Borja Prado es presidente de Mediaset España, la filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde abril de 2022, tan sólo el más reciente de los múltiples cargos ejecutivos que le han convertido en uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Los dos años anteriores los empleó como socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora a Florentino Pérez, de quien es amigo, y al Real Madrid. Un bienio que pasó en barbecho tras su salida de Endesa, propiedad de otra gran compañía italiana, Enel, y donde ejerció como presidente durante toda una década, aunque desde dos años antes ya se sentaba en su consejo de administración.

Esas han sido dos de las constantes de su carrera empresarial: siempre en la cima del poder y explotando un fuerte vínculo con Italia. Ya con 33 años era vicepresidente del banco suizo UBS en España y antes de cumplir los 40 fue nombrado consejero de Rothschild & Company. Su siguiente paso lo dio en el banco de inversión Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convertía en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina del banco italiano, pese al más que posible conflicto de interés: Mediobanca asesoraba a competidores de la eléctrica en operaciones como el intento de compra de la alemana E.ON. Cuando abandonó Endesa, en 2019, tras deteriorarse sus relaciones con el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, se llevó una indemnización de 12,8 millones de euros.

Antes de ese momento, Borja Prado incluso tuvo tiempo y oportunidad para mediar entre ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la familia Benetton, que mantuvieron una cruenta guerra por Atlantia, la concesionaria italiana de autopistas. Fue el árbitro que sentó a españoles e italianos para sellar la compra conjunta de Abertis.

Durante los 10 años que permaneció al frente de Endesa –y sólo un año después de abandonar Mediobanca– fundó además su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital. Para ello recurrió a Javier de la Rica, que hasta entonces le había acompañado en Mediobanca como vicepresidente y antes trabajó como responsable de JP Morgan Chase en España. Su tercer socio era un financiero italiano, Stefano Marsaglia, quien hasta ese momento se había empleado también en Mediobanca, pero como presidente ejecutivo de banca corporativa en Italia. Peninsula Capital es la gestora de fondos que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en la operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros, la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV. El primer gran éxito del fondo.

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones. Tiene participaciones en la marca francesa de ropa y complementos de lujo Zadig & Voltaire, el operador privado de alta velocidad italiano NTV, la cadena de clínicas de estética y fertilidad WM (Dorsia) y dos empresas vascas, la aeronáutica Aernnova y HLC, el mayor fabricante europeo de monopatines y tablas de surf, como también clínicas y cadenas de moda en Italia. En 2018 el fondo desinvirtió de la marca italiana de cosméticos Kiko.

En su página web, el equipo de Peninsula ofrece inversiones de entre 30 y 100 millones de euros por operación, pero prometen “cantidades mucho mayores”, de hasta 1.000 millones, mediante acuerdos de coinversión.

En Peninsula Capital, Prado ha puesto en práctica la experiencia de sus muchos años en la banca de inversión gestionando todo tipo de grandes operaciones financieras. Al tiempo, la gestora es también un estupendo reflejo de cómo funcionan las élites económicas. La red de vínculos profesionales y familiares es tan tupida como célebres los apellidos que la componen.

Así, uno de los socios de la gestora es Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–. Antes de llegar a Peninsula, Cortina, con sólo 28 años, había sido asesor de Borja Prado en Endesa y analista en el departamento de inversiones de Mediobanca.

También trabaja en Peninsula, formando parte del equipo de inversiones, uno de los tres hijos de Prado, Javier, mientras que ejerce como director de Operaciones Borja Klingenberg, quien fue jefe de gabinete del presidente de Endesa durante seis años y director general de su fundación. Como Carlos Cortina, también procedía de Mediobanca, donde ejerció de vicepresidente para España y Portugal.

Pero quizá el apellido más notorio de Peninsula es el de Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Según figura en la página web de la gestora de fondos, trabaja como director general desde 2017 y su área de acción es Francia y el Benelux. Su currículo es más bien breve: trabajó en el bufete de abogados Realyze y tuvo un cargo político, vicepresidente del consejo departamental de Hauts-de-Seine, con sólo 21 años. Realyze era, hasta 2019, el bufete Claude & Sarkozy, propiedad de Nicolas Sarkozy y de su socio, Arnaud Claude. Cambió de nombre después de que Claude fuera condenado por complicidad en un fraude fiscal: había yudado al teniente de alcalde de Levallois-Perret , Patrick Balkany, a crear una empresa fantasma para ocultar a la Hacienda francesa la existencia de varios inmuebles. Ahora, el despacho lo lleva el hijo de Claude. Entre sus clientes, algunas de las mayores empresas de Francia.

La familia política de Jean Sarkozy también es muy conocida en Francia. Su esposa es Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard Darty se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993. Jean Sarkozy es uno de los directivos de una sociedad llamada Golda Darty Partners, que en 2017 era propiedad de Bernard Darty y su esposa y que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones de NTV. Al vender NTV al fondo GIP un año después, Golda Darty Partners consiguió una plusvalía de 13,8 millones de euros.

El principal socio de Borja Prado, Javier de la Rica, no sólo le acompañó en Medioabanca. Una de sus hijas, Marta de la Rica Entrecanales, se casó en 2011 con Guillermo Castellanos O’Shea, hijo de Patricia O’Shea –cuñada de Emilio Botín– y de Jaime Castellanos, expresidente de Lazard España y dueño del grupo Recoletos hasta su venta a la editora italiana RCS. Como puede verse por el apellido de su hija, De la Rica estuvo casado con Blanca Entrecanales Domecq, hermana de José Manuel, actual presidente de Acciona y también presidente de Endesa entre 2007 y 2009, por tanto antecesor inmediato de Borja Prado en el cargo –recuérdese que Acciona ayudó a Enel a hacerse con Endesa en 2009–. Se divorciaron en 2011. Han tenido tres hijos: Borja, Marta y Bruno. Ninguno de ellos trabaja en la empresa, pero en 2022 se convirtieron en socios de Peninsula Holding, una de las sociedades luxemburguesas del conglomerado creado por Borja Prado y su padre, Javier de la Rica. A 21 de noviembre de 2022, cada uno poseía un 8,4% del capital, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo. Otro 0,2% es propiedad del ex jefe de gabinete de Prado en Endesa y actual director de Operaciones de Peninsula, Borja Klinenberg.

De forma que el holding se ha convertido casi en una empresa familiar, de la que son dueños Borja Prado en un 49,8% y la familia De la Rica en otro tanto por ciento igual, repartidos entre una sociedad luxemburguesa propiedad del padre (MBB Luxembourg), con un 24,7%, y el 25,2% restante de los tres hijos.

De esta sociedad y de la propia gestora se fue en 2021 el italiano Stefano Marsaglia, según publicó El Confidencial “por diferencias en la gestión y la desconfianza por gastos no justificados de la firma”. Un año después, Marsaglia ha creado otra gestora, llamada Azzurra Capital, junto con Jorge Delclaux, que hizo carrera en Rothschild y fue consejero delegado de Ibersuizas, otra firma de capital riesgo. En su consejo asesor figuran el ex consejero delegado de Banesto Alfredo Sáenz y Flavio Cattaneo, vicepresidente ejecutivo de NTV, cuya venta al fondo estadounidense GIP en 2018 fue tan rentable para Peninsula Capital. En el momento de la venta, Cattaneo era el consejero delegado de la empresa. Azzurra Capital tiene su sede en Dubai.

A esta miscelánea de crónica de la alta sociedad y páginas salmón se le añade un apunte histórico. Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros. Como se recordará, el grupo lo dirigía Javier de la Rosa, paradigma de los financieros-delincuentes surgidos en los años 90, y su principal accionista era KIO, que forma parte del fondo soberano de Kuwait. La condena de 2008 fue por el caso Grand Tibidabo, otra operación de Javier de la Rosa que hizo desaparecer los ahorros de 10.000 accionistas.

No es la de su padre la única conexión de Borja Prado con los Borbones. Él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre, Paula Eulate y Aznar, y su esposa, Pilar Benítez Toledano. Y Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

La última –y muy importante– línea de la red de relaciones de Borja Prado se extiende a la política. Durante su mandato, Endesa ha sido una lucrativa puerta giratoria para políticos de todo signo. En 2011 contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Y ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

Hábil, pues, en el arte de la influencia política, tanto como en las mesas de negociación de las grandes operaciones financieras, el más italiano de los altos ejecutivos españoles proclamó su “lealtad” a Enel, según publicó Abc, en plena batalla por el control accionarial de Endesa. Fue en 2008, y Borja Prado era sólo consejero independiente de la eléctrica española. En abril de 2019, esa lealtad le costó un disgusto. Prado se despidió entonces de la junta de accionistas de Endesa entre pitos y abucheos. Mientras él hacía gala de sus logros al frente de la compañía, los trabajadores de la eléctrica en huelga le acusaban de “expoliar” Endesa en beneficio de la matriz italiana. “Su único objetivo”, denunciaban, “es generar dividendo para Enel a costa de los salarios” de la plantilla en España. En el Senado, el ministro de Energía del Gobierno del PP, Álvaro Nadal, también había reprochado a Enel que hiciera “política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles” por el cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). En 2014, Endesa había vendido a Enel todo su lucrativo negocio en Latinoamérica.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha señalado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy al asegurar que fue él el responsable final de su salida de la presidencia de la entidad el 7 de mayo de 2012, momento en el que se inició "la intervención política".

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la segunda sesión del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que se reanudó ayer martes en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y prosigue este miércoles con las preguntas de la fiscal del Ministerio Público Carmen Launa.

Rato, que cumple actualmente una pena de cuatro años y medio en la cárcel de Soto de Real por el caso de las tarjetas black, ha apuntado también a la exministra de Economía Elena Salgado por la salida a Bolsa del banco, al asegurar que fue la que en última instancia dio el "visto bueno" a esta operación a un precio con un descuento "importante".

De hecho, ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, Rato ha dicho que tanto el Banco de España como el propio Gobierno apresuraron al banco a salir a Bolsa en un tiempo limitado de tan solo unos tres meses, ya que, en caso contrario, Bankia sería nacionalizada.

"No era solamente una estrategia mercantil, la idea era que saliéramos de una vez de la situación anómala de las cajas en la que no se tiene acceso a capital. Yo compartía esa estrategia, era válida y positiva", ha subrayado el principal acusado del caso Bankia.

En este sentido, el que también fuera exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha defendido reiteradamente el precio de la acción de Bankia en el momento de su debut bursátil, ya que, pese al descuento, confiaba en que el plan de negocio llevaría a unas ganancias futuras.

Según ha indicado, BFA-Bankia tenía muchos argumentos a favor para llevar a cabo esta operación. "Era el mayor banco por activos, tenía más de 10 millones de clientes, una gran preponderancia en determinadas regiones y gran capacidad para recortar gastos", ha declarado.

La entidad había establecido en torno a 600 y 800 millones de euros el recorte de gastos recurrentes que se conseguirían de forma anual con la operación. "Las sinergias que se planteaban en la estrategia eran perfectamente razonables", ha precisado.

Además, para Rato, el descuento en el precio de las acciones no era un aspecto importante para la sociedad matriz (BFA), que mantenía la participación en su balance como una inversión estable, no dispuesta para la venta. "Había que hacer una valoración a largo plazo", ha apostillado.

El expresidente de Bankia ha negado que se planteara la viabilidad futura del banco antes de su salida a Bolsa por el deterioro que pudiera producir el descuento en el precio de las acciones. "Nadie pensó que se tendría que hacer luego un ajuste, lo importante en ese momento era cumplir con el plan de negocio", ha reiterado.

Asimismo, ha señalado que el consejo de administración pensaba que el recorrido de la acción iba a ser "favorable" una vez se asentara el proyecto. Las agencias de rating, incluso, otorgaban a Bankia el grado de inversión. El precio al que se debutó fue el fijado por el mercado.

Decisiones políticas

Bankia, que contaba con un nivel de capital del 7%, pasó a tener un nivel insuficiente en febrero de 2011 por el Real Decreto Ley que obligaba a elevarlo hasta 10%. Este nuevo requisito llegó vía Congreso de los Diputados y del Gobierno. Se trataba de un cambio de escenario que no respondía a la estrategia autónoma de la entidad.

"Teníamos que subir el nivel de capital en un 30% por una medida cuyo impulsor fue el Gobierno", ha criticado, subrayando que los cambios regulatorios que llegan por decisiones políticas son los mayores obstáculos para los bancos.

Repasemos bien el kit de supervivencia, a ver si está todo.

La nevada/cagada

Este maletín contiene varios balones –para echarlos fuera–, reuniones encadenadas para averiguar –a copo pasado– qué se tenía que haber hecho y un CD con el hit que siempre suena en estas situaciones: “Échale la culpa al boogie” ( “a los conductores”, si eres el director de la DGT).

¡Cuánto habrían ganado las declaraciones de Serrano si, antes de terminar, hubiera cantado: ♪ “Precaución amigo conductor, la nieve es peligrosa” ♪, en plan Perlita de Huelva, “perlita de Sevilla”, en el caso de Gregorio.

Zoido ha empezado el año regular, entre los cinco goles que encajó su equipo y la bola de nieve en propia puerta...

La investidura telepática

Este maletín contiene una cabeza cubierta de pelazo, en cuyo interior rebota una idea: “Seré President, cueste lo que –les cueste– a los demás”.

Así como el pobre Johnny Weismuller murió creyendo que era Tarzán –cuentan que emitía en la vida real los gritos característicos del superhéroe sin leotardos–, Carles se ha creído tanto su personaje de princesa por sorpresa, que podría acabar quedándose sin voz de tanto gritar “¡viva mi república!” y estamparse al saltar de su liana, sin tener otra a la que agarrarse...

Aunque también es posible que pase olímpicamente de saltar –que se estampen otros– y desaparezca entre la maleza de la selva belga por la que pasea.

Las despedidas

Carme Forcadell no será presidenta del Parlament, su intención es continuar como diputada, Carles Mundó –sonó como sustituto de Junqueras– abandona la política y Artur Mas se marcha... otra vez.

Los tres adioses tienen su aquel, pero el de Mas es lo más. Artur, al que podríamos gritarle lo de Piqué: “¡con...tigo’mpezó todo!”, ha hecho mutis por el foro y ahí ha dejado el mojón.

