debates demostraron que hay dos Juanma Moreno. Uno que sonríe, baja el tono, defiende la sanidad pública, habla del andalucismo y pide estabilidad. Ese es el que explota en mítines y actos de campaña, en el que no hay contrincantes a la vista. El otro rechaza la intervención pública cuando amenaza intereses privados, deriva recursos hacia conciertos y externalizaciones, utiliza la financiación autonómica como arma contra el Gobierno central y se muestra hostil con los candidatos del resto de formaciones políticas.

Con todo, el conservador intentó que nada alterara su relato de campaña, que Andalucía funciona, el PP garantiza tranquilidad y cualquier alternativa es "lío". Un argumento que utilizó al arrancar la campaña y ha repetido en los debates. "Cuando las cosas van razonablemente bien", dijo, "no podemos depender de quien nos quiere meter los palos en la rueda, de quien nos quiere chantajear, o de quienes quieren volver atrás". 

La sanidad fue el apartado más complicado para Moreno pese a ser la principal preocupación de los andaluces, según recogen todas las encuestas. En el debate de RTVE, el presidente de la Junta aseguró que la oposición había dicho "barbaridades y mentiras" que debilitaban la imagen de los servicios públicos, y anunció una ley para blindar el crecimiento del gasto sanitario y del número de profesionales. Pero en ese debate en concreto evitó responder sobre la crisis de los cribados pese a las preguntas directas de los portavoces de izquierdas.

En el de Canal Sur ya no optó por el silencio y defendió que la Junta actuó correctamente al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades", además de promover la destitución de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud. Asimismo, insistió en que "no ha fallecido ninguna mujer" como consecuencia de ese fallo, y acusó a la oposición de "mentir" y de "hacer política con el dolor”. La presidenta de la asociación Amama, Ángeles Claverol, le respondió este martes y aseguró que sí se han producido tres muertes “por los fallos en los cribados” por las que “se han iniciado procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que han dado acuse de recibo”.

La contradicción, sin embargo, no terminaron en los cribados. Frente a las críticas por listas de espera, deterioro del sistema y privatización, se refugió en el argumento de la gestión y sostuvo que la Junta recurre a conciertos con empresas e instituciones externas, como hacen otras administraciones, para atender necesidades sanitarias. Moreno cifró esos conciertos sanitarios y sociales para 2025 en 562 millones de euros, un 3,7% del presupuesto, mientras crecen los recursos destinados a derivar servicios al sector privado, con un aumento del 21,5% de esas externalizaciones, según han denunciado los sindicatos.

En los dos debates, Moreno no desarrolló una propuesta educativa concreta. Habló de educación como parte de los "servicios públicos" y la vinculó a la financiación y a la estabilidad presupuestaria, mientras evitó entrar en el fondo de la crítica de la oposición: la falta de plazas públicas de Formación Profesional (FP), el crecimiento de la oferta privada y la expansión de universidades privadas durante sus ocho años de Gobierno.

En FP, la oferta privada se ha disparado en poco más de una década, con cada alumno pagando entre 4.000 y 6.000 euros por curso de media. A esto se le suma que Andalucía ha pasado de tener una sola universidad privada cuando Moreno llegó a la presidencia en 2019 a contar con cuatro nuevos campus privados en funcionamiento en 2026.  Un reproche que le lanzaron tanto la socialista María Jesús Montero, que criticó la “asfixia” de las universidades andaluzas, “mientras autorizan universidades privadas sin criterios de calidad” y que también mencionó el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que señaló que la Junta avala universidades privadas “con menos papeles que un conejo de campo”.

Lo cierto es que Moreno no solo ha ampliado el mapa de universidades privadas sino que lo ha hecho incluso contra el criterio de las universidades públicas andaluzas. La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) salió adelante pese a un informe desfavorable por unanimidad de la Conferencia General de Política Universitaria. La CEU Fernando III, la UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía no tuvieron ese veto ministerial, pero sí nacieron con el rechazo de los rectores de las públicas en el Consejo Andaluz de Universidades.

