Solo han pasado tres semanas desde que Juanma Moreno fue investido por tercera vez como presidente de la Junta de Andalucía, y ya ha tenido que lidiar con más de un “incendio”, tanto en el sentido literal como en el figurado. La coalición con Vox, a la que Moreno accedió sin demasiadas resistencias después de perder la mayoría absoluta, no solo ha incorporado a la extrema derecha al Consejo de Gobierno, sino que también ha introducido en la Junta un foco permanente de contestación interna que pone a prueba la capacidad del presidente para dirigir a su propio socio.

Moreno había reconocido que su preferencia era gobernar en solitario, pero no lo consiguió. La formación de Santiago Abascal rechazó desde un primer momento facilitar su investidura sin un acuerdo pese a que el candidato del PP solo necesitaba dos votos y exigió una vicepresidencia, competencias de gestión, capacidad para realizar nombramientos y una plataforma institucional desde la que defender su agenda, como ya había hecho en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El presidente andaluz aceptó esas condiciones tras una primera votación fallida. Desde entonces, cada conflicto protagonizado por Vox ha dejado de ser un problema externo para convertirse en uno interno, del que Moreno ya no puede marcar distancias. La formación de Abascal necesita demostrar que su entrada en San Telmo no ha servido para acomodarse al PP, sino para corregirlo. Así, trata de presentar cada cesión como una victoria propia, mantiene activas sus guerras ideológicas y conserva la libertad de criticar cualquier decisión que considere demasiado “moderada”.

La coalición empezó a caminar bajo el impacto de una tragedia. El día previsto para la toma de posesión de los nuevos consejeros, Andalucía amaneció golpeada por el incendio de Los Gallardos, en Almería, donde murieron 13 personas. Moreno se desplazó al puesto de mando avanzado instalado en el municipio de Turre y señaló que el cambio climático estaba influyendo de manera importante en la violencia de los incendios “cada vez más complejos”, distintos de los conocidos hasta ahora y en ocasiones casi “inabordables”. Su diagnóstico se aproximó más al expresado sobre el terreno por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que al defendido por el nuevo vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira.

El dirigente de Vox respondió pocos días después en una entrevista en El Debate. Se declaró “harto” de los políticos que recurren al cambio climático para “eludir sus responsabilidades” cuando se producen catástrofes. Sus palabras estaban dirigidas contra Sánchez, pero alcanzaban también a Moreno, que había utilizado prácticamente el mismo argumento. Este lunes, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, secundó esa idea y, aunque señaló que el cambio climático es una realidad, puso en duda que sea culpa “de la acción del hombre”.

Una discrepancia que pone en solfa la coherencia del acuerdo de coalición. Moreno admite que el cambio climático intensifica los fenómenos extremos, mientras que el programa pactado con Vox propone eliminar impuestos ecológicos, rechaza las zonas de bajas emisiones y describe determinadas políticas ambientales como imposiciones ideológicas. El episodio mostró además que Gavira no considera necesario proteger la autoridad del presidente andaluz y que sigue actuando como portavoz de Vox.

Los incendios también han estado muy presentes en la audiencia del presidente andaluz con el rey Felipe VI este martes en la Zarzuela. Según Moreno, el monarca se mostró “preocupado por la situación de las altas temperaturas, estas olas de calor cada vez más largas, más extensas, más intensivas”. Y ese punto fue el protagonista del encuentro mantenido. En Vox no han entrado a valorar esas declaraciones, pero han dejado claro que no comparten el mismo punto de vista.

El segundo ‘incendio’ llegó en la primera hornada de nombramientos. Gavira eligió como viceconsejero de su macrodepartamento con competencias sobre Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local a Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, antiguo rector de la Universidad CEU San Pablo (de financiación privada) y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Un currículum que se completa con el hecho de que Sánchez Saus formó parte durante la Transición del consejo nacional de Falange Española y aspiró a dirigir la organización.

Aunque Sánchez Saus ha situado aquella militancia en el pasado y ha relegado aquella etapa a su “memoria sentimental”, su incorporación al Ejecutivo andaluz provocó críticas de la oposición y una visible incomodidad en el PP. Otros dirigentes de la formación ultra, como el eurodiputado y jefe de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, consideran perfectamente normal ese pasado, ya que él mismo se presentó en 1995 en una candidatura de Falange Española de las JONS y en las elecciones generales de 1996 fue candidato por Barcelona de Falange Auténtica.

Pero el conflicto no se explica solo por su etapa falangista. Sánchez Saus lleva años vinculado al entorno intelectual de Vox, ha cuestionado el Estado autonómico y ha combatido la interpretación de Al-Ándalus como espacio histórico de convivencia cultural. Además de mostrarse crítico con el modelo autonómico, ocupa el segundo puesto de una consejería responsable, entre otras materias, del turismo y de la proyección exterior de una comunidad que utiliza el legado andalusí como uno de sus principales activos culturales.

A esto se le suma la elección de Álvaro Zancajo como senador autonómico. El actual responsable de comunicación de Santiago Abascal forma parte del Consejo de Administración de la RTVA y está siendo investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. El organismo examina si su actividad orgánica para Vox resulta compatible con el régimen de dedicación de su puesto en la radiotelevisión pública. 

La formación de extrema derecha defiende que no existe incompatibilidad porque Zancajo no cobra por su trabajo para el partido ya que recibe 60.000 euros brutos al año por su puesto en Canal Sur, pero evita aclarar si seguirá ejerciendo sus labores de director de comunicación una vez sea designado. La ley electoral (LOREG) establece que diputados y senadores ejercen con “dedicación absoluta” y prohíbe, como regla general, desempeñar simultáneamente otra actividad pública o privada remunerada. La formación ultra podría recurrir, de nuevo, al argumento de que Zancajo no cobra por llevar la comunicación del partido, pero difícilmente puede justificar que ofrezca “dedicación absoluta” al Senado si mantiene los dos cargos.

El hecho de que el expresentador de televisión pueda tener un asiento en la Cámara Alta se debe a que el PP cedió a su socio uno de los cinco senadores autonómicos que inicialmente le correspondían por los resultados electorales. Gracias a esa concesión, Vox ha dispuesto de dos puestos y ha podido utilizar uno de ellos para impulsar la carrera institucional de Zancajo en plena investigación sobre Canal Sur. La misma televisión que Vox ha calificado durante años como una administración prescindible y que ha terminado utilizando como espacio para colocar perfiles propios.

El presidente andaluz trató de presentar la coalición como un Gobierno procedente de dos partidos, pero sometido a una única dirección. Los primeros pasos del Ejecutivo cuestionan esa promesa, ya que Vox ha entrado en la Junta sin renunciar a comportarse como una oposición interna. Moreno, por el contrario, ha perdido la posibilidad de tratar sus polémicas como excesos de una fuerza ajena.

El presidente se enfrenta ahora a decisiones que siempre entrañarán un coste. Si obliga a Vox a retirar un nombramiento, puede desencadenar una crisis y dar una imagen de subordinación o de inestabilidad, todo lo contrario de la “vía andaluza” que había vendido todos estos años y con la que confiaba en librarse de los “líos” de Vox, tal y como señaló en campaña.

La disputa por la autoridad que empieza a manifestarse en Andalucía no es excepcional. En otras autonomías donde PP y Vox han vuelto a compartir el poder aparece la misma dificultad, aunque todavía no se haya producido una sucesión de polémicas tan visible. En todas las autonomías en las que ha habido pacto Vox ha presentado la “prioridad nacional” incluida en el acuerdo como una preferencia para los españoles en el acceso a ayudas, vivienda y servicios públicos. El PP, en cambio, lo ha limitado al arraigo, la igualdad y el respeto a la legalidad. 

Miguel Tellado llegó hace un año a la Secretaría General del Partido Popular, tras el congreso que ratificó a Alberto Núñez Feijóo al frente del partido en julio del pasado año. Pero su trabajo en la ‘fontanería’ no acaba de convencer a muchos. En apenas unos días, ha abierto un nuevo frente a cuenta del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) y mantiene sin resolver otro: el de la sucesión en la Comunitat Valenciana tras la caída de Carlos Mazón en noviembre de 2025. Dos escenarios distintos que tienen un elemento en común: vuelven a situar a Génova a la defensiva y alimentan el malestar interno en un partido que Feijóo pretendía presentar como ejemplo de estabilidad frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

El primer episodio se produjo en plena emergencia por el incendio que obligó a desalojar a miles de vecinos en Almería. Mientras los servicios de extinción seguían trabajando para controlar el fuego y las administraciones coordinaban la respuesta, Tellado aprovechó una visita a la zona el pasado viernes para cargar contra el Ejecutivo de Sánchez. "España necesita un Gobierno centrado en la gestión. Hoy no lo tenemos", afirmó el número dos del PP, vinculando la tragedia con la acción del Gobierno y reclamando mejores servicios públicos para prevenir incendios.

Y añadió: “Pocas veces fue tan urgente llevar al Gobierno un proyecto nacional como el que representa Alberto Núñez Feijóo, pensado para abordar las grandes reformas pendientes que tenemos como país, ideado para restaurar la convivencia en España después de ocho años de conflictividad política, elaborado para reconstruir los pilares de la democracia de nuestro país, tan socavados en esta etapa política que evidentemente agoniza”. 

Sus declaraciones provocaron críticas por tratar de trasladar el enfrentamiento político a una emergencia que todavía seguía activa. También contrastaron con la actitud que mantuvieron tanto el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, como el propio Gobierno central. Lejos de alimentar la confrontación, ambos escenificaron una imagen de cooperación institucional durante la crisis y coincidieron en advertir de que el verano será especialmente complicado desde el punto de vista de los incendios forestales. 

La fotografía conjunta de Moreno y Pedro Sánchez este lunes en Almería terminó eclipsando el mensaje que había tratado de instalar el secretario general de los conservadores. Incluso desde sectores del PP andaluz se evitó seguir el tono marcado por Tellado, consciente de que la gestión de una catástrofe natural suele penalizar la utilización partidista mientras la emergencia continúa abierta. El propio Feijóo reclamó que continuara “la colaboración y la coordinación” entre las distintas administraciones, un mensaje muy distinto al de su número dos.

Si Almería ha vuelto a poner en cuestión la estrategia política de Tellado, lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana representa el principal problema interno que sigue sin resolver. El dirigente gallego asumió personalmente la reconstrucción del PPCV después de la salida de Carlos Mazón, pero varios meses después Génova sigue sin despejar quién encabezará el proyecto de cara a las elecciones autonómicas de 2027. El actual presidente del partido y sustituto de Mazón en la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, continúa ejerciendo el liderazgo orgánico, aunque sin la confirmación de que será también el candidato del PP a la Generalitat. Este martes estuvo en Génova 13, donde mantuvo una reunión con Alberto Nadal, vicesecretario de economía del PP, para abordar la problemática de las infraestructuras hídricas dañadas por la dana.

La indefinición, lejos de cerrar el debate, lo ha alimentado. En las últimas semanas se han multiplicado las voces dentro del PP valenciano que reclaman una decisión definitiva y cuestionan la capacidad de Pérez Llorca para consolidar un liderazgo político. Distintos dirigentes consideran que no está capacitado para afrontar unas elecciones decisivas para los conservadores, ya que la crisis tras la dana no se ha terminado de zanjar.

El propio Tellado ha evitado despejar la incógnita. El pasado jueves se desplazó a la capital del Túria para acudir a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde elogió públicamente el trabajo de Pérez Llorca y destacó su "rigor" y su "eficacia", pero rechazó confirmar si será el cabeza de cartel del PP dentro de menos de un año. Esa negativa ha reforzado la impresión de que Génova sigue buscando alternativas o, al menos, mantiene abiertas todas las opciones. El dirigente valenciano se limitó a responder: "Sigo con mi misión, sin pedir nada a cambio" y "acataré lo que decida el partido".

Mientras tanto, en el PPCV aumenta la impaciencia. La dirección nacional pidió sacrificios y unidad tras la salida de Mazón, pero el tiempo transcurrido sin una decisión clara empieza a generar dudas entre dirigentes territoriales y cargos intermedios, que consideran que prolongar la provisionalidad solo favorece la aparición de nuevos bloques internos y posibles candidaturas. A esto se añade que Mazón no ha desaparecido. Conserva su escaño, mantiene el aforamiento y cada avance de la investigación judicial vuelve a colocar su gestión de la dana en el centro del debate. Fuentes del PPCV explicaban ya hace unos meses a infoLibre que el expresident se había convertido en una “mochila” para el partido, desbaratando los intentos de Pérez Llorca de abrir una nueva etapa.

La situación de Pérez Llorca es particularmente frágil porque ocupa el Palau por una decisión de Feijóo, no como resultado de unas elecciones autonómicas ni de un proceso interno. Fue designado para sustituir a Mazón después de que Génova tardara más de una semana en encontrar una salida a la crisis. Feijóo tenía recelos hacia él, especialmente por la operación promovida desde el PPCV para impulsar al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, frente a la opción de la alcaldesa de València, María José Catalá, la favorita de Génova.