Dice Artur que nada tiene que ver con su marcha el hecho de que el lunes vayamos a conocer la sentencia por el caso Palau, se va por el bien de los suyos: “Doy otro paso al lado para no frenar el proyecto JxCat”, en plan héroe sacrificado: "¡Seguid vosotros, yo me quedo aquí con la pierna rota!".

Muchos han interpretado el gesto como una indirecta a Carles para que haga lo propio, en plan Gila: “Alguien está mandando un mensaje a alguien que está en Bruselas y no me gusta señalar”, pero el que “detuvo” Gila se ponía colorao, colorao y Puigdemont tiene la cara impermeable al rubor.

Los “Jordis” y Forn, exconsejero de Interior, se han despedido de la unilateralidad, al menos, ante el Supremo. Ahora defienden que hay que moverse dentro del marco de la Constitución, “el único referéndum válido sería el organizado por el Estado español”, dice Cuixart. Si llegan a estar cinco minutos más ante el juez, acaban cantándose algo de Manolo Escobar.

Es lógico que la estrategia de defensa de un acusado utilice todos los recursos legales a su alcance, sinceros o no, para librarle de la prisión (preventiva en este caso). La privación de libertad debe de ser absolutamente terrible, pero si le añades el hecho de que, mientras tú estás en prisión, otros pasean por Bruselas, el trago debe de ser mucho más difícil de superar.

Hoy he recordado una escena de mi pasado muy remoto. Tendría unos trece años, estaba en un pueblo toledano al que me invitó una amiga para pasar las fiestas. Iban a soltar una vaquilla en la plaza de toros y nosotras bajamos  a la plaza para hacer un poco el tonto –nuestra especialidad–. Un señor muy animoso, reclutó a todos los niños y adolescentes que estábamos por allí y nos colocó como un equipo de fútbol que posa para la foto, así debíamos esperar la salida del animal.

Mi amiga y yo estábamos en la fila de delante, en cuclillas.

De pronto, nos miramos y nos preguntamos mutuamente: "¡¿Qué hacemos aquí?!". Yo recordé la frase que decían en el pueblo: “Las vaquillas van al bulto”. Nos levantamos, de un salto, y abandonamos la alineación. El resto de los niños siguieron nuestro ejemplo y se fueron marchando, hasta que se deshizo el bulto suicida. El señor de la idea brillante, nos riñó decepcionado: "¿Por qué os quitáis?" Mi amiga le dijo: “¡Póngase usted, no te digo!". "¡Que le coja a usted la vaquilla!” añadí yo.

No sería extraño que fueran aumentando, poco a poco, los casos de quienes deciden pasar del que organiza la alineación y luego ve la vaquilla desde la barrera belga.

Reapariciones en el Congreso

No se alarmen, los diputados no vuelven hasta febrero, ellos tienen otro calendario. Los que han reaparecido en el Congreso son los comparecientes en la comisión sobre la crisis financiera. Ha sido muy emocionante, tantos años después, es como cuando se reencontraron los actores de Friends.

Volvieron a nuestras pantallas Pedro Solbes, Elena Salgado y, sobre todo, Rodrigo Rato con esa planta, con esa voz, con esa cara... Insuperable.

Solbes lanzó pullitas a ZP y habló de aquel Gobierno con una distancia sorprendente, como si en aquellos años él hubiera estado viviendo en la estación espacial MIR. Salgado desmintió a De Guindos, dijo que la salida a Bankia no fue una decisión política –dejémoslo en decisión penosa– y Rato tiró contra todo lo que se mueve, los otros y los exsuyos. A Rodrigo solo le faltó reprocharle algo a la madre del niño que desayuna garbanzos.

  La verdad es que Rato nunca defrauda... comunicativamente hablando. Díganme qué guionista puede superar ese momento en el que Rato dice que los accionistas privados han perdido más dinero con las Cajas de ahorro que el erario público y añade con desparpajo:

“¿Y eso un saqueo? ¡No, es el mercado, amigo!”. Qué tío, qué crack el señor del crack de Bankia.

¿Bueno, qué? ¿Qué les parece el kit con el que arrancamos el año? ¿Sobreviviremos?

La exvicepresidenta para Asuntos Económicos del Gobierno, Elena Salgado, ha defendido que el Gobierno de un país debe estar conformado por las personas más preparadas para ello, aunque no cuenten con vocación política, como fue su caso, sumándose a las declaraciones del exministro de Economía, Pedro Solbes, que aseguró que si las puertas giratorias no existieran "sería una desgracia".

"No es una cuestión de defender o no las puertas giratorias, sino de defender que a la política vayan siempre las personas más preparadas, aunque no tengan inicialmente una vocación política", ha apuntado Salgado durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

Salgado, que actualmente es consejera de Pescanova y lo fue de una filial de Endesa tras abandonar el Gobierno, ha apuntado que si su interés hubiera sido "disfrutar de una posición económica desahogada", habría continuado con su labor en lugar de acudir a la llamada de José Luis Rodríguez Zapatero para formar parte de su Gobierno, según informa Europa Press.

Según ha dicho, es necesario "establecer normas claras" para determinar en qué condiciones se puede pasar del sector público al privado, si bien ha señalado que ella no tiene por qué pedir disculpas ni nada de lo que "arrepentirse".

En relación con su incorporación al consejo de administración de Chilectra, distribuidora de Endesa en Chile, en marzo de 2012, la exministra ha señalado que "hay unas normas" y que varios ministerios analizaron la posible incompatibilidad, con la conclusión final de que "no había ningún obstáculo".

"Volví a algo relacionado con mi vocación inicial, la de ser ingeniera de Energía", ha zanjado Salgado en la réplica al portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Rafael Mayoral, que la ha calificado de "reina de las puertas giratorias".

Elena Salgado fichará por Nueva Pescanova y entrará en el consejo de administración de la compañía, que estará integrado por doce miembros, presidido por Jacobo González Robatto y con Ignacio González –director general de Campofrío– como consejero delegado, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de la firma.

En concreto, la que fuera vicepresidenta económica con el último Gobierno de José Luis Roríguez Zapatero, nacida de Ourense, completará el máximo órgano de gobierno de la firma pesquera, en la que la banca ha ejecutado ya varios cambios en la cúpula directiva, a la espera únicamente de incorporar un nuevo director financiero.

Según recoge La Voz de Galicia, Salgado no será la única persona vinculada a la política que ocupe un asiento en el consejo de administración de la pesquera, ya que Antonio Couceiro, que fue una persona destacada en el PP del fraguismo, también formará parte del mismo.

Junto a Salgado y Couceiro, las otras seis personas que ha consensuado la banca que controla la firma gallega y que ya han aceptado son: Óscar García Maceiras, asesor legal de la Sareb; Ramón Mas, un hombre vinculado a la familia catalana de los Lara; Mariano Riestra, ex alto cargo en el banco alemán Commerzbank; Fernando Valdés, ex de Campofrío, donde coincidió con Ignacio González, el consejero delegado; José Luis Sáenz de Miera, expresidente de Cementos Portland; y José Barreiro, que ostentó altos cargos en BBVA.

Para completar este órgano, según explica el rotativo gallego, faltan otros dos consejeros que colocarán los pequeños accionistas, teniendo en cuenta que la banca tiene el 80% de Nueva Pescanova. Con toda probabilidad serán Diego Fontán, marido de Carolina Masaveu, accionista de referencia en Pescanova, y Alejandro Legarda.

Exministros del PSOE, PP y UCD han emitido este martes un comunicado en el que reclaman la conformación de un "Gobierno de amplio respaldo", formado por "dos o más partidos constitucionalistas" que desarrolle un "programa concreto y firmado, al menos, para media legislatura" entre cuyas medidas incluya la reforma de la Constitución en un plazo de dos años.

Así lo ha manifestado en un comunicado la Fundación España Constitucional, creada en el año 2014 para defender la Constitución de 1978 y a la que pertenecen exministros como José Bono, Eduardo Zaplana, Marcelino Oreja, Ángel Acebes, Elena Salgado, Rodolfo Martín Villa, Cristina Garmendia o Carlos Solchaga, entre otros.

La Fundación expresa su preocupación por la situación creada tras las elecciones catalanas y generales, que han abierto una "etapa inédita" desde 1978, y también por el desafío soberanista en Cataluña y el planteamiento de llegar a la independencia en 18 meses.

Además, advierte de "la demora en el tiempo en la composición del nuevo Gobierno de la Nación" y opina que volver a convocar elecciones "no es la solución", ya que "se agudizaría el proceso de desconexión catalán y la situación económica y social se degradaría".

Por encima de ambiciones personales

"Se hace necesario un Gobierno de amplio respaldo con un programa pactado, por encima de ambiciones personales, que garantice la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática que demanda la sociedad española, todo ello en el marco de la Constitución y de la UE", explican los exministros.

En su opinión, se trata de un "proyecto complejo", pero "en modo alguno imposible", ya que consideran que "la política supone elegir entre opciones o prioridades". Por ello, ante la situación creada tras las elecciones generales del 20 de diciembre, afirman que "cabe una gran coalición, de dos o más partidos constitucionalistas, con un programa concreto y firmado el menos para media legislatura".

En dicho tiempo, los exministros apremian a ese Gobierno formado por varios partidos constitucionalistas a poner en marcha las políticas que lleven a "consolidar la salida de la crisis", enviando un mensaje de "estabilidad, confianza y corresponsabilidad europea".

Mensaje a los independentistas

Otro de los objetivos del Gobierno sería "enviar una señal inequívoca a los independentistas de que su aventura fracasará y se hará imposible, sin descartar medida alguna constitucional", y al mismo tiempo "aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica" y "abordar por consenso la reforma de la Constitución".

Dicha reforma debería incluir, para la Fundación España Constitucional, la sucesión a la Corona y el Título VIII, el que hace referencia a la organización territorial del Estado. Para ello proponen la creación de una comisión de reforma que culmine su labor antes de los 24 meses.

Todo ello, añaden, unido a políticas como "la promoción de los programas contra el paro, el fomento de la inversión pública y privada, el despliegue de las políticas sociales contra la pobreza, la lucha contra la violencia de género, la actualización de las pensiones, los pactos por la educación, la ciencia y la cultura, y la regeneración democrática de las instituciones públicas y la lucha contra la corrupción".

Actualizar la norma manteniendo los valores

"Nuestra convicción es que la Constitución del 78 debe ser mantenida en su concepción y valores esenciales, lo que no es obstáculo para promover su reforma actualizando la norma, en especial incorporando derechos sociales, disposiciones de la UE y un sistema estable de competencias que consolide la estructura territorial del Estado", afirman los exministros en su comunicado.

Por todo ello, y tras las "claras diferencias políticas, económicas y sociales que han enfrentado a los principales partidos durante la última legislatura y las fuertes tensiones manifestadas en la campaña electoral", desde la Fundación hacen un llamamiento a toda la clase política y "muy especialmente a los dirigentes que deben negociar el próximo Gobierno" para que "aborden la tarea con el espíritu de la Transición: generosidad, diálogo, concordia, realismo y tolerancia".

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado admitir a tramite la querella presentada por la Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común contra la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, el exministro de Industria Miguel Sebastián, el exsecretario de Estado de Energía Pedro Luis Marin Uribe y Endesa por el cobro de 1.562 millones de euros por parte de la eléctrica con cargo a los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC).

La querella, presentada por la comisión de supuestos delitos de prevaricacion en comision por omision y estafa agravada bajo la forma del delito masa, les acusaba de haber permitido a la filial de Enel el cobro de esta cantidad como consecuencia del suministro eléctrico que dicha compañía presta a los ciudadanos para compensar a las eléctricas por las inversiones realizadas antes de la liberalizacion del sector.

Según los querellantes, esto supuso una estafa, porque con la subida de los precios del petróleo y del gas esta forma de actuar determinó que la compañía cobrara más de lo inicialmente previsto, repercutiendolo en los consumidores hasta su derogacion mediante Real Decreto 7/2006 de medidas urgentes en el sector energetico.

En un auto, el juez Moreno señala que tras el examen y estudio de las actuaciones, las diligencias practicadas en su día por la Fiscalía Anticorrupcion, así como del expediente remitido por el Ministerio de Industria "se llega a la conclusión de que los hechos denunciados no son constitutivos de los delitos de prevaricación y estafa, pues no concurren los presupuestos exigidos reiteradamente por la jurisprudencia para la existencia de los mismos".

Añade que, "a tenor de los datos y elementos existentes, ha de concluirse que la querella en cuestión, cuando menos, no es fundada a efectos penales al no revestir los hechos caracteres de delito", por lo que no procede admitirla a tramite.

Cuando las autoridades francesas trasladaron a la Agencia Tributaria española, en mayo de 2010, los datos aportados por Hervé Falciani, exempleado del banco, sobre ciudadanos españoles, había dos opciones no incompatibles entre sí: investigar a los defraudadores o investigar al HSBC. Hacienda, bajo el mando de Elena Salgado como vicepresidenta segunda del Gobierno de Zapatero, decidió comunicar a 659 componentes de tan selecto como vergonzoso club que pasaran por caja para saldar su deuda tributaria y abonar la multa correspondiente. El caso más sonado (y uno de los pocos conocidos) fue el del banquero Emilio Botín y familia, que se cerró con el pago de 211 millones de euros a cambio de que el Estado se olvidara de la ocultación de 2.000 millones en Suiza. Por la misma vía, no sabemos cuantos y cuántas más evitaron la responsabilidad penal.

El argumento oficial de entonces, bajo un gobierno socialista, para justificar la actuación de la Agencia Tributaria fue muy similar al que posteriormente utilizaron Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro para lanzar su amnistía fiscal: la prioridad para el Estado y para los contribuyentes era recuperar todo el dinero posible. La opacidad con la que se administra el denominado "afloramiento" del dinero ocultado al fisco hace muy difícil conocer las cifras verdaderas. Este mismo lunes, Montoro ha presumido de haber recaudado 12.300 millones de euros en 2014 por la lucha contra el fraude fiscal, pero ese es el monto total en el que se diluye lo percibido de evasores con cuentas en Suiza.