El presidente andaluz también trató de presentarse como defensor de su comunidad frente a los supuestos privilegios territoriales. En ambos debates encontró ahí uno de sus argumentos estrella al acusar a la candidata socialista de haber "privilegiado" a sus socios independentistas para sostener a Pedro Sánchez. 

“Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, le espetó este lunes en el debate en Canal Sur. Montero, por su parte, volvió a defender que Andalucía sería una de las comunidades más beneficiadas por el nuevo modelo de financiación autonómica. “Es usted más genovés que andaluz, sigue las instrucciones de Génova”, le respondió la exministra de Hacienda. Durante su etapa en el Ministerio, Montero planteó una propuesta de reforma en la que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más, por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La Junta no quiso, siquiera, abordar criterios como la población ajustada, la deuda o los servicios públicos para reajustar el modelo. Según el presidente andaluz, si lo proponía Montero y formaba parte de un acuerdo con Cataluña, nada bueno traería. La paradoja, sin embargo, se pudo ver durante los debates. El presidente reclamó más financiación para Andalucía mientras la Junta ha rechazado abrir el melón de la financiación autonómica.

La vivienda fue protagonista del primer debate y, aunque también se mencionó en el de Canal Sur, ocupó menos tiempo de pantalla, aunque volvió a enseñar la doble cara de Moreno. El presidente andaluz defendió su balance asegurando que su Gobierno ha "cuadruplicado" la vivienda protegida y vinculó esa política a la estabilidad, mientras los partidos de la izquierda le reprochaban el rechazo a regular el alquiler y Vox trataba de llevar el problema al terreno de la inmigración con su “prioridad nacional”.

La respuesta del presidente andaluz al problema pasa por construir más, movilizar suelo y ofrecer seguridad al promotor, pero siempre bajo la premisa de que no hay que intervenir en el mercado para poner coto a los alquileres disparados, la compra especulativa, la vivienda turística y la expulsión de vecinos de los barrios. Moreno presentó su nueva ley de vivienda como una vía para generar más vivienda protegida en venta y alquiler, con más suelo, cambios de uso, menos burocracia y colaboración público-privada.

El representante de Adelante Andalucía recriminó al candidato del PP que la Junta permita a una persona con rentas altas poder acceder a una vivienda de protección oficial, que viviendas financiadas con recursos públicos puedan venderse años después y que no se ponga freno a la especulación. Moreno respondió entonces acusando a García de "demagogia" y defendiendo que esos precios estaban por debajo del mercado. Así, una cara promete VPO, jóvenes propietarios y acceso asequible mientras la otra rechaza cualquier tipo de intervención y convierte el derecho a la vivienda en una operación de oferta, suelo y colaboración con promotores. 

El accidente ferroviario de Adamuz parecía que iba a pasar de largo en esta campaña. Todos los candidatos habían guardado el silencio y el respeto que las víctimas de la tragedia habían pedido hasta este lunes, en el último debate electoral.

"Nosotros hemos manifestado desde el minuto uno que no queríamos injerencias políticas y, por supuesto, que no se hiciera caja con nuestro drama", dijo Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, pero Juanma Moreno, actual candidato del PP a renovar la presidencia de la Junta andaluza, sacó el tema en un 'cuerpo a cuerpo' contra la candidata socialista y exvicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Moreno pregunto a Montero por las causas del accidente de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas. “Han pasado más de cien días y nadie ha asumido ni una sola responsabilidad”, ha dicho el presidente andaluz. “Hay una comisión investigando”, dijo la socialista, quien remarcó que se sabrá todo, también del servicio 112 de Andalucía.

