Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid podría abrir la puerta a reclamar las cantidades indebidamente cobradas por cláusulas suelo desde el "mismo origen del préstamo", y no desde 2013, año establecido por el Tribunal Supremo al limitar los efectos retroactivos a la fecha de 9 de mayo de 2013, pese a haber sentencia firme, según explica Asufin e informa Europa Press.

La presidenta de la asociación, Patricia Suárez, ha afirmado que con esta sentencia "la Audiencia Provincial de Madrid restablece así una situación que era absolutamente injusta para miles de afectados que tenían una sentencia firme y que en los tribunales les estaban diciendo que se aplicaba el principio de cosa juzgada, es decir, que si ya habían reclamado y recuperado desde mayo de 2013 en adelante, no podían hacer lo propio por las cantidades atrasadas".

De esta forma, la asociación espera que el Tribunal Supremo convalide esta interpretación jurídica de la Audiencia Provincial de Madrid, porque "se restablecería así la injusticia que supuso para muchos afectados quedarse con una sentencia firme sin poder reclamar las cantidades abonadas de más por la cláusula suelo".

El tribunal, en la sentencia facilitada por Confilegal a Asufin, considera que "no concurre la excepción de cosa juzgada" y da la razón a la consumidora, condenando a la entidad, Credifimo, al pago por las cantidades indebidamente percibidas por aplicación de la cláusula suelo desde el 5 de octubre de 2007, fecha en que se firmó el préstamo hipotecario.

Igualmente, la Audiencia Provincial de Madrid recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró en 2016 que la limitación en el tiempo establecida por el Supremo "equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013".

Asismo, la sentencia del TJUE indicaba que esta limitación en el tiempo "sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores" de préstamos hipotecarios con cláusulas suelo, justificando que "no resulta compatible" con el derecho de la Unión Europea (UE).

Por ello, la Audiencia Provincial de Madrid declara en la sentencia la "íntegra estimación" de la consumidora y condena a la entidad al pago de la cantidad que se determine en la ejecución de la sentencia por las cantidades indebidamente percibidas desde el 5 de octubre de 2007, fecha en que se firmó el préstamo hipotecario, hasta el 30 de mayo de 2016.

El año de la pandemia los usuarios de banca aumentaron sus reclamaciones ante el Banco de España en un 45,6% respecto a 2019, y sus consultas telefónicas aún más, un 54%. El pico de las llamadas se produjo precisamente en abril, con el estado de alarma recién activado y el confinamiento en su momento más duro. La tendencia al alza, además, parece que va a continuar, puesto que en los primeros cuatro meses de este año el Banco de España ya ha recibido 13.000 reclamaciones. El organismo supervisor no descarta que en 2021 la cifra de quejas de clientes roce los máximos históricos de 2013, 2014 –cláusulas suelo– y 2017 –gastos de las hipotecas–. Es lo que prevé el Banco de España en su Memoria de Reclamaciones, que cifra en 21.320 el número de reclamaciones recibidas el año pasado, de las que el 27% se refieren a hipotecas. Pero donde se ha experimentado una auténtica explosión de quejas ha sido en las tarjetas, que se han disparado un 114,7% respecto a 2019 y ya suponen casi tantas –un 26,4%– como las hipotecas, hasta ahora las reinas de las denuncias.

Es más, si las reclamaciones sobre tarjetas han crecido en ese volumen ha sido porque las quejas sobre supuestas operaciones fraudulentas se han multiplicado en un 138,6% en un año, de tal forma que se han convertido en el segundo motivo de queja, pero también porque las denuncias sobre tarjetas revolving han crecido aún más, un 212%. En total, el Banco de España recibió en 2020 5.725 reclamaciones por hipotecas –un 28% más que en 2019–, pero nada menos que 5.622 por tarjetas. Y de ellas 1.942 eran por presuntos fraudes.

Las cuentas corrientes suman 4.912 reclamaciones, la mayoría por las comisiones cobradas. Las transferencias también han supuesto un 70% más de quejas y, de nuevo, aparece el fantasma del fraude: se han disparado un 236% al pasar de 97 a 326.

Como es lógico por su volumen de negocio y cuota de mercado, Santander, Caixabank, BBVA y Bankia –recién fusionada con Caixabank– acumulan también el mayor número de reclamaciones, el 51,6% de las recibidas por el Banco de España. Contra el banco de Ana Patricia Botín se presentaron en 2020 un total de 3.849 quejas, contra Caixabank 2.696, BBVA fue objeto de 2.405 reclamaciones y Bankia, de 2.301. Les siguen Banco Sabadell, con 1.091, y Wizink, con 1.035. Las reclamaciones dirigidas al supervisor por las operaciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha tenido un papel protagonista durante la pandemia por los préstamos y avales concedidos a empresas, sólo han supuesto el 0,47%.

Un 58,7% de rectificaciones para el Santander, un 89% para el Sabadell

Para que un cliente reclame ante el Banco de España si considera que su entidad financiera ha incumplido las normas de transparencia o, en general, las buenas prácticas bancarias, debe haberse quejado primero al servicio de atención al cliente de la propia entidad. Después, el supervisor elabora un informe. En 2029 fueron 7.094 los redactados, de los cuales el 33% fueron favorables a la entidad reclamada y casi el 37% favorables al cliente. Además, en 2.143 ocasiones –el 30,2%– el banco rectificó antes de que el supervisor emitiera su informe. Es decir, el Banco de España destaca que siete de cada 10 reclamantes vieron “satisfechas sus pretensiones” tras acudir a sus servicios, “una tendencia constante de 2017”. No obstante, el porcentaje de informes a favor del cliente se situó el año pasado como el segundo más bajo desde 2012, lo que el supervisor interpreta de forma positiva, como un indicio de que los bancos cada vez asumen en mayor medida las buenas prácticas bancarias.

En cualquier caso, el Banco de España ajusta las cifras absolutas de informes favorables a los reclamantes según la cuota de mercado de la entidad financiera denunciada, al tiempo que mide la respuesta de ésta a su dictamen: si rectifica o no su comportamiento. Así, Bankinter, Kutxabank y Cajasur resultan ser los bancos con peor comportamiento frente al cliente y frente al supervisor. Son los que más quejas recibieron en 2020 y los que menos rectificaron respecto de la media. Las tres fueron objeto de más de un 60% de informes a favor del reclamante y rectificaron –antes de que el Banco de España emitiera su dictamen– sólo entre un 14,5% –Cajasur– y un 22,2% –Kutxabank–. Tampoco lo hicieron mucho mejor los más grandes del sector:el Banco Santander sólo rectificó en un 22% de las ocasiones y recibió un 40,3% de informes en su contra, por lo que es la entidad entre los mayores que menos modificó sus decisiones, en un 58,7% de las quejas admitidas. Por el contrario, el Sabadell llegó al 89% de rectificaciones –sumadas las previas y las posteriores al informe–.

Por su parte, Liberbank, Ibercaja y Cajamar tienen un porcentaje de quejas superior a la media, pero también rectifican más. Al revés, ING, Evo Banco, Cetelem y Servicios Prescriptor y Medios de Pago –antigua Evo Finance–, rectifican menos y suman menos reclamaciones que la media. Sobre ING, el Banco de España admitió 166 quejas, de las cuales el banco holandés rectificó el 62% –un 23% antes del informe–, mientras que sobre Cofidis fueron sólo 18. Rectificadas antes del informe quedaron cuatro y otras siete terminaron con dictamen a favor del cliente.

Casi se duplican las quejas por productos vinculados y comisiones

Si la comparación se hace teniendo en cuenta el tipo de producto, Cajamar, Santander y Liberbank son los que han recibido más informes del Banco de España favorables a los clientes que se quejaron por sus hipotecas. En general, los usuarios reclaman sobre todo por los gastos para formalizar estos préstamos y por la contratación de productos vinculados, cuyo número ha crecido un 89% el último año. También se han desbordado las quejas por la aplicación del IRPH –una materia aún en sede judicial–, un 247,3%. Por los depósitos, las entidades más denunciadas son Deutsche Bank e Ibercaja. Sólo las quejas por las comisiones se han disparado un 91%. Y por las tarjetas, Bankinter Consumer Finance, Wizink y de nuevo Ibercaja. En el caso de la primera, recibió 17 informes en contra, lo que equivale a 14 veces más de lo que le correspondería por su cuota de negocio. El Santander tiene el mayor número absoluto de informes desfavorables por sus tarjetas, 225 –2,4 veces más de lo que debería por su cuota de mercado–. De ellos, 172 tienen su origen en operaciones donde el cliente denuncia que ha sido víctima de un fraude.

El resultado de estas rectificaciones se tradujo el año pasado en que los bancos devolvieron a sus clientes casi 3,1 millones de euros, el mayor importe en la última década y un 20,5% más que en 2019. Eso sí, el importe medio reembolsado no es muy elevado: sólo 431,74 euros.