Un banco o un paraíso fiscal

Lo que jamás se ha explicado bien es quién, cómo y por qué decidió que la Fiscalía Anticorrupción no iniciara una investigación al HSBC. Las responsabilidades individuales de quien oculta al fisco cuentas en Suiza tienen pocas dudas, y en este caso no había escapatoria porque Falciani ayudó a desencriptar los códigos del propio banco que identificaban titulares, testaferros y movimientos de dinero. Pero Falciani aportó algo mucho más importante que eso: la descripción detallada de los métodos utilizados por el gigante financiero para captar capitales de cualquier procedencia, ayudar a sus poseedores a evadir impuestos y limpiar lo mejor posible el rastro del dinero. La fiscal Dolores Delgado, durante la vista en la que consiguió que la Audiencia Nacional negara a Suiza la extradición de Falciani, lo expresó de forma tan gráfica como rotunda: "el HSBC es en sí un paraíso fiscal". 

La imagen de evasores viajando a Suiza con maletines cargados de dinero negro es una antigualla. El enorme volumen de información encriptada entregada por Falciani a los fiscales españoles y de otros países, documenta el circuito utilizado por la propia entidad para buscar a sus clientes, asesorarles y guiarles en el viaje de sus fortunas a donde Hacienda no pueda llegar. Sin prácticamente moverse de su casa o de su empresa. En Estados Unidos, el HSBC ya se ha visto obligado a reconocer sus métodos y a pagar sanciones multimillonarias. Es obvio que el volumen de las multas queda compensado por el 'giganegocio' financiero que maneja en todo el mundo. Pero es que en España se ha considerado que perseguir al HSBC "excedía el ámbito de nuestras competencias", según el exsecretario de Hacienda Carlos Ocaña. Para qué volver a citar al actual ministro Montoro, mucho más ocupado en el caso Monedero que en investigar a un gran banco o explicar la catarata de destituciones en el organigrama de la Agencia Tributaria.

El HSBC es una de las principales entidades de la globalización financiera. Pero no la única. Sin las sofisticadas herramientas de ciertos bancos poco menos que intocables, esos banqueros, empresarios, magistrados, deportistas de élite, reyes o princesas tendrían mucho más complicado hacerse pasar por "amas de casa" en los archivos informáticos. Para el prestigio democrático es imprescindible acabar con la broma de que sólo los asalariados cumplan siempre con la caja común.

Bienvenida, por fin, la lista Falciani a las primeras páginas de (no todos) los medios. Hay un elemento vergonzante que también importa para cortar las alas a quienes se burlan de los ciudadanos honrados. Pero no conviene dejarse arrastrar por la pura sonoridad morbosa de unos apellidos famosos. Que los nombres no nos impidan ver el banco.

A José Luis Rodríguez Zapatero (y a varios miembros de su Gobierno) no le ha sentado nada bien que Pedro Sánchez decidiese impugnar una de las medidas más controvertidas de su gestión, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Públicamente, el expresidente aseguró que pondría "una sonrisa" tras el anuncio del secretario general del PSOE de votar a favor de que el pleno del Congreso admitiese a trámite la propuesta de cambio de la Carta Magna, pero en privado, según su entorno más cercano, el malestar es muy patente. El exjefe del Ejecutivo no entiende que Sánchez haya determinado atacar la reforma del techo de gasto cuando él mismo participó en agosto de 2011 "en las reuniones donde se redactó la reforma del artículo 135". Fuentes próximas a Sánchez precisan, en declaraciones a infoLibre, que el hoy líder socialista estuvo "presente" en aquellas reuniones entre el Gobierno y el PSOE, aunque siempre "como testigo, como espectador", no como "redactor" del nuevo 135. 

Sánchez anunció el giro estratégico del PSOE en la noche del lunes, en la Escuela Julián Besteiro. Reconoció que él votó a favor del retoque de la Constitución, y que incluso lo defendió en público con vehemencia, pero con el tiempo se vio que ese pacto fue una equivocación. "El partido está dispuesto a reconocer y corregir ese error", dijo. Tanto porque se hizo "sin el refrendo de los españoles" –no se permitió un referéndum, pese a las peticiones de varios grupos de la Cámara– como porque el PP utilizó ese artículo, el 135, el que consagraba el equilibrio presupuestario e imponía un corsé al déficit y a la deuda, y la ley orgánica posterior para "justificar y amparar legalmente recortes en sanidad, en educación y en el sistema público de pensiones".

Ayer mismo, el secretario general insistía en su argumentación: asumió el error como "propio", porque entonces creyó que se estaba "evitando un rescate" y "defendiendo los intereses generales" de España. Pero de ese fallo el PSOE debe "aprender". "Rectificar es de sabios", señaló en rueda de prensa. Sánchez desveló que el lunes habló con Zapatero para "explicarle cuál era la posición" adoptada por la ejecutiva federal y él lo había "respetado". El líder replicó además a las abundantes críticas del PP, diciéndole que su partido pretende "completar" y no "derogar" el artículo 135 de la Constitución, porque esta reforma que impulsó el último Gobierno socialista sirvió para "amparar" los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata, dijo, de garantizar la estabilidad presupuestaria pero "blindando" la financiación de la educación y la sanidad públicas y las pensiones.

Pero, ¿cuál fue la participación de Sánchez en la reforma constitucional? ¿Cómo fue la gestación de ese nuevo artículo?

Zapatero anunció por sorpresa su voluntad de modificar la Constitución para introducir la regla de oro de estabilidad presupuestaria el 23 de agosto de 2011. Previamente había adelantado sus intenciones a Mariano Rajoy, y había palpado que había una posibilidad real de acuerdo. El expresidente quería enviar a los mercados, muy inestables en aquel mes, el mensaje de que España cumpliría con sus compromisos de solvencia financiera. La presión de la Unión Europea fue enorme. Lo que no se conoció en aquel momento fue que la amenaza le había llegado a través del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet. El exmandatario, según contó él mismo al salir de la Moncloa y publicar sus memorias, pensó que fijar un techo de gasto podría "ayudar" a no aprobar más recortes y sí proyectar la imagen de "confianza" y de consenso entre los dos grandes partidos, aun a riesgo de que el PSOE pagase en las urnas la decisión.

Tensión entre Rubalcaba y Zapatero

El exjefe del Ejecutivo delegó en Alfredo Pérez Rubalcaba, ya investido como candidato electoral en los comicios del 20 de noviembre, la negociación del texto. Este mostró sus discrepancias por el contenido y por las formas, porque el PSOE se encontró con la reforma sin esperárselo. Consideró el anuncio de Zapatero como un torpedo en su campaña. "Yo no lo hubiera hecho así, habría consultado con el partido", le trasladó. Entre los adversarios a Rubalcaba dentro del PSOE está extendida la idea de que utilizó esa reforma de la Constitución "para justificar una derrota electoral que él sabía que se iba a producir de todas formas".

En las inmediatas horas siguientes se desplegó la negociación. En dos ámbitos, entre el Gobierno y el PSOE y entre el PSOE y el PP. El acuerdo final entre los dos partidos fue alcanzado a la una de la madrugada del 26 de agosto. En menos de 48 horas. 

Desde el entorno de Zapatero recordaban este martes a infoLibre que, en Ferraz, el equipo negociador estaba compuesto por varios dirigentes de la Moncloa y del partido, y que de él formaba parte Sánchez. En concreto, como emisarios del Ejecutivo se sentaron José Enrique Serrano y José Miguel Vidal Zapatero, director y director adjunto de Gabinete de Zapatero. Y, como delegación del PSOE, Rubalcaba y su directora de campaña, Elena Valenciano, y los tres economistas elegidos por el candidato: Pedro Sánchez, Juan Moscoso y Carlos Mulas-Granados. Los encuentros de este grupo fueron previos a la firma del pacto con los conservadores. De hecho, las conversaciones con el PP descansaron en otros interlocutores socialistas: los diputados José Antonio Alonso (el entonces portavoz del grupo), Francisco Fernández Marugán y José María Txiki Benegas. 

"Pánico a Podemos"

Fuentes próximas al actual líder del PSOE matizan esa versión. Sánchez, subrayan, era diputado en el Congreso y miembro del Comité Electoral de Rubalcaba. Y, como tal, estuvo "presente" en las reuniones, pero siempre como "espectador", como "testigo", "nunca como redactor". Su círculo más estrecho insistía este martes a este diario en que el enlace con el partido se hizo en aquellas críticas horas a través del candidato, Rubalcaba, y que por tanto Sánchez "no participó en la negociación ni con el PP ni con el Gobierno". 

Uno de los protagonistas de aquellos días, consultado por este periódico, validaba la versión del actual secretario general, y no recordaba que estuviera en los fogones de aquel pacto: "Él estaría porque formaba parte del equipo de Alfredo, y era uno de los hombres de José Blanco, Antonio Hernando, Óscar López... Pero si estuvo, desde luego no tuvo un papel relevante". El peso del diálogo, según esta fuente, recaía en Rubalcaba (con la Moncloa), Serrano, Mulas-Granados (exdirector de la fundación Ideas), y Moscoso, equipo que a su vez mantenía contactos constantes con el Ministerio de Economía y Hacienda. Tanto con su titular, Elena Salgado, como con el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. Estos, a su vez, eran los interlocutores de Bruselas. Una de las aportaciones que salieron de estas reuniones con el Gobierno fue la inclusión de una excepción a la regla: que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda sólo podrían ser superados en caso de catástrofes naturales o situaciones de emergencia extraordinaria que "escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado", siempre que así lo certifique la mayoría absoluta del Congreso. 

Sánchez, no obstante, sí defendió la medida aquellos días, en su cuenta de Twitter, en artículos de opinión, en entrevistas en medios de comunicación y en las reuniones del Grupo Socialista, junto con compañeros como Jesús Caldera, Fernando Moraleda o Antonio Hurtado. Todos se posicionaron del lado de Rubalcaba, y frente a los críticos con el procedimiento exprés elegido por Zapatero, en el último suspiro de la legislatura y sin referéndum.

Zapatero, según sus colaboradores, no comprende por qué el secretario general ha decidido dar tal portazo al pasado. Lo atribuye al "pánico a Podemos", formación a la que algunas encuestas sitúan como vencedora en las generales, frente a un PSOE que no acaba de remontar pese al relevo en su liderazgo. Estas fuentes argumentaron que el 135 no ha dado vía libre a los ajustes, porque en Andalucía o en Asturias, comunidades gobernadas por los socialistas, "no se han aprobado los recortes brutales que el PP ha aplicado en el Estado o en otras autonomías". Antonio Pradas, el diputado socialista que este martes defendió la nueva posición del partido en el Congreso (y miembro de la ejecutiva federal, hombre de la confianza de Susana Díaz), insertó ese argumento: "En la Comunidad Valenciana, en Madrid… el PP ha llevado a cabo una política sistemática de recortes en derechos sociales y de privatizaciones mucho antes de agosto de 2011. Para ello no han necesitado el artículo 135 de la Constitución". 

Un tiempo de maduración

Fuentes de la actual dirección, no obstante, apuntan que el anuncio de Sánchez el lunes no fue una decisión de última hora, sino que llevaba madurándose semanas, y que era una pieza fundamental para reconciliarse con los votantes decepcionados con la gestión económica de los Gobiernos socialistas. Además, el giro no es estrictamente nuevo. Ya en julio de 2013, cuando Rubalcaba y los barones pactaron la Declaración de Granada, se incluyó la necesidad de incorporar a la Constitución lo que se llamó un artículo 135 bis, por el que se consagrase la "estabilidad social", el sostenimiento del Estado del bienestar.

Aquella idea, sin embargo, no se llegó a materializar en ninguna iniciativa parlamentaria. Ahora sí. Además de votar ayer a favor de la toma en consideración de la proposición de Izquierda Plural, el PSOE presentará su propio texto a principios del próximo periodo de sesiones, en febrero, en el que aparte de asumir el principio de "estabilidad presupuestaria", se blinden también los derechos básicos. La ejecutiva federal considera que no se responde a Podemos, sino a la coyuntura en sí, y a la necesidad de imprimir un nuevo rumbo al partido. Ya la semana pasada, el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, número dos de Susana Díaz, aseguró que la reforma de la Carta Magna debería incluir la revisión del 135, porque fue "un gran error" que no se volvería a "cometer". 

"No sé cómo decirlo más veces –esgrimía Sánchez ante los periodistas este martes–. Parece que ustedes están más obsesionados que ningún otro con Podemos. El PSOE tiene su propio camino y tiene un espacio amplio que es el de la socialdemocracia en España. Para ocupar el espacio del PSOE hay que ser el PSOE". La dirección trabaja, sostuvo, para "recuperar la credibilidad perdida", apostando por "medidas audaces y con coraje", "reconociendo errores" y planteando alternativas. 

Sánchez, no obstante, cosechó abundantes críticas de dentro y fuera de sus filas. Exministros de Zapatero como Manuel Chaves o Valeriano Gómez cuestionaron el paso porque entendían que no se podía renegar del pasado. El PP achacó el vuelco al "síndrome de la coleta" (o sea, el ascenso de Podemos), y el Gobierno lo calificó de "populista". IU lo tachó de "oportunismo" y de viraje "sorprendente" y UPyD cuestionó la política de "alharacas" del secretario general. 

Lo más característico de las puertas giratorias instaladas entre el mundo de la política y el mundo de la empresa es, precisamente, que giran. Permiten la entrada y la salida. Enel abrió la puerta giratoria para los políticos españoles en 2011. Hoy, una vez tomada la decisión de vaciar la filial Endesadecisión de vaciar la filial y asumir directamente los activos de la eléctrica en América Latina —lo mejor de la empresa— la puerta giratoria de Enel muestra la salida. La exvicepresidenta económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, y el expresidente del Gobierno José María Aznar, están en el punto de mira de los gestores de Enel.

Sobre la situación de la exministra Salgado, nombrada por Endesa consejera de la filial de distribución chilena Chilectra en 2012, una portavoz de Enel aseguró a infoLibreque "Enel considerará la situación (de Salgado) sólo cuando el nuevo plan de negocio de Enersis (empresa de la que depende Chilectra y que ahora pasa directamente a manos italianas) esté finalizado e integrado en el del grupo Enel, lo que sucederá el próximo mes de marzo".

Salgado fue elegida en 2012 para formar parte del consejo director de Chilectra por un periodo de tres años con posibilidad de reelección por otros tres. Entonces, Enersis-Chilectra era, jurídicamente, propiedad de Endesa, filial a su vez de Enel.

Fin de mandato

El mandato de Salgado en la distribuidora chilena, por tanto, concluye la próxima primavera, justo cuando Enel tiene previsto presentar el nuevo plan de negocio del grupo. El fichaje de Salgado fue polémico. Se anunció en 2012, cuando apenas habían transcurrido tres meses desde que el Gobierno socialista había dejado el poder. Para muchos analistas, Endesa nombró a Salgado consejera en una empresa de ultramar para evitar escollos legales con la Ley de Incompatibilidades.