Aquella disputa explica parte del atasco actual. El PPCV no funciona como un bloque cohesionado alrededor de Pérez Llorca, sino como una organización atravesada por equilibrios provinciales y por dirigentes con intereses diferentes. Mompó contaba, tras la caída de Mazón, con el respaldo de buena parte de la estructura territorial y llegó a ser presentado como una figura de consenso por los responsables provinciales de Valencia, Alicante y Castellón. Los tres habían reclamado a Génova que los tuviera en cuenta y propusieron su nombre como relevo. La dirección nacional consideró precipitada aquella maniobra y terminó optando por Pérez Llorca para la Generalitat.

Mompó, por tanto, no es un nombre más en las quinielas. Representa el poder territorial del partido y, especialmente, el peso de la provincia de Valencia. Pérez Llorca, por su parte, procede de Alicante y fue durante años uno de los principales colaboradores orgánicos de Mazón. María José Catalá conserva una posición propia gracias a la Alcaldía de València, aunque ha tratado de apartarse públicamente de la carrera autonómica. Sus negativas, sin embargo, no han impedido que su nombre siga funcionando como referencia de comparación ante las dudas que genera el actual president.

A esto se le suma que hay figuras como la del expresident Francisco Camps que lleva semanas presionando para que Feijóo y Tellado convoquen el congreso autonómico previsto en los estatutos. Su argumento es que no puede designarse un candidato desde Madrid sin que el partido vote. Camps sostiene que la dirección provisional ya ha agotado los plazos previstos y que corresponde a la militancia decidir el liderazgo. También asegura disponer ya de una parte importante de los apoyos necesarios para competir entre los compromisarios.

No es la primera vez que la forma de actuar de Tellado genera incomodidad dentro del PP. Desde que asumió la Secretaría General, Feijóo le ha confiado la doble misión de ejercer como principal ariete político contra el Gobierno y de mantener cohesionada la organización. Sin embargo, ambas funciones empiezan a entrar en conflicto.

Su precedente más reciente como encargado de ordenar una organización territorial fue Extremadura, donde la decisión de Génova de situarlo al mando de las conversaciones con Vox indignó al entorno de María Guardiola, debilitó la autonomía de la presidenta y culminó con un pacto de coalición dirigido, en buena medida, desde Madrid.

La presidenta extremeña había defendido primero un gobierno en solitario e incluso exploró la posibilidad de que el PSOE facilitara su investidura con una abstención. Vox, en cambio, exigía negociar un acuerdo político y entrar en el Ejecutivo. El problema interno estalló cuando Génova dio un toque de atención a Guardiola y decidió que Tellado pasara a tutelar personalmente las conversaciones con los ultras. La decisión provocó mucho enfado en el PP extremeño: sus chats internos echaban humo porque numerosos dirigentes regionales interpretaron que la dirección nacional estaba desautorizando a Guardiola.

La democracia no es cuestión de fe, es materia laica, es más que un sistema de gobierno; es la forma acordada en la sociedad para convivir. La democracia representativa, la que tenemos, puede avanzar hacia formas participativas y deliberativas. 

Las creencias sí son cuestión de fe; las grandes religiones tienen varias ramas: el islam, suníes, chiíes, ibadistas, sufistas...; el cristianismo, católicos, ortodoxos, protestantes. En todo caso, entendemos y respetamos que las creencias entran en el ámbito personal. Nada que objetar, salvo si sus seguidores, excusándose en ellas, justifican alguna acción contra la democracia.

La democracia no tiene apellidos, ni ramas; no es dogma de fe, es cuestión de práctica. Está basada en el razonamiento, el diálogo, los derechos humanos y la acción pacífica.

En España asistimos a un intento de vaciarla de contenido y pudrirla. El ejemplo son los pactos realizados por la derecha, PP y Vox en Andalucía, tras los firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León; solo les ha faltado remedar a Lutero y clavarlos en las puertas de las sedes de la soberanía popular, el Congreso y los parlamentos autonómicos donde gobiernan. El pacto contenido en sesenta folios es lo más alejado de los principios democráticos. Léanlos, están en internet.

Todos tenemos unos valores de referencia, un código ético, digamos laico; podemos añadir también los códigos morales consecuencia de creencias religiosas. En ambos casos se pueden extraer conclusiones objetivas: una escala de valores coincidente con el sentido común, la armonía, solidaridad, respeto, la no violencia y otros valores que primarán sobre el egoísmo, intolerancia, miedo, violencia. 

Tal vez, como alguien me recuerda, todo merece un tiempo; creo que no es el caso, pues su contenido es impropio, indigno, infeccioso... Todas las palabras negativas con el prefijo in o im le son aplicables. Un texto infumable que algunos justificarán al amparo de sus creencias, como por ejemplo el humanismo cristiano. Dudo que los textos sagrados de cualquier religión justifiquen tal panfleto, en el que muchas partes del mismo invalidan el todo.

Al leer cada párrafo del acuerdo es fácil establecer el alcance positivo o negativo y, cada cual, como observador y con su capacidad de raciocinio, extraerá valores y consecuencias, próximas al sentido común o a la irracionalidad; sin necesidad de ningún gurú zurupeto, sabremos qué postura y actitud hemos de adoptar. 

Parece sencillo, ¿verdad? No lo es. La democracia requiere proactividad y atención para afrontar los tiempos que vienen, como poco incómodos. No tenemos vocación de mártires ni de agresores y de eso abusan; pero no estamos inermes, pues, como cantara Blas de Otero, “nos queda la palabra”. Recordamos que la democracia es obra del hombre; la palabra, también. Algunos pretenden apropiarse de todo.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Blas Infante, padre de la patria andaluza, no fue asesinado por ser “demasiado humano”, como ha afirmado el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, sino que fue detenido en su casa por falangistas y militares, y en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936 fue fusilado, sin juicio ni garantías procesales.

No sufrió un infortunio ni una tragedia abstracta: fue víctima de la represión franquista. De hecho, la propia Junta de Andalucía reconoce oficialmente que fue asesinado sin posibilidad de defensa, mediante la aplicación del denominado Bando de Guerra, el instrumento represivo utilizado por los sublevados franquistas para justificar ejecuciones sumarísimas.

La documentación franquista tampoco deja lugar a interpretaciones. Aunque el Tribunal de Responsabilidades Políticas lo condenó cuatro años después de haber sido asesinado, la resolución de 1940 afirmaba que Blas Infante había sido sancionado porque "formó parte de una candidatura de tendencia revolucionaria en las elecciones de 1931, y en los años sucesivos hasta 1936 se significó como propagandista de un partido andalucista o regionalista andaluz", justificando además que su muerte se produjo "como consecuencia de la aplicación del Bando de Guerra".

La coincidencia entre la toma de posesión de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía y el aniversario del nacimiento de Blas Infante debería haber sido una oportunidad para reivindicar sin ambigüedades el legado de Blas Infante. Sin embargo, las palabras del presidente, afirmando que Infante fue asesinado por "ser muy humano" vuelven a evidenciar una preocupante tendencia a diluir la responsabilidad histórica del franquismo, mediante eufemismos que desvirtúan la verdad y el miedo del Partido Popular a comprometerse con las víctimas de la guerra y la dictadura. Quizás por miedo a tener que purgar los pecados del pasado.

Resulta especialmente contradictorio que quien reivindica institucionalmente la figura de Blas Infante mantenga al mismo tiempo un acuerdo parlamentario con VOX, que incluye la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una norma destinada, precisamente, a preservar la verdad de las víctimas de la represión, garantizar su reconocimiento y evitar que el olvido o la tergiversación alteren los hechos.

No se puede homenajear a Blas Infante mientras se cuestionan las políticas públicas de memoria democrática. No se puede invocar su legado mientras se pacta con quienes relativizan la dictadura franquista o pretenden desmontar los instrumentos legales que permiten conocer la verdad de lo ocurrido. La Ley de Concordia que quieren pactar PP y VOX no se asienta en la reparación de las víctimas, sino en la equiparación entre ellas y sus verdugos, en la equidistancia que defiende que la guerra era inevitable y, por tanto, sus víctimas igualmente inevitables. 

El pacto del Partido Popular con Vox en Andalucía ha supuesto la renuncia definitiva a cualquier pretensión de moderación. Juanma Moreno ha decidido mantenerse en el poder al precio de asumir buena parte del programa de la extrema derecha, incluyendo el compromiso de derogar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, cuestionar políticas de igualdad y abrir la puerta a medidas inspiradas en la llamada "prioridad nacional”.

Las democracias sólidas no construyen su futuro sobre el olvido, sino sobre el conocimiento riguroso de su pasado. Blas Infante necesita que se diga con claridad por qué fue asesinado y quiénes fueron los responsables. Porque solo desde la verdad histórica y democrática puede construirse una memoria democrática digna y un compromiso sincero con los valores de libertad, justicia y democracia que él defendió hasta las últimas consecuencias.

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Juanfra Colomina es secretario de Memoria Democrática del PSOE de Andalucía y secretario general del PSOE de Almería Ciudad.

El pacto andaluz no es una cesión (únicamente) del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla. También lo es de su líder nacional Alberto Núñez Feijóo. El pacto firmado el jueves pasado en Andalucía cierra un ciclo político auspiciado por Génova en connivencia con sus barones autonómicos. Con él, las cuatro comunidades donde PP y Vox — Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía— , han sellado acuerdos en 2026 incorporan el principio de la llamada "prioridad nacional". La consigna xenófoba deja de ser una excepción para convertirse en un requisito de alcance estatal, tal y como los ultras han defendido. 

Es más, en solo un año el propio Feijóo ha pasado de “comprometerse” a no incluir a Vox en un Ejecutivo nacional a aceptar que los ultraderechistas lo hagan, rompiendo así cualquier tipo de frontera política entre ambos partidos. Los acuerdos autonómicos de 2026 han ido erosionando esa línea hasta casi hacerla desaparecer. Y, en este caso, no hay excepciones. Moreno había sido especialmente crítico con ese principio de “prioridad nacional” y lo había reducido a un eslogan en campaña, pero tras una primera investidura fallida cedió y lo incluyó en el acuerdo con la formación de Santiago Abascal. Andalucía completa el patrón de que allí donde el PP ha necesitado a Vox, ha asumido la "prioridad nacional" y la ha incorporado a su gobierno, en el que ha introducido por primera vez en la Junta una representación de Vox, nada menos que con rango de vicepresidencia.

La consecuencia trasciende, sin embargo, el marco andaluz. Y plantea varias preguntas. Si el dirigente conservador que más había simbolizado la distancia con Vox ha terminado aceptando un acuerdo que incorpora la "prioridad nacional" pese a que únicamente le faltaban dos votos para ser investido, ¿tiene margen Feijóo para rechazar esa misma exigencia en unas generales si ambas formaciones suman? La experiencia acumulada este año permite aventurar una respuesta. Si Vox ha conseguido introducir la "prioridad nacional" como condición en todos los grandes acuerdos autonómicos, resulta difícil imaginar que renunciara precisamente a esa bandera para llegar a La Moncloa.

Desde que llegó a la Junta de Andalucía, Moreno había construido su figura sobre la idea de una derecha amable, pragmática y alejada de las guerras culturales de la extrema derecha. Con él, Andalucía debía demostrar que el PP podía ensanchar su espacio electoral sin mimetizarse con Vox. Pero la realidad ha terminado imponiéndose a ese relato y Moreno pierde su aura de ‘moderación’ mientras deja a Feijóo sin el ejemplo que mejor sostenía su estrategia desde que llegó a Génova. Cuando aterrizó en la presidencia del partido en 2022, quiso diferenciarse de la etapa de Pablo Casado prometiendo centralidad, solvencia institucional y autonomía frente a la extrema derecha. Pero no ha sido así.

En estos años el conservador ha ido borrando, una a una, las líneas rojas con las que trató de presentarse como una alternativa moderada, hasta culminar en el punto actual. Primero aceptó la normalización de los pactos territoriales con Vox. Después asumió que esos acuerdos no eran meros apoyos externos, sino fórmulas de cogobierno. Más tarde toleró que la ultraderecha condicionara políticas públicas en comunidades y ayuntamientos. Y ahora avala que incluso el dirigente más ‘moderado’ del PP incorpore demandas centrales de Vox para conservar el poder. Un peaje que, da por hecho, tendrá que pagar él mismo si quiere alcanzar la Moncloa en el caso de que ambos sumen.

La línea roja más evidente era la de no gobernar de la mano de la ultraderecha. Esa frontera hace tiempo que se desdibujó, pero Andalucía mantenía un valor simbólico especial. Era el territorio que el PP exhibía como modelo de gestión sin estridencias y como prueba de que la mayoría social podía construirse sin asumir el lenguaje de Vox. Con el pacto, esa excepción desaparece. Y con los tres en Extremadura, Aragón y Castilla y León, se consolida el mismo patrón.