Deutsche Bank y Santander han recurrido ante el Tribunal Supremo varias sentencias pioneras formuladas a finales de diciembre por la Audiencia Provincial de Oviedo que obligaban a los bancos a devolver a sus clientes el 100% de los gastos hipotecarios. Así ha tenido constancia infoLibre, que ha podido confirmar cómo el Santander el pasado viernes 15 de enero y el Deutsche este lunes 18 reclamaban una "certificación" de la sentencia dictada "con el objeto de interponer un recurso de casación". 

El recurso no es un procedimiento habitual de la banca en la polémica sobre los gastos de gestoría y notaría de las hipotecas, hasta ahora asumidos al 50% entre las entidades y sus clientes: ninguno de los dos bancos recurrió las sentencias –favorables a los consumidores– en primera instancia, pero ahora sí lo hacen ante el alto tribunal, que en los últimos años se ha caracterizado por dar más la razón a las entidades financieras. Tal ha sido así que la semana pasada la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, elevó una denuncia denuncia contra el Reino de Españay, en concreto, contra el Supremo por la sistemática vulneración de la Directiva comunitaria sobre las cláusulas abusivasen los contratos firmados con consumidores. Entre ellos los gastos hipotecarios. 

Los fallos de la Audiencia de Oviedo responden a recursos de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), que lleva mucho tiempo litigando: el caso de los gastos hipotecarios llegó al Supremo en 2018, y casi tres años después continúa sin solución en espera de que el alto tribunal –que ha tenido que modificar su criterio tras las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)– resuelva la situación. 

¿Cuál es el alcance de la sentencia? Asufin, a partir de los datos del Banco de España, estima que un mínimo de ocho millones de hipotecas actualmente vivas, es decir, que no han terminado de pagarse. "Pero el alcance podría ser mucho mayor si se aplica la retroactividad. Y la retroactividad ya se aplicó con las cláusulas suelo, por ejemplo", afirma Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores.

Posible retroactividad

La media a devolver se sitúa por cliente en alrededor de 1.200 euros, lo que puede suponer un problema mayúsculo para la banca después de que el informe de transparencia de la Agencia Bancaria Europea (EBA, en inglés) publicado en diciembre de 2020 situara a las entidades españoles como las menos solventes de Europa por su ratio de capital. Y la cantidad podría ser mayor en el caso de los recurrentes, 4.000 socios de la Unión de Consumidores. "Vamos a ver incrementada la devolución en un 30%, además de los intereses", augura Alonso. 

La historia de los gastos hipotecarios es larga, y la banca ha salido airosa en no pocas ocasiones. La más famosa de todas ellas, el controvertido fallo de noviembre de 2018, en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo adoptó por 15 votos a 13 la salomónica decisión de repartir los gastos hipotecarios: el 100% de los Actos Jurídicos Documentados (AJD) los asumiría el cliente, mientras que cada parte haría lo propio con el 50% de los gastos de notaría, gestoría y tasación. La Sala del Supremo se corregía así de su propio cambio de parecer tres semanas antes, cuando había obligado a las entidades a abonar todos los gastos. 

Pero la justicia europea cambió finalmente la posición del alto tribunal. En julio de 2020, el TJUE resolvió que los bancos pagarían todos los gastos hipotecarios si la cláusula era abusiva. A esto hubo que sumarle que, durante el revuelo del Supremo de noviembre de 2018, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aprobó días después por Real Decreto una modificación en artículo 29 de la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TP/AJD) imponiendo a los bancos este último gasto. 

Comisión de Apertura, próxima batalla

Según el abogado colaborador de UCE, Unai Alonso, el recurso del Banco Santander y de Deutsche Bank "solo busca enseñar las cartas. Dilatar el proceso y encomendar a una suerte de valedor de derechos de la banca el fallo final", dice el letrado en referencia al Supremo. 

Así, los gastos AJD recaen sobre las entidades financieras, los de gestoría y notaría dependen de la decisión del Supremo y los de tasación también esperan la resolución del alto tribunal. Las reclamaciones no terminan ahí: la próxima batalla es la Comisión de Apertura de las hipotecas, "que también los bancos impusieron a todos sus clientes cuando se formalizó el contrato y que viene a significar entre 1.500 y 2.500 euros", resume Dacio Alonso. Esto puede equivaler al 0,5% de las cláusulas hipotecarias y sería otro mazazo para el sector financiero.  

Por último, varias asociaciones de consumidores querellantes (UCE, Asufin, Facua, OCU) destacan su malestar con el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón. Consumo publicó en diciembre pasado una nota informativa precisando que los denunciantes de los gastos hipotecarios abusivos tenían hasta el próximo 21 de enero para reclamar. Las organizaciones aseguran que es un error que el ministerio debe corregir, porque los litigios continúan en activo y, en caso de optar por la vía judicial, los clientes podrían o no percibir todo lo que en teoría les corresponde o incluso perderlo todo si no hay una jurisprudencia bien marcada por el Supremo. 

Los grandes bufetes de abogados en España especializados en defensa de los consumidores y las organizaciones del ramo, como Facua o Asufin, están, por un lado, que trinan por la sentencia de ayer 21 de octubre del Supremo sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecario (IRPH); pero por otro lado, entienden que la resolución del alto tribunal mantiene la puerta abierta a decenas de miles de afectados para interponer un aluvión de demandas contra la gran banca. 

En su resolución, el tribunal aprecia que en las hipotecas había "falta de transparencia" pero, en cambio, "no había abusividad". Antes, en marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) concluyó que el IRPH de las hipotecas debía anularse en caso de falta de transparencia, pero dejaba la decisión final en manos de los jueces españoles. Y es esa resolución ambigüa la que deja la puerta abierta, aseveran las partes acusadoras. "Esta sentencia, cuyo texto hasta ahora [por el miércoles por la tarde] no hemos podido leer, contradice otras cuatro sentencias del mismo Tribunal Supremo. Ataca su propia jurisprudencia", clama Jesús María Arriaga, fundador del bufete Arriaga, despacho líder en demandas hipotecarias. "Las cuatro resolvían que la falta de transparencia en la firma de una hipoteca era directamente un abuso". 

Para Arriaga, también contradice dos leyes españolas, la Ley General de Consumidores y Usuarios y la Ley de Condiciones Generales de Contratación. Y asegura que su despacho continuará tramitando demandas, ya que el TJUE contempla que el IRPH se devuelva ante la falta de transparencia, y esa ausencia existe según el Supremo. Los importes a reclamar pueden oscilar entre 20.000 y 40.000 euros por hipoteca media, si bien la cantidad final dependerá del importe de la deuda contraída con el banco. "Estamos confundidos, en espera de leer no solo la sentencia sino también el voto particular del fallo", revela Rubén Sánchez, portavoz de Facua. 

Despachos y asociaciones creen que, ante el embrollo manifiesto, algún juez elevará una cuestión prejudicial al TJUE, como ya sucediera en 2017 con este producto financiero: ese año, el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona anuló el IRPH de ua hipoteca al considerarlo abusivo; el Supremo resolvió meses después –con votos particulares– que la abusividad no existía y que el índice se basaba en "disposiciones legales". El juez de Barcelona trasladó la duda a la justicia europea, la cual falló en marzo pasado que la falta de transparencia era motivo para anular esta cláusula. Hasta ahora. "Nos da la sensación", dice Rubén Sánchez, "de que algún magistrado volverá a trasladar esto a Luxemburgo. El caso de las cláusulas suelo era un caso de abusividad por la falta de transparencia. ¿Aquí no?". 

"Una aberración"

La nota de prensa del Supremo que ha sembrado la discordia reza lo siguiente: "En los recursos resueltos, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, ha apreciado falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores. No obstante, y siguiendo también la jurisprudencia del TJUE, ha procedido a hacer el análisis de abusividad concluyendo, en los casos enjuiciados, que no había abusividad. El fallo cuenta con el voto particular del magistrado D. Francisco Javier Arroyo Fiestas". 

"Es un despropósito", lamenta José Baltasar Plaza, CEO del Bufete Rosales, igualmente especializado en consumo y abusos. "Una aberración. Si no hay transparencia, ¿por qué se mete a decir la nota de prensa que no hay abusividad?". Baltasar Plaza confirma que sus clientes seguirán reclamando lo que, entienden, han pagado de más todos estos años. "A pesar de que no hay jurisprudencia, hemos conseguido muchas sentencias a favor", agrega.  

El IRPH existe desde 1994, aunque los bancos lo comercializaron masivamente en los prolegómenos de la pasada crisis (2008) porque era el índice que sustituía al Euríbor, por entonces disparado por encima del 4%. Era una suerte de seguro frente a las oscilaciones del Euríbor, pero que a la postre impedía a los clientes beneficiarse de las bajadas propiciadas del BCE a medida que la crisis financiera se endurecía. Su comercialización no fue transparente, porque se considera que las entidades no explicaron bien los pros y contras a quienes lo contrataban. En 2019, el IRPH se situaba en 1,8% mientras que el Euríbor descendía hasta márgenes negativos. Goldman Sachs cree que las demandas por IRPH podrían costarle a la banca española la espectacular cantidad de 44.000 millones de euros.