No obstante, el nombramiento de la exvicepresidenta fue examinado y autorizado por la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda español, casi al tiempo que se anunciaba. El ministerio no encontró obstáculo alguno a que la exministra de Economía fichara por la empresa filial de Endesa.

Patrizia Grieco y Francesco Starace, los nuevos ejecutivos de la matriz italiana Enel —controlada en un 30% por el Estado—, tendrán que decidir también qué sucede con el contrato de asesoría a Endesa del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Aznar, contratado en 2011

Aznar fue contratado en 2011 como asesor del consejo de Endesa, la empresa que privatizó por completo en 1998. Su tarea está orientada al área internacional, con especial dedicación a la estrategia latinoamericana de Endesa. El portavoz de Endesa declinó hacer comentario alguno sobre el contrato del expresidente, su renovación o su extinción. Fuentes de la compañía que preside Borja Prado, sin embargo, consideran razonable la hipótesis de que Aznar deje de asesorar a la empresa puesto que, tras la reorganización decidida por Enel, Endesa queda como una compañía nacional, un jugador limitado para un mercado con pocas expectativas de crecimiento.

Enel ya había mostrado este año que la puerta giratoria para los políticos españoles, en su caso, conducía a la salida. En mayo no renovó el nombramiento como consejero del exvicepresidente y exministro de Economía hasta 2009, Pedro Solbes. El político había sido nombrado consejero de la matriz italiana en abril de 2009, al término del periodo de dos años que establecía la Ley de Incompatibilidades.

El nombramiento como consejero de Enel dió lugar a muchas críticas porque Solbes formó parte de un Gobierno, el de Zapatero, que facilitó la solución Enel en la batalla empresarial en torno al control de Endesa que libraron Gas Natural y la alemana E.ON.

Solbes y Salgado forman parte del núcleo del equipo económico de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero que encontraron acomodo con relativa rápidez tras salir del Gobierno. En la lista figuran también José Manuel Campa (exsecretario de Economía con Salgado), fichado por el Banco Santander, y David Vegara (secretario de Estado entre 2004 y 2009 ), que tras pasar por el FMI acabó recalando en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) como subdirector gerente para la banca.

Extracción de valor

En Italia y en España, son otros tiempos. Italia, apurada en sus cuentas públicas, ha decidido extraer el máximo valor a su participada Endesa y asumir directamente el negocio con más potencial de crecimiento: los 16.270 MW instalados en América Latina, equivalentes al 41% de Endesa. La operación ha despertado recelos y tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia analizaron la posibilidad de intervenir.

El Ejecutivo conocía los planes de Enel para Endesa al menos desde el mes de julio. Se los comunicó el presidente de la compañía, Borja Prado. La versión del presidente de Endesa es que el plan fue bien acogido. 

Al término de la junta extraordinaria celebrada el martes, Prado aseguró que el Gobierno y el principal partido de la oposición acogieron con cordialidad la decisión del grupo de vender a Enel sus activos de Latinoamérica. "Fue una actitud en general cordial y nos han tratado con mucho respeto. Creo que les ha alegrado ver que Endesa sigue existiendo como una empresa española y que no hay ninguna variación sobre ello" aseguró, según Europa Press.

La pena de salir de América

No obstante, el presidente de Endesa admitió que algunos de los informados —que no detalló— "expresaban que les daba pena que saliera América de EndesaAmérica por un aspecto más sentimental".

Prado subrayó que Enel pagó en su momento más de 40.000 millones de euros por Endesa y que lo que ha hecho con esta operación "es una reestructuración como grupo". "Es verdad que el interés económico no era igual que su participación a través de Endesa, creo que eso, como son gente muy inteligente y bien preparada, los miembros del Gobierno lo han entendido bien", dijo.

El lingüista Noam Chomsky defiende que la democracia no puede crecer donde el poder político y el económico se concentran. O sea, lo que ha ocurrido en nuestro país, con una coalición de élites que no trabajan en beneficio de la comunidad, sino en el suyo propio, y que ha acabado con el debate entre izquierda y derecha para dar paso a otro entre ricos y pobres. Entre quienes acumulan cada día más poder y riqueza y quienes han llegado a la convicción de que hoy son más pobres que ayer, que lo serán aún más mañana y que ya no se sienten representados por quienes dicen representarlos. Este es el nuevo bipartidismo que ha sustituido al que desde la transición democrática ha permitido al PSOE y al PP alternarse en el poder. Una idea en la que han abundado intelectuales como José Luis Sampedro, que sostenía que el poder económico ha suplantado la voluntad de las urnas y sometido la política a sus intereses, y José Saramago, para quien si el poder real es económico no tiene sentido hablar de democracia.

Nunca hasta ahora se había hecho tan evidente la simbiosis entre el poder político y el económico, coaligados para mantener su status quo y evitar que nuevas formaciones y formas de hacer política surgidas de la indignación ciudadana irrumpan en el escenario público y pongan en entredicho la alianza de las élites. Sólo así se explica que un fenómeno como Podemos, que defiende nuevas instituciones inclusivas en las que los ciudadanos se vean representados, suscite tanta inquietud que haya llevado a los partidos tradicionales a calificarlo de movimiento antisistema, cuyo objetivo sería subvertir la normalidad con la que ellos han gobernado durante décadas.

El expresidente Felipe González llegó a decir de dicha formación, sin llegar a citarla, que sería una “catástrofe” que sus propuestas prendieran en la población, y no dudó en descalificarla, sin tener en cuenta que su respaldo en las urnas es tan legítimo como el que ha perpetuado al PSOE y al PP en el poder desde el advenimiento de la democracia. “Una alternativa bolivariana para España y para Europa sería una catástrofe sin paliativos”, dijo. Un movimiento de indignación que comparó de manera desdeñosa con las protestas globales del Mayo del 68 francés. La intranquilidad ante la hipótesis de que los resultados de las elecciones europeas se trasladen a las municipales y autonómicas del próximo año y, sobre todo, a las generales, es tal que entre las élites comienza a plantearse la posibilidad de una gran coalición entre el PSOE y el PP, a semejanza de la suscrita en Alemania entre las conservadoras Unión Cristianodemócrata (CDU) de Ángela Merkel, la Unión Socialcristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), la principal fuerza de centro-izquierda. Una opción por la que ya apuesta en público el propio Felipe González, que aboga por ella “si el país lo necesita”.

El miedo, otra vez el miedo, como recurso de los poderosos para aplacar la indignación ciudadana. Lo dijo Sampedro: “Nos gobiernan a través del miedo”. El miedo que ha hecho que durante años amplios sectores de la población hayan decidido pasar de la política, como si el precio de la luz o el pan, de la calidad de los servicios públicos o el recorte de derechos y salarios que afectan a todos no fueran consecuencia de decisiones políticas. El hombre-masa autocomplaciente del que hablaba José Ortega y Gasset, y del que Bertolt Brecht dice: “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos (…) Es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales e internacionales”. Una situación que la movilización de mareas y movimientos como el 15M o Democracia Real Ya, y ahora Podemos, comienza lentamente a revertir, como un sirimiri que empieza a calar.

Pintadas contra la banca. DAVID ROCH

El problema es que los partidos parecen no haber entendido que la corriente de protesta ciudadana, cuya más reciente expresión ha sido la debacle electoral del bipartidismo en las recientes elecciones europeas, exige un cambio de ciclo y no meros retoques para que todo siga igual. Ya nadie cree en la refundación del capitalismo que las élites prometieron para convencer a los gobernados. Si queremos que todo siga como está, pensaron, es necesario que todo cambie.

Contra ese objetivo se rebelan los ciudadanos, convencidos de que el lema Otro mundo es posible no es tan utópico. Los economistas Serge Latouche y Didier Hapagès, especialistas de la teoría del decrecimiento, sostienen que “sin la hipótesis de que otro mundo es posible, sencillamente no hay política, sino sólo la gestión administrativa y tecnocrática de los hombres y de las cosas”. Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas y Sociología, y uno de los fundadores de Podemos, escribe que “un mundo se marcha, aunque no termina de despedirse, y otro se aproxima, aunque sus velas aún están lejos de la costa”, y se pregunta: “¿No son tiempos, pues, de una prudente audacia?”

Carmen Alcaide, expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), constataba lo obvio que las élites se niegan a reconocer en un artículo de opinión (El País, 24 de junio). Decía así: “La desconfianza surgida sobre las instituciones y los políticos actuales, derivada de la mala gestión de muchos y de la corrupción de algunos, unida al descontento de los ciudadanos por la crisis padecida, ha provocado la aparición de organizaciones políticas que claman por cambios institucionales importantes”.

La crisis económica, y sobre todo las medidas adoptadas para combatirla y la corrupción, están en el origen de la revuelta ciudadana, que ya no admite sin rechistar la creciente desigualdad entre las élites y la población. La consultora Capgemini y el Royal Bank of Canada hizo público el pasado junio un informe que revela que el número de ricos en España aumentó un 11,6% en 2013 o, lo que es lo mismo, que los españoles que disponen de más de un millón de dólares (740.000 euros) para invertir creció el año pasado hasta las 161.400 personas. También ha crecido un 27% el número de ciudadanos con grandes patrimonios desde que comenzó la crisis en 2008, y las sicavs, en las que buscan cobijo los grandes patrimonios de nuestro país, ascendían a 3.035 a finales de 2013, que gestionan un patrimonio de cerca de 29.000 millones de euros. Ese mismo año, los cinco grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell) obtuvieron un beneficio de 7.274 millones de euros netos, de los que 4.370 millones correspondieron al Banco de Santander. Una cifra que casi dobla (90%) el beneficio obtenido en 2012. Es obvio que algunos han superado la crisis, si es que alguna vez se vieron afectados por ella.

La desigualdad no deja de crecer

En el otro fiel de la balanza, el resto de ciudadanos, que no han dejado de perder su poder adquisitivo. La brecha de la desigualdad no para de crecer, pese a lo cual son recurrentes los mensajes de las élites políticas y económicas para convencer a los ciudadanos de que ya hemos salido de la crisis y es cuestión de tiempo que los datos macroeconómicos se vean reflejados en las cifras del paro, el problema que más preocupa a los españoles. “A pesar de observar condiciones económicas más favorables que en años anteriores –vuelvo a Carmen Alcaide-, mientras no haya un crecimiento importante del empleo, será lento y difícil de corregir el aumento de la desigualdad provocada durante los años de crisis, las dificultades económicas por las que están pasando muchas familias y, sobre todo, el sentimiento de descontento y discriminación de muchos jóvenes que, una vez terminada su formación, no encuentran trabajo”.

La gran élite internacional que conforman el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la propia Unión Europea (UE), lleva años pregonando la austeridad como única solución para los problemas del mundo y exigen a los demás los sacrificios que ellos no están dispuestos a hacer.

Christine Lagarde, directora del FMI, hizo meses atrás una encendida defensa de lo que llamó esfuerzo reformista, una expresión que han abrazado con fervor políticos y economistas, que concretaba una rebaja salarial para los trabajadores, adicional a las que ya se han adoptado, del 10%, a ejecutar entre 2014-2015. Para dar ejemplo, se subió el sueldo un 11% nada más llegar al cargo en 2011, y en 2013 cobró 352.859 euros, un 1,8% más que el año anterior (la revalorización de su salario se hace en función del IPC de la ciudad de Washington, donde el FMI tiene su sede). Ese es su sueldo neto, sin retenciones como la nómina de cualquier trabajo. Un salario que equivale a 29.404 euros limpios al mes o 980 euros diarios, lo que hoy cobran, y gracias, muchos trabajadores de nuestro país al mes.

Mario Draghi, presidente del BCE, el hombre que con una simple declaración es capaz de que suba o baje la prima de riesgo de los Estados del Sur, goza de unos emolumentos algo superiores a los de Lagarde, exactamente 378.240 euros en 2013, con un incremento del 1,1% respecto a 2012. José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea hasta el próximo septiembre, cobra 25.554 euros mensuales, dietas y ayudas para vivienda aparte, y Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, defensor también a ultranza de la moderación salarial, disfruta de una nómina de 23.000 euros mensuales. Es obvio que, por fuerza, la realidad se vea de otra manera.

La puerta giratoria

Unus pro omnibus, omnes pro uno (todos para uno, uno para todos) es, aunque no oficialmente, el lema nacional de Suiza, y, también, de los tres mosqueteros. Un lema que define el actual pacto entre las élites para acudir al rescate mutuo cuando la situación lo exija. El “hoy por ti mañana por mí” del refranero, cuya manifestación más clara es la puerta giratoria, como se conoce el fenómeno por el que nuestros políticos pasan de lo público a lo privado y de lo privado a lo público sin pudor. Algunos expresidentes del Gobierno y exministros de Economía se mueven con soltura en ella. Hombres y mujeres con excelentes agendas internacionales capaces de engrasar relaciones y facilitar negocios.

La carrera del exministro de Economía Rodrigo Rato es un ir y venir de aquí para allá, siempre con sustanciosos salarios, mientras predica las bondades de las políticas de austeridad. Verán, cuando abandonó la res pública se situó al frente del FMI, pero no se enteró de la crisis que se nos venía encima. Ni siquiera cumplió su periodo de mandato, pese a lo cual tiene garantizado un salario de por vida. A los meses ya tenía trabajo como asalariado de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, para quien ya había trabajado, y de allí dio el salto al banco de inversión Lazard, con una retribución fija al año de un millón de dólares.

El PP lo rescató para hacerlo presidente de Bankia, el mayor escándalo financiero de nuestro país, que le ha costado al Estado, y por extensión a los ciudadanos, que son los que lo sustentan con sus impuestos, 23.000 millones de euros. Dimitió cuando trascendió el agujero contable, pero no se fue al paro. El Banco de Santander y Telefónica salieron en su rescate y lo contrataron como asesor. Tanto él como los 33 consejeros de la entidad están imputados por la Audiencia Nacional por delitos que suman hasta 15 años de prisión. La complejidad de la causa y las artimañas legales de sus letrados tienen la investigación en stand by.