Al término del debate, el alcalde socialista de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), publicó un comunicado en Facebook en el que señalaba que estaba "tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz" y finalmente "lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

"He preferido guardar silencio, dejar trabajar a quienes tienen que investigar y esperar a que se esclarezca todo lo ocurrido. Y espero que eso suceda pronto", ha añadido el alcalde, quien ha querido explicar lo que vivió "en primera persona aquella noche en el lugar del accidente". Además, ha acusado al presidente andaluz de hacer una “manipulación torticera” del accidente ferroviario para “racanear cuatro votos”.

Samper, también ha expresado a EFE el deseo por parte de la asociación de que "la justicia haga su trabajo y que asuma sus responsabilidades" y ha incidido en pedir lo mismo que vienen diciendo siempre: "Que nos atiendan, que colaboren con la investigación, que en algunos casos no se ha hecho".

El alcalde socialista ha dicho que se siente “obligado” a revelar la tardanza de los servicios de emergencia tras haber mantenido hasta ahora lealtad institucional. Moreno asegura que todos conocen la "hora a la que ocurrió el siniestro", concretamente a las 19.43 horas, pero "muchas personas no saben" que pasadas las 21:30 horas "la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada" y "durante mucho tiempo, cerca de dos horas" los que atendieron a viajeros y heridos fueron, principalmente, los "vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello".

"Una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias. El dispositivo de emergencias tomó realmente el control y montó el 'hospital de campaña' pasadas las 22.00 horas. Pregunté una y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos que apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación", reiteraba en el comunicado en redes sociales.

Para Moreno, que se ha reafirmado este martes por la mañana en una rueda de prensa que ha ofrecido "en calidad de alcalde de Adamuz" y para "aclarar lo sucedido", la ayuda "llegó tarde" aunque ha destacado que la "coordinación posterior fue buena" y "excelente", aunque llegara "dos horas después".

"Y ocurrió exactamente lo mismo en la Caseta Municipal. Hasta las 23.30 horas no se movilizó ningún dispositivo sanitario allí. Los únicos sanitarios presentes durante todo ese tiempo fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz, personas de nuestro pueblo que dieron un paso al frente sin preguntar, sin mirar el reloj y sin esperar nada a cambio", continuaba el escrito.

El comunicado del alcalde adamuceño concluía asegurando que "la ayuda y la entrega" de los vecinos del pueblo fue "ejemplar" y que, por tanto, no iba a "consentir que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz. No lo voy a consentir porque quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche… y saben también que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar".

El presidente de la asociación de víctimas ha lamentado que las peticiones de respeto por parte de las familias no hayan sido escuchadas y ha añadido: "Parece que no nos han atendido mucho nuestros pensamientos porque, vamos, lo dijimos muy claro y, sin embargo, efectivamente, ayer lo vimos en el debate".

"Nos parece, pues, deleznable que se utilice, en mayor o menor medida, da igual, que se utilice de cualquier manera un drama humano en un debate electoral. Vamos, nos parece tremendo", ha enfatizado el portavoz, quien ha añadido que "no tendría que haber aparecido nunca la palabra" del drama en esa cita.

"Estamos totalmente en desacuerdo con que se haya usado, totalmente", ha incidido Samper.

Los cuatro días que quedan de campaña en Andalucía son esenciales. Lo confiesan tanto en la sevillana calle de San Vicente como en la madrileña de Ferraz. El electorado progresista se activa conforme ve que se acercan las urnas. Y ahora mismo los socialistas se encuentran en una situación complicada, en la que peligran incluso los 30 escaños que tienen ahora mismo en el Parlamento autonómico.

Son varios los flancos que tienen abiertos en el PSOE y en los que se juega el resultado final de María Jesús Montero, la todopoderosa ex vicepresidenta primera de Pedro Sánchez que ahora se enfrenta a su mayor reto electoral y orgánico. Tiene por delante el objetivo de no caer por debajo del mal resultado que obtuvo Juan Espadas hace cuatro años, que marcó el suelo electoral del socialismo andaluz.