Los conservadores aseguran que “el miedo” a los ultras ya no no moviliza a la izquierda y que sus votantes tienen más que asumida la “prioridad nacional”. Es más, sostienen que la mayoría de ellos están de acuerdo con ella y que no tiene “ningún coste”. Sin embargo, para Moreno el coste de este pacto exprés es la pérdida de singularidad. Deja de ser el barón que aspiraba a demostrar que el PP podía ganar por el centro y pasa a ser otro dirigente conservador obligado a pagar el precio de Vox. Para Feijóo, el golpe es mayor y Andalucía se convierte en el espejo de sus renuncias.

Si el acuerdo con Vox se replica a nivel estatal, el PP no podría acogerse al argumento de que las competencias autonómicas están muy delimitadas a la hora de aplicar la "prioridad nacional", que ellos tratan de redefinir todo el tiempo y vinculan al arraigo. Con ambas formaciones en un eventual gobierno del Estado, podrían reformar aspectos centrales de la Ley de Extranjería —entre ellos la reagrupación familiar y el acceso a determinados derechos vinculados a la inmigración— con el objetivo declarado de discriminar a migrantes en España.

Miles de personas nacidas fuera de España han adquirido legalmente la nacionalidad española tras años de residencia. Son ciudadanos españoles de pleno derecho. Pagan impuestos, votan, trabajan y tienen exactamente el mismo estatus jurídico que cualquier otro español. Sin embargo, muchas de las herramientas legales que les permiten mantener la unidad familiar siguen articulándose a través de la normativa de extranjería. Es ahí donde una reforma inspirada por la "prioridad nacional" podría alterar derechos que hoy afectan también a españoles nacionalizados.

El caso venezolano ilustra bien esa dimensión. La crisis política, económica y humanitaria de Venezuela ha llevado durante los últimos años a que muchos de sus nacionales obtengan la nacionalidad española. Y lo han hecho mediante mecanismos de reagrupación o de reunificación previstos por la legislación vigente, precisamente porque España ha adaptado en distintos momentos sus políticas a una situación humanitaria excepcional. El resultado sería que los españoles nacionalizados podrían encontrar más obstáculos para ejercer una facultad que hoy forma parte de su proyecto vital, vivir en nuestro país junto a sus familiares.

Lo que muestran los cuatro acuerdos autonómicos no es únicamente una determinada política migratoria, sino hasta qué punto Vox ha logrado convertir una de sus principales banderas ideológicas en condición estable para pactar con el PP. Aunque hay límites. El artículo 14 de la Constitución proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento o cualquier otra condición. A su vez, el artículo 39 obliga a los poderes públicos a proteger a la familia. Cualquier reforma que estableciera diferencias en el ejercicio efectivo de derechos familiares entre españoles de origen y españoles nacionalizados tendría previsiblemente que superar un intenso escrutinio constitucional y europeo.

El PP sigue nadando en un mar de contradicciones. Esta semana ha tenido dos temas calientes. Por un lado, Andalucía con Juanma Moreno tragándose la prioridad nacional de Vox que durante la campaña electoral rechazó y metiéndose de lleno en "el lío" del que antes rehuía. Por el otro, el debate sobre la 'ley de nietos'. Feijóo no para de atacarla y la ha calificado de fábrica de votantes para el PSOE. Pero la hemeroteca no falla y es un buen espejo de sus contradicciones: durante una visita a Argentina hace años no dudó en defenderla. Y, aunque visto lo visto ahora parece que se les ha olvidado, también sacaba pecho por ella el propio PP. No ha faltado en este jaleo la presencia de Aznar, que se muestra a favor de la norma contradiciendo al líder del partido. 

Las redes se lo están pasando fenomenal analizando el baile de opiniones de la derecha y sacándole los colores a los de Génova. "Abascal ha ordenado eliminar las palabras ‘Andaluces, levantaos’ del himno porque le agobian", se cachondea ‪@wilma78.bsky.social, "Es más fácil que Feijóo cambie de opinión que que aprenda inglés" ironiza @SarahPerezSanta, "A partir de hoy ya mandan ‘los señoritos a caballo en Andalucía’ (Vox)", se lamenta @heydy.bsky.social.

El partido de España contra Suiza ha dejado lo que los tuiteros han valorado como "el meme" del Mundial. El protagonista es Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, celebrando eufóricamente un gol de Oyarzábal, el tercero de la noche. Un meme que, además, está siendo antídoto contra los ataques racistas. "Esta imagen de Keyne, el hermano de Lamine Yamal, celebrando el segundo gol de Oyarzábal, ha reventado el racistómetro. Quiere más a España este niño que todos los patriotas de pulserita de Vox y el PP juntos", valora @EgioVictor.

La orden de detención de Vito Quiles es otro tema que tiene las redes calentitas. Los usuarios han aprovechado para mofarse del agitador ultra con creaciones de lo más ocurrentes.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Juanma Moreno Bonilla ha sido investido presidente este jueves y vuelve al punto de partida. El dirigente que alcanzó el poder en 2018 gracias a la extrema derecha y que cuatro años después convirtió su mayoría absoluta en el símbolo de un PP capaz de gobernar sin depender de los ultras, ha abierto las puertas del Consejo de Gobierno a Vox por primera vez. Concretamente, el portavoz de la formación ultra, Manuel Gavira, ostentará una vicepresidencia y asumirá las competencias de turismo, desregulación, justicia y Administración local, aunque aún está por ver a través de cuántas consejerías. Una decisión que supone un cambio de etapa en Andalucía y consolida la estrategia de pactos impulsada por la dirección de Alberto Núñez Feijóo en el nuevo ciclo electoral.

Moreno defendió ante los medios que el pacto responde al resultado electoral del 17M, que dejó al PP como fuerza preferida en más de 600 municipios, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. “Sin mayoría en los gobiernos lo que hay es desgobierno”, admitió. El acuerdo incluye un compromiso de estabilidad para toda la legislatura, la aprobación de los cuatro presupuestos y un programa con 150 medidas. Un acuerdo que el presidente andaluz definió como “potente, minucioso, sereno y sensato” y que le permitió ser investido por tercera vez gracias a los diputados ultras.

Así, Vox ha logrado convertir en condición irrenunciable su entrada en el Ejecutivo, además de dos senadores por designación autonómica y una vicepresidencia en el Parlamento, frustrando el objetivo inicial de Moreno de gobernar en minoría con un acuerdo parlamentario. Asimismo, el PP ha aceptado incorporar al pacto uno de los principales emblemas ideológicos de Santiago Abascal: la consigna xenófoba de la "prioridad nacional", aunque la han tratado de revestir con fórmulas jurídicas distintas, como el concepto de "arraigo", para intentar minimizar el choque con el ordenamiento vigente.

El documento andaluz comparte la misma filosofía que los acuerdos ratificados en Castilla y León, Aragón y Extremadura, aunque en este último acuerdo se concreta más en algunos ámbitos, especialmente en inmigración. Entre las medidas, además de la “prioridad nacional” en el acceso a determinados servicios, figura una auditoría anual “de todos los gastos derivados de la inmigración masiva”, la supresión de ayudas públicas a entidades que favorezcan la inmigración irregular, las restricciones de acceso a vivienda pública para inmigrantes en situación irregular, el rechazo al reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades, la “supresión de ayudas a ONG que favorezcan la inmigración irregular” y la prohibición del uso del burka y el niqab en edificios públicos dependientes de la Junta.

Otra de las medidas que acompaña el acuerdo es la “creación de un servicio de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva” y la “reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal”. Asimismo, incorpora la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y la aprobación de una “ley de familias” para “fomentar la natalidad”, medidas que también aparecen en los pactos de Castilla y León, Aragón y Extremadura. 

El acuerdo también incorpora la línea más ideologizada de Vox en lo que respecta al medio ambiente. Así, rechaza de manera explícita el Pacto Verde Europeo, reclama la revisión de la Política Agraria Común, se opone al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, apuesta por ampliar los regadíos, acelerar nuevas infraestructuras hidráulicas y defender el principio de las denominadas "cláusulas espejo" para las importaciones agrícolas.

Tras las elecciones del 17M, en las que Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, pasaron 23 días hasta que el PP andaluz inició los contactos con los ultras. El barón del PP insistió entonces en que Andalucía necesitaba un acuerdo "justo y razonable" y marcó distancias con algunas de las exigencias de Vox. Entre ellas figuraba precisamente la prioridad nacional, que sus compañeros de partido habían aceptado, pero que Moreno había tachado de mero eslogan político difícilmente compatible con el marco legislativo español. 

La evolución de las conversaciones refleja hasta qué punto el equilibrio de fuerzas ha cambiado tras las elecciones. Sin margen para buscar una abstención del PSOE o de las formaciones de izquierda, Moreno quedó políticamente obligado a entenderse con los 15 diputados de Vox. Tras una primera investidura fallida, el presidente andaluz ha acabado incorporando uno de los principales elementos más ideológicos del programa de Vox, además de incluirlos también en el Ejecutivo, pese a las dudas de algunas voces de la formación de Abascal, por la magnitud del presupuesto.

Moreno había intentado frenar la incorporación de Vox al Gobierno andaluz, tanto en campaña como después. El presidente andaluz construyó buena parte de su perfil político sobre una imagen de moderación diferenciada tanto del sanchismo como de la estrategia de confrontación de Vox. Su mayoría absoluta en 2022 reforzó precisamente ese relato, el de un dirigente capaz de gobernar sin depender de la extrema derecha, lo que le encumbró como una de las referencias del PP con un modelo diferente al de la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El pacto alcanzado este jueves rompe de manera definitiva esa narrativa. Andalucía dejará de ser la excepción dentro del mapa autonómico del PP para sumarse al modelo de gobiernos compartidos que ya existe en otras comunidades donde Vox ocupa consejerías. Y, aunque las conversaciones se han desarrollado formalmente entre las direcciones andaluzas de ambos partidos, la negociación siempre ha tenido una dimensión estatal. La dirección nacional del PP ha seguido muy de cerca las conversaciones por las implicaciones que tienen para la estrategia de Feijóo de cara a las próximas generales. 

También Vox ha negociado pensando en Madrid. La formación de Santiago Abascal quería evitar un acuerdo de mera investidura que reprodujera la situación de 2019 y aspiraba a consolidar un modelo de coalición semejante al de otros gobiernos autonómicos, donde su presencia en el Ejecutivo garantiza capacidad de influencia durante toda la legislatura.

Vox aspiraba a controlar departamentos con peso político —especialmente Agricultura, además de áreas sociales y culturales— y reclamaba una vicepresidencia, como finalmente ha ocurrido. Aunque no consigue Agricultura, Gavira sí tendrá competencias en diferentes materias clave. El PP intentó limitar tanto el número de consejerías como el contenido de las competencias, consciente de que determinadas áreas tienen una elevada sensibilidad económica y política en Andalucía.

Más allá del reparto de sillones, el acuerdo supone un cambio de paradigma para el PP. El pacto andaluz refuerza la normalización de las coaliciones PP-Vox en las principales instituciones territoriales y convierte a Andalucía —la comunidad más poblada del país— en el mayor escaparate de esa fórmula. El mismo Moreno que quería preservar la imagen de “gestor moderado” que ha cultivado durante dos legislaturas, compartirá gobierno con una formación que ha convertido la inmigración, la "prioridad nacional" y la confrontación cultural en algunos de sus principales ejes políticos.

El Parlamento andaluz ha rechazado este martes la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, ya que ha obtenido 53 votos a favor del PP y 56 en contra de los tres partidos de la izquierda —PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía— y de Vox, formación con la que no tiene aún cerrado un pacto de gobernabilidad.

Tras dos días de debate de investidura, Moreno no ha podido ser investido debido a que necesitaba la mayoría absoluta de la Cámara autonómica, para la que le faltan dos escaños, y tras varias semanas de negociación entre PP y Vox no ha habido acuerdo y se volverá a votar de nuevo el próximo jueves, donde esta vez necesita mayoría simple.

Aunque en la jornada de ayer, durante el discurso de Moreno, Vox ya había deslizado que al no haber acuerdo entre ambos partidos no iba a respaldar este martes la investidura del candidato popular, no ha sido hasta la intervención del líder de esta formación, Manuel Gavira, cuando se ha conocido que el sentido del voto iba a ser negativo. 

Juanma Moreno afronta este martes la primera votación de su investidura como presidente de la Junta de Andalucía sin demasiadas esperanzas. El líder del PP quiso acelerar el calendario desde el primer momento aprovechando los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y reclamó una investidura "cuanto antes". El presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, fijó el debate para los días 29 y 30 de junio pese a que las negociaciones con la extrema derecha seguían abiertas y sin acuerdo.

La decisión convirtió el debate de investidura en un instrumento de presión política. El PP confiaba en que la proximidad de la votación obligaría a la extrema derecha a cerrar un pacto de última hora que evitara una imagen de bloqueo y el riesgo de una repetición electoral. Sin embargo, el cálculo no ha surtido efecto, al menos por ahora. Los conservadores llegan este martes a la primera votación dos escaños por debajo de la mayoría absoluta —53 diputados frente a los 55 necesarios— y con la negativa expresa de Vox, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Los 15 diputados de la formación de Abascal son claves para obtener esa mayoría. 