Pimpón entre el Supremo y el TJUE

Una de las principales demandas de los usuarios es que los bancos devuelvan el diferencial abonado entre uno y otro índice a lo largo de los últimos años. "Los clientes tendrán que seguir con una hipoteca abusiva tras el fallo del Supremo", deplora Patricia Suárez, presidenta de Asufin. "Esto no zanja la polémica. Miles de asuntos se dirimen en los tribunales, tenemos en marcha demandas colectivas y seguramente este problema se seguirá dirimiendo en los tribunales". 

El Tribunal Supremo y el TJUE –instancia superior– juegan una suerte de partido de pimpón con la jurisprudencia que rodea a los consumidores. La histórica sentencia de Luxemburgo en diciembre de 2016 sobre cláusulas suelo dictaminó que la banca tenía que devolver a los clientes el sobreprecio pagado por este producto financiero, contrariamente a lo que había resuelto el Supremo meses antes.

Pero la escena más esperpéntica se produjo en noviembre de 2018: la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se reunió en bloque y, por 15 votos frente a 13, falló que los clientes tenían que asumir los Actos Jurídicos Documentados (AJD). En julio de este año el tribunal con sede en Luxemburgo dio la razón a los clientes, en el enésimo revés al Supremo. 

El Tribunal Supremo ha declarado nula la cláusula suelo de un contrato de subrogación hipotecaria suscrito entre Banco Popular y un alto ejecutivo, señalando que la elevada cualificación profesional del prestatario no suple el deber de información del banco, que deberá restituir al demandante lo indebidamente cobrado.

El Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona estimó íntegramente una demanda contra Banco Popular en la que se reclamaba la nulidad de la cláusula suelo que incluía la escritura de subrogación en el préstamo hipotecario del promotor y la restitución de lo indebidamente cobrado.

Posteriormente, la Audiencia Provincial de Barcelona consideró que la cláusula suelo era "clara y sencilla" y que los demandantes debían necesariamente conocerla al haber tenido capacidad de negociación, en la medida en que se mejoraron determinadas condiciones del contrato, por lo que revocó la sentencia.

El caso se elevó al Tribunal Supremo, que ha dado la razón a los demandantes al considerar que el hecho de que se trate de una subrogación en el préstamo hipotecario del promotor que vende la vivienda "no exime a la entidad bancaria de su obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato".

Asimismo, el Alto Tribunal señala que, si eximiera a la entidad financiera de sus deberes de información por tratarse de una subrogación, se estaría incumpliendo la normativa europea y la legislación nacional de protección de los consumidores.

En cuanto al argumento de que la elevada cualificación profesional del prestatario le habría permitido comprender mejor la información que se le hubiera suministrado, el Tribunal Supremo señala que este hecho no suple la información que no se le suministró.

Unive Abogados, que ha defendido el caso, ha celebrado que esta sentencia "abre la puerta para que altos ejecutivos puedan reclamar la cláusula suelo de sus hipotecas".

"Nos encontramos ante un éxito judicial determinante en la defensa de los derechos de los consumidores afectados por las cláusulas suelo, habida cuenta que el Tribunal Supremo reitera que los deberes de información de las entidades financieras se mantienen intactos cuando nos encontramos ante una subrogación hipotecaria o ante unos prestatarios con una elevada cualificación profesional o académica", ha explicado el letrado Adrián López.

Las entidades bancarias españolas han devuelto 2.217,2 millones de euros a un total de 491.401 afectados por las cláusulas suelo a través del mecanismo extrajudicial creado el 20 de enero de 2017, según los datos facilitados por las entidades a la comisión de seguimiento de cláusulas suelo a cierre de febrero de 2019. Los datos consultados por Europa Press reflejan que el mecanismo extrajudicial de cláusulas suelo ha cumplido veinticinco meses habiendo reintegrado 1.846,19 millones de euros en efectivo a 431.460 clientes.

El número de solicitudes recibidas por las entidades de crédito desde que se puso en marcha el mecanismo hasta el pasado mes de febrero ascendió a 1.187.792, de las cuales se han estimado 525.463, el 44,23%, mientras que se han desestimado 233.576, el 19,66%. Además, se han inadmitido 411.480, el 34,64%, y 5.735, el 0,48%, están pendientes de analizar. En la gran mayoría de solicitudes estimadas, en el 93,51% de los casos, la entidad bancaria y el cliente han llegado a un acuerdo para el reembolso del importe cobrado de más por las cláusulas suelo, ya sea a través de una devolución en efectivo o a través de medidas compensatorias.

En concreto, los bancos han devuelto 1.846,19 millones de euros en efectivo a 431.401 clientes, mientras que se han alcanzado acuerdos que contemplan medidas compensatorias distintas a la devolución de efectivo valoradas en 243,75 millones de euros con 42.459 usuarios y se han instaurado medidas mixtas en 17.482 casos por importe de 127.25 millones de euros.

Solo en el mes de febrero de 2019, se devolvieron 10,95 millones de euros a un total de 1.621 afectados. De este importe, 9,85 millones de euros se restituyeron en efectivo a 1.495 clientes.

El real decreto ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo estableció un cauce extrajudicial para facilitar a consumidores y entidades de crédito a alcanzar acuerdos y solucionar las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo.

Posteriormente, mediante el real decreto 536/2017, de 26 de mayo, se creó la comisión de seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de dicho mecanismo extrajudicial de reclamaciones. Las entidades financieras envían estas estadísticas al Banco de España con periodicidad mensual.

Los juzgados de cláusulas suelos han dictado en el primer trimestre de 2019 un total de 30.744 sentencias, de las cuales el 96,32 por ciento han sido favorables al cliente, manteniendo así la tendencia seguida durante el primer año de actividad de estos órganos especializados, según los datos difundidos este martes por el Consejo General del Poder Judicial, informa Europa Press.

Según los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, desde su creación en junio de 2017, los juzgados han dictado en total 112.032 sentencias, de las que 108.373, es decir un 96,73 por ciento, han dado la razón al cliente. En cuanto a los primeros tres meses del 2019, los juzgados especializados han resuelto 37.746 asuntos, lo que supone un aumento del 122,7 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se resolvieron 16.945 asuntos. Esta cifra también es un incremento en relación al último trimestre de 2018, pues es un 23 por ciento más.

El CGPJ explica que los asuntos que entran en los juzgados especializados no sólo concluyen cuando se dicta sentencia; también pueden concluir por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes. En este sentido, además de las 30.744 sentencias, se dictaron 3.699 autos finales y 2.971 decretos.

El número de resoluciones dictadas también mantiene una tendencia al alza desde la creación de estos órganos especializados. Las 30.744 sentencias del trimestre son un 126,2 % más que las 13.589 dictadas en el los mismos meses de 2018.

Menos asuntos que hace un año 

Por otro lado, el órgano de gobierno de los jueces recalca que la cifra de asuntos ingresados en tre el 1 de enero y el 31 de marzo cayó un 24 por ciento respecto a la registrada en el primer trimestre de 2018, al pasar de 60.618 a 46.055 asuntos. También es ligeramente inferior a la de los últimos tres meses del año pasado, cuando entraron 48.170 asuntos. El total de asuntos ingresados desde la puesta en marcha de estos Juzgados asciende a 399.662.

Con respecto a la tasa de resolución a nivel nacional –que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado– , en el primer trimestre del año ha alcanzado el 82 por ciento, 15,3 puntos porcentuales por encima de la de los últimos tres meses de 2018 y 54 puntos más que hace un año, cuando fue del 28%.

Desde la puesta en marcha de los juzgados especializados, la tasa de resolución ya es del 35,1 por ciento, lo que supone cinco puntos porcentuales más que a 31 de diciembre de 2018, cuando era del 30,1 por ciento. Los datos recogidos indican que en el primer trimestre de 2019 la tasa de resolución fue igual o superior al 50 por ciento en dieciséis de las diecisiete Comunidades Autónomas, siendo Madrid la única con una tasa inferior a esa cifra (43%).

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) votará el próximo lunes un nuevo reparto de asuntos entre los juzgados de lo Social que convertirá, de hecho, en “juzgados de despidos” a los ocho juzgados de refuerzo que permanecerán en activo a partir del 1 de enero de 2019. Si se aprueba la iniciativa, estos jueces de adscripción territorial (JAT) se dedicarán exclusivamente a resolver demandas de despido, en principio por un plazo de seis meses.

Desde junio de 2015, los 42 juzgados de lo Social de Madrid cuentan con un plan de refuerzo que se tradujo en la adscripción de 10 jueces de carrera pero sin plaza para intentar desatascar el bloqueo en que los había sumido el aumento de despidos y conflictos laborales durante la crisis. Hoy son nueve los juzgados de refuerzo y, a partir de enero, se quedarán en ocho. Cada uno de ellos refuerza a tres juzgados de lo Social ordinarios. La medida, de resultar aprobada el lunes, supondrá que a cada juez de refuerzo se le asignarán las 25 primeras demandas despido repartidas a cada juzgado al mes, de forma que deberá conocer un total de 75 mensuales –refuerza a tres juzgados–. El objetivo es que concluya al menos 60 procedimientos por mes, “ya sea por decreto, auto o sentencia”. También tendrán que continuar con los casos si, tras la sentencia, la empresa no readmite al trabajador o lo hace de forma irregular incumpliendo el fallo judicial.