Los retiros de González y Aznar

Su sucesor al frente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que aceptó un salario de 500.000 euros al año al tratarse de una caja intervenida, se situó al frente de Bankia tras abandonar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y recuperar su fondo de previsión, que en ese momento ascendía a 68 millones de euros. Ahora saca pecho, habla de la solvencia de la entidad y alardea de los 250 millones de euros de beneficio que ha dado la citada entidad en el primer trimestre de este año. Los 23.000 millones de euros públicos que se han ido por el desagüe y los centenares que les han arrebatado a los pequeños ahorradores con las participaciones preferentes y la deuda subordinada han pasado a ser anécdotas del pasado.

Felipe González es asesor de Gas Natural desde diciembre de 2010. El año pasado cobró 127.000 euros anuales, según el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros presentada a la junta general de accionistas del año 2014, en la que consta que en diciembre de 2013 era asesor de la presidencia de Indra (cabe recordar que su accionista de referencia es Bankia), una empresa constituida en 1993, siendo González presidente del Gobierno, al frente de la cual está desde entonces el socialista Javier Monzón.

El mandato de González venció el pasado 14 abril, pero, aunque anunció su intención de dejar el cargo porque se aburría, continuará un año más. En el consejo se sienta con empresarios como Antonio Brufau, presidente de Repsol; Demetrio Carceller, vicepresidente de Sacyr-Vallehermoso y Ebro Puleva; o Juan Rosell, presidente de los empresarios españoles. González justificó su presencia en la gasística con su interés por conocer el tema de la energía, ya que “me hubiera ido mejor asesorando a empresas con domicilio fiscal en las Islas Caimán”. Una broma sin gracia para los tiempos que corren.

José María Aznar tiene o ha tenido tal profusión de cargos que resulta difícil entender de dónde saca el tiempo para atender tantos frentes: asesor externo de Endesa para asuntos internacionales, asesor externo de la minera canadiense Barrick Gold, consejero de News Corporation y asesor también para Latinoamérica de DLA Piper, “despacho global de derecho de los negocios”, según se autodefine en su página web. Y, obviamente, su sueldo vitalicio como ex presidente.

Para Endesa han trabajado o trabajan todos los exministros de Economía. El actual, Luis de Guindos, dejó precisamente su puesto de asesor para ser nombrado ministro, aunque su experiencia en la administración pública se remonta a 2002, cuando Rodrigo Rato le nombró secretario de Estado de Economía a sus órdenes.

La derrota electoral del PP en 2004 lo devolvió al sector privado como presidente ejecutivo del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers para España y Portugal. El escándalo de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que llevó a la quiebra a la entidad, le llevó a Endesa y a los consejos de varias sociedades más, y vuelta a la administración con Rajoy. Su sucesor al frente de las cuentas públicas, Pedro Solbes, fue asesor del FMI tras dejar la cartera, y después se incorporó a Enel, la multinacional italiana a la que el Ministerio de Economía que él dirigía autorizó la venta el 92% de Endesa. El exministro completa su salario como asesor de Barclays Bank en España, sin olvidar que tiene un salario vitalicio como excomisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea entre 1999 y 2004.

La última en subirse al carro ha sido Elena Salgado, la última ministra de Economía de José Luis Rodríguez Zapatero, en su caso como consejera de Chilectra, la distribuidora chilena de Endesa, además de convertirse en asesora de Abertis. También Miquel Roca i Junyent, exportavoz de Convergència i Unió en el Congreso, es vocal externo de la compañía, amén de otros cargos. Por otra parte, su despacho de abogados, Roca Junyent Abogados Asociados, lleva la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos.

1.661 casos de corrupción financiera y política en 2013

La lista es profusa y desalentadora, y en no pocos casos la ausencia de honestidad ha llegado a convertirse en un delito, como demuestran los 1.661 casos de corrupción política y financiera contabilizados en 2013 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algunos de ellos macroprocesos por su enorme complejidad y el elevado número de implicados.

Los medios de comunicación, cuya principal responsabilidad sería denunciar los desmanes del poder, se han convertido en sus aduladores. Cómo no hacerlo si en sus consejos de administración se sientan representantes de todos los grandes bancos. Así las cosas, la Caixa es propietaria del Grupo Godó, editor, entre otros, de La Vanguardia y de El Periódico de Catalunya. Entre los accionistas del Grupo Prisa, editor de El País, está el Banco de Santander. Busquen en la hemeroteca el tratamiento que recibió Emilio Botín cuando Hacienda descubrió que tenía en Suiza una fortuna estimada en 2.000 millones de euros que normalizó tras pagar 200 millones de euros al fisco y evitar de este modo que le abrieran un procedimiento por delito fiscal. Encontrarán muy poco.

Por otra parte, en Vocento, la empresa editora de ABC, se encuentra la familia Ybarra (BBVA); los bancos italianos Mediobanca, Banco Sanpaolo y Unipol están entre los accionistas de El Mundo, y el editor de La Razón es José Manuel Lara, vicepresidente del Banco de Sabadell. 

El periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano afirma que “los medios de comunicación de masas justifican los fines del sistema de poder, que impone sus valores a escala planetaria”. Una visión que completa Noam Chomsky, según el cual, “el cuadro del mundo que le presentan a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras”. Prevalece, por tanto, el espectáculo, el entretenimiento y la propaganda.

Las nuevas formas en que se está organizando la rebelión ciudadana han recibido el calificativo de “populistas”. Si quienes utilizan este adjetivo para desacreditar a quienes amenazan sus privilegios consultaran el diccionario de la Real Academia Española (RAE), descubrirían que populista es un adjetivo con una única acepción, “perteneciente o relativo al pueblo”, y que el sustantivo populismo es la “tendencia a prestar especial atención al pueblo y a cuanto se refiere a él”.

Nada que ver con el sentido peyorativo que le dan las élites para descalificar a quienes ponen en peligro su posición.

¿Hay que combatir en lo posible la puerta giratoria, ese (controvertido) trasvase de altos cargos de la Administración que luego emigran a la empresa privada y viceversa? ¿Cómo? 

La pregunta se puso ayer jueves sobre la mesa en la Comisión Constitucional del Congreso, por la que desde el miércoles desfilan juristas y expertos para aportar sus ideas en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la regeneración democrática. El más explícito fue, tal vez, Agustín Cerrillo i Martínez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): aconsejó a los partidos "intentar profundizar más en la regulación del fenómeno de la puerta giratoria y facilitar de este modo que se eviten los conflictos de intereses que con cierta frecuencia se dan" aún. A su juicio, se le da una solución incompleta en el proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo en la Administración General del Estado, que el Gobierno ha remitido al Congreso con la voluntad de consensuar su tramitación con el resto de partidos. Es una de las piezas del pacto anticorrupción que está persiguiendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que quiere cerrar antes de que acabe el año, aunque formaciones como PSOE e Izquierda Plural mantienen sus reservas por la gestión que el PP está haciendo del caso Bárcenas. 

En la sesión de ayer, sin embargo, afloraron las reticencias de los dos grandes partidos respecto a una regulación exhaustiva de las puertas giratorias –las revolving doors, en inglés–. La diputada socialista Meritxell Batet, aunque reconoció que es un tema "socialmente sensible" y que "preocupa muchísimo" a su grupo, pidió abordarlo "con cierto rigor", sin "brocha gorda", siendo "realistas". Defendió que hay que plantearse en una ley cómo evitar el conflicto de intereses sin que "suponga la muerte civil de la persona" que se ha dedicado a la política provisionalmente durante una etapa de su vida. "Está bien que haya limitaciones", pero hay que hilar fino. "Lo que no puede ser es que después de haber ocupado un cargo de responsabilidad pública política no puedas hacer nada más, porque eso también es un problema a la hora de decir si queremos o no que las personas nos dediquemos eternamente a la política. La profesionalización de la política también es algo que no nos gusta".

"Mayor transparencia" o "compromiso ético"

"Compartimos la reflexión del Grupo Socialista sobre la puerta giratoria", alegó a continuación el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano. "Es muy difícil precisa en qué casos se produce una incompatibilidad entre el ejercicio político o de alto cargo y en el futuro otra actividad profesional. Un límite excesivo puede hacer que lo que se critica, con justicia muchas veces, desde la sociedad, la profesionalización del político, quede incrustado", de forma que el que se dedique a la política se enfrente "casi a la muerte civil y a lo mejor también a la muerte económica y profesional". El parlamentario conservador se preguntó "quién va a querer ocupar altos cargos" si, además de exigir a los políticos "experiencia y conocimientos" luego ya "no los pueden ejercer".

Cerrillo y los otros dos catedráticos administrativistas invitados al Congreso, Andrés Betancor, de la Universitat Pompeu Fabra, y Marcos Vaquer, de la Carlos III de Madrid, ampliaron sus reflexiones en su segundo turno. El primero demandó una "mayor transparencia", para que los ciudadanos conozcan mejor la situación de los ex altos cargos que pasan a la privada, que las propias empresas adopten un código de conducta en el que quede claro "cuál es su compromiso para el cumplimiento de la normativa sobre prevención de los conflictos de intereses". La solución a las puertas giratorias, señaló, no pasa tanto por una "regulación más específica", que podría dar lugar a una "limitación excesiva del alto cargo y de su futuro" y una dificultad más para que los expertos se quieran implicar en la función pública, sino por incrementar su "compromiso ético" al desarrollar su actividad con posterioridad al cese. 

Betancor, que denunció la presencia de hasta un total de 43 antiguos altos cargos en empresas energéticas, enfatizó que el proyecto de ley del Gobierno es "claramente mejorable", porque el punto de partida, la legislación vigente, es "claramente defectuosa". Vaquer, mientras, reconoció no tener ninguna "solución" definitiva, porque es un tema "objetivamente muy difícil", salvo que se optara por un camino muy estricto, como que se prohibiera al cargo embarcarse en toda actividad privada y, a cambio, se le compensase más, lo que tendría un "coste político y económico evidente". Por tanto, concluyó, o se opta por un modelo en el que todos los altos cargos sean funcionarios o se prefiere un modelo mixto en el que pueda haber altos cargos funcionarios y otros procedentes del mundo privado. En este caso, o son unos "perfectos no cualificados" o no sabe cómo van a querer volver a la actividad privada 

Críticas de IU

El eco de las comparecencias en el Congreso llegó hasta el almuerzo protagonizado por la candidata del PSOE a las elecciones europeas, Elena Valenciano. "Seguro que se puede mejorar el sistema por el cual las personas pasan de la política a una actividad privada, pero tampoco es ningún escándalo en España, ni muchísimo menos", respondió, a las preguntas de los periodistas. 

En la comisión, aparte de los expertos y los diputados de PSOE y PP, sólo Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) hizo referencia a este asunto, porque la parlamentaria de CiU, Montserrat Surroca, no se detuvo en él. El diputado de IU, Ricardo Sixto, fue, como era esperable, el más crítico, y citó expresamente los casos de los expresidentes del Gobierno que luego pasan a la empresa privada –caso de Felipe González, a Gas Natural Fenosa, y de José María Aznar, a Endesa–, amén de exministros y exsecretarios de Estado. "El hecho es escandaloso y es una de las cuestiones que la opinión pública echa más en cara a los responsables políticos", porque resulta "sumamente irregular". Sixto se preguntó en qué medida el proyecto de ley ayuda a solucionar el problema o, por el contrario, "va a poner algún palo en la rueda". 

En el PSOE consideran injusto que el foco se haya puesto más en sus reservas que en sus ganas de abrir el debate. "Estamos más bien en la línea de apurar las exigencias, aumentar las garantías para evitar que un cargo público se pueda privilegiar de su condición al pasar a la empresa privada", puntualiza Ramón Jáuregui, portavoz en la Comisión Constitucional y a quien Valenciano se remitió expresamente. "Ahora bien, no debemos llevarlo a tal extremo que sea un obstáculo para la asunción de responsabilidades. El debate está en una línea muy delgada, es cierto. La casuística es muy amplia y sí hay que vigilar que no se produzca eso que se ha llamado muerte civil, porque empobrecería la Administración si sólo pudieran ser altos cargos los funcionarios. Los propios expertos lo han advertido. Existe el riesgo de caer en una legislación que inhiba a los profesionales del salto a la Administración", completa, en declaraciones a infoLibre. 

Los casos de Rato, Guindos o Campa

Jáuregui, sin embargo, cree que sí hay que ser mucho más severos en la regulación del paso del Gobierno al sector financiero. "La banca es un poder en sí mismo. Aquí sí hace falta una normativa más exigente, y muy excluyente, porque ahí sí hay un montón de favores y de relaciones de ida y vuelta. Son casos más obscenos. Esa ecuación entre el poder financiero y el poder político debe estar mejor definida, porque si no el poder financiero manda antes y manda después". El exministro de la Presidencia cita los ejemplos de Rodrigo Rato, vicepresidente con Aznar que pasó después a Bankia –y está imputado por su gestión– y después fue fichado por Emilio Botín por el Santander, o de Luis de Guindos, que antes de ocupar la cartera de Economía en el Gobierno de Rajoy dirigió la filial española de Lehman Brothers, el banco de inversión que quebró en 2008, arrastrando a la economía mundial al pozo. Pero ese rasero también sería aplicable a José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de entrar en el Santander. 

"La democracia tiene ahí un problema –sigue Jáuregui–. La gente ve que hay una enorme dependencia del poder político a los mercados, que la democracia se ha plegado, y por eso pide que la política sea la que gobierne al sector financiero". 

"Consensuar, no protagonizar"

¿Y qué pasa con casos como los de Aznar y González? ¿Qué ocurre con el paso a las multinacionales energéticas? Jáuregui cree que pueden ser ejemplos "no estéticos", y el PSOE está "dispuesto a examinar" estos supuestos. Pero no cree que la situación sea tan clara como la del flujo "obsceno" entre la banca y el Gobierno. "No me atrevo a llegar tan lejos. Que estén determinadas personas en un consejo [de administración] por sus relaciones... Yo no creo que interfieran tanto en la política nacional. Se me hace duro llegar a casos como el de Elena Salgado", que se incorporó a Chilectra, filial chilena de la eléctrica Endesa (propiedad a su vez de la italiana Enel), poco después de salir del Gobierno. La Oficina de Conflicto de Intereses, que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, no puso pegas a su fichaje. "Pero si hay irritación ciudadana, igual sí son necesarias medidas extras. Estudiémoslo". 