Durante las últimas semanas ambas formaciones han mantenido conversaciones discretas, con reuniones alejadas de los focos y un notable hermetismo. Moreno insistió incluso el pasado viernes en que seguiría negociando "hasta el último minuto", admitiendo públicamente que todavía no existía ningún acuerdo cerrado. El barón andaluz en funciones situó a la extrema derecha ante la presión de elegir entre permitir su investidura o empujar a Andalucía a una repetición electoral. En Vox sospechan que ese es precisamente el objetivo de Moreno: culparles del bloqueo para forzar una repetición electoral con la que aspirar a la mayoría absoluta.

Con todo, el discurso que enarboló el presidente andaluz este lunes estuvo diseñado para no dinamitar la negociación con Vox, aunque tampoco asumió sus principales banderas. El conservador responsabilizó al resto de grupos de un eventual bloqueo y evitó asumir dos de las principales exigencias de la extrema derecha: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda, y un endurecimiento de la política migratoria.

Por su parte, desde la dirección nacional del PP se quiso trasladar este lunes un mensaje de respaldo a la estrategia seguida por Moreno. El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, defendió que el presidente andaluz ha presentado un proyecto "centrado, reformista y de estabilidad" y evitó presionar públicamente a Vox, aunque apeló a su "responsabilidad" para impedir un escenario de bloqueo institucional. En Génova insisten en que corresponde ahora a los de Abascal decidir si facilitan un gobierno del PP o fuerzan una repetición electoral, y sostienen que únicamente se inmiscuirán en la negociación, como ha ocurrido en las anteriores negociaciones, si afecta a asuntos de política nacional fuera del “acuerdo marco”.

Lejos de facilitar la investidura, la formación ultra ha aprovechado la necesidad parlamentaria del PP para elevar el precio del acuerdo. La formación de Santiago Abascal reclama un pacto programático de legislatura con compromisos concretos en materias identitarias y migratorias, además de garantías de estabilidad para toda la legislatura. Y ya anticipa que este martes votará en contra de la investidura. “En primera [votación], no; y en segunda me parece que no”, señaló el portavoz nacional, José Antonio Fúster. “Que siga por ese camino y saldrá elegido en tercera, cuarta, quinta o nunca”, añadió.

A los ultras les molestó que el candidato del PP evitara asumir su “prioridad nacional” y políticas más duras contra la migración irregular, dos de las líneas rojas que la extrema derecha viene imponiendo en otros acuerdos territoriales. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se quejó de ese "olvido voluntario" por parte de Moreno: “No reconoce que hay un problema con la inmigración”, señaló.

Ese equilibrio consistente en mantener un perfil ‘moderado’ sin romper la negociación con Vox explica buena parte de la estrategia del PP andaluz. Moreno necesita los votos de la extrema derecha, pero trata al mismo tiempo de evitar aparecer como un dirigente condicionado por su agenda ideológica, aunque en Génova reconocen que, llegado el momento, le tocará ceder. El mensaje del presidente andaluz, centrado en estabilidad y gestión, no ha servido para desbloquear la negociación, sino que ha permitido a Vox justificar su portazo y elevar todavía más el precio de una eventual abstención o apoyo en segunda votación el próximo jueves.

El PP confía en que el margen de negociación de las próximas horas permita cerrar un acuerdo que salve la investidura. Vox, de momento, mantiene la presión y recuerda que sus votos no serán gratuitos. La formación ultra ya apunta incluso a un horizonte más amplio, recordando que el plazo para investir presidente concluye el 30 de agosto, dos meses después de la primera votación. La precipitación del calendario, lejos de resolver el bloqueo, ha dejado al descubierto el delicado equilibrio sobre el que Moreno aspira a construir su tercer mandato.

A esto se le añade que, durante las celebraciones del Orgullo de este fin de semana en distintas ciudades andaluzas, numerosos asistentes respondieron con abucheos y consignas críticas hacia Vox, en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso del partido contra las políticas LGTBIQ+ y de igualdad, en las que incluso se pudo ver alguna imagen de Abascal decapitado. “No, no es una fiesta, ni una reivindicación. Es una exhibición de odio que roza el delito. Y como siempre con dinero público, porque serían incapaces de organizarse sin que tengamos que pagarles la fiesta. Les cortaremos el grifo de la subvención”, señaló la cuenta oficial del partido en Sevilla.

Su portavoz en el consistorio, Gonzalo García de Polavieja, difundió un vídeo en el que pregunta por el presupuesto que le asigna el Ayuntamiento a "un mes de actividades del colectivo homosexual que han concluido con cuatro días de fiesta y desmadre". La ultraderecha defendió que, si aumenta su influencia institucional, pondrá fin a las subvenciones públicas destinadas a este tipo de celebraciones y entidades vinculadas al movimiento LGTBIQ+, reforzando así uno de los ejes culturales de su negociación con el PP. 

“Hay que acabar con la financiación pública de los colectivos LGTBIQ+, absolutamente ideologizados, pues los recursos del Ayuntamiento se deben destinar a servicios esenciales como la limpieza, la seguridad, la movilidad o la ayuda a las familias y colectivos desfavorecidos”, planteó el portavoz ultra, que insistió en que las asociaciones “deben sostenerse principalmente mediante las aportaciones voluntarias de sus socios y simpatizantes”.

Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular hace ya más de cuatro años prometiendo una forma distinta de hacer política. En el congreso que le proclamó líder —sin adversario enfrente— , habló de recuperar la centralidad, rebajar el tono, abandonar la bronca permanente y de practicar una “política para adultos”. Repetía que no venía “a insultar a nadie” y que el PP debía recuperar la credibilidad precisamente diferenciándose de la crispación que atribuía tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a Vox.

Hoy buena parte de esas líneas rojas han desaparecido. El último ejemplo se produjo en el pleno de esta semana. Feijóo decidió utilizar la figura del padre de Patxi López, el histórico dirigente socialista y víctima del franquismo y del terrorismo de ETA, Eduardo López Albizu, para atacar al portavoz del PSOE. “Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás”, le espetó el líder del PP. 

No es la primera vez que el jefe de la oposición se sirve de un familiar fallecido para arremeter contra un miembro del Gobierno o del PSOE, ya que suele mentar de forma habitual tanto al padre de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, como al exlíder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero la referencia a Eduardo López supuso un salto cualitativo en el terreno de la confrontación personal, y el PP, de hecho, se reafirmó horas más tarde. “Que se acostumbren. No les vamos a dejar pasar una”, señalaron fuentes del partido.

Se trata precisamente del tipo de política de la que el líder del PP aseguraba querer alejarse cuando aterrizó en Génova. Feijóo se ha ‘madrileñizado’, tanto en el fondo como en las formas, y aunque se presentaba como antídoto frente a la política de trazo grueso y sin miramientos, ha acabado instalado en ella, traspasando así una de sus líneas rojas.

Pero no es la única. El giro más profundo que ha protagonizado Feijóo y, en consecuencia, la dirección nacional del partido, tiene que ver con Vox. Durante años, el conservador intentó construir una imagen de dirigente incompatible con la extrema derecha. Su experiencia en Galicia, gobernando siempre en solitario, se presentaba como un modelo exportable al conjunto de España. Pero pronto descubrió que no era así y ha acabado instalado en la misma guerra que le reprochaba a su antecesor, Pablo Casado.

Aunque nada más llegar dio el visto bueno al pacto de la ultraderecha con el PP en Castilla y León en 2022, que inició un ciclo político de normalización de los de Santiago Abascal en gobiernos autonómicos y municipales, Feijóo había renegado de esa fórmula a nivel nacional en diversas ocasiones, tanto en público como en privado. Es más, en el congreso nacional del PP, celebrado en julio del pasado año, lanzó un mensaje inequívoco: su compromiso era no gobernar con Vox. Aquella promesa buscaba tranquilizar al electorado moderado y reforzar la idea de que el PP no permitiría a los ultras llegar a La Moncloa.

Ese compromiso ya no existe. En una reciente entrevista en El Hormiguero, el propio Feijóo admitió que aceptará “lo que digan las urnas” y dejó abierta la puerta a gobernar junto a Vox si los números lo hacen necesario. Ya no se trata únicamente de apoyos parlamentarios puntuales o de un pacto de investidura, como siempre han defendido en Génova. El líder conservador ha dejado de excluir expresamente una coalición con Santiago Abascal, un cambio de enorme calado respecto al discurso con el que reconstruyó su liderazgo, porque considera que hacerlo ya no le penaliza. Y que sus votantes lo prefieren frente a la posibilidad de que Sánchez vuelva a gobernar en 2027.

La relación con Junts constituye otro ejemplo significativo. Durante los años posteriores al procés, el PP convirtió a Carles Puigdemont en uno de los principales símbolos del desafío al Estado. Feijóo mantuvo un discurso especialmente duro hacia el expresident, criticó cualquier intento de normalización política y acusó reiteradamente al Gobierno de depender de quienes habían protagonizado el intento de secesión. Es más, aseguró que él nunca viajaría a Waterloo para “blanquear” a un “prófugo de la Justicia”, como sí hizo el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de cara a negociar su investidura.

Con todo, el PP sí estuvo dispuesto a sopesar un “indulto condicionado” a Puigdemont e incluso llegó a plantearse, durante 24 horas, la amnistía. Pero el cambio en los últimos meses ha virado hasta acabar reconociendo que el momento actual nada tiene que ver con el del procés, según afirmó el número dos de Feijóo, Miguel Tellado, en una entrevista en la Cadena Ser. “Lo que sucedió en Cataluña en 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”, señaló.

Así, el veto político absoluto se ha transformado en una relación pragmática en función de las mayorías disponibles, aunque no todos en el partido comparten esa estrategia, empezando por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y acabando con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que este sábado será ratificado en un congreso que llevaba años pendiente por las críticas de Fernández a la dirección nacional del partido.

Las líneas rojas del PP se han difuminado también en la denominada “prioridad nacional”, la consigna racista que defiende la ultraderecha y que defiende que los españoles tengan más facilidades para obtener determinadas ayudas públicas y acceso a vivienda que los extranjeros. Génova no solo la ha asumido en primera persona, aunque trata de maquillarla, sino que ha presionado al presidente andaluz para que él también lo haga.

Este lunes arranca el debate de investidura de Juanma Moreno y el martes está prevista la primera votación. El presidente andaluz necesita los votos de Vox y ambas formaciones negocian ya un acuerdo acelerado, con la presión añadida de cerrar el pacto antes de que el foco político nacional vuelva a concentrarse en otros asuntos como las investigaciones judiciales, el Tribunal Supremo o la batalla política en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ambas cuestiones benefician a Moreno, que se quedó a dos escaños de reeditar su mayoría absoluta y se metió en el “lío” que quería evitar.

Durante la campaña, Moreno insistió en que aspiraba a gobernar sin depender de Vox y trató de mantener distancias con las exigencias de Abascal. Sin embargo, la aritmética parlamentaria apunta a un acuerdo rápido y, previsiblemente, nuevas concesiones a la formación ultra para garantizar la investidura, entre ellas la citada prioridad nacional.

“No basta con nombrar personas con trayectoria profesional: hace falta que esa trayectoria sea adecuada a la entidad que van a dirigir y que el proceso de selección esté basado en reglas objetivas”, señala Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y directora del informe que ha evaluado la adecuación de los directivos del sector público nombrados por el ejecutivo andaluz con los cargos que desempeñan. El análisis, que la fundación ha realizado ya sobre otras comunidades autónomas, da a Andalucía un aprobado “por la mínima” y critica cuestiones como la “ausencia de requisitos claros, la falta de procedimientos competitivos, elevada rotación y nombramientos que no siempre guardan una relación suficiente con la complejidad técnica”, recoge el documento. El informe no evalúa el desempeño de su trabajo, sino cuánto se ajusta su perfil al puesto para el que han sido nombrados.

Para llegar a esta conclusión, los autores del informe establecen un baremo basado en la experiencia y la formación de los directivos a los que asocian valores numéricos y que van completando en función del currículum de cada uno. El resultado final, que obtienen tras analizar un total de 153 directivos de 40 entidades, se queda en un 5,4 sobre diez. Entre las conclusiones que obtienen, destacan que “30 de las 40 entidades analizadas no establecen requisitos materiales claros para el nombramiento de sus máximos responsables, más allá de determinar qué órgano tiene la competencia para designarlo” y hablan de déficits en “la experiencia de gestión” de algunos perfiles. “Este dato resulta especialmente relevante porque muchas entidades analizadas gestionan presupuestos elevados, plantillas amplias y políticas públicas de alta complejidad”, concluyen.