Así se pretende rebajar el número de juicios pendientes y adelantar las fechas de señalamiento, para que se celebren antes de 90 días. A partir de ese plazo, si la empresa debe pagar salarios de tramitación, puede reclamárselos al Estado. 

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por infoLibre ponen en duda la eficacia de la medida, que comparan con los juzgados de cláusulas suelo, creados en junio de 2017 para dar curso a la avalancha de demandas presentadas por los consumidores después de que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara que los bancos debían devolver lo cobrado por este concepto en las hipotecas. Los 54 juzgados especializados, uno por provincia, se encuentran colapsados, toda vez que no han sido capaces de hacer frente al volumen de asuntos. Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en estos juzgados han entrado un total de 259.921 demandas, pero sólo se han resuelto 52.166 y se han dictado 40.839 sentencias, el 15,7% de los casos. Las demandas por cláusulas suelo casi han triplicado el número de asuntos civiles ingresados en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2017. Del colapso las asociaciones de jueces y los sindicatos de funcionarios culpan a la escasez de medios en la justicia.

Juicios por despido que duran horas

“Hay quien piensa que los despidos son como las sentencias de las hipotecas y no es así en absoluto, todos los despidos son diferentes”, protestan las fuentes judiciales: un juicio por despido puede no llegar a celebrarse si hay conciliación previa entre las partes, pero también puede prolongarse durante horas. “Los juicios más largos suelen ser los de despidos”, resaltan. Los juzgados de refuerzo de Madrid tienen asignadas ahora 30 demandas, de todo tipo, de cada uno de los tres juzgados a los que prestan apoyo; por tanto, deben ver 90 asuntos al mes. Pero las 75 demandas por despido van a suponer “más tiempo y más trabajo” que las 90 que han debido atender hasta el momento, advierten las fuentes. Sobre todo, porque cada juzgado de refuerzo cuenta con sólo tres funcionarios, por 10 que trabajan en un juzgado de lo Social ordinario. “Ocho juzgados con tres funcionarios cada uno van a hacer todo el trabajo en despidos de 20 juzgados con 10 funcionarios cada uno”, resumen. Así que temen que la medida pensada para desatascar los juzgados terminen por colapsarlos aún más.

Como en el caso de los juzgados de claúsulas suelo –las asociaciones judiciales e incluso los jueces decanos criticaron que se concentrara en una única instancia toda la carga de trabajo– en el de los despidos las fuentes consultadas arremeten contra la “administrativización de la Justicia” que advierten en ambas iniciativas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Su idea ha sido siempre convertir la estructura judicial en oficinas burocráticas de resoluciones vacías o con poca enjundia jurídica”. Según explican, los juzgados de despido no son más que un “experimento”, que se plantea sin haber hecho un estudio previo y donde “la calidad jurídica se mide por el número de sentencias”la calidad jurídica se mide por el número de sentencias. “Nos convierte a los jueces en gallinas ponedoras [de sentencias]”, apuntan, cuando hay “otras maneras de optimizar la Justicia que no sea sobrecargar recursos que ya existen”.

A su juicio, hace falta duplicar las plantillas de jueces y funcionarios, así como reorganizar estos últimos y buscar soluciones alternativas a los juicios, por ejemplo. “No se puede mejorar la Justicia con los mismos medios”, añaden, “así sólo se encapsulan los problemas, se olvida la calidad de la justicia y se niega a los ciudadanos la tutela judicial que se merecen”.

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid niega que la medida que estudiará la sala de gobierno el lunes sea un “programa piloto”, tan sólo un “reparto de asuntos” nuevo.

Un despido tarda en resolverse seis meses en Madrid

La iniciativa fue comunicada este lunes por correo electrónico a los jueces afectados, a quienes se ha dado un plazo de 48 horas para presentar alegaciones. Las fuentes judiciales consultadas critican también que el CGPJ, en funciones desde el pasado día 4, esté tomando decisiones “que no sean puramente administrativas” e “hipotecando” la labor del consejo que se elija antes del verano. Uno de los promotores de los juzgados de cláusulas suelo fue Gerardo Martínez-Tristán, considerado la mano derecha del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a quien las fuentes judiciales consultadas atribuyen también la paternidad de los juzgados de despidos. El pasado septiembre el máximo órgano de gobierno de los jueces acordó enviar 33 jueces de refuerzo a juzgados de lo Social toda España que tengan más de 250 demandas pendientes –de todo tipo, no sólo despidos– cada uno.

Con la crisis y el consiguiente aumento de las demandas laborales que llegaban a los juzgados, en 2014 los juzgados de lo Social tardaban 10,7 meses de media en resolver un asunto de esta índole, según las estadísticas del propio CGPJ. En 2017 han bajado a 9,4 meses. Donde más se demoraban las resoluciones judiciales, entonces y ahora, es en Baleares, con 18,1 meses en 2014 y 15,5 meses tres años después. En Madrid, se ha rebajado de 9,9 meses a 7,5 en la actualidad. Los despidos, que tienen prioridad a la hora de señalarles fecha, se resuelven con mayor rapidez que la media: 7,6 meses en 2014 y 6,1 meses ahora. En Madrid se ha reducido el tiempo de espera de 8,2 a 5,7 meses en estos tres años.

Pese a que el bloqueo se ha aligerado desde los peores tiempos de los despidos y los ERE, hay provincias donde el atasco sigue siendo alarmante. En Sevilla, por ejemplo, se están señalando juicios por despido para dentro de dos años. En Madrid, según las fuentes consultadas, se está fijando fecha ahora para vistas en febrero y marzo de 2019.

La Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Adicae y ha condenado a todos los bancos a devolver las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca. De esta forma, se revoca parcialmente una resolución del 7 de abril de 2016 del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid en lo relativo al pronunciamiento de condena a la restitución de cantidades, la cual, en lugar de lo que se dispuso, habrá de comprender todas las sumas percibidas por las entidades cuya condena se mantiene, por aplicación del citado tipo de estipulación identificada como cláusula suelo, con el interés legal a ello aparejado.

Esta resolución, no obstante, puede ser recurrida en casación ante la ante la Sala Primera del Tribunal Supremo en los veinte días siguientes a su notificación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal. Esta macrodemanda, considerada la mayor acción judicial interpuesta contra la banca en la historia de España, afecta a la práctica totalidad de las entidades españolas, hasta un total de 40 entidades después de las fusiones, ya que un principio se dirigía a 101.

Este fallo va en línea con el dictaminado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) en diciembre de 2016, cuando dictaminó que los bancos debían devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios, rechazando que se pudiera aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser "incompleta e insuficiente".

La justicia europea concluyó entonces que la limitación es contraria a la normativa comunitaria y, por tanto, las entidades financieras debían finalmente reintegrar a los afectados por las cláusulas suelo la totalidad del importe que se ha cobrado de más, desde el inicio de cada contrato hipotecario, y no a únicamente a partir del 9 de mayo de 2013, como determinó el Tribunal Supremo. El alto tribunal consideró como abusivas estas cláusulas, al entender que los consumidores no habían sido informados de la carga económica y jurídica que se les imponía, pero fijó en la fecha de la sentencia, el 9 de mayo de 2013, la retroactividad máxima para que su nulidad sólo tuviera efectos de cara a futuro.

Las cláusulas suelo son aquellas que fijaban un tope mínimo de intereses que los clientes de contratos hipotecarios debían pagar. Estas cláusulas han impedido a los afectados beneficiarse de la caída del Euríbor, principal índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España.

Así lo han decidido los grupos que debaten la nueva ley hipotecaria, que actualmente se encuentra tramitando en la Cámara Baja en fase de ponencia. El acuerdo se ha adoptado con el respaldo de la mayoría de grupos, y únicamente Unidos Podemos ha optado por mantener su propuesta de establecer este límite en el 10% del capital concedido.

El proyecto de ley que remitió el entonces ministro de Economía Luis de Guindos en noviembre de 2017 diferenciaba el vencimiento anticipado de un contrato en función de si el impago de las cuotas se producía en la primera o en la segunda mitad de la duración de un préstamo. Si las cuotas vencidas y no satisfechas se producían en la primera se fijaba que, para ejecutar un contrato, debían suponer el 2% del capital concedido o el equivalente a 9 meses de impago.

El acuerdo del Congreso fijaba estos límites en el 3% y 12 meses de impago. Si esta situación tenía lugar en la segunda mitad de la duración del préstamo, las cuotas vencidas y no satisfechas debían equivaler a 12 meses.

La nueva ley establecerá que el impago tendrá que suponer el 7% o 15 meses.

Acuerdan eliminar las cláusulas suelo de las hipotecas 

Por otro lado, los grupos han acordado rebajar los intereses de demora planteados en la ley hipotecaria, ya que si en el proyecto se fijaban en el triple del interés legal del dinero, ahora se quedan en el interés remuneratorio más tres puntos.