Los socialistas, de momento, no presentarán ninguna iniciativa propia. Van a esperar a los resultados de la negociación con el resto de partidos. "Queremos consensuar, no protagonizar", recalca Jáuregui. Este diario intentó recabar la opinión del PP, sin éxito. 

Las cercanas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en mayo pueden suponer un problema para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y no sólo porque las encuestas pronostiquen una notable caída de su partido en cuanto a la intención de voto, sino porque también puede suponer que el mandatario tenga que enfrentarse a su primera crisis de Gobierno, como se ha venido especulando en varios medios. 

Esta situación, no obstante, no es nueva: los diferentes ejecutivos de la democracia han sufrido este tipo de crisis en momentos señalados de sus respectivas legislaturas. Épocas de elecciones, mala imagen ante la opinión pública o la simple necesidad de dar un impulso a la acción del Gobierno han sido algunas de las causas a la hora de cambiar ministros.

Un ejemplo paradigmático es la entrada en el Ejecutivo en el año 1999 del actual presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, como ministro de Agricultura en sustitución de Loyola de Palacio, candidata del PP en las elecciones europeas de ese año. No todos los cambios de cromos han sido esperados o anunciados por los medios de comunicación: de hecho, para sustituir a Palacio al frente de Agricultura, los medios barajaron varios nombres e incluso se llegó a dar por virtualmente confirmada a la entonces secretaria de Estado de Comercio, Elena Pisonero, como nueva ministra.

PRIMERA CRISIS DE GOBIERNO DE AZNAR EN 1999

Más comentada fue la primera remodelación que sufrió el Gobierno de José María Aznar tan sólo unos meses antes, en enero de 1999. Tras declarar el entonces presidente que "a día de hoy el Gobierno no va a cambiar y al día de mañana, tampoco", comenzaron a desatarse los rumores sobre una posible crisis de Gobierno tras la salida de Francisco Álvarez-Cascos como secretario general del PP, su eventual sustitución por alguno de los entonces ministros y los posibles cambios en la cúpula del partido a causa del Congreso de la formación que se celebraría a finales de ese mismo mes.

Las tribulaciones fueron creciendo a lo largo de esa semana hasta que, el 19 de enero, se confirmó que sería el hasta entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, quien ocuparía la secretaría general del PP, lo que provocó que fuese sustituido en el Ejecutivo por Manuel Pimentel, número dos del propio Arenas. Sin embargo, la opción que escogió finalmente Aznar era, para la prensa, poco previsible.

En este sentido, el diario El Mundo, el día 14 de enero –cinco antes de la designación de Arenas– señalaba como el mejor posicionado para el puesto al entonces coordinador general, Ángel Acebes, quien finalmente acabaría ocupando el puesto de ministro de Administraciones Públicas en sustitución de un Mariano Rajoy que pasaba a dirigir el Ministerio de Educación tras haber sonado también para secretario general del partido.

Abc estuvo más acertado en este sentido: si bien no se atrevió a pronosticar el nombre del nuevo secretario general, sí que aseguró el día 16 que "dado que el cambio en el partido parece ligado a la remodelación en el Gobierno, [...] se espera que un ministro con experiencia en la organización pase a la secretaría general y que Acebes sea nombrado ministro". El País, por su parte, acertó al informar dos días antes de que se hiciera oficial que Esperanza Aguirre saldría del Gobierno y pasaría a ser presidenta del Senado.

La gran remodelación de 2002

El 9 de julio de 2002, Aznar llevó a cabo el cambio más amplio de su Ejecutivo en ocho años de Presidencia. Y fue tan profundo como inesperado, ya que la remodelación –por la cual salieron seis ministros, entraron cinco nuevos y tres cambiaron de cartera– no fue anunciada en los días previos por ninguno de los principales diarios españoles. Tan sólo el diario El País, en su edición digital, reseñaba el día 8 una encuesta realizada por la Cadena Ser en la cual se reflejaba que más de la mitad de los ciudadanos veía necesarios cambios en el Gobierno.

En este sentido, el mismo rotativoafirmaba el día 10 que "la crisis de Gobierno ha sorprendido, incluso en las filas del PP y del propio Ejecutivo, porque las previsiones mayoritarias fijaban el reajuste para el otoño, en clave de ajuste gubernamental para dar la salida a los candidatos de las elecciones autonómicas y municipales de la primavera de 2003". Sorprende la falta de filtraciones o previsiones por la magnitud de la crisis de Gobierno, azuzada, entre otros asuntos, por el desgaste del Ejecutivo a causa de una discusión pública muy seguida en los medios de comunicación entre el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, con el antiguo responsable de este cargo, Francisco Álvarez-Cascos, a causa de los métodos del primero para seleccionar a los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales. 

La remodelación fue drástica: salieron del Gobierno Juan Carlos Aparicio (Trabajo), Anna Birulés (Ciencia y Tecnología), Juan José Lucas (Presidencia), Jesús Posada (Administraciones Públicas) y Celia Villalobos (Sanidad); mientras que fueron nombrados nuevos ministros Ana Palacio (Exteriores), Jose María Michavila (Justicia), Eduardo Zaplana (Trabajo), Javier Arenas (Administraciones Públicas) y Ana Pastor (Sanidad). Hubo, además, tres cambios de cartera: Josep Piqué pasó de Exteriores a Ciencia y Tecnología, Ángel Acebes dejó la cartera de Justicia para asumir la de Interior y el hasta entonces ministro de este ramo, Mariano Rajoy, volvió a Presidencia, cargo que había ocupado en 2000 y 2001.

La designación de Rajoy, desencadenante

La última remodelación del Ejecutivo de José María Aznar vino provocada por el nombramiento, en septiembre de 2003, de Mariano Rajoy como su sucesor al frente del PP y candidato a las elecciones generales de 2004. No obstante, a diferencia de la de 2002, esta crisis de Gobierno fue ampliamente cubierta por la prensa en los días previos.

El País ya apuntaba los posibles cambios en el Gobierno el día 1 de septiembre, dos antes de que finalmente estos se produjeran y al día siguiente de hacerse público que Rajoy era el elegido para suceder a Aznar. Bajo el títular "Aznar anunciará la crisis de Gobierno tras la votación de Rajoy como sucesor", el diario descartaba correctamente la vuelta de Jaime Mayor Oreja al Gobierno, y pronosticaba –sin tanto éxito– que Javier Arenas sería ascendido a Portavoz del Gobierno, un puesto que finalmente recaería en Eduardo Zaplana.

Al día siguiente, además, El País fallaba al estimar que el único vicepresidente que quedaría tras la remodelación sería Rodrigo Rato, ya que a la postre el propio Arenas fue nombrado vicepresidente segundo, una posibilidad que también bosquejaron erróneamente los diarios Abc y El Mundo. Este último especulaba además el día 1 con los posibles sustitutos de Piqué al frente de Ciencia y Tecnología: Mercedes de la Merced, José Folgado y Ana Mato, tres nombres a los cuales se uniría el mismo día 3 el de Pedro Morenés, pero que no incluían al finalmente designado ministro, Juan Costa.

La dimisión de Bono provoca la primera remodelación de Zapatero

La primera crisis de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se produjo en abril de 2006, dos años después de que el PSOE volviese a Moncloa. Su causa fue muy clara: la dimisión del hasta ese momento ministro de Defensa, José Bono, por "motivos personales", una renuncia que se rumoreaba desde hacía meses por sus discrepancias con algunas decisiones del Ejecutivo, especialmente en lo relativo al Estatuto de Cataluña. Además de Bono, salió Maria Jesús San Segundo (Educación), a la que sustituyó Mercedes Cabrera. José Antonio Alonso, por su parte, pasó de Interior a Defensa, y su vacante la cubrió Alfredo Pérez Rubalcaba.

No obstante, la prensa no vio ni la dimisión ni los cambios en el Gobierno. El diario El Mundo lo ilustraba en su edición del día 8 de abril –el inmediatamente posterior al anuncio– asegurando que "Zapatero ha resuelto su primera crisis de Gobierno por sorpresa como sus antecesores, con sigilo y en muy pocas horas", mientras El País destacaba que el presidente "sorprendió a todos con una reforma de notable alcance político que pocos conocían antes de que comenzase el Consejo de Ministros". Abc era más preciso en su número del mismo día al contar cómo Zapatero "resolvió la remodelación entre las diez de la noche del jueves [...] y las ocho de la mañana de ayer [por el día 7, cuando se anunciaron los cambios]".

El "cambio de ritmo" de 2009

Zapatero realizó su segunda remodelación en el Gobierno en su segunda legislatura como presidente –el primer cambio había supuesto la sustitución del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo por Francisco Caamaño– en abril de 2009, azuzado por la intensidad de una crisis económica que se mostraba ya en toda su magnitud. Esta crisis de Gobierno –que el propio presidente calificó de "cambio de ritmo"–, sin embargo, fue mucho más comentada que la de 2006, ya que en los días previos al anuncio oficial –que se produjo el 7 de abril– la prensa comenzó a informar sobre los posibles cambios.

El País ya informó de la remodelación un día antes de que se produjese. Y con bastante acierto: en un análisis bajo el titular "Zapatero prepara un cambio de Gobierno", el diario daba varias de las claves de los cambios que se producirían al día siguiente: acertaba, por ejemplo, al dar por hecha la salida del Ejecutivo del ministro de Economía, Pedro Solbes, y su sustitución por la entonces responsable de Administraciones Públicas, Elena Salgado. También Abc abría su portada del día 6 contando con precisión los cambios: la entrada de José Blanco en Fomento sustituyendo a Magdalena Álvarez, así como la salida de Solbes o la designación de Manuel Chaves como vicepresidente encargado de los asuntos territoriales.

No obstante, quien primero especuló con los cambios en el Consejo de Ministros fue el diario El Mundo, a través de la carta que su entonces director, Pedro J. Ramírez, publicó el día 4 de abril. En su texto, Ramírez contaba que Zapatero preparaba un "revival del felipismo", consistente en "nombrar a Alfredo Pérez Rubalcaba vicepresidente primero y a su protegida [de Zapatero] Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, con José Blanco como ministro de Fomento y José Enrique Serrano -jefe de gabinete de González- en alguna cartera de relieve". Ramírez acertó a medias, ya que la sustitución en la vicepresidencia de De la Vega se produciría año y medio después y Serrano no fue nombrado ministro.

En lo que ninguno de los grandes diarios reparó en los días previos fue en la profundidad del cambio, ya que, si bien Abc y El País hablaron el día 6 de los posibles relevos en ministerios como Cultura –dirigido entonces por César Antonio Molina–, no acertaron a la hora de pronosticar el cambio de responsable que se produciría al ser sustituido Molina por Ángeles González Sinde. Igualmente, la prensa tampoco habló en los días previos del cambio en el Ministerio de Sanidad, donde Bernat Soria dejó paso a Trinidad Jiménez, así como de la salida de Mercedes Cabrera de Educación para dejar su sillón a Ángel Gabilondo.

Zapatero cambió a medio Gobierno en 2010

El relevo en el Ministerio de Trabajo por la marcha de su titular, Celestino Corbacho, a la política autonómica de Cataluña estaba cantado desde hacía tiempo. Pero el 20 de octubre de 2010, Zapatero aprovechó –en contra de lo que había señalado en las semanas anteriores– para realizar una remodelación de arriba a abajo a su Gobierno que no preveían ninguno de los grandes diarios: hasta cinco ministros fueron sustituidos y dos ministerios (Vivienda e Igualdad) fueron degradados a secretarías de Estado.

El Mundo, que interpretaba que el cambio respondía a un enfoque político más que económico y que, con él, Zapatero buscaba mejorar las expectativas electorales del PSOE, informaba en su edición del día posterior al anuncio de que el presidente había cambiado su idea original de sustituir tan sólo a Corbacho "el domingo a última hora de la tarde", es decir, tres días antes de que la remodelación fuese oficial. No obstante, el rotativo señalaba en su edición del día 18 –correspondiente a ese lunes– que el presidente había reiterado su intención de realizar sólo un cambio en el Ejecutivo.

Pero la crisis de Gobierno supuso un verdadero relevo: entraron al Consejo de Ministros Ramón Jáuregui (Presidencia), Valeriano Gómez (Trabajo), Rosa Aguilar (Medio Ambiente) y Leire Pajín (Sanidad), mientras que entre las bajas se contaron la hasta ese día vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, así como Miguel Ángel Moratinos en Exteriores, Elena Espinosa en Medio Ambiente y el previsto Celestino Corbacho.

Cualquier mensaje de cualquier dirigente del PSOE se escruta palabra por palabra para atisbar en él mensajes de apoyo o cuestionamiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, nunca ha habido dudas. Él, en repetidas ocasiones, ha pedido respaldo al secretario general, incluso en los momentos de mayor turbulencia. Por eso este jueves llamó la atención que el expresidente, nada más arrancar la presentación pública de su libro El dilema, ante un auditorio absolutamente lleno, y lleno de altos cargos de sus Gobiernos y de la plana mayor del partido, enhebrase una defensa de Rubalcaba, enfatizando que demostró sus dotes de líder en el difícil verano de 2011. No era un comentario gratuito, porque otro expresidente, Felipe González, sí ha subrayado que el secretario general padece una "crisis de liderazgo". Y Zapatero mismo, el pasado sábado, en la apertura del congreso del PSOE andaluz, deslizó una apostilla a favor de la renovación: "El cambio es ley de vida, y quien sólo vive el pasado y el presente, se perderá el futuro". 

Zapatero empaquetó sus elogios a Rubalcaba en el capítulo de agradecimientos. A su derecha, en teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, tenía al ex primer ministro británico Tony Blair, a quien había requerido que le presentase El dilema. 600 días de vértigo (Planeta, 2013). Le cumplimentó por ser un "gran amigo de España" y por el "apoyo generoso" que le brindó para acabar con la "gangrena" de ETA y luego, cuando la crisis arreciaba, para defender ante "muchos inversores y centros de opinión pública" la solvencia del país, para "transmitir confianza en España y en su economía". El expresidente se dirigió a continuación a sus compañeros de partido. Y ahí quiso "personalizar" y mirar de frente a Rubalcaba, quien estaba sentado en primera fila, junto a las exvicepresidentas María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado y el exministro José Bono. 