Montero y los suyos tienen ahora mismo una obsesión: conseguir despertar a muchos votantes que se mueven entre la abstención y la indecisión. El elector socialista es más difícil de activar para unas autonómicas en el sur, se implica mucho más en las municipales y en las generales.

En el cuartel general del PSOE se analiza que unos 500.000 votantes meten la papeleta en las generales,pero se quedan en casa cuando hay andaluzas. Y es un patrón que se ha repetido en las dos autonómicas más recientes, tanto con Espadas como en la última cita que encabezó Susana Díaz.

Por ejemplo, en las elecciones autonómicas de 2022, el PSOE superó apenas el 24% en una cita en la que la abstención llegó casi al 42%. En cambio, en las generales del 23 de julio de 2023, cuando la participación subió considerablemente en Andalucía (por encima del 66%) y la abstención cayó (33%), los socialistas lograron subir por encima del 33% de los votos. Algo similar ocurrió en las municipales del 28M de ese mismo año: con una participación superior al 60%, los de Pedro Sánchez también tuvieron más del 33% de las papeletas.

Asimismo, se miran con lupa las grietas que puede haber dentro del propio electorado que sí fue al colegio electoral en 2022. Según la encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser publicada este lunes, el PSOE tiene una fidelidad de voto del 66% (un porcentaje por debajo del PP y de Vox). Su principal problema: el 8,3% de sus electores está ahora mismo indeciso. Y registra fugas de voto hacia Adelante Andalucía (7,1%), Por Andalucía (6,9%) y el PP (6,4%).

En la sala de máquinas del PSOE andaluz recalcan que lo importante es lograr llevar a los colegios a las mismas personas que en unas generales: “Movilización, movilización, movilización”. Y se fijan especialmente en que hay barrios socialistas en toda Andalucía que en unas regionales registran una participación de apenas el 30% cuando en las nacionales se disparan hasta el 65%. 

Fuentes del círculo de Montero señalan que lo importante es que en estos momentos, según sus estudios internos, hay entre un 10% y un 15% por ciento de votantes que no sabe si irá a las urnas. Ahí está la clave y, por eso, están obsesionados con que la participación pueda subir hasta ese número mágico del 65%.

En el PSOE andaluz trasladan que el bloque de la derecha está hipermovilizado, pero que no puede crecer más. Y destierran la idea de que se esté produciendo, como dice el PP, un fuerte trasvase de votantes socialistas hacia Juanma Moreno. El problema para el bloque de la izquierda es la participación, insisten las fuentes. 

Para animar a estos votantes, el PSOE ha diseñado una estrategia de recta final de campaña. En ella se implica de lleno el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien estará el miércoles en un acto en Pulianas (Granada) y también en el cierre de campaña, el viernes por la tarde, en Sevilla. En el equipo de campaña de Montero subrayan: “Él es el mayor movilizador. Y también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que estará en un mitin el jueves en Cádiz”.

Los socialistas están centrando toda su campaña en la defensa de los servicios públicos y quieren convertir las elecciones de este domingo en un “gran referéndum sobre la sanidad”. Es un tema que provoca una gran preocupación entre los ciudadanos y, además, es el elemento que más ha desgastado a Moreno Bonilla en una legislatura marcada por su plácida mayoría absoluta.

En este sprint final, los socialistas, aparte de los grandes actos, están intensificando el “puerta a puerta”, especialmente en los barrios donde se registra una mayor abstención de los votantes socialistas en las autonómicas. Y comentan las fuentes que parte del resultado se juega en activar a votantes en grandes ciudades como Sevilla, Málaga y Cádiz. Asimismo, se están activando llamadas desde call centers y se reforzarán las campañas digitales. 

En el PSOE andaluz están convencidos de que la campaña se le está haciendo larga a Moreno Bonilla, cuyo principal objetivo es que no se movilicen los progresistas. Dirigentes del PSOE-A deslizan asimismo que las encuestas privadas tienen la intención de crear un clima que favorezca la abstención entre los votantes socialistas. Pero creen en el entorno de Montero que los resultados serán mejores de los que vaticinan los barómetros, como sucedió en Castilla y León. Y dan por descartado que puede producirse el escenario de que Vox los supere en provincias como Almería, Huelva y Cádiz.