Otro de los acuerdos, según han informado fuentes socialistas, pasan por establecer el carácter permanente del código de buenas prácticas ya vigente y la eliminación expresa de las cláusulas suelo en una hipoteca. No se han cerrado cambios referidos a un posible código sancionador, como proponía Unidos Podemos, ni a las titulizaciones. En estos cambios de titularidad, el grupo confederal reclamaba que se llevaran al Registro, asumiendo este gasto, para que los consumidores pudieran conocer quién había asumido su hipoteca y por qué coste.

Durante la ponencia de este martes, los grupos han avanzado hasta prácticamente completar todo el articulado de la ley, si bien esperan celebrar una nueva reunión de ponencia, prevista para el 23 de noviembre. Si fuera la última reunión, los grupos votarían las enmiendas que quedaran vivas en comisión el 4 de diciembre y votarían la remisión al Senado del texto acordado en el primer Pleno de ese mes. Para la Cámara Alta, el Gobierno ha solicitado la tramitación de la norma por vía de urgencia, lo que acorta a la mitad los plazos establecidos.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha dado la razón a los clientes en la demanda colectiva presentada por la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) contra Abanca en la que reclamaba la devolución del dinero cobrado de más a los clientes con préstamos hipotecarios de cláusulas suelo suscritos con anterioridad a mayo de 2013. Informa Europa Press.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada ordena en la sentencia a la entidad bancaria que restituya a los perjudicados las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de las cláusulas declaradas nulas en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. En declaraciones, el secretario xeral de Acouga, el abogado Xoán Antón Pérez-Lema, afirma que esta "es la decisión judicial en derecho privado más importante de la historia de Galicia en cuanto a cantidad no solo de adheridos, sino de potenciales afectados por ella", ya que estima que serán "miles", con un impacto global de millones de euros.

Contra este fallo, que no es firme, emitido con fecha del 14 de noviembre, cabe presentar recurso de apelación en un plazo de 20 días. Acouga agrupa a algo más de un millar de perjudicados en una demanda colectiva que fue admitida a trámite por el juzgado en febrero de 2016, y con la que se pretendía la devolución "del dinero cobrado de más" a los clientes con préstamos hipotecarios, con anterioridad a mayo de 2013, fecha a la que el Tribunal Supremo limitaba la retroactividad. Con todo, Pérez-Lema prevé que "cualquier afectado que tuviese una cláusula suelo con Caixa Galicia o Caixanova" podrá beneficiarse una vez la sentencia sea firme.

Una devolución de efecto "muy positivo para la economía"

A modo de ejemplo de lo que puede suponer esta sentencia, Pérez-Lema pone el ejemplo de una persona que tenga una hipoteca de 90.000 euros, que "no es muy alta", pero que obtendrá la devolución de "entre 5.000 y 7.000 euros por operación de préstamo hipotecario". De hecho, considera que esta sentencia "va a tener un efecto muy positivo para la economía". "Va a ser mucho dinero para las economías de las familias y de los consumidores para eso que se dice de tapar agujeros", valora.

Por todo ello, Pérez-Lema subraya que es una sentencia "adecuada, acertada y restitutiva", "como dice el tribunal europeo", "porque si hay una cláusula nula hay que poner a la persona en el punto cero y, por tanto, devolverle" lo correspondiente. "Es de las sentencias que más va a afectar en la historia del Derecho Civil español, mientras que en la historia judicial de Galicia es la que más impacto tiene en más familias, porque nunca hubo una que vaya a afectar a tanta gente en Galicia", asegura Pérez-Lema. Además, este abogado reflexiona sobre que "esta sentencia va a sustituir a miles de pleitos" y "está ahorrando un gran número de recursos de la administración de justicia".

El FROB se hará cargo del 85 % de la devolución 

Sobre el impacto de esta sentencia, Pérez-Lema indica que "Abanca tiene las cuentas echadas desde que se presentó la denuncia en 2016 y con los beneficios magníficos que está obtenido no le va a suponer problema". Además, recuerda que "tiene una garantía del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que va a cubrir el 85%" de la devolución de sus cláusulas suelo, por "lo que en un 85 por ciento se va a pagar con dinero público".

Desde julio a septiembre de 2018, la Justicia dictó casi 15.000 sentencias favorables a afectados por cláusulas abusivas en la formalización de sus hipotecas. Según un informe publicado en el portal del poder judicial, de un total de 14.998 denuncias presentadas, los juzgados fallaron a favor del cliente en 14.499 —el 96,7%—.

Estos juzgados, que fueron creados como refuerzo ante la previsión de reclamaciones, y que se pusieron en funcionamiento el 1 de junio de 2017; se ocupan, entre otros asuntos, de procesar demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. Desde que empezaron a actuar, dichos organismos han dictado 55.528 sentencias, de las que 53.935 han sido favorables a los clientes —el 97,1%—.

Tal y como informa el poder judicial, en solo dos meses —agosto es inhábil— la Justicia resolvió casi 19.000 asuntos, frente a los poco más de 22.000 de todo el segundo trimestre. Por lo tanto, el porcentaje de resolución desde julio a septiembre fue del 43%.

Por Comunidades Autónomas, Castilla y León, Andalucía y Madrid fueron las regiones donde más sentencias se dictaron. Por el contrario, Navarra, Baleares y Murcia fueron los territorios donde menos demandas se tramitaron.

Los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial indican que, en el tercer trimestre de 2018, la tasa de resolución fue igual o superior al 50% en diez de las diecisiete Comunidades Autónomas, destacando la de La Rioja (143,4 %) y Castilla-La Mancha (84,9 %). También están en este grupo Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra.

Por debajo de la media nacional se sitúan Andalucía, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia y Madrid. La comunidad catalana es la que tuvo la tasa de resolución más baja de todo el territorio nacional en el tercer trimestre del año: un 27,8%. También es la que tiene la tasa de resolución más baja desde la entrada en funcionamiento de los Juzgados especializados: un 12,7%.

Las decisiones de los tribunales sobre hipotecas traen de cabeza a los bancos desde antes de que el pasado día 18 el Supremo sembrara la incertidumbre entre entidades y clientes sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. De hecho, las sentencias que en 2017 cargaban al banco con los gastos de formalización de las hipotecas y el real decreto sobre la devolución de las cláusulas suelo consideradas abusivas empujaron a miles de ciudadanos a reclamar ante sus bancos y ante el Departamento de Conducta del Mercado y Reclamaciones (DCMR) del Banco de España. De tal forma que el número de quejas presentadas ante los servicios de atención al cliente de las entidades financieras se cuadriplicó en 2017 respecto al año anterior, hasta alcanzar 1,32 millones de reclamaciones. Y se triplicaron las interpuestas ante el Banco de España, que sumaron 40.176. De éstas, se refieren a hipotecas el 81,4%, 32.684 quejas, cuatro veces y media más que en 2016. En comparación, las reclamaciones por cuentas y depósitos fueron sólo 3.194, apenas un 4,3% más que el año pasado.

Según destaca la Memoria de Reclamaciones del Banco de España, 2017 ha batido así el récord de quejas recibidas por el DCMR, que se alcanzó en 2013, también por culpa de las cláusulas suelo. Además, se rompe con la tendencia continuada a la baja que había caracterizado los tres años anteriores.

El Banco de España sólo resolvió el 26% de las quejas recibidas, el resto no fueron admitidas, bien porque el reclamante no aportó la documentación necesaria, bien porque antes no había acudido al servicio de atención al cliente del banco, bien porque el asunto estaba al mismo tiempo en los tribunales. Pero de esas 10.428 reclamaciones por las que sí se abrió expediente, el 73% las cerró a favor del cliente: 7.620 resoluciones, de las cuales 1.693 fueron allanamientos; es decir, los bancos aceptaron las pretensiones del demandante.

Según la memoria del Banco de España, los bancos han devuelto a sus clientes 2,79 millones de euros tras recibir el informe del órgano supervisor. Pese a que sus resoluciones no son vinculantes, la entidad financiera debe comunicar en el plazo de un mes si acepta o no el criterio establecido por el Banco de España en su informe y debe justificar documentalmente que ha rectificado. En el último año, los bancos han aumentado su porcentaje de rectificacioneslos bancos han aumentado su porcentaje de rectificaciones, que han pasado de representar el 36,8% de los informes a favor del cliente en 2016 al 62,4% en 2017.

Kutxa y Caixa Geral, los que menos rectifican

Aun así, hay bancos que apenas cambian su proceder. Y bancos que lo hacen muy poco a pesar del gran número de informes desfavorables que reciben del Banco de España. Banco Popular y Bankia son los que presentan la peor ratio si se combinan ambos parámetros. El Popular, absorbido por Santander en junio de 2017, recibió un 72,4% de informes en su contra, el tercer peor del ránking entre los grandes, sólo detrás del banco de Ana Botín y de Cajamar, pero sólo rectificó en el 58% de los casos y únicamente se allanó en el 14,2%. Bankia, que es una entidad propiedad del Estado en un 60,6%, tuvo el año pasado un 59% de informes negativos y rectificó sólo en un 61,5% de las ocasiones tras allanarse apenas en otro 20%. Entre las entidades de menor tamaño, Kutxa es la más recalcitrante, con un 72,6% de informes en su contra y sólo un 8% de rectificaciones.