La administración de la Junta de Andalucía es una de las más grandes de España y suma 128 entidades, siendo el segundo sector público institucional autonómico más grande del país, solo por detrás de Cataluña. En el lado positivo, el análisis de Hay Derecho destaca que las entidades mejor paradas son la Agencia para la Calidad Científica (ACCUA), que ofrece estatutos, concursos públicos reglados y requisitos técnicos estrictos a los candidatos; y el Consejo de Transparencia, que obtiene resultados altos porque su diseño institucional incluye un mandato fijo de cinco años y una designación por mayoría absoluta del Parlamento, lo que blinda la dirección frente a la discrecionalidad del Ejecutivo y de las posiciones partidistas.

Por la cola, de las peor valoradas es la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), que pierde puntos porque su director general acumula solo dos años de experiencia y formación en un ámbito no relacionado con el tema. También, por la mayor presencia de perfiles más políticos que técnicos en su estructura directiva. Por otro lado, entre las organizaciones peor paradas está la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que cuenta con más de 120 millones de presupuesto y 500 empleados, pero que, de acuerdo con el análisis, tiene “problemas recurrentes de gestión del parque público de vivienda” que han llegado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz y también pierde puntos por la “designación de responsables cuya experiencia en vivienda era limitada o indirecta”, recoge el informe. 

“Cuando no hay requisitos claros ni procesos competitivos, el nombramiento depende demasiado de la confianza política. Y eso genera una dirección pública más vulnerable a las presiones políticas, generando rotación e improvisación. Y ahí falla la continuidad estratégica en sectores claves”, afirma Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, quien insiste también en que para mejorar este indicador “se necesitan reglas estables, transparencia y evaluación” que reduzcan la dependencia de los nombramientos políticos. 

En las conclusiones del análisis, los autores señalan que muchos de los problemas que detectan en la Junta responden a tendencias que se dan a nivel nacional, pero insisten en la necesidad de establecer “condiciones verificables” para el acceso a los cargos más allá de conceptos genéricos como la solvencia profesional. “Este rasgo estructural se traduce en una variabilidad muy elevada en la calidad de los perfiles nombrados. El análisis muestra alternancia entre directivos con trayectorias altamente cualificadas —especialmente en etapas recientes o en determinados organismos— y otros con una adecuación más débil a la misión de la entidad”, señalan. Esto provoca, advierten, “un alto grado de incertidumbre en la dirección pública”. 

Finalmente, el informe, titulado El Dedómetro, edición Andalucía. Estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público institucional en Andalucía, señala que la comunidad se encuentra en “una posición intermedia dentro de la serie de dedómetros” realizados en otras comunidades. Y aunque comparte con otros territorios la ausencia de un marco generalizado de profesionalización de la alta dirección pública, presenta también singularidades que invitan a ser positivos, como “la aparición reciente de dinámicas de mejora” en los nombramientos que podrían consolidarse si se acompañan de reformas estructurales. 

Además del análisis, el documento recoge una serie de recomendaciones que se resumen en seis ejes principales. El primero, es la creación de procesos de oposición abiertos y competitivos cuando se trata de entidades estratégicas. El segundo, pide blindar legalmente ciertos requisitos mínimos relacionados con el cargo que se va a desempeñar para poder disponer de criterios objetivos y verificables a la hora de juzgar el desempeño.

En relación con el cumplimiento de sus responsabilidades en el puesto, el tercer eje en el que insisten es la creación de "contratos de desempeño" que especifiquen los objetivos a alcanzar y permitan evaluar su trabajo. En la misma línea, piden también más responsabilidad individual en materia de transparencia, exigiendo que se considere como una infracción la "omisión o falta de actualización de su perfil profesional".

Finalmente, las dos últimas propuestas aluden a la necesidad de crear modelos de currículum normalizados para optar a los puestos y un registro en el que aparezca el listado de las personas que han ocupado la dirección en los últimos diez años. "Esta medida no solo mejora la transparencia institucional, sino que favorece el control público sobre la evolución organizativa, permitiendo detectar posibles dinámicas de politización o rotación excesiva", concluye el documento.

La primera prueba para el Partido Popular y Vox en Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo se saldó esta semana sin acuerdo. La extrema derecha no estará en el órgano de gobierno del Parlamento andaluz— también ocurrió en Extremadura y Aragón — yaunque eso no equivale a una ruptura de la negociación, retrata el pulso entre el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla y el de Vox, Santiago Abascal, antiguos compañeros de Nuevas Generaciones del PP, que distintas fuentes apuntan a que será “largo”.

Desde el partido de Santiago Abascal aseguran que su prioridad es el contenido del acuerdo — de gobierno o de legislatura—  con medidas, garantías de cumplimiento y una traducción andaluza de sus banderas nacionales, desde la "prioridad nacional" con la que pretenden discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas, tachada de “eslogan vacío” por el presidente andaluz, a las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el niqab y el  rechazo a la Agenda 2030, entre otras cuestiones.

Con todo, en Vox ya hay voces de la dirección del partido que admiten en privado que es un “marrón” gobernar en comunidades con “mucho presupuesto”, como es el caso de Andalucía. La duda acompaña a Vox desde su salida de los ejecutivos autonómicos compartidos con el PP en julio de 2024. Aquella ruptura le permitió volver al terreno en el que mejor se maneja la ultraderecha, con la confrontación y la denuncia del "sistema” por bandera. Y sus propios dirigentes reconocen que es más cómodo no responsabilizarse de problemáticas inherentes a la gobernabilidad como las listas de espera, el campo, la vivienda o la seguridad. 

Desde entonces, distintas lecturas dentro y fuera del partido coinciden en que Vox se mueve mejor cuando influye desde fuera que cuando debe responder por la letra pequeña de la administración y así lo reflejan también los sondeos. Su etapa en gobiernos autonómicos con el PP coincidió con una fase de debilidad: tras caer al 12,4% y perder 19 escaños en las generales de 2023, la mayoría de encuestas lo situaron durante meses en torno al 9%-12%, y en las europeas de junio de ese año obtuvo un 9,6%, por debajo de su resultado del 23J, además de sufrir la competencia de Se Acabó La Fiesta en el espacio ultra. La salida de los ejecutivos autonómicos en julio de 2024 le permitió recuperar posiciones. 

Con todo, según aseguran fuentes de la formación ultra, entre sus planes sí está pedir entrar en el Ejecutivo andaluz, aunque reconocen que, en ese caso, aplicarían la “proporcionalidad debida”, ya que Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Aun así, también contemplan la posibilidad de no entrar en la Junta y apoyar desde fuera pero siempre “con un acuerdo” tangible que tiene que incluir su consigna racista de ‘los españoles primero’, que el PP vincula sin embargo con el arraigo.

En el caso andaluz, Juanma Moreno reprochó a Vox su falta de capacidad de gestión durante la campaña. Llegó a afirmar que "no quieren gobernar porque no saben" y que la formación ultra no tenía “equipos preparados” para ello, además de calificar la "prioridad nacional" de eslogan vacío e incluso ilegal cuando implica discriminar por nacionalidad en el acceso a recursos públicos. Ese discurso buscaba movilizar al electorado conservador en busca de una mayoría absoluta que finalmente no se produjo. Pero también generó un efecto boomerang que también alimentó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que Abascal se vio empujado a demostrar que no huía de las responsabilidades. 

El líder de Vox no quiere aparecer como la muleta del PP ni tampoco como el líder de una formación que no sabe gestionar, sobre todo si su objetivo es llegar a La Moncloa de la mano de los conservadores. “El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir sí vamos a gobernar en las tres regiones", señaló tras las elecciones de Castilla y León. Vox decidió entonces entrar a gobernar en coalición en esa comunidad, en Extremadura y Aragón. Unos pactos que, en realidad, son papel mojado porque determinadas promesas exceden las competencias autonómicas y dependen de la legislación estatal, europea o de los tribunales.

Andalucía, sin embargo, es harina de otro costal, según admiten fuentes cercanas a Abascal. La Junta maneja uno de los mayores presupuestos autonómicos del país y competencias de alta exposición pública. Para Vox, asumir una consejería implicaría entrar en la gestión de una comunidad con más de ocho millones de habitantes y un presupuesto que supera al de las tres comunidades anteriormente citadas. Concretamente, son 51.597,9 millones de euros en 2026: 5,8 veces el de Extremadura, 5,6 veces el de Aragón y 3,3 veces el de Castilla y León. Incluso comparado con la suma de las tres —unos 33.714,6 millones de euros—, Andalucía gestiona 17.883,3 millones más, es decir, 1,5 veces más que Extremadura, Aragón y Castilla y León juntos.

Por su parte, hay sectores del PP — aunque Moreno no es uno de ellos—  que creen que es peor dejar fuera a Vox fuera de las instituciones, porque de esa manera capitalizan el enfado social sin pagar peaje por la gestión. Algunos conservadores consideran que es más inteligente hacer el llamado  “abrazo del oso” a su socio de gobierno, teniendo ellos la posición mayoritaria lo que implica apropiarse de los “éxitos”. Esto, a su vez, implica que los de Abascal entren, gestionen y se desgasten, aunque sea a costa de ceder en cuestiones como la “prioridad nacional” y tener menos sillones para los suyos, especialmente si eso lleva consigo que Vox pierda fuerza a nivel electoral de cara también a las próximas generales.

La tesis, especialmente compartida en Génova, es que mientras Vox permanezca fuera de los gobiernos, puede presentarse como una fuerza libre de contradicciones, dedicada a agitar agravios y denunciar las supuestas tibiezas de la "derechita cobarde" o el "PSOE azul", en palabras de una fuente del equipo de Feijóo. En cambio, una vez dentro de los ejecutivos, los ultras se convierten en corresponsables de la gestión de los servicios públicos y los presupuestos. Esto supone también un giro para el planteamiento del líder del PP, que siempre ha reivindicado los gobiernos en solitario, y ahora asume que el futuro pasa por incorporar a Vox al gabinete, si no le queda más remedio, auto enmendado su supuesta moderación.

Tras años de vaivenes con la ultraderecha, el PP ha concluido, según admiten fuentes de la dirección, que su problema no es pactar con Vox, sino dejarlo crecer al margen de las instituciones. Una decisión que no responde solo a una necesidad aritmética, sino a una estrategia política de largo alcance. El objetivo final de Génova es frenar el ascenso de los ultras replicando la estrategia de 2023 tras las autonómicas y municipales, aunque también existe el temor de que se vuelva a repetir un escenario en el que ambas fuerzas no sumen. Lo ideal, creen en Génova, es que el PP “triplique” en escaños a Vox.

La paradoja es que tanto PP como Vox tienen incentivos contradictorios. Moreno quiere gobernar en solitario para preservar su perfil de “gestor moderado”, pero necesita a Vox para reeditar en la Junta, si bien ambas formaciones descartan el escenario de una repetición electoral. Los ultraderechistas quieren imponer el programa y condicionar la acción de la Junta, con el temor de quemarse si asumen la gestión de áreas complejas. Y, aunque una parte del PP, cree que les viene bien que los ultras entren para que se desgasten, una coalición también puede reforzarlo como partido de gobierno. Y Vox puede preferir quedarse fuera, pero después de meses de reproches por "no saber gobernar", una negativa abierta alimentaría la crítica que Abascal intenta desactivar. El “lío”, como diría Moreno, está hecho.

Durante años, una parte significativa del debate político y mediático español aceptó como una verdad casi incuestionable la existencia de un "sector moderado" dentro del Partido Popular. Era la corriente que, teóricamente, encarnaban dirigentes como el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente andaluz Juanma Moreno y otros de sus homólogos presentados como gestores pragmáticos, alejados de la confrontación ideológica y capaces de ocupar el espacio del centro político. Frente a ellos estaba el "sector duro", identificado con dirigentes como José María Aznar, el antecesor de Feijóo en el cargo, Pablo Casado, o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, lo ocurrido en  los últimos años obliga a plantear si realmente existió alguna vez ese sector moderado, los “halcones frente a las palomas”, o fue más bien una construcción discursiva útil para ampliar la base electoral del partido. La diferencia entre Moreno y Ayuso, o entre Feijóo y otros dirigentes considerados más duros, parece residir más en las formas que en los límites políticos. Así, cuando llega el momento de decidir si la extrema derecha de Vox es un socio aceptable para gobernar, las diferencias no existen.

La llegada de Feijóo a la presidencia nacional del PP, en abril de 2022, evidencia incluso ese cambio discursivo. Durante más de una década, el entonces presidente de la Xunta fue presentado como el ejemplo de una derecha templada, autonomista y alejada de los excesos de la política madrileña. Buena parte de los análisis interpretaron su desembarco en Génova como un giro hacia la moderación tras la defenestración colectiva que acabó con Pablo Casado tras su enfrentamiento abierto con Ayuso.

En enero de 2019, todavía como presidente de la Xunta, Feijóo situó a Vox en "el ámbito de la extrema derecha" y defendió que el PP seguía ocupando el "centro político": "Si nos hubiésemos ido a la extrema derecha no habría nacido Vox o nos habríamos cambiado el nombre", afirmó entonces. Sin embargo, tras alcanzar la presidencia nacional no solo asumió los marcos discursivos de la derecha más conservadora en cuestiones como la memoria democrática, la inmigración o las alianzas parlamentarias, sino que normalizó los acuerdos con Vox allí donde resultaban necesarios para acceder o conservar el poder. 