A partir de ahora también los socialistas van a ir directamente a por el “voto útil”, como señalan varias fuentes del partido en Andalucía, y se van a presentar como la única alternativa para romper el dominio absoluto de Moreno Bonilla: “La gente tiene que ser consciente de que, por la división y la ley D’Hondt, Adelante Andalucía necesita 80.000 votos para un escaño, mientras que a Vox le bastan 40.000”.

El PSOE echa el resto. Se juega mucho en cuatro días. 

Este es un mensaje para todos mis andaluces. ¿Por qué? Por esto:

Según las encuestas, más de dos millones setecientos mil andaluces aún no saben qué votar en las elecciones autonómicas de este domingo.

Dos millones setecientos mil.

Y, chicas, siento ser yo quien os lo diga, pero no está la cosa para abstenciones.

Así que, si te lo pongo un poco más fácil, aquí te dejo una pequeña, muy pequeña lista de motivos para salir a votar el domingo 17 de mayo. Y esto solo para demostrarle a Feijoó que, efectivamente, los andaluces sabemos contar. Al igual que ellos cuentan con, si no consiguen mayoría absoluta, gobernar con gente tan cateta que dice que Blas Infante creó una patria islamista y su campaña está constando en hablar de la Reconquista. Antiandaluces gobernando Andalucía. Pues muy bien.

Vamos a empezar por la vivienda. Y es que Andalucía fue una de las comunidades autónomas donde más han subido los precios en los últimos años: más de un 15% en 2025. Hasta un 40% en los últimos cuatro años en lugares como Málaga, que ha expulsado a miles y miles de vecinos de sus hogares de toda la vida para convertir la ciudad en un resort de lujo para ricos. Todo mientras el Partido Popular se niega a cumplir con la Ley de Vivienda y aplicar los controles a los precios del alquiler en las zonas tensionadas, que en comunidades como Cataluña ha conseguido que el precio baje en más de un 7%.

Seguimos con la sanidad, y es que en tan solo cuatro años Andalucía ha pasado a ser la comunidad autónoma más descontenta con su sistema sanitario, con un gobierno que se ha esforzado en promocionar los seguros privados e incluso ha derivado actividad sanitaria pública a clínicas privadas. De 424 millones de euros hace unos años a 675 millones en 2025. Como resultado: derivaciones masivas a la privada, aumentos de récord en las listas de espera y una saturación extrema en los centros de salud que pone en riesgo a todos los andaluces que no pueden pagar un seguro privado.

Y, por supuesto, no podemos no mencionar la crisis de los cribados por cáncer de mama. Imagínate llevar meses en tratamiento, o sospechando que podrías tener una enfermedad que podría acabar con tu vida, irte a casa después de hacerte las pruebas y pasar meses o incluso años sin saber siquiera si necesitas más revisiones o no. O peor: pensando que está todo bien, que por fin puedes respirar tranquila, solo para, mucho después, descubrir por las noticias que igual es demasiado tarde para ti. Que podrías haberte estado tratando, que podrías estar curada, viviendo tu vida tranquilamente. Es el caso de más de 2300 mujeres andaluzas. Aproximadamente 300 desarrollaron un cáncer avanzado mientras les decían que si no les llamaban, que no se preocupasen, que estaría todo bien. Algunas de ellas ya no están con nosotros. Purificación. Inmaculada, de 60 años. Carmen, de 59. Y para hacerlo peor aún, el presidente de la Junta dice en televisión, preguntado por ellas, que a él “no le constan” esas mujeres. Estoy seguro de que a sus familias sí que les consta su ausencia, señor Moreno.