Por el contrario, la financiera de El Corte Inglés rectificó en el 100% de los informes en que el Banco de España dio la razón al cliente. El Santander lo hizo en el 80,4% de las ocasiones. Entre las entidades de menor tamaño es mayor el porcentaje de informes desfavorables, que alcanzan hasta casi el 94% en Caja Rural del Sur. De hecho, si se pondera el número de informes a favor del usuario en materia de préstamos hipotecarios con la cuota de mercado de cada entidad, es la Caja Rural del Sur la que se encuentra en la peor posición, seguida de Banco Popular, Cajamar y Abanca. Cuando se trata de depósitos, Banco Ceiss es la que más informes desfavorables recibe en relación con su tamaño, mientras que en las quejas sobre tarjetas, WiZink, el banco online especializado en ese producto bancario, encabeza la clasificación, con un número de quejas muy por encima de su cuota de mercado. WiZink es también una de las entidades que menos rectifica, en el 19,7% de los casos, sólo por encima de Banco Cetelem, que cambió su actuación el 11,1% de las veces en que el Banco de España le instó a hacerlo, de Kutxa, que como queda dicho únicamente lo hizo en el 8% de las ocasiones, y de Banco Caixa Geral, que no rectificó ni una sola vez pese a haber recibido 51 informes desfavorables.

Las diferencias entre BBVA y Santander

En cifras absolutas, el BBVA es la entidad sobre la que el Banco de España admitió un mayor número de reclamaciones, un total de 1.894, por delante incluso del Banco Santander, que recibió 1.314. Sin embargo, sólo en un 19,1% de los del BBVA –361– el supervisor dio la razón al cliente, mientras que fueron en contra de la entidad el 77% de los del Santander –1.012–. En todo caso, son similares los porcentajes de los dos mayores bancos en allanamientos –11,7% y 11,8%– y en rectificaciones –77,8% y 80,4%–.

Por regla general, las entidades de menor tamaño reciben más informes desfavorables que las grandes –una media del 66,3% frente a un 50,4%– y rectifican mucho menos –un 52,2% frente a un 75,5%–. En cambio, aceptan más allanamientos –un 19,3% en promedio frente a un 15,1%–.

La memoria del Banco de España aplaude el aumento del número de rectificaciones tanto de las grandes entidades como de las de menor tamaño –del 19,3% al 52,2%– y atribuye la reducción de la cifra de informes desfavorables y de allanamientos en el caso de los principales bancos –del 25,8% al 16,2%– se debe a un cambio en la política de sus servicios de atención al cliente, que “asumen en mayor medida los criterios” del departamento de quejas del supervisor cuando el usuario reclama, pero mantienen su posición cuando éste se dirige al Banco de España y sólo rectifican una vez éste ha emitido un informe en contra.

La deuda de las familias subió un 0,36% en mayo, hasta los 706.058 millones de euros, lo que supone 2.575 millones de euros más que el mes anterior, con lo que registra su nivel más alto en lo que va de año, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

En tasa interanual, el endeudamiento de los hogares españoles cayó un 0,3% respecto a mayo de 2017, con un descenso de 1.862 millones de euros. De esta forma, el endeudamiento de las familias sube ligeramente tras haber iniciado el año con un retroceso del 0,4% en enero que se moderó en febrero (-0,2%), y tras la subida del 0,3% de marzo y la estabilización en abril (+0,04%).

En cualquier caso, en los últimos meses la deuda de los hogares españoles ha ido bajando hasta situarse en niveles previos a la crisis debido a la reducción paulatina de los préstamos contraídos, a la caída de los tipos de interés y al abaratamiento de los créditos.

 El ligero aumento de la deuda de las familias en el quinto mes del año se debe principalmente al alza de los créditos destinados al consumo, que se situaron en 180.622 millones de euros, que se elevaron un 1,9% a nivel mensual y un 0,7% a nivel interanual.

Por el contrario, los créditos destinados a la vivienda se mantuvieron prácticamente sin variación en 525.436 millones (-0,1%) y cayeron un 2% respecto a mayo de 2017.

A pesar del descenso de la inversión de los hogares en vivienda durante los últimos años, el importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento, ya que supone en torno al 74,4% del mismo.

Asimismo, los créditos fuera de balance y otros préstamos sumaron 6.139 millones de euros en el quinto mes del año, un 3% menos respecto a abril y un 20,8% inferior a la cifra registrada un año antes.

 La deuda de las empresas baja a niveles de mediados de 2006

De su lado, las empresas redujeron su deuda en el mes de mayo. En concreto, la deuda de las empresas se situó en 874.665 millones de eurosdeuda de las empresas, lo que supone una disminución del 0,5% frente a abril y del 3,2% respecto al mismo mes del año pasado. La cifra supone el nivel más bajo de deuda empresarial desde junio de 2006.

La contracción de la deuda empresarial en mayo se explica, fundamentalmente, por la bajada de los préstamos de entidades de crédito residentes y de los préstamos del exterior.

Los primeros bajaron un 0,7% en relación al mes anterior y un 5,1% en tasa interanual, hasta los 492.553 millones de euros; mientras que los préstamos del exterior bajaron un 0,01% a nivel mensual y un 2,2% a nivel interanual, hasta situarse en los 283.998 millones de euros.

Por último, los valores distintos de acciones se mantuvieron respecto a abril, al subir solo un 0,07%, hasta los 98.113 millones, cifra un 4% superior a la de mayo de 2017.

Más de un millón de personas (1.136.623) presentaron su solicitud para que los bancos les devolvieran el dinero que pagaron de más con las cláusulas suelo abusivas de sus hipotecas. Lo llevan haciendo desde marzo de 2017, tres meses después de que el Ministerio de Economía habilitara un mecanismo extrajudicial para resolver las solicitudes de todos los clientes. Este procedimiento se creó después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara en 2016 que los bancos españoles debían devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes cuyas hipotecas incluyeran cláusulas suelo no transparentes. Y desde entonces, las entidades devolvieron el dinero a 422.921 personas, es decir, el 37,2%, menos de la mitad. Son los datos que publicó el Banco de España, uno de los organismos que integra la comisión de seguimiento de las reclamaciones presentadas por los consumidores a fecha 31 de marzo. 

La comisión celebró su tercera reunión este lunes. La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros de España (Adicae), que estuvo presente, quiso denunciar, como ya hizo otras veces, la lentitud y negligencia que, a su juicio, sufre este organismo, creado para controlar el cumplimiento del mecanismo extrajudicial creado por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Se llama comisión de seguimiento control y evaluación, pero no hay ni seguimiento, ni control ni, mucho menos, control", critica Manuel Pardos, presidente de Adicae. Según denuncia en conversación con infoLibre, el organismo no cumple, de esta manera, con su función. 

En este sentido, en lugar de asegurar la protección de los consumidores, la comisión se dedicó hasta ahora, más bien, a permitir a la banca actuar a su libre albedrío sin ningún tipo de penalización. "No hay ningún tipo de control, es la banca imponiendo a los consumidores sus decisiones para pagar menos de lo que les lo han estafado", lamenta. Es, de esta manera, una especia de "segundo engaño" hacia los clientes afectados por las cláusulas suelo. 

"No son acuerdos, son imposiciones"

En este sentido, la comisión, como denuncia insistentemente Pardos, puede decidir qué reclamaciones admite a trámite y qué reclamaciones rechaza, cerrando de esta manera el procedimiento de algunos de los consumidores. Así, según los datos acumulados hasta este mes de marzo, las entidades bancarias sólo devolvieron el dinero al 37,2% de las personas que presentaron una reclamación. En términos absolutos, a 422.921 personas. Sin embargo, no a todas ellas se les reintegró lo pagado indebidamente de la misma manera: a algunas se les ingresó el total de dinero en efectivo (406.940) y a otras sólo una parte. El resto, les fue devuelto con la aplicación de medidas compensatorias distintas al ingreso de lo pagado de más (15.981).  

Estas fórmulas, para Pardos, no son más que "imposiciones" bancarias. "Lo llaman acuerdos, pero son imposiciones", critica. "Los bancos devuelven lo que les da la gana, a quien quieren y cuando quieren", añade. Y esto, además, lo hacen "sin ningún tipo de control". 

Los bancos envían los datos de manera mensual al Banco de España, que los agrupa y los publica de forma trimestral. El problema, concreta Pardos, es que la institución "ni los comprueba ni los verifica". "Dijeron que no tenían medios para hacerlo", añade. 

Pero además, la banca tampoco devuelve todo el dinero que debe. Después del varapalo que la justicia europea dio a los bancos españoles, a los que obligó a devolver todo lo cobrado de más mediante las cláusulas suelo, el Banco de España hizo los cálculos sobre cuánto dinero le costaría a la banca. La institución, entonces, estimó en unos 3.700 millones la cantidad que las entidades financieras tendrían que reintegrar a los consumidores en virtud de la sentencia, según informó el Gobierno al diputado del PSOE Antonio Hurtado en una respuesta escrita. La cifra es el resultado de las previsiones hechas por los propios bancos "sobre la base de su experiencia histórica de reclamaciones y el perfil de su cartera", explicaba el antiguo Ejecutivo conservador. Sin embargo, hasta el momento, los bancos sólo devolvieron 2.088 millones de euros, es decir, el 56,4% de lo que deben.