Quiso subrayar dos momentos en su convivencia juntos en la última legislatura. Uno, de "tensión", la reforma exprés de la Constitución, en agosto de 2011, una respuesta a las enormes presiones de los mercados y del Banco Central Europeo (BCE): "Cuando la propuse, no era una propuesta fácil para el partido ni para el candidato, y en ese momento Alfredo me demostró, quiero resaltarlo, cuando tanto se habla hoy de liderazgo, que primó el sentido de la responsabilidad y del país por encima de su interés inmediato, que era ganar unas elecciones. Y lo quiero resaltar. Para mí es un testimonio que define lo que es un liderazgo y lo que es la escuela en la que se forjan los liderazgos del PSOE". El otro momento, recordó, de "emoción", se produjo cuando ETA anunció el fin de la violencia, el 20 de octubre de 2011. "Yo sé lo que ha hecho Alfredo y puedo asegurar que todos le tenemos que reconocer esa trascendental tarea política. Soy el mejor testigo de esa responsabilidad tan decisiva. Gracias, Alfredo". El teatro replicó con un aplauso a Rubalcaba. 

"Alfredo, no es útil otra cosa que ser optimista"

Aun al final Zapatero guardó un mensaje para el secretario general. Parafraseando a Winston Churchill, se reivindicó como un "optimista". "No parece muy útil ser otra cosa –aseguró, suscitando las risas del auditorio–. Espero que todos los que estáis aquí, todos los compañeros y amigos, estéis también en esta actitud. No parece muy útil ser otra cosa. Alfredo, no es útil otra cosa". 

El expresidente extendió sus agradecimientos a sus ministros y, en especial, a sus dos exvicepresidentas, por su "lealtad" y "entrega al servicio público". Un mensaje envenenado para Pedro Solbes, que allí no estaba. Ni se le esperaba, claro, después de que afirmase en su propio libro que le entregó un documento ultimátum en el que le pedía recortes, y Zapatero supuestamente se los negó. El entorno del exjefe del Ejecutivo desmintió ese episodio, aunque él mismo rehuyó de polémicas hace dos días, cuando atendió su primera rueda de prensa en dos años para hablar de El dilema. 

Zapatero volvió a defender que sentía su libro como "necesario" para la ciudadanía y para sí mismo, para "argumentar y razonar" por qué hizo lo que hizo y no para "descalificar" a nadie, para describir los "acontecimientos tal como se produjeron". Destacó lo "imprevisible" e "inédito" de la crisis, reconoció de nuevo los "errores" que cometió en su mandato –"Para muchos mi tarea fue peor que la hecha por otros presidentes. Es un hecho opinable, y lo acepto, pero no es opinable que peor, peor, ha sido la crisis que hemos vivido en democracia"–, aunque incidió, como el martes, en que su obsesión fue preservar "la cohesión social" y las prestaciones, un reproche indirecto a los recortes de Mariano Rajoy. 

De nuevo, revivió aquel mayo de 2010 en que tuvo que aprobar el decretazo de ajuste del gasto –rebaja salarial de los funcionarios, supresión del cheque bebé, congelación de las pensiones (salvo las mínimas)–, y los días en que se alimentaron los "rumores" sobre la necesidad de un rescate de 280.000 millones de euros a España, una "sospecha que se extendió en horas" e hizo "un daño enorme" a la credibilidad del país. Cuando arreció la crisis de la deuda, cada país tiró para su lado, ya no iban todos los países europeos "al unísono", como ocurrió tras la caída de Lehman Brothers. "Yo, que soy un europeísta convencido, veía que se podía romper el euro y posiblemente Europa, y cómo se quebraban los vínculos políticos", narró. La moneda única sobrevivió, aunque "dejando una huella muy dura en las sociedades". 

También censuró a la UE por haber elegido como presidente del Consejo al belga Herman van Rompuy, en lugar de optar por la "alternativa de un liderazgo político" fuerte, o por las "carencias" en la concepción y construcción de la zona euro. 

Blair defiende cambios en la Unión

Blair, por su parte, trabó un discurso elogioso y halagador hacia el autor. El expresidente "pasó la prueba de fuego del líder" al poner por delante los intereses de su país sobre los suyos y los de su partido. "Un líder no es siempre el que dice que sí, sino el que tiene valor de decir que no por el bien del país". De ejemplo puso los recortes y la reforma de la Constitución para incluir en ella la regla de oro fiscal, "muy duro para los militantes de izquierda". 

El expremier reconoció que la crisis había hecho estallar todos los esquemas de gobernanza e impuso un cambio de rumbo. Y defendió que, en un momento de recesión así, y en un periodo de globalización, hacen falta "reformas estructurales, no para destrozar nuestro modelo de bienestar, sino para cambiarlo", tales como las pensiones, el mercado laboral, el saneamiento del sistema financiero... Blair aludió igualmente al desbarajuste en la UE. Si se quiere preservar la moneda única, subrayó, debe existir la "mutualización de las obligaciones y las deudas". O sea, los eurobonos, de los que tanto recela Alemania, que por cierto, dada su posición de fortaleza, debe "fomentar la demanda". "Europa, también para sobrevivir, debe hacer reformas para el futuro que nos permitan operar mejor. Europa es una excelente idea, y en el siglo XXI es más útil que nunca, pero habrá que reformarla para que ofrezca todo su potencial". 

Blair aplaudió que Zapatero, cuando atosigó a España la crisis de la deuda, no diera "la espalda" a la UE o le echara la culpa. "Habría sido muy populista, pero él decidió quedarse en Europa y resolver los temas dentro de Europa". Lo enganchó con un aviso para su país y para el Gobierno del conservador David Cameron: "Espero que mi país no abandone la UE porque sería un tremendo error". 

La atención, hoy también, en Tomás Gómez

"Este libro es un gran análisis de la mayor crisis de toda nuestra vida y nos enseñas tu planteamiento, bastante autocrítico, con mucha humildad, porque los españoles te eligieron e hiciste lo mejor para tu país y sentaste las bases del futuro de España en Europa", concluyó. 

El Círculo de Bellas Artes condensó al PSOE de ayer y de hoy. Desfilaron muchísimos exministros de los Gobiernos de Zapatero: además de Salgado y De la Vega, Manuel Chaves, José Blanco, Miguel Sebastián, Miguel Ángel Moratinos, José Bono, Trinidad Jiménez, Ángel Gabilondo, Ángeles González-Sinde, Jordi Sevilla, Jesús Caldera, Beatriz Corredor, Ramón Jáuregui, Valeriano Gómez, Rosa Aguilar o Mercedes Cabrera. Faltaron Carme Chacón, Leire Pajín o Bibiana Aído, las tres en Estados Unidos por razones laborales. También acudieron ex secretarios de Estado como Diego López Garrido, Fernando Moraleda, Félix Monteira o Jaime Lissavetzky, actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. De la cúpula actual, acompañaron a Rubalcaba su secretario de Organización, Óscar López, y los dirigentes Hugo Morán, Inmaculada Rodríguez-Piñero; el portavoz en el Senado, Marcelino Iglesias, o el número dos del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina. Pero la estrella en la que se volcaron las cámaras fue Tomás Gómez, el secretario general del PSM, un día después de dimitir como senador y desafiar a Rubalcaba. A ambos se les vio saludarse gélidamente. 

El exvicepresidente económico Pedro Solbes ha insistido este martes en que entregó un documento a José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 con propuestas de ajuste económico y que, como no las aceptó, presentó su dimisión. Como adelantó infoLibre, el equipo de Zapatero asegura que tal escrito no ha existido nunca. Solbes lleva diez días hablando del supuesto documento, pero no lo enseña.

Pedro Solbes, ha afirmado este martes que la crisis no es responsabilidad ni de una única persona, en referencia al expresidente Zapatero, ni de un único gobierno, sino que es el resultado de "un momento histórico", en el que confluyen una serie de factores (exceso de endeudamiento privado y de la construcción) que van "hinchando" la situación.

Solbes, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha admitido que tuvo diferencias con Zapatero "casi desde el principio", pero que se quedó por responsabilidad, si bien ha señalado que su "mayor error" fue no abandonar el cargo en la segunda legislatura.

El exministro, que ha publicado un libro de memorias en el que explica su visión sobre el origen y la gestión de la crisis, ha reconocido que durante el Gobierno de Zapatero "se pudo hacer más", aunque acto seguido ha añadido que "torear desde el tendido es mucho más fácil que torear desde la plaza".

Solbes ha asegurado que con la publicación de este libro "no está intentando hacer ajustes de cuentas" con nadie, pero ha insistido en que la situación habría sido "muy distinta" si el Ejecutivo socialista hubiera tomado medidas antes. "Lo de mayo de 2010 (cuando Zapatero anunció importantes medidas de recorte) se hace muy forzado por el exterior", ha apuntado.

No obstante, el exvicepresidente socialista ha admitido que Zapatero actuó entonces con "valentía" al anunciar dichos recortes, algunos de los cuales habían sido propuestos por él en el documento que el equipo de Zapatero niega que exista. "Algunas de las medidas (recogidas en ese supuesto documento) las aplicó mi sucesora (Elena Salgado) y otras el propio Zapatero de manera valiente en mayo de 2010", ha indicado.

El exministro socialista ha subrayado que el Gobierno del PP no recibió de manos de Zapatero una España "quebrada", sino un país "difícil y complicado", con riesgos en el sector financiero. Según Solbes, las complicaciones posteriores, como la segunda recesión qus sufrió la economía española, no fueron culpa del PP, como tampoco lo ha sido el retraso europeo en la adopción de algunas medidas.

Nunca hasta ahora ha habido en España un Gobierno central de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida. Y eso que no siempre los socialistas han dispuesto de una mayoría absoluta en todas las legislaturas en las que ganaron las elecciones. Felipe González se apoyó en los nacionalistas, y José Luis Rodríguez Zapatero intentó hacer equilibrios con su apuesta por una geometría variable. Pero las elecciones autonómicas andaluzas de marzo de 2012 dieron como resultado un nuevo escenario, en el que el PSOE repetía al frente de la Junta, pero lo hacía, por primera vez, con el apoyo de IU, y con la federación integrada en el Ejecutivo. Quien dirigió las conversaciones con IU fue Susana Díaz, que un año y medio después se convirtió en la presidenta de la Junta.

Díaz hizo este jueves su presentación en Madrid en un desayuno informativo y por todo lo alto, con todo el estado mayor del PSOE como testigo, empezando por Alfredo Pérez Rubalcaba. Y también con el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Diego Valderas, de IU, delante de ella. Allí Díaz subrayó decididamente que el modelo de acuerdo andaluz sí que es exportable al Gobierno central. Que cabe el entendimiento con IU, algo que no todos en su partido comparten. "Tendrán que preguntar también a IU –dijo, a la pregunta de los periodistas–, pero yo creo sí [es posible], si encontramos un marco común y un programa de acuerdo común. En Andalucía funciona bien, hay un Gobierno sólido, cohesionado, con una voz única, que ha encontrado el equilibrio de situar los intereses de Andalucía (la creación de empleo, los intereses de las personas) por encima de la rentabilidad política de una jueza". El disparo, claro, iba por la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso ERE.

La presidenta, de hecho, había desplegado durante su intervención su programa de Gobierno, con el que fue investida hace un mes en el Parlamento de Gobierno. Un discurso en el quiso remarcar el acento de izquierdas y su preocupación por la cohesión social frente al “nuevo modelo menos democrático, más pobre, más injusto, más desigual” que está implantando, a su juicio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"No existe en ninguna Constitución del mundo"

Pero además de la crisis y de los temas sociales, volvió a preconizar una lucha “implacable” por la transparencia y contra la corrupción, con casos que "escandalizan" a la sociedad y le "avergüenzan" personalmente. La presidenta reiteró el compromiso, que ya expresó en su investidura, de trasladar a Mariano Rajoy –con quien se entrevistará en la Moncloa la próxima semana– su propuesta de que impulse un pacto por la "regeneración política", "un acuerdo global que se extienda hasta el último rincón de la vida pública". Apenas saltó el caso ERE. Sólo con relación a las supuestas facturas falsas de UGT Andalucía y la decisión de Alaya de sumar esa causa a su investigación. La jefa del Ejecutivo pretendió la austeridad en su réplica: "No voy a valorar nunca  a un juez ni su tarea. Yo digo lo que voy a hacer. Y he dado instrucciones a mi Gobierno para que se revisen todos y cada uno los expedientes que han aparecido en los medios de comunicación, que se depuren responsabilidades y se recupere el dinero".

Díaz reservó una parte de su discurso al modelo de Estado. Y ahí, además de reiterar la apuesta del PSOE por una reforma constitucional en clave federal, que sobre todo garantice la “igualdad” de los ciudadanos, aplicó la autocrítica. Consideró que “no fue un acierto” que Zapatero dijera que aceptaría cualquier propuesta de Estatut que llegara del Parlament de Catalunya. Como también fue un error la “ola de anticatalanismo” que el PP despertó con su recogida de firmas contra el texto y su recurso ante el Tribunal Constitucional, que derivó en una mutilación del Estatut en 2010. “¿Alguien pensó que no iba a pasar nada? Sí que ha tenido consecuencias: esto que vemos hoy en Cataluña es lo que ha pasado, lo que nunca deberíamos haber consentido [...].Parte de culpa la hemos tenido todos”, reflexionó. Díaz, asimismo, se mostró radicalmente contraria al derecho a decidir, que el PSOE tampoco comparte. Al desayuno también había acudido el primer secretario del PSC, Pere Navarro, que defiende precisamente la consulta.

"Cuanto antes desmontemos la trampa del derecho a decidir, va a ser mucho más fácil la salida", respondió taxativa. Ya antes había dejado claro que no es posible la autodeterminación: "¿Decidir qué? ¿Decidir la independencia de Cataluña? Ese derecho no existe en ninguna Constitución del mundo". La presidenta arremetió contra las independentistas, "a los que ha venido como anillo al dedo el 'España nos expolia' para eludir las propias responsabilidades y para justificar que está aplicando las mismas recetas que la derecha de España". Del choque no se saldrá tampoco regresando al centralismo "que tanto daño ha hecho" a regiones como Andalucía y que no es más que "otra ensoñación del mismo calibre que los que defienden el independentismo".

"La invitada soy yo"

La autocrítica también alcanzó a la gestión económica de Zapatero. Reconoció el “efecto demoledor” que provocó el anuncio de “brotes verdes” –otro mensaje para otro asistente al desayuno, la exministra de Economía y Hacienda Elena Salgado–, cuando España "estaba en la antesala de otra recesión". "No reduzco al actual Gobierno los errores en la gestión de la crisis", convino. Y añadió: “Crear espejismos es temerario y decepcionante” si no hay creación de empleo, resaltó.