La lista sigue: privatización en la educación, ausencia total de medidas de carácter feminista o LGTBIQ+, o contra el racismo. Y, honestamente, entiendo perfectamente el cansancio con la cantinela de siempre. Estamos hartos de votar para “frenar” a la ultraderecha, de hacerlo sintiendo que estamos eligiendo un mal menor.

Pero es que, sí, tenemos buenas opciones para salir a votar este domingo. Y quizá las encuestas no ilusionen tanto cuando vemos los posibles resultados de la izquierda alternativa, pero, ¿cuántas veces nos hemos llevado una sorpresa que veíamos casi imposible?

Es momento de votar pensando en nuestras familias, en quienes han peleado para construir lo que ahora están vendiendo a turistas, en todas nuestras amigas que siguen teniendo que irse de sus pueblos y sus barrios porque ya no son para ellas. En las que siguen allí, y en quienes están fuera. Porque, como dice la canción de La Mare y Carmen Xía:

“Y detrás de la postal, de las barquitas y la Caleta hay un pueblo que resiste a los calcetines y a las chancletas. Si se te gastan las fuerzas, hermana, ninguna vamos a culparte, tú eres igual de fuerte por irte que por quedarte”.

"El pasado nunca se muere. Ni siquiera es pasado" 

(William Faulkner)

Unas horas antes del debate el presidente de Andalucía dijo estar confiado, pues se iba a enfrentar a los otros aspirantes "conociendo su pasado". Esta frase me llenó de indignación, pues ya conocía algo del pasado de M. Bonilla, lo he revisado y no es nada notable. Veamos:

1.- Su oculto pasado: catalán y emigrante.- Aunque a todas horas presume de andaluz, la verdad es que sus padres emigraron, por los años 60, desde Málaga a Cataluña, comunidad que los acogió y en donde trabajaron unos años y allí, en Barcelona (1970), nació él, origen que siempre oculta y del que parece sentirse avergonzado. Esto es lo indignante. Yo tengo familiares catalanes y hasta dos nietos mallorquines, y me siento orgulloso de su origen natal. 

Cataluña, tan criticada hoy por otras regiones de España, fue la comunidad adonde emigraron muchos andaluces para buscarse la vida, hacer unos ahorros y retornar. Fueron tantos miles de familias las que emigraron por entonces desde Sevilla, Málaga y Córdoba, que pasaba un tren a diario que en Renfe lo nombraban 'El Catalán'. Moreno Bonilla hace muy mal en ocultar y avergonzarse de su tierra natal.

2.- Su semioculto pasado académico.- Tras regresar con su familia a Málaga, en donde sus padres abrieron una pequeña droguería, el niño, tras sus estudios primarios y secundarios, empezó Magisterio y después Psicología, carreras que NO fue capaz de terminar. En su CV actual, tras excluir titulaciones no realizadas, ya como político solo figura un grado en Protocolo y Organización de Eventos. Tela.

3.- Su aireado y fortuito pasado político.- 

a) Concejal en Málaga(1995).- Como los estudios no se le daban bien y no conseguía trabajo, probó suerte en política afiliándose al PP, en donde Celia Villalobos lo incluyó en su lista de candidata a la alcaldía de Málaga y le asignó la concejalía de Juventud y Deportes, con 25 años.

b) Diputado al Parlamento Andaluz.- Con 27 años lo proponen y es elegido diputado por Málaga.(1997-2000).

c) Diputado del Congreso Nacional.- Del PP malagueño lo soltaron como "paracaidista" por Cantabria y alcanzó su objetivo (2000-2004). Tela.

d) Aterriza de nuevo en Málaga, donde lo lanzan para ser Diputado en el Congreso (2004-2011).

e) Secretario de Estado de Servicios Sociales(2011-2014) nombrado por Rajoy para su proyecto "recortador". Buen ojo.

4.- El "gran recortador".- Sus recortes fueron brutales y numerosos, pero solo citaré los más duros:

-El "medicamentazo": el gasto en medicamentos cayó en más de 1.600 millones en 2012 pues se anuló la financiación pública de 417 medicamentos de uso común (como jarabes contra la tos, laxantes y un largo etcétera) que pasaron a ser pagados por la ciudadanía.