La hipótesis de que existe una corriente moderada enfrentada a otra más radical se debilita aún más cuando se observa el comportamiento de otros líderes territoriales. Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo en Galicia, no necesita actualmente a Vox para gobernar gracias a su mayoría absoluta. Pero nada indica que mantuviera una actitud diferente si las matemáticas parlamentarias fueran otras. La trayectoria de Feijóo y del conjunto de la organización apunta precisamente en sentido contrario.

Sobre Vox, la verdad se impuso muy temprano. Aún no había llegado Feijóo a Génova en 2022 cuando dio su bendición a la decisión de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, de meter por primera vez a los ultras en un Ejecutivo autonómico. Aquí el actual líder del PP sí se distinguió de su predecesor. Casado marcó una frontera nítida con los de Santiago Abascal en la primera moción de censura que los ultras presentaron contra Pedro Sánchez, en el otoño de 2020, votando ‘no’ y mostrándose extremadamente crítico con ellos.

Justo al revés que Feijóo, impulsor de una relación mucho más complaciente, que ordenó a su grupo parlamentario abstenerse en la segunda, votada en marzo de 2023, en la que los ultras presentaron como candidato al economista Ramón Tamames.  Feijóo, a diferencia de Casado, mantuvo transitables todos los puentes con Vox hasta el punto de que no dudó en transformarlos en sólidas alianzas después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 con tal de asegurarse una inmensa cuota de poder. Una operación que se ha repetido en este nuevo ciclo electoral.

Esto contrasta con su primer discurso como presidente del PP, en abril de 2022, cuando no citó expresamente a Vox, pero a los que dirigió mensajes inequívocos: "No creo en adanes, ni en caudillos, ni en salvadores", "Guárdense sus carnés de patriotas, guárdense las soflamas", apuntó.  Tres años después, el contraste es evidente. En el congreso nacional del PP de julio ya rechazó un "cordón sanitario" a Vox, defendió que sus votantes "merecen respeto" y asumió varios de sus marcos, desde la inmigración hasta el "adoctrinamiento" o la crítica al feminismo. 

La evolución, con todo, no es únicamente terminológica. El presidente del PP que se presentaba como antídoto moderado frente a la extrema derecha en la Xunta de Galicia acabó tratándola como socio legítimo y necesario cuando la aritmética del poder lo exigió. Una estrategia que han seguido los barones autonómicos de su formación cuando lo han necesitado.

Entre ellos, el presidente andaluz Juanma Moreno, que ha sido presentado como la cara amable del PP, un dirigente dialogante cuya gestión contrastaba con la agresividad política de otros barones territoriales. Sin embargo, de él también puede afirmarse que fue el primer líder regional en pactar con la ultraderecha en España tras su espectacular resultado en 2018. El cordón sanitario no llegó a estrenarse. El PP ya firmó acuerdos asumiendo exigencias de la ultraderecha en inmigración, género, memoria histórica o educación.

Ya en enero de 2019, el propio Moreno, entonces en busca de votos para su investidura, firmó un acuerdo que llegó de la mano del entonces secretario general, Teodoro García Egea (PP), y de Francisco Serrano y Javier Ortega Smith (Vox). El pacto obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'" y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental" [...]". Siete años después las exigencias de los ultras se han endurecido todavía más.

La imagen de moderación no impidió entonces el pacto. Tampoco parece hacerlo ahora. La reunión mantenida esta semana entre PP y Vox en Andalucía para la constitución del Parlamento este jueves vuelve a evidenciar que, cuando se trata de garantizar acuerdos institucionales o presupuestarios, la supuesta distancia ideológica desaparece rápidamente.

El patrón se repite en otros territorios. María Guardiola, que llegó a afirmar tras las elecciones de 2023 que no podría gobernar con Vox por sus posiciones sobre violencia machista o derechos LGTBI, terminó firmando un acuerdo con Vox para llegar a la presidencia e incorporó a la formación ultra al Gobierno autonómico. Recientemente ha asumido fórmulas como la llamada "prioridad nacional" para volver a ser presidenta, una exigencia rebautizada por los conservadores como "arraigo real, duradero y verificable" para intentar darle encaje legal.

El caso de Jorge Azcón en Aragón siguió un modelo similar. El PP pactó con Vox un gobierno de coalición que dio a la extrema derecha una vicepresidencia y dos consejerías. No fue solo un acuerdo de investidura ni un apoyo externo, fue una entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, con capacidad para condicionar políticas públicas y para proyectar su agenda ideológica desde dentro de la Administración. También allí acabó apareciendo la "prioridad nacional" como uno de los ejes pactados entre ambas formaciones.

Alfonso Fernández Mañueco fue incluso más lejos en Castilla y León tras abrir la puerta al primer Gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox. Y ahora, en su nuevo acuerdo con la extrema derecha, ha asumido de nuevo esa lógica, con Vox en el Ejecutivo y con la "prioridad nacional" situada en el centro del pacto. La pretensión de la ultraderecha es condicionar el acceso a recursos públicos en función de su origen, una manera de incorporar al lenguaje institucional una de las grandes obsesiones políticas de Vox en materia migratoria.

Ahí se desmonta buena parte del relato. Los llamados moderados del PP no se diferencian de los "duros" por levantar un cordón sanitario frente a Vox, sino por la forma de justificar el pacto. Los primeros lo envuelven en palabras como estabilidad, gestión, responsabilidad o arraigo; los segundos lo reivindican de forma más explícita y combativa. Pero el resultado es el mismo: Vox entra en los gobiernos, condiciona las agendas y consigue que parte de su marco ideológico sea asumido por el PP. La diferencia, por tanto, no está en los límites, sino en el tono. Pero cuando la aritmética obliga a elegir entre mantener el poder o rechazar a Vox, la supuesta moderación desaparece. 

Leo que el Servicio Murciano de Salud anda preocupado porque en los hospitales públicos y privados de esa región se han utilizado prótesis no homologadas o caducadas en cirugías vasculares con sospecha de varias muertes. Una trama corrupta se ha embolsado alrededor de siete millones de euros con la “operación stent” y al gobierno murciano, tras cesar al consejero de salud, le preocupan más los millones que las víctimas. Ya saben, lo del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Siendo muy grave, no es preocupante por no ser el único caso y estar legitimado por los votos de la ciudadanía afectada. Votan en modo ruleta rusa.

Leía hace poco que técnicos, facultativos y sindicatos han denunciado la orden dada para aprovechar los “culillos” de reactivos caducados en el Hospital de La Axarquía de Málaga. La Junta de Moreno Bonilla, carga contra los sindicatos lo mismo que cargó contra AMAMA por los cribados del cáncer de mama: la ciudadanía ha respaldado esa gestión sanitaria con sus votos. Hoy escucho, en un centro de salud andaluz, a una vecina repetir una de las mentiras del PP: con “los otros” la cosa no iba mejor. Más votos a la ruleta rusa.

Y meses antes, leí un correo interno del Grupo Ribera (gestor privado de hospitales públicos como el de Torrejón de Ardoz): “Como quedamos la semana pasada, os indicamos en qué condiciones se está procediendo a reutilizar catéteres esterilizados en procedimientos de electrofisiología (...) Solo se aplica en el caso de catéteres NO irrigados. Cada catéter se reutiliza normalmente 10 veces”. Este tipo de catéteres, introducidos en la vena, se usan en procedimientos cardíacos y tienen un marcado CE de un solo uso, por lo que está prohibida su reutilización como se describe en el correo. Era la intención del Grupo Ribera ahorrar 160.000 € mediante esa práctica. El paciente paga la bala de la ruleta rusa.

La cosa viene de lejos, desde que Ana Mato y Feijóo, con amenaza de muerte para 4.000 pacientes con hepatitis C, se negaron a financiar el Sovaldi por su elevado coste, hasta las muertes recientes de 7.291 personas discriminadas en las residencias madrileñas por no tener seguro privado. La mafia privada hace caja con el presupuesto público aportado por la ciudadanía, avalada por quien vota este modelo de estafa y respaldada por eso que llaman, sin serlo, Justicia. La ruleta rusa mata con pistola política y absolución togada.

Hay políticos implicados (muchos), hay empresas sobornando a políticos para ganar dinero (mucho), hay jueces y fiscales mirando a otro lado (muchos) y… ¡hay médicos en este sucio negocio de muerte y codicia! El juramento hipocrático, base ética y deontológica de la práctica médica, ha sido sacrificado en el altar del mercado. En consecuencia, vuelven la teúrgia que encomienda la salud a dioses y santorales y la taumaturgia de los vendedores de crecepelo y de los Frankenstein que ofrecen bellezas de catálogo y elixires hormonados.

Son tiempos extraños en los que muertos de hambre con escasa inteligencia suspiran por un seguro privado, cegados por la publicidad y los escaparates de chiringuitos sanitarios que inundan pueblos y ciudades ofreciendo falsas promesas y mentiras como las de los políticos con los que se confabulan. Son tiempos de suicidio colectivo para una sociedad que da la espalda a los sanitarios y educadores vocacionales para entregarse a unos profesionales sin otro horizonte que lucrarse a costa de la incultura y la falta de salud.

Muerto Hipócrates, son tiempos de hipócritas, corruptos y asesinos con licencia para matar.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Andalucía ha revalidado en las urnas a quien ha convertido la precariedad y el deterioro de lo público en una normalidad asumida. Tras la última cita electoral, la cuestión no es solo por qué ha pasado, sino qué vamos a hacer quienes sabemos que esta victoria traerá más desigualdad. No se trata de llorar la derrota, sino de transformarla en inteligencia política y organización.

En Andalucía, la última noche electoral dejó algo más que un mapa teñido de azul: confirmó que Moreno Bonilla ha consolidado un poder construido sobre el desgaste silencioso de la sanidad, la educación y los servicios públicos. Las cifras ya se han analizado hasta la saciedad; lo que queda ahora es enfrentarse a la pregunta incómoda: ¿qué hacemos cuando una mayoría social vota a quien gobierna contra sus intereses materiales? Encajar la derrota no va de resignarse, sino de convertir este resultado en una lección estratégica.

Las encuestas lo venían anunciando: la derecha se consolidaba mientras se normalizaba el deterioro de lo público y se desplazaba el sentido común hacia la resignación y el sálvese quien pueda. No es un rayo en cielo despejado, sino el desenlace lógico de un proceso de años en el que una parte importante de la sociedad ha terminado viendo como “gestión eficiente” lo que, en realidad, es desmantelar derechos. Aquí, Antonio Gramsci sigue siendo una brújula: “el poder no se sostiene solo con votos y leyes, sino con hegemonía, con la capacidad de hacer que los de abajo asuman como natural lo que es una construcción interesada”.

El problema no es únicamente que haya ganado Moreno Bonilla; es que ha ganado una manera de mirar Andalucía. Una mirada que presenta los recortes como modernización, la privatización como colaboración y la desigualdad como oportunidad para quien “se esfuerza”. Gramsci habló de la batalla por la cultura, por las palabras, por la interpretación del mundo. Si en esa batalla entramos tarde, fragmentados o ensimismados, la aritmética electoral solo certifica una derrota anterior: la de no haber sido capaces de disputar el sentido común en los barrios, en los centros de trabajo, en los espacios donde la gente se forma una opinión sobre su propia vida.

Hannah Arendt nos ayuda a entender otra dimensión incómoda: la banalidad del mal político. No hace falta un régimen abiertamente autoritario para erosionar la democracia material de la mayoría; basta con una suma de pequeñas decisiones, de renuncias aceptadas como inevitables, de ciudadanos que “solo votan lo que sienten” sin herramientas para comprender qué hay detrás de cada sonrisa de campaña. No se trata de despreciar a quien vota, sino de asumir que sin una ciudadanía crítica, informada y organizada, la libertad se reduce a un gesto formal cada cuatro años, mientras la capacidad real de decidir sobre la propia vida se encoge.

Por eso este texto no puede permitirse el tono lastimero. Encajar la derrota implica tres movimientos: pensar, cuidar y organizar. Pensar, revisando con rigor qué errores hemos cometido: dónde no hemos llegado, qué lenguajes no han conectado, qué miedos no hemos sabido nombrar ni canalizar. Cuidar, acompañando a quienes hoy sienten que el suelo se les mueve bajo los pies, ofreciendo comunidad donde la derrota invita al repliegue individual. Organizar, volviendo al barrio, al tajo, a la asociación, a la red de apoyo, entendiendo que el nuevo ciclo empieza justo cuando se cierra el recuento.

Ahí entra Václav Havel y su idea de esperanza: no como convicción de que las cosas saldrán bien, sino como certeza de que lo que hacemos tiene sentido, incluso cuando el marcador va en contra. Esa es la esperanza que hoy necesitamos en Andalucía: no ingenua, no consoladora, sino tozuda. La que nos obliga a seguir construyendo alternativa en lo cotidiano, sabiendo que la hegemonía no se rompe en un solo ciclo electoral, pero también que ninguna hegemonía es eterna.