La salida, la vía judicial

Según Luis de Guindos, el exministro de Economía, Industria y Competitividad, este mecanismo extrajudicial se creó para que de forma "gratuita" los usuarios afectados por las cláusulas suelo pudieran reclamar las cantidades indebidamente pagadas y alcanzar un acuerdo con las entidades en el plazo máximo de tres meses para su devolución. Según especificó el exministro, sería un procedimiento "rápido" en el que, una vez el consumidor reclamara al banco, se determinaría la cantidad cobrada indebidamente y se debería alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas". De esta manera, se pretendía evitar la congestión de los juzgados que, tras la sentencia, empezarían a recibir demandas de clientes de forma masiva.

Sin embargo, no se pudo evitar ese colapso. Y fue porque, según explica Pardos, por la vía judicial los clientes tienen más posibilidades de recuperar lo perdido. "Los juzgados están devolviendo al 95% de las personas que solicitan la reclamación", explica Pardos. En este sentido, casi el total de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados fueron favorables al cliente, según recogió la Comisión Nacional de Estadística Judicial. En 22 provincias, el porcentaje de sentencias estimatorias fue del 100%. 

"Se creó este mecanismo para no saturar la vía judicial", recuerda Pardos, pero esto no se está produciendo. La cantidad de sentencias favorables al cliente hace que cada vez más personas se vean abocadas a intentar recuperar lo pagado de más a través de esta fórmula, rechazando el mecanismo creado por el antiguo Gobierno hace un año y medio. Sin embargo, Pardos se muestra optimista. Espera que, con el cambio de Gobierno, este procedimiento comience a funcionar de manera adecuada. "A ver si ahora se dan cuenta de que la historia de las cláusulas suelo va a pasar a la historia de la ignominia", concluye Pardos. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, especializado en cláusulas abusivas, el premio Calidad de la Justicia en su modalidad de Justicia más eficaz "por conseguir dar una respuesta y solución rápida y eficaz al ciudadano frente a un nuevo problema social". Desde el pasado junio, el juzgado asturiano ha dictado 992 sentencias en esta materia, la gran mayoría favorables al cliente.

En la VIII edición de los premios, dados a conocer este miércoles, el jurado reconoce así los resultados obtenidos por este órgano judicial, "basados en el trabajo en equipo del magistrado, los jueces de apoyo, el letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios".

Dictó en 2017 un total de 992 sentencias en esta materia: 173 en el tercer trimestre del año -todas ellas favorables al cliente- y 819 en el cuarto trimestre, de las que el 98,9 por ciento fueron estimatorias. Teniendo en cuenta que el número de demandas presentadas en el órgano judicial el año pasado fue de 3.287, el Juzgado resolvió en solo siete meses más del 30 por ciento de los asuntos ingresados.

En la categoría destinada a otros organismos relacionados con la Administración de Justicia, el premio en la modalidad "Justicia más eficaz" ha sido para el equipo técnico de la Fiscalía y el Juzgado de Menores de Castellón, en colaboración con profesoras del Departamento de Psicología de la Universidad Jaume I, por su proyecto "Utilización del inventario YLS/CMI de valoración del riesgo de menores infractores para la propuesta de medida educativa según la LORPM 5/2000".

En este caso el jurado ha valorado la introducción de "un instrumento eficaz, útil y capaz de dar respuestas uniformes, en el trabajo diario de los profesionales de Justicia juvenil, mejorando la calidad del servicio público".

Justicia más transparente

En la modalidad de "Justicia más transparente", el premio en la categoría destinada a órganos judiciales ha sido para el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante por su proyecto "Celeridad en la tramitación y resolución de procedimientos. Apuesta por la oralidad", que apuesta por la oralidad como herramienta para garantizar la transparencia.

También en esta modalidad, el jurado ha reconocido al servicio de actos de comunicación de Amposta (Tarragona) por su proyecto "Los actos de comunicación como medio para una justicia accesible", que ejecuta una estrategia de transparencia en relación con los actos de comunicación en términos asequibles y de fácil comprensión.

Por último, en la modalidad de "Justicia más accesible", el órgano judicial premiado ha sido el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba por su proyecto "Sistema de acumulación de procesos en los Juzgados de lo Social de Córdoba. Años 2007 a 2016".

Ha sido galardonado asimismo en esta misma modalidad el grupo de trabajo de la Administración de Justicia y registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana por la obtención de resultados que han garantizado el acceso a medios para atajar y afrontar los problemas procesales y sustantivos en las materias en las que intervienen letrados de la Administración de Justicia, procuradores y magistrados.

El jurado de los premios Calidad de la Justicia, presidido por el vocal del CGPJ Gerardo Martínez-Tristán, ha estado formado por la también vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas; el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Ángel Tomás Ruano; el fiscal de Sala Francisco Moreno; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Colegio de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; y el vocal del Consejo General de Graduados Sociales Pedro Bonilla.

Casi el total de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en materia de cláusulas suelo fueron favorables al cliente, según ha recogido la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Precisamente, en 22 provincias españolas el porcentaje de sentencias estimatorias fue del cien por cien, informa Europa Press.

Según revelan los datos contenidos en el anexo sobre cláusulas suelo que la Comisión Nacional de Estadística Judicial acordó incorporar a los boletines estadísticos el año pasado y que los letrados de la Administración de Justicia comenzaron a cumplimentar en el tercer trimestre de 2017, el 98,3% de las 9.326 sentencias dictadas en el último semestre del año sobre este asunto fueron favorables al cliente, informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo, se estimaron un cien por cien de sentencias sobre cláusulas abusivas en 22 de las 50 provincias españolas. Concretamente en Albacete, Ávila, Barcelona, Badajoz, Cantabria, Castellón, Córdoba, Girona, Huelva, Huesca, Lugo, Lleida, Málaga, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Toledo y Zamora.

El órgano de gobierno de los jueces destaca que en el último semestre del año 2017, se ingresaron en los juzgados especializados un total de 138.156 asuntos. A esta cifra hay que añadir otros 15.801 demandas que tuvieron entradas entre el 1 y el 30 de junio, periodo que queda fuera del recogido en los boletines estadísticos.

Entre julio y septiembre se dictaron 1.230 sentencias

De acuerdo a la información recogida se revela que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se dictaron 1.230 sentencias, teniendo en cuenta que los órganos judiciales se dedicaron fundamentalmente a la tramitación de las demandas ingresadas y que el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil. De esta cifra, el 99,3% fueron estimatorias.

Añade que las resoluciones notificadas se incrementó notablemente en el siguiente trimestre, el último del año, alcanzando las 8.096, de las que el 98,1% fueron favorables al cliente.

El Consejo General del Poder Judicial puso en marcha el pasado 1 de junio un plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de carga de trabajo tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo y evitar que los órganos judiciales de primera instancia civil se atascasen.

El plan, que fue reforzado, en principio, para el primer semestre de 2018, consistía en la especialización de un total de 54 juzgados de primera instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear– para conocer de manera exclusiva y no excluyente las demandas interpuestas por los afectados por las cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

Los bancos han devuelto 1.848 millones de euros a los clientes que firmaron cláusulas suelo abusivas en sus hipotecas. Según los datos que ha publicado la comisión de seguimiento de las reclamaciones presentadas por los consumidores, a fecha de 31 de octubre las entidades han reintegrado el dinero cobrado indebidamente a un total de 416.369 personas, el 38,8% de los 1,07 millones que lo solicitaron acogiéndose al mecanismo extrajudicial abierto por el Ministerio de Economía el pasado mes de enero. El procedimiento se creó después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara en diciembre de 2016 que los bancos españoles debían devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes cuyas hipotecas incluyeran cláusulas suelo no transparentes.

Entonces el Banco de España calculó en unos 3.700 millones la cantidad que las entidades financieras tendrían que reintegrar a los consumidores en virtud de la sentencia, según informó el Gobierno al diputado del PSOE Antonio Hurtado en una respuesta escrita. La cifra es el resultado de las previsiones hechas por los propios bancos “sobre la base de su experiencia histórica de reclamaciones y el perfil de su cartera”, explicaba el Ejecutivo. Es decir, hasta el momento las entidades financieras han devuelto a sus clientes el 49,9% de la cuantía prevista. El procedimiento sigue abierto, por lo que el número de reclamaciones puede seguir aumentando.

Esos 3.700 millones rebajan considerablemente la primera estimación realizada por el organismo supervisor, que preveía un impacto de las cláusulas suelo por importe de 7.600 millones de euros sólo desde mayo de 2013 hasta diciembre de 2015. En cualquier caso, la primera cuantía se refiere al dinero que se devolverá a través del mecanismo extrajudicial creado por el Gobierno. Si éste no concluye con un acuerdo o si se renuncia a acudir a él, los consumidores también pueden demandar a los bancos directamente en los tribunales, y la cantidad reintegrada será superior.