-Nuevos modelos de copago: los jubilados que antes NO pagaban nada por sus medicinas pasaron a abonar el 10% de su coste. Para los trabajadores en activo el porcentaje también subió.

-Ley de Dependencia: se retrasó la entrada en el sistema de los dependientes moderados (Grado I). Además se recortó un 15% la prestación económica a sus familiares cuidadores.

-Presupuesto de Igualdad: se redujeron hasta un 20% las partidas destinadas a la violencia de género.

-Otras medidas impactantes: se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y se elevaron las tasas de servicios de teleasistencia.

-Nota de contexto: en total el gasto sanitario real bajó 6.000 millones durante los años de M. Bonilla como secretario de Estado de Servicios Sociales. Un meritazo.

NOTA FINAL ABREVIADA.- Estos son los pasados de los rivales políticos de Juan Manuel Moreno Bonilla:

Adelante Andalucía.- José I.García: de Jerez, Psicólogo, Orientador Educativo y Diputado actual.

Vox.- Manuel Gavira: de Cádiz, abogado y actualmente Diputado andaluz.

Por Andalucía.- Antonio Maíllo: de Lucena, Filólogo y Educador de Secundaria y exdiputado del parlamento andaluz.

Psoe Andalucía.- María J. Montero, de Sevilla, licenciada en Medicina y Cirugía, exministra de Hacienda (2018-2026) y exvicepresidenta 1ª del Gobierno.

CONCLUSIÓN..- Además del largo pasado de M.Bonilla, estos son los breves pasados de todos los que aspiran a la Presidencia de Andalucía. Repáselos bien y VOTE por quien crea en conciencia que va a servir mejor a la ciudadanía.

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Alfonso Jiménez es socio de infoLibre.

Grandes titulares, promesas en mítines, caravanas kilométricas… La campaña andaluza está en pleno frenesí. Bulle, bulle. Conforme pasan los días y se vislumbra el domingo 17, los nervios se desatan en los cuarteles generales de los partidos. Y hay un motivo principal: el último escaño en las ocho provincias. Esta es la clave para el resultado final. Pocos votos pueden cambiarlo todo.

Las diferentes encuestas dan, de manera generalizada, una horquilla al Partido Popular que va de la mayoría absoluta a quedarse por pocos escaños de esa meta fijada por Moreno. Si los populares no alcanzan los añorados 55 diputados, se verán abocados a tener que pactar con la ultraderecha para conservar el Palacio de San Telmo.

Por eso, los partidos enfocan ya sus discursos con mensajes para captar el voto útil que les lleve a arañar ese último diputado por cada provincia. En la batalla de las urnas de 2022, el PP logró arañarlo en cuatro circunscripciones (Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla), el PSOE en tres (Granada, Huelva y Jaén) y Vox en una (Almería). 

En cambio, se quedaron a las puertas Por Andalucía en Huelva y Almería, el PSOE en Cádiz y Sevilla, Vox en Córdoba, Málaga y Jaén, y el PP en Granada. Si el PP no se hubiera impuesto en cuatro provincias, habría visto que su resultado se rebajaba a los 55 asientos en el Hospital de las Cinco Llagas.

El equipo de Moreno Bonilla ha hecho sus cálculos: la mayoría absoluta ahora mismo depende de entre 15.000 y 25.000 papeletas. Esta es la diferencia que puede hacer que la balanza acabe en una victoria agridulce. Por eso, el PP está haciendo un llamamiento al voto útil para evitar el “lío” en la comunidad. La traducción es: no depender de Vox y evitar pactos como los de Extremadura y Aragón. 