Moreno Bonilla ha ganado, sí. Pero no ha ganado para siempre ni en todas partes. En este momento político, la tarea es no dejar que su victoria electoral se convierta en derrota moral de quienes queremos otra Andalucía. Lo que se abre ahora es un tiempo para disputar, palmo a palmo, la manera en que este pueblo se piensa a sí mismo. Porque si hoy ha elegido al lobo, nuestro trabajo es que mañana esté en condiciones de elegir otra cosa.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

“Si Juanma Moreno quiere ser investido presidente, tiene que aceptar la prioridad nacional”. La frase no es de ningún dirigente de Vox, sino una opinión casi unánime entre sus compañeros del Partido Popular. El hecho de que el presidente andaluz perdiera la mayoría absoluta este domingo, le fuerza a negociar con la extrema derecha si quiere seguir al frente de la Junta de Andalucía. Aunque en el PP creen que Moreno tiene posibilidades de seguir gobernando en solitario, también consideran que debe aceptar a cambio de introducir la “prioridad nacional” de Vox en los acuerdos porque es lo mismo que han hecho la extremeña María Guardiola, el aragonés Jorge Azcón y previsiblemente el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en las próximas semanas.

Con todo, en la dirección nacional del PP dejan que sea el presidente andaluz quien marque los tiempos y lidie con Vox. La fórmula que trasladan fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo es que "Juanma consiga el mejor Gobierno posible" y que “hasta que no se hable de coaliciones, Génova no va a entrar", resumen en la sede nacional. Es más, el lugarteniente de Feijóo, Miguel Tellado, únicamente se implicaría si finalmente los de Santiago Abascal decidieran entrar en el Ejecutivo como condición sine qua non. Por ahora, no lo están reclamando y se centran en negociar “política a política”, descartando una abstención.

Este lunes, antes de entrar en la Junta Directiva Nacional del PP, Moreno defendió que el resultado es "lo suficientemente contundente" para que lo "sensato" es respetar que el PP gobierne "en solitario", tras haber obtenido 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta. A su juicio, eso le da un "margen de maniobra para gobernar en solitario” si bien también concedió que la “dinámica parlamentaria” le obligará a buscar acuerdos. Desde la sede nacional de Vox, Ignacio Garriga alejaba cualquier debate sobre la entrada a un futuro gobierno de coalición, pero insistía en que la “prioridad nacional” ha de estar en la negociación.

Minutos antes, Moreno avisaba de que solo aceptaría la "prioridad andaluza", aunque situaba la repetición electoral como "el último de los recursos". El andaluz no cerró la puerta a negociar con Vox sobre su propuesta estrella en campaña, que en la práctica implica priorizar a los españoles a la hora de acceder a ayudas en cuestiones como la vivienda. Durante las pasadas semanas, el candidato del PP redujo la "prioridad nacional" a un "eslogan un poquito hueco" que Vox cree que "le funciona" y sostuvo que algunas propuestas eran "irreales" y otras "ilegales", y garantizó que el PP "nunca" vulneraría la Constitución ni ninguna ley.

Sus compañeros de partido, sin embargo, tienen claro que lo de la “prioridad nacional” es un “concepto político” sin mayor recorrido jurídico que el andaluz debe aceptar y así se lo han trasladado en privado, según explican fuentes conservadoras. En Génova también están convencidos de que esta cuestión no “les hace perder ni un voto” y que la clave está en “rebajar” la presión de los ultras ofreciéndoles algunas victorias morales, como esta.

La más clara en público fue Guardiola, que destacó a su llegada a la sede nacional que "Moreno ya tiene medidas y ayudas que priorizan el arraigo" y le restó importancia a la propuesta estrella de Vox, que ella misma ha asumido. "Yo no he oído a Juanma criticar lo que hemos firmado", que "vale para toda España", añadió. Azcón, por su parte, señaló que es Moreno el que “tiene que gestionar” el “magnífico resultado obtenido”.

El presidente nacional del PP no hizo alusión alguna a Vox en su discurso en abierto, pero sí trasladó al barón andaluz todo su apoyo. Asimismo, aseguró que los españoles están "hartos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se lo han dicho ya con distintos "acentos", en alusión a las victorias del PP en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, las últimas cuatro elecciones autonómicas celebradas. Sin embargo, en todas ellas el PP ha aumentado su dependencia de la extrema derecha.

El discurso de Feijóo acompañaba al mensaje de la lona desplegada en la fachada principal de Génova, donde se podía leer: "El cambio está más cerca". Una lona que el PP encargó hace días y que contrasta con la mayoría insuficiente obtenida por el barón andaluz. En relación a ese eslogan, Feijóo habló de "un cambio exigente, ambicioso y con certeza” y, a puerta cerrada, pidió a los suyos “afrontar la campaña nacional” y “organizar el partido”.  Con eso en mente, Génova ha convocado el congreso del PP en Cataluña y el de Nuevas Generaciones, que se celebrarán el 27 de junio y el 11 de julio respectivamente. Sin embargo, Feijóo ha evitado poner fecha a otro congreso pendiente, el del PP valenciano.

Vox, mientras tanto, ya ha empezado a enfriar los deseos de Moreno. La formación de Abascal evita, por ahora, exigir de entrada una coalición, pero tampoco se conforma con facilitar gratis la investidura. Su secretario general marcó este lunes una negociación por fases: primero las medidas, después cómo financiarlas y, sólo al final, quién debe ejecutarlas. "Vamos a negociar medida a medida, política a política", resumió Garriga. Entre esas exigencias situó la "prioridad nacional", el fin de lo que Vox llama "inmigración masiva", la educación, la seguridad, la reducción de impuestos y el "sentido común". 

El número dos de Vox también dio por hecho que Moreno tendrá que sentarse a negociar y acabará aceptando la "prioridad nacional" bajo la premisa de que otros dirigentes territoriales del PP ya lo han hecho. "Lo han asumido todos los líderes regionales del PP, luego estoy convencido de que Moreno Bonilla no va a tener ningún impedimento en hacerlo si sus compañeros en las otras regiones han asumido este principio político", sostuvo el ultraderechista.

Otros dirigentes del partido como Javier Cortés, gerente nacional y cabeza de lista por Sevilla, llegó a afirmar en Canal Sur que no pedirían "sillones", vicepresidencias ni consejerías, sino un cambio de políticas. Pero Garriga no cerró la puerta a una entrada posterior en el Ejecutivo y aplazó esa discusión a "otra pantalla". "Medida a medida, política a política", resumió, antes de subrayar que Vox actuará "con mucha humildad, responsabilidad y conscientes de la proporcionalidad". 

La presión sobre Moreno nace de la cadena de precedentes autonómicos. Tanto Guardiola como Azcón acabaron aceptando un acuerdo con Vox que incorporó la "prioridad nacional" a la vivienda protegida, el alquiler social, las ayudas y las prestaciones públicas. En los documentos, aparece como la "asignación prioritaria de los recursos públicos" a quienes acrediten "arraigo real, duradero y verificable" en el territorio, aunque Vox lo interpreta como  una puesta en marcha de su eslogan racista de "los españoles primero".

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por un gobierno en solitario del PP en la comunidad andaluza ante los "contundentes resultados" de su formación en las elecciones de este domingo, según recoge EFE. 

Moreno ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede nacional del PP para asistir a la Junta Directiva Nacional del partido, donde ha subrayado que lo que el domingo sentenciaron las urnas les puede permitir un gobierno "monocolor", sin que Vox entre en el mismo.

Ha insistido en que el resultado, se quedaron -ha recordado- a 21.000 votos de la mayoría absoluta, le da al PP "un margen de maniobra" y una "mayoría solvente" para ese gobierno en solitario. 

Aun así, el presidente en funciones también ha matizado que la dinámica parlamentaria les llevará a buscar acuerdos en vía parlamentaria, en referencia a la formación que lidera Santiago Abascal.

"Ante la ciudadanía andaluza (...) no tendría ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón que creo no sería razonable y comprensible para una mayoría de andaluces que han optado claramente por el PP".

Preguntado si aceptaría el concepto de prioridad nacional de Vox si esa fuera su condición para apoyarle desde fuera del Gobierno, ha insistido en que su prioridad es la "prioridad andaluza".

Ha señalado además que por ahora no hay ningún tipo de contactos ya que siguen con la resaca de las elecciones de este domingo y ha recordado que hasta el 11 de junio, cuando se constituye el Parlamento andaluz, hay margen de tiempo y de maniobra para, de manera "serena", ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.

El Partido Popular vuelve a firmar una noche electoral amarga, quizá la más amarga del ciclo electoral. El presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ganó de manera clara los comicios de este domingo con 1.735.000 votos, pero no consiguió reeditar la mayoría absoluta de hace cuatro años. Las urnas han dejado finalmente al presidente andaluz justo en el lugar del que toda su campaña intentó escapar, con 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta, frente a los 58 que obtuvo en 2022. Y aunque Vox únicamente subió un diputado, los de Santiago Abascal se convierten en la llave de la legislatura.

Con el resultado de este domingo se frustra el objetivo de los conservadores de convertir Andalucía en la prueba de que había una salida al laberinto de Vox. La llamada 'vía Moreno", presentada como fórmula para ensanchar el espacio del PP sin quedar atrapado por Vox, ha fracasado precisamente en el territorio donde debía exhibir su mayor fortaleza. Desde el partido presumen de tener “más votos” que hace cuatro años —debido al aumento de la participación— pero lo cierto es que el PP es el partido que más baja en porcentaje, especialmente en feudos como Almería (2,7 puntos menos) y Málaga (3 puntos menos).

El leitmotiv de la campaña de Moreno se basó en reclamar una mayoría suficiente para evitar el “lío” que enfrentaban sus homólogos en Extremadura, Aragón y Castilla y León por los pactos con Vox y trató de establecer un cortafuegos entre el PP andaluz y los pactos suscritos por sus compañeros en otras comunidades. La operación consistía en pedir el voto útil contra Vox sin romper con la extrema derecha en el resto de territorios. Durante la campaña, Moreno apeló a la estabilidad y evitó asumir la posibilidad de un gobierno compartido con los ultras. 

En su discurso durante la noche electoral, pasadas las 23.30 horas, Moreno no mencionó a Vox y simplemente aseguró que va a "cumplir" su mandato con "cuatro años más" de "estabilidad". Con todo, sí que admitió que no se había cumplido el objetivo de reeditar la mayoría absoluta. "Nos hemos quedado muy cerquita de obtener ese resultado, iba a depender de los restos y la ley d'Hont (sic) a veces nos favorece y otras no. No hemos sacado matrícula de honor, pero hemos sacado un sobresaliente", señaló.

Aunque Moreno obtiene casi ciento cincuenta mil votos más que hace cuatro años y podrá seguir al frente de la Junta, necesita a Vox y, por tanto, pierde la autonomía política que ganó en 2022. Ya no es el todopoderoso barón que representa un modelo alternativo al de la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Aunque el presidente andaluz podrá intentar una investidura en solitario con la abstención o el voto favorable de Vox, sin meterlos dentro del Ejecutivo andaluz, la ultraderecha ha dejado claro que la “prioridad nacional” debe estar en el centro de esos pactos, como ya ha ocurrido en el resto de pactos de este ciclo electoral.

Moreno no era el único interesado en obtener la mayoría absoluta. Feijóo llegó a plantear en campaña que lo importante no era solo ganar, sino "cómo" gobernar: solo o condicionado. En sus mítines, pidió votar "en masa, más que nunca" y contrapuso la "estabilidad" del PP al "lío" de depender de varios partidos y llamó a "pelear cada voto" para que Moreno repitiera mayoría absoluta "sin depender de Vox”. Fuentes de Génova admiten que “no es un triunfo completo, pero sí un triunfo claro e incontestable”. 

Lo cierto es que se trata de un fracaso también para el líder del PP, porque Andalucía era el ejemplo que más convenía a Feijóo. Él mismo dijo que lograr un gobierno estable en Andalucía sería "un paso más para conseguir un gobierno estable en el conjunto de España". Es decir, vinculó expresamente a la mayoría de Moreno con su propio proyecto nacional. Antes de empezar este ciclo electoral que comenzó con el adelanto táctico en Extremadura y le siguió el de Aragón, el PP dependía de Vox en tres de las cuatro comunidades en juego; ahora depende en las cuatro, también en Andalucía, y los ultras tienen más votos y escaños.

Así, el mapa autonómico es cada vez más incómodo para la dirección nacional del partido. En Extremadura y Aragón, PP y Vox alcanzaron sendos acuerdos para garantizar la continuidad de María Guardiola y Jorge Azcón, con presencia de Vox en el Ejecutivo. Los acuerdos llegaron tras meses de bloqueo, con la “prioridad nacional” como principal cesión de los conservadores.. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco tampoco alcanzó la mayoría absoluta y ambas formaciones paralizaron las negociaciones a la espera de los resultados andaluces.