De las 1,07 millones de reclamaciones, los bancos admitieron 469.233, sólo el 43,7%. En esa mayoría de rechazadas, el principal motivo fue que los bancos consideraron que el reclamante no era cliente o que no existía la cláusula de suelo alegada. En cualquier caso, la comisión de seguimiento ha observado una gran disparidad entre unos bancos y otros a la hora de estimar o desestimar una reclamación Algunas rechazan más del 70% de las que reciben y otras menos del 30%. En su primer informe semestral, la comisión avanza que ha solicitado a las entidades, a través del Banco de España, que le comuniquen cuáles son los criterios que siguen para admitir o no una reclamación de forma que pueda dibujar “un patrón o perfil de respuesta”.

De las solicitudes estimadas, sólo 6.731, el 1,43%, concluyeron sin acuerdo. Y de las que lo obtuvieron, en el 88,2% la devaluación se realizó en efectivo; el resto consiguieron “medidas compensatorias” o una combinación de ambas opciones. El importe medio reintegrado a cada cliente se sitúa en 4.440 euros. Sólo el 0,2% de las reclamaciones precisaban el importe del reingreso que solicitaban, una media de 6.851 euros.

Sin retroactividad limitada

Hace un año, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes cuyas hipotecas incluían cláusulas suelo, tras rechazar que se pueda aplicar la retroactividad limitada en el tiempo que había fijado el Tribunal Supremo en una sentencia anterior. Según el Tribunal de la UE, esa retroactividad es “incompleta e insuficiente” además de contraria a la normativa comunitaria. De forma que las entidades tienen que reintegrar a sus clientes todo el dinero percibido indebidamente desde el inicio de cada contrato hipotecario, y no a únicamente a partir del 9 de mayo de 2013 como determinó el Supremo. En esa sentencia, el alto tribunal consideró abusivas estas cláusulas porque no eran transparentes: los consumidores no habían sido informados de la carga económica y jurídica que se les imponía.

Las cláusulas suelo fijan un tope mínimo de intereses que los clientes de los contratos hipotecarios deben pagar. Así, impedían a los afectados beneficiarse de la caída del Euríbor, el principal índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España.

El pasado enero, el Ministerio de Economía creó mediante un real decreto de medidas urgentes un “cauce extrajudicial” para agilizar la devolución de las cantidades en litigio. El sistema, pactado por el Gobierno con el PSOE y Ciudadanos, permite a los bancos decidir a qué clientes ofrecen el reintegro del dinero cobrado en exceso y si aplican alguna quita sobre esos montantes y los intereses que han generado.

Para Economía, el mecanismo extrajudicial está funcionando de manera satisfactoria, reduciendo la litigiosidad y consiguiendo que se devuelva con rapidez el dinero a los clientes. Por el contrario, las organizaciones de consumidores critican el procedimiento por insuficiente y porque, a su juicio, deja a los clientes en manos de los bancos.

Factura rebajada, colapso judicial

En todo caso, el sistema ha permitido a las entidades rebajar considerablemente el coste inicial previsto por la devolución de las cláusulas suelo. Así, los dos bancos más afectados también han sido los que más han encogido la factura: el BBVA previó que la sentencia del TJE le supondría 1.200 millones de euros en devoluciones, para después recortarla la cantidad a 577 millones, mientras que Caixabank redujo de 1.250 millones a 625 el impacto de la medida. El Banco Popular, ahora integrado en el Santander, que no utilizó cláusulas suelo en sus hipotecas, calculó unos reintegros de 639 millones de euros que después se quedaron en 539 millones. El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, aseguró el pasado octubre que la entidad había devuelto ya unos 200 millones de euros correspondientes a las cláusulas del Popular.

Pese a que el Banco Sabadell asegura que sus cláusulas suelo han sido siempre “claras y transparentes” y que, en todo caso, ha llegado ya a soluciones con cada uno de sus clientes, si procedía, provisionó en principio 490 millones de euros en sus cuentas para posibles devoluciones, una cantidad que luego rebajó a 410 millones. Bankia calcula el desembolso por la sentencia del TJUE en 214 millones, mientras que Liberbank lo cifraba en 291 millones de euros. Unicaja, en 150 millones. También Abanca, Cajamar o Ibercaja deberán reingresar las cláusulas suelo ilegales a sus clientes. Según el real decreto-ley del Gobierno, un total de 206 entidades financieras incluyeron estas cláusulas en sus contratos hipotecarias, pero sólo 93 participan en el mecanismo extrajudicial.

Para hacerse una idea del volumen –“significativo, según Economía– que alcanza el litigio, basta con detallar que el número de reclamaciones presentadas hasta ahora para resolverse extrajudicialmente representa el 12,5% de las hipotecas vivas en España a 31 de diciembre de 2016, casi 8,6 millones.

A esas cifras hay que añadir los miles de pleitos que están dirimiendo los tribunales. El pasado junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso en marcha un plan de urgencia para hacer frente a la avalancha de demandas que ha provocado la sentencia del TJUE. En seis meses los 54 juzgados especializados han celebrado casi 5.000 vistas y dictado cerca de 3.500 sentencias. Según denuncia el sindicato CSI-F, estos juzgados de primera instancia se encuentran colapsados. Sólo en Madrid, resalta, hay más de 13.000 demandas pendientes de registrar.

Los juzgados de primera instancia especializados en litigios relacionados con las demandas sobre cláusulas suelo celebrarán hasta finales de año más de 6.000 vistas o audiencias previas sobre esta materia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso hace cinco meses en marcha un plan de urgencia diseñado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente al previsto aumento de dichas demandas a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016.

Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, desde el 1 de junio -día en que entró en funcionamiento dicho plan, salvo el mes de agosto que es inhábil- los órganos judiciales especializados ya han celebrado casi 5.000 vistas. Además, por los datos recabados de los Tribunales Superiores de Justicia, estos juzgados de primera instancia han dictado cerca de 3.500 sentencias, cuando el tiempo medio de respuesta es de medio año.

En las audiencias previas se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que estima procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto queda visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración del juicio.

Por ejemplo, el número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 de noviembre era de 118.419. Se incluyen los litigios presentados en los órganos judiciales de forma electrónica a través de LexNET en doce de las trece comunidades autónomas que tienen implantado este sistema -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta cifra es superior si se tiene en cuenta a la Comunidad Valenciana, las demandas se ha presentado por otras vías y aquellas comunidades autónomas que no utilizan el sistema de notificaciones LexNET.

Madrid, la que más demandas ingresa

Precisamente, en el juzgado especializado que más demandas por cláusulas suelos se han ingresado desde el 1 de junio es el de Madrid, con 25.464. Le siguen el de Barcelona, con 10.362; y el de Valencia, con 5.745.

El pasado mes de febrero, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó este plan de urgencia para evitar que los órganos judiciales de primera instancia civil se atascasen y no dieran salida a los asuntos de otra naturaleza.

El plan ha sido elaborado conjuntamente con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas. El presidente del CGPJ y Tribunal Supremo y los vocales de la Comisión Permanente se reúne este lunes para evaluar los primeros cinco meses de este proyecto.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de primera instancia, uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear.

Facua Andalucía ha criticado este martes la "bochornosa micromulta" de 817.445 euros impuesta por la Junta de Andalucía a BBVA por introducir "cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios, incumplir la información de prestación de servicio y no atender a los requerimientos formulados por la Administración".

En una nota, Facua-A ha indicado que se trata de "una de las sanciones más reducidas impuestas por el Gobierno andaluz" y ha recordado que, hasta la fecha, son siete los bancos sancionados de los 20 que denunció hace cuatro años.

Según ha destacado, esta multa tiene una cuantía "ridícula" por el "macrofraude de las cláusulas suelo" y ha considerado que representa "un insulto a los consumidores afectados y un auténtico regalo para la banca". En este sentido, la sanción acordada este martes por el Consejo de Gobierno contra BBVA sigue la línea de las impuestas anteriormente a Cajasur (1,1 millones), Caja Rural de Granada (1,2 millones), el Sabadell (0,8 millones), BMN (1,6 millones) y Unicaja (3,1 millones).

Facua-A ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha anunciado este martes que son ya siete los bancos multados, uno de los cuales no ha desvelado todavía y cuya multa ha sido tan baja -menos de 400.000 euros- que no tenía que pasar por la aprobación del Consejo de Gobierno.

La organización de consumidores ha advertido de que el Gobierno andaluz no está teniendo en cuenta "el número de clientes a los que cada banco engañó con la cláusula suelo en Andalucía y los beneficios obtenidos con el fraude, tal y como prevé la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía".

Se trata, según ha criticado Facua Andalucía, de multas impuestas para "cubrir el expediente y simular que se actúa contra los fraudes de la banca". "Una pantomima que representa toda una invitación a los banqueros a continuar defraudando y no devolver el dinero a los hipotecados que no acudan a los tribunales, al tiempo que un insulto a las víctimas de este fraude masivo, especialmente a las que fueron desahuciadas", ha subrayado.