En cuestiones internas, Díaz se mantuvo cauta. Por ejemplo, no puso fecha al congreso extraordinario del PSOE andaluz, el que debe proceder al relevo de José Antonio Griñán al frente del partido. Díaz señaló que se convocará cuando tanto ella como su predecesor en la Junta entiendan que “es el momento adecuado para Andalucía”, sin que tenga "nada que ver" con la Conferencia Política del partido del próximo mes, "porque son dos escenarios distintos". Advirtió de que en todo caso deberá ser el expresidente quien lo anuncie. Griñán estaba sentado en la mesa de honor. El presentador, el presidente de Nueva Economía Fórum, le lanzó la pregunta. Griñán no tuvo oportunidad de responder. “Con su permiso, la invitada soy yo. Otro día invitan al señor Griñán y al señor Rubalcaba y le preguntan”, cortó tajante la presidenta.

Tampoco se enredó con el asunto de las primarias. Recordó que Rubalcaba fue elegido secretario general en el congreso federal de Sevilla, en febrero de 2012. "Lógicamente vamos a reforzar la posición del partido porque entendemos que es fundamental y necesario en los logros conseguidos y en el alcance de los derechos sociales y de la modernización de este país", insistió. Un mensaje que servía para apuntalar la posición del PSOE-A de este tiempo: sostendrá y apoyará al líder frente a las turbulencias internas. En cualquier caso, "cuando llegue el momento de decidir el liderazgo tendrá que ser el secretario general y aquellos compañeros que lo deseen quienes tendrán que hacerlo" y "todos" decidirán entonces "lo que este país necesita" y qué le pueden "ofrecer los socialistas". 

Presentada por el presidente de la Academia de la TV

Puesta de largo de Díaz en Madrid y exhibición absoluta de poder. A fin de cuentas, ella encarna el Gobierno de mayor peso del PSOE, su joya de la Corona desde hace 30 años y que aún conserva en un tiempo de zozbra. Puede parecer un tópico, pero no cabía más gente en el recargado salón del hotel Ritz. Allí estaban todos los que son alguien en el PSOE y fuera de él. Rubalcaba y su número dos, Elena Valenciano; el presidente federal del partido y secretario general en Andalucía, Griñán; la presidenta del PSOE andaluz y el vicesecretario general del partido, Amparo Rubiales y Mario Jiménez; los barones de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Emiliano García-Page, Julio Villarrubia y Pere Navarro; los exministros Elena Salgado, Trinidad Jiménez, Rosa Aguilar, José Blanco e incluso José Barrionuevo; el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y varios consejeros del Ejecutivo autonómico; el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia; el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch; el portavoz en el Senado, Marcelino Iglesias, diputados, senadores, miembros de la dirección del PSOE-A, empresarios... Los embajadores del PP, escasos: la defensora del Pueblo, Soledad Becerril; el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. 

Pero hubo otro gesto que no pasó inadvertido, y que no fue casual. No la presentó en la tribuna nadie de su partido, sino Manuel Campo Vidal, el presidente de la Academia de la Televisión, la entidad que organizó los debates electorales de 2008 y 2011. Lo eligió, dijo, para dar voz a un "representante de la sociedad civil". El propio Campo Vidal reconoció que fue el primer sorprendido, pero que entendía que al designarle como su telonero, quería dar un mensaje "distinto", "mirar fuera del PSOE, de la política". Le agradeció que no haya intentado "reescribir su biografía", asumiendo su origen humilde y su actividad laboral "exclusivamente en el PSOE", algo que "no es motivo para poner en duda su valía profesional". Elogio que no podía sentar mal si uno mira las hemerotecas, donde se ha alanceado a Díaz precisamente por su hoja de servicios en blanco en el sector privado. La presidenta, remarcó, representa un "cambio generacional [el día 18 de octubre cumplirá 39 años] y de género", aunque más allá de la imagen, hagan falta "hechos", no sólo "palabras". 

Belloch intentó definir el nuevo peso de Díaz en el PSOE y en el país. "Ha nacido una estrella a nivel nacional", dijo triunfante a los periodistas. Quizá se pasó, pero la sensación que flotaba tras el desayuno entre cuadros del PSOE es que la presidenta atinó. Que estuvo "bien" y que su discurso, el "tiempo nuevo" que se propone abrir también puede servir de referencia al partido. 

Patxi López ya no dice que su presente y su futuro está únicamente en Euskadi. Ya no se descarta para la sucesión de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Este lunes, 20 de mayo, toda la expectación giraba en torno a eso, a lo de siempre, a saber la disposición del secretario general del PSE, con la que tanto se ha especulado en los últimos meses. Y es que López era el protagonista del desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el hotel Ritz de Madrid. Estaba allí buena parte de los cuadros del partido, entre ellos José Blanco, Elena Salgado, Tomás Gómez, Eduardo Madina o Emiliano García-Page. Pero no Alfredo Pérez Rubalcaba ni Elena Valenciano, que no pudieron asistir, explicó Ferraz, por problemas de agenda. 

López hilvanó un discurso de país. Centrado en las soluciones que convienen, a su juicio, a España y a Europa, propuestas convergentes con las de la dirección de Rubalcaba –de la que él forma parte, como secretario de Relaciones Políticas–. Pero sorprendió en que hablase bastante menos de Euskadi, más allá de defender su labor como lehendakari en la pasada legislatura (2009-2012). 

Acabado su discurso, batería de preguntas sobre sus intenciones de futuro. Y una muy directa del presentador, José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Fórum. "¿Usted se presentaría a las primarias... en el momento oportuno?". Contestación de López: "Me vuelves a llamar, vengo aquí y hablamos". 

Automáticamente, la sala captó el mensaje. El exlehendakari acababa de confirmar que no se descarta para la carrera. 

"Quien dice eso, no nos conoce"

Luego, eso sí, convergió con las ideas de la dirección federal, de la que él forma parte: "Pido que respeten los tiempos y las propuestas del PSOE porque nuestra obligación es hacer primero una oferta creíble a la ciudadanía. Nuestra obligación es ser referente de todos aquellos que quieren una alternativa real a los gobiernos de la derecha". López insistió en la importancia del proyecto, por encima de todo, "mucho más importante" que las caras: "¿No parecería un fraude que la respuesta del PSOE fuera exclusivamente cambiar la foto de un cartel? Me parece más importante saber cómo nos presentamos ante la ciudadanía, cuál es la alternativa. Y después veremos quién puede liderar esto", remarcó. 

¿Y su discurso, dedicado a reclamar "grandes pactos", no fue más propio de un hombre que quiere gobernar el país? El exlehendakari quitó hierro al tono. La suya fue una intervención, apuntó, de alguien "preocupado por el país y que quiere aportar su punto de vista y sus propuestas", algo que concibe como su "obligación". También se le preguntó si tanto él como Rodolfo Ares, su mano derecha en el PSE, están intentando parar una hipotética candidatura de Eduardo Madina. "Quien dice eso, no nos conoce", remachó, parco. 

El propio Madina fue asaltado por la prensa al término del desayuno informativo. Se atuvo al guión: no ha dejado nada "ni abierto ni cerrado", repitió. "Dije que cuando todo llegue, ya veremos, porque no hay nada hoy encima de la mesa, no hay carrera, no hay convocatoria de primarias, el partido está en un debate de contenidos y ese es su sitio en este momento", remarcó.

Si como sostiene el economista José Carlos Díez “una depresión equivale a una guerra”, España ha superado todas las marcas. La guerra civil (1936-1939) duró menos. El 9 de mayo de 2010, de madrugada y desde Bruselas, donde se celebraba la reunión de ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo, la exministra de Economía, Elena Salgado, advertía al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que estaba rodeada. Y con ella, España.

El país estaba a punto de ser intervenido (Grecia había caído un mes antes)

y el Gobierno, forzado a abandonar la política de ajustar las cuentas sin renunciar al crecimiento. El nuevo mantra: austeridad. El resultado: el austericidio. El 12 de mayo, Rodríguez Zapatero anunciaba recortes por importe de 15.000 millones. Empezaba la pesadilla.

Desde mayo de 2010, las medidas de ajuste se han llevado por delante millones de empleos (tres millones desde 2007, 1,2 millones en el úlitmo año), el 16% de la ocupación; el paro ha pasado del 20,1% (2010) al 27,2% de la población activa y la deuda pública del 61,5% del PIB al 90,2%. Mientras, la prima de riesgo (diferencia de tipos entre el bono alemán a 10 años y el bono español), que llegó a los 638 puntos en julio de 2012, se mantiene en torno a los 300 puntos, el triple que a comienzos de 2010.

Un dudoso triunfo

Pese a ello, el Ejecutivo presenta el dato como un triunfo. El colosal sacrificio aplicado a la sociedad en los últimos años, con especial intensidad desde comienzos de 2011, con la llegada del Gobierno del PP al poder, se ha traducido en 6.202.700 desempleados

6.202.700 desempleados. De ellos, la mitad no cobran prestación. Más de 600.000 familias no tienen ningún tipo de ingreso. El resultado de tanto esfuerzo: el déficit público ha pasado del 9,7% del PIB de 2010 al 10,6% de 2013.

En ese porcentaje (que el Ejecutivo limita al 6,3%) se incluyen los 40.000 millones del rescate bancario recibidos del Mecanismo de Estabilidad Europeo (Mede) para evitar el desplome 40.000 millones del rescate bancario del que hasta 2010 se calificaba, en España por supuesto, como el sistema bancario más saneado del mundo.

El economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, marca el inicio de las recetas que han acabado en austericidio en septiembre de 2009. “En aquella reunión del World Economic Forum, se da el pistoletazo de salida” a las medidas de consolidación fiscal y ajuste, explica. Pero donde el FMI recomendaba ajuste gradual, cuidadoso, de 1,3 puntos sobre el PIB al año, Europa se lanzó en tromba.

“Europa” sostiene Díez “lo ha hecho todo mal, al revés, y todos los países a la vez. El resultado, brutal, una crisis de crédito y financiera” que ahoga a países como España. ¿Diferencias entre lo que hizo Zapatero en el Gobierno y lo que hace el Gobierno del PP? “Zapatero”, explica Díez, aplicó en 2010 un ajuste más intenso de lo deseable, pero intentó proteger a las capas más débiles”. El PP, al aplicar ajustes “extremadamente exclusivos”, no.

Sacrificio sin fin

Entonces ¿para qué ha servido un sacrificio al que no se ve fin? Tanto el Gobierno socialista, que pagó con el desplome electoral, como el popular, que ha incumplido su programa electoral para ajustarse a las medidas de austeridad, han respondido de la misma manera. Aseguran que todo, lo que incluye renunciar a sus programas, lo han hecho para evitar la intervención del país por parte de la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional).

Todo para evitar convertirnos, como Irlanda, Grecia y Portugal, en un país controlado, sin capacidad de decisión. Grecia Así justificaron, entre otros cambios, la modificación express del artículo 135 de la Constitución en el verano de 2011 para limitar el déficit al 0,40% del PIB en 2020 y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago de la deuda.

El balance de los 1.000 días de ajuste se escribe rápido: España ha evitado la intervención y cuenta con dos años más, hasta 2016, para ajustar el déficit de las cuentas públicas al límite del 3% que exige Bruselas. Pero el precio es muy alto.

La reforma laboral del PP, con los ERE como herramienta fundamental, ha convertido el mercado de trabajo en un erial, dominado por la precariedad; las subidas de impuestos (“recargo temporal de solidaridad”, lo denominó el ministro de Hacienda, Montoro), que se mantendrán al menos hasta 2015, han detraído el consumo y han deprimido aún más al conjunto de la economía, llas quiebras empresariales siguen en niveles récord de crecimiento tras cinco años de pesadilla y el crédito no fluye a las pequeñas empresas y a los particulares.

Más desigualdad

Otra consecuencia: la desigualdad. La Fundación Alternativas señala que en España ha crecido rápidamente. Si se compara lo que posee el 20% más rico con el 20% más pobre, Fundación AlternativaEspaña se convierte en el país con más desigualdad junto a Lituania.

“Mil días después” explica Emilio Ontiveros (Analistas Financieros Internacionales, AFI) está claro que la política de austeridad a ultranza “ha fracasado”. “Hay una evidencia clara de que contrae el crecimiento” asegura. Junto al fracaso, un problema de enfoque. “Se aplicó la terapia a las finanzas públicas cuando el problema era de endeudamiento privado excesivo”.

España, que en 2007 ocupaba el quinto puesto de los países europeos con las finanzas más saneadas (superávit cercano al 2% del PIB) y deuda pública en el 35%, está hoy “al borde la anorexia”, explica Ontiveros. ¿Se ha llegado al punto de no retorno? “Se ha llegado al hueso” asegura el economista.

Errores de enfoque

Y todo ello, mientras se siguen cometiendo errores de enfoque. Por ejemplo, con la prima de riesgo.prima de riesgo.“Atribuir el descenso de la prima a los esfuerzos de consolidación” señala Ontiveros, es un error, porque tras la caída están el BCE y las compras de deuda por los bancos españoles.

Marcel Jansen, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cuyos patronos son algunas de las mayores empresas y bancos españoles coincide con Ontiveros en que la política de ajuste impulsada desde Bruselas no ha sido la adecuada. ¿Por qué? Por el “altísimo” y “exagerado” coste que aplicar fuertes recortes en el corto plazo, y en plena crisis, está suponiendo para los países del sur.

Por un lado, sostiene Jansen, porque los objetivos de reducción del déficit impuestos son casi imposibles de cumplir y porque se ha cometido el error de adelantar los recortes a las reformas. “Si éstas se hubieran hecho al principio de la crisis, habríamos tenido un amplio margen fiscal para suavizar su coste para los afectados”, explica el economista holandés. Por el contrario, recortes se ha convertido en España en sinónimo de reformas “y no son lo mismo”.

Rajoy presume de que su gestión ha evitado el rescate al país, cuando Jansen cree que, hace un año, habría sido lo más beneficioso. Y asegura que esa alergia no es más que un “deseo partidista” del presidente del Gobierno, quien quería evitar así su “testamento político”. Para el holandés, en cambio, quien ha salvado a España no ha sido Rajoy, sino el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, cuando el verano pasado calmó a los mercados con su anuncio de ayuda.