Vox, por el contrario, sale reforzado en su papel de socio incómodo, pero imprescindible. No necesita ganar elecciones para imponer agenda. Le basta con impedir que el PP gobierne solo. En Extremadura, Aragón, Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares y ahora Andalucía, la formación de Abascal puede presentarse ante su electorado como garantía de que el PP no se moverá sin mirar a su derecha. La negociación andaluza será, por tanto, una prueba de fuerza. Vox ya ha utilizado en otros territorios conceptos como el de la "prioridad nacional" y el endurecimiento de las políticas migratorias.

La ultraderecha se recupera del fracaso de  Macarena Olona en 2022, que obtuvo 14 diputados, pero quedó políticamente neutralizada por la mayoría absoluta de Moreno, que no necesitó a la extrema derecha para gobernar. La candidatura de Olona mejoró el resultado anterior, pero no logró convertirse en decisiva y ella misma acabó abandonando el partido entre críticas a la dirección nacional del partido. Unas acusaciones sobre el origen y destino de fondos públicos que también han lanzado otros dirigentes.

Ahora ocurre lo contrario. Con Manuel Gavira, Vox apenas suma un diputado más —15 frente a los 14 de Olona—, pero ese escaño adicional tiene un valor político mucho mayor porque el PP pierde la mayoría absoluta y se queda en 53 diputados, por debajo de los 55 necesarios. La aritmética convierte a Gavira en lo que Olona no consiguió ser, el el árbitro de la legislatura. Con todo, no hay un "efecto Vox" en términos de crecimiento masivo, sino un "efecto bisagra" ya que la ultraderecha apenas crece en 0,35% puntos porcentuales. En cambio, la candidata del ultra Alvise Pérez obtuvo un 2,5% de los votos.

Pese al frenazo de Vox, la sensación es de euforia. “¿Dónde está la mayoría, la mayoría dónde está?”, cantaban los simpatizantes de la formación cuando Gavira salió a hablar. “No vamos a defraudar a esos andaluces, vamos a defender cada uno de esos votos”. “Esperamos del PP que escuchen a los andaluces, porque desde luego han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quiere y quieren prioridad nacional”, planteó. En el PP no quieren, sin embargo, entrar a hablar sobre si Moreno gobernará en solitario o tendrá que tragarse ‘el sapo’ que trató de evitar toda la campaña.

Juanma Moreno se mete en el “lío”. Los andaluces han dado una holgada victoria al Partido Popular este 17M, pero el PP ha fracasado en su objetivo de mantener la mayoría absoluta que obtuvo hace cuatro años y queda ahora en manos de Vox para poder mantener la Presidencia de la Junta tras una noche electoral en la que el PSOE ha caído en su peor resultado histórico y Adelante Andalucía ha sido la gran revelación, con sorpasso incluido a Por Andalucía.

A partir de este domingo, el Parlamento andaluz quedará así repartido en sus bancadas: Partido Popular (53 escaños), PSOE (28), Vox (15), Adelante Andalucía (8) y Por Andalucía (5). El bloque de la derecha se impone en el Hospital de las Cinco Llagas, con 68 parlamentarios, aunque baja respecto a hace cuatro años, cuando los populares y la ultraderecha lograron 72 parlamentarios. La izquierda avanza ligeramente al pasar de 37 a 41.

Moreno logra una victoria muy agridulce, porque pierde esa plácida mayoría absoluta con la que ha gobernado durante toda la legislatura sin que nadie le pudiera toser en las votaciones, además de haber proyectado esa imagen de moderado capaz de gobernar de una manera diferente a la de Isabel Díaz Ayuso. El PP se deja cinco escaños y es, de los grandes partidos, el que más baja en porcentaje de voto.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía no ha logrado materializar su objetivo de evitar el “lío”, como pidió a los electores, y ahora depende de la ultraderecha, lo que supone la peor pesadilla para un dirigente que se vende como centrista. No obstante, el popular fue el primer dirigente de los populares que pactó con la ultraderecha tras las elecciones de 2018 para llegar al Palacio de San Telmo.

El Partido Popular se queda a dos escaños de esa mayoría absoluta tras una legislatura en la que la crisis de los cribados de cáncer de mama desgastó a los populares, aunque Moreno logró reflotar con la gestión de la tragedia de Adamuz (Córdoba) y de las riadas en todas las comunidades. Esta vez el PP no ha logrado imponerse de manera mayoritaria en la batalla de los últimos escaños, que hace cuatro años le sirvió para llegar hasta los 58. En esta ocasión, los populares se han llevado los de Almería, Córdoba y Málaga, pero el PSOE rascó los de Jaén y Sevilla, Por Andalucía los de Cádiz y Granada y Vox el de Huelva. El presidente de la Junta evitó durante su discurso final hablar de Vox y del posible pacto.

Pero, sobre todo, este resultado afectará a nivel nacional al Partido Popular. Aunque los populares venderán una victoria muy amplia, quedan en manos de la ultraderecha como ha pasado durante todo este ciclo electoral en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Vox lleva semanas insistiendo en que pedirá al Partido Popular que acepte la “prioridad nacional” y que hará valer caros sus votos para formar gobierno.

La ultraderecha ha conseguido subir un escaño y su grupo tendrá hasta 15 parlamentarios, aunque apenas ha subido más de tres décimas en porcentaje de voto respecto a hace cuatro años. Pero los de Abascal tienen el éxito de condicionar a Moreno, un barón del PP que siempre los ha despreciado y al que llaman en sus mítines “Juanma Moruno”. En el cuartel general del partido, su candidato, Manuel Gavira, fue recibido al grito de “¿dónde está la mayoría?”. El número uno autonómico indicó: “Ha quedado claro que los andaluces quieren prioridad nacional”.

Asimismo, el resultado le da fuerza en la negociación en Castilla y León, todavía inconclusa para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco (PP). Pero la otra cara de la moneda es que la ultraderecha ve cómo se frena su ascenso y no llega ni al 14% de los votos, muy lejos de esa barrera psicológica del 20% con la que sueña Santiago Abascal en todas las elecciones.

Uno de los principales factores del estancamiento de Vox es el resultado de Se Acabó la Fiesta, que, a pesar de no lograr diputados, es ya la sexta fuerza en la comunidad autónoma con más de 104.000 votos y superando el 2,5% de votos. Las encuestas finales señalaban precisamente que el partido de Alvise Pérez podía robarle hasta un diez por ciento a la ultraderecha entre sus votantes.

El PSOE cayó en su peor resultado histórico este 17M, pero hay cierto alivio en Ferraz y en San Vicente por dos factores: Moreno Bonilla se queda sin la mayoría absoluta y no se cumplen los peores augurios, ya que en las últimas semanas sus encuestas internas daban incluso un resultado que podía estar en torno a los 24 o 25 escaños. 

Los socialistas se quedan finalmente en 28 escaños, dos diputados menos que los 30 conseguidos por Juan Espadas hace cuatro años. Montero era una apuesta personal de Pedro Sánchez y su campaña no ha despertado ningún tipo de ilusión a pesar de haber presentado estos comicios como un referéndum sobre la sanidad pública, el principal problema para los andaluces.

El PSOE quedó en segunda posición en todas las provincias, a excepción de Almería, donde Vox le adelantó en una provincia en la que tiene muchísimo peso la agricultura y la migración a la hora de votar. Montero, no obstante, ha tenido más votos en general que la candidatura de Espadas, con más de 944.000 papeletas, frente a las 888.325 de 2022, cuando hubo menos participación. “No son unos buenos resultados”, reconoció la exvicepresidenta primera. 

En Ferraz y en Moncloa rechazan hacer paralelismos entre las autonómicas y las generales. Sobre la mesa siempre ponen encima que en las generales del 23J Pedro Sánchez tuvo un resultado que rebasó el 33% en Andalucía, quedando a poco más de tres puntos del Partido Popular, algo que fue clave para poder retener el Palacio de la Moncloa. A pesar del mal resultado, Sánchez no tiene intención de hacer grandes giros de timón y mantiene su plan de ir a las elecciones generales el año que viene.

En el espacio de la izquierda, Adelante Andalucía aparece como el gran ganador de estas elecciones, al cuadruplicar sus resultados al pasar de dos a ocho escaños en el Parlamento. La candidatura de José Ignacio García ha logrado generar ilusión, especialmente entre los nuevos votantes, con una apuesta andalucista sin dirección en Madrid y contraria a gobernar de manera conjunta con los socialistas. 

Adelante Andalucía ha logrado algo inaudito: consigue escaños por seis provincias, un salto para un partido que estaba radicado solo en Cádiz y en Sevilla. No logra, como le ha pasado a Por Andalucía, entrar ni en Almería ni en Jaén, dos provincias esencialmente bipartidistas y con gran penetración de Vox por el componente agrícola. Y, además, los de García se han convertido en la tercera formación en Cádiz y Sevilla, por delante de Vox.

Tras conocerse el resultado, García sostuvo: “Hoy se han puesto las bases para echar a las derechas de Andalucía. Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular. Y ha superado a los fascistas en dos provincias. Tiempo al tiempo. Los vamos a superar en todas”.

Adelante Andalucía supera, en la competición dentro de la izquierda, a Por Andalucía, el paraguas bajo el que concurrían Izquierda Unida, Podemos y Sumar. Esta candidatura, liderada por Antonio Maíllo, repite sus cinco escaños, por lo que volverá a tener grupo parlamentario, pero deja de ser la referencia a la izquierda del PSOE. Y, sobre todo, ve cómo el electorado joven se rinde a la fórmula de José Ignacio García. Otra nota que deja este domingo es que la suma de estas dos izquierdas supera a Vox, algo que no pasa en otros puntos de España.

Este 17 de mayo supone el cierre del carrusel electoral que se abrió con las elecciones anticipadas de Extremadura. Estas citas han dejado a un Alberto Núñez Feijóo más dependiente de un Santiago Abascal que no ha logrado su objetivo de resultados por encima del 20 por ciento. Los socialistas han acumulado derrotas, pero se quedan con la lectura de que recuperan votantes y que todavía pueden jugar para ganar las generales del año que viene. Y se constata ahora en Andalucía la pujanza de las izquierdas transformadoras con anclaje territorial.

La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 52,14 % a las 18:00 horas, 7,6 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 44,51 %, con los datos comunicados prácticamente por todas las mesas electorales.

Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 18:00 horas habían votado 3.336.399 personas en toda Andalucía, según informa Efe.

La provincia con más participación es Córdoba, con un 55,11 % y una subida de 6,63 puntos, y la que menos es Huelva, con un 48,07 %, aunque ha subido 8,18 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.

La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales habilitadas para los comicios andaluces sin incidencias relevantes, salvo en el CEIP Los Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz) donde las votaciones comenzaron con unos minutos de retraso.

En este último centro la Junta Electoral de Cádiz (JEC) ha acordado ampliar en diez minutos, hasta las 20:10 horas, el horario de cierre de una mesa en este colegio electoral, mientras que en el de Málaga el cierre será a las 20:14 y el de Sevilla a las 20:43 horas, justo el mismo tiempo que duró la demora en constituirse las mesas.

Ante estos retrasos en el cierre de estos colegios electorales, la Junta Electoral de Andalucía ha decidido que no podrán hacerse públicos datos de resultados de votaciones hasta las 20:43, aunque sí podrán difundirse los de los sondeos a las 20:00 horas, según ha explicado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en su comparecencia para explicar los datos de participación de las 14:00 horas.

Además, un error sobre la mesa electoral de Cuevas del Campo (Granada) en la que debía votar la cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz por Granada Olga Manzano ha llevado a la Junta Electoral de Zona a determinar la anulación, por azar, de uno de los votos contenidos en la citada urna.

Por otra parte, en su perfil en la red social X, Vox ha denunciado este domingo una presunta agresión a dos de sus apoderados en un colegio electoral del barrio de la Oliva de Sevilla

Las incidencias menores registradas durante esta jornada han sido la ausencia de papeletas, algún presidente de mesa que ha habido que sustituir y los problemas para localizar las llaves de un local, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha subrayado la normalidad de la jornada.

Todos los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos han ejercido su derecho al sufragio durante las primeras horas de este domingo.

Así, el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado, tras votar en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, que ha comprobado "ilusión" en torno a su proyecto y ha añadido que "hay muchos restos que se van a decidir hoy".

Para la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que ha ejercido su derecho al voto en un colegio del Centro de Sevilla, es "un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro".

También en Sevilla ha votado el candidato de Vox, Manuel Gavira, quien ha apostado por la necesidad de que en Andalucía haya un "gobierno que tenga claras sus prioridades" y que "saque a los andaluces del lío en el que estamos metidos".

En el Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha realizado un llamamiento a la "ilusión y movilización" para que los andaluces decidan lo que quieren en los próximos cuatro años.

En Jerez de la Frontera (Cádiz) ha votado el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha pedido el apoyo "por la clase trabajadora, por el pueblo andaluz y por la gente normal y corriente".