En el barómetro preelectoral del Centra (el CIS andaluz) publicado este lunes se detectan en estos momentos cinco grandes batallas en el aire que pueden cambiar el resultado por ese último escaño: Almería (entre PSOE y Vox), Granada (entre el PSOE y Por Andalucía), Huelva (entre el PP y Por Andalucía), Jaén (entre el PP y Por Andalucía) y Málaga (entre el PP y Vox). Esa lucha determinaría, por ejemplo, el número final de los populares, que en el estudio se mueven entre los 53 y los 56 diputados. En el sondeo realizado por el CIS, el baile del último escaño es posible en las ocho provincias.

El mayor temor que tienen los populares es que sus votantes pequen de exceso de confianza y vean ganado ya el partido, por lo que se queden en casa o se vayan a la playa ese domingo. Esta situación está siendo aireada en todo momento por Moreno. El presidente de la Junta afirmó tras el sondeo del Centra: "Yo creo que la encuesta lo que nos está diciendo es que en muy poco margen, en muy pocos votos, nos vamos a jugar la mayoría de estabilidad".

"O bien tendremos una mayoría suficiente, o bien nos quedaremos sin esa mayoría suficiente a pesar de estar muy cerca de ella", insistió el aspirante de los populares, que ahora quiere tener las manos libres respecto a Vox, aunque fue el primer dirigente popular que pactó con la ultraderecha para llegar al poder tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018. “No nos podemos confiar”, repiten en el círculo del líder popular.

El síntoma de desgaste de Moreno se evidencia, según las encuestas, en Málaga. Se trata de una provincia muy simbólica para él, pues es de allí y, además, ha sido el gran bastión de los populares durante décadas junto a Almería. El Centra le da ahora entre 8 y 9 escaños, mientras que hace cuatro años el PP se llevó diez asientos. Vox puede subir un escaño (de dos a tres), pero la izquierda avanza respecto a los anteriores comicios y podría entrar Adelante Andalucía (el PSOE mantendría sus cuatro diputados y Por Andalucía su asiento).

Entre los partidos de la izquierda, el ánimo se ha levantado especialmente después del debate del lunes en TVE. En el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía se extiende la sensación de que se ha visto la verdadera cara de Moreno, que estuvo faltón, en su opinión, en varias de las respuestas y que no supo ni responder cuántas mujeres se han visto afectadas por la crisis de los cribados de cáncer de mama.

Fuentes socialistas señalan que a Moreno se le “está haciendo muy larga la campaña”, mientras se afanan en lograr movilizar a los 500.000 votantes que se quedan en casa en las autonómicas y luego van a votar al PSOE en las elecciones generales. Y creen que tienen margen para imponerse además en la lucha por los últimos escaños y frenar a los populares de esta manera. Por ello, están remarcando ante el electorado que la candidatura de María Jesús Montero es la única alternativa que hay. Para luchar contra la abstención también están desembarcando en el sur los grandes popes del socialismo, de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero y Félix Bolaños.

Por Andalucía y Adelante Andalucía son conscientes de la importancia de ese último escaño, principalmente fuera de las provincias de Cádiz y Sevilla, donde tienen asegurada su representación. Y también saben que existe una dura competencia entre ellos para arañar esos votos suficientes que acaben en un asiento en el Parlamento andaluz.

Los de Antonio Maíllo tratan de presentarse también como el voto útil que puede rascar en los restos en las provincias. Frente al fenómeno en redes de Adelante Andalucía, en Por Andalucía analizan que el voto sénior y de interior será para ellos. Asimismo, en esta candidatura trasladan que el voto a ellos puede ser decisivo para quitarle un escaño al PP en cuatro provincias: Jaén, Granada, Sevilla y Huelva. A la vez, insisten en que son la única opción de la izquierda transformadora que puede sacar diputados en provincias medianas.

Adelante Andalucía confía en la ilusión que está generando para traspasar los límites geográficos de un partido radicado principalmente en Huelva y Sevilla. Las encuestas les dan posibilidades también en Málaga, pero los de José Ignacio García creen que pueden luchar también por el último asiento en provincias como Córdoba y Granada.